Sentencia EP-269-20 — Registro 10624
Resumen
Se interpuso Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; manifestando las peticionarias que su representado se encuentra privado de libertad por el dictado de resoluciones arbitrarias y alejadas de Derecho, violentándose garantías constitucionales como la contenida en el artículo 93 constitucional, derecho fundamental a no permanecer privado de libertad si ofrece fianza suficiente, como consecuencia de ello la prisión preventiva se ha prolongado en el tiempo, sin la concurrencia de presupuestos legitimadores.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (9): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutora nombrada, este Alto Tribunal, observa que el beneficiario de la presente garantía se encuentra privado de su libertad en virtud de orden emanada de autoridad competente; la revisión de la medida cautelar de la prisión Preventiva, no son situaciones a ser dilucidadas a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por las peticionarias no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada al Privado de Libertad José Luis Salgado Amaya, se advierte que se le está proporcionando el medicamento, a efecto de controlar la enfermedad que padece de Gota y Sinovitis Crónica, refiere asimismo que ha tenido control médico en el Hospital Escuela, Hospital San Felipe y el Hospital del Centro Penal, que lo que se le ha terminado es la medicina para el dolor; por ello que la Juez Ejecutora libró Nota al Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, a efecto de suministrar el medicamento que requiere el señor José Luis Salgado Amaya. Observando asimismo la Juez Ejecutora que el Privado de Libertad compareció a la entrevista con su respectiva mascarilla, manifestándole el señor Salgado Amaya que todo está bien, que se están tomando los cuidados necesarios. Esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal del privado de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos..”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de mayo del año dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto por las abogadas RITZA YOLANDA ANTUNES REYES Y DORIS IMELDA MADRID ZERON, a favor del señor JOSE LUIS SALGADO AMAYA, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; manifestando las peticionarias que su representado se encuentra privado de libertad por el dictado de resoluciones arbitrarias y alejadas de Derecho, violentándose garantías constitucionales como la contenida en el artículo 93 constitucional, derecho fundamental a no permanecer privado de libertad si ofrece fianza suficiente, como consecuencia de ello la prisión preventiva se ha prolongado en el tiempo, sin la concurrencia de presupuestos legitimadores, aunado a ello el señor José Luis Salgado tiene ya más de sesenta años de edad, adolece de una enfermedad crónica como lo es la enfermedad de Gota Artritis Reumatoidea Artinalgia de Rodilla. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho (8) de abril del año dos mil veinte (2020), comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, las abogadas RITZA YOLANDA ANTUNES REYES Y DORIS IMELDA MADRID ZERON, interponiendo Recurso de Habeas Corpus por razones humanitarias a favor del señor JOSE LUIS SALGADO AMAYA, manifestando las peticionarias, que actualmente se vive una emergencia de salud pública por la propagación del COVID-19, que está afectando a todos los ciudadanos a nivel nacional; que es de conocimiento público que las cárceles de nuestro país se encuentran sobrepoblados y no se cuentan con las capacidades necesarias para mantener normas de higiene que eviten el contagio del COVID-19, por lo tanto los centros penales se tornan más vulnerables porque de adquirirse el virus la mortalidad de los internos se inevitablemente alta; el señor José Luis Salgado tiene ya más de sesenta años de edad, adolece de una enfermedad crónica como lo es la enfermedad de Gota Artritis Reumatoidea Artinalgia de Rodilla. Aunado a ello sostienen las peticionarias que su defendido permanece actualmente privado de libertad por el dictado de resoluciones arbitrarias y alejadas de Derecho violentándose garantías constitucionales, como la contenida en el artículo 93 constitucional, derecho fundamental a no permanecer privado de libertad si ofrece fianza suficiente, como consecuencia de ello la prisión preventiva se ha prolongado en el tiempo, sin la concurrencia de presupuestos legitimadores. (Folios del 1-7 de los autos) 2) Que, en la misma fecha, el citado Juzgado admitió la Garantía Constitucional relacionada y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la abogada SILVIA AYMI CHINCHILLA VALLE, a efecto de realizar las averiguaciones pertinentes para determinar en qué estado se encuentra el señor José Luis Salgado Amaya y requerir en legal y debida forma a cuanta persona considere, pueda brindar información en relación a los extremos de los hechos alegados por las peticionarias. (Folios 8 y 9fv de los autos) 3) Que en fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha diez (10) de abril de dos mil veinte (2020), recibió el informe solicitado al Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, en el que se establece que señor JOSE LUIS SALGADO AMAYA, actualmente ingresó a dicho centro penitenciario en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil diecinueve (2019), por suponerlo responsable de los delitos de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS Y PRIVACIÓN INJUSTA DE LIBERTAD, en perjuicio de DANIELA ALEJANDRA AGUILAR TIMOTEO, por orden del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; que ya había ingresado anteriormente, en fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018), por un proceso que se le instruyo por suponerlo responsable de los delitos de PRIVACIÓN INJUSTA DE LIBERTAD Y ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO “CAROLINA”, bajo orden del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, y fue liberado en fecha trece (13) de marzo de dos mil dieciocho (2018), por haberse decretado un sobreseimiento definitivo en dicha causa, y; que en fecha nueve (9) de abril de dos mil veinte (2020), fue con la médico que atiende el Centro Penitenciario, la doctora ENMA GRACIELA DEL CID CABRERA, en donde consta que el señor JOSE LUIS SALGADO AMAYA, padece de una sinovitis crónica, que es manejada con antiinflamatorios, en algunas ocasiones ha presentado infecciones respiratorias agudas, pero que es un paciente eutrófico en un buen general estado de salud; B) Que en el informe rendido por la abogada ROSAMINDA VELÁSQUEZ CENTENO, Juez del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se deja establecido que: en fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), se llevó a cabo la última audiencia de revisión de medidas, en donde se votó por unanimidad de votos, mantener las mismas, en virtud de no haber desvanecido los presupuestos legitimadores que la habían originado, sobre dicha resolución se impuso un recurso de apelación que todavía no ha sido resuelto; desconocen, si sobre la presente causa, se ha interpuesto un recurso de amparo; que la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), revocó el sobreseimiento definitivo dictado en la presente causa al señor JOSE LUIS SALGADO AMAYA, y fue quien impuso la medida cautelar de prisión preventiva; que en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, declaró el auto de apertura a juicio oral y público; que el señor JOSE LUIS SALGADO AMAYA, no ha sobrepasado el término máximo para el cumplimiento de la prisión preventiva, pues él se encuentra recluido desde el veinticinco (25) de marzo de dos mil diecinueve (2019), por lo que la prisión preventiva de este vencería el veinticinco (25) de marzo del dos mil veintiuno (2021); C) Que entrevistó al señor JOSE LUIS SALGADO AMAYA, quien le manifestó: que lleva un (1) año de estar en dicho centro penitenciario y nunca ha estado en otro centro; que padece de sinovitis crónica, que le inflaman y causa dolor en sus rodillas; ha estado recibiendo sus medicamentos del centro penitenciario y de su familia, pero que ya no tiene, y; en el centro penitenciario todo está bien, tiene comida y toma los cuidados necesarios que se han establecido por la pandemia; D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “Declarar NO HA LUGAR la acción del Recurso de Exhibición Personal interpuesto a favor del señor JOSE LUIS SALGADO AMAYA, en virtud que los motivos objeto del presente recurso que expone el recurrente no se encuentra contemplado en el artículo 13 de la ley de justicia constitucional, ya que no existe violación de la garantía de DETENCION ILEGAl, expuesta por la recurrente en contra del señor JOSE LUIS SALGADO AMAYA…”. (Folios del 24–30 de los autos) 4) Que en fecha veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020), el referido Juzgado remitió los antecedentes del presente recurso a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.), en virtud de inhibirse el mismo de seguir conociendo de dicho trámite. (Folio 95fv de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha ocho de abril del presente año dos mil veinte, comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán las Abogadas RITZA YOLANDA ANTUNES REYES y DORIS IMELDA MADRID ZERON, interponiendo Garantía de Hábeas Corpus a favor del Privado de Libertad señor JOSE LUIS SALGADO AMAYA, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, según las peticionarias el señor José Luis Salgado tiene ya más de sesenta años de edad, adolece de una enfermedad crónica como lo es la enfermedad de Gota Artritis Reumatoidea Artinalgia de Rodilla, por ello es vulnerable a contagiarse con el virus COVID-19. Aunado a ello sostienen las peticionarias que su defendido permanece actualmente privado de libertad por el dictado de resoluciones arbitrarias y alejadas de Derecho. CONSIDERANDO (5): Que en fecha catorce de abril del presente año dos mil veinte, la Juez Ejecutora nombrada a prevención por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para conocer de la garantía constitucional promovida, Abogada Silvia Aymi Chinchilla, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye declarar No Ha Lugar el recurso de Hábeas Corpus interpuesto, al concluir que los motivos objeto del presente recurso que exponen las recurrentes no se encuentran contemplados en el Artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ya que no existe la violación de la garantía de detención ilegal. CONSIDERANDO (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (7): Que, en el ejercicio de sus atribuciones, le corresponde a esta Sala de lo Constitucional conocer de la presente acción, observando como resultado del análisis de los antecedentes, que la Juez Ejecutora nombrada, ha conocido del recurso de Hábeas Corpus y ha resuelto como si se tratara de un procedimiento más, sin tener en cuenta el tiempo de Pandemia por el esparcimiento del virus COVID-19, que vive actualmente nuestro país y el mundo entero. En ese sentido, se debe mencionar que el Presidente Constitucional de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 3,171, de fecha 1 de febrero de 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a la personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19.- En fecha posterior, el 16 de marzo de 2020, se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201, de fecha 16 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han venido extendiendo en el tiempo hasta esta fecha. Se debe mencionar que las restricciones ordenadas, han venido a contribuir aún más, con el deterioro de las ya existentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los centros penitenciarios, por lo que corresponde al Estado de Honduras el garantizar los derechos fundamentales aludidos a la luz de la declaración constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, señalando la obligatoriedad de protegerla. CONSIDERANDO (8): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. CONSIDERANDO (9): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutora nombrada, este Alto Tribunal, observa que el beneficiario de la presente garantía se encuentra privado de su libertad en virtud de orden emanada de autoridad competente; la revisión de la medida cautelar de la prisión Preventiva, no son situaciones a ser dilucidadas a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por las peticionarias no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada al Privado de Libertad José Luis Salgado Amaya, se advierte que se le está proporcionando el medicamento, a efecto de controlar la enfermedad que padece de Gota y Sinovitis Crónica, refiere asimismo que ha tenido control médico en el Hospital Escuela, Hospital San Felipe y el Hospital del Centro Penal, que lo que se le ha terminado es la medicina para el dolor; por ello que la Juez Ejecutora libró Nota al Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, a efecto de suministrar el medicamento que requiere el señor José Luis Salgado Amaya. Observando asimismo la Juez Ejecutora que el Privado de Libertad compareció a la entrevista con su respectiva mascarilla, manifestándole el señor Salgado Amaya que todo está bien, que se están tomando los cuidados necesarios. Esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal del privado de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (10): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por las Abogadas RITZA YOLANDA ANTUNES REYES y DORIS IMELDA MADRID ZERON, a favor del Privado de Libertad JOSE LUIS SALGADO AMAYA, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia, a la defensa del Privado de Libertad JOSE LUIS SALGADO AMAYA; 2.-Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo de las diligencias en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-269-2020.
CARLOS ALBERTO ALMANDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.