Sentencia EP-207-20 — Registro 10601
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones de la Sub-Dirección de Seguridad Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP) de Siria El Porvenir. Manifestado la peticionaria que su representado: “…ha recibido constantes amenazas a muerte por lo que su familia expuso de parte de quién se estaban dando las amenazas, siendo este extremo investigado por el personal correspondiente de tal manera que de las investigaciones, tanto del Juzgado de Ejecución, como el Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir, concluyeron que era pertinente el Traslado de mi representado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (16): Que, en tal sentido, se reitera por la Sala la pacífica línea jurisprudencial respecto a que la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que acaezcan con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad; así como también, frente aquellos que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. En vista a lo anteriormente conceptualizado, la Sala de lo Constitucional, considera no se evidencia tal transgresión, en sentido estricto, al no subsumirse los hallazgos del Despacho Constitucional en ninguno de los presupuestos que precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para su otorgamiento; por lo cual, se considera proceder a la denegatoria del Habeas Corpus; sin perjuicio a lo expuesto en el subsiguiente considerando, como efecto útil del presente fallo. CONSIDERANDO (17): Que por lo anteriormente expuesto, se insta de forma concluyente a la autoridad penitenciaria competente, a que proceda sin demora al traslado urgente del recluso beneficiario del presente recurso; en vista a no compatibilizar la inacción administrativa con el principal objetivo establecido en la legislación penitenciaria, como es la salvaguarda de la vida e integridad personal de los privados de libertad y dado el inminente peligro que corre el agraviado, señor DIXIE ALLAN ÁLVAREZ VALDIVIEZO, por las amenazas constatadas en su contra en el Centro Penitenciario de Siria, de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán. Lo anterior, en cumplimiento íntegro del deber del Estado de Honduras de garantizar se produzcan las condiciones requeridas para que no se produzcan violaciones de los precitados derechos fundamentales, e incluso de impedir que sus agentes, o terceros, atenten contra éstos; todo con especial referencia a la protección reforzada que amerita la persona privada de libertad; removiendo cualquier restricción innecesaria para la seguridad individual del beneficiario del presente recurso, en el cumplimiento de la condena penal a que se encuentra legalmente sujeto.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo del dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la Abogada Dora del Carmen Ramos, a favor de Dixie Allan Álvarez Valdiviezo, contra actuaciones de la Sub-Dirección de Seguridad Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP) de Siria El Porvenir, del departamento de Francisco Morazán, manifestado la peticionaria que su representado: “…ha recibido constantes amenazas a muerte por lo que su familia expuso de parte de quién se estaban dando las amenazas, siendo este extremo investigado por el personal correspondiente de tal manera que de las investigaciones, tanto del Juzgado de Ejecución, como el Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir, concluyeron que era pertinente el TRASLADO de mi representado; sin embargo, a pesar de haberse emitido la ordenanza de traslado, la Sub Dirección de Seguridad Nacional del Instituto Nacional Penitenciario no ha procedido a hacer efectivo dicho traslado, teniendo en cuenta que ya hace un mes de haberse resuelto y ordenado su traslado a fin de salvaguardar su integridad física.” A N T E C E D E N T E S. 1) Que, en fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte, compareció ante ésta Sala, la Abogada Dora del Carmen Ramos, interponiendo exhibición personal favor de Dixie Allan Álvarez Valdiviezo, contra actuaciones de la Sub-Dirección de Seguridad Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP) de Siria El Porvenir, del departamento de Francisco Morazán, manifestado la peticionaria que su representado: “…ha recibido constantes amenazas a muerte por lo que su familia expuso de parte de quién se estaban dando las amenazas, siendo este extremo investigado por el personal correspondiente de tal manera que de las investigaciones, tanto del Juzgado de Ejecución, como el Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir, concluyeron que era pertinente el TRASLADO de mi representado; sin embargo, a pesar de haberse emitido la ordenanza de traslado, la Sub Dirección de Seguridad Nacional del Instituto Nacional Penitenciario no ha procedido a hacer efectivo dicho traslado, teniendo en cuenta que ya hace un mes de haberse resuelto y ordenado su traslado a fin de salvaguardar su integridad física.” (Folio 1-4 del recurso) 2) En fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte, ésta Sala, admitió el recurso de exhibición personal interpuesto por la Abogada Dora del Carmen Ramos a favor de Dixie Allan Álvarez Valdivieso, designando como Jueza Ejecutora para conocer del recurso de mérito, a la Abogada Débora Maria Ochoa, para que constará los extremos narrados por la recurrente