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Sentencia EP-217-20 — Registro 10603

Resumen

Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones de las autoridades de la Penitenciaría Nacional de Tamara y del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS) ubicado en Tamara, manifiestan los peticionarios que sus representados se encuentran privados de libertad y en prisión preventiva, existiendo una ampliación de seis meses la cual culmina el trece de mayo del año dos mil veinte, y en vista del estado de emergencia decretado en el país y los comunicados emitidos por la Honorable Corte Suprema de Justicia, resulta imposible que el juicio oral y público contra nuestros representados pueda realizarse antes de la fecha en que se venza el termino máximo de la prisión preventiva, es por todo ello que ante la posibilidad de existir un riesgo a perder la vida estando privados de libertad nuestros defendidos siendo el Habeas Corpus el único mecanismo viable para que se verifique la vulneración y poner en Corpus el único mecanismo viable para que se verifique la vulneración y poner en libertad a nuestros representados.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (15): Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia se declarara con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. El artículo 13.1 de esta ley, preceptúa que procede el habeas corpus: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo del goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. - Artículo 24. Las privaciones de libertad se consideran arbitrarias e ilegales: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.- En el presente caso, se ha acreditado en autos, que los procesados no se encuentran comprendidos dentro de ninguno de los numerales transcritos de los artículos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional; por lo tanto procede declarar sin lugar la presente acción, en vista que no consta en el informe tanto del Juez Ejecutor como de las autoridades requeridas que a los internos se le estén vulnerando sus garantías y especialmente que se esté negando atención médica y sus medicamentos, su estado de salud en general es estable y gozan de todas las medidas de seguridad como se deduce de los informes y evaluaciones medicas realizadas por los médicos asistenciales de los centros penitenciarios y que se encuentran anexadas al expediente de mérito. Actualmente su situación jurídica es de procesados.- CONSIDERANDO (16): Que los órganos jurisdiccionales son garantes de la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República, máxime de los que están privados de libertad, en consecuencia en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán de manera que aseguren una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional aplicándose e interpretándose a atención a los tratados, convenciones y todos aquellos instrumentos internacionales vigentes en la República de Honduras. En tal sentido esta Sala de lo Constitucional comparte el contenido del informe rendido por la Juez Ejecutoria quien realizo todas las actuaciones investigativas que permiten concluir que a los privados de libertad no se les han vulnerado garantías individuales, se encuentran en condición jurídica de procesados y su detención ha emanado de autoridad competente respetándoles el debido proceso por la causa que se les sigue a los señores Juventino Rosales Mejía y Amelia Aguilar, procede por tanto declarar no ha lugar el Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal solicitado a su favor, que las medidas de prevención que se han implementado es debido a la Pandemia por Emergencia Nacional COVID-19; en tal sentido, la Sala es del criterio que los apoderados legales de los procesados, soliciten la revisión de medidas ante el órgano jurisdiccional que conoce de la causa, una vez cumplida la medida cautelar impuesta.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte.- VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal interpuesto por los Abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA ELENA BONILLA GALINDO, a favor de los señores JUVENTINO ROSALES MEJIA y AMELIA GARCIA, contra actuaciones de las autoridades de la Penitenciaría Nacional de Tamara y del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS) ubicado en Tamara, manifiestan los peticionarios que sus representados se encuentran privados de libertad y en prisión preventiva, desde el trece de noviembre del año dos mil diecisiete, existiendo una ampliación de seis meses la cual culmina el trece de mayo del año dos mil veinte, dentro de cuarenta y tres días y en vista del estado de emergencia decretado en el país y los comunicados emitidos por la Honorable Corte Suprema de Justicia, resulta imposible que el juicio oral y público contra nuestros representados pueda realizarse antes de la fecha en que se venza el termino máximo de la prisión preventiva, es por todo ello que ante la posibilidad de existir un riesgo a perder la vida estando privados de libertad nuestros defendidos en las condiciones infrahumanas descritas, sin visitas, sin apoyo hospitalario sin mecanismos de protección, con enfermedades preexistentes, mayores de sesenta años constituyendo una tortura y restricción y molestia innecesaria, siendo el Habeas Corpus el único mecanismo viable para que se verifique la vulneración y poner en Corpus el único mecanismo viable para que se verifique la vulneración y poner en libertad a nuestros representados.