Sentencia EP-265-20 — Registro 10622
Resumen
Se interpuso Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional Dr. Marco Aurelio Soto, por considerar el peticionario que a su representado se le están causando restricciones o molestias innecesarias que atentan contra su seguridad individual.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (14): Que el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; no constatándose, en definitiva, vulneración a la integridad personal del Privado de Libertad ROSARIO EVANGELISTA ORTIZ, ello se desprende de las diligencias de investigación y medidas adoptadas por el Juez Ejecutor. La falta de colaboración del beneficiario de la garantía de Hábeas Corpus, hacen concluir al Juez Ejecutor que no procede otorgar la acción constitucional promovida, ello porque ha podido verificar con los informe requeridos a las autoridades competentes, así como cada una de las diligencias practicadas, evidenciándose que no ha existido violación alguna de derechos y garantías constitucionales, de igual forma se pudo constatar que nunca existió detención ilegal y menos vejámenes o tortura contra el Privado de Libertad; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de mayo del año dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto por el Abogado Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, a favor del señor Rosario Evangelista Ortiz, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional Dr. Marco Aurelio Soto, ubicada en la Aldea de Tamara, departamento de Francisco Morazán, por considerar el peticionario que a su representado se le están causando restricciones o molestias innecesarias que atentan contra su seguridad individual. ANTECEDENTES 1) Que, en fecha uno de abril del presente año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, interponiendo Recurso de Hábeas Corpus a favor del ciudadano Rosario Evangelista Ortiz, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional Dr. Marco Aurelio Soto, ubicada en la Aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, por considerar el peticionario que a su representado se le están causando restricciones o molestias innecesarias que atentan contra su seguridad individual.(Folio 1fv de los autos) 2) En la misma fecha, uno de abril del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, admitió el recurso de exhibición personal interpuesto por el Abogado Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez a favor del señor Rosario Evangelista Ortiz, asimismo, nombró como Juez Ejecutor al Abogado Carlos David Laguna Ordoñez, en su condición de defensor público, a efecto de rendir informe en el plazo legal correspondiente. (Folio 2fv de los autos) 3) En fecha trece de abril del año dos mil veinte, el Juez Ejecutor nombrado, en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, presentó ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, el informe correspondiente, mediante el cual concluyó:…PRIMERO:…SEGUNDO: Que siendo las doce del mediodía del jueves dos de abril del dos mil veinte me presenté a la Penitenciaría Nacional MARCO AURELIO SOTO, ubicada en la aldea de Tamara, M.D.C., procedí a entrevistar al señor ROSARIO EVANGELISTA ORTIZ, el cual no quiso colaborar ni quiso firmar, ni mucho menos refirió ningún aspecto, por lo que se consideró evaluar a través de Medicina Forense a dicho privado de libertad. TERCERO:…CUARTO:… QUINTO:… SEXTO: Señor Juez de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en el caso específico que nos ocupa y según informe rendido por el Director del Centro Penal, y según constan los mismos tanto del Centro Penal como de Medicina Forense donde se constata que el Privado de Libertad, se encuentra con prisión preventiva efectiva, y al entrevistar al mismo no presenta ninguna anomalía referente a lo enunciado por su presentante procesal por lo que es preciso establecer los preceptos procesales con claridad para poder entender que es lo que efectivamente a su criterio se está violentando. CONSIDERANDO:… CONSIDERANDO:…Que el artículo 8 numeral 3 de la Ley del Sistema Penitenciario en las atribuciones del Instituto Nacional Penitenciario establece: “…3)Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativas, laboral u otros servicios inherentes a los fines de esta Ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad”. CONSIDERANDO: Que la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura en su artículo 2 establece: “Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. POR TANTO: El Suscrito Juez Ejecutor nombrado… DECLARA: NO HA LUGAR la presente EXHIBICIÓN PERSONAL, a favor del señor ROSARIO EVANGELISTA ORTIZ, en vista de que se ha podido verificar con los informes requeridos a las autoridades competentes así como cada una de las diligencias practicadas por mi persona evidenciando que no ha existido ninguna violación de derechos y garantías constitucionales, de igual manera se pudo constatar de que nunca ha existido una detención ilegal y mucho menos vejámenes o torturas contra el encausado… (Folios del 19 al 22 de los autos) 4) En fecha catorce de abril del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolvió: (Sic) “1) Tener por recibido el informe presentado por CARLOS DAVID LAGUNA, en su condición de Juez Ejecutor, nombrada en la Garantía Constitucional de HABEAS CORPUS O EXHICIÓN PERSONAL, en donde DECLARA NO HA LUGAR, la Garantía Constitucional interpuesta por el Abogado JORGE ALBERTO MARADIAGA RODRÍGUEZ, a favor del señor JAVIER RODOLFO PASTOR VÁSQUEZ; 2) Este Juzgado se inhibe de seguir conociendo y ordena la remisión de las Diligencias que contiene la Garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, a favor del señor antes mencionado, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que sea esta la que proceda a emitir la sentencia correspondiente.” (Folio 23fv de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Ley Suprema declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha uno de abril del presente año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de letras penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán el Abogado JORGE ALBERTO MARADIAGA RODRÍGUEZ, actuando en su condición de Defensor Privado del señor ROSARIO EVANGELISTA ORTIZ, interponiendo Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición personal a favor de su representado, contra actuaciones del DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL DR. MARCO AURELIO SOTO, UBICADO EN LA ALDEA DE TAMARA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, según el peticionario el agraviado está siendo víctima de restricciones o molestias innecesarias para su seguridad individual. refiere el peticionario que se representado se encuentra recluido desde hace dos meses, en el módulo de diagnóstico, pero hace unos días fue trasladado a otro módulo sin consultar previamente con el acusado, lugar en el que ha recibido intimidaciones y amenazas a muerte por parte de otros reclusos que se encuentran en el mismo módulo, siendo víctima de lesiones. CONSIDERANDO (5): Que en la fecha supra indicada, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, conociendo a prevención, admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando como Juez Ejecutor al Abogado CARLOS DAVID LAGUNA ORDOÑEZ, en su condición de Defensor Público, a efecto de requerir de la autoridad recurrida el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que el Abogado CARLOS DAVID LAGUNA, en su condición preindicada y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió informe en fecha trece (13) de abril del presente año dos mil veinte (2020), consignando entre otros extremos los enunciados en el numeral tres de los antecedentes del presente libelo. CONSIDERANDO (7): Que es importante relacionar que el Hábeas Corpus es una institución jurídica que persigue “evitar los arrestos y detenciones arbitrarias” asegurando los derechos básicos de la persona, como estar vivo y consciente, ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. El hábeas corpus, tutela dos derechos fundamentales: la libertad individual relativa a la libertad de movimiento y, por tanto, a no ser objeto de detenciones arbitrarias, y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido, tiene como propósito el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos. CONSIDERANDO (8): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[3] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley. CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[4], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[5]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (10): Que la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes[6], brinda un concepto a lo que se debe entender por el término “tortura”, y en el artículo 1.1 dice: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o sean inherentes o incidentales a éstas…”. CONSIDERANDO (11): Que tanto la Declaración de Naciones Unidas de 1975 como la Convención contra la Tortura de 1984, definen la tortura como aquella cuyo propósito es conseguir: a) información, sea que quien deba proporcionarla sea la propia víctima o un tercero; b) un medio de castigo, por un hecho que ha cometido o se sospeche que ha cometido; c) como medio para intimidar, coaccionarla a ella o a un tercero; d) por razón de discriminación. Para la Abogada Liliana Galdámez[7] La Convención Interamericana, por su parte, amplia los criterios anteriores, teniendo como finalidad: a) servir como “medio de investigación criminal”; b) “castigo”; c) “medida preventiva”; d) como “pena”, o, e) “con cualquier otro fin”. También considera como tortura aquella cuya finalidad es: f) “anular la personalidad de la víctima” o, g) “disminuir su capacidad física o mental aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”. Afirma la autora que, a diferencia de la Declaración y la Convención en contra de la Tortura del Sistema de Naciones Unidas, en el Sistema interamericano se introduce un tipo abierto: “cualquier otro fin” que implica que la conducta debe tener una finalidad, sin que sea determinante su contenido. CONSIDERANDO (12): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[8]; la Corte Interamericana también ha manifestado que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”[9] (Énfasis nuestro). CONSIDERANDO (13): Que consta del informe presentado por el Juez Ejecutor, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relacionados con lo establecido en el artículo 15[10] de la misma normativa legal, en virtud que, al momento de realizar las diligencias de investigación a efecto de constatar los hechos denunciados por el impetrante, el supuesto agraviado no quiso colaborar con el Juez Ejecutor, no obstante a ello el Juez Ejecutor consideró oportuno ser evaluado por Medicina Forense; informe de evaluación realizado por el Médico Psiquiatra, Perito Oficial del Ministerio Público, en fecha 2 de abril del año 2020, relacionando que durante la entrevista el evaluado se limitó a negarse a firmar el consentimiento informado , luego de explicársele la naturaleza de la evaluación adoptó una postura de sumisión, seguido indicaciones pero se negó a hablar, diagnosticando Trastorno de adaptación. (folios 14 y 17fv de los autos contentivo del recurso de Hábeas Corpus) CONSIDERANDO (14): Que el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad; no constatándose, en definitiva, vulneración a la integridad personal del Privado de Libertad ROSARIO EVANGELISTA ORTIZ, ello se desprende de las diligencias de investigación y medidas adoptadas por el Juez Ejecutor. La falta de colaboración del beneficiario de la garantía de Hábeas Corpus, hacen concluir al Juez Ejecutor que no procede otorgar la acción constitucional promovida, ello porque ha podido verificar con los informe requeridos a las autoridades competentes, así como cada una de las diligencias practicadas, evidenciándose que no ha existido violación alguna de derechos y garantías constitucionales, de igual forma se pudo constatar que nunca existió detención ilegal y menos vejámenes o tortura contra el Privado de Libertad; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado JORGE ALBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ a favor del privado de libertad ROSARIO EVANGELISTA ORTIZ, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0265-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Artículo 1, último párrafo de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
[4] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[5] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[6] Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor el 26 de junio de 1987.
[7] www.corteidh.or.cr. Revista CEJL Debates sobre Derechos Humanos y Sistema Interamericano. Artículo “La noción de tortura en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Abogada. En ese entonces de publicación del articulo en el año 2006, cursando estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, España.
[8] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.
[9] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.
[10] DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como legítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.