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Sentencia EP-247-20 — Registro 10611

Resumen

Alega el recurrente que los agraviados se encuentran en vulnerabilidad y se teme por el riesgo inminente de poner en peligro su salud y la vida ante la pandemia de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "Considerando (14): Que con fundamento en las anteriores consideraciones, al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de acuerdo con el parecer del juez ejecutor nombrado al efecto, esta Sala es del criterio porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, al resultar infundados los argumentos de la recurrente, no cumpliéndose así con los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, pues no se ha verificado violación alguna de derechos en perjuicio de las personas consideradas agraviadas, no constando de lo actuado que se haya dado alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pero debiendo permitirse y dar acceso a los medicamentos, insumos de higiene y alimentación adecuada que ha sido determinado por el personal médico del Centro de Detención."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte.- Visto: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la abogada Nilia Raquel Ramos, a favor de los señores John Charles Bogran Velásquez y José Ramón Bertety Osorio, contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario Nacional ubicado en Tamara, Francisco Morazán, por considerar la peticionaria que los agraviados se encuentran en vulnerabilidad y se teme por el riesgo inminente de poner en peligro su salud y la vida ante la pandemia de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19).- Antecedentes.- 1) Que en fecha seis de abril del año dos mil veinte, se persono ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, la Abogada Nilia Raquel Ramos Gonzales, interponiendo una Exhibición Personal a favor De los señores John Charle Bogran Velásquez y Jose Ramón Bertety Osorio, contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario Nacional ubicado en Tamara, Francisco Morazán, por considerar la peticionaria que los agraviados se encuentran en vulnerabilidad y se teme por el riesgo inminente de poner en peligro su salud y la vida ante la pandemia del Covid-19. (folio 1 al 8 de la pieza del Recurso).- 2) Que, en la misma fecha, dicho Juzgado admitió el recurso de Exhibición Personal y en consecuencia, nombró como Juez Ejecutor a la abogada Marjorie Xiomara Salgado Rodríguez, Defensora Publica del departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rinda un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 9 al 10 de la pieza del Recurso).- 3) Que en fecha diez de abril del año dos mil veinte, la Juez Ejecutora abogada Marjorie Xiomara Salgado Rodriguez, compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió su informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: “… Considerando: Que esta Juez Ejecutora en fecha siete de abril del año dos mil veinte se trasladó al Centro Penal de Tamara Marco Aurelio Soto, con el objeto de requerir al Director Del Centro Penal Coronel De Ingenieros Dem. Cesar Valle, que el mismo fue requerido para que rindiera informe dentro del plazo legal de veinticuatro horas, que al momento de ingresar al mismo se cumplían medidas de seguridad por pandemia COVID-19 denominada así por la Organización Mundial De La Salud (OMS); asimismo se nos informó que los señores John Charle Bogran Velásquez y José Ramón Bertety Osorio, se encuentran en el anexo primer Batallón de Infantería.- Segundo: Que en fecha ocho de abril del año dos mil veinte, la Juez Ejecutora se trasladó al primer batallón de Infantería con el objeto de entrevistar a los señores John Charle Bogran Velásquez y José Ramón Bertety Osorio, siendo atendido por el Coronel De Infantería Muñoz, quien nos proporcionó la asistencia para entrar al módulo una vez en el módulo procedí a entrevistar al señor John Charle Bogran Velásquez, manifestando que padece de pre Diabetes, Hipertensión Alta, Alopecia Ariatra y Síndrome de Ansiedad que los medicamentos que utiliza son metformina, enalapril, biotin, pantogar y rebasin también se refirió que en el Centro Penal le provee los medicamentos de la Pre Diabetes y los de la Híper tención Alta y asimismo manifiesta que los medicamentos que utiliza los compra él y que solo tiene para veinte días también manifestó que no tiene una sentencia firme, refirió que en dicho modulo no ha recibido malos tratos crueles e inhumanos, así mismo también manifestó que él tiene una dieta baja en azúcar y grasa y quien se la provee es su familia que se encuentra en San Pedro Sula y que no está comiendo lo indicado debido a la cuarentena, también manifestó el señor Charles que todos los martes llega el médico del Centro Penal a revisarlo y que el Doctor Zelaya le toma la presión y que tiene un glucómetro y que le han proporcionado las medidas de seguridad para la pandemia denominada COVID-19 posteriormente entreviste al señor José Ramón Bertety Osorio, manifestando que padece de Hipertensión Arterial, Alergias Respiratoria que los medicamentos que utiliza son Enalapril, metformina, loratadina, briner nasal de uso permanente para las alergias el cual manifestó que algunos medicamentos son proporcionados por el Centro Penal y otros sus familiares los cuales solo tiene para finales del mes, así mismo manifiesta que les mandaron una estufa y alimentos del Centro Penal para que los se puedan hacer su propia comida dentro de las instalaciones, el manifiesta que el lugar donde se encuentra recluido no es un lugar acto, ya que no tiene suficiente espacio en el cuarto donde duerme y que tiene poca ventilación ya que no tiene aire acondicionado, así manifestó que el kit de aseo personal se lo proporciona su familia y solo tiene para fines de mes, el señor Bertety manifestó que su hijo no pude pasar del campo de parada Marte ya que el retén militar que se encuentra en el campo no lo deja pasar hasta el batallón y por eso no le puede llevar sus medicamentos, manifiesta que tiene miedo ya que los oficiales encargados a su módulo salen de misión y eso significa que pueden venir contaminados por el COVID-19. Tercero: Que en fecha siete de abril del año dos mil veinte proporcionado el informe del Instituto Nacional Penitenciario específicamente Centro Penitenciario Nocional de Tamara por el Director, el cual refiere en el mismo el ingreso a ese centro penitenciario los señores John Charle Bogran Velásquez y José Ramón Bertety Osorio; así mismo manifiesta que el señor John Charle Bogran Velásquez, ingreso al Centro Penitenciario anexo al segundo batallón de infantería aerotransportado, el treinta y uno de julio del año 2017, por el delito de Lavados de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, a la orden del Tribunal de Sentencias con Competencia territorial en materia penal bajo expediente, N° TS/ JN-(8)-33-2016, consta a filo numero 10 nota de fecha dieciocho de octubre del año 2017, donde la abogada Barahona Herrera Juez de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, ordenan su reclusión para efectos de su guarda y custodia del señor Bográn al Centro Penitenciario nacional de los cobras a quien no se le modifica su situación jurídica de condenado, ya que solo compareció ante ese despacho a una audiencia prejudicial, actualmente el imputado se encuentra recluido en calidad de procesado por dicha causa; posteriormente manifiesta que el señor José Ramón Bertety Osorio, ingreso al Centro Penitenciario de Tamara, anexo primer batallón de infantería, el veintinueve de enero del 2014, por el delito de Cohecho, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de funciones públicas y fraude en perjuicio de la Administración pública a la Orden del Juzgado de Letras de Tegucigalpa F.M, bajo expediente N° 2226 -2014; consta a folio 10 nota de fecha dos de abril del año 2014 ordenando su reclusión para efectos de su guarda y custodia del señor Bertety, por suponerlo responsable de los delitos de Abuso de Autoridad, violación de los deberes de los Funcionarios Malversación de Caudales Públicos y Fraude, en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Cuarto: Que también en dicho informe emitido por el Centro Penitenciario de Tamara se adjuntaron los dictámenes de evaluación hechos a los señores John Charle Bogran Velásquez y José Ramón Bertety Osorio, por la Dr. Reina Gabriela Aplicano, adscrita a dicha institución, quien refiere que el caso del señor John Charle Bogran Velásquez, como antecedentes procesales patológico, Rinitis Alérgica Síndrome de Ansiedad, obesidad Grado I que se le realizaron atenciones médicas en fecha 28 de enero del 2020, 4 de febrero del 2020, 18 de febrero del 2020, que en el examen médico físico establece un buen estado de salud que en conclusión el señor John Charle Bogran Velásquez, presenta un buen estado general de salud, niega antecedentes personales patológicos de enfermedades cardiovasculares, posteriormente manifiesta el señor José Ramón Bertety Osorio, como antecedentes personales patológicos Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus Tipo 2 que se le han realizados atenciones médicas en fecha 28 de enero del 2020, 4 de febrero del 2020, 3 de marzo del 2020, 17 de marzo del 2020, 24 de marzo del 2020, que en conclusión el señor José Ramón Bertety Osorio, presenta un buen estado de salud se le brinda tratamiento médico Metformina cada 12 horas y Enalapril 20mg vía oral cada día se le ha indicado 35 minutos diarios de ejercicios, dieta baja en grasa y azucares. Quinto: esa Juez Ejecutora habiendo analizado un análisis exhaustivo, y en aplicación a lo que ya nos contempla el artículo 13 de la Ley de Justicia Constitucional, que se interpondrá la misma por dos vías específicamente en el numeral 1) cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida, de cualquier modo en el gocé de su libertad, o 2) cuando en su detención o prisión legal se apliquen al detenido o preso tormentos, torturas vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión por lo que al haber sido entrevistado el señor John Charle Bogran Velásquez y José Ramón Bertety Osorio, refieren ellos mismos que una no están detenidos ilegalmente que efectivamente cuentan con un proceso judicial y los mismos están recluidos por orden emanada por Juez competente situación que consta también en el informe rendido por el Centro Penal, también han manifestado que no ha sufrido tratos crueles inhumanos por parte de las autoridades encargadas de su guarda y custodia que tal acción fue interpuesta por el mal estado de salud que sufren los señores John Charle Bogran Velásquez y José Ramón Bertety Osorio, ya que el derecho a la salud lo han tenido por parte de las autoridades penitenciarias; otra situación que no existe un decreto emitido por crisis pandemia de COVID-19 aprobada para que toda persona que se encuentra privada de libertad y se encuentre en mal estado de salud pueda salir, y gozar y restituirle el derecho libertad, diferente l caso que nos ocupa; que analizado también lo preceptuado en nuestra ley de justicia constitucional el artículo 38 establece que las procedencias de la acción de declarar con lugar la exhibición personal la violación de algunos de los supuestos establecidos en el artículo 13 y 25 de esta ley caso contrarito se declara Sin Lugar. Hemos observado que no se han infringido ninguno de los artículos preceptuados, Por tanto: este juez ejecutor nombrado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa Francisco Morazán, en nombre del estado de honduras y en aplicación a los artículos 13 numeral 2, 25, 26, 38 Y 40 de la Ley de Justicia Constitucional Declara No Ha Lugar la acción de recurso de Exhibición Personal interpuesto por la abogada Nilia Raquel Ramos Gonzales a favor de los señores John Charle Bogran Velásquez y José Ramón Bertety Osorio.- Fundamentación Jurídica.- Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182, 313 y 316 de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3, 9 y 13 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- Considerando (2): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-8/87, que versa sobre el Hábeas Corpus, encontrando que indica que en un sentido clásico tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad; posteriormente se cita el artículo 7 numeral sexto de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual establece que: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”.- Considerando (3): Que siguiendo lo preceptuado en el mismo artículo 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, encontramos que en el numeral quinto (Toda persona… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…) está referido a las personas que han sido detenidas en un proceso penal y está inescindiblemente ligado al contemplado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Se puede establecer también que, si alguien es detenido en virtud de un proceso penal, es presentando ante un juez que determinara la licitud de la privación de la libertad frente a la presunción de inocencia y cuya culpabilidad o responsabilidad no ha sido establecida.- Considerando (4): Que el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado en el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 se declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control y garantizar la atención a las personas que están padeciendo de dengue; asimismo fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19).- Considerando (5): Que se han publicado los Decretos Ejecutivos PCM-021-2020, PCM-022-2020, PCM-026-2020 ratificados por el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo 32-2020, donde se estableció la restricción de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y, 103 en todo el territorio nacional, por lo que desde el 16 de marzo de 2020 se encuentra limitado el ejercicio del derecho a la libre circulación; asimismo se emitieron los Decretos Ejecutivos PCM-028-2020 y PCM-033-2020 contentivos de otra prorroga a la restricción de derechos constitucionales antes citados por siete días más a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que estando vigente una limitación al derecho de circulación y habiéndose establecido medidas de aislamiento social en vista de la pandemia del COVID-19.- Considerando (6): Que el juez ejecutor presentó el informe requerido por el órgano jurisdiccional donde concluye: declarar sin lugar la exhibición personal a favor de los ciudadanos señalado en el preámbulo de esta sentencia, a que los mismos se encuentra en prisión preventiva por mandato de autoridad competente, con las formalidades de Ley y en un Centro destinado por el Estado para tal fin, asimismo determina que no encuentra en que estén de limitaciones innecesaria para su seguridad personal o del resto de personas privadas de su libertad.- Considerando (7): Que dentro de los presupuestos procesales del hábeas corpus se establece su procedencia cuando se constante que en la detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión; esta órgano jurisdiccional ha dictado diversas sentencias en donde ha dictado medidas correctivas al funcionamiento del sistema penitenciario del país.[1]- Considerando (8): Que se ha señalado por parte de este Tribunal[2] que el derecho a la protección de la salud se encuentra constitucionalizado en el artículo 145 de la Constitución de la República, en donde se reconoce que es deber de todos y todas participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, debiendo orientarse las actividades del Estado y de las entidades públicas y privadas sujetarse a esta disposición.- Considerando (9): Que también se ha señalado en la jurisprudencia constitucional que el Estado de Honduras se ha suscrito al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se reconoce en su artículo 12 que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, debiendo realizar medidas que aseguren la plena efectividad de este derechos, a través de la reducción de la mortinatalidad y de las mortalidad infantil, y en el sano desarrollo de las y los niños; el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; la creación de condiciones que aseguren a todas y todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Mientras que en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, el que establece en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; para hacer efectivo esto, los Estados deben adoptar medidas para garantizar la atención primaria de la salud, entendiendo como la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; extensión de los beneficios de los servicios de salud a todas y todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riego y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables, entre otros criterios.- Considerando (10): Que Que la Corte Interamericana ha señalado sobre el derecho a la salud en el caso de los privados, al desarrollar la sentencia Chinchilla Sandoval vs. Guatemala, estableciendo que los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia. Lo anterior, como resultado de la interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al privado de libertad se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna, en los términos que sean posibles en esas circunstancias.- Considerando (11): Que la recurrente ha externado su preocupación ante la propagación en nuestro país del virus COVID-19, estimando que su condición de salud le hace susceptible a que, de contagiarse de dicho virus, la vida de sus representados corra peligro, siendo que en el recinto penitenciario en donde se encuentra recluido, las condiciones de salubridad resultan ser insuficientes para garantizar su salud, por el desplazamiento del personal militar.- Considerando (12): Que, en este respecto, resulta meritorio insistir que la salud de los privados de libertad en los distintos centros carcelarios y de detención en el país, es responsabilidad del Estado de Honduras, por ende, todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial deben tomar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19. Así entonces, esta Sala de lo Constitucional exhorta a las autoridades referidas a que acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías.- Considerando (13): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar.- Considerando (14): Que con fundamento en las anteriores consideraciones, al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de acuerdo con el parecer del juez ejecutor nombrado al efecto, esta Sala es del criterio porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, al resultar infundados los argumentos de la recurrente, no cumpliéndose así con los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, pues no se ha verificado violación alguna de derechos en perjuicio de las personas consideradas agraviadas, no constando de lo actuado que se haya dado alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pero debiendo permitirse y dar acceso a los medicamentos, insumos de higiene y alimentación adecuada que ha sido determinado por el personal médico del Centro de Detención.- Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; falla: 1) declarar No ha lugar la garantía de hábeas corpus interpuesta por la abogada Nilia Raquel Ramos, a favor de los señores John Charles Bogran Velásquez y José Ramón Bertety Osorio; 2) Exhortar a la autoridad referida a que acate sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia de la Enfermedad del Coronavirus (COVID-19), debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías; 3) Exhortar a su vez a todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial a que tomen todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas en centros penales, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación de la pandemia de la Enfermedad del Coronavirus (COVID-19); 4) Exhortar a las autoridades del Centro Penitenciario de Tamara, anexo primer batallón de infantería a continuar tomando medidas y acciones de control sanitario apropiadas, en favor del aislamiento como medida esencial para evitar la propagación de la pandemia de la Enfermedad del Coronavirus (COVID-19); 5) Exhortar a las autoridades penitencias proceder a garantizar el acceso a los medicamentos prescritos, alimentación e insumos de higiene que requieren los privados de libertad indicados, que serán distribuidos por parte de la Autoridad Pública, así como los que suministren sus familiares a ellos, mediante los protocolos apropiados para su entrega, que afiancen la seguridad interna de la prisión. Y manda: Que una vez notificada y firmé la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al órgano en revisión. Redactó la magistrada Álvarez Sagastume. Notifíquese.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0247-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Cfr. Las sentencias dictadas en los hábeas corpus SCO-1079-19 y SCO-1131-2019.

[2] Cfr., sentencia SCO-0197-2017 acumulada con la SCO-0203-2017.