Sentencia EP-264-20 — Registro 10621
Resumen
Se interpuso Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, contra actuaciones de la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial en Materia Penal, manifiesta el peticionario que los agraviados los mantienen en prisión preventiva y no están siendo juzgados por órgano competente y la Corte de Apelaciones no atendió los plazos procesales con la debida diligencia y priorización del trámite antes de la emergencia sanitaria del CORONAVIRUS.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (9): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutora nombrada, este Alto Tribunal, observa que los beneficiarios de la presente garantía se encuentran privados de su libertad en virtud de orden emanada de autoridad competente; la revisión de la medida cautelar de la Prisión Preventiva y su posible sustitución por otra medida cautelar en libertad, no es una situación a ser dilucidada a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcados en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada a los Privados de Libertad todos expresan que su temor es en relación al COVID-19; no obstante, a ello de los informes emitidos se advierte que los Centros Penales están adoptando todas las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19 al interior de los recintos penales. con el objetivo de evitar la propagación del virus, se han impartido charlas informativas, los Privados de Libertad han recibido los insumos de higiene y se ha procedido a la desinfección de las bartolinas y otras medidas adoptadas que se relacionan en los informes emitidos. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los privados de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo del año dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto por el Abogado EDY ALEXANDER TÁBORA GONZALES, a favor de los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ, contra actuaciones de la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial en Materia Penal, manifiesta el peticionario que los agraviados los mantienen en prisión preventiva y no están siendo juzgados por órgano competente y la Corte de Apelaciones no atendió los plazos procesales con la debida diligencia y priorización del trámite antes de la emergencia sanitaria del CORONAVIRUS, están siendo juzgados por una jurisdicción que no tiene competencia para conocer de los delitos por los que se les acusa, lo que constituye violación al Debido proceso, que está pendiente un recurso de apelación que no ha sido resuelto, se denegó una solicitud de sustitución de la Prisión Preventiva, la cual fue decretada sin la debida motivación, que la prisión preventiva ha adquirido el carácter de una pena anticipada, asimismo, que está pendiente otra solicitud de revisión de medidas, que a raíz de la emergencia por el COVID-19 y por el hacinamiento de los centros penales, trae consigo sufrimientos innecesarios a los agraviados y que puede tener graves consecuencias para su salud y sus vidas pidiendo haberse defendido en libertad. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha diecinueve de marzo del año dos mil veinte, vía correo electrónico ante la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado EDY ALEXANDER TABORA, interpuso Recurso de Hábeas Corpus a favor de los Señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ, contra actuaciones de la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial en Materia Penal, manifiesta el peticionario que los agraviados están siendo juzgados en una jurisdicción que no tiene competencia para conocer de los delitos por los que se les acusa, que está pendiente un recurso de apelación que no ha sido resuelto, se denegó una solicitud de sustitución de la Prisión preventiva, la cual fue decretada sin la debida motivación que la prisión preventiva ha adquirido el carácter de una pena anticipada, asimismo, que está pendiente otra solicitud de revisión de medidas, que a raíz de la emergencia por el COVID-19 y por el hacinamiento de los centros penales, trae consigo sufrimientos innecesarios a los agraviados y que puede tener graves consecuencias para su salud y sus vidas pudiendo haberse defendido en libertad. (Folios del 1-14 de los autos) 2) Que en fecha veintiséis de marzo del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, tuvo por admitida la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutor a la Abogada LIKZA GISSELL MARTINEZ SUAZO, a efecto de realizar las averiguaciones pertinentes para determinar en qué estado se encuentran los agraviados y requerir en legal y debida forma a cuanta persona considere pueda brindar información en relación a los extremos planteados por el peticionario. (Folios 38 y 39fv de los autos) 3) Que en fecha seis de abril del año dos mil veinte, la Juez Ejecutora Abogada LIKZA GISSEL MARTINEZ SUAZO, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió su informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: “… PRIMERO: Que en fecha 30 de marzo del presente año, se recibió respectivo informe rendido por la señora Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en relación a los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, EVER ALEXIS CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNÁNDEZ, ARNOL JAVIER ALEMAN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DIAZ, en el cual establece que los señores antes mencionados se les dictó auto de formal procesamiento por los delitos de INCENDIO AGRAVADO Y PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, en perjuicio del señor SANTOS HERNANDEZ COREA y por el delito de INCENDIO AGRAVADO, en perjuicio de LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES LOS PINARES S.A. DE C.V., imponiéndoles la medida de prisión preventiva, las que deberán cumplir en el Centro Penal del Barrio Inglés de La Ceiba departamento de Atlántida, en el caso del señor Jeremías Martínez Díaz y los demás en el Centro Penitenciario de Olanchito, departamento de Yoro.- El estado actual del proceso se presentó un recurso de apelación por parte del ministerio Público y Defensores Privados de los imputados, contra la resolución dictada por este juzgado en fecha primero de Septiembre del año dos mil diecinueve… SEGUNDO: En fecha treinta de marzo del presente año se recibió informe del Director del Centro Penal de Olanchito, en el cual se establece que los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELLINO CEDILLO, EVER ALEXIS CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNÁNDEZ y ARNOL JAVIER ALEMAN SORIANO, fueron recibidos en este establecimiento penitenciario el 30 de octubre del año dos mil diecinueve quienes una vez recibidos en este establecimiento penitenciario el 30 octubre del año dos mil diecinueve, quienes una vez recibidos fueron ubicados y clasificados en la bartolina número 7, los cuales gozan de buena salud supervisada por un médico mediante evaluaciones frecuentes, han recibido charlas de prevención del COVID- 19, lavado y desinfección de bartolinas e integración a los grupos de salud y educación del centro penitenciario, de igual forma se observan los protocolos del manejo del CIVID-19.- TERCERO: En el informe de fecha 30 de marzo del presente año, rendido por el señor Director del Centro Penal del Barrio Inglés de la ciudad de la Ceiba manifiesta que el señor JEREMIAS MARTINEZ DIAZ, se encuentra recluido en dicho centro penal desde el 30 de noviembre del año 2018 y en respuesta a lo solicitado se le hizo una revisión médica por parte del departamento médico del centro penitenciario y concluyó este que se encuentra en buen estado de salud.- CUARTO: Se acompañan las respectivas actas de entrevista de fecha veintiséis de marzo del presente año, realizada a los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELLINO CEDILLO, EVER ALEXIS CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNÁNDEZ, ARNOL JAVIER ALEMAN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DIAZ, en las que expresan su temor a la pandemia. QUINTO: Del informe rendido por el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia Penal con sede en Tegucigalpa, se desprende que los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELLINO CEDILLO, EVER ALEXIS CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNÁNDEZ, ARNOL JAVIER ALEMAN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DIAZ, se les ha incoado diligencias en las cuales en todo momento se les ha respetado el debido proceso, por lo que su detención está apegada a derecho.- SEXTO: Que, haciendo un análisis de todas las diligencias realizadas se considera que los centros penitenciarios están tomando todas las medidas necesarias para evitar la propagación del CORONAVIRUS (COVID-19), de los informes y de las entrevistas realizadas a los internos, se puede apreciar que han recibido charlas informativas y reciben los insumos de higiene, garantizando con ello el derecho a la Salud…. SEPTIMO: Que el fin supremo del Estado es la Persona Humana por lo tanto está en la obligación de protegerla y respetarla y en ese sentido y siendo público lo que acontece en el país en relación a la pandemia las autoridades de los centros penales están obligadas a garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad que se encuentran bajo su tutela, en tal sentido se recomienda que en dichos centros penales se sigan observando las medidas que hasta la fecha han implementado, encaminadas a poder salvaguardar a los internos, a efecto de evitar cualquier contaminación que perjudicara su salud.- OCTAVO: Teniendo en cuanta lo que establece el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional el cual establece que “El Hábeas Corpus o exhibición personal procederá cuando: La persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo del goce de su libertad o cuando en su detención o prisión legal se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda molestia coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión…. NOVENO: La suscrita Juez Ejecutora nombrada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa… (Sic) “DECLARAR NO HA LUGAR, la acción del Recurso de HABEAS CORPUS interpuesto por el Abogado Edy Alexander Tabora Gonzales, a favor de los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNÁNDEZ, ARNOL JAVIER ALEMAN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DIAZ….” (Folios del 86 al 91 de los autos). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha diecinueve de marzo del presente año dos mil veinte, mediante correo electrónico enviado a la cuenta de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, el Abogadas Edy Alexander Tabora Gonzales, interpuso Garantía de Hábeas Corpus a favor de los Privados de Libertad señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ, contra actuaciones de la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial en Materia Penal, según el peticionario los privados de Libertad a favor de quienes se interpuso la Garantía de Hábeas Corpus, están siendo juzgados en una jurisdicción que no tiene competencia para conocer de los delitos por los que se les acusa, que está pendiente un recurso de apelación que no ha sido resuelto, se denegó una solicitud de sustitución de la Prisión Preventiva, la cual fue decretada sin la debida motivación que la prisión preventiva ha adquirido el carácter de una pena anticipada, asimismo, que está pendiente otra solicitud de revisión de medidas, que a raíz de la emergencia por el COVID-19 y por el hacinamiento de los centros penales, trae consigo sufrimientos innecesarios a los agraviados y que puede tener graves consecuencias para su salud y sus vidas pudiendo haberse defendido en libertad. CONSIDERANDO (5): Que en fecha seis de abril del presente año dos mil veinte, la Juez Ejecutora nombrada a prevención por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para conocer de la garantía constitucional promovida, Abogada Likza Gissel Martínez Suazo, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye declarar No Ha Lugar el recurso de Hábeas Corpus interpuesto, al concluir que los motivos objeto del presente recurso que expone el recurrente no se encuentran contemplados en el Artículo 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (7): Que, en el ejercicio de sus atribuciones, le corresponde a esta Sala de lo Constitucional conocer de la presente acción, observando como resultado del análisis de los antecedentes, que la Juez Ejecutora nombrada, ha conocido del recurso de Hábeas Corpus y ha resuelto como si se tratara de un procedimiento más, sin tener en cuenta el tiempo de Pandemia por el esparcimiento del virus COVID-19, que vive actualmente nuestro país y el mundo entero. En ese sentido, se debe mencionar que el Presidente Constitucional de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 3,171, de fecha 1 de febrero de 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a la personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19.- En fecha posterior, el 16 de marzo de 2020, se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201, de fecha 16 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han venido extendiendo en el tiempo hasta esta fecha. Se debe mencionar que las restricciones ordenadas, han venido a contribuir aún más, con el deterioro de las ya existentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los centros penitenciarios, por lo que corresponde al Estado de Honduras el garantizar los derechos fundamentales aludidos a la luz de la declaración constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, señalando la obligatoriedad de protegerla. CONSIDERANDO (8): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. CONSIDERANDO (9): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutora nombrada, este Alto Tribunal, observa que los beneficiarios de la presente garantía se encuentran privados de su libertad en virtud de orden emanada de autoridad competente; la revisión de la medida cautelar de la Prisión Preventiva y su posible sustitución por otra medida cautelar en libertad, no es una situación a ser dilucidada a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcados en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada a los Privados de Libertad todos expresan que su temor es en relación al COVID-19; no obstante, a ello de los informes emitidos se advierte que los Centros Penales están adoptando todas las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19 al interior de los recintos penales. con el objetivo de evitar la propagación del virus, se han impartido charlas informativas, los Privados de Libertad han recibido los insumos de higiene y se ha procedido a la desinfección de las bartolinas y otras medidas adoptadas que se relacionan en los informes emitidos. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los privados de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (10): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por el Abogado EDY ALEXANDER TÁBORA GONZALES, a favor de los Privados de Libertad KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ, contra actuaciones de la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial en Materia Penal, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia, a la defensa de los Privados de Libertad KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ. 2.-Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo de las diligencias en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-264-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.