y rindiera el informe correspondiente de sus actuaciones. (Folio 29 vuelto del recurso) 3) En fecha veintitrés de abril de dos mil veinte, la Juez Ejecutora nombrada, en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, compareció ante esta Sala, rindiendo el informe correspondiente, mediante el cual concluyó: DILIGENCIAS PRÁCTICADAS… En fecha quince de abril del años dos mil veinte, recibí por parte del Director del Institutito Nacional Penitenciario, recibí informe quien en el mismo establece: Que el privado de libertad Dixie Allan Alvarado Valdivieso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir, Francisco Morazán, por orden judicial del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, bajo el expediente número 188-06 condenado desde el 2 de marzo del 2019 a 35 años de reclusión por los delitos de SECUESTRO AGRAVADO Y ROBO DE VEHICULO en perjuicio de MARLON DAVID RAMIREZ…que dicho interno no ha sufrido ningún tipo de mal trato ni vejámenes, asimismo en el numeral 3 punto dos establece que en fecha 27 de marzo del año dos mil veinte, emitido por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Seria El Porvenir, Francisco Morazán, acceder a realizar el traslado del Privado de Libertad Dixie Allan Álvarez Valdivieso, hacia otro centro penitenciario por medidas de seguridad y en el cual se ordena que proceda a emitir la resolución de traslado del privado de libertad Dixie Allan Álvarez Valdivieso hacia el Centro Penitenciario Nacional de Tamara, Francisco Morazán, en el mismo informe numeral 4 señalan que debido al estado de emergencia que se encuentra el país decretado por el Poder Ejecutivo por pandemia del COVID-19 conocido también por CORONAVIRUS, no se ha podido dar el cumplimiento ha dicho traslado, siendo lo que se pudo informar por parte de la autoridad recurrida… CONSIDERANDO:…POR TANTO: DECLARO: NO HA LUGAR la presente exhibición personal a favor de DIXIE ALLAN ÁLVAREZ VALDIVIEZO, en vista que en ningún momento los derechos garantizados por las autoridades penitenciarias, no han sido violentados al privado de libertad DIXIE ALLAN ÁLVAREZ VALDIVIEZO, parte de ello, en sus actuaciones administrativas según lo establecido en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que claramente dispone en sus numerales: 1) Cuando se encuentre ilegalmente preso, detenido, cohibido de cualquier modo en el goce de su libertad; y 2)Cuando en su detención o prisión legal se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión… (Folios 61-64 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2] CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor originario de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH, en lo sucesivo),[3] la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a lo postulado por la Carta de San José, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas y aun con mayor intensidad, señala la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Asimismo, con base al principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar la salud física y mental de las personas privadas de libertad. En congruencia a lo anterior, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar su protección; estándar de derechos humanos que no puede ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5] CONSIDERANDO (6): Que, en congruencia a lo anterior, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) garantiza que el alcance de las restricciones permitidas, acorde con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma: “… no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.[6] La doctrina convencional se refiere a este respecto, no sólo enfatizando la obligación estatal de que la implementación de tales restricciones obedezca al principio de legalidad, sino que a la vez, acorde al principio de proporcionalidad; es decir, sólo en la medida indispensable en que una sociedad que se precie de democrática, pueda permitírselo: … para impedir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás”;[7] lo cual es predicable, desde luego, a la necesaria racionalidad que debe imperar en las restricciones al ejercicio de circulación y residencia en los Estados miembros.[8] CONSIDERANDO (7): Que como consecuencia de la llegada del COVID-19 al territorio nacional, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 3,171 de fecha 1 de febrero del año 2020, mediante el cual se decretó declarar Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control entre otros, para garantizar la atención a las personas ante el posible contagio del virus denominado COVID-19. Posterior a ello, en fecha 16 de marzo del año 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-021-220, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201, mediante el cual se decretó la restricción de garantías constitucionales por siete días, las cuales se han prologando hasta la fecha con el objetivo legítimo de evitar la propagación del COVID-19. Debiendo observar tales restricciones, en todo caso, la modalidad proporcional de aplicación que prevé el precitado artículo 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha manifestado que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía, según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[9] declarando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[10] CONSIDERANDO (9): Que, en continencia a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ComisiónIDH), ha emitido la Resolución No. 01/2020 “PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS”, en fecha diez de abril del año dos mil veinte, estimando que la pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida y siendo que es este el derecho humano más afectado por esta pandemia, como consecuencia de una afectación grave y directa del derecho humano a la salud; recomendando la adopción de medidas urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud y a la integridad personal de todas aquellas personas que se encuentren privadas de libertad; particularmente cuando adolezcan de enfermedades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas mayores de 60 años, personas que padezcan de enfermedades respiratorias crónicas como neumonía, tuberculosis, VIH y otras enfermedades que debido a su condición inmunológica pongan en riesgo la salud de las Personas privadas de su libertad; recomendándose, asimismo, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en las unidades de privación de libertad, la reevaluación de los casos de prisión preventiva y la facilitación de su conversión a medidas penitenciarias alternativas; dando prioridad a las poblaciones con mayor vulnerabilidad o riesgo de salud, frente a la pandemia de COVID-19. CONSIDERANDO (10): Que, de todo ello se sigue de forma categórica el deber del Estado de Honduras de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando así la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, que conlleva a la obligatoriedad de su protección y al cumplimiento efectivo de lo establecido en el bloque de convencionalidad, a favor de la persona humana. CONSIDERANDO (11): Que, en el plano de la legalidad procesal constitucional, el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado. CONSIDERANDO (12): Que, el plano de la legalidad administrativa, se enmarca la Ley del Sistema Penitenciario Nacional,[11] la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual estaría integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios; teniendo como fines primordiales, inter alia, los siguientes: “… la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad”;[12] determinando, en el artículo 2, que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales; mientras que, en el artículo 3 expresamente prohíbe someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. Importante para los fines que reviste la presente garantía constitucional, lo normado en el artículo 8, contentivo de las atribuciones que tiene el INP, entre las cuales, la establecida en el numeral 17): “Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley”. CONSIDERANDO (13): Que, asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) es el responsable de la guardia y custodia de los privados de libertad que se encuentran recluidos en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional, por lo cual, se le asigna la responsabilidad de velar por la salvaguarda de la vida e integridad personal de los privados de libertad; tomando las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar incidencias en los derechos que goza la población penitenciaria. Se establece en el artículo 93 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, por otra parte, que toda persona interna puede ser trasladada urgentemente a otro establecimiento, individualmente, o en grupo, y sin distinción de condición procesal, para proteger su seguridad e integridad personal, la de otras personas internas, terceros y la del establecimiento mismo; debiendo tales traslados ser autorizados por la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP), informando por los canales correspondientes y a la brevedad al Juez de Ejecución competente. Sin embargo, no consta de las diligencias en la presente garantía constitucional, que tal proceder haya sido autorizado por la Dirección del Establecimiento Penitenciario, ni informado inmediatamente al órgano jurisdiccional competente en sede de ejecución; no obstante la urgente necesidad de traslado del señor DIXIE ALLAN ÁLVAREZ VALDIVIEZO, según se consigna documentalmente en el informe de la Juez Ejecutora, Abg. DÉBORA MARÍA OCHOA. CONSIDERANDO (14): Que, en la presente garantía de habeas corpus, se observa que las autoridades penitenciarias no han cumplimentado en tiempo y forma la recomendación de traslado con motivos humanitarios a favor del señor DIXIE ALLAN ÁLVAREZ VALDIVIEZO, pese a constar la necesidad de traslado de forma urgente, como obra en el Informe rendido por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP), particularmente a folio 70 v., contentivo del dictamen de la oficialía de derechos humanos y tal como también se recoge a folio 66 f., con la firma y sello de la Dirección Nacional del referido Instituto. Asimismo, que consta expresa recomendación del órgano judicial competente en materia de ejecución,[13] en el mismo sentido; es decir, respecto a la urgencia de agilizar dicho traslado con carácter humanitario. CONSIDERANDO (15): Que, tampoco puede obviar la Sala, que nada obsta para efectuar tan urgente traslado, salvo el señalamiento de dicha autoridad penitenciaria, en el sentido que debido al Estado de Emergencia decretado por el Poder Ejecutivo a raíz de la pandemia del COVID-19, también conocido como CORONAVIRUS, no se le ha podido dar cumplimiento a dicho traslado. Ninguna observación fue emitida a este respecto por la Juez Ejecutora, en el desempeño de su función de garante constitucional.[14] Sin embargo, examinado el contenido de dicho Decreto Ejecutivo nomenclatura PCM-021-220, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,201 de fecha 16 de marzo de los corrientes; no se aprecia ninguna disposición que constituya impedimento para que los funcionarios y empleados penitenciarios circulen por todo el territorio nacional; a diferencia de la generalidad de los habitantes, en los cuales sí incide de manera directa la restricción. CONSIDERANDO (16): Que, en tal sentido, se reitera por la Sala la pacífica línea jurisprudencial respecto a que la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que acaezcan con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad; así como también, frente aquellos que, en iguales circunstancias, atenten en cualquier caso contra la integridad física, síquica y moral del detenido. En vista a lo anteriormente conceptualizado, la Sala de lo Constitucional, considera no se evidencia tal transgresión, en sentido estricto, al no subsumirse los hallazgos del Despacho Constitucional en ninguno de los presupuestos que precaven los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para su otorgamiento; por lo cual, se considera proceder a la denegatoria del Habeas Corpus; sin perjuicio a lo expuesto en el subsiguiente considerando, como efecto útil del presente fallo. CONSIDERANDO (17): Que por lo anteriormente expuesto, se insta de forma concluyente a la autoridad penitenciaria competente, a que proceda sin demora al traslado urgente del recluso beneficiario del presente recurso; en vista a no compatibilizar la inacción administrativa con el principal objetivo establecido en la legislación penitenciaria, como es la salvaguarda de la vida e integridad personal de los privados de libertad y dado el inminente peligro que corre el agraviado, señor DIXIE ALLAN ÁLVAREZ VALDIVIEZO, por las amenazas constatadas en su contra en el Centro Penitenciario de Siria, de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán. Lo anterior, en cumplimiento íntegro del deber del Estado de Honduras de garantizar se produzcan las condiciones requeridas para que no se produzcan violaciones de los precitados derechos fundamentales, e incluso de impedir que sus agentes, o terceros, atenten contra éstos;[15] todo con especial referencia a la protección reforzada que amerita la persona privada de libertad; removiendo cualquier restricción innecesaria para la seguridad individual del beneficiario del presente recurso, en el cumplimiento de la condena penal a que se encuentra legalmente sujeto. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5, 25 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARANDO NO HA LUGAR la GARANTÍA DE EXHIBICIÓN PERSONAL promovida por la abogada DORA DEL CARMEN RAMOS, a favor del señor DIXIE ALLAN ÁLVAREZ VALDIVIEZO, contra actuaciones de la SUB-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP) DE SIRIA EL PORVENIR, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, sin perjuicio del efecto útil preventivo antes motivado. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia a la Abogada impetrante de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificado que sea el presente fallo se certifique y comunique al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP) para los efectos preventivos de la vida, seguridad e integridad personal del señor DIXIE ALLAN ÁLVAREZ VALDIVIEZO, aquí motivados; 3.- Procediéndose, ulteriormente al archivo de las presentes diligencias, en sede de la Sala de lo Constitucional.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-207-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.
[6] Ver artículo 30 de la CADH.
[7] Convención Americana Sobre Derechos Humanos: Comentario. Steiner, Christian / Uribe, Patricia (Editores). Konrad Adenauer Stiftung. Guatemala: Magna Terra Editores, 2014. Pág. 716.
[8] Ver artículo 22.3 de la CADH.
[9] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Loayza Tamayo v. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57.
[10] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso Cantoral Benavides v. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.
[11] Creada por Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012.
[12] Artículo 1, último párrafo, de la precitada Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
[13] El artículo 381.2 del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99) atribuye competencia al Juez de Ejecución para corregir los abusos y desviaciones que puedan producirse en el cumplimiento de los preceptos contenidos en la legislación penitenciaria, y para resolver los recursos que se puedan interponer contra las resoluciones de los órganos directivos, administrativos y técnicos de los establecimientos penitenciarios.
[14] El cual no se aprueba por no haberse entrevistado en personal forma al agraviado, como es mandatorio para la integridad y funcionalidad de la presente garantía constitucional.
[15] Abundando sobre este lineamiento garantista: Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos (CorteIDH). Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Sentencia del dos de septiembre de 2004, párr. 156.