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha dos (2) de abril del año dos mil veinte (2020), vía correo electrónico los Abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de los Señores JUVENTINO ROSALES MEJIA y AMELIA GARCIA, contra actuaciones de las autoridades de la Penitenciaría Nacional de Tamara y del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS) ubicado en Tamara, manifiestan los peticionarios que sus representados se encuentran privados de libertad y en prisión preventiva, desde el trece de noviembre del año dos mil diecisiete, existiendo una ampliación de seis meses la cual culmina el trece de mayo del año dos mil veinte, dentro de cuarenta y tres días y en vista del estado de emergencia decretado en el país y los comunicados emitidos por la Honorable Corte Suprema de Justicia, resulta imposible que el juicio oral y público contra nuestros representados pueda realizarse antes de la fecha en que se venza el termino máximo de la prisión preventiva, es por todo ello que ante la posibilidad de existir un riesgo a perder la vida estando privados de libertad nuestros defendidos en las condiciones infrahumanas descritas, sin visitas, sin apoyo hospitalario sin mecanismos de protección, con enfermedades preexistentes, mayores de sesenta años constituyendo una tortura y restricción y molestia innecesaria, siendo el Habeas Corpus el único mecanismo viable para que se verifique la vulneración y poner en Corpus el único mecanismo viable para que se verifique la vulneración y poner en libertad a nuestros representados.- (folio 1 al 2 de la pieza del Recurso).- 2) Que, en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el recurso de Exhibición Personal y en consecuencia, nombró como Juez Ejecutor a la Abogada MERCEDES GERALDINA MIDENCE HERNANDEZ, Defensora Publica del departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rinda un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 4 de la pieza del Recurso).- 3) Que en fecha dos (2) de abril del año dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora Abogada MERCEDES GERALDINA MIDENCE HERNANDEZ, compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió su informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: (SIC) “… PRIMERO: Se procedió de manera inmediata a entrevistar a la señora Amelia García, quien se encuentra recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) posteriormente se efectuó el respectivo requerimiento a las autoridades competentes, a efecto que procedieran a rendir su respectivo informe; y de mi comunicación con ella, se establecen lo siguiente: A) En la entrevista realizada en la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social a la señora Amelia García, expresa que ella y su esposo fueron detenidos por el delito de Lavado de activos teniendo más de dos años de estar recluidos, padeciendo ella de varias enfermedades bases como ser Hipertensión, principio de osteoporosis y artritis que se le ha brindado asistencia cuando ella lo ha requerido, sus medicinas son proporcionadas por los familiares llevándole además de la comida, en cuanto a la pandemia de COVID 19, la doctora les manifestó que deberían de tenerlas aisladas de las demás recluidas para protegerlas únicamente pido que me saquen de aquí y que en la actualidad estoy tomando mis medicamentos y como la comida del Centro Penal.- B) Posteriormente me traslade a las a las instalaciones de la Penitenciaria Nacional de Tamara, a fin de que me estableciera el señor Juventino Rosales Mejia, las condiciones en las que se encontraba manifestándome: Que tiene más de dos años de estar recluido en ese centro padeciendo de diabetes, hipertensión y los medicamentos sus familiares se los proporcionan y el hospital de la penitenciaria me los da todo por el problema del virus COVID19, charlas no le han dado pero si kit de aseo la comida la hace el tratando de llevar la dieta ha tenido comunicación con su familia y se encontró se podría decir aislado, ya que en el lugar donde está asignado se encuentra solo y se considera una persona vulnerable por su edad (67 años) y sus enfermedades.- C) Conforme al informe rendido por la Directora de la Penitenciaria Nacional Femenina sub comisionada de Policía NOLVIA CRISTINA HERRERA establece: Con respecto a la evaluación física que se le practico a la señora Amalia García, por la doctora Bessy Ávila, medico asistencial de la Penitenciaria de Mujeres: Esta fue evaluada a su requerimiento el día 3 de abril del presente año, que es una paciente de 66 años que cuyo síntoma principal es epigastralgia, diagnostico hipertensión arterial crónica, artritis reumatoide, gastritis crónica, cefalea tensional e hipercolesterolemia.. Esta paciente determina la Doctora Ávila, que se encuentra estable, lucida afebril, con corazón ritmo regular, entre otros hallazgos y que acude con poca frecuencia a recibir asistencia medica, refiriéndose que los medicamentos manda a comprar a fuera del centro proporcionándole medicamentos las veces que ha asistido a consulta durante un (1) mes de tratamiento.