Sentencia EP-243-20 — Registro 10607
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y del Director del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”; manifestando la peticionaria, que su representado se encuentra en una situación de alto riesgo y peligro a su vida. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 65, 66 y 145 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (12): Que, en tal sentido, se valora lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la precitada Resolución No. 01/2020 del presente mes y año; reconociéndose, asimismo, que la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que, con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad, la perturben o priven de ella; así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido; lo cual no se evidencia en el presente caso; el cual no se subsumirse ninguno de los presupuestos que, para su otorgamiento, precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo del dos mil veinte.- VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la abogada ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ, a favor del señor DENNIS AUGUSTO RODAS ZERON, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP) Y DEL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO “MARCO AURELIO SOTO”, UBICADO EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; manifestando la peticionaria, que su representado se encuentra en una situación de alto riesgo y peligro a su vida. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 65, 66 y 145 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha catorce (14) de abril de dos mil veinte (2020), compareció ante la Sala de lo Constitucional, la abogada ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor DENNIS AUGUSTO RODAS ZERON, manifestando la peticionaria: que su representado se encuentra cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva, y; que tiene una serie de padecimientos que causan complicaciones en sus sistema inmunológico, situación que pone en alto riesgo y grave peligro a su vida, por el hacinamiento que se vive en dicho centro penitenciario, que hace más rápida la propagación del COVID-19 y las medidas que se han implementado durante la cuarentena, le complican el acceso a doctores y tratamientos, por lo que solicita modificación de dicha medida cautelar. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 65, 66 y 145 de la Constitución de la República, en perjuicio de su representado. (Folios 1-7 del presente Recurso)- 2) Que, en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombro como Juez Ejecutora a la abogada MILGHIAM ELIZABETH MORALES BANEGAS, Defensora Pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 8 del presente Recurso)- 3) Que en fecha veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha quince (15) de abril de dos mil veinte (2020), compareció al Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto” ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, en donde entrevisto al señor DENNIS AUGUSTO RODAS ZERON, quien le manifestó: que padece de diabetes, ansiedad, problemas de colon, asma, escoliosis tipo 1; que el veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019), fue trasladado desde el Centro Penitenciario de Ilama, departamento de Santa Bárbara; que desde que llegó, solo ha tenido tres (3) consultas y ha perdido citas, debido a falta de vehículos para su traslado a hospitales y no tiene citas en clínicas privadas; lo único que necesita son medicamentos; que con la crisis de la pandemia, no ha recibido el medicamento de parte de su familia, y; pide ser trasladado al Centro Penitenciario de Morocelí, departamento de El Paraíso, pues tiene entendido que ahí puede tener más acceso y movilización a un centro hospitalario; B) Que en fecha dieciséis (16) de abril de dos mil veinte (2020) recibió el informe del Director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el señor JOSÉ ARSENIO GONZÁLEZ MARADIAGA, en el cual puede constatar: que el señor DENNIS AUGUSTO RODAS ZERON, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, en el módulo de máxima seguridad, por orden del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia Penal, del departamento de Francisco Morazán; su condición jurídica es de condenado, por los delitos de ASESINATO, en perjuicio del señor FREDESVINDO BONILLA BUSTILLO, y por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; también tiene la condición de procesado por los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE MUNICIONES DE GUERRA, POSESION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, TENENCIA ILEGAL DE EQUIPO POLICIAL, ASOCIACIÓN ILICITA, Y ALTERACIÓN DE VEHÍCULOS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; que del informe médico de fecha quince (15) de abril de dos mil veinte (2020), rendido por el doctor de dicho centro penitenciario, el doctor JOSÉ RAMÓN AMADOR ZÚNIGA, se puede constatar que al señor, se le están brindando todas las atenciones médicas correspondientes; tiene acceso a atención médica 24/7; posee antecedentes de asma bronquial, ansiedad generalizada con tratamiento ya establecido, gastritis en tratamiento, síndrome de colon irritable, escoliosis de columna hipertrigliceridemia y diabetes mellitus, y; que se ha estado limitando las citas a los hospitales públicos, y las visitas, en vista de la actual pandemia de COVID-19 que se está viviendo en el país; C) En esa misma fecha, también recibió el informe rendido por el Director del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, en donde puede constatar: que el señor DENIS AUGUSTO RODAS ZERON, fue trasladado el veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019), a la orden del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, y; que ya ha sido sentenciado por múltiples delitos y que aún tiene varios procesos penales pendientes; D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutor Resolvió: (SIC) “DECLARAR: NO HA LUGAR la Acción de HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL, presentada a favor del señor DENIS AUGUSTO RODAS ZERON, a través de su apoderada, la abogada ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ, puesto que los motivos objeto del presente recurso y que refiere que al señor DENNIS AUGUSTO RODAS ZERON, se encuentra en peligro su salud, seguridad e integridad física, no fueron constatados por esta Juez Ejecutora, …”. (Folios 102–110 del presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]- CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2]- CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a lo postulado por la Carta de San José, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”.- CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas y aun con mayor intensidad, señala también la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha identificado la obligación de los Estados de proveer atención médica a los privados de libertad y de proporcionar cuidados especiales en situaciones de emergencia o debido cuidado en caso de enfermedad severa o terminal. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo la atención médica adecuada, la cual debe ser ofrecida de oficio, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra detenido; estándares de derechos humanos que son aplicables en el caso de mérito, dado que no pueden ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5]- CONSIDERANDO (6): Que, mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[6] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley.- CONSIDERANDO (7): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[7] manifestando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[8]- CONSIDERANDO (8): Que como consecuencia de la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 3,171 de fecha 1 de febrero de fecha 1 de febrero del año 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a las personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19. Posterior a ello, en fecha 16 de marzo del año 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han prologando hasta la fecha con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Se debe garantizar que las restricciones ordenadas, no vengan a deteriorar aún más, las preexistentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los Centros Penitenciarios; por lo que corresponde al Estado de Honduras el deber de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, conllevando la obligatoriedad de su protección.- CONSIDERANDO (9): Que, por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que es este el derecho humano más afectado por esta pandemia, como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad; siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda, por lo tanto, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad; dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes; lo cual no se identificó como el supuesto del presente caso.- CONSIDERANDO (10): Que después de realizado el estudio de los autos en la presente garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe y documentación acompañada por la Juez Ejecutora; considera este Alto Tribunal, que la petición excarcelatoria expuesta por la peticionaria no es de recibo, por no encontrarse enmarcada en las disposiciones constitucionales relacionadas ut supra, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional; debiendo destacarse que en el informe rendido por el Director del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), Sr. JOSÉ ARSENIO GONZÁLEZ MARADIAGA, se asegura que, en el Centro Penitenciario Nacional de Tamara, Francisco Morazán, se están tomando todas las medidas de bioseguridad establecidas en los protocolos y lineamientos coordinados por el Instituto y la Secretaria de Salud, los cuales describe sucintamente;[9] en prevención del contagio por el virus COVID-19; y, muy especialmente, el acápite 4) del Informe rendido por la Juez Ejecutora,[10] el cual es concluyente en cuanto no haber existido tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradante contra el encausado; coligiendo del asunto estudiado, que no se desprende finalidad alguna de provocar aflicción o dolor a la persona humana, con el fin de producir un resultado; sino que de acciones pertinentes para el resguardo y bienestar de los reclusos, al amparo de lo establecido en el numeral 3 del artículo 8 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; acción administrativa que tendría como fin la prevención del contagio; lo cual no obsta para exhortar a las autoridades penitenciarias, a permitir que los familiares del denunciante, le proporcionen los medicamentos que el centro penal no tenga o que se vea imposibilitado de proporcionar; los cuales, en su caso, deben estar recetados por el Facultativo competente, observando los mecanismos de control, seguridad y bioseguridad que ya se manejan.- CONSIDERANDO (11): Que la Sala de lo Constitucional reconoce la función que reviste al Estado como garante de la dignidad de la persona humana, de su bienestar y su salud, a efecto procurar la más completa protección del derecho a la vida y la integridad personal. En particular, la del privado de libertad, quien se encuentra bajo la tutela reforzada del Estado. En tal sentido, relevante jurisprudencia constitucional ha afirmado que el derecho a la vida comprende, por lo menos, el derecho del ser humano a no ser privado de la vida y a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna; coligiéndose que tiene el Estado de Honduras la obligación de garantizar se produzcan las condiciones requeridas para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico; y de impedir que sus agentes, o terceros, atenten contra él.[11]- CONSIDERANDO (12): Que, en tal sentido, se valora lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la precitada Resolución No. 01/2020 del presente mes y año; reconociéndose, asimismo, que la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que, con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad, la perturben o priven de ella; así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido; lo cual no se evidencia en el presente caso; el cual no se subsumirse ninguno de los presupuestos que, para su otorgamiento, precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ni en lo convencionalmente dispuesto por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; por todo lo cual, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 68, 69, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por la abogada ZAIDA ELIZABETH RAMIREZ BENITEZ, a favor del señor DENNIS AUGUSTO RODAS ZERON, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP) Y DEL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO “MARCO AURELIO SOTO”, UBICADO EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, por las razones aquí motivadas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia a la Abogada Impetrante de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificada y firme que sea la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en Sala de lo Constitucional. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0243-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.
[6] Artículo 1, último párrafo, de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
[7] Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57. “El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima…”.
[8] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.
[9] Ver folio 26 frente del presente recurso.
[10] Ver folio 108 frente del presente recurso.
[11] Cfr. el fallo de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos (CorteIDH), en: Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Sentencia del dos de septiembre de 2004, párr. 156.