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Sentencia EP-218-20 — Registro 10604

Resumen

Se interpuso Recurso de Exhibición Personal y correctivo interpuesto contra actuaciones del Juez de Extradición de Primera Instancia Designado por la Corte Suprema De Justicia, y del Instituto Nacional Penitenciario; manifestando el peticionario que su representado se encuentra detenido en arresto preventivo en el anexo del Centro Penitenciario Nacional de Tamara y su arresto preventivo no es aplicable, ya que implica un cumplimiento de pena anticipada arbitraria e ilegal, porque no está prevista ni en la ley interna, ni en ambos Tratados en materia de extradición, suscritos entre Honduras y Estados Unidos y el Tratado Multilateral de Montevideo, convirtiéndose por tal razón, tal decisión en una detención arbitraria e ilegal, por no tener sustento jurídico para este caso específico.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (10): Que de autos resulta, que las actuaciones realizadas por la Juez Ejecutora cuentan con el respaldo de los informes rendidos tanto de las autoridades recurridas como de los documentos obtenidos, entrevista al privado de libertad que concluye con un informe final donde se señala que no se vislumbran violaciones a los derechos y garantías individuales de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede entonces, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 38 de este mismo cuerpo normativo, que se declarare SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal solicitado a favor del señor ARNALDO URBINA SOTO por no constar que se hayan infringido los derechos garantizados por la Constitución de la República y la Ley Sobre Justicia Constitucional."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte.- VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Exhibición Personal y correctivo interpuesto por el Abogado SATURNINO RUBEN AMAYA CHIRINOS, a favor del señor ARNALDO URBINA SOTO, contra actuaciones del JUEZ DE EXTRADICION DE PRIMERA INSTANCIA DESIGNADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Y DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO; manifestando el peticionario que su representado se encuentra detenido en arresto preventivo en el anexo del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, ubicado en el segundo Batallón de Infantería y su arresto preventivo no es aplicable a casos como el del señor Urbina Soto, ya que implica un cumplimiento de pena anticipada arbitraria e ilegal, porque no está prevista ni en la ley interna, ni en ambos Tratados en materia de extradición, suscritos entre Honduras y Estados Unidos y el Tratado Multilateral de Montevideo, convirtiéndose por tal razón, tal decisión en una detención arbitraria e ilegal, por no tener sustento jurídico para este caso específico.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dos de abril del año dos mil veinte, mediante correo electrónico recibido en la Sala de lo Constitucional el Abogado SATURNINO RUBEN AMAYA CHIRINOS, presento Recurso de Exhibición Personal, a favor del señor ARNALDO URBINA SOTO, contra actuaciones del JUEZ DE EXTRADICION DE PRIMERA INSTANCIA DESIGNADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Y DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO; manifestando el peticionario que su representado, actualmente se encuentra detenido en arresto preventivo en el anexo del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, ubicado en el segundo Batallón de Infantería, manifiesta además el peticionario que el Juez de Extradición de Primera Instancia, designado por la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución judicial emitida decidió deferir la entrega del señor ARNALDO URBINA SOTO, al Estado requirente, hasta que termine los procesos incoados contra su representado en Honduras, manteniendo el arresto preventivo hasta que se culminaran los procesos pendientes. Asimismo, contra el Instituto Nacional Penitenciario por las condiciones de detención a las que se encuentra sometido. Alega el peticionario por otra parte, que la figura del arresto preventivo para casos como el del señor ARNALDO URBINA SOTO, resultan aplicable, ya que no está cumpliendo ninguna pena y además, el arresto preventivo al que se le ha sometido no está previsto en ninguna legislación nacional, ni siquiera en el Auto Acordado aprobado en el punto 5 del Acta 10 de la Sesión celebrada el día 8 de mayo de 2013 por la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto convierte su detención en un acto arbitrario, una detención ilegal que se ha convertido en un cumplimiento de pena anticipada, no precisamente por los hechos por los cuales se le enjuicia en Honduras, sino por los hechos por los cuales se ha pedido en extradición, cuya ejecución queda supeditada a la resolución de sus causas penales en Honduras, por las cuales se le ha concedido medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, tal como se puede constatar, por lo tanto, lo correcto es la excarcelación del señor ARNALDO URBINA SOTO, y el cumplimiento de las medidas cautelares de arresto domiciliario, tal como lo han establecido los Tribunales de Justicia que conocen de sus causas penales en Honduras. Alega además que la detención arbitraria de la que es objeto, lo coloca en una condición de extrema vulnerabilidad por las condiciones del lugar donde está ubicado, en el cual no se observan las recomendaciones higiénicas y de distanciamiento social que han sido señaladas por la Organización Mundial de la Salud, por adolecer de insumos para evitar el contagio masivo de los privados de libertad (mascarillas, gel antibacterial y alcohol) (folios 01 al 5 del recurso).- 2) Que en esa misma fecha, la Sala admitió el Recurso de Exhibición Personal de mérito, y nombró como Juez Ejecutor a la Abogada ADELA YAMILETH MIRANDA GUDIEL, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos narrados por el recurrente, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual del afectado, procediera a requerir a la autoridad recurrida, rendir el informe dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (folio 08 del recurso).- 3) Que la abogada ADELA YAMILETH MIRANDA GUDIEL, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha trece de Abril del año dos mil veinte, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consigno entre otros lo siguiente: a) Que en fecha tres de abril del año dos mil veinte, la Juez Ejecutora se persono en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario y en las oficinas del Juez de Extradición, a efecto de solicitar a dichas autoridades rindieran un informe sobre la situación del señor ARNALDO URBINA SOTO. Que constituida en las instalaciones del Centro Penitenciario de Tamara, solicito al Director de Dicho Centro Penitenciario, rindiera un informe sobre las condiciones en las que se encontraba en ese momento el señor ARNALDO URBINA SOTO, estableciéndose en dicho informe que este ingreso en ese centro penal el 26 de mayo del año dos mil dieciocho, por suponerlo responsable de 67 delitos de abuso de autoridad y 124 delitos por malversación de caudales públicos, por orden del Juzgado de Letras con Competencia Territorial en Materia Penal. En ese mismo informe la Doctora Zoila Concepción Arias Matamoros, manifiesta que se han tomado las medidas de prevención ante la pandemia COVID-19 en el Centro Penitenciario Nacional para salvaguardar la vida e integridad física del privado de libertad ARNALDO URBINA SOTO, el cual se encontraba a esa fecha sin nexos epidemiológicos de enfermedad infectocontagiosa, asimismo manifestó que se les ha dado los insumos necesarios en cuanto al covid-19, ya que se están usando las medidas de prevención en el lugar que se encuentra ubicado el señor ARNALDO URBINA SOTO; b) en fecha seis de abril del año dos mil veinte, el Secretario Adjunto designado en el Proceso de Extradición relacionado y asignado al Magistrado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, en su condición de Juez de Extradición en el caso de mérito, emitió informe consignando lo siguiente; 1) Que el Juez de Extradición de Primera Instancia Magistrado Reynaldo Antonio Hernández, se encuentra fuera de la ciudad de Tegucigalpa, y siendo que nos encontramos en estado de emergencia nacional (toque de queda absoluto), el suscrito secretario designado a la solicitud de extradición según nota verbal 66-2019, procederá a rendir el informe; 2) Que en fecha veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, se celebró audiencia de extradición en la ciudad de San Pedro Sula, según nota verbal 66-2019, en la cual el Juez de Extradición le decretó ARRESTO PREVENTIVO al ciudadano ARNALDO URBINA SOTO, a fin de garantizar su presencia en la sustanciación del procedimiento de extradición, dicho ARRESTO PREVENTIVO, se cumpliría en las instalaciones del Centro Penal de la Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro; 3) Que en fecha veintidós de mayo del año dos mil diecinueve, se celebró audiencia de proposición y evacuación de medios de prueba, en la ciudad de San Pedro Sula, en la cual el Juez resolvió lo siguiente: ”Habiendo escuchado la participación del Abogado Defensor, la defensa señala el principio constitucional que consta en el doble juzgamiento, que si bien es cierto en la prueba ofertada manifiesta de la ampliación del proceso en relación al narcotráfico se ha constatado conforme la constancia extendida por la Secretaria General del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional, que el fallo emitido en su parte resolutiva y en el mismo no se ha emitido por constar dos recursos de amparo en el mismo proceso, señala que, el delito por el que ha sido condenado el señor ARNALDO URBINA SOTO, es por el delito de Lavado de Activos, por lo que este Juzgado procede a emitir un auto para mejor proveer en base a lo establecido en el artículo 333 del Código Procesal Penal para constatar de manera fehaciente el acta de dicho proceso en el término de 7 días hábiles que se le darán a la Secretaria General del Tribunal en mención para que acerque a este Juez Natural y de esta manera proceder a emitir la resolución en cuanto a la procedencia o no de la extradición del ciudadano hondureño ARNALDO URBINA SOTO. En relación a la detención del señor ARNALDO URBINA SOTO, se mantiene el ARRESTO PREVENTIVO que ha venido cumpliendo y al efecto será enviado nuevamente al Centro Penal de El Progreso, Departamento de Yoro, instruyendo al Secretario Designado para que libre la correspondiente nota de reclusión; 4) Que en fecha siete (7) de junio del año dos mil diecinueve (2019), el Juez de Extradición dicto la siguiente resolución: PRIMERO: Tener por admitido la certificación del Acta de Juicio Oral y Público T/SJN (18)-39-2016, remitida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, misma que se manda agregar a sus antecedentes. SEGUNDO: CONCEDER la solicitud de EXTRADICION del señor ARNALDO URBINA SOTO, de nacionalidad Hondureña, presentada por el Estado de Estados Unidos de América, Corte de Distrito, para el Distrito Sur de Nueva York, al Estado de Honduras en el marco del Tratado de Extradición Bilateral celebrado entre ambos países y la Convención Adicional, por los cargos siguientes (folios 237 y 238); UNO: Participar en una conspiración para (i)importar una sustancia controlada a los Estados Unidos de América y al territorio aduanero de los Estados Unidos de América desde un lugar fuera del mismo, (ii) elaborar y distribuir una sustancia controlada, con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos de América, y a aguas dentro de una distancia de doce millas de la costa de los Estados Unidos de América, desde un lugar fuera del mismo, y (iii) elaborar, distribuir y poseer una sustancia controlada estando a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos, en contravención de las secciones 952, 959, 960 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, y la sección 3238 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. DOS: Participar en una conspiración para usar o portar armas de fuego con el fin de fomentar la conspiración, o poseer armas de fuego durante la conspiración de importación de narcóticos, inculpada en el cargo Uno de la Acusación Formal, en contravención de las secciones 924 y 3238 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Los hechos que dieron origen a los cargos antes mencionados se realizaron entre los años 2005 al 2014. TERCERO: DIFERIR LA ENTREGA DEL SEÑOR ARNALDO URBINA SOTO, al Estado Requirente, hasta que termine los procesos penales incoados en su contra en Honduras, SI FUERE ABSUELTO O CUMPLIERE LA CONDENA CORRESPONDIENTE, SEGÚN EL CASO, por lo que se mantiene el arresto preventivo del señor Urbina Soto en el Centro Penal de El Progreso, Departamento de Yoro. CUARTO: Que por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional remita copia certificada de esta resolución dictada por el Juez de Extradición de Primera Instancia en las presentes diligencias, a la Embajada de los Estados Unidos de América acreditada en Honduras. QUINTO: Que se libren copias certificadas de esta resolución dictada por el Juez de Extradición de Primera Instancia en las presentes diligencias, al Señor Secretario de Seguridad JULIAN PACHECO TINOCO y al Señor Director del Centro Penal de El Progreso, Departamento de Yoro, para su conocimiento. MODOS DE IMPUGNACION: Contra la presente RESOLUCIÓN procede el Recurso de Apelación, el que deberá de interponerse dentro de los tres (3) días siguientes al de su NOTIFICACIÓN, ante el suscrito Juez, mediante escrito en el que se expresaran los correspondientes agravios. NOTIFIQUESE. 