Sentencia EP-279-20 — Registro 10630
Resumen
Se interpuso recurso de exhibición contra actuaciones de los Directores de los Centros Penales ubicados en Morocelí, departamento de El Paraíso y la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, respectivamente, manifestado la peticionaria que sus representados adolecen de enfermedades crónicas y uno de ellos es de la tercera de edad, estimando así la recurrente que sus vidas corren peligro por el posible contagio del virus covid-19, al permanecer recluidos en dichos centros.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (8): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (9): Que con fundamento en las anteriores consideraciones, al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de acuerdo con el parecer del juez ejecutor nombrado al efecto, esta Sala es del criterio porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, al resultar infundados los argumentos de la recurrente, no cumpliéndose así con los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, pues no se ha verificado violación alguna de derechos en perjuicio de las personas consideradas agraviadas, no constando de lo actuado que se haya dado alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el recurso de exhibición personal interpuesto por la Abogada Dexa Estela Antúnez Flores, a favor de los señores Santos Alejandro Matute Mencías y Miguel Mejía Amador, contra actuaciones de los Directores de los Centros Penales ubicados en Morocelí, departamento de El Paraíso y la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, respectivamente, manifestado la peticionaria que sus representados adolecen de enfermedades crónicas y uno de ellos es de la tercera de edad, estimando así la recurrente que sus vidas corren peligro por el posible contagio del virus covid-19, al permanecer recluidos en dichos centros. A N T E C E D E N T E S. 1) Que, en fecha catorce de abril de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, la Abogada Dexa Estela Antúnez Flores, interponiendo exhibición personal favor los señores Santos Alejandro Matute Mencías y Miguel Mejía Amador contra actuaciones de los Directores de los Centros Penales ubicados en Morocelí, departamento de El Paraíso y la aldea de Tamara, departamento de Francisco Morazán, respectivamente, manifestado la peticionaria que sus representados adolecen de enfermedades crónicas y uno de ellos es de la tercera de edad, estimando así la recurrente que sus vidas corren peligro por el posible contagio del virus covid-19, al permanecer recluidos en dichos centros. (Folio 2-6 del recurso) 2) En fecha catorce de abril de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, resolvió: 1) Tener por admitida la garantía constitucional de HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL HUMANITARIO, interpuesta por la Abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES, a favor de los señores SANTOS ALEJANDRO MATUTE MENCÍAS Y MIGUEL MEJÍA AMADOR; 2) Nómbrese al Abogado ARNALDO ALCIDES GARCÍA ALVARADO, como Juez Ejecutor. (Folio 7-8 vuelto del recurso) 3) En fecha veinte de abril de dos mil veinte, el Juez Ejecutor nombrado, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: PRIMERO:…El informe médico de la Doctora ENMA GRACIELA DEL CID CABRERA que rindiera mediante Oficio CPNT-DM-160-2020 al señor Director del Centro Penitenciario de Tamara, la misma refirió que el paciente corresponde con el nombre de MIGUEL MEJÍA AMADOR con número de expediente clínico PI-M-48; paciente masculino de 63 años de edad, procedente de Comayagüela, Francisco Morazán; actualmente paciente lucido, consiente, orientado en tiempo, lugar y espacio; examen físico temperatura 37, pulso 80, PSO 95, corazón rítmico regular, pulmones ventilados, sin ruidos patológicos. 2) El Director del Centro Penal de Máxima Seguridad de La Tolva, Morocelí, El Paraíso, Coronel de Infantería LUIS ENRIQUE MARADIAGA, informó mediante OFICIO LEGAL CPM-163-2020 de fecha 17 de abril de 2020: Que el privado de libertad SANTOS ALEJANDRO MATUTE MENCÍAS ingresó a dicho Centro Penitenciario de Morocelí en fecha veintidós (22) de octubre de 2019, por orden del Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, Abogado CLAUDIO DANIEL AGUILAR ELVIR del Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, por el delito de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, expediente judicial No.58-2019-JLP/JN/JP. Referente al estado de salud del interno Santos Alejandro Matute Mencías, se ha evaluado en múltiples ocasiones en la clínica de ese establecimiento penitenciario por diferentes patologías no complicadas, tratándolas adecuadamente según amerita cada enfermedad, paciente con antecedentes de episgastralgia que se ha tratado desde que ingresó a dicho centro. Se ha diagnosticado gastritis por clínica, por lo que se decide mandar al servicio de gastroenterología del Hospital Escuela Universitario (HEU) el 20 de marzo del presente año, lo cual no se puedo enviar debido a la emergencia del COVID-19 notificado por una circular de dicho hospital. También se ha evaluado al paciente por el nutricionista en dos ocasiones, encontrándose con índice de masa corporal de 25 (pre-obesidad, se le indicó dieta especial a base de frutas y verduras…paciente se encuentra en buen estado físico con signos vitales adecuados sin otra patología concomitante…SEGUNDO:…Al analizar el suscrito los documentos proporcionados por el Teniente Coronel de Infantería JAIME ESPINOZA LÓPEZ, Director de Tamara, F.M. y Coronel de Infantería LUIS ENRIQUE MARADIAGA Director del Centro Penal de Máxima Seguridad, La Tolva, Morocelí, El Paraíso, quienes acompañaran a los respectivos informes la evolución medica efectuada a los internos SANTOS ALEJANDRO MATUTE MENCÍAS y MIGUEL MEJÍA AMADOR, así como las actas de entrevistas efectuadas a dichos internos quienes fueron entrevistados por el suscrito Juez Ejecutor, quien pudo observar que no tenían señas de haber sido golpeados o torturados o que hubieran sufrido vejamen, que los mismos fueron coherentes y lucidos en sus explicaciones, por lo que sus estados físicos y mentales eran buenos, que los mismos estaban detenidos legalmente; siendo así que este Juez Ejecutor pudo determinar lo siguiente: Que se pudo observar que a dichos imputados se les han respetado sus derechos en dichos centros penitenciarios, no desprendiéndose de los antecedentes que se les haya violentado ni el debido proceso, ni el derecho a su seguridad, ni el derecho a su salud; constatándolo personalmente al entrevistarme con cada uno de ellos en sus respectivos centro penitenciarios; por ultimo en lo referente a la revisión de medida virtual que solicita la Abogada DEXA ESTELA ANTÚNEZ FLORES, consideramos no ser oportuno por esta vía, sino que lo efectúe ante el Juez correspondiente siguiéndose el debido proceso…Por consiguiente este Juez Ejecutor con las facultades que la ley le confiere y en base a lo antes manifestado RESUELVE: Declarar NO HA LUGAR la acción del Recurso de Exhibición Personal, interpuesto por la Abogada DEXA ESTELA ANTÚNEZ FLORES, a favor de los imputados SANTOS ALEJANDRO MATUTE MENCÍAS y MIGUEL MEJÍA AMADOR… (Folios 49-52 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal tiene por objeto hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales que se lleva a cabo en perjuicio de quien se encuentre o haya sido privado de su libertad. CONSIDERANDO (3): Que, bajo esta premisa, como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Habeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de la misma[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención. CONSIDERANDO (4): Que en este sentido, y atendiendo a las razones que se han externado para la interposición del presente recurso, es menester recordar a la recurrente que la acción constitucional de Habeas Corpus tiene claramente señalados en la ley, tanto su origen como su finalidad, por ende sabemos que no es concerniente a esta acción constitucional, el conocimiento de aspectos relacionados con el proceso cautelar en materia penal o lo concerniente a la regulación, imposición, revisión o revocación de las medidas cautelares que se impongan a un imputado con ocasión del proceso penal que se siga en su contra, a menos que las mismas fueren dispuestas de manera ilegal o arbitraria por parte de la autoridad, o se apliquen al detenido cualquiera de los vejámenes establecidos en el artículo 182.1 de la Constitución de la República. Como esta Sala lo ha señalado ya en anteriores pronunciamientos, la decisión de imponer medidas cautelares en el proceso penal compete a los jueces y tribunales de la materia, quienes las determinan con base en las particularidades de cada caso y de acuerdo con la finalidad referida en el artículo 172 del Código Procesal Penal,[3] siendo en consecuencia un juicio propio de instancia, que si bien es susceptible de ser impugnado mediante los recursos ordinarios que franquea la ley, no corresponde su revisión al recurso de habeas corpus, salvo que sea advertido, como se dijo ya, la ilegalidad de la privación de la libertad, la imposición arbitraria de la detención o prisión, o la aplicación al agraviado de tormentos, torturas y cualquier otro vejamen de los consignados en el texto constitucional y en el artículo 13.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que recoge a su vez las estipulaciones normativas constitucionales. El objeto de esta acción constitucional es la de garantizar en forma efectiva los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. CONSIDERANDO (5): Que, de las actuaciones llevadas a cabo por el Juez Ejecutor designado en el presente trámite, se logró acreditar que los agraviados han sido imputados por la supuesta comisión de delitos por parte del Ministerio Público como ente encargado del ejercicio de la acción penal pública, habiéndoles sido impuesta la medida cautelar de prisión preventiva por autoridad judicial competente, de ahí entonces que la privación de su libertad ha sido dispuesta por la autoridad, dentro de los requerimientos de la ley. El juez ejecutor constató además que los peticionarios tampoco han sufrido ningún tipo de torturas, malos tratos, vejámenes o exacciones ilegales, ello de acuerdo con lo consignado y verificado por dicho funcionario, así entonces, la protección solicitada por esta vía no resultaría admisible, en este contexto, en tanto que no se han acreditado en el presente trámite, ninguno de los supuestos establecidos por la ley para el otorgamiento de la garantía constitucional que se ha invocado. CONSIDERANDO (6): Que no obstante lo anterior, los agraviados han externado su preocupación ante la propagación en nuestro país del virus COVID19, estimando que su condición de salud actual les hace susceptibles a que, de contagiarse de dicho virus, sus vidas corran peligro, siendo que en el recinto penitenciario en donde se encuentran recluidos, las condiciones de salubridad son deficientes. Al respecto, el juez ejecutor nominado logró constatar, según informe médico, que los imputados han sido evaluados, no acreditándose las patologías descritas en la acción de habeas corpus de mérito, siendo además que se les ha dado el seguimiento y control médico que su condición de salud amerita, recalcándose que en los centros penales en donde se encuentran internos los mencionados señores, no se ha detectado ningún caso de contagio por el virus COVID19, aplicándose las respectivas medidas de control y de prevención por parte de la autoridad estatal, como información sobre las formas de contagio y de prevención del virus, el uso de equipo sanitario al personal penitenciario y mascarillas a los reclusos que presenten alguna condición que les haga vulnerables a enfermedades de contagio, medidas que, según estima esta Sala deben continuar siendo así dispuestas por la dirección de dichos centros. Dicho lo anterior, preocupa a esta Sala las condiciones de hacinamiento que persisten en nuestros centros penales, por lo que deben tomarse acciones apropiadas para mitigar esta situación que sin duda favorece la insalubridad y compromete las medidas de control sanitario que sean o puedan ser aplicadas por las autoridades y el personal de salud, siendo que, sobre todo tratándose de esta particular enfermedad, el distanciamiento social y el aislamiento resultan ser claves para evitar su propagación. CONSIDERANDO (7): Que en este respecto, resulta meritorio señalar que la salud de los privados de libertad en los distintos centros carcelarios y de detención en el país, es responsabilidad del Estado de Honduras, por ende, todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial deben tomar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19. Así entonces, esta Sala exhorta a las autoridades referidas a que acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías. CONSIDERANDO (8): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (9): Que con fundamento en las anteriores consideraciones, al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de acuerdo con el parecer del juez ejecutor nombrado al efecto, esta Sala es del criterio porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, al resultar infundados los argumentos de la recurrente, no cumpliéndose así con los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, pues no se ha verificado violación alguna de derechos en perjuicio de las personas consideradas agraviadas, no constando de lo actuado que se haya dado alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del cual se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada Dexa Estela Antúnez Flores, a favor de los señores Santos Alejandro Matute Mencías y Miguel Mejía Amador, contra actuaciones de los Directores de los Centros Penales ubicados en Morocelí, departamento de El Paraíso y la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, respectivamente; 2) EXHORTAR a las autoridades referidas a que acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías; 3) EXHORTAR a su vez a todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial a que tomen todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas en centros penales, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19; 4) EXHORTAR a las autoridades penitenciarias y demás autoridades estatales a tomar acciones apropiadas para mitigar el hacinamiento en los centros penitenciarios, adoptando medidas de control sanitario apropiadas, en favor del aislamiento como medida esencial para evitar su propagación del virus COVID19; Y MANDA: 1. Que se notifique de la presente sentencia a los peticionarios, por los medios legales que correspondan; 2. Que se remita certificación de este fallo a las siguientes dependencias: i) Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa; ii) Instituto Nacional Penitenciario; iii) Dirección Nacional de la Defensa Pública; iv) Dirección del Centro Penal de Morocelí, departamento de El Paraíso; y, v) Dirección del Centro Penal de Támara, departamento de Francisco Morazán; y, se proceda oportunamente al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-279-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo
[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius
[3] Las medidas cautelares tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba.