Sentencia EP-119-20 — Registro 11002
Resumen
En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, que declaró no ha lugar la garantía de exhibición personal interpuesta contra actuaciones del Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, manifestando los peticionarios las consideraciones siguientes que sustentan la acción incoada: Que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de sus patrocinados por los delitos de incendio, privación injusta de la libertad, robo y asociación ilícita, este último delito, sin que haya un hecho como objeto de litigio, haciendo que el referido Juzgado por razón de materia sea incompetente; resultando así, que el A-quo en la declaración de imputado aplicara el artículo 184 para justificar la detención judicial sin realizar ningún examen sobre la procedencia de las medidas cautelares, puesto que dicho artículo prohíbe la aplicación de medidas sustitutivas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Considerando (4): Que la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, una vez recibida la información proporcionada por los jueces ejecutores procedió a dictar sentencia de la garantía de exhibición personal, donde concluyeron que no procedencia la garantía por no enmarcarse en los previsto en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, situación que fue revisada por la Corte de Apelaciones, que al observar todo los informes y entrevistas acompañadas al informe estableció que con base a nuestro estamento jurídico procede el hábeas corpus (a) cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo, en el goce de su libertad; y, (b) cuando en su detención legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión; se debe señalar que en el caso a, la ilegalidad de la detención se constata con base al artículo 24, que da cuando: (1) exista una orden verbal de prisión o arrestos, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; (2) toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, (3) toda detención o arresto que no se cumpla en los centro destinados para el efecto por el Estado. Considerando (5): Que las actuaciones han sido realizadas por un juez con competencia penal, con las formalidades del proceso, siendo privados de libertad las personas beneficiadas de esta garantía en un centro de internamiento establecido por el Estado, por lo que no se cumple ninguno de los requisitos establecidos por la Ley para que se dé la procedencia de la presente garantía, que lo argumentado por los actores constituye argumentos ordinarios que deben sustanciarse ante el órgano jurisdiccional que conoce del caso, con posibilidad de recurrir lo que se resuelva a través de los procesos que establece la ley procesal que corresponda.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Sentencia
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CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de marzo de dos mil veinte. Visto: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró no ha lugar la garantía de exhibición personal interpuesta por los ciudadanos Edy Tabora, Joaquín Mejía, Carlo Jiménez, Allan Alvarenga y otros, a favor de los señores José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexis Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnol Javier Alemán Soriano y Jeremías Martínez, contra actuaciones del Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, manifestando los peticionarios las consideraciones siguientes que sustentan la acción incoada: Que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de sus patrocinados por los delitos de incendio, privación injusta de la libertad, robo y asociación ilícita, este último delito, sin que haya un hecho como objeto de litigio, haciendo que el referido Juzgado por razón de materia sea incompetente; resultando así, que el A-quo en la declaración de imputado aplicara el artículo 184 para justificar la detención judicial sin realizar ningún examen sobre la procedencia de las medidas cautelares, puesto que dicho artículo prohíbe la aplicación de medidas sustitutivas. Antecedentes.1) En fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional, los señores Edy Tabora, Joaquín Mejía, Carlo Jiménez, Allan Alvarenga y otros, interponiendo exhibición personal, a favor de los señores José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexis Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnol Javier Alemán Soriano y Jeremías Martínez, contra actuaciones del Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, con sede en San Pedro Sula, departamento de Cortés, manifestando los actores las consideraciones siguientes que sustentan la acción incoada: Que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de sus patrocinados por los delitos de incendio, privación injusta de la libertad, robo y asociación ilícita, este último delito, sin que haya un hecho como objeto de litigio, haciendo que el referido Juzgado por razón de materia sea incompetente; resultando así, que el A-quo en la declaración de imputado aplicara el artículo 184 para justificar la detención judicial sin realizar ningún examen sobre la procedencia de las medidas cautelares, puesto que dicho artículo prohíbe la aplicación de medidas sustitutivas. (Folios núm. 1 al 26 del antecedente). 2) En fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, esta Sala de lo Constitucional, resolvió declarándose incompetente para conocer del recurso de mérito, ordenando la remisión de las diligencias a la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, para los efectos legales pertinentes. Asimismo, nombró a prevención a los jueces ejecutores Erick Rolando Hernández y Claudia López, Defensores Públicos de la ciudad de Tegucigalpa, para que requirieran de la autoridad competente, el informe correspondiente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio núm. 28 al 29 de la garantía). 3) En fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, tuvo por recibido el informe rendido por los jueces ejecutores nombrados, Erick Rolando Hernández y Claudia Waleska López, en el cual se consignó entre otros extremos, lo siguiente: Octavo: … Por lo que es importante expresar que dentro de los hechos establecidos en el desarrollo del proceso, no podemos indicar que exista una detención ilegal o arbitraria, puesto que la orden emana de autoridad competente y el centro de detención es reconocido por el Estado y tampoco se pudo observar que estuviera sufriendo torturas o algún tipo de vejamen. Noveno: En el presente caso ya hemos relacionado que se origina de la presentación de un requerimiento fiscal, en donde se han realizado las audiencias procesales, en los términos establecidos por la ley, en el que se ha dictado sobreseimiento definitivo por los delitos de robo y asociación ilícita y un auto de formal procesamiento por los delitos de privación injusta de la libertad e incendio agravado y como medida cautelar la prisión preventiva. Es de hacer notar que la jueza Lisseth Vallecillo, estableció que la medida de prisión preventiva la deberían cumplir en el Centro Penitenciario de Olanchito, departamento de Yoro, enviándolos en depósito al Centro Penitenciario Nacional de Támara y posteriormente fueron enviados al Centro Penal de Morocelí. Décimo: También es necesario establecer que conforme a la Ley del Instituto Nacional Penitenciario y el Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, en el artículo 200, 201, 202, 203 y 206 se establece lo relativo a los traslados de los internos, en donde se contempla que un traslado de un centro penitenciario a otro, tiene que ser autorizado por la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario, por lo que dentro del informe rendido tanto por el Director del Centro Penitenciario Nacional de Támara y del Director de la Penitenciaría de Morocelí, se establece que dicho traslado obedeció a la instrucción de la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario por medidas de estricta seguridad. Décimo Primero: El fin supremo del Estado es la persona humana, por lo tanto está en la obligación de protegerla y respetarla, en ese sentido y siendo que hay una petición sobre el cumplimiento de la medida de prisión preventiva en el Centro Penal de Olanchito, departamento de Yoro, misma que la Juez con Jurisdicción Nacional ha declarado con lugar, se recomienda que sean enviados a dicho centro penitenciario, pues el mismo es igualmente facultado por el Estado para que puedan estar recluidos cerca de su familia, atendiendo las razones humanitarias, tal y como lo establece el artículo 202 del Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. DÉCIMO SEGUNDO: Los Suscritos Jueces Ejecutores por todo lo anteriormente relacionado y motivado establece que no procede declarar con lugar el recurso de exhibición personal interpuesto a favor de los señores JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, KELVIN ALEJANDRO ROMERO MARTÍNEZ, JOSÉ ABELLINO CEDILLO, PORFIRIO SORTO CEDILLO, EWER ALEXIS CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNÁNDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO Y JEREMÍAS MARTÍNEZ. POR TANTO: …DECLARA NO HA LUGAR, la acción del Recurso Exhibición Personal, interpuesto por los ciudadanos EDY TÁBORA, CARLO JIMENEZ, ALLAN ALVARENGA, CARLO LEONEL GEORGE, EMANUEL ANDRE FLORES BARRIENTOS Y OTROS, a favor de los señores JOSÉ DANIEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, KELVIN ALEJANDRO ROMERO MARTÍNEZ, JOSÉ ABELLINO CEDILLO, PORFIRIO SORTO CEDILLO, EWER ALEXIS CEDILLO, ORBIN NAHUN HERNÁNDEZ, ARNOL JAVIER ALEMÁN SORIANO Y JEREMÍAS MARTÍNEZ. (Folios núm. 37 al 43 de los antecedentes). 4) Que en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, por unanimidad de votos falló: Declarando NO HA LUGAR la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal de la cual se ha hecho mérito. (Folios núm. 101-103 de los antecedentes). 5) Que en fecha doce de febrero de dos mil veinte, esta Sala de lo Constitucional recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Fundamentación Jurídica. Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Considerando (2): Que la garantía de hábeas corpus intentada por los accionantes a favor José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexis Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnol Javier Alemán Soriano y Jeremías Martínez, quienes fueron acusados por el Ministerio Público por distintos delitos, entre ellos el de asociación ilícita ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional en el departamento de Cortes, analiza que el juez no realizó el examen de su competencia, puesto que la Ley de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Nacional Territorial tiene determinada su competencia en un catálogo especifico de delitos, señalan que en el auto de admisión del requerimiento fiscal el juez no realizó esta evaluación de su competencia. Aducen también los quejosos de que el juez de garantías procedió a establecer la medida cautelar de detención judicial basado en lo regulado en el artículo 184 del Código Procesal Penal por la acusación de asociación ilícita; posterior, al realizarse la Audiencia Inicial la jueza dictó Auto de Formal Procesamiento por los delitos de incendio agravado y por privación injusta de la libertad, la imposición de la medida de prisión preventiva tendría de justificarse por los peligros concretos que señala la norma procesal penal. Considerando (3): Que los actuantes hacen una relación a la competencia de los Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Material Penal, contenida en el Decreto Legislativo núm. 247-2010, donde se define que es un grupo delictivo organizado y pone como requisito que actué concertadamente con el propósito de cometer los delitos establecidos en el artículo 2 de ese Decreto; asimismo relacionan que el artículo 6 de la misma norma, sobre la competencia objetiva de esos órganos de justicia, donde se establece que conocerán de los delitos cometidos por grupos delictivos organizados, descritos en el artículo 2, numeral 1 de esa Ley, cometido en cualquier lugar del Territorio Nacional, siendo por lo tanto una lista taxativa y cerrada de tipos penales que pueden ser conocidos por eso jueces; en el caso en examen se acusa la supuesta comisión de delitos que no se encuentran contenidos en el listado de la Ley de Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Señalan también que lo anterior solo tiene una excepción, contenida en el artículo 12, para los delitos conexos, pero para ello debe tratarse de delitos cometidos justamente en conexión con los enlistados en el artículo 2 de esa Ley, por lo que el proceso se tuvo que substanciar ante la jurisdicción penal ordinaria, siendo nulo lo actuado a criterio de los quejosos. Sustentan su petición de exhibición personal por la falta de motivación en la decisión de imponer la medida cautelar de prisión preventiva y por la falta de competencia del ente juzgador que impone la detención. Considerando (4): Que la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, una vez recibida la información proporcionada por los jueces ejecutores procedió a dictar sentencia de la garantía de exhibición personal, donde concluyeron que no procedencia la garantía por no enmarcarse en los previsto en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, situación que fue revisada por la Corte de Apelaciones, que al observar todo los informes y entrevistas acompañadas al informe estableció que con base a nuestro estamento jurídico procede el hábeas corpus (a) cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo, en el goce de su libertad; y, (b) cuando en su detención legal, se aplique al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión; se debe señalar que en el caso a, la ilegalidad de la detención se constata con base al artículo 24, que da cuando: (1) exista una orden verbal de prisión o arrestos, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; (2) toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, (3) toda detención o arresto que no se cumpla en los centro destinados para el efecto por el Estado. Considerando (5): Que las actuaciones han sido realizadas por un juez con competencia penal, con las formalidades del proceso, siendo privados de libertad las personas beneficiadas de esta garantía en un centro de internamiento establecido por el Estado, por lo que no se cumple ninguno de los requisitos establecidos por la Ley para que se dé la procedencia de la presente garantía, que lo argumentado por los actores constituye argumentos ordinarios que deben sustanciarse ante el órgano jurisdiccional que conoce del caso, con posibilidad de recurrir lo que se resuelva a través de los procesos que establece la ley procesal que corresponda. Considerando (6): Que, por todas las razones antes expuestas, esta Sala de lo Constitucional considera que es procedente confirmar la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en la cual declara sin lugar la garantía de exhibición personal por no cumplirse los presupuestos procesales legitimadores para su otorgamiento. Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 80, 82, 182, 303, 304 y 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, Falla: Confirma la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró no ha lugar la garantía de exhibición personal interpuesta por los ciudadanos Edy Tabora, Joaquín Mejía, Carlo Jiménez, Allan Alvarenga y otros, a favor de los señores José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexis Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnol Javier Alemán Soriano y Jeremías Martínez, contra actuaciones del Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés; por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción, dados en la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y Manda: Que se archiven las presentes diligencias una vez que este firme la presente resolución. Redactó la magistrada Álvarez Sagastume. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha diez de marzo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión bajo el número SCO-119-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL