Sentencia EP-273-20 — Registro 10627
Resumen
Se interpuso recurso de Exhibición Personal, a favor del señor, contra las actuaciones del Director del Primer Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras, Ubicado en Mateo, Departamento de Francisco Morazán, por considerar el peticionario que el agraviado es una persona con su salud amenazada, al poner en peligro su vida por el latente contagio del virus COVID-19.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (9): Que si bien es cierto, en virtud de la pandemia provocada por la propagación del virus COVID-19, se ha interpuesto el presente recurso de habeas corpus, con la pretensión de lograr salvaguardar y garantizar el derecho a la salud, a la integridad física y hasta la vida de los privados de libertar mediante un cambio de la medida cautelar impuesta en el proceso penal incoado en contra del petente, esta sala de lo Constitucional señala que la acción extraordinaria de Habeas Corpus, no es el procedimiento diseñado por el legislador para ello, sino que el mismo lo constituye el procedimiento ordinario para la aplicación de las medida cautelares, en la cual se llevará a cabo una audiencia Ad hoc en la que el Juez de Instrucción analizará si los privados de libertad, cumplen ciertos requisitos necesarios a ponderar, siendo fundamentales aquellos que demuestren vulnerabilidad a adquirir el COVID-19, siendo la atribución de los Jueces de Instrucción decretar si es procedente o no la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. Así las cosas, se concluye que es procedente declarar SIN LUGAR el recurso de habeas Corpus, por no haberse constatado las violaciones establecidas en el artículo 13.1.a y b de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte. VISTA: Para dictar sentencia en el recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, contra las actuaciones del DIRECTOR DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, UBICADO EN MATEO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, por considerar el peticionario que el agraviado es una persona con su salud amenazada, al poner en peligro su vida por el latente contagio del virus COVID-19. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha veinte de abril de dos mil veinte, el abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, vía correo electrónico, interpuso acción constitucional de Habeas Corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremo de Justicia, a favor del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, contra las actuaciones del DIRECTOR DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, UBICADO EN MATEO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, solicitando cambio de la medida cautelar de privación de libertad, por la de arresto domiciliario, ello con el objeto de que se le garantice su derecho fundamental a la salud, a la integridad física y mental, en este tiempo que el mundo atraviesa por la pandemia del Covid-19. 2) Que en esa misma fecha, la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremo de Justicia, admitió el recurso de exhibición personal de mérito y nombró como Juez Ejecutora a la Abogada ELBA CAROLINA ORELLANA, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos narrados por la recurrente, y de ser el caso, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, debiendo ordenar a la autoridad recurrida, rendir el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 04 del recurso) 3) Que la Abogada ELBA CAROLINA ORELLANA, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremo de Justicia, en fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre lo siguiente: a) Que se entrevistó con el señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, quien le manifestó que padecía de rinitis alérgica no tan agudo, y de reflujo el cual es permanente, manifestando además que no padecía ninguna enfermedad. No ha tenido maltratos físicos y que la única preocupación es por el virus. b) Que recibió el informe del Director de la Penitenciaría Nacional, manifestando que el señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIPARRO, se encontraba recluido en el anexo ubicado en el Primer Batallón de Infantería, por orden del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. c) Que según informe entregado por el Médico encargado de la Penitenciaría Nacional de Támara, Doctora Reyna Gabriela Aplícano, manifiesta que al señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, se le hizo un examen médico, en el cual se encontraba estable, lúcido, consiente orientado y dentro de los parámetros normales. Se acompaña otro informe de la Doctora Bessy Paola Ávila que en cuanto a las medidas de bioseguridad se tomaron las siguientes: Restricción de visitas al módulo, Charlas de educación sobre las medidas de bioseguridad y que en el Primer Batallón de Infantería se encontraba de desinfección y toma de temperatura. d) Que del Informe recibido de parte del Comandante del Primer Batallón de Infantería, se desprende lo siguiente: Que el señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, se encuentra en un módulo con otros privados de Libertad haciendo un total de cuatro, tomándose las medidas de seguridad como ser la sanitización de las personas que ingresan, toma de temperatura, lavado de manos con agua y jabón, uso de gel, fumigación constante de las instalaciones, entre otros. e) Que la Juez Ejecutora hace constar que pudo observar que en el Primer Batallón de Infantería se realizan una serie de medida de bioseguridad para todas las personas que ingresan a la misma. f) Que después de haber analizado la situación Jurídica del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, y de los informes recibidos, la Juez Ejecutora, resolvió: “DECLARA: I) No ha lugar a la Acción de Exhibición Personal o Habeas Corpus a favor del privado de libertad Leonel Luciano Sauceda Guifarro, ya que se encuentra detenido legalmente contando con mandato escrito de autoridad competente. II) No sufre de torturas ni vejámenes. III) En cuanto a las enfermedades que padece el señor Leonel Luciano Sauceda Guifarro, se ha podido constatar que está bajo supervisión médica de la Doctora Reyna Gabriela Aplícano, quien en su informe establece que se encuentra lúcido, consiente y no padece de ninguna enfermedad. ..." (Folios 12 al 15 recurso). 4) Que la Sala de lo Constitucional, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil veinte, tuvo por recibido el informe presentado por la Juez Ejecutora la Abogada ELBA CAROLINA ORELLANA. CONSIDERANDO (1): Que el Habeas Corpus, es una garantía constitucional reconocida por el Estado de Honduras en consecuencia en esta acción constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de esta, tiene derecho a promoverla solamente cuando ocurran las circunstancias siguientes: 1.- Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, y 2.- Cuando en su detención o prisión legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molesta innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.[1] CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República, en el artículo 316 numeral 1, otorga a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, la atribución de conocer de la garantía de Habeas Corpus. Así mismo la ley especial, Ley Sobre Justicia Constitucional, establece un control difuso para conocer de la garantía habeas Corpus[2], otorgando capacidad para conocer y resolver de esta acción a todo lo titular de órganos jurisdiccionales señalando a la Sala de lo Constitucional como la competente para conocer de la acción de habeas Corpus en el máximo Tribunal de Justicia.[3] CONSIDERANDO (3): Que el abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, vía correo electrónico, interpuso acción constitucional de Habeas Corpus, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremo de Justicia, a favor del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, contra las actuaciones del DIRECTOR DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, UBICADO EN MATEO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, solicitando cambio de la medida cautelar de privación de libertad, por la de arresto domiciliario, ello con el objeto de que se le garantice su derecho fundamental a la salud, a la integridad física y mental, en este tiempo que el mundo atraviesa por la pandemia del Covid-19. La acción constitucional fue interpuesta en fecha veinte de abril de dos mil veinte. CONSIDERANDO (4): Que habiendo sido admitido el recurso de exhibición personal, y como lo ordena el procedimiento, se nombró como como Juez Ejecutora a la Abogada ELBA CAROLINA ORELLANA, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos narrados por la recurrente, ordenándole que de existir alguna irregularidad, haga cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, debiendo ordenar a la autoridad recurrida, rendir el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y una vez habiendo conocido a prevención, ordenó la remisión de las diligencias a la Sala de lo Constitucional quien es la competente para conocer. Que la Abogada ELBA CAROLINA ORELLANA, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremo de Justicia, en fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre lo siguiente: a) Que se entrevistó con el señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, quien le manifestó que padecía de rinitis alérgica no tan agudo, y de reflujo el cual es permanente, manifestando además que no padecía ninguna enfermedad. No ha tenido maltratos físicos y que la única preocupación es por el virus. b) Que recibió el informe del Director de la Penitenciaría Nacional, manifestando que el señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIPARRO, se encontraba recluido en el anexo ubicado en el Primer Batallón de Infantería, por orden del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. c) Que según informe entregado por el Médico encargado de la Penitenciaría Nacional de Támara, Doctora Reyna Gabriela Aplícano, manifiesta que al señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, se le hizo un examen médico, en el cual se encontraba estable, lúcido, consiente orientado y dentro de los parámetros normales. Se acompaña otro informe de la Doctora Bessy Paola Ávila que en cuanto a las medidas de bioseguridad se tomaron las siguientes: Restricción de visitas al módulo, Charlas de educación sobre las medidas de bioseguridad y que en el Primer Batallón de Infantería se encontraba de desinfección y toma de temperatura. d) Que del Informe recibido de parte del Comandante del Primer Batallón de Infantería, se desprende lo siguiente: Que el señor Doctora LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, se encuentra en un módulo con otros privados de Libertad haciendo un total de cuatro, tomándose las medidas de seguridad como ser la sanitización de las personas que ingresan, toma de temperatura, lavado de manos con agua y jabón, uso de gel, fumigación constante de las instalaciones, entre otros. e) Que la Juez Ejecutora hace constar que pudo observar que en el Primer Batallón de Infantería se realizan una serie de medida de bioseguridad para todas las personas que ingresan a la misma. f) Que después de haber analizado la situación Jurídica del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, y de los informes recibidos, la Juez Ejecutora, resolvió: “DECLARA: I) No ha lugar a la Acción de Exhibición Personal o Habeas Corpus a favor del privado de libertad Leonel Luciano Sauceda Guifarro, ya que se encuentra detenido legalmente contando con mandato escrito de autoridad competente. II) No sufre de torturas ni vejámenes. III) En cuanto a las enfermedades que padece el señor Leonel Luciano Sauceda Guifarro, se ha podido constatar que está bajo supervisión médica de la Doctora Reyna Gabriela Aplícano, quien en su informe establece que se encuentra lúcido, consiente y no padece de ninguna enfermedad. ..." (Folios 12 al 15 recurso). CONSIDERANDO (5): Que el Presidente Constitucional de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 3,171, de fecha 1 de febrero de 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a la personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19.- En fecha posterior, el 16 de marzo de 2020, se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201, de fecha 16 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han venido extendiendo en el tiempo hasta esta fecha y son de obligatorio cumplimiento para la sociedad en general, para detener o evitar un contagio masivo, por lo que le corresponde al Estado de Honduras el garantizar los derechos fundamentales aludidos, a la luz de la declaración constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, señalando la obligatoriedad de protegerla. CONSIDERANDO (6): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. CONSIDERANDO (7): Que en observancia a las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a sus Estados miembros, en la Resolución No.01/2020, entre otras, la recomendación número uno consistente en adoptar de manera inmediata y urgente las medidas adecuada para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas, en este caso, privadas de libertad, que se encuentren frente al riesgo que representa la pandemia, la Sala de lo Constitucional, instituye resolver las acciones de habeas corpus, elevándolas a un recurso humanitario, por lo que, que de ser el caso, decretaría el cambio de la prisión preventiva por la medida cautelar de arresto domiciliario, sobreponiendo razones humanitarias por sobre el análisis de los presupuestos de las medidas cautelares, pues estamos ante una situación extraordinaria de pandemia mundial por la proliferación del virus COVID-19, ayudando así, no solo al beneficiario de esta acción constitucional, sino que a la reducción del hacinamiento en los centros penales. Que en el mismo cuerpo convencional, en el numeral 46 relativo a las recomendaciones a los privados de libertad, señala que en el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 182.1.b, de la Constitución de la República manda que cuando en su detención o prisión legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, tiene derecho a pedir su exhibición ante órgano jurisdiccional para que se le restituya, en este caso, su libertad. Asimismo, el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional ha sido redactado en iguales términos que el artículo 182.1.b constitucional, siendo procedente la aplicación del artículo 14 de la Ley Sobre Justicia Constitucional referente a la restitución o aseguramiento a la libertad o cese de los tormentos. CONSIDERANDO (9): Que si bien es cierto, en virtud de la pandemia provocada por la propagación del virus COVID-19, se ha interpuesto el presente recurso de habeas corpus, con la pretensión de lograr salvaguardar y garantizar el derecho a la salud, a la integridad física y hasta la vida de los privados de libertar mediante un cambio de la medida cautelar impuesta en el proceso penal incoado en contra del petente, esta sala de lo Constitucional señala que la acción extraordinaria de Habeas Corpus, no es el procedimiento diseñado por el legislador para ello, sino que el mismo lo constituye el procedimiento ordinario para la aplicación de las medida cautelares, en la cual se llevará a cabo una audiencia Ad hoc en la que el Juez de Instrucción analizará si los privados de libertad, cumplen ciertos requisitos necesarios a ponderar, siendo fundamentales aquellos que demuestren vulnerabilidad a adquirir el COVID-19, siendo la atribución de los Jueces de Instrucción decretar si es procedente o no la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. Así las cosas, se concluye que es procedente declarar SIN LUGAR el recurso de habeas Corpus, por no haberse constatado las violaciones establecidas en el artículo 13.1.a y b de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 80, 82, 182.1, 303, 304, 313 numerales 5 , 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 9 numeral 1), 10 numeral 1), 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26,31, 34, 37, 38 y 70 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, recomendación número uno y cuarenta y seis de la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus por el abogado CESAR ARTURO HELLER PORTILLO, a favor del señor LEONEL LUCIANO SAUCEDA GUIFARRO, contra las actuaciones del DIRECTOR DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, UBICADO EN MATEO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.-FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-273-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 182.1 de la Constitución de la República, Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 23,612 del 2 de enero de 1982.
[2] Artículo 17 de la LSJC.
[3] Artículo 3.1, 9.1 de la LSJC