Sentencia EP-22-20 — Registro 10808
Resumen
Acto recurrido de mantener en situación de peligro al impetrante en compañía de miembros de la organización delictiva “MS” y él es “Paisa, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. - Por todo lo cual, habiéndose constatado que al Privado de Libertad se le trasladó al módulo por él sugerido, en atención al temor manifestado de encontrarse en peligro su vida, dicha medida fue adoptada de forma inmediata al tener conocimiento las autoridades de la situación referida por el Privado de Libertad, a efecto de salvaguardar su integridad física, no procede en consecuencia decretar el cese de restricción o molestia alguna a favor de la libertad del beneficiario de la presente garantía; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus; no obstante a ello procede hacer hincapié, en cuanto a mantener y de ser necesario adoptar otras medidas de seguridad que sean necesarias a efecto de salvaguardar la integridad física del Privado de Libertad JESUS ERNESTO LICONA TORRES..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil veinte.
VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, a favor del Privado de Libertad JESUS ERNESTO LICONA TORRES, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENAL UBICADO EN MOROCELÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO (LA TOLVA); manifestando el peticionario, que su representado se encuentra en una situación de peligro, en el módulo de detención en que se encuentra. Por ello el peticionario solicita el cambio de módulo del privado de libertad y que se preserve el bien jurídico protegido como lo es la vida.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, interponiendo Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor del Privado de Libertad JESUS ERNESTO LICONA TORRES, manifestando el peticionario, que su representado necesita ser cambiado de módulo, ya que su vida corre peligro, porque en dicho módulo convive con miembros de la organización delictiva “MS” y él es “Paisa”, y dicho ambiente hostil le está causando depresión. (Folio 1 de los autos)- 2) Que, en la misma fecha, trece de enero del año dos mil veinte, este Alto Tribunal admitió el recurso relacionado, nombrando como Juez Ejecutor al abogado UNBERTO FIGUEROA DÍAZ, Defensor Público de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de rendir el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional, a efecto de constatar de manera inmediata los hechos denunciados en el recurso y de ser procedente tomar las medidas correspondientes a fin de hacer cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del señor Jesús Ernesto Licona Torrez. (Folio 3 de los autos)- 3) Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), el Juez Ejecutor Abogado Unberto Donaciano Figueroa Díaz, compareció ante esta Sala de lo Constitucional y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos lo siguiente: A) Que en fecha trece (13) de enero de dos mil veinte (2020), se personó en las instalaciones del Centro Penal de Morocelí, departamento de El Paraíso, para entrevistarse personalmente con el señor JESUS ERNESTO LICONA TORRES; B) Que en fecha catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020), recibió el informe rendido por el señor LUIS ENRRIQUE MARADIAGA, Director del Centro Penal de Morocelí, departamento de El Paraíso, en el cual se manifiesta lo siguiente: 1. Que no ha recibido por parte del privado de libertad Sr. LICONA TORRES, ninguna queja verbal o escrita que su vida corría peligro y que se encuentra en estado depresivo 2. Que el dictamen médico determina que es un paciente de 41 años de edad que ingreso a ese Centro Penitenciario hace cinco (5) meses, ha sido evaluado en múltiples ocasiones por patologías de infección urinaria, otitis externa no supurativa, conjuntivitis, resfriado común, tratado cada patología adecuadamente y sin complicaciones, por lo tiene un buen estado general de salud y no ha presentado alteraciones psicológicas 3. Que se adjunta padrón fotográfico y copia de petición de traslado y aceptación del coordinador del módulo de reseña; C) Que el señor Licona Torres en ningún momento ha estado en peligro su vida y el interno en ningún momento solicitó el traslado de módulo, sin embargo en su condición de Juez Ejecutor y después de la entrevista con el señor Licona Torres, solicitó al Director del Centro Penal como medida de precaución y a solicitud del interno, se procediera al traslado en forma inmediata a otro módulo, solicitud que fue tomada en consideración y el mismo día trece de enero fue trasladado al Módulo de Reseña.; D)En vista de todo lo expuesto anteriormente, el Juez Ejecutor Resolvió: (Sic) “DECLARAR NO HA LUGAR, la acción del Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado JOSE RAFALE ERAZO PAISANO , a favor del Sr. JESUS ERNESTO LICONA TORRES….”. (Folios del 8 al 21 de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]- CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, teniendo toda la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la misma normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”.- CONSIDERANDO (4): Que en fecha trece de enero del presente año dos mil veinte, compareció ante la Secretaria de Este Alto Tribunal, el Abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, interponiendo Garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor del Privado de Libertad JESUS ERNESTO LICONA TORRES, contra actuaciones de las autoridades del CENTRO PENAL UBICADO EN MOROCELÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO (LA TOLVA), según el peticionario por encontrase en peligro la vida del Privado de Libertad JESUS ERNESTO LICONA TORRES, ya que en el módulo #3 se encuentra conviviendo con miembros de la organización delictiva “MS” y él es “paisa”, razón por la cual solicita sea trasladado a otro módulo, en el que no se encuentre en peligro su integridad física.- CONSIDERANDO (5): Que, en la fecha supra indicada, este Alto Tribunal admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando como Juez Ejecutor al Abogado UNBERTO FIGUEROA DÍAZ, Defensor Público de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de requerir al Director del Centro Penal ubicado en Morocelí, departamento de El Paraíso (LA TOLVA), para que rindiera el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (6): Que el Abogado UNBERTO DONACIANO FIGUEROA DIAZ, en su condición preindicada y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió informe en fecha veinte (20) de enero del presente año dos mil veinte (2020), consignando entre otros extremos los enunciados en el numeral tres de los antecedentes del presente libelo, concluyendo de las investigaciones realizadas: (Sic) “DECLARAR NO HA LUGAR, la acción del Recurso de Exhibición Personal, interpuesto por el Abogado JOSE RAFALE ERAZO PAISANO , a favor del Sr. JESUS ERNESTO LICONA TORRES….”. (Folios del 8 al 21 de los autos)- CONSIDERANDO (7): Que consta del informe presentado por el Juez Ejecutor, en el Recurso de Exhibición Personal relacionado, la no concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relacionados con lo establecido en el artículo 15[3] de la misma normativa legal, en virtud que, al momento de realizar las diligencias de investigación a efecto de constatar los hechos denunciados por el impetrante, el agraviado expresó que teme por su vida e integridad física por el hecho de ser “paisa”, por lo que solicita su traslado de inmediato, ya sea al módulo de Reseña u otro módulo en donde no corra peligro su vida; traslado que fue realizado en fecha trece de enero del presente año dos mil veinte, al Área de Seguridad de Reseña de dicho Centro Penitenciario, en el cual no corre peligro su vida, según el informe emitido por el Director del Centro Penitenciario de Morocelí, el Paraíso y confirmado por el Juez Ejecutor en el Informe emitido. (folio 13, 14 y 20 de los autos)- CONSIDERANDO (8):Que en ese orden de ideas la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal se encuentra dirigida contra actos de la autoridad pública en relación a la detención o privación de libertad de una persona; no constatándose, en definitiva, vulneración a la integridad personal del Privado de Libertad JESUS ERNESTO LICONA TORRES, ello se desprende de la entrevista que fue realizada por el Juez Ejecutor y del informe rendido por el Director del Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso[4], indicando que no se había recibido por parte del Privado de Libertad Licona Torres, ninguna queja verbal o escrita que su vida corría peligro, por ello al conocer la situación del señor Licona Torres, fue trasladado en fecha trece de enero del presente año dos mil veinte, del Módulo 3 de Mínima Seguridad al Área de Reseña de ese Centro Penitenciario de Morocelí, en el cual no corre ningún riesgo, refiere el informe emitido al Juez Ejecutor; concluyendo que efectivamente se han adoptado las medidas necesarias encaminadas a la protección y salvaguarda de la integridad física del Privado de Libertad JESUS ERNESTO LICONA TORRES, no constando en consecuencia vulneración a sus derechos fundamentales de libertad e integridad personal, reconocidos en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (9): Que, no obstante, se adoptaron medidas para el traslado del Privado de Libertad JESUS ERNESTO LICONA TORRES, al módulo por él sugerido, es importante hacer énfasis que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[5], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[6]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar y salvaguardar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”.- CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas y en concordancia con el compromiso asumido por el Estado de Honduras, de respetar el derecho fundamental a la integridad física de las personas Privadas de Libertad, es que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[7] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, y de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley.- CONSIDERANDO (11): Que corresponde al Instituto Nacional Penitenciario velar por la seguridad e integridad física del Privado de Libertad JESUS ERNESTO LICONA TORRES, como ente designado por el Estado de Honduras, para salvaguardar los derechos fundamentales de protección a la integridad física del peticionario de la presente Garantía Constitucional de Hábeas Corpus, quien se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de Morocelí, departamento de El Paraíso, por ello se instruye a las autoridades del Sistema Nacional Penitenciario a brindar las medidas de protección que sean necesarias, con el objeto de garantizar la integridad física del Privado de Libertad JESUS ERNESTO LICONA TORRES; sin olvidar lo establecido en el artículo 59, en relación al artículo 68 de la Constitución de la República, al representar el ser humano el fin supremo de la sociedad y del Estado, reconociendo por ende la Constitución de la República el respeto a la integridad física, psíquica y moral de toda persona.- CONSIDERANDO (12): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. - Por todo lo cual, habiéndose constatado que al Privado de Libertad se le trasladó al módulo por él sugerido, en atención al temor manifestado de encontrarse en peligro su vida, dicha medida fue adoptada de forma inmediata al tener conocimiento las autoridades de la situación referida por el Privado de Libertad, a efecto de salvaguardar su integridad física, no procede en consecuencia decretar el cese de restricción o molestia alguna a favor de la libertad del beneficiario de la presente garantía; estimándose procedente, por tanto, declarar SIN LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus; no obstante a ello procede hacer hincapié, en cuanto a mantener y de ser necesario adoptar otras medidas de seguridad que sean necesarias a efecto de salvaguardar la integridad física del Privado de Libertad JESUS ERNESTO LICONA TORRES. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 59, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO a favor del Privado de Libertad JESUS ERNESTO LICONA TORRES por las razones que se dejan aquí señaladas. II) ORDENA: A las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y al Director del Centro Penitenciario de Morocelí, Departamento de El Paraíso, mantener la medida de traslado al Módulo sugerido por el Privado de Libertad JESUS ERNESTO LICONA TORRES, sin perjuicio de adoptar otras Medidas de Seguridad que sean necesarias para salvaguardar la integridad física del peticionario de la presente garantía de Hábeas Corpus. III) Para el cumplimiento de esta sentencia la autoridad encargada de la administración del Sistema Penitenciario Nacional debe proceder de inmediato con el acatamiento de las recomendaciones indicadas, a partir de la notificación del presente fallo al recurrente. El incumplimiento de esta sentencia dará lugar lo que en derecho corresponda conforme la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que para su efectiva ejecución se notifique el presente fallo a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, como ente encargado de la organización, administración y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, enviando la correspondiente certificación, asimismo se notifique el presente fallo al Director del Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso y una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redacto la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0022-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
Y para ser entregada al DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP)/CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, de conformidad a lo ordenado en la presente Sentencia, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0022-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] DE LA RESOLUCIÓN DE OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD. Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como legítimo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones.
[4] Ver folios 13 y 14 de los autos, Informe rendido en fecha 14 de enero del año 2020.
[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[6] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[7] Artículo 1, último párrafo de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.