Sentencia EP-236-20 — Registro 10589
Resumen
Se interpuso Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal contra actuaciones la Corte de Apelaciones con Jurisdicción Nacional con Sede en Tegucigalpa de, manifestando el peticionario: “Que dadas las condiciones en que mis representados cumplen actualmente la prisión preventiva decretada, la misma ha adquirido la característica de una pena anticipada, provocando limitaciones excesivas a su libertad….
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): Que es importante relacionar que esta Sala de lo Constitucional mediante fallo constitucional de fecha trece (13) de mayo, del presente año dos mil veinte (2020) dio respuesta al Hábeas Corpus promovido en fecha diecinueve (19) de marzo por el ahora recurrente, exponiendo los mismos argumentos relacionados en el caso sub júdice; en el relacionado fallo con registro de expediente número SCO-0264-2020, esta Sala al igual que en el presente libelo, concluye que los argumentos expuestos por el recurrente no son situaciones a resolverse a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, como bien lo indica la Juez Ejecutora, los argumentos del peticionario son cuestiones procesales en relación a la modificación de la medida cautelar de Prisión Preventiva y el tiempo en dar respuesta a las peticiones sobre Recursos de Apelación promovidas contra resoluciones dictadas en el Juzgado de Letras que conoce del proceso, situaciones que son propias de resolverse con la interposición de la Garantía Constitucional de Amparo, o bien ante la autoridad administrativa correspondiente en relación a las actuaciones de los funcionarios judiciales contrarias a la ley. CONSIDERANDO (11): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente Dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio del año dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal interpuesto por el Abogado EDY ALEXANDER TÁBORA GONZALES, a favor de los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER CEDILLO, ORBIN NAHUM HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ, contra actuaciones de la CORTE DE APELACIONES CON JURISDICCION NACIONAL CON SEDE EN TEGUCIGALPA, manifestando el peticionario: “Que dadas las condiciones en que mis representados cumplen actualmente la prisión preventiva decretada, la misma ha adquirido la característica de una pena anticipada, provocando limitaciones excesivas a su libertad…. Es un hecho notorio y que no necesita ser objeto de prueba, la situación de los centros penitenciarios que además de que los privados de libertad están en condiciones de hacinamiento, no cuentan con las condiciones para prestar los servicios sanitarios y hasta la fecha ninguno de las solicitudes para resolver la situación de libertad de KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOÉ ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ, ha sido resuelta, y eso trae consigo sufrimientos innecesarios a mis representados, en el marco de la emergencia sanitaria, ya que la Corte de Apelaciones no ha respondido en el plazo establecido y puede traer graves consecuencias para la salud y la vida de mis representados, pudiendo haberse defendido en libertad.” A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha trece de abril del presente año dos mil veinte, mediante correo electrónico recibido en esta Sala de lo Constitucional, el Abogado EDY ALEXANDER TÁBORA GONZALES, presentó Recurso de Hábeas Corpus a favor de los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOÉ ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ, contra actuaciones la CORTE DE APELACIONES CON JURISDICCION NACIONAL CON SEDE EN TEGUCIGALPA, manifestando inter alia el peticionario: “Que dadas las condiciones en que mis representados cumplen actualmente la prisión preventiva decretada, la misma ha adquirido la característica de una pena anticipada, provocando limitaciones excesivas a su libertad…. Es un hecho notorio y que no necesita ser objeto de prueba, la situación de los centros penitenciarios que además de que los privados de libertad están en condiciones de hacinamiento, no cuentan con las condiciones para prestar los servicios sanitarios y hasta la fecha ninguno de las solicitudes para resolver la situación de libertad de KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOÉ ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ, ha sido resuelta, y eso trae consigo sufrimientos innecesarios a mis representados, en el marco de la emergencia sanitaria, ya que la Corte de Apelaciones no ha respondido en el plazo establecido y puede traer graves consecuencias para la salud y la vida de mis representados, pudiendo haberse defendido en libertad.” (Folios del 01 al 06 de los autos). 2) Que en esa misma fecha, la Sala de lo Constitucional, admitió el recurso de exhibición personal de mérito y nombró como Juez Ejecutor a la Abogada LENY YANETH GOMEZ, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto que constatara los extremos narrados por el recurrente, debiendo constituirse al lugar en donde se encuentran detenidos los referidos señores, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo, ordenar a la autoridad recurrida rindieran el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 22 del recurso) 3) Que la Abogada LENY YANETH GOMEZ, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha once de mayo del año dos mil veinte, y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros extremos lo siguiente: a) Que en fecha catorce de abril de dos mil veinte, la Juez ejecutora se personó en las instalaciones de la Corte de Apelaciones Penal con Jurisdicción Nacional, requiriendo a la Abogada Luisa Ramos Matute, a fin de que rindiera un informe sobre los extremos señalados en el recurso de exhibición personal, específicamente, en lo que respecta a las razones por las cuales los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOÉ ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ, se encontraban privados de libertad y las razones por la cual la Corte de Apelaciones no había resuelto los recursos de apelación interpuestos por la defensa, contra los Autos de Formal Procesamiento dictados por el Juzgado de Letras Penal Con Jurisdicción Nacional. En esa misma fecha se rindió el informe correspondiente, indicando que las diligencias se habían recibido en fecha 25 de febrero de 2020, procedentes del Juzgado de Letras Penal Con Jurisdicción Nacional. En dicho informe se concluye que todas las impugnaciones presentadas, ya fueron resueltas por la Corte de Apelaciones, pero debido a la emergencia del COVID-19, quedó pendiente de terminar la resolución correspondiente, la cual se dictará una vez que se reanuden las labores. b) Que mediante diligencias realizadas por la Juez Ejecutora, se constató que los señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSE DANIEL MARQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOE ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER, ORBIN NAHUM HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMAN SORIANO, ser encontraban recluidos en el Centro Penal de Olachito, Yoro y el señor JEREMIAS MARTINEZ, Estaba recluido en el Centro Penal de La Ceiba, Atlántida, por lo que se designó a las Abogadas ARELY MARTINEZ Y GINA AURORA SALAZAR, Defensoras Públicas de Olanchito y La Ceiba, respectivamente, para que entrevistaran a los referidos señores y constataran los extremos esgrimidos por el recurrente. c) Según informe rendido por la Abogada Arely Martínez, y de las entrevistas realizadas a los ya mencionados señores, en el Centro Penal de Olachito, Yoro, existen medidas de seguridad preventivas para evitar la propagación del COVID-19 y que las personas con padecimientos crónicos son evaluados por el personal médico de manera continua, y que el señor JOSE DANIEL MARQUEZ padece de Hipertensión desde hace siete años y que en el centro penal le proporcionaban los medicamentos. d) Que la Abogada GINA AURORA SALAZAR, entrevistó al señor JEREMIAS MARTINEZ DIAZ, quien le indicó que se encontraba bien de salud y que el único padecimiento que tenía era una ulcera gástrica, señalando que en el Centro Penal no había ninguna persona con COVID-19, que, como medida de prevención para evitar el contagio, se prohibió las visitas y las salidas del centro, indicó que en el Centro Penal se realizaban fumigaciones una vez por semana. D) Que algunos de los argumentos planteados por el quejoso es la inobservancia del A-Quo en dictar resoluciones sin la motivación que requiere el artículo 141 del Código Procesal Penal por un lado y por el otro, la falta de diligencia del Tribunal Ad-Quem en la priorización del caso, es decir, dar respuesta en un plazo razonable a las peticiones planteadas por las partes, en consecuencia, violentándose la garantía del debido proceso legal contenido en el artículo 90 constitucional. que dichos motivos no son propios de ésta instancia, sino de la de Amparo de acuerdo al artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional. E) Que la Juez Ejecutora resolvió: “DECLARA: NO HA LUGAR la acción de Exhibición Personal interpuesta por el Abogado EDY ALEXANDER TABORA GONZALES…”. (Folios del ????? xxxxxxx falta terminar de foliar el expediente) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo todos la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha trece de abril del presente año dos mil veinte, mediante correo electrónico enviado a la cuenta de la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado Edy Alexander Tábora Gonzales, interpuso Garantía de Hábeas Corpus a favor de los Privados de Libertad señores KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ, contra actuaciones de la Corte de Apelaciones de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa, según el peticionario los privados de Libertad a favor de quienes se interpuso la Garantía de Hábeas Corpus, están siendo juzgados en una jurisdicción que no tiene competencia para conocer de los delitos por los que se les acusa, que está pendiente un recurso de apelación que no ha sido resuelto, se denegó una solicitud de sustitución de la Prisión Preventiva, la cual fue decretada sin la debida motivación que la prisión preventiva ha adquirido el carácter de una pena anticipada, asimismo, que está pendiente otra solicitud de revisión de medidas, que a raíz de la emergencia por el COVID-19 y por el hacinamiento de los centros penales, trae consigo sufrimientos innecesarios a los agraviados y que puede tener graves consecuencias para su salud y sus vidas pudiendo haberse defendido en libertad. CONSIDERANDO (5): Que en fecha once de mayo del presente año dos mil veinte, la Juez Ejecutora nombrada para conocer de la garantía constitucional promovida, Abogada Leny Yaneth Gómez, rindió el informe correspondiente, mediante el cual concluye declarar No Ha Lugar el recurso de Hábeas Corpus interpuesto, al concluir que los motivos objeto del presente recurso que expone el recurrente no son propios de ésta instancia, sino de la de Amparo, de acuerdo al artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[3], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (7): Que, en el ejercicio de sus atribuciones, le corresponde a esta Sala de lo Constitucional conocer de la presente acción, observando como resultado del análisis de los antecedentes, que la Juez Ejecutora nombrada, ha conocido del recurso de Hábeas Corpus y ha resuelto como si se tratara de un procedimiento más, sin tener en cuenta el tiempo de Pandemia por el esparcimiento del virus COVID-19, que vive actualmente nuestro país y el mundo entero. En ese sentido, se debe mencionar que el Presidente Constitucional de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 3,171, de fecha 1 de febrero de 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a la personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19.- En fecha posterior, el 16 de marzo de 2020, se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201, de fecha 16 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, restricciones que se han venido extendiendo en el tiempo hasta esta fecha. Se debe mencionar que las restricciones ordenadas, han venido a contribuir aún más, con el deterioro de las ya existentes deficiencias de salubridad e higiene en la mayoría de los centros penitenciarios, por lo que corresponde al Estado de Honduras el garantizar los derechos fundamentales aludidos a la luz de la declaración constitucional que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, señalando la obligatoriedad de protegerla. CONSIDERANDO (8): Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha diez de abril de dos mil veinte, emitió la Resolución No.01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LA AMERICAS”, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida, y siendo que el derecho humano afectado por esta pandemia es precisamente el más preciado –la vida- como consecuencia de una afectación grave y directa al derecho humano a la Salud, es ahora el momento de tomar decisiones urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, y a la integridad personal de todas aquellos personas que se encuentren privadas de libertad, siempre y cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad. Se recomienda adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. CONSIDERANDO (9): Que después de realizado el estudio de los autos que forman la Pieza de la Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal y del informe y documentación presentada junto con el mismo, por la Juez Ejecutora nombrada, este Alto Tribunal, observa que los beneficiarios de la presente garantía se encuentran privados de su libertad en virtud de orden emanada de autoridad competente; la revisión de la medida cautelar de la Prisión Preventiva y su posible sustitución por otra medida cautelar en libertad, no es una situación a ser dilucidada a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, pues los argumentos expuestos por el peticionario no se encuentran enmarcados en las disposiciones constitucionales ut supra relacionadas, ni en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Aunado a ello de la entrevista personal realizada a los Privados de Libertad indican no padecer de enfermedades infecto contagiosas o crónicas y que en general gozan de buena salud física y mental a excepción del señor José Daniel Márquez que padece de Hipertensión Arterial, controlada con medicamentos proveídos por el Centro Penitenciario y se realizan evaluaciones médicas continuas; asimismo de los informes emitidos se advierte que los Centros Penales están adoptando todas las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19 al interior de los recintos penales, con el objetivo de evitar la propagación del virus, se ha distribuido Kit de aseo personal, desinfectantes, mascarillas y guantes, así como la impartición de charlas sobre medidas de prevención, formando parte del grupo de apoyo de salud el Privado de Libertad Orbin Nahúm Hernández. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional no desconoce que el Estado como garante de la dignidad de la persona humana y de su bienestar y salud en general, está obligado a proporcionar los medios adecuados de servicios de salud con el fin de proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los privados de libertad, tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CONSIDERANDO (10): Que es importante relacionar que esta Sala de lo Constitucional mediante fallo constitucional de fecha trece (13) de mayo, del presente año dos mil veinte (2020) dio respuesta al Hábeas Corpus promovido en fecha diecinueve (19) de marzo por el ahora recurrente, exponiendo los mismos argumentos relacionados en el caso sub júdice; en el relacionado fallo con registro de expediente número SCO-0264-2020, esta Sala al igual que en el presente libelo, concluye que los argumentos expuestos por el recurrente no son situaciones a resolverse a través de la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, como bien lo indica la Juez Ejecutora, los argumentos del peticionario son cuestiones procesales en relación a la modificación de la medida cautelar de Prisión Preventiva y el tiempo en dar respuesta a las peticiones sobre Recursos de Apelación promovidas contra resoluciones dictadas en el Juzgado de Letras que conoce del proceso, situaciones que son propias de resolverse con la interposición de la Garantía Constitucional de Amparo, o bien ante la autoridad administrativa correspondiente en relación a las actuaciones de los funcionarios judiciales contrarias a la ley. CONSIDERANDO (11): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad.– no evidenciándose al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, infracción a lo dispuesto en el artículo 13 y 24 de la ley Sobre Justicia Constitucional; estimándose procedente, por tanto, declarar NO HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 69, 68, 71, 80, 84, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL promovido por el Abogado EDY ALEXANDER TÁBORA GONZALES, a favor de los Privados de Libertad KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ, contra actuaciones de la Corte de Apelaciones con Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa, por las razones que se dejan aquí señaladas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia, a la defensa de los Privados de Libertad KELVIN ALEJANDRO ROMERO, JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ, PORFIRIO SORTO CEDILLO, JOSÉ ABELINO CEDILLO, EWER ALEXANDER CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNANDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO y JEREMÍAS MARTÍNEZ DÍAZ. 2.-Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo de las diligencias en esta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de junio de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veinte, recaída en el recurso de exhibición personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0236-2020.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.