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Sentencia EP-216-20 — Registro 10809

Resumen

Juezas Ejecutoras declararon no ha lugar al recurso de mérito a favor de los privados de libertad interpuesto por la Comisionada Presidente Pro-Tempore del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV) debido a que se están cumpliendo con los lineamientos para la prevención y manejo del COVID-19 establecidas por la Secretaria de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."está Sala de lo Constitucional observa que frente a la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), es urgente que se cree una estrategia de prevención de contagio para las personas privadas de libertad, debiéndose establecer por parte del Instituto Penitenciario, los cuerpos de seguridad pública y el Poder Judicial, protocolos de sanidad para el personal que labora en los Centro de Detención, lineamiento para el traslado a las sedes judiciales, medidas que deben ser implementadas a nivel nacional. Asimismo, se debe realizar estudios para que disminuir factores de contagio, disminuyendo el hacimiento en los Centros de Detención, abastecimiento de agua e insumos de higiene personal y colectiva, controles de salubridad para el personal penitenciario..." ..."es necesario que el sistema penitenciario posea la capacidad de realizar prueba en los casos sospechosos, pudiendo aislar a la población con mayor vulnerabilidad a la enfermedad del Coronavirus, como los adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y otras crónicas, diabetes, VIH, mujeres embarazadas, diabetes, hipertensión u otras cardiopatías, oncológicas, insuficiencia renal, enfermedades respiratorias u otras condiciones de salud relevantes..."..."el Instituto Penitenciario debería establecer acceso a medios tecnológicos para que en conjunto con los órganos jurisdicciones puedan realizar actuaciones judiciales, en el marco del derecho a la defensa y el debido proceso, evitando así el traslado de privados de libertad a las distintas sedes judiciales, como medida de prevención de contagios..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 145 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, trece de mayo de dos mil veinte. Visto: Para dictar sentencia en la garantía de Exhibición Personal interpuesta vía correo electrónico, por la abogada Glenda Carolina Ayala Mejía, en su condición de Comisionada Presidente Pro-Tempore del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), actuando en favor de todas las personas privadas de libertad, de la República; que adolecen de enfermedades crónicas como ser diabetes, hipertensión o con enfermedades cardiovasculares, las personas mayores de sesenta años, reclusos que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas (neumonía o tuberculosis), VIH y otras enfermedades que por su condición inmunológica ponen en riesgo inminente su salud y la vida ante la pandemia de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) que está afectando toda la Nación, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario (INP); manifestando la peticionaria, que estas personas están en un grado de mayor vulnerabilidad y necesitan una protección especial del Estado, al ser un blanco fácil para los contagios de la presente pandemia del COVID-19. situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 65, 82, 87, 90 y 145 de la Constitución de la República, y; 1, 2, 8 y 25 de la Convención americana Sobre Derechos Humanos. Antecedentes 1) Que en fecha 31 de marzo de dos mil veinte, compareció por vía electrónica ante la Sala de lo Constitucional, la abogada Glenda Carolina Ayala Mejía, en su condición de Comisionada Presidente Pro-Tempore del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), interponiendo garantía de Exhibición Personal a favor de todas las personas privadas de libertad; que adolecen de enfermedades crónicas como ser diabetes, hipertensión o con enfermedades cardiovasculares, las personas mayores de sesenta años, reclusos que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas (neumonía o tuberculosis), VIH y otras enfermedades que por su condición inmunológica ponen en riesgo inminente su salud y la vida ante la pandemia de la enfermedad del COVID-19, que está afectando toda la Nación, manifestando la peticionaria que debido a las cuestiones de sobrepoblación y hacinamiento que se vive los centros penales; así como la falta requisitos necesarios para mantener las recomendaciones de higiene y distanciamiento social, insumos para evitar el contagio; sus representados están en un mayor grado de vulnerabilidad y necesitan de una protección especial por parte del Estado, pues todos son un blanco fácil para los contagios de la presente pandemia de COVID-19. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 65, 82, 87, 90 y 145 de la Constitución de la República, y; 1, 2, 8 y 25 de la Convención americana Sobre Derechos Humanos. (Folios No 1 al 3 de la presente garantía). 2) Que, en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombro como juezas ejecutoras a las abogadas Claudia Waleska López, Onix Jaqueline Manzanares y Liksa Gissel Martínez Suazo, Defensoras Públicas de que laboran en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindieran un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folios No 4 al 5 de la presente garantía). 3) Que en fecha veintidós de abril de dos mil veinte, las juezas ejecutoras comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindieron un solo informe, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que cada uno de los centros penitenciarios del país, posee una gran cantidad de personas que adolecen de enfermedades crónicas y de alto riesgo de contagio durante la presente pandemia de COVID-19, por lo que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud y proteger a las personas internas en los mismos; B) Que solicitaron y remitieron los listados de las personas privadas de libertad que tienen beneficios legales como pre-liberación, libertad condicional y conmuta, a la Unidad de Fase de Ejecución de Pena de la Defensa Pública, para que las mismas puedan ser excarceladas con celeridad si el caso lo amerita; C) Que se están cumpliendo con los lineamientos para la prevención y manejo del COVID-19 en población privada de libertad, establecidas por la Secretaria de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS); implementación de medidas efectivas y charlas informativas, y; reciben los insumos de higiene; con la recomendación de que siguieran implementando las mismas; D) Que del informe que habla de la cantidad de privados de libertad que tienen la capacidad de albergar cada centro penal, se puede deducir que el mayor problema que tienen es el hacinamiento, pues todos estos centros exceden la cantidad de privados de libertad que los mismos pueden albergar; E) En cuanto a los centros de internamiento de menores, se están observando y cumpliendo los lineamientos establecidos en el “Protocolo para el manejo, el control y prevención de nuevo corona virus 2019 (COVID-19)” y la “Guia de Aplicación del Protocolo para el manejo, control y prevención del COVID-19 en los Centros Pedagógicos de Internamiento”; se les está brindando educación y concientización requerida, sobre el contagio y transmisión del virus, tanto a los internos, como a los familiares o sus encargados, y; se han restringido las visitas, mismas que son controladas para el personal de Derecho Humano, Ministerio Público (MP), abogados, jueces de ejecución y familiares que se presenten con el equipo de bioseguridad necesario; F) En los procesos de menores, se están observando las reglas mínimas de las Naciones Unidas, para la administración de la justicia de menores; G) En vista de todo lo expuesto anteriormente, las jueces ejecutoras resolvieron declarar no ha lugar, la acción del Recurso de hábeas corpus correctivo, interpuesto por la Abogada Glenda Carolina Ayala Mejía, a favor de todas las personas privadas de libertad en todos los centros penitenciarios del país y centros de internamiento de menores.” (Folios No 15 al 22 de la presente garantía). Fundamentación Jurídica Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, el conocimiento de las acciones de hábeas corpus o exhibición personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182, 313 y 316 de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3, 9 y 13 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Considerando (2): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-8/87, que versa sobre el Hábeas Corpus, encontrando que indica que en un sentido clásico tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad; posteriormente se cita el artículo 7 numeral sexto de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual establece que: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”. Considerando (3): Que siguiendo lo preceptuado en el mismo artículo 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, encontramos que en el numeral quinto (Toda persona… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…) está referido a las personas que han sido detenidas en un proceso penal y está inescindiblemente ligado al contemplado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Se puede establecer también que, si alguien es detenido en virtud de un proceso penal, es presentando ante un juez que determinara la licitud de la privación de la libertad frente a la presunción de inocencia y cuya culpabilidad o responsabilidad no ha sido establecida. Considerando (4): Que el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado en el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 se declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control y garantizar la atención a las personas que están padeciendo de dengue; asimismo fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19). Considerando (5): Que se han publicado los Decretos Ejecutivos PCM-021-2020, PCM-022-2020, PCM-026-2020 ratificados por el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo 32-2020, donde se estableció la restricción de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y, 103 en todo el territorio nacional, por lo que desde el 16 de marzo de 2020 se encuentra limitado el ejercicio de ciertos derechos fundamentales; asimismo se emitieron los Decretos Ejecutivos PCM-028-2020, PCM-031-2020, PCM-033-2020, PCM-036-2020 y PCM-040-2020 contentivos de prorrogas a la restricción de derechos constitucionales antes citados por siete días más a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que estando vigente una limitación a los derechos que permite la Constitución para dar medidas de aislamiento social en vista de la pandemia del COVID-19. Considerando (6): Que las juezas ejecutoras presentaron el informe requerido por este órgano jurisdiccional donde concluye: declarar no ha lugar la exhibición personal a favor de los privados de libertad, debido a que se están cumpliendo con los lineamientos para la prevención y manejo del COVID-19 en población privada de libertad, establecidas por la Secretaria de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS); implementación de medidas efectivas y charlas informativas, y; reciben los insumos de higiene; con la recomendación de que siguieran implementando las mismas. Considerando (7): Que dentro de los presupuestos procesales del hábeas corpus se establece su procedencia cuando se constante que en la detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión; esta órgano jurisdiccional ha dictado diversas sentencias en donde ha dictado medidas correctivas al funcionamiento del sistema penitenciario del país.[1] Considerando (8): Que se ha señalado por parte de este Tribunal[2] que el derecho a la protección de la salud se encuentra constitucionalizado en el artículo 145 de la Constitución de la República, en donde se reconoce que es deber de todos y todas participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, debiendo orientarse las actividades del Estado y de las entidades públicas y privadas sujetarse a esta disposición. Considerando (9): Que también se ha señalado en la jurisprudencia constitucional que el Estado de Honduras se ha suscrito al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se reconoce en su artículo 12 que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, debiendo realizar medidas que aseguren la plena efectividad de este derechos, a través de la reducción de la mortinatalidad y de las mortalidad infantil, y en el sano desarrollo de las y los niños; el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; la creación de condiciones que aseguren a todas y todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Mientras que en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, el que establece en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; para hacer efectivo esto, los Estados deben adoptar medidas para garantizar la atención primaria de la salud, entendiendo como la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; extensión de los beneficios de los servicios de salud a todas y todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riego y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables, entre otros criterios. Considerando (10): Que la Corte Interamericana ha señalado sobre el derecho a la salud en el caso de los privados, al desarrollar la sentencia Chinchilla Sandoval vs. Guatemala, estableciendo que los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia. Lo anterior, como resultado de la interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al privado de libertad se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna, en los términos que sean posibles en esas circunstancias. Considerando (11): Que también señala ese Tribunal Interamericano que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha identificado la obligación de los Estados de proveer atención médica a los privados de libertad y de proporcionar cuidados especiales en situaciones de emergencia o debido cuidado en caso de enfermedad severa o terminal. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo la atención médica adecuada, la cual debe ser ofrecida de oficio, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra detenido. Considerando (12): Que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina (sentencia de 6 de febrero de 2020) que en lo que respecta al derecho a la alimentación adecuada, puede identificarse también en el artículo XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que dispone que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación”, entre otros aspectos; además, el artículo 12.1 del Protocolo de San Salvador, expresa que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló en su Observación General 12, contenido básico del derecho a la alimentación que comprende: la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada, y la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. Considerando (13): Que está Sala de lo Constitucional observa que frente a la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), es urgente que se cree una estrategia de prevención de contagio para las personas privadas de libertad, debiéndose establecer por parte del Instituto Penitenciario, los cuerpos de seguridad pública y el Poder Judicial, protocolos de sanidad para el personal que labora en los Centro de Detención, lineamiento para el traslado a las sedes judiciales, medidas que deben ser implementadas a nivel nacional. Asimismo, se debe realizar estudios para que disminuir factores de contagio, disminuyendo el hacimiento en los Centros de Detención, abastecimiento de agua e insumos de higiene personal y colectiva, controles de salubridad para el personal penitenciario. Considerando (14): Que es necesario que el sistema penitenciario posea la capacidad de realizar prueba en los casos sospechosos, pudiendo aislar a la población con mayor vulnerabilidad a la enfermedad del Coronavirus, como los adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y otras crónicas, diabetes, VIH, mujeres embarazadas, diabetes, hipertensión u otras cardiopatías, oncológicas, insuficiencia renal, enfermedades respiratorias u otras condiciones de salud relevantes. Considerando (15): Que el Instituto Penitenciario debería establecer acceso a medios tecnológicos para que en conjunto con los órganos jurisdicciones puedan realizar actuaciones judiciales, en el marco del derecho a la defensa y el debido proceso, evitando así el traslado de privados de libertad a las distintas sedes judiciales, como medida de prevención de contagios. Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; falla: 1) declarar No ha lugar la garantía de hábeas corpus correctiva interpuesta por la abogada Glenda Carolina Ayala Mejía, actuando en favor de todas las personas privadas de libertad, de la República; 2) Se exhorta al Instituto Penitenciario a que informe a esta Sala sobre los planes de prevención que va a adoptar para prevenir, y contener la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) en los establecimientos penitenciarios del país; medidas que deben contener mecanismos para la detección oportuna del COVID-19 en los centros penitenciarios; protección sanitaria para las personas privadas de libertad, el personal penitenciario, con el fin de prevenir el contagio de COVID-19; y, adopción de las directrices dadas por la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, para el tratamiento de los casos de COVID-19; 3) Se Exhortar a su vez a todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial a que tomen todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas en centros penales, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación de la pandemia de la Enfermedad del Coronavirus (COVID-19); 4) Se Exhortar a las autoridades del Centro Penitenciario de Tamara, anexo primer batallón de infantería a continuar tomando medidas y acciones de control sanitario apropiadas, en favor del aislamiento como medida esencial para evitar la propagación de la pandemia de la Enfermedad del Coronavirus (COVID-19); 5) Se Exhortar a las autoridades penitencias proceder a garantizar el acceso a los medicamentos prescritos, alimentación e insumos de higiene que requieren los privados de libertad indicados, que serán distribuidos por parte de la Autoridad Pública, así como los que suministren sus familiares a ellos, mediante los protocolos apropiados para su entrega, que afiancen la seguridad interna de la prisión. Y manda: Que una vez notificada y firmé la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al órgano en revisión. Redactó la magistrada Álvarez Sagastume. Notifíquese. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de mayo de de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0216-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Cfr. Las sentencias dictadas en los hábeas corpus SCO-1079-19 y SCO-1131-2019.

[2] Cfr., sentencia SCO-0197-2017 acumulada con la SCO-0203-2017.