5) En fecha trece (13) de junio del año dos mil diecinueve (2019), la defensa del señor ARNALDO URBINA SOTO interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución del Juez de Extradición de Primera Instancia, el cual fue declarado sin lugar por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de fecha catorce de agosto del año dos mil diecinueve. 6) En consecuencia, se adjuntan certificación de fecha diez de junio del año dos mil diecinueve, copia de la certificación de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil diecinueve, copia del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Honduras y copia del auto acordado de fecha diez de junio del año dos mil trece, para que la Jueza Ejecutora realice sus conclusiones correspondientes; c) Que en fecha tres de abril del año dos mil veinte, siendo las dos y veinte minutos de la tarde (02:20 p.m.), la Jueza Ejecutora se hizo presente en las instalaciones del Segundo Batallón de Infantería, al Modulo Anexo en donde se encuentra recluido el señor ARNALDO URBINA SOTO quien le expresa que no ha recibido charlas en cuanto a la pandemia COVID-19, asimismo manifestó que le fue entregado el insumo para su cuidado personal, por parte del Centro Penal de Tamara, que no ha recibido visitas de su familia una semana antes que hayan autorizado el toque de queda de lo cual no ha podido ver a sus familiares desde esa fecha; hace mención que se encuentra bien en las instalaciones del cual esta privado de libertad, su alegato es que su detención es ilegal, del cual expresa se le están violentando todos los derechos y que exige se le ponga en libertad ya que el goza de arresto domiciliario; d) Que en fecha siete de abril del año dos mil veinte, la Jueza Ejecutora se personó en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario, requiriendo a su Director, a efecto de que le rindiera un informe sobre la situación del señor ARNALDO URBINA SOTO, informe en el cual se establece, que el señor Urbina se encuentra privado de su libertad en el Segundo Batallón de Infantería, habiendo ingresado en fecha 26 de mayo del año 2018. Manifestando que estaban tomando las medidas necesarias para prevenir el COVID-19, ya que se estaba descontaminando al entrar al Segundo Batallón de Infantería, y al entrar al Modulo Anexo donde se encontraba el señor ARNALDO URBINA SOTO, que en cuanto a la falta de visitas al encausado al tenor de lo preceptuado en los artículos 288 y 299 del Reglamento General de la Ley del Sistema Nacional Penitenciario, con el fin de evitar la propagación del COVID-19, se suspendieron las visitas de forma TEMPORAL, en estricto apego a los Derechos Humanos y garantías para salvaguardar la salud de las personas privadas de libertad; e) Que la JUEZA EJECUTORA procedió a declarar NO HA LUGAR, la acción del Recurso de Exhibición Personal interpuesta a favor del señor ARNALDO URBINA SOTO, en vista de que en ningún momento los derechos garantizados por la Ley Sobre Justicia Constitucional han sido infringidos.- CONSIDERANDO (1): Que de conformidad a lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República, “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º. Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”.- CONSIDERANDO (2): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.- CONSIDERANDO (3): Que la Sala conoce el Recurso de Exhibición Personal, promovido por el Abogado Saturnino Rubén Amaya Chirinos en su condición de defensor privado del señor Arnaldo Urbina Soto contra actuaciones del Juez de Extradición de Primera Instancia y del Instituto Nacional Penitenciario, argumentando en el recurso que su representado está detenido con arresto preventivo en el Anexo del Centro Penitenciario Nacional de Tamara ubicado en el Segundo Batallón de Infantería, que el Juez de Extradición de Primera Instancia designado por la Corte suprema de Justicia mediante resolución judicial emitida decidió deferir la entrega del señor Urbina Soto al Estado Requirente hasta que terminen los procesos penales incoados en su contra en Honduras en los que se han interpuesto recursos que no han sido resueltos por los órganos competentes, sin embargo se han dado medidas sustitutivas como el arresto domiciliario con vigilancia de la Policía Nacional, prohibición de salida del país por la causa en la que se enjuicia por sesenta y siete delitos de abuso de autoridad y ciento veinticuatro delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública; medidas cautelares distintas a la prisión preventiva en la causa por el delito de Encubrimiento por Receptación en perjuicio de la Administración Pública; Arresto Domiciliario en la causa por el delito de Lavado de Activos, Posesión de Armas Prohibidas y Comerciales, no obstante estas decisiones judiciales firmes, al señor Arnaldo Urbina Soto, esta privado de libertad solamente por el arresto preventivo diferido por el Juez de Extradición de Primera Instancia. El arresto preventivo que se le ha impuesto por el Juez de Extradición ha quedado diferido a la culminación de los procesos penales, por los cuales se le han concedido medidas cautelares distintas a la prisión preventiva (arresto domiciliario) en ninguno de los procesos tiene condición de condenado, por lo que conserva el estado de inocencia, por otro lado la figura del arresto preventivo para casos sui generis como el del señor Urbina Soto resulta inaplicable vista la situación jurídica actual y que no está cumpliendo ninguna pena y además el arresto preventivo al que se le ha sometido no está previsto en la legislación nacional, ni siquiera en el auto acordado aprobado en el punto número cinco del acta número diez de la sesión celebrada el día miércoles ocho de mayo del año dos mil trece por la Honorable Corte Suprema de Justicia, lo que convierte su detención en acto arbitrario, una detención ilegal que se ha convertido en cumplimiento de una pena anticipada, no por los hechos que se le enjuician en Hondura sino por hechos por los cuales se ha pedido su extradición cuya ejecución queda supeditada a la resolución de sus causas penales en Honduras por las cuales se le han concedido medidas cautelares, lo correcto es su excarcelación.- CONSIDERANDO (4): Que continúa argumentando el recurrente Que el articulo XII del Tratado de Extradición entre la República de Honduras y Estados Unidos faculta al Juez o magistrado a retener al acusado por un periodo que no exceda de dos meses solo para el efecto de que el Estado requirente pueda presentar la prueba legal y el artículo 6 del Convenio Sobre Extradición de Montevideo establece (1933) que si el individuo reclamado se hallare procesado o condenado en el Estado requerido, por el delito cometido con anterioridad al pedido de extradición, “la extradición podrá ser desde luego concedida; pero la entrega al Estado requirente deberá ser deferida hasta que se termine el proceso o se extinga la pena”. De igual forma la detención arbitraria de que es objeto coloca en una condición de extrema vulnerabilidad al procesado por las condiciones del lugar en que ha sido ubicado que le permiten la comunicación (ni verbal ni telefónica) con su familia, no tiene acceso a medicamentos, ni comida que sus familiares puedan proporcionarle, no contacto con sus hijos, el lugar no reúnen las condiciones ni se observan las recomendaciones higiénicas y de distanciamiento social que han sido señaladas por la Organización Mundial de la Salud, por adolecer de los insumos necesarios para evitar contagios masivos de privados de libertad (mascarillas, gel antibacterial, alcohol) asimismo, el arresto preventivo que pone en peligro su integridad física y hasta su vida por las circunstancias actuales, debido a las medidas implementadas de cancelación de visitas por el Instituto Nacional Penitenciario. Fundamentan su petición en los artículos 59, 60, 65, 82, 90, 145, 182 y 321 de la Constitución, 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23 de la Ley Sobre Justicia Constitucional solicitando a la vez que siendo arbitrario el arresto preventivo de que es objeto impuesto por el Juez de Extradición de Primera Instancia y asimismo que se verifiquen las condiciones de insalubridad, hacinamiento, carencia de indumentaria necesaria para todos los internos para protegerse del COVID—19 falta de mascarillas, gel antibacterial, medicamentos para los enfermos crónicos que no pueden asistir a los hospitales en vista del estado de excepción, la vulneración de los derechos de comunicación y comprobada la detención ilegal de la persona ofendida, se ordene y se restituya el acto del derecho constitucional vulnerado y la inmediata excarcelación que como medida cautelar le impusieron los órganos jurisdiccionales en los cuales tiene procesos penales pendientes y que no ha sido posible ejecutar en vista del arresto preventivo arbitrario del que fue objeto.- CONSIDERANDO (5) : Que la Corte Suprema de Justicia ha dejado establecido en forma reiterada, que el trámite de extradición se configura como un procedimiento de segundo grado (EP-402-2014) y que por ende, al Juez o Tribunal que le compete su conocimiento así como la resolución, le corresponde comprobar si la demanda presentada por el Estado Requirente cumple con los requisitos previstos en el Tratado que le da origen, no permitiéndosele pronunciarse sobre un juicio concluyente de culpabilidad, bastándole únicamente verificar la existencia de indicios de criminalidad de manera evidente mediante los documentos que le han hecho llegar al proceso, entiéndase que esa la función es precisa y la que debe encauzar en e l proceso, de tal manera que le permita pronunciarse sobre la procedencia de acceder o no a la extradición solicitada.- CONSIDERANDO (6) : Que este Alto Tribunal Constitucional ha dejado claramente establecido, que la extradición presume a su vez el reconocimiento de la extraterritorialidad de la Ley de un Estado en el ejercicio legítimo de su potestad punitiva (Ius Puniendi) en virtud de un Tratado que viene a formar parte del derecho interno por disposición Constitucional y es este instrumento por el cual se delega al Estado requerido y al funcionario designado por ley el Despacho de la Extradición, la potestad de establecer la concurrencia de todos los requisitos para determinar la procedencia de la misma. Esta potestad se limita a identificar si el Estado requirente ha cumplido con los requisitos formales previstos en el Tratado de Extradición; a determinar si no existen causales de improcedencia; y, a establecer si concurre el mínimo de elementos probatorios mediante los cuales se pueda sustentar racionalmente la solicitud de extradición de mérito. Esta Sala se ha pronunciado ya en cuanto a que, la esfera de la soberanía del Estado Requirente se limita a comprobar la existencia de causa para enjuiciar al requerido, el cual, según el Artículo I del Tratado de Extradición suscrito entre Honduras y los Estados Unidos de América de 1909, basta con que adquiera la condición de acusado o convicto de cualquiera de los delitos especificados en el mismo.- CONSIDERANDO (7) : Que se desprende de lo actuado por la Jueza Ejecutora a lo largo de las investigaciones, que una vez reunidas todas las pruebas, y que tienen como punto toral verificar los hechos denunciados en el Recurso de Habeas Corpus presentado, se logró constatar que la privación de libertad de la que es objeto el señor ARNALDO URBINA SOTO, emana y está dispuesta por autoridad legalmente constituida, es decir, por un Juez de Extradición designado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, contraída a una solicitud de extradición prevista y establecida en un Tratado de Extradición que forma parte de nuestro derecho interno; trámite instado con ocasión de la existencia de acusaciones formales presentadas ante un Órgano Jurisdiccional de los Estados Unidos de Norteamérica, por la supuesta comisión de varios delitos relacionados con actos a la distribución de sustancias prohibidas y controladas en ese país, imputables e incoados al señor ARNALDO URBINA SOTO por parte del Estado requirente como ha quedado ya señalado y como resulta con la documentación acreditada ante el Juez de Extradición designado y que se detalla en la resolución debidamente motivada, en la que concede la Extradición, la cual tiene el carácter de firme, y cuya copia se encuentra agregada a los autos.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala recuerda al recurrente que la Acción Constitucional de Habeas Corpus tiene como finalidad proteger el derecho a la vida y a la libertad individual. Los ciudadanos pueden presentar un Hábeas Corpus en defensa de sus garantías constitucionales y proteger sus derechos, no está previsto como un recurso de instancia con el objeto de obtener una enmienda contra una resolución emanada de una autoridad o de un órgano jurisdiccional competente. Su objeto es hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. A manera de conclusión, estima la Sala que ha quedado constatado que la orden de aprehensión emana de la autoridad competente para conocer el procedimiento de extradición en su contra, que la misma ha sido expedida con las formalidades exigidas por el Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República de Honduras y su Convención Adicional, los que una vez suscritos y ratificados por Honduras se incorporan al ordenamiento jurídico nacional.- CONSIDERANDO (9) : Que esta Sala ultima, que al estar legitimado en el citado caso el Juez de Extradición designado por la Honorable Corte Suprema de Justicia y que mediante un debido proceso, decreta la privación de libertad al señor ARNALDO URBINA SOTO, siendo este un acto procesal ordenado por autoridad competente y que consta en una sentencia firme debidamente motivada, en la que se lían y relacionan la supuesta comisión de delitos relacionados con el tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos de Norteamérica, nación en la que tiene una causa penal pendiente ya instruida y que habiéndose acreditado debidamente en el procedimiento de extradición los requisitos exigidos así como las formalidades legales del caso, cuyos delitos se encuentran previstos en el Artículo I de la Convención Adicional de Extradición suscrita entre la República de Honduras y los Estados Unidos de Norteamérica de 1927, adicional al Tratado de Extradición celebrado en el año de 1909 entre los mismos Estados, como consecuencia a lo antes señalado, esta Sala es del parecer de conformidad a lo actuado y establecido en el trámite de la presente Acción de Habeas Corpus, que el señor ARNALDO URBINA SOTO no se encuentra ilegalmente privado de su libertad como ha pretendido hacerlo valer su defensor privado y tampoco se ha logrado establecer que en su detención legal y Centro donde guarda prisión haya sido objeto de vejámenes, tormentos, torturas, exacciones ilegales, coacciones, restricciones o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión; o que su vida esté en riesgo por aspectos de hacinamiento, falta de medidas de seguridad, falta de atención medica así como de implementos de higiene personal para su salud, comprobándose la entrega personal del kit sanitario; todo lo contrario, se han implementado medidas de aislamiento en base a los artículos 288 y 289 del Reglamento General de la Ley del Sistema Nacional Penitenciario, medidas de seguridad entre estas la suspensión de visitas de forma temporal para evitar la propagación del COVID—19 en estricto arreglo y respeto a los derechos humanos y garantías para salvaguardar la salud y la vida de las personas privadas de libertad; aunado a lo anterior aparece que su última evaluación física y psicológica es del 6 de abril del presente año; aspectos éstos valorados por la Jueza Ejecutora In Situ, al entrevistarse con el señor ARNALDO URBINA SOTO en las instalaciones del Centro de Reclusión ubicado en el Segundo Batallón de Infantería referido, lugar establecido para tal efecto, por autorización del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario, siendo del criterio la Juez Ejecutora que se declare sin lugar la acción del Habeas Corpus o Exhibición Personal a favor del recurrente.- CONSIDERANDO (10): Que de autos resulta, que las actuaciones realizadas por la Juez Ejecutora cuentan con el respaldo de los informes rendidos tanto de las autoridades recurridas como de los documentos obtenidos, entrevista al privado de libertad que concluye con un informe final donde se señala que no se vislumbran violaciones a los derechos y garantías individuales de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede entonces, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 38 de este mismo cuerpo normativo, que se declarare SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal solicitado a favor del señor ARNALDO URBINA SOTO por no constar que se hayan infringido los derechos garantizados por la Constitución de la República y la Ley Sobre Justicia Constitucional.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del cual se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado SATURNINO RUBEN AMAYA CHIRINOS, a favor del señor ARNALDO URBINA SOTO, contra actuaciones del JUEZ DE EXTRADICION DE PRIMERA INSTANCIA DESIGNADO POR LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, al no comprenderle los presupuestos contenidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0218-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL