Sentencia EP-185-20 — Registro 10599
Resumen
Se interpuso Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, Ubicado En Támara, manifestando el peticionario que se encuentra en una supuesta situación de peligro a su vida. en donde el mismo manifiesta que padece de una incapacidad física, hernia estomacal y necesita una operación inmediata, y el estar detenido en dicho centro peticionario, es una situación que pone en riesgo su vida.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): Que pacífica jurisprudencia de la Sala ha reconocido que la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que, con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad, la perturben o priven de ella; así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten contra la integridad física, síquica y moral del detenido; lo cual no es particularmente el caso, pues no sólo no existe evidencia de infracción a lo prescrito en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ni a lo dispuesto convencionalmente en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; sino que se constató que el privado de libertad beneficiario de la garantía constitucional tenía, efectivamente, padecimientos específicos, los cuales se encontraban estables; ameritando tratamiento médico, aptos para ser manejados con referencia a un plan de consultas externas, tanto en el Hospital Escuela Universitario, como en el departamento de oftalmología del Hospital General “San Felipe”; con lo cual se ejercita adecuadamente el deber de garante que reviste al Estado de Honduras, en compatibilidad a las condiciones mínimas para el tratamiento del recluso. Por todo ello, considera la Sala de lo Constitucional, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de exhibición personal o habeas corpus.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de mayo del dos mil veinte. VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el señor JAVIER ERNESTO MEDINA AYESTAS, a favor de SI MISMO, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO “MARCO AURELIO SOTO”, UBICADO EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; manifestando el peticionario que se encuentra en una supuesta situación de peligro a su vida. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020), se interpuso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.), un Recurso de Exhibición Personal a favor del señor JAVIER ERNESTO MEDINA AYESTAS, en donde el mismo manifiesta que padece de una incapacidad física, hernia estomacal y necesita una operación inmediata, y el estar detenido en dicho centro peticionario, es una situación que pone en riesgo su vida. (Folios 1-3 del presente Recurso) 2) Que, en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutor al abogado ANDRES FERNANDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Defensor Público de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 4 del presente Recurso) 3) Que en fecha veintiuno (21) de abril de dos mil veinte (2020), el Juez Ejecutor compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha diez (10) de marzo de dos mil veinte (2020), se personó en el Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, ubicado en Támara, departamento de Francisco Morazán, para entrevistar al señor JAVIER ERNESTO MEDINA AYESTAS, quien le manifestó: que tiene quince (15) meses de estar recluido en dicho centro penitenciario; que fue condenado a doce (12) años de prisión por los delitos de ACTOS DE LUJURIA Y AMENAZAS, delitos por los cuales fue injustamente acusado; que ha recibido atención en las clínicas de dicho centro penitenciario, en donde los doctores le dijeron que fue referido con una hernia y tiene que esperar, y; le hace falta un ojo, y necesita tratamiento para el mismo, cosa que no posee dicho centro penitenciario; B) Que en la misma fecha, recibió el informe del Director del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, en donde pudo constatar: que el señor JAVIER ERNESTO MEDINA AYESTAS ingreso a dicho centro en fecha once (11) de noviembre de dos mil dieciocho (2018); actualmente se encuentra recluido en calidad de procesado; que del informe rendido por el médico de dicho centro, el doctor ASDRUBAL MONTES MAIRENA, se destaca que los padecimientos del señor JAVIER ERNESTO MEDINA AYESTAS, pueden ser manejados por la consulta externa debido a que el estado de salud del imputado actualmente es estable; que efectivamente ha sido diagnosticado por hernia peri umbilical derecha, ceguera del ojo izquierdo (utiliza prótesis), y; hace referencia de un plan de consultas externas en el Hospital Escuela Universitario, y en el departamento de oftalmología del Hospital General San Felipe; C) En vista de todo lo expuesto anteriormente, el Juez Ejecutor Resolvió: (SIC) “NO HA LUGAR la acción del Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, interpuesto por el señor JAVIER ERNESTO MEDINA AYESTAS a favor de SI MISMO, en consideración y motivación de los fundamentos legales antes esgrimidos.” (Folios 15–17 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1] CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[2]. En ese orden de ideas, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (4): Que en fecha nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020), se interpuso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.), por parte del señor JAVIER ERNESTO MEDINA AYESTAS un Recurso de Exhibición Personal a su favor, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO “MARCO AURELIO SOTO”, UBICADO EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; por estimar, el peticionario, que padece de una incapacidad física, hernia estomacal y necesita una operación inmediata, y el estar detenido en dicho centro peticionario, es una situación que pone en riesgo su vida; por lo cual amerita se le extienda carta de libertad definitiva. CONSIDERANDO (5): Que se designó como Juez Ejecutor al abogado ANDRES FERNANDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Defensor Público de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, para conocer de la garantía constitucional promovida, quien rindió en forma el informe que le fuera requerido; del cual colige, en vista a la entrevista realizada y a los informes requeridos de las autoridades competentes, que no ha existido violación a derechos y garantías constitucionales invocadas, razón por la cual declara no ha lugar al descripto RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL. Asimismo, se constató que el privado de libertad beneficiario de la garantía constitucional tenía, efectivamente, padecimientos específicos, los cuales se encontraban estables; pudiendo ser manejados con referencia a un plan de consultas externas, tanto en el Hospital Escuela Universitario, como en el departamento de oftalmología del Hospital General “San Felipe”. CONSIDERANDO (6): Que mediante Decreto Legislativo No. 64-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,990 de fecha 3 de diciembre del año 2012, se crea la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la que tiene como propósito regular la organización y el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual está integrado por: 1) El Instituto Nacional Penitenciario (INP); y, 2) Los Establecimientos Penitenciarios. El Sistema Penitenciario Nacional tiene como fines primordiales inter alia, “la retención y custodia de toda persona detenida, en prisión preventiva o cumpliendo condena privativa de libertad.”[3] La precitada ley determina en el artículo 2 que la actividad penitenciaria se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, las Leyes, los Reglamentos, y las Sentencias Judiciales. El artículo 3 expresamente prohíbe el someter a las personas privadas de libertad a torturas y cualquier trato cruel, inhumano o degradante u otro lesivo a su dignidad. El artículo 8 enumera las atribuciones que tiene el INP, de interés a la presente sentencia, las establecidas en el numeral 3 y 17, que consisten en: 3) Velar por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa, laboral u otros servicios inherentes a los fines de la ley, de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva, cumpliendo penas o medidas de seguridad; y, 17) Coordinar con las autoridades judiciales competentes, los ingresos, traslados y egresos de las personas privadas de libertad a su cargo, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable y la presente Ley. CONSIDERANDO (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,[4] la que una vez en vigor forma parte del derecho interno;[5] al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[6] la Corte Interamericana también ha manifestado que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[7] En consecuencia, corresponde al Estado de Honduras el deber reforzado de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, conllevando la obligatoriedad de su protección. CONSIDERANDO (9): Que, por otra parte, después de realizado el estudio de los autos en la presente garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, así como el informe y documentación presentada por el Juez Ejecutor; considera este Alto Tribunal, los argumentos expuestos por el peticionario no son de recibo para su otorgamiento, por no encontrarse enmarcados en las disposiciones constitucionales concernidas. CONSIDERANDO (10): Que pacífica jurisprudencia de la Sala ha reconocido que la garantía de exhibición personal o habeas corpus, se encuentra configurada como un mecanismo de defensa para el derecho a la libertad individual frente a los actos de autoridad que, con infracción, violación o inobservancia del bloque de constitucionalidad, la perturben o priven de ella; así como también, frente a los que, en iguales circunstancias, atenten contra la integridad física, síquica y moral del detenido; lo cual no es particularmente el caso, pues no sólo no existe evidencia de infracción a lo prescrito en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ni a lo dispuesto convencionalmente en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; sino que se constató que el privado de libertad beneficiario de la garantía constitucional tenía, efectivamente, padecimientos específicos, los cuales se encontraban estables; ameritando tratamiento médico, aptos para ser manejados con referencia a un plan de consultas externas, tanto en el Hospital Escuela Universitario, como en el departamento de oftalmología del Hospital General “San Felipe”; con lo cual se ejercita adecuadamente el deber de garante que reviste al Estado de Honduras, en compatibilidad a las condiciones mínimas para el tratamiento del recluso. Por todo ello, considera la Sala de lo Constitucional, debe declararse SIN LUGAR la presente garantía de exhibición personal o habeas corpus. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 69, 80, 82, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 1, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el señor JAVIER E. MEDINA AYESTAS a favor de sí mismo, contra actuaciones del DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO “MARCO AURELIO SOTO”, UBICADO EN TÁMARA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, por las razones aquí motivadas. Y MANDA: 1.- Que se notifique esta sentencia al ciudadano impetrante de la presente garantía constitucional. 2.- Que notificada y firme que sea la presente sentencia, se proceda al archivo de las diligencias en Sala de lo Constitucional. Redacto la Magistrada Álvarez Sagastume.-NOTIFÍQUESE.-FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-185-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Artículo 1, último párrafo, de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
[4] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[5] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[6] Ver: Caso Loayza Tamayo v. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57.
[7] Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.