- y según señala la sub comisionada Sorto el equipo médico cada seis (6) horas evalúa a la privada de libertad a efecto de detectar cualquier anomalía relacionada con su edad o el COVID 19.- D) Por su parte el Director de la Penitenciaria Nacional de Tamara Coronel, CESAR RUDY VALLE, informo a esta Juez Ejecutora que el señor JUVENTINO ROSALES MEJIA, ingreso al centro Penitenciario de Tamara el 15 de noviembre del 2017, por el delito de Lavado de Activos y Asociación Ilícita para lavar activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras a la orden del Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, exp 49-2017n (TS/JN-1140-2018/acm, (8)-23-2019) actualmente en condición de PROCESADO.. En cuanto a las medidas para asegurar la vida del señor ROSALES se ha adoptado para él y la demás población penitenciaria: 1) Cerrar los posibles puntos de entrada del coronavirus a la penitenciaria 2) Explicar e informar sobre la pandemia de coronavirus COVID 19.- 3) clasificar aéreas de evacuación y aislamiento 4) Evaluación médica de adulto mayor con fecha establecidas para el mes de marzo (25, 26, 27, 30, y 31) 5) Entrega de medicamentos controlados y evaluación a pacientes privados de libertad con comorbilidad entre otras.- SEGUNDO: Al hacer un análisis de los informes rendidos por la autoridad competente y por las investigaciones realizadas por la suscrita se puede establecer lo siguiente : A) Que a los señores JUVENTINO ROSALES MEJIA Y AMELIA GARCIA, aun y cuando son personas mayores de 60 años y con padecimiento de enfermedades base, como se informo a través de los dictámenes médicos se ha estado proporcionando medicamentos controlados evaluación de toma de presión y temperatura para cualquier descarto de posible enfermedades o del COVID 19 y sobre todo se han tomado a cabalidad LOS LINEAMIENTOS DE PREVENCION Y MANEJO DEL COVID 19 EN LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD según decreto 19-4-2020 emitido por la secretaria de salud(SESAL) en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y las instituciones que integra el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), con el apoyo técnico del Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR) con el fin de proteger la salud física, mental y bienestar de la población privada de libertad por sus condiciones de confinamiento prolongado, pocas medidas de higiene menor acceso a los servicios de salud y a la información justificando medidas de prevención drásticas siempre y cuando no vulneren derechos fundamentales y que sean aplicadas de manera temporal.- B) Si bien es cierto se acude por parte de los representantes legales de los señores Juventino Rosales Mejía y Amelia García, se encuentran en condiciones de restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual según el artículo 13 numeral 1 inciso b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional es aquí donde actúa la responsabilidad del Estado y las autoridades de los Centros Penitenciarios ya que son los garantes de esa protección al derecho a la vida (artículo 59 de la Constitución de la República) de estas personas a fin de mantenerlos aislados durante dure la pandemia del COVID 19, por lo que no son medidas innecesarias al contrario se vuelven necesarias para la prevención de un contagio y con esas medidas se reduce la posibilidad de ingreso del virus y por ende la protección en los centros penitenciarios.- TERCERO: Es importante establecer que el marco jurídico para esta restricción han sido basados en la normativa internacional como ser: a) Reglas mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos: Reglas Nelson Mandela 24, 25, 33 referente a la asistencia médica e información a los directores de los Centros Penitenciarios b) Reglas de Bangkok; Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes c) Código de Salud 65-91 d) Ley y Reglamento del Sistema Penitenciario y e) PCM-021-2020 declaración de Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19.- CUARTO: Por todas las condiciones legales establecidas y de las investigaciones realizadas al confirmar la no vulneración de garantías constitucionales ya que se están brindando las medidas necesarias para su protección en el estado de emergencia que nos encontramos.- la Juez Ejecutora es del criterio en nombre de la República de Hondura y haciendo uso de los artículos 59, 68,69, 71 80, 84 y 182 de la Constitución de la República; 1, 3 numeral 1, 4, 13 numeral 1 inciso a, 25, 26, 27, 31, 34 y 37 de la Ley de Justicia Constitucional; la Juez ejecutora que se declare SIN LUGAR el recurso de Exhibición Personal a favor de Juventino Rosales Mejía y Amelia García…”- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte suprema de Justicia, a través de la Sala de lo constitucional conocer en Revisión la Garantía de Exhibición Personal según lo preceptuado en los artículos 313 numeral 3) y 5) en relación directa con el 182 de la Constitución de la República; de igual forma a lo previsto en el artículo39 párrafo último, de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Exhibición Personal es una garantía constitucional de carácter excepcional, en la que toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla como lo establece el artículo 182 Constitucional en correspondencia con lo citado en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, debiendo adoptarse sin demora las medidas necesarias para la averiguación del caso concreto, tomando en cuenta que es deber del Estado garantizar la libertad personal y la integridad de la persona humana, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (3): Que la Sala conoce el Recurso de Exhibición Personal, promovido por los abogados Iván Adán Martínez Ordoñez y Rosa Helena Bonilla Galindo en su condición de defensores privados, a favor de los señores Juventino Rosales Mejía y Amelia García, quienes se encuentran privados de libertad el primero en la Penitenciaría Nacional de Tamara y la segunda en el Centro Femenino de Tamara CEFAS y en condiciones de vulnerabilidad en razón que son mayores de sesenta años y adolecer de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, osteopenia o desgaste de huesos, miopía, ulcera cancerígena, taquicardia y problemas en la vista, quienes por su condición inmunológica ponen en riesgo inminente a su saluda y la vida ante la pandemia Covid-19.Los privados de libertad son esposos entre si y están cumpliendo prisión preventiva desde el 13 noviembre 2017, con la ampliación respectiva y que se cumpliría el 13 de mayo del 2020.- CONSIDERANDO (4): Siguen motivando los representantes legales que debido a la situación de emergencia decretada es imposible que se realice el juicio oral y público artículo 181 del Código Procesal Civil, por lo que no podrían realizarse actuaciones de su excarcelación. Por otro lado la sobrepoblación de los centros penales y que sus instalaciones no reúnen las condiciones para mantener las recomendaciones higiénicas y de distanciamiento social ordenadas por la OMS, falta de agua potable y otros insumos para evitar el contagio, por lo que el hacinamiento sería catastrófico para la población privada de libertad y la probable muerte de sus defendidos, siendo que ellos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por su edad y enfermedades preexistentes quienes deberán gozar de mayor protección por parte del Estado, condición indicada en el articulo 13 numeral 1 inciso b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ya que su prisión legal presenta una condición de restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, esto tomando en cuenta que el termino máximo de su prisión preventiva será en 43 días. Que la posición de garante por parte del Estado de conformidad al Artículo 59 de la Constitución implica la implementación de todas las acciones positivas sin discriminación para gozar de los derechos fundamentales de salud y la vida. Como se ha dicho la población penitenciaria se encuentra en indefensión y sin protección ante la pandemia, el estado de excepción que hace que las labores judiciales estén suspendidas, por lo que con el presente recurso se permite evitar una tragedia, al no poder pedir la revisión de medidas o que se realice el juicio oral y público. Que con las medidas implementadas en los centros penitenciarios de suspensión de visitas, ingreso de comida, ingreso de medicamentos para tratar sus afecciones o enfermedades ya relacionadas lo que complicaría su situación. Que todos los instrumentos internacionales recomiendan que se debe reducir la población penitenciaria siempre que sea posible mediante la implantación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos para quienes sea seguro hacerlo teniendo en cuenta las medidas no privativas de libertad indicadas en las reglas de Tokio, igualmente el artículo 182 de la Constitución establece el Habeas Corpus como una garantía o instrumento para garantizar otros derechos que se encuentran en peligro así lo dispone el artículo 13 numeral 1 inciso b) de la Ley Sobe Justicia Constitucional. Ante esta situación y al haber riesgo de perder la vida nuestros representados en condiciones infrahumanas sin visita, sin apoyo hospitalario, sin mecanismo de protección, con enfermedades preexistentes mayores de 60 años constituyendo una tortura y restricción y molestia innecesaria siendo el habeas corpus el único mecanismo viable para que se verifique la vulneración y poner en libertad a nuestros representados. Consideran vulnerados los artículos 59, 60, 145, 182, de la Constitución de la República; 13 numeral 1 inciso b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1 y 3 de las reglas de Mandela y solicitan la verificación de los hechos y se procesa a declarar con lugar la acción y decretar la libertad de los defendidos Juventino Rosales Mejía y Amelia García dictándole medidas diferentes al cumplimiento del proceso.- CONSIDERANDO (5): Que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, admite mediante providencia de fecha dos (2) de abril del dos mil veinte (2020), el Recurso y designar como Juez Ejecutor a la abogada Mercedes Geraldina Midence Hernández, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, instruyéndole que para que investigue los hechos narrados y se constituya en el lugar donde se encuentran detenidos los señores Juventino Rosales Mejía y Amelia García, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen , exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo, que las autoridades señaladas, rindan el informe de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia constitucional, librando la comunicación con las inserciones de estilo, notificando al Fiscal del Despacho el proveído para los efectos de ley para que se dé estricto cumplimento a los deberes inherentes al cargo que ostenta.- CONSIDERANDO (6): Que la Juez Ejecutora dando cumplimiento a las funciones inherentes a su cargo, procedió con lo ordenado en la providencia, emitida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, se constituyó en las instalaciones de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social, requiriendo a la Sub Comisionada de Policía Nolvia Cristina Sorto Herrera en su condición de Directora, con el fin de que le exhiba a la señora Amelia García en virtud del Recurso y que rinda un informe señalado las medidas de prevención que se han tomado en el Centro Penitenciario ante la Pandemia del Covid-19 para salvaguardar la seguridad física de la privada de libertad, requiere además que la doctora del Centro, realice una evaluación donde determine la condición y si se le está dando la atención debida de tener alguna enfermedad preexistente, adjuntando toda la documentación, todo en un plazo de veinticuatro horas. Seguidamente se encuentra acredita la entrevista realizada a la privada de libertad en la que expresa. “Nosotros con mi esposo fuimos acusados de lavado de activos, tenemos más de un año de estar recluidos, padezco de alta presión, principio de osteopenia y artritis, me han dado consultas, en cuanto a las medicinas que tomo, los familiares me las traen así como la comida, en estos momentos como en el hogar los tres tiempos, nos han dado charlas, diciéndonos que a todos los que tenemos enfermedades nos van aislar, porque nos van a proteger, y pido nos saquen de aquí para estar con mi familia, estoy tomando medicamentos y también padezco casi de ceguera. (f) entrevistada.- CONSIDERANDO (7): Que se visualiza de autos el acta de requerimiento al Director del Centro Penitenciario Nacional Dr. Marco Aurelio Soto, ubicado en Tamara, Coronel Cesar Rudy Valle, para que le exhibiera al privado de libertad Juventino Rosales Mejía, asimismo, que rinda un informe en el que señale las medidas de prevención que se han tomado dentro del Centro Penitenciario ante la Pandemia del Covid-19 para salvaguardar la seguridad física del interno, que se practique evaluación física por el doctor de turno para que determine la condición y si se le está dando la atención debida de tener alguna enfermedad preexistente, debiendo acompañar toda la documentación soporte en un plazo de veinticuatro horas.- Se encuentra seguida la entrevista con el privado de libertad, señor Juventino Rosales Mejía quien expresa: “tengo de estar aquí aproximadamente más de un año, estoy por el delito de lavado de activos, padezco de diabetes, hipertensión entre otras y estoy perdiendo la vista y tengo padecimientos de cáncer hace tiempos, me han dado asistencia en el hospital del centro y me llevan a Tegucigalpa por la diabetes a mi tratamiento, los medicamentos me lo han proporcionado mis familiares y el hospital, en la actualidad por el Covid-19 no me han dado charlas, pero el kit de aseo con la comida la hago yo, y trato de llevar la dieta, he tenido comunicación con mi familia en estos días, en mi módulo tengo un cuarto para mí solo, por lo tanto permanezco aislado para cuidarme, soy una persona vulnerable por mi edad de 67 años y mis enfermedades. (f) Entrevistado.- CONSIDERANDO (8): Que se desprende de autos los informes rendidos por las autoridades denunciadas, en primer lugar aparece el de la directora del Centro Penitenciario de Mujeres (PNFAS), suscrito por la Sub Comisionada de Policía, Nolvia Cristina Sorto Herrera, el que se resume entre otros aspectos lo siguiente: a) Que puso a la vista a la interna Amelia García para la entrevista ante la Juez Ejecutora. b) Que anexa el evalúo medico realizado por la doctora del Centro Bessy Avila sobre la condición de salud de la privada de libertada Amelia García a quien ella y su equipo la valoran cada 6 horas por razón de su salud y el Covid-19; c) Medidas preventivas tomadas por el Centro Penitenciario para evitar contagio y propagación del Covid-19: Prohibición por el INP de ingreso de personas ajenas al Centro de familiares, solamente se permite que le traigan alimentos, medicamentos y frutas permitidas; Se les brindo charlas para la prevención sobre higiene personal y el uso correcto de mascarillas; Se les dotó del Kit Higiene personal prevención Covid-19; Dotación de mascarillas, jabón liquido, desinfectantes, guantes, gel de manos, cloro, papel toalla; se creo área de aislamiento para sospechosos del Covid-19; Habilitación de espacio físico para personas que ingresan para guarda y custodia de primer ingreso; Fumigación de espacio físicos interior y exterior para evitar contagios; Realización de evaluación periódica a privados de libertad, fumigación a todo personal administrativo que trabaja antes de ingresar (ropa, zapatos, bolsas y carteras); fumigación de todos los productos que ingresan embolsados de los familiares así como el agua en bolsa y botellones; se creó un protocolo de atención a privados de libertad en caso de crisis, stress y pánico; Se creó grupo de apoyo que incluye Consejo Técnico Interdisciplinario en coordinación con el Departamento Medico para la toma de decisiones; En el caso de la privada de libertada Amelia García se ubica en el área destinada a las personas que gozan de medidas de seguridad otorgada por los diferentes entes judiciales del país. Se observa anexado el informe médico de fecha 3 abril 2020, el que entre otros señalamientos concluye que la privada de libertad se encuentra hemodinamicamente estable, lucida, consciente y orientada. Acude con poca frecuencia a recibir asistencia médica, sus medicamentos para sus patologías de base los manda a comprar fuera del centro, se le ha proporcionado medicamentos las veces que ha asistido a consulta, durante 1 mes de tratamiento. Cita médica para el 6 abril 2020.- CONSIDERANDO (9): Que es visible en el expediente de merito el informe rendido por el Director de Centro Penitenciario, en el que señala que el privado de libertad Juventino Rosales Mejía, ingreso a la Penitenciaria Nacional de Tamara, el 15 de noviembre del 2017, por el delito de Lavado de activos y Asociación Ilícita para Lavar Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, a la orden del Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en materia Penal Exp 49-2017 JLP/JN/PJ mismo que TS/JN-1-140-2018/acm (8)-23-2019/acm (7)-97-2019. Actualmente dicho imputado se encuentra recluido en calidad de Procesado por dicha causa. Que se recibió informe médico de fecha 3 abril 2020 por la doctora Loendy Dinora Salazar Rivera y Stephanie Lizzeth Martínez Mendoza médicos asistenciales del Departamento Médico del Hospital del centro Penitenciario Nacional de Tamara , relata que padece de diabetes Mellitus Tipo II y Retinopatía Diabética, manejado con Metformina 80 vía oral cada día, glibenclamida 1 tableta vía oral e Insulina nph 12 UL SC en am. Brindándole atención en 19 ocasiones, se ha remitido Hospital General San Felipe Instituto Nacional del Diabético en nueve ocasiones (adjunto informe) y que se puso en presencia de la Juez Ejecutora para la entrevista.- CONSIDERANDO (10): Que resulta de las actuaciones de investigación realizadas por el Juez Ejecutor, quien compareció In Situ ante las autoridades denunciadas de conformidad a los hechos planteados en el recurso, requiriéndole los informes y solicitando la exhibición de los privados de libertad para proceder a las entrevistas, pidiendo que en los informes se agreguen los documentos soporte, asimismo que se realice una evaluación médica por los médicos asistenciales de los Centros Penitenciarios donde se haga constar su estado de salud, sus padecimientos, sus patologías de existir y si se les está brindando atención medica y si están recibiendo sus medicamentos, que se informe si en el Centro Penitenciario donde están recluidos los imputados se han tomado las medidas de seguridad en cuanto a lo relativo a la pandemia COVID-19 considerando que los privados de libertad son personas que pertenecen a grupos vulnerables tanto por su edad como por los antecedentes de salud que se relatan en el recurso sobre sus padecimientos, con el fin salvaguardar su estado físico como su vida, derechos garantizados por el Estado como lo establece la Constitución de la República, la Ley Sobre Justicia Constitucional y los Instrumentos Internacionales de los que Honduras es parte, requerimientos efectuados a los directores de los Centros Penitenciarios de CEFAS y Dr. Marco Aurelio Soto ambos en Tamara, Francisco Morazán.- CONSIDERANDO (11): Que la Juez Ejecutora una vez finalizadas las actuaciones y obtenidos todos los informes requeridos así como la documentación que ampara las investigaciones, rinde el informe final a esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y resuelve que se declare no ha lugar la acción de habeas corpus o exhibición personal a favor de los señores Juventino Rosales Mejia y Amelia Garcia, al confirmar con las investigaciones realizadas que no se les han vulnerado garantías constitucionales, a ellos se les está brindando desde su ingreso atención medica así como las medidas necesarias para su protección debido al estado de emergencia decretado en todo el país; y siendo que aducen sus representantes legales que los privados de libertad se encuentran en condiciones de restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual, según articulo 13 numeral 1 inciso b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es precisamente en ese punto donde el Estado está actuando a través de las autoridades de los Centros Penitenciarios ya que son los garantes de la protección al derecho a la vida como lo dispone el artículo 59 de la Constitución de la República, se constato que a ellos se les mantiene aislados, esto mientras dure la Pandemia COVID-19, por lo que no son medidas innecesarias las que se les aplican, al contrario se vuelven necesarias para la prevención de un contagio y con esas medidas reducir la posibilidad de ingreso del virus y la propagación del mismo en los centros penitenciarios. Aun y cuando los señores Juvenitno Rosales Meja y América García padecen de enfermedades preexistentes y tienen más de 60 años, sus padecimientos base como lo demuestran sus evaluaciones médicas, se les ha estado proporcionado sus medicamentos controlados, controles de toma de presión, temperatura para descartar posibles enfermedades por COVID-19 y más importante aún, se han tomado las medidas de prevención y manejo de la población privada de libertad de acuerdo al Decreto 19-04-2020 emitido por la Secretaria de Salud (SESAL) en coordinación con el Instituto Penitenciario y las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) con el apoyo técnico del Comité de la Cruz Roja Internacional a fin de proteger la salud física, mental y proteger la vida de los privados de libertad, medidas que se han tomado sin vulnerar derecho y garantías a la población interna, en especial a los internos a favor de quienes se interpuso el presente recurso de exhibición personal, quienes se encuentran estables, controlados medicamente y asistidos tanto en el hospital de los centros penitenciarios como en el Hospital San Felipe como ha quedado constatado con las investigaciones, entrevistas y documentos que se agregan al presente expediente, haciendo la observación que de mantenerse la suspensión de labores en el Poder Judicial por la pandemia relativa al COVID-19 a la fecha del trece de mayo del corriente año, que sea la Sala Uno del Tribuna de Sentencias con Jurisdicción Territorial Nacional en Materia Penal que conoce el caso de los privados de libertad Juventino Rosales Mejía y Amelia García, el que revise la medidas cautelares de prisión preventiva siempre y cuando sea procedente, por lo que al no estar comprendidos en los presupuestos invocados en el recurso interpuesto y descartarse los hechos denunciados, procede declararse sin lugar la acción de exhibición personal a su favor cuya pretensión era su liberación, actuación que corresponde resolverla al órgano jurisdiccional que conoce del proceso instruido en su contra.- CONSIDERANDO (12) : Que esta Sala de lo Constitucional ha examinado todas las actuaciones de la Juez Ejecutora, las que tienen como propósito verificar In Situ los hechos denunciados, así como recabar toda la información que permita verificar si los hechos narrados en el recurso a presuntas violaciones a derechos y garantías constitucionales que estarían sufriendo los privados de libertad, señores Juventino Rosales Mejia y Amelia Garcia en los centros penitenciarios por parte de las autoridades rectoras de dichos centros, se confirma o descarta como resultado de toda la investigación, exhibición personal que incluye entrevista con los internos hasta concluir el informe final en el que declare si concurren o no los presupuestos de Ley relativos a la figura del Habeas Corpus de acuerdo a lo que dispone la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 13 relacionado al 182 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (13): Que se desprende de las actuaciones realizadas por la juez ejecutora y de toda la documentación acreditada, de los informes rendidos, así como la entrevista personal a los señores Juventino Rosales Mejía y Amelia García que si bien pertenecen a grupos vulnerables por ser mayores de sesenta años, ellos están cumplimiento una medida cautelar de prisión preventiva por el delito de Lavado de Activos, su condición jurídica es de procesados, estando pendiente su juicio oral y público o la revisión de medidas en caso de proceder, y por vencer en el mes de mayo del corriente año según los denunciantes el termino de la prisión preventiva. En cuanto a los hechos expresados en el recurso de violación a sus derechos y garantías estos han quedado descartados con las actuaciones de investigación realizadas por la jueza Ejecutora, tal y como consta en el expediente de merito, en lo referente a sus enfermedades preexistentes los procesados están recibiendo atención medica tanto en el Hospital de los Centros Penitenciarios como fuera del Centro Penal en el Hospital San Felipe, por las patologías que ellos presentan, reciben sus medicamentos controlados, bien comprados fuera o brindados por los hospitales señalados, en las evaluaciones medicas realizadas por los médicos asistenciales de los centros penitenciarios se señala, que ambos se encuentran hemodinamicamente estables y atendidos, estas en aislamiento por la situación de la emergencia decretada por el Gobierno debido a la Pandemia que no solo es nacional sino mundial, se han implementado todas las medidas de seguridad para los internos y en el caso especifico de los supuestos agraviados, lo expresaron en las entrevistas personales que están recibiendo sus tratamientos, alimentos, que están aislados y que les permiten que los familiares les lleven sus medicamentos, alimentos y frutas permitidas, que les proporcionaron sus kit de aseo personal, gel, guantes mascarillas y otros así como las charlas, asimismo, a estos privados de libertad por su condición de vulnerabilidad, se les lleva un control estricto en cuanto a las temperaturas y demás medidas de seguridad para salvaguardar su integridad física, su salud y por ende su vida, todas las medidas tomadas se realizaron coordinadas por el Instituto Penitenciario de conformidad al Decreto emitido por la Secretaria de Salud (SESAL), las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) con el apoyo técnico del Comité de la Cruz Roja Internacional en lo referente a medidas de confinamiento a la población interna, cuyo fin es salvaguardar la salud física, mental y el bienestar de la población privada de libertad; de lo que se deduce que a los procesados no se le han vulnerado garantías o derechos consagrados en la Constitución de la República y la Ley sobre Justicia Constitucional, ha quedado constatado que se les está brindando toda la atención médica necesaria y que reciben los medicamentos para sus padecimientos.- CONSIDERANDO (14): Que la Constitución de la República dispone en su artículo 68: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. De otro lado, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y de la cual Honduras forma parte, Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. De igual forma el artículo 69 de nuestra Carta Magna señala, que la libertad individual es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente; por tanto procede la restricción únicamente con la intervención del órgano jurisdiccional, como evidentemente ha sucedido en el presente caso, pues se deduce de autos que a los privados de libertad se les sigue proceso por el delito de el delito de Lavado de activos y Asociación Ilícita para Lavar Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, a la orden del Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en materia Penal- CONSIDERANDO (15): Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia se declarara con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarara sin lugar. El artículo 13.1 de esta ley, preceptúa que procede el habeas corpus: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo del goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- Artículo 24. Las privaciones de libertad se consideran arbitrarias e ilegales: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.- En el presente caso, se ha acreditado en autos, que los procesados no se encuentran comprendidos dentro de ninguno de los numerales transcritos de los artículos 13 y 24 de la Ley de Justicia Constitucional; por lo tanto procede declarar sin lugar la presente acción, en vista que no consta en el informe tanto del Juez Ejecutor como de las autoridades requeridas que a los internos se le estén vulnerando sus garantías y especialmente que se esté negando atención medica y sus medicamentos, su estado de salud en general es estable y gozan de todas las medidas de seguridad como se deduce de los informes y evaluaciones medicas realizadas por los médicos asistenciales de los centros penitenciarios y que se encuentran anexadas al expediente de merito. Actualmente su situación jurídica es de procesados.- CONSIDERANDO (16): Que los órganos jurisdiccionales son garantes de la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la República, máxime de los que están privados de libertad, en consecuencia en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán de manera que aseguren una efectiva protección de los derechos humanos y las defensas del orden jurídico constitucional aplicándose e interpretándose a atención a los tratados, convenciones y todos aquellos instrumentos internacionales vigentes en la República de Honduras. En tal sentido esta Sala de lo Constitucional comparte el contenido del informe rendido por la Juez Ejecutoria quien realizo todas las actuaciones investigativas que permiten concluir que a los privados de libertad no se les han vulnerado garantías individuales, se encuentran en condición jurídica de procesados y su detención ha emanado de autoridad competente respetándoles el debido proceso por la causa que se les sigue a los señores Juventino Rosales Mejía y Amelia Aguilar, procede por tanto declarar no ha lugar el Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal solicitado a su favor, que las medidas de prevención que se han implementado es debido a la Pandemia por Emergencia Nacional COVID-19; en tal sentido, la Sala es del criterio que los apoderados legales de los procesados, soliciten la revisión de medidas ante el órgano jurisdiccional que conoce de la causa, una vez cumplida la medida cautelar impuesta.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 80, 82, 182, 303, 304, 313 numerales 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 numeral 5) de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 9 numeral 1), 10 numeral 1), 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26, 31, 34, 37, 38 y 70 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus promovido por los defensores privados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO a favor de los señores JUVENTINO ROSALES MEJIA Y AMELIA GARCIA. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda al archivo de las presentes diligencias. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0217-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL