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Sentencia EP-249-20 — Registro 10850

Resumen

Se interpuso recurso de exhibición personal contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario, por considerar el peticionario que su representada permanece recluida en el Centro de Adaptación Social o Centro Femenino de Adaptación Social, ubicado en la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán y adolece la enfermedad de hipertensión arterial, lo que pone su salud en situación de riesgo ante la posibilidad de contagio del virus Covid-19.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por la jueza ejecutora, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito determina que lo expresado por la defensora pública, abogada Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de juez ejecutora, es correcto y por ende procede declarar sin lugar la garantía constitucional de habeas corpus de que se hace mérito. Dicha decisión se fundamenta en que la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila no se encuentra ilegalmente privada de libertad, tampoco ha sido sometida a tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal, coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, habida cuenta que este alto tribunal, estima que las autoridades del centro penal han tomado las medidas de bioseguridad adecuadas para proteger la vida y salud de las internas; lo que permite a este alto tribunal de justicia, dentro de lo racional y razonable asumir que, existe cierto grado de confianza para afirmar que la población del Centro de Adaptación Social o Centro Femenino de Adaptación Social, ubicado en la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, se encuentra bajo medidas de protección idóneas que ofrecen un grado aceptable de credibilidad. Rechazando, por tanto, hasta este momento, lo referido por el impetrante en cuanto al peligro que corre su poderdante ante un inminente contagio por el Covid-19. Con relación a la revisión de medida solicitada por el abogado Juan Carlos Berganza Godoy, se indica que esta diligencia no es propia de ser resuelta, mediante la garantía constitucional de exhibición personal. En consecuencia, procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintidós de abril de dos mil veinte. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de exhibición personal, interpuesta por el abogado Juan Carlos Berganza Godoy a favor de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario, por considerar el peticionario que su representada permanece recluida en el Centro de Adaptación Social o Centro Femenino de Adaptación Social, ubicado en la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán y adolece la enfermedad de hipertensión arterial, lo que pone su salud en situación de riesgo ante la posibilidad de contagio del virus Covid-19. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha cuatro de abril de dos mil veinte, el abogado Juan Carlos Berganza Godoy, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, interponiendo la garantía constitucional de exhibición personal a favor de la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario, por considerar que su representada permanece recluida en el Centro de Adaptación Social o Centro Femenino de Adaptación Social, ubicado en la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán y además, adolece la enfermedad de hipertensión arterial, encontrándose por ende su salud en situación de riesgo, ante un posible contagio del virus Covid-19. (Folio 2 vuelto de la garantía constitucional) 2. En fecha cuatro de abril de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, admitió la garantía constitucional de exhibición personal antes relacionada, nombrando como juez ejecutora a la abogada Giovinezza Dubois Zavala, para evacuar la presente garantía y para que presente el informe de las actuaciones correspondientes. (Folios 4-5 vuelto de la garantía constitucional) 3. En fecha trece de abril de dos mil veinte, la juez ejecutora, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: “…Con respecto a las medidas de prevención que se han adoptado para evitar el contagio y propagación del COVID-19: se mencionan todas las medidas como ser: 1. Prohibir visitas con algunas excepciones. 2. Se brindaron charlas. 3. Se dotó kit de higiene personal. 4. Se dotó de mascarillas e implementos de aseo. 5. Se creó el área de aislamiento. 6. Se habilitó área para personas de primer ingreso, 7. Se fumigaron todos los espacios. 8. Evaluación médica periódica a las privadas. 9. Fumigación a todo el personal administrativo y al operativo que ingresa a laborar, (ropa, zapatos, carteras, bolsas) 10. Fumigación de productos alimenticios y otros, que ingresen al centro, 11. Se creó protocolo para el manejo de privadas de libertad para cuando están en crisis, estrés y pánico, 12. Creación de grupo de apoyo para la toma de decisiones. Pudiendo constatar las medidas de prevención al momento de ingresar ya que me bajé del vehículo para poner los pies en solución desinfectante, se realizó fumigación del vehículo, así como las ropas y una vez dentro de las instalaciones los empleados portaban mascarillas… CONSIDERANDO: Que se realizó la entrevista a la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, desprendiéndose de la misma: Que se encuentra ubicada en el área de reflexión que es un hogar pequeño que es donde se encuentran las personas que tienen medidas de seguridad, que no comparte celda, ella tiene su cama, televisor, un mueble de plástico para su ropa y cuenta con un baño dentro de su celda que sólo ella utiliza. Con respecto a su salud, dice que tiene hipertensión arterial, hipotiroidismo y fibromialgia, y tiene medicamento para los dos primeros. El temor que ella tiene es que tiene la clínica y el área de castigo están cerca, y que las policías penitenciarias entran y salen del centro penal, no usan mascarillas dentro del centro y que no hay mucho medicamento. Ella cuenta con sus medicinas y usa mascarillas cuando sale del área de las oficinas… CONSIDERANDO: … Esta jueza ejecutora después de haber realizado todas y cada una de las diligencias pertinentes sobre la denuncia de provocarse de manera intencional malos tratos en perjuicio de ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, y con fundamento en la Ley sobre Justicia Constitucional, considero que no existe dicha situación, ya que como se ha establecido anteriormente, el Centro Penal es responsable de mantenerla bajo su custodia mientras no se ordene su excarcelación por el tribunal competente. En relación a la pandemia se han establecido las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19 dentro de los parámetros legales establecidos para la institución según los lineamientos para la prevención y manejo del covid-19 en la población privada de libertad Decreto 10-04-2020 emitido por la Secretaría de Salud del Estado de Honduras… Por otra parte en relación a lo narrado en el recurso de exhibición personal referente a la prisión preventiva vencida, tengo a bien expresar que ya se ha desarrollado anteriormente como esta la situación jurídica a la señora Bonilla Ávila, según los informes de la secretaría de la Sala de lo Penal y secretaría general de la Corte Suprema de Justicia, por ello se encuentra pendiente el trámite de notificación del fallo emitido para que surta efecto el mismo… POR TANTO:…DECLARA: No ha lugar la acción del recurso de exhibición personal, interpuesto por el abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA. (Folios 40-43 vuelto de la garantía constitucional). 4. En fecha trece de abril de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, resolvió: “1) Tener por recibido el informe presentado por Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de juez ejecutor, nombrada en la garantía constitucional de HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL, en donde DECLARA NO HA LUGAR, la garantía constitucional interpuesta por el abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA; 2) Este juzgado se inhibe de seguir conociendo y ordena la remisión de las diligencias que contienen la garantía de habeas corpus o exhibición personal, a favor de la señora antes mencionada, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que sea ésta la que proceda a emitir la sentencia correspondiente.” (Folio 4ó vuelto de la garantía constitucional). FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. Que de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de lo expuesto por el garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. El impetrante de la presente garantía constitucional de exhibición personal refiere que, la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila corre riesgo en su salud física y emocional por su condición de privada de libertad en el Centro de Adaptación Social o Centro Femenino de Adaptación Social, ubicado en la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán; debido a que dicho centro se encuentra sobrepoblado y sin capacidad de mantener normas de higiene, necesarias para evitar el contagio con el Covid-19. Argumenta además que su representada se encuentra comprendida en el grupo de personas con mayor riesgo, inclusive para su vida, debido a que padece de hipertensión arterial. En ese mismo sentido, el impetrante denuncia que dicho centro, además de sobrepoblado, carece de regulaciones mínimas de salubridad, poniendo en peligro inminente la vida de su poderdante. También argumenta que la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila se encuentra privada de libertad bajo la medida de prisión preventiva desde el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, habiendo transcurrido el tiempo máximo de duración, según dispone la legislación procesal penal vigente, acotando que dicho término no se puede prorrogar debido a que en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en casación, anulando el juicio oral y público. Como tercer argumento, el abogado defensor arguye que su poderdante no ha sido procesada por ningún delito que impida la imposición de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, razón que permite la revisión de la medida impuesta. Pero en todo caso, reitera el peligro que corre la vida y salud de su poderdante en virtud de padecer la enfermedad de hipertensión arterial, la cual es una causa calificada para agravar la situación de su poderdante en caso de ser contagiada por el virus Covid-19. Estima que mantener a su poderdante privada de libertad en las condiciones señaladas constituye malos tratos en contra de su persona, por lo que debe permitírsele en virtud del control de convencionalidad la revisión de la medida impuesta, tomando en consideración del derecho que goza a la presunción y estado de inocencia, sumado al derecho que tiene de ser juzgada en libertad y al hecho de haber transcurrido el término legal para mantenerla privada de libertad. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de las diligencias efectuadas por la jueza ejecutora en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. La jueza ejecutora Giovinezza Dubois Zavala, cumpliendo con el mandato de la Sala de lo Constitucional informa que en fecha cinco de abril de dos mil veinte, se personó en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social o Centro Femenino de Adaptación Social, ubicado en la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, donde requirió a la clase I de policía Jarlin Esmin Mejía Valladares, quien representaba en ese momento a la directora del centro penal, subcomisionada de policía Nolvia Cristina Sorto Herrera, para que le facilitara la ejecución de la garantía de exhibición personal a favor de la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila, y rindiera informe sobre la situación jurídica de la privada de libertad. De igual manera, le informara sobre las medidas de bioseguridad implementadas en el centro para evitar el contagio de la población interna con el COVID-19. A. Informe rendido por la directora del centro penal subcomisionada de policía Nolvia Cristina Sorto Herrera. En dicho informe destacan los puntos siguientes: 1) El ingreso de la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila al centro fue en fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho bajo el número interno 26606, por sindicársele responsable de haber cometido los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos a la orden del Juzgado de Letras con competencia penal en materia de corrupción. 2) En fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción, remitió a la Penitenciaria Nacional Femenina el oficio STC/CNMC-19ó-2019, expediente TS/CNMC-12-2018, para informar que la privada de libertad fue declarada culpable de tres delitos de apropiación indebida como un sólo delito continuado, a título de autora en perjuicio del Estado de Honduras, y ocho delitos de fraude en concurso real a título de inductora en perjuicio de la Administración Pública. 3) La ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila en encuentra ubicada en el área destinada a las privadas de libertad que gozan con medidas de seguridad. 4) En los registros médicos del centro penal no consta que adolece de alguna enfermedad. 5) Las medidas de prevención que se han adoptado para evitar el contagio y propagación del Covid-19, son: a) Prohibir visitas salvo excepciones; b) brindar charlas; c) dotar de kit de higiene personal; d) dotar de mascarillas e implementos de aseo; e) crear un área de aislamiento; f) Habilitar área para personas de primer ingreso; g) se fumigaron todos los espacios; h) Se practica evaluación médica periódica a las privadas; i) se fumiga a todo el personal administrativo y operativo que ingresa a laborar, (ropa zapatos, carteras, bolsas); j) Se fumigan los productos alimenticios y otros, que ingresan al centro; k) Se diseñó un protocolo para el manejo de las privadas de libertad en casos de crisis, como estrés y pánico; l) creación de un grupo de apoyo para la toma de decisiones. B. Informe médico rendido por la doctora Bessy Ávila, el seis de abril de dos mil veinte. Para los efectos de la presente garantía de exhibición personal, solamente se destacan los siguientes aspectos: Hipertensión arterial crónica, hipotiroidismo subclínico con apoyo a tratamiento médico particular. A la interna se le ha permitido salir del centro para asistir a citas médicas. En la clínica del centro se le ha atendido quince veces por patologías de base crónica y agudos, obteniendo respuesta favorable a su tratamiento. Actualmente no presenta problemas de presión arterial alta, ni de ningún otro tipo. C. Dictamen pericial psicológico rendido el siete de abril de dos mil veinte. En el dictamen pericial psicológico, emitido por la licenciada en psicología Mayra Blanco quien labora en dicho centro penal, se resumen los resultados siguientes: a) coeficiente intelectual normal promedio, según escala de Weschler; b) personalidad orientada en tiempo, lugar y persona; c) su edad cronológica concuerda con su edad real; d) durante la entrevista se mostró amable y segura de sí misma, con lenguaje espontaneo y fluido, línea de pensamiento 1ógico y coherente; e) funciones de análisis, síntesis, comprensión y cálculo, normales; f) en el área emocional afectiva, presenta muy pocas veces quejas o molestias somáticas y poco interés acerca de su propia salud personal; g) es una persona muy alerta, optimista y efectiva en su vida. Entre otras características destaca: Personalidad refleja: levemente depresiva, preocupada y pesimista, que pueden resultar de situaciones temporales que le preocupan. No presenta indicadores de organicidad. D. Informe rendido por la secretaria general de la Corte Suprema de Justicia el nueve de abril de dos mil veinte. La receptora adscrita a la secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, abogada Doris Suyapa Figueroa Valladares en el informe requerido por la juez ejecutora expone: 1) En fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, ingresó la causa instruida contra la señora Rosa Elena Bonilla Ávila y otros, bajo el número SP-527-2019, para efecto de remitirlo a la Sala de lo Penal a fin de darle el trámite correspondiente por los tres recursos de casación interpuestos contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia con competencia nacional. 2) En fecha once de marzo del año en curso, fueron recibidos los antecedentes a la secretaría general con procedencia de la secretaría de la Sala de lo Penal, para notificar a las partes procesales la sentencia dictada en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve por dicha sala. 3) Se han notificado todas las partes salvo la representante del Ministerio Público, abogada Abigail Merary Ramos Cerrato, quien manifestó que llegaría a notificarse personalmente, pero no ha podido hacerlo por la suspensión de labores, ordenado a partir del dieciséis de marzo del año en curso, según acuerdo No. CSJ-1-2020 emitido por la Corte Suprema de Justicia, en esa misma fecha donde se declaran inhábiles los días para efecto de actuaciones y plazos procesales, desde las 12:00 horas (mediodía) del lunes dieciséis de marzo de dos mil veinte, hasta el domingo veintidós de marzo del mismo año; suspensión que fue prorrogada hasta el domingo doce de abril del presente año, debido a la emergencia que enfrenta el país por la pandemia de Covid-19. 4) Debido a la razón anterior no ha sido posible remitir los antecedentes al tribunal de su procedencia. 5) Consta que en el tomo 1, folio 226 de los antecedentes, la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila rindió su declaración de imputada en fecha veintiocho de febrero del dos mil dieciocho y se le impuso la detención judicial como medida cautelar, seguidamente en fecha dos de marzo de aquel año se realizó la audiencia inicial en la cual se le dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva como medida cautelar. 6) En los folios que corren del 19 al 70 de la pieza de casación, se encuentra agregada la sentencia impugnada que fuera dictada por el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción, en la cual condenaron a la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila por los delitos de apropiación indebida y fraude en perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras y la Administración Pública a la pena de cincuenta y ocho años de reclusión, más multa de un millón doscientos setenta y siete mil ochocientos noventa y siete lempiras con setenta y tres centavos y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y absolviéndola por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos en perjuicio de la administración pública y la economía del Estado de Honduras. 7) No existe en el expediente cómputo de prisión preventiva y tampoco solicitud de revisión de medidas a favor de la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila. E. Informe rendido por la secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el nueve de abril de dos mil veinte. La receptora adscrita a la Sala de lo Penal, abogada María del Carmen Godoy, rindió el informe consignando principalmente que en virtud de haberse casado la sentencia condenatoria de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante la dictada por la Sala de lo Penal en fecha cuatro de diciembre del mismo año, se manda a que el Tribunal de sentencia con competencia nacional en materia de corrupción, celebre nuevo juicio contra la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, a quien se le supone responsable como autora del delito de apropiación indebida en perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras y como autora por inducción de ocho delitos de fraude en concurso real en perjuicio de la Administración Pública, con jueces distintos a los que participaron en el juicio y la sentencia que se anulan. Posteriormente en fecha once de marzo del año en curso se remitió el expediente a la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia para notificar a las partes, y remitir los antecedentes al tribunal de origen. F. Entrevista personal con la ciudadana ROSA ELENA BONILIA ÁVILA. La juez ejecutora hace constar que la interna se encuentra alojada en el área de reflexión, el cual es un hogar pequeño, donde se encuentran las personas que tienen medidas de seguridad; asimismo hace constar que la interna no comparte celda y que tiene su cama, televisor, un mueble de plástico para su ropa y cuenta con su propio baño dentro de la celda, el cual sólo ella utiliza. La interna le refiere que padece de hipertensión arterial, hipotiroidismo y fibromialgia, y que tiene medicamentos para los dos primeros. Le refiere que el temor que tiene es la proximidad de la clínica y del área de castigo; asimismo que las policías penitenciarias que entran y salen del centro penal, no usan mascarillas dentro del centro; y por último que no hay mucho medicamento. Le refiere además que ella cuenta con sus medicinas y usa mascarillas cuando sale al área de las oficinas, pero que a su hogar llegan personas a ayudarle a lavar y limpiar y cocinarles a otras internas, por lo que tiene contacto con mujeres de las otras áreas. Agrega que la junta interventora ordenó que las internas de ese hogar, donde todas tienen medidas de seguridad, pueden salir a las áreas del centro penal cuando todas las demás están afuera, y que por ello les dieron dos horas después de que encierran a todas las demás internas para que caminen; pero que por miedo a contagiarse ella no lo está haciendo. Con respecto a su juicio su abogado le expresó que iba a presentar solicitud de revisión de medida cautelar, lo que quiere es que se haga esta revisión de medida y le den su libertad porque tiene dos años de estar presa ya que entró el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. G. Pronunciamiento de la juez ejecutora. La juez ejecutora, abogada Giovinezza Dubois Zavala, una vez concluidas las diligencias encaminadas a la evacuación de la presente garantía de exhibición personal se pronunció el diez de abril del presente año declarando no ha lugar la garantía constitucional de exhibición personal, interpuesta por el abogado Juan Carlos Berganza Godoy a favor de la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila. Expuso como razones las siguientes: 1) La revisión de medida cautelar no es causa que se encuentra enmarcada en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional, para solicitar la garantía de exhibición personal. 2) Con los informes emitidos se demuestra que el fallo dictado en casación no ha sido notificado a todas las partes del proceso, para así continuar con el trámite legal correspondiente. 3) Hace recomendación a la secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentra el expediente antes mencionado, para que se examinen las diligencias en relación con la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila, porque existiría la necesidad de revisar la medida cautelar a pesar de no estar notificado el fallo a todas las partes, y de acuerdo a lo resuelto en el mismo, fue anulada la sentencia condenatoria, ordenándose que se realice un nuevo juicio. 4) El artículo 181 del Código Procesal Penal nos refiere: "Duración de la prisión preventiva. La prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos años. Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis meses los plazos a que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prorrogarse durante la tramitación del recurso que contra ella puede interponerse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida…. Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar… Si vencido el plazo no ha llegado a su fin el proceso, el imputado será puesto en libertad provisional y sometido a cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 173, sin perjuicio de la continuación del proceso, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme.” 5) Señala que el anterior artículo debe servirle de fundamento al abogado Berganza Godoy, para que peticione lo que corresponda, con relación a la privación de la libertad que sufre su representada ante el tribunal que tenga asignado el expediente judicial, dependiendo todo ello de la etapa del proceso en el que se encuentre. 6) Señala que una vez que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia emita acuerdo en el cual se establezca que el plazo de suspensión de labores emitido en fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte, bajo acuerdo número CSJ 1-2020, deje de surtir efectos, para que se pueda normalizar la función jurisdiccional, y se habiliten los días que en estos momentos son inhábiles para efecto de actuaciones y plazos procesales, para que así se le dé el curso legal que le corresponde a la causa que se le sigue a la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila. 7) Considera que no existe dicha situación ya que como se ha establecido anteriormente, el centro penal es responsable de mantenerla bajo su custodia mientras no se ordene su excarcelación por tribunal competente. En relación con la pandemia opina que, se han establecido las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19 dentro de los parámetros legales establecidos para la institución, según los lineamientos para la prevención y manejo del Covjd-19 en la población privada de libertad, decreto 1904-2020 emitido por la Secretaría de Estado en el despacho de Salud. 8) Estima que todas las personas estamos expuestas al contagio, por ende, la preocupación de la privada de libertad es comprensible, pero no considera que exista privación de la libertad ilegal, como tampoco malos tratos en su perjuicio, por lo que ha procedido a realizar la exhortación por medio de nota a la directora del centro penal, en el sentido que debe seguir con las medidas de prevención impuestas, especialmente en relación con la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila. Deja constancia de ello, con la copia de la nota que se le entregó al centro penal. 9) Con relación a la prisión preventiva vencida, expresa que la situación jurídica de la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila, según los informes de la secretaria de la Sala de lo Penal y secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra pendiente por la falta de notificación del fallo emitido, para que así este surta efectos. Para el caso, que se pueda devolver el expediente, y con ello continuar con las actuaciones o decisiones jurisdiccionales del tribunal competente, una vez que se restablezca la función jurisdiccional y los plazos, después de la emergencia nacional que se vive a causa del COVID-19. 10) También deja constancia de las medidas de prevención al momento de ingresar al centro, señalando que al bajar del vehículo, le indicaron poner los pies en solución desinfectante, también se realizó fumigación del vehículo, así como las ropas, y una vez dentro de las instalaciones los empleados y policías portaban sus mascarillas. CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por la jueza ejecutora, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito determina que lo expresado por la defensora pública, abogada Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de juez ejecutora, es correcto y por ende procede declarar sin lugar la garantía constitucional de habeas corpus de que se hace mérito. Dicha decisión se fundamenta en que la ciudadana Rosa Elena Bonilla Ávila no se encuentra ilegalmente privada de libertad, tampoco ha sido sometida a tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal, coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, habida cuenta que este alto tribunal, estima que las autoridades del centro penal han tomado las medidas de bioseguridad adecuadas para proteger la vida y salud de las internas; lo que permite a este alto tribunal de justicia, dentro de lo racional y razonable asumir que, existe cierto grado de confianza para afirmar que la población del Centro de Adaptación Social o Centro Femenino de Adaptación Social, ubicado en la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán, se encuentra bajo medidas de protección idóneas que ofrecen un grado aceptable de credibilidad. Rechazando, por tanto, hasta este momento, lo referido por el impetrante en cuanto al peligro que corre su poderdante ante un inminente contagio por el Covid-19. Con relación a la revisión de medida solicitada por el abogado Juan Carlos Berganza Godoy, se indica que esta diligencia no es propia de ser resuelta, mediante la garantía constitucional de exhibición personal. En consecuencia, procede declarar sin lugar la garantía constitucional de exhibición personal de que se hace mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No.1, 13 No.1, 14, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarando SIN LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus, interpuesto por el abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY a favor de la ciudadana ROSA ELENA BONILLA ÁVILA contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario, por considerar el peticionario que su representada permanece recluida en el Centro de Adaptación Social o Centro Femenino de Adaptación Social, ubicado en la aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, la secretaría de este alto tribunal de justicia proceda al archivo de las presentes diligencias, sin trámites ulteriores. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintidós de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-249-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL