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Sentencia EP-275-20 — Registro 10628

Resumen

Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones los directores de los centros penales respectivos, por considerar la peticionaria: “que los agraviados por sus condiciones inmunológicas están en riesgo inminente su salud y vida ante la pandemia del COVID-19.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... " CONSIDERANDO (16): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, que las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas. CONSIDERANDO (17): Asimismo, el Tribunal ha indicado que la falta de atención médica adecuada podría considerarse en sí misma violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención y sus efectos acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros. El derecho a la vida es inviolable, y toda persona tiene derecho a que se respete su integridad, en el caso de privados de libertad ser tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, a no ser privado de la vida arbitrariamente, el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. En el presente caso ha quedado constatado por parte de las jueces ejecutoras las falencias que el sistema penitenciario viene presentando, con respecto a la sobrepoblación en los centros penales lo que produce hacinamiento, aunado a ello, la falta de insumos para prevenir contagio por COVID 19 y mantener las buenas practicadas de salubridad, la falta de medicamentos para tratar a los enfermos crónicos y población restante, la incorporación de dietas recomendada por el facultativo a enfermos bajo control, todo dentro del marco de las recomendaciones y disposiciones emitida por la Organización Mundial de la Salud y los Decretos emitidos por el Presidente en Consejo de Secretario de Estado mientras permanezca el Estado de Emergencia por la Pandemia COVID 19, como ha quedado relacionado en los considerandos que anteceden; en tal sentido, el Estado debe garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de libertad. CONSIDERANDO (18): Que con fundamento en la legislación interna y a lo dispuesto en las convenciones, tratados y pactos de los que Honduras es signataria en materia de Derechos Humanos, así como a lo constatado por las jueces ejecutoras, está Sala de lo Constitucional declara ha lugar la garantía de exhibición personal a los privados de libertad de los centros penitenciarios de Yoro, El Progreso y Puerto Cortes, en cuanto a que se mejoren las condiciones en que se desarrolla la detención o prisión de las personas a favor de quien se interpuso la acción de habeas corpus o exhibición personal, por encontrarse comprendidos en lo que señala el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y debe proporcionarse o permitirse el acceso a los medicamentos, insumos para la higiene personal y del establecimiento en las cantidades adecuadas, para prevenir posibles contagios por covid 19, acceso a las dietas prescritas por el facultativo del centro de atención medica del recinto penitenciario, así como darle seguimiento a las observaciones ya enunciadas en los fallos emitidos por este Alto Tribunal con respecto al mejoramiento de las instalaciones físicas y otras, donde funcionan los centros penitenciarios para evitar el hacinamiento."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de junio de dos mi veinte. VISTA: Para dictar Sentencia el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada OLGA MARINA CASTRO a favor de TODOS LOS RECLUSOS CUYA JURISDICCIÓN DEPENDE DE LOS TRIBUNALES DE SENTENCIAS Y JUZGADOS DE LETRAS PENAL DE LAS SECCIONES JUDICIALES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, y EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, QUE PADEZCAN DE ENFERMEDADES CRONICAS, contra actuaciones LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS PENALES RESPECTIVOS, por considerar la peticionaria: “que los agraviados por sus condiciones inmunológicas están en riesgo inminente su salud y vida ante la pandemia del COVID-19. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de marzo de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Ejecución de El Progreso, departamento de Yoro, la Abogada OLGA MARINA CASTRO, presentando Recurso de Exhibición Personal a favor de TODOS LOS RECLUSOS CUYA JURISDICCIÓN DEPENDE DE LOS TRIBUNALES DE SENTENCIAS Y JUZGADOS DE LETRAS PENAL DE LAS SECCIONES JUDICIALES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, y EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, QUE PADEZCAN DE ENFERMEDADES CRONICAS contra actuaciones LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS PENALES RESPECTIVOS, por considerar la peticionaria: “que los agraviados por sus condiciones inmunológicas están en riesgo inminente su salud y vida ante la pandemia del COVID-19. (Folios 02 al 03 del recurso). 2) Que en esa misma fecha, el citado Juzgado, resolvió Declararse incompetente para conocer del Recurso de Exhibición Personal de mérito y nombró a prevención como Jueces Ejecutores: a) Al Abogado JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ, Defensor Público de la ciudad de Santa Bárbara, para conocer de la salud de los privados de libertad que padezcan de enfermedades crónicas, en el Centro Penal de Ilama, departamento de Santa Bárbara. b) A la Abogada CARMEN ALEJANDRA MADRID, Defensora Pública de la ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés, para conocer de la salud de los privados de libertad que padezcan de enfermedades crónicas, en el Centro Penal de Puerto Cortés, departamento de Cortés. c) A la Abogada BRENDA LIZETTE FLORES Defensora Pública de la ciudad Yoro, departamento de Yoro, para conocer de la salud de los privados de libertad que padezcan de enfermedades crónicas, en el Centro Penal de Yoro, departamento de Yoro. d) A la Abogada ISIS MARCELA ENAMORADO Defensora Pública de la ciudad El Progreso, departamento de Yoro, para conocer de la salud de los privados de libertad que padezcan de enfermedades crónicas, en el Centro Penal de El Progreso, departamento de Yoro; requiriendo los Jueces Ejecutores a las autoridades de los citados centros penitenciarios, el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. y manda a los jueces ejecutores remitir sus informes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Dicho Juzgado remitió las presentes diligencias a la Sala de lo Constitucional las cuales fueron recibidas en fecha veinte de abril de dos mil veinte. (Folios 11 - 12 y 14 del recurso). 3) Que la Abogada BRENDA LIZETTE FLORES TORRES, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo constitucional en fecha veinte de abril de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros lo siguiente: a) Que la Abogada BRENDA LIZETTE FLORES TORRES, se personó en las instalaciones del Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, a fin de requerir al Director del Centro Penal de la ciudad de Yoro, al Secretario General y a la Secretaria del Tribunal de Sentencia de Yoro, a fin de que informaran sobre la situación jurídica de los privados de libertad en el Centro Penal de Yoro. b) Que, según informe brindado por el Secretario General del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro, se estableció que no habían prisiones vencidas y que en cuanto a las sentencias estaban al día. Que en los informes brindados tanto por el Secretario General y la Secretaria del Tribunal de Sentencia de Yoro, la Juez Ejecutora pudo constatar, que efectivamente hay exceso de personas privadas de libertad y retardo en la agilización de las sentencias, ya que de los informes se desprende que, por falta de las actas, no están firmes las sentencias, aduciendo que por la excesiva carga no han podido redactar las actas pendientes. c) Que la juez ejecutora en fecha uno de abril del dos mil veinte, se personó en la Penitenciaría de la ciudad de Yoro, requiriendo al director del mismo, recibiendo el informe correspondiente en fecha 2 de abril del 2020, en el cual consigna entre otros lo siguiente: Que en dicho Centro Penal, en cuanto a las condiciones de salubridad, se mantienen la higiene dentro del centro penal, se hace un aseo general en todas las celdas a diario, se supervisan las pilas de almacenamiento de agua, se supervisa el área de la cocina donde se elaboran los alimentos de los privados de libertad, se recoge la basura en unos drones, instalados para ese uso, habiéndose fumigado todo lo que comprendía el centro Penal, fumigándose también los alimentos que se llevan del BANASUPRO, al momento de recibirlos. En cuanto al hacinamiento, manifiestan que el centro penal es pequeño, teniendo capacidad para ciento cincuenta privados de libertad, teniendo a esa fecha una población de 310 internos, por lo que se ha sobrepasado su capacidad en un 50%. Que se habían tomado todas las medidas de prevención para evitar el contagio, a través de la Secretaría de Salud, conjuntamente con el médico y el enfermero, como con el personal del Consejo Técnico asignado a ese centro penal, habiendo impartido charlas sobre el COVID-19, habiéndose dotado de kit de higiene consistente en detergente, cloro, gel antibacterial para manos y jabón. Se instaló un centro de acopio en caso de que alguno de los internos presentara síntomas y así mantenerlo aislado del resto de la población penitenciaria. Adjuntan un listado de detallado de todos los procesados y condenados, de acuerdo a la enfermedad que adolecen, así como la fecha de su ingreso, edad y condición jurídica; d)La Juez Ejecutora se entrevistó con algunos de los privados de libertad, a quien les hizo saber el motivo de su presencia y la condición con que actuaba, procediendo a preguntarles si se encontraban bien, a coro contestaron que se encontraban bien y que los trataban bien, que las personas que adolecían de enfermedades, estaban contentos porque se les brindaba atención médica y les daban sus medicamentos, aunque hubieron algunos que manifestaron que querían que les permitieran pasar algunos comestibles, como frutas y verduras, ya que tenían problemas de salud por consumir algunos alimentos de los que ahí proveen. e) Que la Juez Ejecutora: “RESUELVE: Se recomienda por parte de la suscrita Juez Ejecutora se abastezcan de los insumos necesarios para el combate de una posible pandemia y que puedan estar al alcance de los privados de libertad del Centro Penal de Yoro, Yoro, por parte del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO y en cuanto a los privados que se encuentran enfermos, que sean las autoridades competentes que resuelvan dependiendo del caso lo que en derecho corresponde. …” (Folios 15 al 18 y 98 al 101 del recurso) 4) Que la Abogada ISIS MARICELA ENAMORADO, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo constitucional en fecha veinte de abril de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros lo siguiente: a) Que en fecha treinta de marzo de dos mil veinte, la Juez Ejecutora se trasladó a las instalaciones del Centro Penal de El Progreso, departamento de Yoro, ha efecto de poner en conocimiento del presente recurso al director de dicho Centro Penal, en cuanto a los reclusos que se encuentran vulnerables y que padezcan enfermedades crónicas, en cuanto al riesgo que vive el país de la Pandemia del COVID-19. En fecha uno de abril de dos mil veinte, el Director del Centro Penal de El Progreso, Yoro, rindió su informe, informando lo siguiente: Que en el centro penal hasta ese momento, existía una población de 646 privados de libertad y entre ellos 42 son mujeres, siendo la capacidad del centro penal de doscientos cincuenta a doscientos ochenta internos y el hacinamiento en que se encuentra el centro penal, es de conocimiento nacional que los centros penitenciarios se encuentran sobre poblados, por lo que sería difícil el distanciamiento social señalado por la OMS, ya que adolecen de espacios adecuados suficientes, en cuanto a las condiciones de salubridad, se el centro penal cuenta con agua potable las veinticuatro horas del día, todos los días, lo que facilita la adecuada higiene de la población penitenciaria, las celdas limpias y que se han estado tomando las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19, en cuanto a la alimentación informan que estaban abastecidos de comida para un mes, y que tenían los espacios necesarios para aislar a los internos en caso de contagio, y contaban con los insumos básicos como ser cloro, gel y mascarillas, pero que no son suficientes. Se acompaña al informe un listado de los privados de libertad que padecían de enfermedades crónicas. En cuanto a lo informado por el médico del centro penal, no hay medicamentos suficientes para tratar las enfermedades de cada uno de los internos con enfermedades crónicas y tampoco están recibiendo tratamiento necesario para sus enfermedades, ya que solo contaban con algunos medicamentos. b) La Juez Ejecutora resuelve: “Que se recomienda por parte de esta Juez Ejecutora se abastezcan por parte del Instituto Nacional Penitenciario al Centro Penal de esta ciudad de El Progreso, Yoro de todos los insumos de bioseguridad por un posible contagio del COVID-19 y de medicamentos necesarios que a diario se les suministran a los internos que adolecen de enfermedades crónicas y requieren del mismo y en cuanto a la alimentación que se les proporcione la dieta especial que requieren los enfermos crónicos, para garantizar y salvaguardar la vida de los internos vulnerables que se encuentran privados de libertad en ese centro penal de la ciudad de El Progreso, Yoro. Y en cuanto a los privados de libertad que se encuentran con enfermedades crónicas, que sean las autoridades competentes que resuelvan dependiendo de la condición jurídica de los mismos y lo que en derecho corresponda.” (Folios 62 al 67 del recurso) 5) Que la Abogada CARMEN ALEJANDRA MADRID, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo constitucional en fecha veinte de abril de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros lo siguiente: A) Que en fecha treinta de marzo de dos mil veinte la Juez Ejecutora, se constituyó en las instalaciones del Centro Penal de la ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés, requiriendo en legal y debida forma a su Director a efecto de le rindiera un informe sobre las condiciones de insalubridad y hacinamiento en el citado centro penal, informe que fue rendido dentro del término que establece la ley, manifestando que el centro penal, no se encontraba en condiciones de insalubridad, ya que las instalaciones son lavadas con agua y detergente, pero que en vista de la pandemia, se había implementado el uso del cloro y que todo el recinto se había desinfectado con una mezcla de agua con cloro, rociado con una bomba para fumigar. Que el centro penal es abastecido con agua potable las veinticuatro horas del día, lo que facilitaba la adecuada higiene de la población penitenciaria y del personal asignado al mismo. En cuanto al hacinamiento es de conocimiento nacional que todos los establecimientos penitenciarios se encuentran sobre poblados, y en el caso del centro penal de Puerto Cortés, se sobrepasa el 300%, ya que está diseñado para 40 internos, siendo una de las preocupaciones del Instituto Nacional Penitenciario y de los operadores de justicia ya que el edificio fue construido en 1930 y no reúne las condiciones mínimas de seguridad. Que a esa fecha se encontraban recluidos 192 privados de libertad, entre hombres y mujeres. Que se cuenta con un plan de contingencia de COVID-19, en los centros penitenciarios, plan de abastecimiento de alimentos y de insumos, y de igual manera la población penitenciaria del Centro Penal de Puerto Cortés, se encuentra totalmente aislada y en el caso de los privados de libertad de primer ingreso, se les lleva a un lugar aislado en el exterior del establecimiento, para su aseo personal donde se les entrega ropa y se les permite bañarse y lavar su ropa, se les hace entrega de mascarillas, guantes, se les desinfectan sus zapatos por medio de una bomba de fumigación. Se ha realizado la entrega de su kit de limpieza a los privados de libertad y personal que labora en ese centro penal.- Se adjunta en dicho informe un listado de los privados de libertad que padecen de enfermedades crónicas y de tercera edad. B) La Juez Ejecutora, en fecha cuatro de abril de dos mil veinte, se constituyó en la clínica del Centro Penitenciario de Puerto Cortés, a efecto de que se le extendiera un informe, sobre la situación de salud de los privados de libertad recluidos en ese centro penal, en especial los que padecen de enfermedades crónicas y que pongan en riesgo su salud por la pandemia del COVID-19, ante tal requerimiento el médico del centro penal informó que a esa fecha contaba con 34 internos que padecían de enfermedades crónicas, así como de la tercera edad, agregó que toda la población penitenciaria comparte recinto y se encuentra combinada en condición jurídica, edad y estado de salud y que el nivel de hacinamiento era del 300%, lo que dificultaba que se realizara la separación de acuerdo con la Ley del Sistema Penitenciario. Se adjunta a dicho informe, el inventario de medicamentos con el que cuentan y el listado de pacientes crónicos autorizados a recibir alimentación por parte de sus familiares y de los insumos recibidos por parte del Instituto Nacional Penitenciario para prevenir el contagio del COVID-19. C) En esa misma fecha, la Juez Ejecutora, procedió a inspeccionar las instalaciones junto con el médico de la Penitenciaría de Puerto Cortés, a efecto de verificar las condiciones en que viven los internos de dicha penitenciaría, verificando que la misma se encontraba limpia, con aire acondicionado y poco espacio. Que en la bartolina 8 corresponde a un hogar con 25 personas, entre ellas varias con enfermedades crónicas y algunas duermen en el suelo, pero observando higiene y tenía aire acondicionado. Algunas bartolinas presentaban humedad, pero se mantienen limpias y las que no tienen aire acondicionado cuentan con un ventilador y cuentan con el beneficio de agua potable siempre, manifestando el Doctor, que todas las áreas del recinto han sido desinfectadas. En la cocina se observó buenas condiciones de higiene, y se les ha recomendado utilizar mascarillas y gorros a los internos que ayudan en la preparación de los alimentos. D) la Juez ejecutora concluye, entre otros, que de las diligencias realizadas se logró observar que los hogares donde viven los privados de libertad son pequeños pero en condiciones limpias y que las demás áreas como ser la cocina, baños y bodegas se encontraban limpias e higiénicas, contando con agua potable las 24 horas del día, que existe sobre población en ese centro penitenciario y con ello no se podía controlar el distanciamiento, pero que se estaban tomando las medidas para prevenir el contagio del COVID 19, razón por la cual resolvió: “Declara: Sin Lugar el Recurso de habeas Corpus Humanitario interpuesto por la Abogada Olga Marina Castro a favor de los reclusos vulnerables que encuentran privados en el Centro Penal de la ciudad de Puerto Cortés, Cortés.” CONSIDERANDO (1): Que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, tiene atribuida por ley el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, según lo dispone los artículos 182 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 3, 9 y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que el Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla, cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, tal y como lo establece el artículo 182 de la Carta Magna. CONSIDERANDO (3): Que la Sala conoce el Recurso de Exhibición Personal, presentado ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, con función en el Progreso y Yoro, que resolvió 1)Declararse incompetente para resolver el recurso presentado por la abogada Olga Marina Castro, ordenando la remisión de las diligencias a la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a prevención designo los Jueces Ejecutores abogados : 1) José Francisco Rodríguez, defensor Público de la ciudad de Santa Bárbara, 2) Carmen Alejandra Madrid, defensora publica asignada a la ciudad de Puerto Cortes, 3) Brenda Lizetth Flores, defensora publica de la ciudad de Yoro; 4) Isis Maricela Enamorado, defensora pública de la ciudad de El Progreso, Yoro; para que se constituyan a los centros penitenciarios de los lugares donde fueron designadas y conozcan las condiciones de salud de los privados de libertad recluidos en dichos centros penales que padecen de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, personas de sesenta años, los reclusos que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas (neumonía o tuberculosis) VIH y otras enfermedades que por su condición inmunológica pongan en riesgo inminente su salud y vida ante la Pandemia de COVID-19; que los jueces ejecutores designados deberán requerir de las autoridades denunciadas el informe pertinente dentro del plazo y las formalidades establecidas según artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo deberán verificar en el área de salud del establecimiento penitenciario si estos cuentan con la indumentaria necesaria para enfrentar la pandemia COVID-19 como gel antibacterial, suficientes mascarillas, y alcohol, verificar si endichas clínicas penitenciarias existe abastecimiento de medicinas para el tratamiento de los enfermos crónicos y demás clases de enfermedades a favor de quienes se está interponiendo el recurso, además verificar si los médicos cuentan con las herramienta de protección para hacerle frente a la pandemia debiendo de manera inmediata constituirse a los Centros penitenciarios en los que se encuentran los privados de libertad a cuyo favor se ha interpuesto el recurso de habeas corpus humanitario a efecto de constatar los hechos alegados por la recurrente, debiendo remitir sus conclusiones e informes según lo actuado dentro del plazo prudencial a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para lo cual líbrese las respectivas comunicaciones con las inserciones respetivas. CONSIDERANDO (4): Que el Recurso de Habeas Corpus promovido por la abogada Olga Marina Castro en su condición de defensora privada de todos los internos en los Centros Penitenciarios de Puerto Cortés, Yoro, Yoro y el Progreso, Yoro, expresa como hechos, que sus representados padecen de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, las personas mayores de sesenta años, reclusos que padecen enfermedades respiratorias crónicas (neumonía o tuberculosis), VIH y otras enfermedades que por su condición inmunológica está en riesgo inminente su salud y la vida ante la pandemia de COVID 19, debido a que los centros penitenciarios se encuentran sobre poblados y que sus instalaciones no reúnen las condiciones higiénicas y de distanciamiento social señaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y otros. se deduce de los hechos expresados en el recurso, que la denuncia es contra directores de los Centros Penales y del Instituto Nacional Penitenciario. CONSIDERANDO (5): Que en fecha 20 de abril del 2020 la Sala Constitucional recibió los informes finales, los que se resumen de la siguiente manera, Centro Penitenciario de Yoro, rendido por Brenda Lizzeth Flores y concluye que analizados los informes es del parecer que el Centro Penal de Yoro no cuenta con instalaciones apropiadas, que alberga 309 privados de libertad lo que sobrepasa la capacidad instalada en un 50%, produciéndose hacinamiento y se carece de algunos insumos para el manejo de las medidas adoptadas por el gobierno para evitar una posible pandemia por COVID-19. Estos padecen de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, tuberculosis, epilepsia, VIH, lesiones invalidantes, cardiopatías isquémicas, asma bronquial y trastornos de conducta y personalidad, estos gozan de atención médica y el suministro de sus medicamento, según lo expresado en la entrevista por los privados de libertad, “que están siendo atendidos, que les dan sus medicinas y que los tratan bien”, lo que fue preguntado a diferentes internos; las condiciones de insalubridad que refiere el recurso, no se han podido acreditar, es de conocimiento nacional que la sobrepoblación se da en todos los centros, no se puede mantener el distanciamiento social recomendado; que los privados de libertad con enfermedades crónicas y mayores de sesenta años, lesiones de invalidez y trastornos psiquiátricos totalizan 37. Los mayores de 60 años (tercera edad) suman 18 internos, sus edades oscilan entre 61 a 76 años. Se constata que no se está violando el derecho a la salud a la población que padece de diferentes enfermedades, lo que fue comprobado con la entrevista al médico y a los internos, ellos reciben atención médica y los medicamentos para sus padecimientos. Queda acreditado que la población interna es de 310 privados de libertad así como su condición jurídica; el Secretario del Tribunal de Sentencias demostró que no hay prisiones preventivas vencidas y en cuanto a las actas y sentencias están al día; la Secretaria General y Secretaria adjunta del Tribunal de Sentencias de El Progreso, Yoro, explica exceso de prisión y retardo en la agilización de las sentencias, por falta de actas sin redactar no están firmes las sentencias por excesiva carga laboral; impidiendo que los apoderados legales interpongan los recursos de ley, se comprobó que hay sentencias que se encuentran con amparo ante la Corte Suprema aún sin resolver. En lo concerniente al vencimiento de prisiones preventivas queda a consideración de la Sala, ya que la ley establece que la prisión preventiva se aumentará o se extenderá a la mitad de la pena de la que fue condenado por el Tribunal de Sentencias de la ciudad de Yoro, Yoro. Esta juez ejecutora recomienda que el Estado abastezca de los insumos necesarios para el combate de una posible pandemia y que puedan estar al alcance de los privados de libertad por parte del Instituto Nacional Penitenciario. CONSIDERANDO(6):Que la Juez Ejecutora, Isis Marisela Enamorado Maldonado, Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, en su informe expresa que se constituyó In Situ en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, el 30 de marzo del 2020 para hacer de conocimiento el Recurso de Habeas Corpus presentado a favor de todos los reclusos y los hechos a investigar; requirió al Director del Centro Penal, Teniente José Walter Doblado, para que rinda el informe con toda la documentación soporte; igualmente al médico del centro penal, para que informe sobre la situación de los privados de libertad los tratamientos y si cuentan con las medidas higiénicas y de bioseguridad para evitar el contagio en masa y los medicamentos que suministran. Concluye la Juez, que la inspección al Centro Penal le permitió constatar las condiciones de hacinamiento, que no se cuenta con los espacios físicos adecuados, tomando en cuenta que su capacidad es de 250 a 280 y hay una población actual de 646 internos, se observó que las bartolinas en su mayoría se encuentran limpias así como otras áreas, se sugirió que hagan grupos de aseo para mejorar condiciones de higiene ya que cuentan con agua las 24 horas del día, se adjunta listado de pacientes con enfermedades crónicas, fotografías, plan de contingencias para prevenir COVID 19 con diferentes instrucciones para salvaguardar la integridad física de los internos. Que si bien reciben charlas no cuentan con todos los insumos. No hay suficiente medicamento para tratar las enfermedades crónicas de cada uno según el médico del recinto penitenciario, no están recibiendo el tratamiento necesario, estando desabastecidos. La condición jurídica de los que tienen enfermedades crónicas referida y no se logra acreditar la insalubridad manifestada en el recurso de habeas corpus; en cuanto a la sobrepoblación es de conocimiento nacional, sin embargo se están tomando medidas para evitar contagio por COVID 19, en lo referente al derecho de la salud, se les está brindando atención medica lo que hace falta son medicamentos para tratar todas sus enfermedades según el doctor Lagos, y el espacio físico para aislar pacientes de darse casos de COVIS 19 están listos. La juez ejecutora es del criterio que el Instituto Nacional Penitenciario abastezca al Centro Penal de todos los insumos de bioseguridad por un posible contagio de COVID 19 y los medicamentos necesarios para que a diario se les suministre a los internos que adolecen de enfermedades crónicas y requieren del mismo, se adjunta hoja de los medicamentos que se necesitan, que hace falta la dieta especial para enfermos crónicos para garantizarles y salvaguardar su vida. Los que sufren enfermedades crónicas suman 128, de los cuales 79 tienen la condición de procesados y 49 de sentenciados; 22 son de la tercera edad, cuyas edades oscilan entre 60 a 79 años de edad. CONSIDERANDO (7): Que la Juez Ejecutora Carmen Alejandra Madrid designada para investigar los hechos denunciados contra el Centro Penitenciario de la ciudad de Puerto Cortes, inicia sus actuaciones requiriendo al Director del Centro Penal de Puerto Cortes, como obra de autos, haciéndole saber sobre el Habeas Corpus presentado a favor de los internos que se encuentran recluidos en dicho centro penal, requiriendo informe con documentación soporte sobre la condición de los privados de libertad de conformidad a lo ordenado en la providencia de admisión del recurso, que deberá rendir en un término de 24 horas según dispone el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Requiere al doctor Danilo René Cruz, médico del Centro Penal de Puerto Cortes, en los mismos términos, si cuentan con equipo preventivo, mascarillas, antibacterial, alcohol y con las herramientas de protección para hacerle frente a la Pandemia por COVID-19. CONSIDERANDO (8): Que la Juez Ejecutora concluye en el informe final, que con la inspección In Situ al Centro Penitenciario, establece que los hogares en donde viven los mismos son espacios extremadamente pequeños, en condiciones limpias y buena higiene, se logró constatar que los baños, cocina, bodegas, área de recinto se encuentran limpias e higiénicas, cuentan con agua potable las 24 horas, el almacén de alimentos, cuenta en existencia con granos básicos, queso, mantequilla, huevos, carnes y embutidos, son abastecidos por Banasupro, caso contrario lo suministra una abarrotería de la ciudad autorizada. En la entrevista a internos con enfermedades crónicas, expresaron que el Médico del Centro Penal, Dr. Danilo René Cruz, les atiende y que han recibido el tratamiento y los medicamentos para sus padecimientos, les permiten a los que tienen apoyo familiar el ingreso de comida por la dieta especial debido a sus enfermedades, se les ha dado charlas para la prevención, stress y ansiedad a raíz de la pandemia que enfrentan por COVID 19, y no solo a ellos sino que a toda la población penitenciaria; que por ser un grupo vulnerable por las enfermedades que padecen, les han proporcionado mascarillas, que todas las instalaciones han sido desinfectadas, que lavan el patio de dos a tres veces al día y refieren que por el hacinamiento no pueden mantener el distanciamiento social. Acredita documentación soporte, señala que con lo constatado no se ha podido establecer las condiciones de insalubridad que se denuncia en el recurso de habeas corpus; se establece, que efectivamente existe sobrepoblación en el centro penitenciario de Puerto Cortes, que su capacidad para albergar internos es de únicamente 40 personas y en la actualidad cuenta con 192, lo que no permite mantener el distanciamiento social recomendado por la OMS; sin embargo, se ha logrado constatar, que el INP y autoridades locales (Alcaldía Municipal) están en pláticas para resolver la situación de hacinamiento, no se verifica la tortura psicológica, mucho menos que se esté violentando el derecho a la salud a que se ha hecho referencia, los mismos internos han referido que tienen asistencia médica y suministro de medicamentos para tratar las enfermedades que padecen, razones para que la suscrita declare sin lugar el Recurso de Habeas Corpus interpuesto por la abogada Olga Marina Castro a favor de los reclusos vulnerables que se encuentran privados de libertad en el Centro Penitenciario de Puerto Cortes, Departamento de Cortes. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional, una vez revisadas y analizadas las actuaciones, así como la documentación, el informe final rendido por las jueces designadas a los tres Centros Penales; hace mención que en el caso de Yoro y El Progreso, se omitió declarar si la acción de habeas corpus presentada, procede o no a lugar, únicamente procedieron a recomendar lo siguiente: a) Que el Instituto Nacional Penitenciario abastezca de los insumos necesarios para el combate de una posible pandemia y que estén al alcance de los Privados de Libertad al Centro Penitenciario de Yoro, Yoro; y b) Que El Instituto Nacional Penitenciario abastezca de todos los insumos de bioseguridad por un posible contagio de COVID 19; los medicamentos necesarios que a diario se les suministra a los internos que adolecen de enfermedades crónicas, y en cuanto a la alimentación que se les proporcione la dieta especial que requieren los enfermos crónicos para garantizar y salvaguardar la vida de los internos vulnerables que se encuentran privados de libertad en el Centro Penal de El Progreso Yoro; en cuanto a los privados de libertad con enfermedades crónicas dependiendo de su condición jurídica que sea la autoridad competente la que resuelva lo que en derecho corresponde. CONSIDERANDO (10): Que se colige de los informes rendidos, estos muestran la existencia de internos con enfermedades crónicas, personas de la Tercera Edad con padecimientos crónicos; que las medidas de prevención implementadas contra la Pandemia por COVID 19 para evitar riesgos entre la población considerada vulnerable y la restante, son insuficientes por la falta de insumos en las cantidades adecuadas, como ser mascarillas, alcohol, guantes, cloro y gel como medida de prevención y protección; que no hay espacio para atender posibles contagiados, el problema de sobrepoblación que excede la capacidad instalada en los tres centros penitenciarios, en Puerto Cortes para 40 internos y alberga 192; Yoro para 150 internos y actualmente cuenta con 309; El Progreso, hasta aproximadamente 280 internos y actualmente alberga 646, indicadores de sobrepoblación que provocan hacinamiento; existe desabastecimiento de medicamentos en el penitenciario de El Progreso, para tratar a los enfermos crónicos, éstos no están recibiendo el tratamiento necesario y apropiado para sus padecimientos; la inobservancia a la recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a lo dispuesto en los Decretos emitidos por el Estado de Honduras, sobre la medida de aislamiento social para evitar riesgo por contagio de COVID 19, queda constatado que algunos internos duermen en el suelo, concluyendo que cada uno de los centros tiene sus propias situaciones internas, cuyas condiciones crean de manera alguna, vulneración a derechos constitucionales que el Estado como garante, deviene obligado a prestar atención, más aun cuando los privados de libertad permanecen bajo su custodia independientemente de su condición jurídica, tomando en cuenta su estado de vulnerabilidad y que por su condición inmunológica, estaría en riesgo su salud y por ende la vida, ante la Pandemia por COVID 19 que enfrenta el país y el mundo entero. CONSIDERANDO (11): Que observa la Sala, que si bien los esfuerzos que las autoridades penitenciarias realizan para poner en práctica las medidas de prevención a la población privada de libertad que está bajo su protección, para evitar posibles contagios por COVID 19, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Decretos emitidos por el Gobierno de la República y las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud, particularmente en lo concerniente a la medida de aislamiento social, no menos cierto es, que el mayor problema que enfrentan se debe a la sobrepoblación, cuyos niveles sobrepasan los límites de capacidad, alcanzando hasta un 300 por ciento, como se refleja en los informes rendidos, aun cuando la Sala ya se ha pronunciado sobre el tema (SCO-062-06 y 247-08); implica que la salud y la vida de los privados de libertad con enfermedades crónicas y de la Tercera Edad está en riesgo debido a su condición inmunológica, adicionalmente la falta de medicamentos para tratarlos, la carencia de insumos en cantidades apropiadas para evitar un posible contagio e insumos para conservar el aseo; falencias que han quedado constatadas por las Jueces Ejecutoras; en cuanto al tema de insalubridad, esta se determina por una serie de condiciones y la falta de medidas, que al dejar de facilitarse, ocasionan un daño a la salud, bien por una enfermedad o una infección, en el caso que nos ocupa, dejar de implementar las medidas de higiene apropiadas por falta de insumos, así como la falta de medicamentos para tratar enfermos crónicos y no proporcionar o permitir las dietas recomendadas, trae como consecuencia un quebrantamiento a la salud, al no implementar las buenas prácticas en materia de salubridad. CONSIDERANDO (12): Que la Carta Magna, reconoce en el artículo 145 el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas, considerando que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, en ese sentido, las instituciones relacionados con el tema de salud, sean estas públicas o privadas se someterán a la normativa vigente. CONSIDERANDO (13):Que el derecho a la salud, se encuentra también regulado en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, el Protocolo, o Protocolo de San Salvador), el citado artículo dispone, que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y para su efectividad, los estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente adoptaran las medidas que garanticen este derecho. CONSIDERANDO (14): Que el articulo doce del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Suscrito por Honduras reconoce: 1. Los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. CONSIDERANDO (15): Que la Ley del Sistema penitenciario Nacional entre otros aspectos dispone, la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales, por lo que es imperativo el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Dispone, además, que los centros deben contar con las condiciones necesarias para proporcionar una vida digna a los internos y el respeto de sus derechos humanos, tanto en su infraestructura como en su equipamiento. CONSIDERANDO (16): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, que las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas. CONSIDERANDO (17): Asimismo, el Tribunal ha indicado que la falta de atención médica adecuada podría considerarse en sí misma violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención y sus efectos acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros. El derecho a la vida es inviolable, y toda persona tiene derecho a que se respete su integridad, en el caso de privados de libertad ser tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, a no ser privado de la vida arbitrariamente, el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. En el presente caso ha quedado constatado por parte de las jueces ejecutoras las falencias que el sistema penitenciario viene presentando, con respecto a la sobrepoblación en los centros penales lo que produce hacinamiento, aunado a ello, la falta de insumos para prevenir contagio por COVID 19 y mantener las buenas practicadas de salubridad, la falta de medicamentos para tratar a los enfermos crónicos y población restante, la incorporación de dietas recomendada por el facultativo a enfermos bajo control, todo dentro del marco de las recomendaciones y disposiciones emitida por la Organización Mundial de la Salud y los Decretos emitidos por el Presidente en Consejo de Secretario de Estado mientras permanezca el Estado de Emergencia por la Pandemia COVID 19, como ha quedado relacionado en los considerandos que anteceden; en tal sentido, el Estado debe garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de libertad. CONSIDERANDO (18): Que con fundamento en la legislación interna y a lo dispuesto en las convenciones, tratados y pactos de los que Honduras es signataria en materia de Derechos Humanos, así como a lo constatado por las jueces ejecutoras, está Sala de lo Constitucional declara ha lugar la garantía de exhibición personal a los privados de libertad de los centros penitenciarios de Yoro, El Progreso y Puerto Cortes, en cuanto a que se mejoren las condiciones en que se desarrolla la detención o prisión de las personas a favor de quien se interpuso la acción de habeas corpus o exhibición personal, por encontrarse comprendidos en lo que señala el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y debe proporcionarse o permitirse el acceso a los medicamentos, insumos para la higiene personal y del establecimiento en las cantidades adecuadas, para prevenir posibles contagios por covid 19, acceso a las dietas prescritas por el facultativo del centro de atención medica del recinto penitenciario, así como darle seguimiento a las observaciones ya enunciadas en los fallos emitidos por este Alto Tribunal con respecto al mejoramiento de las instalaciones físicas y otras, donde funcionan los centros penitenciarios para evitar el hacinamiento. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 65, 68, 80, 82, 145, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: 1) declarar ha lugar la garantía de hábeas corpus correctiva colectiva interpuesta por la OLGA MARINA CASTRO a favor de los reclusos de los Centros Penitenciarios de Yoro, El Progreso, ambos en el departamento de Yoro y Puerto Cortes, Departamento de Cortés por comprenderle a los privados de libertad lo señalado en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 2) Que las autoridades penitencias procedan a proporcionar o permitir la entrada de los medicamentos, alimentación de dieta e insumos de higiene personal como medida de prevención, que requieren los privados de libertad, siguiendo los protocolos de seguridad para entrega, que aseguren el orden y seguridad interna de la prisión a fin de darle cumplimiento a las obligaciones del Estado contempladas en la ley. Y MANDA: Que una vez notificada y firmé la presente sentencia se archiven las diligencias. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Persona registrado en este Tribunal con el Número SCO-0275-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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