Sentencia EP-244-20 — Registro 10608
Resumen
Se interpuso recurso de Exhibición Personal contra las actuaciones del Director del Centro Penitenciario Ubicado en Tamara, por considerar la peticionaria que el agraviado es una persona de la tercera edad con su salud muy quebrantada y se encuentra recluido en el módulo anexo al Primer Batallón de Infantería, en situación que pone en peligro su vida al ser vulnerable de contagio del COVID-19.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): Que el artículo 182.1.b, de la Constitución de la República manda que cuando en su detención o prisión legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, tiene derecho a pedir su exhibición ante órgano jurisdiccional para que se le restituya, en este caso, su libertad. Asimismo, el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional ha sido redactado en iguales términos que el artículo 182.1.b constitucional, siendo procedente la aplicación del artículo 14 de la Ley Sobre Justicia Constitucional referente a la restitución o aseguramiento a la libertad o cese de los tormentos. En ese sentido, dentro de los recursos de habeas corpus interpuestos por privados de libertad, en virtud de la pandemia COVID-19, deben cumplirse ciertos requisitos necesarios a ponderar, siendo fundamentales aquellos que demuestren vulnerabilidad a adquirir el COVID-19, siendo la atribución de la Sala de lo Constitucional, decretar medidas para salvaguardar y garantizar el derecho a la salud, a la integridad física y hasta la vida de los privados de libertar. Así la cosas, para otorgar la garantía del habeas corpus, en el presente caso era necesario haber probado que el derecho fundamental a la vida, a la salud y a la integridad física, están corriendo un verdadero peligro. En principio, probar con evidencia científica formal el padecimiento que dice sufrir, no basta con señalarlo, sino que conste en su expediente certificación médica extendida por un médico especialista en el área, lo que no se observó. Segundo, estar en flagrante peligro que implica el hacinamiento en el centro penitenciario en el cual cumple condena, por sobrepoblación carcelaria que lo haga vulnerable al contagio del COVID-19; al respecto se determina que no existe hacinamiento en el lugar donde el recurrente cumple la pena, por lo que no corre peligro su derecho fundamental a la salud, integridad física y a la vida y en tercer lugar la falta de claridad sobre la edad, aunque con respecto a este requisito, se ha decidido no sobrevalorarlo, en beneficio el privado de libertad. Así las cosas, se concluye que es procedente declarar SIN LUGAR el recurso de habeas Corpus, por no haberse constatado las violaciones establecidas en el artículo 13.1.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 182, Numeral 1.b (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de abril de dos mil veinte.- Vista: Para dictar sentencia en el recurso de Exhibición Personal interpuesto por la abogada NILIA RAQUEL RAMOS, a favor del señor JAVIER RODOLFO PASTO VASQUEZ, contra las actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN TAMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, por considerar la peticionaria que el agraviado es una persona de la tercera edad con su salud muy quebrantada y se encuentra recluido en el módulo anexo al Primer Batallón de Infantería, en situación que pone en peligro su vida al ser vulnerable de contagio del COVID-19.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha seis de abril de dos mil veinte, la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Recurso de Exhibición Personal a favor del señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN TAMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, manifestando: “...que en Virtud de no ser una persona peligrosa para la sociedad hondureña y estar dentro de los procesados que están dentro de la tercera edad, por tener más de sesenta años además de ello padecer de fractura en su columna lumbar a nivel de faceta articular L5-S derecha, que en la última evaluación después de tres años sin tratamiento muestra daño severo y permanente de columna que requiere tratamiento diario por dolor y fisioterapia, además de necesitarse cirugía para estabilizar articulación L5-Sl y descomprimir raíz neural L5-Sl, así mismo padece de enfermedades crónicas como ser diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, siendo una persona mayor de sesenta años, y otras enfermedades que por su condición inmunológica pongan en riesgo inminente su salud y vida ante la pandemia de vaid-19 que está afectando toda la nación, corriendo peligro por esta terrible enfermedad.” (Folios 02 al 07 del recurso).- 2) Que en esa misma fecha, el Juzgado antes mencionado, admitió el recurso de exhibición personal de mérito y nombró como Juez Ejecutor al Abogado ANDRES FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos narrados por la recurrente, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, debiendo ordenar a la autoridad recurrida, rendir el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; asimismo por no considerarse competente para conocer del recurso de mérito ordenó la remisión de las diligencias a la Sala de lo Constitucional. (Folios 08 y 09 del recurso)- 3) Que el Abogado ANDRES FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, actuando en su condición antes indicada, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de abril de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre lo siguiente: a) Que en fecha siete de abril de dos mil veinte, Se personó en las instalaciones del Centro Penitenciario Nacional de Támara, con el objeto de requerir al Director de ese centro penal, a efecto de que le rindiera un informe dentro del plazo legal de veinticuatro horas. b) Que al momento de ingresar al mismo se cumplían medidas de seguridad, por pandemia Covid-19, denominada así por la Organización Mundial de la Salud, (OMS), asimismo se nos informó que el señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ se encuentra en anexo Primer Batallón de Infantería. c) Que en fecha ocho de abril del año dos mil veinte, se trasladó al Primer Batallón de Infantería, con el objeto de entrevistar al señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, siendo atendido por el Coronel Muñoz, quién nos proporcionó la asistencia para entrar al módulo, y una vez ahí procedí a entrevistar al señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, manifestando que el cinco de agosto del año dos mil catorce lo llevaron a audiencia por el delito de cohecho pasivo y lavado de activos en los Juzgados de Letras Penal de la Sección Judicial de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, que él se iba a presentar voluntariamente y que lo detuvieron agentes policiales y lo golpearon pidieron en la audiencia de imputado, el juez ordeno evaluación médica por los golpes recibidos, que también le dictaron auto de formal procesamiento por ambos delitos, que dicha causa fue elevada a juicio oral y público donde lo condenaron por ambos delitos y se presentó la respectiva casación… y un amparo y que no se ha resuelto, que es una persona de sesenta años de edad, que en aquella ocasión que se evaluó se le ordenó realizarle una resonancia magnética y radiografía computarizada en los resultados se le encontró una fractura traumática de L5-Sl, derecha después todo esto en el año 2014, también se le hizo nuevamente en el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 y en enero de]. 2019, por recomendaciones de la Doctora Heikel Hessel, por su enfermedad su apoderado legal solicitó una revisión de medidas, y que el Tribunal ordenó que se hiciera una evaluación médica que hasta la fecha no se ha emitido, también refirió que padece de hipertensión y diabetes grado 2, que los medicamentos que utiliza son lyrica de 150 m1, doxiciclina 30 mg. Acetaminofén 1mg, ibuprofeno 600 m1, diclofenac 150 mg, y otros, también refirió que en dicho módulo no ha recibido malos tratos crueles o inhumanos, que su medicamento él los tiene a diario que no ha existido ningún impedimento para tenerlo y que varios son proporcionado por el centro penal, que tiene cinco años de estar recluido, que su apoderado legal entra y no ha tenido problemas con ninguno de los encargados del lugar que está recluido, asimismo refirió que no existe problema con el agua que proporcionan el Centro Penal ni con la alimentación y que le han proporcionado las medidas de seguridad para la pandemia denominada Covid-19. d) Que en fecha siete de abril del año dos mil veinte, fue proporcionado el informe del instituto Nacional Penitenciario específicamente Centro Penitenciario Nacional de Tamara por el Director, el cual refiere en el mismo que ingreso a ese centro penitenciario el señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, anexo primero batallón de infantería el dos de agosto del año 2014, por el delito de cohecho pasivo impropio ya lavado de activos en perjuicio del instituto Hondureño de Seguridad Social y la economía del Estado de Honduras, a la orden del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, también en fecha ocho de diciembre de 2018, fue solicitado por el Juzgado de Letras Penal con competencia Territorial en Materia de Corrupción, para celebrar audiencia inicial por el Delito de Fraude, Abuso de Autoridad Y violación de los deberes de los funcionarios ya que también cuenta con ese otro proceso. e) Que también en dicho informe emitido por el Centro Penitenciario de Tamara se adjuntó el dictamen de evaluación hecha al señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, por la Doctora Reina Gabriela Aplicano, adscrita a dicha institución, que en conclusiones el señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, presenta un buen estado general de salud, niega antecedentes personales patológicos de enfermedades crónicas; según expediente médico con número PI-P840, por su diagnóstico de fractura de columna lumbar a nivel de faceta articular L581, derecha, no hay certificación médica de especialista que avale dicho diagnóstico, si encuentra varias citas para realizarse resonancia de columna lumbar, y se encuentra dictamen radiológico en el expediente, y que donde se encuentra el señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ recluido solamente hay cuatro personas recluidas contando con todas las medidas de comodidad; que dentro de las medidas de salubridad se incluye, cuenta con un área verde con ventilación, se realizará, atención médica cuando lo amerita, se ha brindado la educación con medidas preventivas sobre la pandemia por Covid-19. F) Que este Juez ejecutor habiéndose realizado un análisis exhaustivo declara no ha lugar el recurso de exhibición personal interpuesto. (Folios 34 al 34 del recurso)- 4) Que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante auto de fecha trece de abril del año dos mil veinte, resolvió tener por recibido el informe presentado por el Juez Ejecutor Abogado ANDRES FERNANDO MARTINEZ, y se inhibió de seguir conociendo el recurso de mérito y ordenó la remisión de las diligencias que contiene la garantía de habeas corpus a favor del señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, habiéndose recibido dicho expediente en esta Sala el catorce de abril del año dos mil veinte.- CONSIDERANDO (1): Que el Habeas Corpus, es una garantía constitucional reconocida por el Estado de Honduras en consecuencia en esta acción constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de esta, tiene derecho a promoverla solamente cuando ocurran las circunstancias siguientes: 1.- Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, y 2.- Cuando en su detención o prisión legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molesta innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.[1]- CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República, en el artículo 316 numeral 1, otorga a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, la atribución de conocer de la garantía de Habeas Corpus. Así mismo la ley especial, Ley Sobre Justicia Constitucional, establece un control difuso para conocer de la garantía habeas Corpus[2], otorgando capacidad para conocer y resolver de esta acción a todo lo titular de órganos jurisdiccionales señalando a la Sala de lo Constitucional como la competente para conocer de la acción de habeas Corpus en el máximo Tribunal de Justicia.[3]- CONSIDERANDO (3): Que el génesis de la presente acción tiene lugar con la comparecencia la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Recurso de Exhibición Personal en fecha seis de abril de dos mil veinte, a favor del señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN TAMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Manifiesta la recurrente que el señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, se encuentra privado de libertad desde hace cinco años, en virtud de sentencia condenatoria firme, que es una persona de la tercera edad pues nació en el año de 1961, según número de tarjeta de identidad 0801-1961-07461, actualmente tiene 60 años, que muestra daño severo y permanente de columna que requiere tratamiento diario por dolor y fisioterapia, además de necesitarse cirugía para estabilizar articulación L5-Sl y descomprimir raíz neural L5-Sl, así mismo padece de enfermedades crónicas como ser diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, constituyendo un cuadro complejo de vulnerabilidad por lo que solicita se le permita cumplir temporalmente la pena en su casa de habitación para evitar ser contagiado de epidemia covid-19, por carecer de los requisitos esenciales para salvaguardar su salud como el distanciamiento con otros privados de libertad, medicinas, atención médica especializada, agua potable, condiciones higiénicas, espacios adecuados, por el hacinamiento en el que se encuentra el centro penal, y corre el inminente riesgo de contagio y una muerte inminente...”.- CONSIDERANDO (4): Que habiendo sido admitido el recurso de exhibición personal, y como lo ordena el procedimiento, se nombró como Juez Ejecutor al Abogado ANDRES FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos narrados por la recurrente, ordenándole que de existir alguna irregularidad, haga cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, debiendo ordenar a la autoridad recurrida, rendir el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y una vez habiendo conocido a prevención, ordenó la remisión de las diligencias a la Sala de lo Constitucional quien es la competente para conocer. El juez Ejecutor nombrado actuando en su condición antes indicada, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente: en fecha diez de abril de dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre lo siguiente: a) Que en fecha siete de abril de dos mil veinte, Se personó en las instalaciones del Centro Penitenciario Nacional de Támara, con el objeto de requerir al Director de ese centro penal, a efecto de que le rindiera un informe dentro del plazo legal de veinticuatro horas. b) Que al momento de ingresar al mismo se cumplían medidas de seguridad, por pandemia Covid-19, denominada así por la Organización Mundial de la Salud, (OMS), asimismo se nos informó que el señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ se encuentra en anexo Primer Batallón de Infantería. c) Que en fecha ocho de abril del año dos mil veinte, se trasladó al Primer Batallón de Infantería, con el objeto de entrevistar al señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, siendo atendido por el Coronel Muñoz, quién nos proporcionó la asistencia para entrar al módulo, y una vez ahí procedí a entrevistar al señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, manifestando que el cinco de agosto del año dos mil catorce lo llevaron a audiencia por el delito de cohecho pasivo y lavado de activos en los Juzgados de Letras Penal de la Sección Judicial de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, que él se iba a presentar voluntariamente y que lo detuvieron agentes policiales y lo golpearon pidieron en la audiencia de imputado, el juez ordeno evaluación médica por los golpes recibidos, que también le dictaron auto de formal procesamiento por ambos delitos, que dicha causa fue elevada a juicio oral y público donde lo condenaron por ambos delitos y se presentó la respectiva casación… y un amparo y que no se ha resuelto, que es una persona de sesenta años de edad, que en aquella ocasión que se evaluó se le ordenó realizarle una resonancia magnética y radiografía computarizada en los resultados se le encontró una fractura traumática de L5-Sl, derecha después todo esto en el año 2014, también se le hizo nuevamente en el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 y en enero de]. 2019, por recomendaciones de la Doctora Heikel Hessel, por su enfermedad su apoderado legal solicitó una revisión de medidas, y que el Tribunal ordenó que se hiciera una evaluación médica que hasta la fecha no se ha emitido, también refirió que padece de hipertensión y diabetes grado 2, que los medicamentos que utiliza son lyrica de 150 m1, doxiciclina 30 mg. Acetaminofén 1mg, ibuprofeno 600 m1, diclofenaco 150 mg, y otros, también refirió que en dicho módulo no ha recibido malos tratos crueles o inhumanos, que su medicamento él los tiene a diario que no ha existido ningún impedimento para tenerlo y que varios son proporcionado por el centro penal, que tiene cinco años de estar recluido, que su apoderado legal entra y no ha tenido problemas con ninguno de los encargados del lugar que está recluido, asimismo refirió que no existe problema con el agua que proporcionan el Centro Penal ni con la alimentación y que le han proporcionado las medidas de seguridad para la pandemia denominada Covid-19. d) Que en fecha siete de abril del año dos mil veinte, fue proporcionado el informe del instituto Nacional Penitenciario específicamente Centro Penitenciario Nacional de Tamara por el Director, el cual refiere en el mismo que ingreso a ese centro penitenciario el señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, anexo primero batallón de infantería el dos de agosto del año 2014, por el delito de cohecho pasivo impropio ya lavado de activos en perjuicio del instituto Hondureño de Seguridad Social y la economía del Estado de Honduras, a la orden del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, también en fecha ocho de diciembre de 2018, fue solicitado por el Juzgado de Letras Penal con competencia Territorial en Materia de Corrupción, para celebrar audiencia inicial por el Delito de Fraude, Abuso de Autoridad Y violación de los deberes de los funcionarios ya que también cuenta con ese otro proceso. e) Que también en dicho informe emitido por el Centro Penitenciario de Tamara se adjuntó el dictamen de evaluación hecha al señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, por la Doctora Reina Gabriela Aplicano, adscrita a dicha institución, que en conclusiones el señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, presenta un buen estado general de salud, niega antecedentes personales patológicos de enfermedades crónicas; según expediente médico con número PI-P840, por su diagnóstico de fractura de columna lumbar a nivel de faceta articular L581, derecha, no hay certificación médica de especialista que avale dicho diagnóstico, si encuentra varias citas para realizarse resonancia de columna lumbar, y se encuentra dictamen radiológico en el expediente, y que donde se encuentra el señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ recluido solamente hay cuatro personas recluidas contando con todas las medidas de comodidad; que dentro de las medidas de salubridad se incluye, cuenta con un área verde con ventilación, se realizará, atención médica cuando lo amerita, se ha brindado la educación con medidas preventivas sobre la pandemia por Covid-19. F) Que este Juez ejecutor habiéndose realizado un análisis exhaustivo declara no ha lugar el recurso de exhibición personal interpuesto. (Folios 34 al 34 del recurso)- CONSIDERANDO (5): Que el Presidente Constitucional de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 3,171, de fecha 1 de febrero de 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a la personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19.- En fecha posterior, el 16 de marzo de 2020, se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201, de fecha 16 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han venido extendiendo en el tiempo hasta esta fecha y son de obligatorio cumplimiento para la sociedad en general, para detener o evitar un contagio masivo. Sin embargo, se debe mencionar que las restricciones ordenadas, al mismo tiempo han venido a contribuir aún más, con el deterioro de las ya existentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los centros penitenciarios, puesto que al estar prohibidas las visitas, los privados de libertad no obtienen elemento de higiene que le llevan sus familiares, por lo que corresponde al Estado de Honduras el garantizar los derechos fundamentales aludidos a la luz de la declaración constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, señalando la obligatoriedad de protegerla.- CONSIDERANDO (6): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad.- CONSIDERANDO (7): Que en observancia a las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a sus Estados miembros, en la Resolución No.01/2020, entre otras, la recomendación número uno consistente en adoptar de manera inmediata y urgente las medidas adecuada para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas, en este caso, privadas de libertad, que se encuentren frente al riesgo que representa la pandemia, la Sala de lo Constitucional, determina resolver el presente recurso extraordinario de habeas corpus, elevándolo a un recurso humanitario, por lo que determina la libertad temporal por razón humanitaria, ayudando así, no solo al beneficiario de esta acción constitucional, sino que a la reducción del hacinamiento en los centros penales. Que en el mismo cuerpo convencional en el numeral 46 relativo a las recomendaciones a los privados de libertad, señala que en el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.- CONSIDERANDO (8): Que el artículo 182.1.b, de la Constitución de la República manda que cuando en su detención o prisión legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, tiene derecho a pedir su exhibición ante órgano jurisdiccional para que se le restituya, en este caso, su libertad. Asimismo, el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional ha sido redactado en iguales términos que el artículo 182.1.b constitucional, siendo procedente la aplicación del artículo 14 de la Ley Sobre Justicia Constitucional referente a la restitución o aseguramiento a la libertad o cese de los tormentos.- CONSIDERANDO (9): Que en el caso que nos ocupa, se observa que no consta en el expediente que al privado de libertad JAVIER RODOLFO PASTOR VAQUEZ, se le haya efectuado un análisis clínico realizado por expertos de la Dirección General de Medicina Forense adscrita al Ministerio Público, a efecto de que emita dictamen ratificando lo padecimientos del peticionario, sino que solamente consta a folio 33 de la pieza de antecedentes, una revisión realizada por el Medico Asistencial del anexo del Primer y Segundo batallón de Infantería, doctora Reina Gabriela Aplicano, con número de Colegio Médico de Honduras 23011915270, quien manifiesta que en el expediente médico No.PI-P840, no existe certificación médica de especialista que certifique el padecimiento señalado de Fractura en columna lumbar a nivel de faceta articular L5-S1 derecha. Que, aunado a lo anterior, el señor JAVIER RODOLFO PASTOR VAQUEZ, se encuentra privado de libertad, en un Módulo del Primer Batallón de Infantería, en el cual, según lo manifestado por él a la Medico Asistencial, Dra. Reina Gabriela Aplicano, solamente se encuentra con cuatro personas más, que cuenta con todas las comodidades, con un área verde con buena ventilación, que ha recibido los conocimientos necesarios a practicar mientras dure la pandemia de COVID-19.- CONSIDERANDO (10): Que el artículo 182.1.b, de la Constitución de la República manda que cuando en su detención o prisión legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión, tiene derecho a pedir su exhibición ante órgano jurisdiccional para que se le restituya, en este caso, su libertad. Asimismo, el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional ha sido redactado en iguales términos que el artículo 182.1.b constitucional, siendo procedente la aplicación del artículo 14 de la Ley Sobre Justicia Constitucional referente a la restitución o aseguramiento a la libertad o cese de los tormentos. En ese sentido, dentro de los recursos de habeas corpus interpuestos por privados de libertad, en virtud de la pandemia COVID-19, deben cumplirse ciertos requisitos necesarios a ponderar, siendo fundamentales aquellos que demuestren vulnerabilidad a adquirir el COVID-19, siendo la atribución de la Sala de lo Constitucional, decretar medidas para salvaguardar y garantizar el derecho a la salud, a la integridad física y hasta la vida de los privados de libertar. Así la cosas, para otorgar la garantía del habeas corpus, en el presente caso era necesario haber probado que el derecho fundamental a la vida, a la salud y a la integridad física, están corriendo un verdadero peligro. En principio, probar con evidencia científica formal el padecimiento que dice sufrir, no basta con señalarlo, sino que conste en su expediente certificación médica extendida por un médico especialista en el área, lo que no se observó. Segundo, estar en flagrante peligro que implica el hacinamiento en el centro penitenciario en el cual cumple condena, por sobrepoblación carcelaria que lo haga vulnerable al contagio del COVID-19; al respecto se determina que no existe hacinamiento en el lugar donde el recurrente cumple la pena, por lo que no corre peligro su derecho fundamental a la salud, integridad física y a la vida y en tercer lugar la falta de claridad sobre la edad, aunque con respecto a este requisito, se ha decidido no sobrevalorarlo, en beneficio el privado de libertad. Assí las cosas, se concluye que es procedente declarar SIN LUGAR el recurso de habeas Corpus, por no haberse constatado las violaciones establecidas en el artículo 13.1.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 80, 82, 182.1, 303, 304, 313 numerales 5 , 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 9 numeral 1), 10 numeral 1), 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26,31, 34, 37, 38 y 70 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, recomendación número uno y cuarenta y seis de la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus promovido por la abogada NILIA RAQUEL RAMOS, a favor del señor JAVIER RODOLFO PASTO VASQUEZ. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0244-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 182.1 de la Constitución de la República, Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 23,612 del 2 de enero de 1982.
[2] Artículo 17 de la LSJC.
[3] Artículo 3.1, 9.1 de la LSJC