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Sentencia EP-266-20 — Registro 10623

Resumen

Se interpuso Recurso de Hábeas Corpus Correctivo ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa contra actuaciones de los Jueces Lisseth Vallecillo, Francisco Videa Talabera, José Enrique Romero Grillo, los Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, Monique Aloha Hunter y Karovin Martínez Girón, por las condiciones pandémicas surgidas a partir del Coronavirus (COVID-19).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutora nombrada, este Alto Tribunal, observa que los beneficiarios de la presente garantía se encuentran privados de su libertad en virtud de ordenes emanadas de autoridad competente; los argumentos expuestos por los peticionarios se limitan a indicar que interponen Hábeas Corpus Correctivo por condiciones pandémicas surgidas a partir del coronavirus (COVID-19), no obstante de las diligencias de investigación realizadas se advierte que en los Centros Penales, Centros de Internamiento para Menores y en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, se están adoptando todas las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19 al interior de los referidos establecimientos de detención. Con el objetivo de evitar la propagación del virus, se han impartido charlas informativas, los Privados de Libertad han recibido los insumos de higiene y se ha procedido a la desinfección de las bartolinas y otras medidas adoptadas que se detallan en los informes emitidos. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los privados de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (12): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de mayo del año dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Hábeas Corpus Correctivo interpuesto ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán por el GRUPO DE LITIGANTES CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD EN AMERICA LATINA, a favor de los Defensores del Medio Ambiente de Guapinol, los señores JEREMIAS MARTINEZ DIAZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSE AVELINO CEDILLO, ORBIN NAUN HERNANDEZ, KEVIN ALEJANDRO ROMERO, ARNOLD JAVIER ALEMAN, EVER ALEXANDER CEDILLO Y DANIEL MARQUEZ, los señores FELIPE ESQUIVEL Y VICTOR JOSETH CASTILLO QUIROZ, el menor CARLOS DANIEL TINOCO GUERRERO y ROMMEL VALDEMAR HERRERA PORTILLO, quienes se encuentran recluidos en diferentes centros penales del país y el ultimo en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa, M.D.C., contra actuaciones de los Jueces Lisseth Vallecillo, Francisco Videa Talabera, José Enrique Romero Grillo, los Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, Monique Aloha Hunter y Karovin Martínez Girón, por las condiciones pandémicas surgidas a partir del Coronavirus (COVID-19). A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veinte, el GRUPO DE LITIGANTES CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD EN AMERICA LATINA, mediante correo electrónico enviado por la Abogada CAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, presentaron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, Recurso de Hábeas Corpus Correctivo a favor de los Defensores del Medio Ambiente de Guapinol, señores JEREMIAS MARTINEZ DIAZ, interno en el Centro Penal de La Ceiba, Atlántida, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSE AVELINO CEDILLO, ORBIN NAUN HERNANDEZ, KEVIN ALEJANDRO ROMERO, ARNOLD JAVIER ALEMAN, EVER ALEXANDER CEDILLO Y DANIEL MARQUEZ, internos en el Centro Penal de Olanchito, Yoro, a favor de los presos políticos FELIPE ESQUIVEL Y VICTOR JOSETH CASTILLO QUIROZ, internos en el Centro Penal de Choluteca, el menor CARLOS DANIEL TINOCO GUERRERO interno en el Centro de Menores Jalteva y ROMMEL VALDEMAR HERRERA PORTILLO, interno en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, contra actuaciones de los Jueces Lisseth Vallecillo, Francisco Videa Talabera, José Enrique Romero Grillo, los Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, Monique Aloha Hunter y Karovin Martínez Girón, por las condiciones pandémicas surgidas a partir del Coronavirus (COVID-19). (Folios del 03 al 05 de los autos). 2) Que, en esa misma fecha, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, admitió el recurso de Hábeas Corpus de mérito y nombró como Juez Ejecutor a la Abogada CLAUDIA LOPEZ, adscrita a la Defensa Publica de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de emitir el informe correspondiente. (Folio 6fv de los autos) 3) Que la Abogada CLAUDIA WALESKA LOPEZ, actuando en su condición antes indicada, en fecha dos de abril del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual se establece entre otras situaciones lo siguiente: a) Que la Juez Ejecutora procedió a solicitar el auxilio judicial de la Defensa Pública de las ciudades de La Ceiba, departamento de Atlántida y Olanchito, departamento de Yoro y de Choluteca para que pudieran requerir a los Directores de los Centros Penales de dichas ciudades, y les solicitaran los informes sobre las condiciones de salud y las medidas de seguridad que han tomado para prevenir la propagación del COVID-19 y a la vez procedieran a entrevistar a los mencionados señores. b) Que la Juez Ejecutora procedió a requerir a la Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y a los Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia, con el fin de que rindieran un informe sobre las diligencias instruidas en contra los agraviados. En fecha 26 de marzo del presente año 2020, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, rindió su informe en relación a la causa instruida contra los señores JEREMIAS MARTINEZ DIAZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSE AVELINO CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, KEVIN ALEJANDRO ROMERO, ARNOLD JAVIER ALEMAN, EVER ALEXANDER CEDILLO Y DANIEL MARQUEZ, en el cual se establece que a los mencionados señores se les dictó Auto de Formal Procesamiento por los delitos de INCENDIO AGRAVADO y PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD en perjuicio de la Sociedad Mercantil INVERSIONES LOS PINARES S.A. DE C.V. y del señor SANTOS HERNANDEZ COREA, imponiéndoseles la medida cautelar de prisión preventiva, habiéndose presentado un recurso de apelación e igualmente se celebró una audiencia de revisión de medidas la cual fue declarada sin lugar. c) En el Informe presentado por el Director del Centro Penal de La Ceiba, Atlántida, manifiestan que el señor JEREMIAS MARTINEZ DIAZ, se encontraba recluido en ese centro penal desde el 30 de noviembre de 2018, y que, en cuanto a las condiciones de salud, establecen que se le han hecho revisiones médicas, concluyendo que se encontraba en buen estado de salud, detallando que se habían tomado todas las medidas en cuanto a la prevención del COVID-19. Que en el informe emitido por el Director del Centro Penal de Olanchito, Yoro, se establece que los señores PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSE AVELINO CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, KEVIN ALEJANDRO ROMERO, ARNOLD JAVIER ALEMAN, EVER ALEXANDER CEDILLO y DANIEL MARQUEZ, ingresaron en fecha 30 de noviembre de 2019, quienes gozaban de buena salud, supervisados por médicos mediante evaluaciones frecuentes, habiendo recibido charlas de prevención del COVID-19, lavado y desinfección de bartolinas e integración a los grupos de salud y educación del Centro Penitenciario, observándose los protocolos para el manejo del COVID-19. d) Que, en el informe del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, se establece que el señor FELIPE ANTONIO ESQUIVEL, se le dictó Auto de Formal Procesamiento, por el delito de TENENCIA DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DE FABRICACIÓN CASERA O ARTESANAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS con medida cautelar de prisión preventiva. En cuanto al señor VICTOR JOSETH CASTILLO QUIROZ, se le dictó Auto de Formal Procesamiento, por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de WILSON JOSÉ BERRIOS RIVAS, con medida cautelar de prisión preventiva, estando pendiente un recurso de apelación. Según Informe del Centro Penal de Choluteca, se establece que ambos privados de libertad gozan de buena salud, en base a los dictámenes médicos y que en relación a la prevención y cuidado en cuanto a la pandemia del COVID-19, informan que se han tomado medidas como ser charlas de prevención y distribución de material de higiene. e) En relación al menor CARLOS DANIEL TINOCO GUERRERO, según informe del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, a éste se le supone responsable de la infracción de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de WILSON JOSE BERRIOS RIVAS, imponiéndosele la medida de DETENCION CAUTELAR, pendiente para el señalamiento de la Audiencia de Juicio Oral y Público. En cuanto al Informe presentado por el Director del Centro Pedagógico de Internamiento Jalteva, establece que el menor ingresó el 17 de diciembre, por orden del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, y que en cuanto a la condición de salud, se encontraba en buen estado de salud y que debido a la pandemia del COVID-19, se habían implementado las medidas de prevención, como ser charlas educativas, uso de mascarillas, lavado de manos y desinfección de zapatos, y evaluación de todo el personal que labora en el centro, fumigación general y evitar al máximo el ingreso de particulares al Centro. De la entrevista que realizó, expresó que se encontraba bien, que le proveían su alimentación, que está muy bien de salud, que le habían dado varias charlas sobre el coronavirus, y que les dieron un kit de aseo que contenía papel higiénico, jabón de baño, jabón de lavar ropa, pasta dental, gel antibacterial y que contaban con agua de manera permanente. f) En relación a las diligencias instruidas contra el señor ROMMEL VALDEMAR HERRERA PORTILLO, a éste se le supone responsable del delito de DAÑOS E INCENDIO AGRAVADO, en perjuicio de la EMBAJADA AMERICANA, que se había señalado audiencia de Juicio Oral y Público para los días 16 y 17 de abril de 2020 y que se había realizado audiencia de revisión de medidas el 27 de febrero de 2020, en la que se resolvió mantener la medida cautelar de internamiento en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Según el Informe rendido por el Director del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, se establece que el señor ROMMEL VALDEMAR HERRERA PORTILLO, fue ingresado el 18 de octubre de 2019, atendiendo una orden del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, junto con una orden de evaluación médica forense, donde se le diagnostica trastorno mixto de ansiedad y depresión, refiriendo ideas de muerte con plan suicida. En cuanto a sus condiciones de salud, establecen que actualmente tiene inestabilidades emocionales, bajo tratamiento intrahospitalario hasta el restablecimiento de su salud mental. En cuanto a las medidas de prevención y cuidado del coronavirus, se están cumpliendo con todos los protocolos decretados para tal efecto, a los pacientes de les brinda charlas informativas con adecuada retroalimentación, aseo diario, ambientes continuamente lavados y fumigados, lavado de expedientes y aislamiento de los pacientes de recién ingreso. En la entrevista que se le realizó al señor ROMMEL VALDEMAR HERRERA PORTILLO, este manifestó que se sentía bien, que se enteró de su enfermedad por la televisión y que les habían informado que les cancelaban las visitas por cuestiones de seguridad para ellos, que el personal anda con mascarilla y que con frecuencia se lavaba las manos, teniendo acceso a jabón y agua. g) Que la Juez Ejecutora considera que en el presente caso, en ningún momento se les ha violentado sus derechos y que tampoco se les había agravado la situación de los internos dentro de los respectivos centros penitenciarios. En consecuencia, resolvió: (Sic) “DECLARAR NO HA LUGAR la acción del Recurso de HABEAS CORPUS CORRECTIVO, interpuesto por la Abogada Karol Janeth Cárdenas Chinchilla…” (Folios 21 al 29 de los autos) 4) Que una vez recibido el informe presentado por la Juez Ejecutor, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolvió tener por recibido el Informe presentado por la Abogada Claudia Waleska López, en su condición de Juez Ejecutor, inhibiéndose de seguir conociendo del recurso de mérito, ordenando la remisión de las diligencias a la Sala de lo Constitucional, las cuales fueron recibidas en este Alto Tribunal en fecha dieciséis de abril de dos mil veinte. (Folios del 132 al 137 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veinte, el GRUPO DE LITIGANTES CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD EN AMERICA LATINA, mediante correo electrónico enviado por la Abogada CAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, presentaron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, Recurso de Hábeas Corpus Correctivo a favor de los Defensores del Medio Ambiente de Guapinol, señores JEREMIAS MARTINEZ DIAZ, interno en el Centro Penal de La Ceiba, Atlántida, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSE AVELINO CEDILLO, ORBIN NAUN HERNANDEZ, KEVIN ALEJANDRO ROMERO, ARNOLD JAVIER ALEMAN, EVER ALEXANDER CEDILLO Y DANIEL MARQUEZ, internos en el Centro Penal de Olanchito, Yoro, a favor de los presos políticos FELIPE ESQUIVEL Y VICTOR JOSETH CASTILLO QUIROZ, internos en el Centro Penal de Choluteca, el menor CARLOS DANIEL TINOCO GUERRERO interno en el Centro de Menores Jalteva y ROMMEL VALDEMAR HERRERA PORTILLO, interno en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, contra actuaciones de los Jueces Lisseth Vallecillo, Francisco Videa Talabera, José Enrique Romero Grillo, los Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, Monique Aloha Hunter y Karovin Martínez Girón, por las condiciones pandémicas surgidas a partir del Coronavirus (COVID-19). CONSIDERANDO (5): Que en fecha dos de abril del presente año dos mil veinte, la Juez Ejecutora nombrada a prevención por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para conocer de la garantía constitucional promovida, Abogada Claudia Waleska López, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye declarar No Ha Lugar el recurso de Hábeas Corpus interpuesto, al concluir que a los Privados de Libertad se les ha incoado diligencias, en las cuales se les ha respetado el debido proceso; y que haciendo un análisis de todas las diligencias realizadas se considera que los centros penitenciarios están tomando todas las medidas necesarias para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), de los informes y de las propias entrevistas realizadas a los internos se puede apreciar que han recibido charlas informativas, reciben los insumos de higiene, garantizando con ello el derecho a la salud, consagrado tanto en la Constitución de la República como en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de igual forma se está observando los lineamientos para la prevención y manejo del COVID-19 en la población privada de libertad. CONSIDERANDO (6): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[3] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, la establecida en el numeral 3 que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad. CONSIDERANDO (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[4], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[5]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[6]; la Corte Interamericana también ha manifestado que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”[7] (Énfasis nuestro). CONSIDERANDO (9): Que como consecuencia de la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente Constitucional de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 3,171 de fecha 1 de febrero de fecha 1 de febrero del año 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a las personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19. Posterior a ello, en fecha 16 de marzo del año 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han prologando hasta la fecha con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Se debe mencionar que las restricciones ordenadas, han venido a contribuir aún más, con el deterioro de las ya existentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los Centros Penitenciarios, por lo que corresponde al Estado de Honduras el garantizar derechos fundamentales aludidos a la luz de la declaración constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, señalando la obligatoriedad de protegerla. CONSIDERANDO (10): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, emitió la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. CONSIDERANDO (11): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutora nombrada, este Alto Tribunal, observa que los beneficiarios de la presente garantía se encuentran privados de su libertad en virtud de ordenes emanadas de autoridad competente; los argumentos expuestos por los peticionarios se limitan a indicar que interponen Hábeas Corpus Correctivo por condiciones pandémicas surgidas a partir del coronavirus (COVID-19), no obstante de las diligencias de investigación realizadas se advierte que en los Centros Penales, Centros de Internamiento para Menores y en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, se están adoptando todas las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19 al interior de los referidos establecimientos de detención. Con el objetivo de evitar la propagación del virus, se han impartido charlas informativas, los Privados de Libertad han recibido los insumos de higiene y se ha procedido a la desinfección de las bartolinas y otras medidas adoptadas que se detallan en los informes emitidos. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los privados de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (12): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS CORRECTIVO impetrado por el GRUPO DE LITIGANTES CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD EN AMÉRICA LATINA, a favor de los Defensores del Medio Ambiente de Guapinol, los señores JEREMIAS MARTINEZ DIAZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSE AVELINO CEDILLO, ORBIN NAUN HERNANDEZ, KEVIN ALEJANDRO ROMERO, ARNOLD JAVIER ALEMAN, EVER ALEXANDER CEDILLO Y DANIEL MARQUEZ, los señores FELIPE ESQUIVEL Y VICTOR JOSETH CASTILLO QUIROZ, el menor CARLOS DANIEL TINOCO GUERRERO y ROMMEL VALDEMAR HERRERA PORTILLO, contra actuaciones de los Jueces Lisseth Vallecillo, Francisco Videa Talabera, José Enrique Romero Grillo, los Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, Monique Aloha Hunter y Karovin Martínez Girón, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia, a los peticionarios de la presente Garantía Constitucional. 2.-Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo de las diligencias en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el recurso en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal con el número SCO-0266-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Artículo 1, último párrafo de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

[4] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[5] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[6] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.

[7] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.