Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia EP-257-20 — Registro 10615

Resumen

Se interpuso Exhibición Personal contra actuaciones del Director de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), manifiesta la peticionaria que: “…la agraviada padece de enfermedades crónicas, lo que complican su vida y su estado inmunológico, asimismo, debido a las condiciones de hacinamiento del Centro Penitenciario antes citado, (lugar donde guarda prisión la agraviada), pone en riesgo su salud y la vida, por no tener las condiciones mínimas de higiene y distanciamiento recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que pone en eminente riesgo su salud, ante la pandemia del Covid-19…”.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Considerando (11): Que el derecho a la vida comprende por lo menos, el derecho de toda y todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna, teniendo el Estado de Honduras la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzca violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agente o terceros atente contra él. Considerando (12): Que la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal, es un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, frente a los actos de autoridad que con infracción, violación o inobservancia de normas constitucionales y legales la perturben o priven de ella, así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. Considerando (13): Que la Corte Interamericana ha señalado sobre el derecho a la salud en el caso de los privados, al desarrollar la sentencia Chinchilla Sandoval vs. Guatemala, estableciendo que los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia. Lo anterior, como resultado de la interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al privado de libertad se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna, en los términos que sean posibles en esas circunstancias. Considerando (14): Que también señala ese Tribunal Interamericano que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha identificado la obligación de los Estados de proveer atención médica a los privados de libertad y de proporcionar cuidados especiales en situaciones de emergencia o debido cuidado en caso de enfermedad severa o terminal. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo la atención médica adecuada, la cual debe ser ofrecida de oficio, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra detenido. Considerando (15): Que tomando lo señalado por la Corte Interamericana, la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros. Considerando (16): Que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina (sentencia de 6 de febrero de 2020) que en lo que respecta al derecho a la alimentación adecuada, puede identificarse también en el artículo XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que dispone que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación”, entre otros aspectos; además, el artículo 12.1 del Protocolo de San Salvador, expresa que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló en su Observación General 12, contenido básico del derecho a la alimentación que comprende: la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada, y la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. Considerando (17): Que, por los fundamentos legales antes señalados frente a lo constatado por el juez ejecutor, está Sala de lo Constitucional procede declarar ha lugar la garantía de exhibición personal en cuanto a que se enmienden las condiciones en que se desarrolla la detención o prisión de las personas por las que se interpuso la acción, por cumplir lo señalado en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo permitirse y dar acceso a los medicamentos, insumos de higiene y alimentación adecuada que ha sido determinado por el personal médico del Centro de Detención.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, tres de junio de dos mil veinte. Visto: Para dictar sentencia en la garantía de Exhibición Personal interpuesta por la abogada Gloria Martiza García a favor de Sandra Luz Jovel López contra actuaciones del Director De La Penitenciaria Nacional Femenina De Adaptación Social (PNFAS), manifiesta la peticionaria que: “…la agraviada padece de enfermedades crónicas, lo que complican su vida y su estado inmunológico, asimismo, debido a las condiciones de hacinamiento del Centro Penitenciario antes citado, (lugar donde guarda prisión la agraviada), pone en riesgo su salud y la vida, por no tener las condiciones mínimas de higiene y distanciamiento recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que pone en eminente riesgo su salud, ante la pandemia del Covid-19…”. Antecedentes 1) Que en fecha tres de abril de dos mil veinte, la abogada Gloria Martiza García compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando garantía de Exhibición Personal a favor de Sandra Luz Jovel López, contra actuaciones del Director De La Penitenciaria Nacional Femenina De Adaptación Social (PNFAS), manifestando: “…que su representada padece de enfermedades crónicas como ser diabetes, hipertensión, está siendo tratada de cáncer de colon incluso la operaron de este cáncer y ha interrumpido sus quimioterapias de cáncer por esta situación de pandemia que nadie puede ni debe movilizarse y así también padece de esclerosis múltiples, por lo que todos estos padecimientos complica su vida y su estado inmunológico no es para estar en lugares muy habitados y con riesgo de esta pandemia ya que ella se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y están en una Sala donde comparte con varias mujeres más de manera sobrepoblada esta cubículo y de condiciones que no son las mejores para su condición antes descrita , ya que esto pone en riesgo su inminente salud y desde luego lo primordial la vida antes esta pandemia Covid-19, que afecta esta nación y el mundo”. (Folios núm. 2 al 6 del expediente de la garantía). 