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Sentencia EP-1131-19 — Registro 10847

Resumen

Se interpuso recurso de exhibición personal correctiva, iniciada de oficio a favor de todos los privados de libertad que se encuentran en el Centro Penitenciario denominado “La Tolva”, ubicado en el municipio de Morocelí, Departamento de El Paraíso, contra actuaciones del director de dicho centro penitenciario y del Instituto Nacional Penitenciario, en virtud de las noticias que han trascendido por distintos medios de comunicación masiva, que se relacionan al fallecimiento de forma violenta de por lo menos cinco privados de libertad, hechos acaecidos el día catorce de diciembre de dos mil diecinueve en dicho centro de detención.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "3. Tomando en cuenta esto, la Sala es del parecer que a pesar de los grandes avances y esfuerzos por mejorar la vida de los privados de libertad, las condiciones descritas por la juez ejecutora Suyapa Concepción Torres Aguilera, lindan con tratos crueles e inhumanos, que comprometen la integridad física, síquica y moral de cada una de las personas que se encuentran bajo custodia o cuido estatal. Por lo que la Sala considera oportuno declarar con lugar la presente garantía constitucional de exhibición personal e insta a las autoridades involucradas a la función penitenciaria a mejorar las condiciones de los centros carcelarios."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, cinco de febrero de dos mil veinte. VISTA: Para dictar sentencia de garantía de exhibición personal correctiva, iniciada de OFICIO a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD que se encuentran en el CENTRO PENITENCIARIO DENOMINADO “LA TOLVA”, ubicado en el municipio de MOROCELÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, contra actuaciones del director de dicho centro penitenciario y del Instituto Nacional Penitenciario, en virtud de las noticias que han trascendido por distintos medios de comunicación masiva, que se relacionan al fallecimiento de forma violenta de por lo menos cinco privados de libertad, hechos acaecidos el día catorce de diciembre de dos mil diecinueve en dicho centro de detención. En consecuencia, para efectos de salvaguardar la vida e integridad personal de los otros detenidos, así mismo para mantener el orden de dicho centro de reclusión, se estima pertinente proceder a la iniciación oficiosa de la presente garantía constitucional de exhibición personal correctiva. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala de lo Constitucional inició de oficio la garantía constitucional de exhibición personal a favor de TODOS LOS PRIVADOS DE LIBERTAD que se encuentran en el centro penitenciario denominado “LA TOLVA”, ubicado en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, en contra de actuaciones de dicha entidad estatal y del Instituto Nacional Penitenciario, con relación a la noticia divulgada por distintos medios de comunicación masiva que dan cuenta de que en fecha catorce de diciembre de dos mil diecinueve, ocurrieron hechos violentos que provocaron la muerte de por lo menos cinco personas privadas de libertad, señalándose preliminarmente que respondían a los nombres de JOSÉ DOLORES CAMPOS, OSCAR ALONSO MADRID MONTOYA, JUNIOR ANTONIO ALVARADO OLIVERA, ERICK FRANCISCO ESCOTO MALDONADO y WALTER PORTILLO MÉNDEZ. La Sala de lo Constitucional inicia ex officio las presentes diligencias, debido a que hasta la fecha no se tiene reporte de la existencia de acciones de orden constitucional que hayan sido interpuestas por parientes, otras personas o defensores de derechos humanos, sea de organizaciones no gubernamentales o entidades públicas, destinadas a la protección de la población penitenciaria recluida en el centro estatal mencionado. (Folio 1 de la garantía constitucional de exhibición personal). 2. En esa misma fecha, la Sala nombró como juez ejecutora a la abogada SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES, defensora pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, para que de manera inmediata se constituyera al centro penitenciario denominado “La Tolva” ubicado en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, a efecto de que constatara de manera personal o in situ los hechos ocurridos en dicho centro y de ser procedente, tomar las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual de los privados de libertad, debiendo requerir a la autoridad para que rinda un informe dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folios 7 y 9 de la garantía constitucional de exhibición personal). 3. La abogada y defensora pública SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES AGUILERA, rinde informe consignando lo que a continuación se resume: a) En fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve fungiendo como jueza ejecutora, informa que se presentó a las dos con cuarenta minutos de la tarde a las instalaciones físicas del Instituto Nacional Penitenciario para requerir a la directora para que procediera a rendir un informe sobre los hechos, lo que no fue posible en virtud de encontrarse ésta ausente, siendo recibido el requerimiento por la jefa del departamento legal, abogada María de Jesús Palacios quien lo firmó. Finalmente, la abogada en mención, manifestó que no podían rendir el informe en virtud de que la directora del Instituto Nacional Penitenciario estaba suspendida. b) Continúa informando la juez ejecutora que en esa misma fecha se trasladó al centro penitenciario denominado La Tolva, llegando a las tres con cincuenta minutos de la tarde. Después de ser registrada e indagada sobre el motivo de su visita, se le permitió pasar a las oficinas administrativas, procediendo en ese entonces, a las cuatro de la tarde a requerir en legal y debida al director del mismo, clase I Roger Pedrano Velásquez haciéndole saber la intención de ir a los distintos módulos donde se encuentran las celdas, enviándola con tres agentes de seguridad. c) El recorrido se inició aproximadamente a las cinco y media de la tarde, por los módulos 1, 2, 3 y 4 que corresponden a mínima y mediana seguridad, donde se encuentran las maras de Paisas y M.S. La juez ejecutora fue informada por parte de los agentes de seguridad que no era conveniente entrar a dichos módulos, ya que el hecho era reciente y aún no se había realizado ningún operativo dentro de las celdas para la búsqueda de algún tipo de arma, por lo que ésta procedió a observar desde el exterior de cada uno de los módulos, pudiendo constatar, que los privados de libertad se encontraban diseminados en distintas actividades, como ser viendo televisión, conversando o entreteniéndose con algún juego de mesa, otros estaban caminando u observándola apostados en la puertas. En medio de los módulos y en un lugar improvisado la juez ejecutora, observó a un privado de libertad que veía por una ventanilla de vidrio, informándole los agentes penitenciarios, que era el presunto autor de las muertes del catorce de diciembre, y que lo tenían ahí por seguridad. Al acercarse pudo observar que era un lugar sin luz, con una colchoneta en el piso, que era un pasillo con dos puertas, una delantera y una trasera, y que no tenía servicio sanitario, pero los agentes penitenciarios le abrían la puerta y lo llevaban al baño cada vez que lo necesitaba, y que su estadía ahí era por su seguridad, siendo arriesgado sacarlo de ese lugar. d) La juez ejecutora informa que en los módulos 5, 6, 7 y 8, están los miembros de la pandilla 18, sin alteración alguna, desarrollando las mismas actividades de los anteriores módulos. e) La juez ejecutora, informa que el día diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, por vía telefónica la abogada Palacios le informó que aún no tenía el informe solicitado en virtud de que la directora del Instituto Nacional Penitenciario había sido suspendida. Informa que se trasladó entonces a la ciudad de Danlí, desde donde se comunicó con el fiscal de Yuscarán para acordar encontrarse en el centro penal La Tolva. f) Siendo las cuatro y veinte de la tarde de ese mismo día diecisiete de diciembre ingresó nuevamente al centro penitenciario, para proceder a encontrase una vez más con el director del centro penitenciario y el abogado Luis Rodríguez del departamento legal. En ese momento le fue entregado el informe que había requerido antes y se continuó con la entrevista sobre aspectos de salud y nutrición de los privados de libertad. g) El día miércoles dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, siendo las nueve con veinte minutos de la mañana, la juez ejecutora se presentó ante el departamento legal del Instituto Nacional Penitenciario, donde le fue entregado el informe requerido junto con los anexos. Acto seguido se trasladó por tercera vez al centro penal de La Tolva, con el propósito de finalizar las entrevistas a los diferentes jefes de los departamentos que allí existen, para conocer sobre el control de los privados de libertad y el respeto a sus derechos, llegando a las once con cuarenta y cinco minutos de la mañana. A la una y media de la tarde se entrevistó con el director del centro y con un miembro del personal del área de trabajo social, asimismo con la jefa del departamento de pedagogía, licenciada Carolina Grádiz y con el médico de turno de ese centro penal. La juez ejecutora relata que en las puertas de acceso a la clínica, se ha acondicionado un espacio que se le conoce como “La Reseña”, en donde se han ubicado privados de libertad que se han retirado de las maras y pandillas. Dicho lugar es improvisado y no cuenta con las condiciones necesarias de seguridad para los internos y para el personal médico que allí labora. Como ilustración, la juez ejecutora cuenta que pasó zozobra tanto ella, el médico y las enfermeras mientras duró su visita, al ser golpeada la puerta de acceso al lugar en dos ocasiones por los privados de libertad. Dentro de ese lugar se encuentra un espacio denominado “Cuarentena”, en el cual se encontraba un privado de libertad alojado allí por razones de seguridad. La juez ejecutora deja constancia de que se entrevistó con un interno de nombre Julio César Espinal, que coordina el lugar, éste le informó que en “La Reseña” hay cincuenta y siete internos, de los cuales treinta y siete son retirados de las maras y veinte son paisas, por otra parte, le aclaró que en dicho centro penal no hay módulos para paisas, y que los módulos que hay sólo alojan miembros de las maras dieciocho o MS por separado. Le informó además que las víctimas que perdieron la vida eran todos paisas ubicados en celdas de la MS. Así mismo le hizo ver a la juez ejecutora que todos los alojados de “La Reseña” han sufrido atentados, y que por eso han solicitado traslado para Támara. Sobre las condiciones de vida, el interno Julio César Espinal le informa a la juez ejecutora que son más de cincuenta personas y que sólo hay tres baños, le dan un rollo de papel a cada uno cada diez días; reciben agua sólo tres veces al día durante media hora. La juez ejecutora pudo observar que cerca de ese lugar se encuentra frente a grandes depósitos de basura que se han salido de sus contenedores, atrayendo gran cantidad de moscas, que afectan también a la cocina que se encuentra a escasos metros. La cocinera que coordina la preparación de alimentos adujo tener poco personal y que el menú consiste en arroz, carne, tortillas y que hay dietas especiales por recomendación de un nutricionista para ciertos privados de libertad. h). En fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve la jueza ejecutora regresó nuevamente a La Tolva a las diez de la mañana a efecto de requerir al director del centro para le exhibiera al privado de libertad que se encontraba en el área de la clínica, verificándose que responde al nombre EVYZ ADÁN GARCÍA NÚÑEZ, quien está condenado a una pena de 10 años de reclusión, de los cuales ha cumplido siete años, el cual fue encontrado en una habitación denominada “Cuarentena”, sin adolecer de ninguna enfermedad y al momento de la inspección, tenía 41 días de estar en esa habitación la cual no tenía iluminación, ni ventilación, no tiene baño, ni agua potable. Que dicho señor se encuentra incomunicado, pues se verificó en el departamento de Trabajo Social, que desde que fue trasladado a La Tolva, ningún familiar lo había visitado, pues no se encontraba en la base de datos que lleva dicha unidad, tampoco tenía horas de sol, y la única forma de que el privado libertad pudiera hacer uso de un servicio sanitario, era cuando a su llamado acudiera algún agente penitenciario, lo que a veces no ocurría. Que el mencionado privado de libertad, fue trasladado del centro penitenciario de Támara, por no pertenecer a la pandilla 18, donde había sido originalmente recluido, fue entonces que se le consignó en el espacio de la clínica por su seguridad personal, aunque éste no reuniera las condiciones mínimas para un privado de libertad. Posterior a la inspección en dos ocasiones la juez ejecutora solicitó información sobre las medidas que se habían tomado en ese caso, en la primera ocasión el director del centro penal le informó que ese era uno de los puntos a tratar con las nuevas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, en una reunión que se efectuaría el 19 de diciembre de 2019, pero que se habían tomado medidas para la seguridad del interno mientras se decidía su traslado. En posteriores ocasiones la juez ejecutora intentó en vano requerir al director del centro penal, para que agilizara el traslado del interno y sacarlo de las condiciones degradantes e inhumanas en que se encontraba. En fecha 2 de enero de dos mil veinte, la juez ejecutora compareció al Instituto Nacional Penitenciario, siendo atendida por el secretario general, recibiendo el requerimiento en el caso del señor Ivyz Adán García Núñez, para efecto de que se hiciera efectiva su reubicación, y si el centro penal de La Tolva no contaba con las condiciones mínimas de trato, entonces se le trasladara a otro centro penitenciario, a lo cual el secretario general del Instituto Nacional Penitenciario se comprometió a dar una solución al caso.

i) Relata la juez ejecutora que en un espacio aparte del lugar denominado “La Reseña”, se encuentra otro espacio donde se encuentran dos personas, Joaquín Reyes Cáceres y Feliciano Andonis Girón Sánchez, los llamados “antimotines”, quienes permanecen allí desde hace unos seis meses después de haber sido sacados de “La Reseña”. Cuentan con un espacio pequeño, pero con luz suficiente, ventilación y acceso a baños, donde se les provee de agua tres veces al día. Ellos han solicitado traslado a un centro penal donde no haya maras ni pandillas. j) Señala también que ese día llegaron policías militares y nuevas autoridades al centro penal, por lo que la abogada Lanza le manifestó que era mejor hacer nuevas solicitudes. k) El viernes veinte de diciembre de dos mil diecinueve, siendo las once y media de la mañana, la juez ejecutora compareció al Instituto Nacional Penitenciario para poder requerir al director recién nombrado, lo cual no le fue posible dejando constancia de tal situación. Ese mismo día a las tres y media regresó a La Tolva a efecto de recibir los informes solicitados y conocer los extremos de la situación del interno Evyz Adán García Núñez. Nuevamente deja constancia de la imposibilidad para acceder al director del Instituto Nacional Penitenciario, coronel José Arsenio Gonzáles. (Folios 15 al 22 de la garantía constitucional de exhibición personal). 4. En fecha dos de enero de dos mil veinte, la juez ejecutora, defensora pública SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES AGUILERA, dictó resolución mediante la cual declara HA LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus correctivo de que se hace mérito, estableciendo lo siguiente: a) El hecho de sangre ocurrió en el centro penal denominado La Tolva, departamento de El Paraíso, el catorce de diciembre de dos mil diecinueve, a las siete con dos minutos de la tarde, dejando como resultado cinco privados de libertad sin vida, siendo éstos: José Dolores Campos Hernández, Oscar Alfonso Madrid Montoya, Erick Francisco Escoto Maldonado, Junior Antonio Alvarado Olivera y Walter Portillo Méndez, como producto de haber recibido impactos de bala, presuntamente por parte del también privado de libertad Pavel Eduardo Flores Rodríguez, quien había sido trasladado del Centro Penitenciario Nacional en el mes de junio de 2017, con condena por veintitrés delitos de asesinato a la pena de 575 años de reclusión, treinta y siete delitos de homicidio a la pena de 555 años de reclusión, entre otros delitos. Su condena total era de mil trescientos cuarenta años de reclusión. b) Tanto las víctimas como el presunto hechor compartían la misma celda 106 en el módulo 1 de mínima seguridad. c) Los privados de libertad que perdieron la vida son: José Dolores Campos Hernández, acusado por los delitos de portación ilegal de armas y robo, su condición era de procesado; Oscar Alfonso Madrid Montoya, acusado por el delito de robo, robo de vehículo en su grado de ejecución de tentativa y privación injusta de la libertad, su condición era de procesado; Erick Francisco Escoto Maldonado, acusado por los delitos de facilitación de los medios de transporte para el tráfico de droga, portación ilegal de armas de fuego para uso personal y homicidio, su condición era condenado a ocho años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras; Junior Antonio Alvarado Olivera acusado por el delito de portación ilegal de armas de fuego asesinato, robo en su grado de ejecución de tentativa y evasión, su condición era de procesado; y Walter Portillo Méndez, condenado por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Los dos primeros fueron trasladados del centro penitenciario de Puerto Cortés en el mes de septiembre de dos mil diecinueve. El tercero provenía de la Penitenciaria Nacional de Támara, trasladado en mayo de dos mil diecisiete; el cuarto de El Porvenir, departamento de Atlántida y el último del centro penal de Siria, trasladado en junio de dos mil diecinueve. d) En ese centro penitenciario han ocurrido 10 muertes de privados de libertad, en 2017 murieron dos, en 2018 dos, en octubre de 2019 un interno y en diciembre de 2019, murieron cinco (5) privados de libertad, y según el director del centro penitenciario las últimas cinco muertes fueron por arma de fuego y las anteriores fueron con armas blancas o hechizas. El día de los hechos, en ese momento el centro penitenciario sólo contaba con 135 agentes penitenciarios, quienes eran de reciente graduación y sólo fueron capacitados una vez durante los dos años de funcionar el centro penitenciario. En el centro penal existen ocho módulos, los denominados del 1 al 4 son de mínima seguridad y el resto 5 a 8 son de mediana seguridad. En ellos se dividen los privados de libertad, agrupándose por maras. 117 son de la MS, 886 de la 18 y 499 paisas. Aunque se obtuvo información por parte de los agentes penitenciarios que algunos internos miembros de diferentes maras comparten módulo o celda. Existen otros alojamientos de internos fuera de los módulos, tal como sucede con los que se encuentran en “La Reseña”, “Antimotines” y el “Comisariato”. e) A esa fecha la cantidad de privados de libertad ascendía a 1562 internos, teniendo ese centro penal, una capacidad de albergue de 1332. El diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se produjo el traslado de 121 privados de libertad, desde La Tolva, para los centros penales de Ilama, Santa Bárbara y Siria en El Porvenir, Francisco Morazán, quedando con una cantidad de 1441 internos en todo el centro penal de La Tolva, y que en cada celda, debería haber nueve privados de libertad, pero a la fecha del presente informe, hay de 10 a 12 en ellas. f) El control de ingreso y egreso al centro penal de La Tolva es manejado por la Fuerza nacional de controles de centros penitenciarios. Los agentes de esta fuerza son los que realizan los registros de todos los visitantes e inclusive de los agentes penitenciarios. Tienen el control del scanner de las tres aduanas que dan ingreso al centro penitenciario. Controlan además, el ingreso a los módulos. Hacen registro palpado y la revisión de los documentos que porta el personal laborante como: médicos, trabajadoras sociales, pedagogas y demás, que ingresan a prestar sus servicios, así como miembros de CONAPREV. g) De acuerdo al informe proporcionado por el Instituto Nacional Penitenciario, por investigación hecha por su inspector general, el centro penitenciario de La Tolva, cuenta con cámaras de video en los módulos, pero algunas en mal estado, por lo que deja de cumplirse con su finalidad. La cámara que pudo haber captado el hecho del catorce de diciembre de dos mil diecinueve, estaba dañada en ese momento, por lo cual no se pudo monitorear el suceso. Los portones de las celdas se encuentran en mal estado, siendo insegura la estadía o permanencia de los internos porque no se puede evitar el ingreso de personas extrañas a ellas. Se informó además que en el mes de noviembre de 2019, se realizó un operativo o requisa por parte de la Policía Militar en todos los módulos y celdas, sin hallazgo de armas. Después de los sucesos del 14 de diciembre de 2019, no se habían hecho nuevas requisas, hasta el 30 de diciembre de 2019. h) La juez ejecutora estableció que en el centro penitenciario de La Tolva, los privados de libertad no tienen áreas de recreación, ni de aprendizaje, aunque existen talleres para aprender oficios y éstos se hayan equipados, no se han utilizado, haciendo un gasto sin beneficio ni cumpliendo el fin por el cual se construyeron, que es el de preparar a los privados de libertad para su reinserción a la sociedad. El centro penal carece de las debidas normas de higiene, encontrándose en la cocina gran cantidad de moscas, porque tienen cerca los contenedores de basura, los cuales se encontraban desbordados y se podían convertir en focos de contaminación; aunado a ello, el escaso tiempo en que se provee de agua a los módulos para el aseo personal de los internos, la cual es de sólo treinta minutos tres veces al día para una población penitenciaria grande y con pocos servicios sanitarios. i) El mayor problema detectado, es que en los módulos existen privados de libertad que pertenecen a maras contrarias, los cuales no deberían mezclarse, cuando se conoce el antagonismo que existe entre ellos, lo que atenta contra su seguridad e integridad personal. En ese sentido la juez ejecutora estima que los hechos del 14 de diciembre de 2019, son producto de esa mala organización e incumplimiento normativo existente para la ubicación de los privados de libertad; verbigracia, el presunto hechor con categoría de condenado a una pena de 1340 de reclusión por delitos contra la vida, estaba compartiendo la misma celda con dos de los privados de libertad que murieron, los cuales estaban siendo procesados por delitos contra la propiedad y se les presumía inocentes. Para la juez ejecutora resulta claro que no se ha cumplido con el estudio criminológico que contempla la Ley del Sistema Penitenciario en su artículo 27, ni tampoco con las evaluaciones o estudios que debe realizar el departamento de Trabajo Social cuando abre un expediente y se hace constar en ello el perfil de cada privado de libertad. j) Resalta el caso particular del interno Evyz Adán García quien se encuentra condenado a una pena de diez años de reclusión de los cuales ha cumplido siete y se encuentra alojado en una habitación denominada “Cuarentena”, sin contar con iluminación, ventilación, baño (hace sus necesidades fisiológicas en una bolsa plástica), agua potable y debido a que desde su traslado a La Tolva no recibe visita de familiares, se encuentra incomunicado. La juez ejecutora asegura que dicho interno no se encuentra en la base de datos del lugar, tampoco tiene hora de sol. Evyz Adán García fue traslado del centro penitenciario de Támara por no pertenecer a la mara 18, siendo conducido a La Tolva sin las condiciones mínimas necesarias y dignas a que tiene derecho. La juez ejecutora deja constancia de las innumerables ocasiones que se intentó infructuosamente requerir al director del centro para que mejorase las condiciones del mencionado recluso, siendo imposible bajo el pretexto de que el nombramiento no era oficial todavía, pues sólo estaba nombrado mediante la publicación del Diario oficial La Gaceta.

k) La juez ejecutora indica que el día en que ocurrió el hecho sangriento, el personal médico no pudo hacer su labor normal por falta de presencia de agentes penitenciarios que dieran la seguridad requerida. Mediante entrevista determinó que actualmente el centro cuenta con ocho médicos generales, un odontólogo y cinco enfermeras. En el día, laboran tres médicos en horario matutino, vespertino y nocturno. Los días de semana se cuenta con un médico, de ocho de la mañana a las cuatro de la tarde y uno de guardia. Los fines de semana no se cuenta con personal de enfermería. La clínica no cuenta con medicamentos suplidos por el Instituto Nacional Penitenciario, quien lo hace es la Secretaría de Seguridad, pero en pocas cantidades, manteniéndose siempre el déficit. Tampoco hay ambulancia (hubo, pero el vehículo se usa ahora para el traslado de los internos a las audiencias judiciales), falta equipo médico básico como: estetoscopio, esfigmo o manómetro, glucómetro, atril, camillas, oxímetro, otoscopio, oftalmoscopio, sueros intravenosos, analgésicos, antibióticos, equipo de primeros auxilios, medicamentos psiquiátricos de emergencia, etc. Se necesita más personal médico y de enfermería, el que hay no tiene capacitación en situaciones de emergencia como resucitación cardiopulmonar básica. Se cuenta con un laboratorio, pero no han nombrado al microbiólogo. El personal médico y de enfermería se expone cuando se trasladan a pacientes con tuberculosis, actualmente hay doce pacientes y no hay lugares adecuados para su alojamiento aparte de los demás internos. l) En el área de Trabajo Social laboran dos trabajadoras sociales y un asistente. Se encargan de la entrevista al momento del ingreso, recepcionan la documentación de los visitantes para hacer el expediente y remitirlo al Instituto Nacional Penitenciario para la emisión del carné familiar o conyugal, elaboran el listado de visita para cada fin de semana. Este departamento no interviene en la toma de decisión para determinar el módulo al que ingresa cada privado de libertad. m) Cuenta con un departamento de pedagogía, señalando al respecto que en las clases que se imparten no se hace diferencia entre procesados y condenados. Existe un programa denominado Educatodos de la Secretaría de Seguridad se brinda el nivel primario estando inscritos actualmente ciento cincuenta privados de libertad. Menciona que existe problemas con el ingreso de lápices u otros instrumentos por razones de seguridad, existe además peligro debido a la rivalidad entre maras. La situación empeora cuando hay traslados. Los internos que cuenta con estudios superiores se integran como facilitadores. n) La cocina tiene presencia masiva de moscas por la cercanía de los contendores de basura, los cuales son insuficientes. Hace falta personal para la preparación y servicio de la comida por el alto número de internos. La juez ejecutora consigna que labora una nutricionista, pero que no pudo entrevistarla en las seis ocasiones que visitó el centro. ñ) El centro carece de área de ventilación para pacientes tuberculosos, la clínica no tiene salidas de emergencia a pesar de estar a escasos metros de los módulos. Los espacios de la clínica son usados para aislar privados de libertad por razones de seguridad. Sin embargo, cuando los internos necesitan atención médica faltan agentes que brinden el debido resguardo. o) El suministro de agua potable es racionado y se les brinda el servicio tres veces al día de media hora cada vez, en horario de seis de la mañana, mediodía y seis de la tarde. (Folios 23 al 38 de la garantía constitucional de exhibición personal). 5. La jueza ejecutora da a conocer una serie de conclusiones, de las cuales se resuman entre otras las siguientes: a) Necesidad de un presupuesto que dé respuesta a las necesidades de los privados de libertad. b) Necesidad de que el Estado adopte políticas dispuestas a evitar el hacinamiento en los centros penitenciarios, el cual es provocado por la sobrepoblación de estos. (Folios 39 y 40 de la garantía constitucional de exhibición personal). 6. Seguidamente, la juez ejecutora hace recomendaciones para hacer efectiva la presente garantía de exhibición personal correctiva, las cuales se procede a resumir de la manera siguiente: (Folios 41 al 43 de la garantía constitucional de exhibición personal). a) Practicar una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido el catorce de diciembre de dos mil diecinueve, refiriéndose específicamente a la introducción del arma por las aduanas del centro; b) Nombrar el personal penitenciario mediante un riguroso proceso de selección a efecto de contar con un personal calificado; asimismo brindarle una capacitación constante y suficiente; c) Hacer las reformas legislativas necesarias para adoptar las medidas sustantivas a la prisión preventiva como las más idóneas; d) Detener el traslado de más privados de libertad al centro penitenciario La Tolva, debido a que se ha sobrepasado su capacidad de albergue. En ese sentido desalojar las áreas denominadas como: antimotines, reseña y visita; asimismo cumplir con el máximo de nueve internos por celda. e) Reparar las cámaras de video que se encuentran en mal estado; f) Separar a la población penitenciaria de acuerdo con su situación jurídica de procesado o condenado, y de conformidad con el delito por el que ingresa al centro. g) Proveer de manera urgente de medicamentos y del equipo necesario para prestar servicios médicos confiables y oportunos; asimismo reubicar la clínica para evitar que se encuentre dentro del área inseguro que hoy se encuentra, rodeado de los privados de libertad y con ello garantizar la presencia permanente del personal médico y enfermeras las veinticuatro horas al día; h) Habilitar los talleres dispuestos para la educación y formación de los privados de libertad a efecto de que estos puedan generar ingresos a sus familias; i) Proveer de los medios necesarios para efectuar oportunas revisiones de casos a fin de conceder: arrestos domiciliarios aplicación de penas y medidas alternas, y demás beneficios previstos por la ley. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. De conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con relación a las garantías de exhibición personal de tipo correctivo en los centros penitenciarios o detención del país. La Sala de lo Constitucional ha dictado sobre temas penitenciarios, las siguientes sentencias en exhibiciones personales correctivas: EP-0575-2006 del seis de enero de dos mil seis; EP-1381-2005 del treinta y uno de enero dos mil seis; EP-1299-2005 del catorce de febrero de dos mil seis[1]; EP-1302-2005 del catorce de febrero de dos mil seis; EP-0062-2006 del uno de marzo de dos mil seis; EP-0210-2006 del veinticinco de abril de dos mil seis; EP-0174-2018 del trece de agosto de dos mil ocho; EP-0247-2008 del dieciocho de mayo de dos mil diez; EPC-1291-2009 del diecinueve de octubre de diez[2]; EP-0300-2012 del veintinueve de marzo de dos mil doce; EP-0357-2012 del veintinueve de marzo de dos mil doce; EP-0126,0191-2012/0829-2013 del veintiséis de mayo de dos mil catorce[3]; EP-0849-2015 del uno de abril de dos mil dieciséis; EP-0418-2017 del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Básicamente, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional es resultado del examen comparativo de la situación de los centros penitenciarios del país, con los estándares dispuestos por la leyes en instrumentos internacionales de derechos humanos, cuyo cumplimiento es vinculante para nuestro Estado; de manera que, las sentencias dictadas en exhibiciones personales de tipo correctivo se han fundado en las observaciones que han tenido in situ los jueces ejecutores nombrados a lo largo de estos años. La Sala de lo Constitucional ha declarado con lugar la mayoría de las garantías de exhibición personal de este tipo, salvo en dos casos excepcionales que fueron desestimados bajo la apreciación de que las autoridades relacionadas con el régimen penitenciario estaban realizando las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones de los privados de libertad. Las sentencias desestimatorias son: la EP-0234-2015 del nueve de agosto de dos mil dieciséis[4] y la EP-0405-2017 del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.[5] Por otro lado, los argumentos que se han venido repitiendo desde las primeras sentencias recaídas en habeas corpus de tipo correctivo y que han servido para justificar las decisiones estimatorias son principalmente las siguientes: Primero: Los centros penitenciarios son instrumentos importantes para la realización de una política criminal, que tenga como fin último, la búsqueda de la defensa del orden social, mediante la reeducación y reinserción social de todos aquellos individuos que habiendo delinquido, son sometidos coactivamente a un programa rehabilitador que le brinde la oportunidad para volver a la sociedad como persona útil, sumisa a la ley y respetuosa de sus semejantes. Segundo: El Estado de Honduras se encuentra constitucionalmente obligado a brindar protección a todos sus habitantes sin excepción; a la vez, garantizarles el goce de la justicia, la cultura y el bienestar económico y social. Tercero: Este deber estatal adquiere especial significado cuando se trata de sectores menos favorecidos o marginados de la población, como generalmente ocurre con los privados de libertad. Cuarto: Son recurrentes las condiciones precarias y de hacinamiento en los centros penales, los cuales permanecen desprovistos de los medios elementales para satisfacer las necesidades humanas básicas, careciendo de agua potable, alimentación sana (variada, balanceada y nutritiva), camas para el descanso o colchón en su defecto, atención médica eficiente (preventiva y curativa); dormitorios iluminados, ventilados, espaciosos y provistos de instalaciones sanitarias higiénicas, carencia de espacios físicos para la práctica de deportes y recreación, programas educativos y formativos además de programas laborales que permitan su reinserción positiva en la sociedad. Quinto: Vulnerabilidad de los privados de libertad, porque que no se garantiza el resguardo y respeto de sus vidas e integridad, debido al escaso personal asignado para brindarles seguridad, asimismo el que labora, carece de una adecuada formación e instrucción profesional. Sexto: Inobservancia del artículo 87 de la Constitución de la República que conlleva a la aplicación de un criterio distorsionado del concepto de sanción penal, convirtiéndole en castigo, separándolo de la sociedad para abandonarlo dentro de lugares sin condiciones que le permitan una estancia digna como ser humano. Séptimo: El objetivo constitucional del sistema carcelario, sólo podrá ser cumplido si se brindan condiciones que eleven la autoestima de los internos y se les provean oportunidades y expectativas para una vida mejor al momento de recuperar la libertad, tomando como premisa básica que las condiciones de vida en un establecimiento penitenciario tiene una importancia considerable para la rehabilitación de los internos; y ésta depende tanto de las condiciones en que se encuentran las instalaciones que los albergan, como de las actividades ocupacionales que realicen y las relaciones entre los internos, y de estos con el personal que les brinda atención en el establecimiento. Octavo: Es imperativo asegurar el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad cumpliendo para ello lo que establece la ley, las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos,” en las que se establecen los lineamientos que deben ser aplicados en salvaguarda de una buena organización y administración penitenciaria. Noveno: Necesidad de proveer el presupuesto suficiente al sistema carcelario del país, para evitar la habitualidad y la reincidencia delictiva.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ha sido reiterativa en señalar que es urgente y necesario que el Estado proceda a lo siguiente: 1) Dotación permanente de agua potable y de instalaciones sanitarias adecuadas para el aseo personal en condiciones de dignidad. 2) Espacio físico con instalaciones eléctricas adecuadas, con luz y ventilación natural. 3) Separación de procesados y condenados. 4) Alimentación sana. 5) Una cama digna. 6) Servicio médico y psicológico brindado por personal adecuado, con énfasis en la prevención y el aprovisionamiento de instalaciones físicas dignas y recursos suficientes. 7) Diseño de programas educativos y laborales, para el desarrollo de trabajo en el interior del centro. 8) Sistema de quejas, mediante los cuales los internos puedan hacer peticiones a las autoridades. 9) Dotar de mecanismos eficaces para evitar la introducción o elaboración de armas de cualquier tipo para garantizar la vida e integridad de los internos, además proceder a la investigación inmediata, para esclarecer las muertes violentas ocurridas al interior de los centros, a fin de llevar los casos a los tribunales. 10) Diseño de programas de adiestramiento de personal de seguridad y carcelario, encaminadas a crear una cultura institucional de conocimiento y respeto de las normas de derechos humanos. Es así que, en la parte dispositiva de la mayor parte de los fallos pronunciados en esta materia, la Sala ha sido reiterativa en ordenar lo siguiente: PRIMERO: Que la autoridad recurrida tome las medidas necesarias para hacer cesar las violaciones a los derechos humanos de los internos. SEGUNDO: Instar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a efecto de que diseñen y ejecuten una política pública en materia penitenciaria acorde al mandato constitucional y de cumplimiento a los instrumentos internacionales de derechos humanos. TERCERO: Instar al Ministerio Público y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, vigilen el diseño y ejecución de la política penitenciaría ordenada. CUARTO: Para el cumplimiento de todo lo anterior, señala un plazo. CONSIDERANDO TRES (3): Actuaciones relevantes que constan en el expediente de la presente garantía constitucional de exhibición personal de mérito. En el expediente contentivo de la garantía constitucional de exhibición personal se destacan las diligencias que a continuación se exponen: A. El informe rendido por la juez ejecutora SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES AGUILERA y su resolución de fecha dos de enero de dos mil veinte. La Sala de lo Constitucional destaca los siguientes puntos del informe rendido y la resolución dictada por la juez ejecutora en mención: a) Las dificultades que tuvo para ejercer las funciones inherentes al cargo de juez ejecutora de una exhibición personal. b) La inseguridad que padecen los internos y el personal que labora en el centro, por falta de guardias penitenciarios suficientes. c) El ingreso clandestino de armas de fuego al centro penitenciario. d) Existencia de recintos improvisados que albergan personas privadas de libertad, sin contar con las condiciones acordes con una vida digna y el respeto de los derechos humanos. En ese sentido, manifiesta que en el centro penal La Tolva, no hay módulos para paisas, y que los módulos que hay sólo alojan miembros de las maras dieciocho o MS por separado. e) Existe hacinamiento en algunos sectores del centro penitenciario debido a la sobrepoblación carcelaria que excede a la capacidad de las instalaciones, existiendo déficit de baños, suministro de papel higiénico y otros insumos. f) No existe separación entre internos procesados de los que han sido condenados; asimismo no existe separación de privados de libertad en atención a las maras que pertenecen o si no pertenecen a ninguna de ellas. g) Insalubridad en la cocina del centro penitenciario La Tolva debido a la existencia de grandes depósitos de basura que exceden la capacidad de los contenedores, asimismo personal insuficiente para atender a la población de internos. h) Cámaras de video y portones de las celdas en mal estado. i) Falta de áreas de recreación y de aprendizaje, además existen talleres equipados para aprender oficios que no se utilizan. j) Abastecimiento insuficiente de agua. k) Los fines de semana no se cuenta con personal de enfermería, por otra parte, existe necesidad de una ambulancia para emergencias, medicinas, equipo médico básico como: estetoscopio, esfigmo o manómetro, glucómetro, atril, camillas, oxímetro, otoscopio, oftalmoscopio, sueros intravenosos, analgésicos, antibióticos, equipo de primeros auxilios, medicamentos siquiátricos, etc. Se