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Sentencia EP-263-20 — Registro 10851

Resumen

Se interpuso Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal contra actuaciones del Director de la Penitenciaria Nacional de Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el recurrente que su representado se encuentra recluido en dicho Centro Penal y que estando en prisión alcanzó la tercera edad, pues a la fecha tiene 66 años, lo cual en razón de su edad y la situación actual que se vive en el país, estima que su salud corre riesgo por el posible contagio del virus COVID-19, al permanecer recluido y en condiciones de hacinamiento.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en su condición indicada los Jueces Ejecutores, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindieron el informe correspondiente, en el que concluye que en fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió la Carta de Libertad Definitiva, emitida por el Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a favor del privado de libertad GERMAN ALEXANDER VASQUEZ, por el cumplimiento de la pena por el delito de Portación Ilegal de Armas; sin embargo no se procedió a su excarcelación por mantener en su contra dos procesos pendientes: Por el delito de Asesinato y Asociación Ilícita, a la orden del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en el cual existe un fallo condenatorio; y, por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, a la orden del Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, el cual a esa fecha estaba pendiente la celebración de la Audiencia de Imputado. Constatándose entonces que no adolece de ningún maltrato físico ni tampoco se encuentra sometido a ningún tipo de vejamen ni tortura. Por lo que, en base a lo actuado por los Jueces Ejecutores, estos resolvieron: declarar sin lugar la acción de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada MARIA SANTOS VÁSQUEZ PÉREZ, a favor del señor GERMAN ALEXANDER VASQUEZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional concluye, al igual que lo han hecho los Jueces Ejecutores, que al no haberse confirmado las circunstancias señaladas sobre la situación del señor GERMAN ALEXANDER VASQUEZ, el caso que no se enmarca entre aquellos, que la Ley Sobre Justicia Constitucional contempla como ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier modo en el goce de su libertad individual; o como tormentos, torturas, vejámenes, restricciones, molestias innecesarias; de ahí que el recurso de Hábeas Corpus interpuesto a su favor al ser denegado por el Juez Ejecutor está apegado a derecho.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de mayo del año dos mil veinte.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto por el Abogado Luis Ramón Romero Ochoa, a favor del señor Jorge Alberto Rivera Estrada, contra actuaciones del Director de la Penitenciaria Nacional de Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el recurrente que su representado se encuentra recluido en dicho Centro Penal y que estando en prisión alcanzó la tercera edad, pues a la fecha tiene 66 años, lo cual en razón de su edad y la situación actual que se vive en el país, estima que su salud corre riesgo por el posible contagio del virus COVID-19, al permanecer recluido y en condiciones de hacinamiento.-ANTECEDENTES: 1) Que, en fecha tres de abril del presente año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado Luis Ramón Romero Ochoa, interponiendo garantía constitucional de Hábeas Corpus individual a favor del señor Jorge Alberto Rivera Estrada, contra actuaciones del Director de la Penitenciaria Nacional de Támara, departamento de Francisco Morazán, manifestando el recurrente que el señor Jorge Alberto Rivera Estrada está cumpliendo una pena privativa de libertad en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán, desde el año 2002, ha estado recluido durante aproximadamente dieciocho (18) años, estando en reclusión llegó a la tercera edad, pues a la fecha tiene 66 años de edad, lo cual a razón de su edad y la situación actual se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Por su avanzada edad, tiene un riesgo latente y evidente de ser afectado en su salud, de ver vulnerada su integridad física, incluso perder la vida si continúa recluido, pues las probabilidades de contagiarse por la enfermedad del COVID 19 o coronavirus son extremadamente altas, aunque ya es de conocimiento del Juzgador, este virus ha alcanzado el grado de Pandemia y está afectando a toda la población mundial, acción que por mandato constitucional y supra-constitucional el Estado de Honduras no puede permitir. (Folios del 2-8 de los autos).-2) En fecha tres de abril del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, resolvió: (Sic) “1) Tener por admitido la Garantía Constitucional de HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL INTERPUESTO por el Abogado LUIS RAMON ROMERO OCHOA Actuando a favor del señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA.- 2) Nómbrese a la Abogada GAVY HENRIQUEZ inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet N0. 6621, como Juez Ejecutor Adscrito a la Defensa Pública, a quien deberá libársele la debida comunicación y asimismo se le hará saber el nombramiento en el recaído para su aceptación y demás efectos legales. - 3) Remitir las presentes diligencias al día hábil siguiente a la Corte de Apelaciones de lo Penal de esta Sección Judicial. (Folios 9 y 10fv de los autos).-3) En fecha diez de abril del año dos mil veinte, la Jueza Ejecutora nombrada, en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, presentó ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el informe correspondiente, consignando entre otros hechos lo siguiente: “PRIMERO:… SEGUNDO: Que en esa misma fecha, seis (6) de abril del presente año (2020), entrevisté al Señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA, quien me manifestó que tiene diecisiete años y medio de estar en prisión, cuenta con sesenta y cinco (65) años de edad, que padece la enfermedad de diabetes mellitus grado 2, de hipertensión arterial, que toma insulina y medicamentos para el control de los referidos padecimientos, que dentro del centro penal se le ha brindado los respectivos controles médicos, y que también toma antidepresivos dos veces al día, en horas de la mañana y por la tarde, en vista que padece de un trastorno al sueño. Al momento de la entrevista, pude constatar que el señor RIVERA ESTRADA aparentemente gozaba de salud, de buenas condiciones físicas y coherente en el desarrollo de sus acciones. también pude observar que estaba haciendo uso de algunas medidas de bioseguridad en razón del COVID-19, ya que llevaba puesto una mascarilla en su cara. TERCERO: El Informe requerido del Centro Penitenciario fue emitido por el Coronel de Ingeniería D.E.M. CESAR RUDY VALLE MEJIA, quien es el nuevo Director del referido centro de reclusión, quien me manifestó que el señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA ingreso al Centro Penitenciario de Tamara el cuatro (4) de noviembre del año dos mil dos (2002), por el delito de Parricidio en perjuicio de la señora MARIA DEL CARMEN CENTENO SARMIENTO, que actualmente se encuentra recluido en calidad de sentenciado y condenado a cumplir una pena de treinta y dos (32) años de reclusión. También hace alusión a lo siguiente: 1.-Un informe médico emitido en fecha seis (6) de abril del dos mil veinte (2020), por el Doctor JUAN ANGEL LUPIAC RODRIGUEZ, en su calidad de Medico Asistencial del Hospital del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, en el que dicho galeno manifiesta que el señor RIVERA ESTRADA padece de hipertensión arterial crónica y diabetes miellitus tipo I, entre otros padecimientos, y que por su condición actual de salud requiere de un manejo estricto con la toma de sus medicamentos. 2. Un informe psicológico de fecha seis (6) de abril del mismo año (2020), suscrito por la Licenciada MABEL RODRIGUEZ, del departamento de Psicología del mismo Centro Penal. En este mismo informe psicológico, la Licenciada expresa que se le realizó la respectiva evaluación psicológica al señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA, quien se mostró colaborativo a todo lo solicitado, que demostró interés y que se involucró de lleno en el proceso de evaluación…que su estado mental es óptimo…También acotó que, durante su estancia en el centro de reclusión, el señor RIVERA ESTRADA, ha presentado ciertos problemas de salud, así como mentales, por lo cual fue necesario darle atención médica, que comenzara un tratamiento controlado para ayudarle a conciliar el sueño, la depresión, diabetes y la hipertensión, lo cual implica tener que tomar los respectivos medicamentos. Por otro lado, dijo que el señor también acude dos veces al mes al Hospitalito ubicado dentro del Centro Penitenciario, con el fin de ser asistido medicamente, que cada tres (3) meses es monitoreado y atendido psiquiátricamente por un especialista psiquiátrico…Enfatizó que durante el tiempo que el privado de libertad ha estado recluido, sus garantías y derechos fundamentales no han sido objeto de violación alguna, que ha recibido la necesaria y oportuna atención médica, psicológica y psiquiátrica en pro de su salud mental y física….CUARTO: Cabe mencionar que al momento de mi ingreso al Centro Penitenciario pude constatar personalmente que se están poniendo en práctica las medidas de bioseguridad aplicables en razón de la pandemia COVID-19 que actualmente afecta al mundo entero. QUINTO:…SEXTO:… POR TANTO: La suscrita Juez Ejecutora…ES DEL CRITERIO QUE SE DEBE DECLARAR NO HA LUGAR LA ACCION DEL RECURSO DE EXHIBICION PERSONAL interpuesto por el Abogado LUIS RAMON ROMERO OCHOA en favor del señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA…”. (Folios del 29-33 de los autos).-4) En fecha diez de abril del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolvió: (Sic) “1) Tener por recibido el Informe presentado por la Abogada GAVI HENRIQUEZ, en su condición de Juez Ejecutor, nombrada en la Garantía Constitucional de HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL, interpuesto por el Abogado LUIS RAMON ROMERO OCHOA, a favor del señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA.- 2) Este Juzgado se inhibe de seguir conociendo y ordena la remisión de las Diligencias que contiene la Garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, a favor del señor antes mencionado, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que sea ésta, la que proceda a emitir la sentencia correspondiente.” (Folio 38fv de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.-CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]-CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”.-CONSIDERANDO (4): Que en fecha tres de abril del presente año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán el Abogado LUIS RAMÓN ROMERO, interponiendo Garantía de Hábeas Corpus a favor del Privado de Libertad señor JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA, contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, según el peticionario por haber llegado el agraviado a la tercera edad, estando en reclusión, al tener la edad de 66 años, lo cual a razón de su edad y padecimientos de salud es vulnerable a contagiarse con el virus COVID-19.-CONSIDERANDO (5): Que en fecha nueve de abril del presente año dos mil veinte, la Juez Ejecutora nombrada a prevención por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, para conocer de la garantía constitucional promovida, Abogada Gavy Carolina Henríquez Banegas, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye declarar No Ha Lugar el recurso de Hábeas Corpus interpuesto, al concluir que al analizar la situación actualmente imperante en el país en razón de la propagación del COVID-19, los centros penales están tomando las medidas necesarias de bioseguridad, prevención y precaución para evitar que la población penitenciaria se vea afectada con el contagio por este virus, ya que se encuentra en el territorio nacional; ello de los informes presentados y la entrevista realizada al señor Rivera Estada, se puede concluir que se le han respetado sus derechos humanos y se han observado e implementado los lineamientos para la prevención y mitigación del contagio del virus entre las personas privadas de libertad.-CONSIDERANDO (6): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[3] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley.-CONSIDERANDO (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[4], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[5]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”.-CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[6]; la Corte Interamericana también ha manifestado que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”[7] (Énfasis nuestro).-CONSIDERANDO (9): Que como consecuencia de la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente Constitucional de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 3,171 de fecha 1 de febrero de fecha 1 de febrero del año 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a las personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19. Posterior a ello, en fecha 16 de marzo del año 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han prologando hasta la fecha con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Se debe mencionar que las restricciones ordenadas, han venido a contribuir aún más, con el deterioro de las ya existentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los Centros Penitenciarios, por lo que corresponde al Estado de Honduras el garantizar derechos fundamentales aludidos a la luz de la declaración constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, señalando la obligatoriedad de protegerla.-CONSIDERANDO (10): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, emitió la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.-CONSIDERANDO (11): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutora nombrada, este Alto Tribunal, observa que el beneficiario de la presente garantía se encuentra privado de su libertad en virtud de sentencia condenatoria por el delito de Parricidio, a una pena de 32 años de reclusión; la revisión de la condena firme y el cumplimiento de ésta y el acceder a beneficios de Libertad Condicional y otros establecidos legalmente, no son situaciones a ser dilucidadas a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcadas en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada al Privado de Libertad Jorge Alberto Rivera Estrada, se advierte que se le está proporcionando el medicamento, a efecto de controlar la enfermedad que padece de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, refiere asimismo que ha tenido control médico al interior del Centro Penitenciario. Observando asimismo la Juez Ejecutora que los centros penales están tomando las medidas necesarias de bioseguridad, prevención y precaución para evitar que la población penitenciaria se vea afectada con el contagio por el virus COVID-19. Esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal del privado de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.-CONSIDERANDO (12): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado LUIS RAMÓN ROMERO OCHOA, a favor del Privado de Libertad JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TÁMARA, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia, a la defensa del Privado de Libertad JORGE ALBERTO RIVERA ESTRADA; 2.-Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo de las diligencias en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020 recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0263-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.

[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.

[3] Artículo 1, último párrafo de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

[4] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[5] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[6] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.

[7] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.