2) Que en esa misma fecha, el Juzgado antes mencionado, admitió la garantía de exhibición personal de mérito y nombró como juez ejecutora a la abogada Reina Suyapa Sánchez Espinoza, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatará de manera inmediata los hechos narrados por la recurrente, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, debiendo ordenar a la autoridad recurrida, rendir el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio núm. 32 del expediente de la garantía). 3) Que la jueza ejecutora Reina Suyapa Sánchez Espinoza, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de abril de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros lo siguiente: a) Que se trasladó al Centro Penitenciario Nacional Femenina de Adaptación Social de Tamara (PNFAS) el día tres de abril de dos mil veinte, y se personó en la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y requerí en legal y debida forma a la Sub-Comisionada de Policía Nolvia Cristina Sorto Herrera Directora de dicho centro, a efecto de que en el término de 24 horas rinda informe detallado sobre la situación de Sandra Luz Jovel Lopez, con relación al recurso de habeas corpus interpuesto. b) Que en esa misma fecha entrevisto a la señora Sandra Luz Jovel Lopez quien me manifestó que es una persona diabética y necesita insulina, la cual se la ponen dos veces al día en ayunas y después de cenar, aclara que no es hipertensa, que tiene neuropatía periférica a raíz de la diabetes, que le da dolor y por eso toma pastilla Gabital 300, que antes de la cuarentena recibía visita cada semana por parte de su hijo Pablo Landaverde y su hermano, pero que debido a la cuarentena las cosas han cambiado pero le permiten el ingreso de alimentos, medicamento, frutas que le lleven sus familiares semanalmente, agrega también que recibió quimioterapia y que funcionaron muy bien porque actualmente no tiene cáncer pero tiene que hacerse chequeo dentro de cinco años que padece de la tiroides y que la señora Sandra Luz Jovel López cuando se hizo la entrevista portaba mascarilla. c) Que en fecha seis de abril del mismo año me traslade nuevamente al Centro Penitenciario Nacional Femenina de Adaptación Social de Tamara (PNFAS), y fue entregado a la suscrita el informe por parte de la Directora Nolvia Cristina Sorto Herrera quién me manifestó que se les brinda a las internas charlas relacionadas con la prevención de la enfermedad del Coronavirus COVID-19, que se le doto de kit de higiene personal para la prevención del Covid-19, mascarilla, guantes, jabón líquido, desinfectante, gel de manos, papel toalla, cloro. Aclara que se creó un área de aislamiento en el interior de dicho Centro Penitenciario para cualquier privada de libertad que resulte sospechosa del COVID-19, se está fumigando los productos alimenticios embolsados que traen los familiares, se creó un protocolo de manejo de privadas de libertad para identificar cuando las privadas de libertad están en crisis, estrés y pánico, también se creó un grupo de apoyo que incluye Consejo Técnico interdisciplinario de esta Penitenciaria en coordinación con el Departamento Médico para la toma de decisiones. También aclara que se está realizando evaluación médica periódica a la privada de libertad Sandra Luz Jovel López, así como la fumigación a todo el personal administrativo y operativo antes de ingresar a laborar a estas instalaciones (ropa, zapatos, bolso y cartera) situación que pude comprobar personalmente, ya que para ingresar a dicho centro tuve que introducir la plantilla de mi zapato en un recipiente de metal con cloro, se fumigó el carro de la corte por dentro y por fuera, también mi persona. d) Que en fecha seis de abril entreviste a la Doctora Bessy Paola Avila Mendoza, Médico de dicho centro, quién me manifestó que la señora Sandra Luz Jovel Lopez, no está en una etapa de Fase Terminal y se encuentra hemodinamicamente estable dentro de su patología de base, sin signos o síntomas de descomposición con apego a su tratamiento indicado por su médico tratante, se encuentra lucida consiente, orientada con glasgow 15/15 todo el sistema neurológico. e) Que esta Juez ejecutor resuelve declarar no ha lugar la acción de exhibición personal interpuesta. (Folios núm. 71 al 73 del expediente de la garantía). 4) Que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial del Departamento de Francisco Morazán, mediante auto de fecha nueve de abril del año dos mil veinte, resolvió tener por recibido el informe presentado por la Juez Ejecutora Sánchez Espinoza, y se inhibió de seguir conociendo el recurso de mérito y ordenó la remisión de las diligencias que contiene la garantía de habeas corpus a favor de Sandra Luz Jovel Lopez, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, habiéndose recibido dicho expediente en esta Sala el dieciséis de abril del año dos mil veinte. Fundamentación Jurídica Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182, 313 y 316 de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3, 9 y 13 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Considerando (2): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-8/87, que versa sobre el Hábeas Corpus, encontrando que indica que en un sentido clásico tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad; posteriormente se cita el artículo 7 numeral sexto de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual establece que: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”. Considerando (3): Que siguiendo lo preceptuado en el mismo artículo 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, encontramos que en el numeral quinto (Toda persona… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…) está referido a las personas que han sido detenidas en un proceso penal y está inescindiblemente ligado al contemplado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Se puede establecer también que, si alguien es detenido en virtud de un proceso penal, es presentando ante un juez que determinara la licitud de la privación de la libertad frente a la presunción de inocencia y cuya culpabilidad o responsabilidad no ha sido establecida. Considerando (4): Que el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado en el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 se declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control y garantizar la atención a las personas que están padeciendo de dengue; asimismo fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19). Considerando (5): Que se han publicado diversos Decretos Ejecutivos ratificados por el Congreso Nacional, donde se estableció la restricción de los derechos constitucionales. en todo el territorio nacional; asimismo se han emitieron otros Decretos Ejecutivos contentivos de otras prorrogas a la restricción de derechos constitucionales antes citados, por lo que estando vigente una limitación al derecho de circulación y habiéndose establecido medidas de aislamiento social en vista de la pandemia de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19). Considerando (6): Que la jueza ejecutora presentó el informe requerido por el órgano jurisdiccional donde concluye: declarar sin lugar la exhibición personal a favor de la ciudadana señalada en el preámbulo de esta sentencia, por no acreditarse a su criterio ninguno de los presupuestos procesales para el otorgamiento de la causal, aunque también señalo aspecto sobre el acceso a medicamentos a la cárcel. Considerando (7): Que dentro de los presupuestos procesales del hábeas corpus se establece su procedencia cuando se constante que en la detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión; esta órgano jurisdiccional ha dictado diversas sentencias en donde ha dictado medidas correctivas al funcionamiento del sistema penitenciario del país.[1] Considerando (8): Que se ha señalado por parte de este Tribunal[2] que el derecho a la protección de la salud se encuentra constitucionalizado en el artículo 145 de la Constitución de la República, en donde se reconoce que es deber de todos y todas participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, debiendo orientarse las actividades del Estado y de las entidades públicas y privadas sujetarse a esta disposición. Considerando (9): Que también se ha señalado en la jurisprudencia constitucional que el Estado de Honduras se ha suscrito al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se reconoce en su artículo 12 que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, debiendo realizar medidas que aseguren la plena efectividad de este derechos, a través de la reducción de la mortinatalidad y de las mortalidad infantil, y en el sano desarrollo de las y los niños; el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; la creación de condiciones que aseguren a todas y todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Mientras que en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, el que establece en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; para hacer efectivo esto, los Estados deben adoptar medidas para garantizar la atención primaria de la salud, entendiendo como la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; extensión de los beneficios de los servicios de salud a todas y todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riego y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables, entre otros criterios. Considerando (10): Que el derecho a la salud contiene los elemento de disponibilidad de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, además de agua potable, condiciones sanitarias básicas, hospitales y centro de salud profesionales capacitados; un acceso a la salud sin discriminación, con alcance geográfico razonable, asequibilidad, incluido la económica, para todas y todos con base al principio de equidad; respeto a la ética médica y con las diferentes culturas, y; métodos aceptables desde el punto de vista culturas, científico y médico, de buena calidad.[3] Las obligaciones básicas del reconocimiento del derecho a la salud se debe destacar el aseguramiento del acceso a una alimentación esencial mínima, un correcto suministro de agua potable, la facilitación de medicamentos esenciales, una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud. Considerando (11): Que el derecho a la vida comprende por lo menos, el derecho de toda y todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna, teniendo el Estado de Honduras la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzca violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agente o terceros atente contra él.[4] Considerando (12): Que la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal, es un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, frente a los actos de autoridad que con infracción, violación o inobservancia de normas constitucionales y legales la perturben o priven de ella, así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. Considerando (13): Que la Corte Interamericana ha señalado sobre el derecho a la salud en el caso de los privados, al desarrollar la sentencia Chinchilla Sandoval vs. Guatemala, estableciendo que los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia. Lo anterior, como resultado de la interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al privado de libertad se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna, en los términos que sean posibles en esas circunstancias. Considerando (14): Que también señala ese Tribunal Interamericano que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha identificado la obligación de los Estados de proveer atención médica a los privados de libertad y de proporcionar cuidados especiales en situaciones de emergencia o debido cuidado en caso de enfermedad severa o terminal. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo la atención médica adecuada, la cual debe ser ofrecida de oficio, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra detenido. Considerando (15): Que tomando lo señalado por la Corte Interamericana, la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros. Considerando (16): Que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina (sentencia de 6 de febrero de 2020) que en lo que respecta al derecho a la alimentación adecuada, puede identificarse también en el artículo XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que dispone que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación”, entre otros aspectos; además, el artículo 12.1 del Protocolo de San Salvador, expresa que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló en su Observación General 12, contenido básico del derecho a la alimentación que comprende: la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada, y la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. Considerando (17): Que, por los fundamentos legales antes señalados frente a lo constatado por el juez ejecutor, está Sala de lo Constitucional procede declarar ha lugar la garantía de exhibición personal en cuanto a que se enmienden las condiciones en que se desarrolla la detención o prisión de las personas por las que se interpuso la acción, por cumplir lo señalado en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo permitirse y dar acceso a los medicamentos, insumos de higiene y alimentación adecuada que ha sido determinado por el personal médico del Centro de Detención. Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; falla: 1) declarar No ha lugar la garantía de hábeas corpus correctiva interpuesta por la abogada Gloria Martiza García a favor de Sandra Luz Jovel López; 2) Se ordena que las autoridades penitencias proceder a garantizar el acceso a los medicamentos prescritos, alimentación e insumos de higiene que requieren los privados de libertad indicados, que serán distribuidos por parte de la Autoridad Pública, así como los que suministren sus familiares a ellos, mediante los protocolos apropiados para su entrega, que afiancen la seguridad interna de la prisión. Y manda: Que una vez notificada y firmé la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al órgano en revisión. Redactó la magistrada Álvarez Sagastume. Notifíquese. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de junio de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-257-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Cfr. Las sentencias dictadas en los hábeas corpus SCO-1079-19 y SCO-1131-2019.

[2] Cfr., sentencia SCO-0197-2017 acumulada con la SCO-0203-2017.

[3] Ver Observación General No 14 en el informe de la Conferencia sobre la Atención Primaria de Salud, capítulo 3.

[4] Ver de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos el Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Sentencia de dos de septiembre de 2004, párr. 156.