necesita más personal médico y de enfermería, más capacitación permanente. Necesidad de nombrar un microbiólogo. l) Exposición a la tuberculosis de la población privada de libertad, del personal médico y de enfermería, porque actualmente hay doce pacientes sin lugares adecuados para su debida atención. m) Necesidad de mejorar las condiciones de estudio en cuanto a insumos escolares y seguridad para los educadores y educandos. n) Detener el traslado de más privados de libertad al centro penitenciario La Tolva, debido a que se ha sobrepasado su capacidad de albergue. Desalojar las áreas denominadas como: antimotines, reseña y visita; asimismo cumplir con el máximo de nueve internos por celda. B. Informes rendidos por el director del Centro penitenciario de Morocelí, La Tolva, departamento de El Paraíso. El veinte de diciembre de dos mil dicinueve el director del centro penitenciario La Tolva, mediante el oficio-legal-CPM-0838-2019 contesta informando que el interno Evyz Adán García Núñez fue trasladado del Centro Penitenciario de Támara Marco Aurelio Soto a La Tolva el ocho de agosto de dos mil diecinueve por estrictas medidas de seguridad ordenado por la Dirección Nacional del Instituto Penitenciario mediante resolución administrativa número 1550-DN-INP-2019. Fue alojado en el área clínica conocida como “Cuarentena” en virtud de que el mismo interno solicitó por escrito un cambio de celda y de módulo para resguardo de su vida, luego de haber recibido golpes, maltrato y amenazas en el módulo 8 debido a que se retiró de la mara 18. Por otra parte, señala el director el centro carece de zonas de aislamiento para albergar personas en la misma situación del referido interno y que en virtud de ello se está gestionando su traslado a otro centro. Se adjunta la resolución número 1550-DN-INP-2019 del seis de agosto de dos mil diecinueve mediante el cual se resuelve el traslado del interno Evyz Adán García Núñez, responsable por el delito de extorsión continuada y condenado a la pena de reclusión. El fundamento legal para su traslado fue el artículo 93 de la Ley del sistema penitenciario nacional que autoriza el traslado urgente de un centro penitenciario a otro, para proteger su seguridad e integridad personal, la de otras personas internas, terceros y la del establecimiento en que se encuentren, debiéndose observar la autorización de la Dirección nacional del Instituto Nacional Penitenciario, quien a la brevedad deberá informar al juez de ejecución. Asimismo, el artículo 202 numeral 5 del Reglamento general de la ley del sistema penitenciario nacional que establece entre otras causas de traslado la de seguridad del recluso, otros internos y la del centro. Otro informe rendido por el mismo director es el oficio- legal-CPM-835-2019 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual da a conocer las medidas de seguridad implementadas en el centro, destacándose las siguientes: a) Se menciona que mediante el decreto ejecutivo número PCM-069-2019 se declaró estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional en el cual se procede a la intervención por el espacio de seis meses de una junta interventora integrada en pleno por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional FUSINA, creada mediante resolución del Consejo Nacional de Defensa y SEGURIDAD número 020-2014 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce. b) Se ubican agentes penitenciarios en el área de canasta anti vandálica dentro de los módulos de mínima y media seguridad. c) Se cuenta con un equipo de reacción con agentes penitenciarios, por cualquier movimiento anormal dentro de les edificios de mínima y media seguridad. d) Se ha intensificado la vigilancia dentro del módulos de reclusión por parte del área de monitoreo. Se hace saber que a la fecha se alojan sesenta y cuatro personas en las áreas “Reseña”, “Clínica” y “Visita” y que en reiteradas ocasiones se ha solicitado a la Dirección nacional del Instituto nacional Penitenciario, el traslado de dichas personas a otros centros penitenciarios. En ese sentido informan que el dieciocho de diciembre de ese año fueron trasladadas ciento veintiún personas, treinta y nueve al Centro penitenciario de Siria, El Porvenir y ochenta y dos a Ilama, Santa Bárbara. En otro informe rendido por el mismo director mediante el oficio- legal-CPM-830-2019 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se señala que en La Tova se respetan los derechos a la salud, educación, recreación, alimentación, visitas familiares y conyugales, etc. Los internos además no han sido sometidos a torturas o vejámenes por las autoridades y demás personal penitenciario. Se adjunta el informe sobre los hechos del catorce de diciembre de dos mil diecinueve en la que perdieron la vida cinco personas internas de forma violenta a manos de uno de los reclusos. Se menciona que la capacidad del centro es de mil trescientos treinta y dos reclusos, pero que en ese momento hay un mil quinientos sesenta y seis. En el área de “Reseña” hay cincuenta y siete reclusos, y en el de “Visita ciento veinticinco internos. El hecho criminal ocurrió en el módulo uno en el edificio de mínima seguridad. El hechor mató a cinco personas con un arma de fuego marca Smith & Wesson, cromada con serie borrada. El director concluye en su informe que dicho centro debería albergar nada más miembros de maras y pandillas debido al peligro que corren los internos que no pertenecen a ninguna. C. Informe rendido por la directora nacional del Instituto Nacional Penitenciario. La directora, abogada Rosa Irene Gudiel Ardón informa entre otros aspectos, los que a continuación se destacan: El inspector general, teniente Ramón Norberto García Torres le remitió el oficio número 285-IG-INP-2019 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve en el cual informa que la Fuerza nacional de control de centros penitenciarios no está cumpliendo con las normativas de seguridad establecidas, y que ésta ha tomado el control total del registro respectivo a los privados de libertad, personal de seguridad y administrativo del INP, y otros con relación a lo que ingresa o egresa. Que dicha fuerza de control es la encargada del área de monitoreo de cámaras, por lo que son ellos los responsables del ingreso del arma que fue utilizada en los acontecimientos ocurridos a lo interno del centro penal. Que se deben reparar las cámaras que se encuentran dañadas en el interior de los módulos y mejorar la capacidad del área de monitoreo a fin de dar una respuesta en tiempo real y evitar hechos como el ocurrido. Por lo que recomienda adquirir y reubicar las cámaras de vigilancia para visualizar los movimientos de los privados de libertad dentro de cada módulo. Trasladar al módulo de máxima seguridad del Centro penitenciario Nacional de Támara, al privado de libertad Pavel Eduardo Flores Rodríguez por ser el supuesto hechor del crimen de los cinco privados de libertad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por la jueza ejecutora en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito estima que los hechos constatados por la jueza ejecutora, abogada y defensora pública SUYAPA CONCEPCIÓN TORRES AGUILERA, se subsumen en la causal de procedencia de la garantía de exhibición personal, dispuesta en el numeral dos del artículo 182 de la Constitución de la República. La anterior conclusión deviene de los informes anteriores, específicamente los rendidos por la juez ejecutora y las autoridades requeridas por ésta, mediante los cuales se pudieron constatar los siguientes puntos: a) insuficiencia de guardias penitenciarios, además de portones y cámaras de video en buen estado, lo que provoca inseguridad interna para reclusos y personal laborante. b) ingreso clandestino de armas de fuego. c) sobrepoblación que provoca condiciones de hacinamiento d) alojamiento de reclusos sin atender mara a la que pertenecen, grado de peligrosidad o su condición de procesado o condenado; e) problemas de salubridad en la cocina por ubicación y mal manejo de los depósitos de basura. f) Falta de uso de los talleres por no haber personal adecuado; g) Falta de áreas de recreación y ejercicio. h) Abastecimiento insuficiente de agua. i) problemas en el área de atención médica, por falta de personal, equipo, medicamentos, ambulancia, etc. j) Ausencia de lugares adecuados para mantener aislados y en buenas condiciones a los enfermos con tuberculosis; m) Problemas con el suministro de insumos escolares y seguridad para los educadores y educandos. n) Traslados de privados de libertad al centro penitenciario, La Tolva, sin atender su capacidad y sin considerar su filiación a maras o falta de ella, exponiéndole a situaciones de inseguridad. En virtud de lo cual se hace imperioso el cumplimiento de las normas de derecho interno y de derecho internacional de derechos humanos. Debiéndose atender por lo tanto lo siguiente: A. El artículo 87 de la Constitución de la República literalmente dispone: “Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo.” Resulta una verdad incontratable que el objetivo constitucional anterior no puede hacerse realidad en condiciones de precariedad, insalubridad, hacinamiento e inseguridad que niegan a los privados de libertad tener la estancia digna que merecen por el simple hecho de ser humanos. La Sala observa que desde la primera garantía constitucional de exhibición personal colectiva presentada en el año dos mil seis, el Estado hondureño se ha preocupado por mejorar y garantizar el respeto de los derechos humanos de la población carcelaria en el país; sin embargo, acontecimientos como los del catorce de diciembre de dos mil diecinueve, permiten asegurar que aún no se obtienen las condiciones óptimas necesarias que aseguren la vida, la integridad personal y demás derechos humanos de todos los privados de libertad. B. La Sala insta a que se atienda lo prescrito en los instrumentos internacionales de derechos humanos, observando para el caso lo dispuesto en las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos,[6]” en las que se establecen los lineamientos que deben ser aplicados en salvaguarda de una buena organización y administración penitenciaria. C. Para la Sala es importante que se atiendan las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), especialmente lo contenido en el último informe sobre nuestro país, denominado: “Situación de derechos humanos en Honduras”[7], elaborado a partir de la visita in loco que tuvo lugar del 30 de julio al 3 de agosto de 2018, así como otras visitas de la CIDH y de sus Relatorías Temáticas, en el monitoreo que se realiza desde hace casi dos décadas, en cumplimiento de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su alcance, tales como: audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos. Con relación a la situación de las personas privadas de libertad, la CIDH reconoce las medidas adoptadas por el Estado hondureño encaminadas a garantizar los derechos de esta población. Por ejemplo: el incremento del presupuesto asignado en el año 2017; la mejora de los establecimientos penitenciarios; los procesos iniciados para identificar a las personas sujetas a beneficios preliberacionales, así como a aquéllas que por razones humanitarias pudieran salir en libertad; el establecimiento de la vigilancia electrónica como medida alternativa a la prisión preventiva, y la emisión del Decreto No. 98-2017 para la celebración de audiencias virtuales. No obstante, a pesar de los logros alcanzados, aún sigue siendo un reto eliminar la situación de hacinamiento (con una sobrepoblación del 88%)[8], excesivo uso de la prisión preventiva (53% del total de la población carcelaria) y condiciones deplorables de detención. La CIDH menciona que los centros penitenciarios cuentan con una capacidad de alojamiento de 10.814 personas, pero dicha capacidad ha sido superada en casi el doble, con una tasa del 88% de sobrepoblación. La cifra actual de la población carcelaria representa un crecimiento del 73.6% en los últimos seis años. La CIDH advierte que desde su visita en diciembre de 2014 a la actualidad, la población ha aumentado en un 37.5%. Cabe mencionar que la CIDH destaca los esfuerzos de la Corte Suprema de Justicia con relación a suprimir las limitaciones que actualmente existen para que los jueces puedan conceder discrecionalmente medidas sustitutivas a la prisión preventiva, especialmente la solicitud de opinión enviada por el Congreso Nacional el 22 de agosto de 2018, relacionada con un proyecto de reforma que propone la desaparición de los veintiún delitos inexcarcelables contenidos en la redacción actualmente vigente del artículo 184 del Código Procesal Penal. En el informe se destacan los esfuerzos del Estado en la construcción de las megacárceles siguientes: “a) el Centro Penitenciario “El Porvenir, en el municipio del mismo nombre, y con capacidad de 2.000 personas; b) el Centro Penitenciario Ilama –conocido como “El Pozo”–, en el municipio de Ilama, Santa Bárbara, para 1.500 personas; y c) el Centro Penitenciario Morocelí – conocido como “La Tolva”–, en el municipio de Morocelí, con una capacidad para 1.400 personas. Pero a pesar de estos esfuerzos, el informe de la CIDH señala que debe reconocerse que la sobrepoblación carcelaria sigue siendo un problema. Indica en ese sentido que el Comité nacional de prevención contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes (CONAPREV), reporta:

“… que a pesar de que se han hechos diversos traslados de cárceles sobrepobladas –tal como en el caso de la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, cerrada a fines de 2017–, la mayoría de las nuevas prisiones aún presentan sobrepoblación.” D. Con anterioridad, la CIDH aprobó el dieciocho de marzo del año dos mil trece, el informe denominado “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras”[9] CONSIDERANDO CINCO (5): Conclusiones de la Sala de lo Constitucional con relación a la situación particular del Centro Penitenciario denominado La Tolva, ubicado en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso. 1. En virtud de haber quedado establecida la vulnerabilidad de los privados de libertad e inclusive del personal que labora en el citado centro penitenciario conocido como La Tolva, ubicado en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, este alto tribunal de justicia estima que de manera urgente las autoridades responsables y encargadas del sistema penitenciario deben recuperar el control real de cada módulo, recinto, o celda, pero siempre garantizando los derechos humanos, en especial la vida y la integridad personal de cada individuo que se encuentra bajo resguardo del Estado; asimismo del personal que allí presta labores. En ese sentido, la Sala estima primordial que se hagan las contrataciones de personal suficiente para atender la seguridad del centro; el cual deberá ser debidamente capacitado y dotado con el equipo y material adecuado y suficiente para evitar el ingreso clandestino de armas u otros instrumentos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas. Asimismo, para mantener la vigilancia constante de las actividades de los internos. 2. Por otra parte, a nivel de decisiones, la Sala estima que para evitar las condiciones descritas de sobrepoblación, hacinamiento, insalubridad e inseguridad, se hace necesario evitar traslados de reclusos sin tomar en consideración las condiciones particulares del centro. Para el caso, tomar en cuenta si hay espacio para su alojamiento digno, si pertenecen a una mara o pandilla, de ser así evitar confrontaciones, tomar en cuenta su peligrosidad, su calidad de procesado condenado, su conducta, su tiempo de cumplimiento de pena, etc. 3. Tomando en cuenta esto, la Sala es del parecer que a pesar de los grandes avances y esfuerzos por mejorar la vida de los privados de libertad, las condiciones descritas por la juez ejecutora Suyapa Concepción Torres Aguilera, lindan con tratos crueles e inhumanos, que comprometen la integridad física, síquica y moral de cada una de las personas que se encuentran bajo custodia o cuido estatal. Por lo que la Sala considera oportuno declarar con lugar la presente garantía constitucional de exhibición personal e insta a las autoridades involucradas a la función penitenciaria a mejorar las condiciones de los centros carcelarios. 4. La Sala de lo Constitucional estima necesario aclarar que la persona que ostenta el cargo de juez ejecutor se encuentra facultado para asegurar el cumplimiento de la Constitución y la Ley. En este sentido cabe advertir que la garantía constitucional de exhibición personal tiene prioridad sobre cualquier otra acción, sea de tipo judicial o administrativo, su evacuación debe ser eficaz por mandato del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del párrafo segundo del artículo 25 de la Ley sobre Justicia Constitucional que demanda que se adopte sin tardanza toda medida que sea necesaria para la averiguación del caso, la protección de la libertad y la seguridad del detenido o preso. Es por ello que causa preocupación que las autoridades penitenciarias evadan la responsabilidad de atender debidamente los requerimientos que hace el juez ejecutor dentro del ámbito de sus potestades. El juez ejecutor no podrá ser impedido de ninguna manera y deberá ser atendido de inmediato. En ese sentido, cualquier requerimiento o informe que éste solicite, deberá ser presentado dentro del plazo que no exceda veinticuatro horas, tal como lo indica el artículo 26 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Por igual razón el juez ejecutor tiene libre acceso a todas las dependencias del lugar de detención, sin previo aviso, en días y horas inhábiles para hacer pesquisas o interrogatorios. En complemento a esto el artículo 35 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la no atención a la solicitud de colaboración hecha por el juez ejecutor, será sancionado de conformidad con la ley penal. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 16 párrafo in fine, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 80, 82, 85, 86, 87, 303, 304, 313 atribución 5ta. , 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 8 Y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 3, 5, 6, 7, 10 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; 1, 2, 11, 12, 18, 24, 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 4, 5, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.1, 5, 9 No.1, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 35, 37, 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: DECLARANDO HA LUGAR la garantía de exhibición personal iniciada de oficio a favor de las personas privadas de libertad en el centro penal denominado LA TOLVA, ubicado en el municipio de Morocelí, departamento El Paraíso, en consecuencia, ORDENA: 1. Que los titulares de la dirección del centro penitenciario mencionado y del Instituto Nacional Penitenciario, ambos en su condición de autoridades requeridas en esta garantía constitucional de exhibición personal, coordinen esfuerzos para hacer cesar las violaciones a los derechos humanos de los internos, acatando especialmente las medidas siguientes: a) Mejorar las condiciones de seguridad interna del centro, contratando el personal suficiente para ello, reparar los portones en mal estado, reparar o remplazar las cámaras de video dañadas, hacer registros y requisas más seguido para detectar armas y otros instrumentos que pongan en peligro la seguridad del centro. b) Abrir una investigación o colaborar con el Ministerio Público para descubrir quienes se encuentran involucrados en el ingreso clandestino de armas, especialmente las de fuego y ponerlos a la orden de las autoridades. c) Hacer los traslados que sean necesarios para evitar el hacinamiento, eliminando zonas como las denominadas “Cuarentena”, “La Reseña” u otras similares, en virtud de que carecen de las condiciones necesarias para garantizar la dignidad humana. d) Hacer las divisiones necesarias entre los privados de libertad, a fin de evitar enfrentamientos entre ellos poniendo en riesgo sus vidas e integridad personal. e) Solucionar los problemas de salubridad en la cocina. f) Habilitar el uso de los talleres. g) Habilitar áreas de recreación y ejercicio. h) Mejorar las condiciones de abastecimiento de agua. i) Mejorar la atención médica, contratando el personal que haga falta, adquiriendo equipo, medicamentos, ambulancia, etc. j) Dar atención adecuada a las personas que tienen tuberculosis y adoptar medidas para evitar el contagio de otras personas. k) Garantizar el derecho a la educación de los internos. l) Verificar el traslado del interno Evyz Adán García. 3. Instar al Ministerio Público y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, intervengan en la situación particular de La Tolva. 4. Se da un plazo de seis meses para que procedan el acatamiento a las medidas señaladas. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo se certifique el mismo a cada entidad mencionada, asimismo procédase al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Para ser enviada al Director del Centro Penal denominado La Tolva, ubicado en Moroceli, departamento de El Paraíso, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro del mes de agosto del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal, bajo el número SCO-1131-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA CONSTITUCIONAL

[1] La Sala de lo Constitucional dando seguimiento al caso, instó de oficio el cumplimiento de la sentencia del catorce de febrero de dos mil seis, nombrando juez ejecutor al efecto, en virtud de lo cual dictó la resolución del veintinueve de marzo de dos mil doce.

[2] La Sala de lo Constitucional confirmó la sentencia del treinta de octubre de dos mil nueve, emitida por la Corte de Apelaciones seccional del departamento de Atlántida, mediante la cual declaró ha lugar la garantía de exhibición personal a favor de las personas privadas de libertad en el CENTRO PENAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA., ratificando las medidas correctivas dictadas por la fiscal DIANA GABRIELA GALO CARRILLO, en su condición de juez ejecutora

[3] Las exhibiciones personales acumuladas se relacionan con el incendio acaecido en horas de la noche del día martes catorce de febrero del año dos mil doce, en la granja penal de Comayagua, que provocó el fallecimiento de centenares de personas.

[4] La Sala de lo Constitucional conoció de oficio la exhibición personal correctiva a favor de los privados de libertad de de la PENITENCIARÍA NACIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, desestimándola al final en virtud de lo siguiente:”… la autoridad penitenciaria…, actúo en el marco de las funciones administrativas que la Ley le otorga, mismas que obedecen a una decisión en procura de mantener el adecuado funcionamiento y manejo de los internos y con los fines de garantizar la seguridad del resto de la población penitenciaria así como la de mermar la delincuencia y daño a la sociedad, en razón a las circunstancias arbitrarias en las que se han visto implicados.… [La]Sala, aprecia que, de las distintas diligencias no se logra establecer que se han restringido ni violentado los derechos y garantías constitucionales ni procesales de estricto cumplimiento, es así que al no haberse demostrado con los informes respectivos ni de las actuaciones al efecto por los jueces ejecutores designados, las violaciones de alguno o algunos de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional…”

[5] Dicha garantía constitucional fue desestimada por la Sala de lo Constitucional bajo el argumento siguiente: “Que aún y cuando las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad, señaladas por las jueces ejecutores nombrados al efecto, son constitutivas de vejámenes, restricciones y molestias innecesarias en perjuicio de la seguridad individual de los privados de libertad, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) está realizando las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones inherentes de los privados de la libertad del centro penitenciario ubicado en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá”

[6] Adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C XXIV de 31 de julio de 1957 y 2076 LXII de 13 de mayo de 1977.

[7] Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de agosto de 2019. OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L/V/II) ISBN 978-0-8270-6920-6 1.

[8] De acuerdo con los datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP), hasta julio de 2018 se registraban un total de 20.356 personas privadas de libertad en Honduras.

[9] OEA/Ser.L/V/II.147 Doc.6, 18 marzo 2013.