Sentencia EP-1079-19 — Registro 17675
Resumen
Acto de Exhibición Personal Correctivo iniciado de oficio, a favor de todos los menores infractores que se encuentran en el Centro de Detención de Menores Infractores “Renaciendo”. En relación a las noticias que han trascendido, sobre los hechos acaecidos en dicho Centro de Detención en perjuicio de los detenidos, en consecuencia, para efectos de salvaguardar la seguridad individual de los detenidos y para mantener el orden de dicho Centro de Detención se da inicio de Oficio de la garantía de Exhibición Personal Correctiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" la Sala de lo Constitucional observa que el actuar estatal no se dio bajo el cumplimiento de lo regulado en la Constitución de la República, siendo procedente determinar el cumplimiento de los presupuestos procesales del artículo 182 de la máxima norma del país, así como del artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en vista de que se ha dado en la detención legal de los menores infractores que se encuentran en el Centro de Detención de Menores Infractores “Renaciendo”, se han aplicado a restricciones y molestias innecesarias para la seguridad individual y para el orden de la prisión. Considerando (14): Que para esta Sala de lo Constitucional procede declarar con lugar la presente exhibición personal, por constatarse la violación de uno de los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional …"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13, Numeral 1.a (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de febrero de dos mil veinte. Visto: Para dictar Sentencia de la garantía de Exhibición Personal Correctivo iniciado de oficio, a favor de todos los menores infractores que se encuentran en el Centro de Detención de Menores Infractores “Renaciendo” ubicado en Tamara, departamento de Francisco Morazán, contra actuaciones del Director de dicho Centro, en relación a las noticias que han trascendido, y que éste Tribunal ha tenido conocimiento sobre los hechos acaecidos en dicho Centro de Detención, el día tres de diciembre de dos mil diecinueve, donde fallecieron por lo menos cuatro menores, quienes según los medios de comunicación, respondían a los nombres de H. F. A., J. M. G., B. A. V. A. y J. R. L. P., asimismo, ha trascendido que por lo menos 17 menores resultaron heridos, en consecuencia, para efectos de salvaguardar la seguridad individual de los detenidos y para mantener el orden de dicho Centro de Detención, se estima pertinente, proceder a la iniciación de Oficio de una garantía de Exhibición Personal Correctiva. Antecedentes 1) Que en fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala de lo Constitucional, inició de oficio una garantía de Exhibición Personal a favor de todos los menores infractores que se encuentran en el Centro de Detención “Renaciendo” ubicado en Tamara, Francisco Morazán, contra actuaciones del director de ese centro de detención de menores infractores, en relación a las noticias que han trascendido, y que éste Tribunal ha tenido conocimiento sobre los hechos acaecidos en dicho Centro de Detención, el día tres de diciembre de dos mil diecinueve, donde fallecieron por lo menos cuatro menores, quienes según los medios de comunicación, respondían a los nombres de H. F. A., J. M. G., B. A. V. A. y J. R. L. P., asimismo, ha trascendido que por lo menos 17 menores resultaron heridos, en consecuencia, para efectos de salvaguardar la seguridad individual de los detenidos y para mantener el orden de dicho Centro de Detención, se estimó pertinente, proceder a la iniciación de Oficio de una garantía de exhibición personal correctiva. (Folio núm. 1 del expediente de la acción). 2) Que en esa misma fecha, la Sala de lo Constitucional, nombró como jueza ejecutora a la abogada Claudia Anabella Pereira, defensora pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, para que de manera inmediata se constituyera al Centro De Detención aludido, a efecto de que constatara de manera inmediata los hechos ocurrido en dicho Centro y de ser procedente, tomar las medidas correspondientes a fin de hacer cesar cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual de los menores infractores que se encuentran en el Centro de Detención “Renaciendo”, debiendo requerir a la autoridad recurrida, para que rindiera un informe dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios núm. 9 y 10 de la garantía). 3) Que la abogada Claudia Anabella Pereira, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, en el cual consignó entre otros lo siguiente: a) Que en fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se personó en las Oficinas del Instituto Nacional de Atención al Menor (INAMI) requiriendo en legal y debida forma al abogado Alejandro Espinoza, en su condición de Secretario General del INAMI, en virtud de que no se encontraba el Director de dicho Instituto, a efecto de que le rindiera un informe sobre los extremos señalados en la garantía de exhibición personal, recibiendo dicho informe el día 6 de diciembre de 2019, consignando en el mismo lo siguiente: Que en fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, entre las cinco y seis de la tarde, hora en que de acuerdo al programa de actividades del Centro, los menores internos son reconcentrados en sus módulos dormitorios, se suscitó un amotinamiento o reyerta en la cual los internos del Módulo Uno (Pertenecientes a la Mara 18), agredieron a los internos del Módulo Dos, lanzando piedras e introduciéndose violentamente a dicho módulo, emprendiéndola a golpes y otro tipo de agresiones con armas hechizas contra los menores, situación que el personal de seguridad interna trató de controlar y al no lograrlo se solicitó la intervención de la fuerza pública, lapso en el cual la reyerta, dejó como resultado dos menores fallecidos en el centro y dos trasladados al Hospital Escuela en estado de gravedad, fallecieron en el trayecto y otros tres que fueron atendidos y estabilizados, informando que fueron cuatro niños los fallecidos y que respondían a los nombres de: B. A. V. A., J. R. L. P., H. F. A. B. y J. M. G. R.. Asimismo, resultaron heridos catorce niños de los cuales tres fueron trasladados al Hospital Escuela y los demás fueron atendidos en el área médica del Centro, y estaban fuera de peligro, informando además que diez niños se evadieron. Que se habían realizado diligencias, solicitando se reforzaran los anillos de seguridad perimetral por parte de la Policía Nacional y Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), habiéndose reforzado el personal de seguridad interna y al personal médico se le ha dotado de manera extraordinaria del material necesarios para dar la continuidad del caso a las atenciones requeridas por los heridos. b) Que en fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, la jueza ejecutora se hizo presente en el Centro Renaciendo, siendo recibida por el Director del mismo, C. J. O., a quien requirió solicitándole el correspondiente, el cual fue presentado en fecha siete de diciembre de dos mil diecinueve, en el informan lo siguiente: Que en fechas anteriores a los hechos, los menores de los Módulos 1 pertenecientes a la Pandilla 18 y Módulo 2 que pertenecen a la población común, habían tenido riñas entre ellos, habiéndose amotinado lanzándose piedras, dando como resultado menores con lesiones leves, siendo atendidas en área médica del Centro y unos trasladados al Hospital, habiéndose evadido en esos amotinamientos dos menores del módulo 2, pero que no se habían enfrentado cuerpo a cuerpo, logrando el personal de seguridad controlar los disturbios y que dichas riñas se venían dando porque algunos menores simpatizantes de la Mara 18 se han salido de la misma, pasando a otros módulos de población común conocidos como pesetas. En relación de los hechos, informan que el día martes tres de diciembre de dos mil diecinueve, en horas de la mañana, se recibió una nota de la Dirección Técnica, en donde se menciona que el menor C. M. C. A., quien había ingresado el dos de diciembre fuera trasladado del Módulo Filtro al módulo 1, donde pernoctan los simpatizantes de la pandilla 18, ya que así lo había manifestado, pero al investigar la entrevista había manifestado que no era simpatizante de dicha pandilla, informándose al área técnica que debía ser evaluado nuevamente, resultando que no pertenecía a la citada pandilla, por lo que se le trasladó al Módulo 2. A las 13:45 el custodio reportó del Torreón 1, que los menores de la pandilla estaban molestos por el traslado del menor, solicitando hablar con el supervisor de turno, el Coordinador de Seguridad se dispuso a dialogar con ellos, quienes le manifestaron que estaban molestos por el traslado del menor, ya que formaba parte de la pandilla 18 y que lo estaban sacando a la fuerza para trasladarlo a otro módulo, habiéndoles explicado que el menor no era miembro de la pandilla 18 y que era voluntad de él estar en el Módulo 2, poniendo en conocimiento de la situación al director del Centro, dando instrucciones de enviarles la nota elaborada por el Área Técnica, en la cual se establecía que el menor no pertenecía a la pandilla, quienes al tener conocimiento de la nota manifestaron que se tranquilizarían, pero que en cualquier momento se amotinarían y que iban haber muertos. A las 16:30 el Custodio Especial que se encontraba de turno en el Módulo 1, reportó que los menores se estaban saltando la serpentina hacia el pasillo, quitándole las llaves y el radio de comunicación, encendiéndose la alarma, al escuchar eso los menores del módulo 2 se subieron al techo y comenzaron a lanzar piedras hacia el módulo 1 y viceversa, de inmediato se fue a hablar con los menores del módulo 2 a decirles que no siguieran lanzando piedras y que se bajaran del techo y llevándolos al área de refugio, que en el Centro es el campo de fútbol, de la misma manera los menores del módulo 3, permanecieron tranquilos en el campo por un tiempo, pero los menores de la Pandilla 18 se fueron por la parte de atrás del módulo 2, perforando la pared con objetos metálicos, logrando hacer un agujero por el cual ingresaron tomando el control de dicho módulo subiéndose al techo, lanzando piedras hacia el campo donde estaban los menores de los módulos 2 y 3, hicieron chispas con el cableado eléctrico encendiendo algunas pertenencias de los menores del módulo 2, acción que molestó a los menores y se movieron del campo ingresando al Módulo 2 para sacar a los menores de la pandilla 18, los cuales al verse duplicados en número salieron corriendo fuera del módulo y salir a lo que se conoce como Renaciendo viejo y zona muerta, enfrentándose entre ellos con objetos corto punzantes, piedras y palos. Se dialogó con ellos en varias ocasiones, haciéndose presente el Director del Centro para dialogar con los menores del Módulo 1, no haciéndole caso, amenazándolo y faltándole el respeto. Al lugar de los hechos se hicieron presente las autoridades competentes para hacer el levantamiento de los menores fallecidos, asimismo el apoyo del Segundo y Tercer Anillo, el día cinco de diciembre de 2019 la inspección de los módulos decomisándoles objetos corto punzantes, varillas y tubos, objetos que los encontraron en la zona muerta. c) Que la jueza ejecutora realizó una inspección siendo acompañada por el procurador legal, el abogado Rodis Francisco Medina y el jefe de seguridad, iniciando el recorrido en el lugar donde se iniciaron los hechos, denominado Módulo 1, el cual está conformado por tres vagones, los que fueron modificados para convertirlos en dormitorios, esa área está dividida por un cerco de maya ciclón denominadas ala 1 y ala 2, en el cual se encuentran los niños de la Pandilla 18, observando que no se encontró ningún indicio de que hubiese ocurrido algún daño en su estructura. Los menores del Ala 2 que oscilan en las edades de 16 a 17 años manifestaron que no había heridos, pero los menores del Ala 1 de 12 a 15 años si había niños que tenían lesiones. Posteriormente se hizo un recorrido por el área denominada Zona Muerta, en la cual ocurrió parte del enfrentamiento, observando que se encontraba lleno de maleza y gran cantidad de desperdicios de construcción entre ellos piedras, palos, hierro, pedazos de láminas, solicitando la jueza ejecutora al procurador, que de manera inmediata y para seguridad de los menores, procediera a retirar esos desperdicios y que era necesario cortar la maleza, ya que en esa zona se encontraron los cuerpos de los dos menores que perdieron la vida, y las piedras, palos y el hierro que ahí se encontraba fue el utilizado para romper el muro por el cual ingresaron al módulo 2. Durante la visita de la jueza ejecutora los jóvenes del módulo 2 gozaban de su día de visita, por lo que algunos no estaban dentro del mismo, pero logró entrevistar algunos de ellos, preguntándoles si habían sufrido algún tipo de lesión durante los hechos, quienes le manifestaron que no. Destaca la jueza ejecutora, que el área de aseo no era la adecuada, ya que los sanitarios y duchas estaban en malas condiciones, por lo que se bañan en el área donde está la pila. Posteriormente pasaron al lugar donde fueron ubicados los niños de los módulos 2 y 3 al momento de los hechos, conocida como área de refugio, que es el campo donde juegan fútbol los niños, y para llegar a ésta zona desde el módulo 2, es necesario pasar dos portones de hierro, uno para el tránsito de personas y el otro más grande por el que pueden ingresar vehículos, los cuales según indicó el Jefe de Seguridad pasan cerrados con candados, pero que al momento de los hechos los niños y los jóvenes de los módulos 2 y 3 rompieron los candados y corrieron a enfrentarse con los jóvenes del módulo 1, porque éstos estaban quemando sus pertenencias. d) Que se entrevistaron a ocho niños pertenecientes a los módulos 1 y 2, los cuales se encontraban el listado de los que resultaron heridos, coincidiendo en los siguientes puntos: Que el problema se suscitó en virtud de que uno de los menores ingresó al centro el día lunes dos de diciembre de 2019, el cual pertenecía a la Pandilla 18 y que los abogados lo habían trasladado al Módulo 2 a la fuerza. Varios manifestaron que en el momento de los hechos escucharon disparos de armas de fuego y que sus compañeros murieron a consecuencia de los disparos que hicieron los policías militares. Los Jóvenes del módulo 1 manifestaron que algunos de ellos escucharon y a otros fue que les contaron niños del módulo 2 que pertenecían al grupo de ellos, que el Director del Centro ordenó que sacaran a los jóvenes del módulo 3 para que se unieran al módulo 2 y los atacaran. Los niños del módulo 1 manifestaron además que ellos salieron del Centro porque los del módulo 2 y 3 los querían matar y que, a la altura de la Penitenciaría Nacional, se entregaron, sin embargo, los pusieron pecho a tierra y los golpearon con tubos y a patadas, y que a raíz de esos golpes fueron atendidos por el personal del Centro. Que el hecho duró como tres horas y que la policía solo estuvo en los alrededores. Que por lo antes mencionado la jueza ejecutora, mediante nota al Director del Centro Renaciendo, recomendó entre otros lo siguiente: se agilizara la construcción de un nuevo centro dentro los estándares internacionales, para brindar a los jóvenes condiciones de estadía dignas y seguras; capacitación constante al personal que trabaja con los niños y adolescentes privados de libertad; asegurar y mantener el cumplimiento de lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo referente a que los jóvenes privados de libertad, deben ser separados en razón de su situación jurídica; manejo eficiente de los protocolos de seguridad interna y externa del centro, para poder brindar una respuesta inmediata y adecuada en casos de emergencia. La realización de una investigación, para poder brindar la información fidedigna en relación a las causas y la manera de cómo perdieron la vida los cuatro jóvenes, en los hechos ocurridos el tres de diciembre de dos mil diecinueve. e) Que de las investigaciones realizadas y de los informes recibidos y al hacer un análisis de los mismos, la Juez Ejecutora resolvió: I) si ha lugar la acción de habeas corpus correctivo o exhibición personal interpuesta de Oficio por la Sala de lo Constitucional a favor de los niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran privados de libertad en el Centro Pedagógico Renaciendo, ubicado en la Aldea de Támara, Francisco Morazán. (Folios núm. 18 al 26 de la pieza de la garantía). Fundamentación Jurídica Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, el conocimiento de la garantía de hábeas corpus o exhibición personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182, 313 y 316 de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3, 9, 13 y 39 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Considerando (2): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-8/87, que versa sobre el Habeas Corpus, encontrando que indica que en un sentido clásico tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad; posteriormente se cita el artículo 7 numeral sexto de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual establece que: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”. Considerando (3): Que siguiendo lo preceptuado en el mismo artículo siete de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, encontramos que en el numeral quinto (Toda persona… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…) está referido a las personas que han sido detenidas en un proceso penal y está inescindiblemente ligado al contemplado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Se puede establecer también que, si alguien es detenido en virtud de un proceso penal, es presentando ante un juez que determinara la licitud de la privación de la libertad frente a la presunción de inocencia y cuya culpabilidad o responsabilidad no ha sido establecida. Considerando (4): Que la Constitución de la República en el artículo 68 reconoce que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; nadie debe ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes; toda persona privada de libertad será trata con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humanos. En el mismo sentido la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 5 del Derecho a la Integridad Personal, reconoce que toda persona tiene derecho a qué se respete su integridad física, psíquica y moral, nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, las personas privadas de libertad serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherentes al ser humano. Considerando (5): Que esta Sala de lo Constitucional observa que el Estado hondureño y en especial las autoridades en temas de los centros de internamiento por infracción de la Ley, tiene una posición especial de garantía, puesto que ejercer un control total sobre dichos centros; debiendo por eso garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas recluidas en los mismos, por lo que debe gestionar el cumplimiento de las condiciones mínimas para el desarrollo de la dignidad humana mientras están bajo el control estatal.[1] De lo anterior se concluye que el actuar Estatal se constriñe a garantizar de forma plena el derecho a la vida y la integridad personal, siendo el responsable de las condiciones en los centros de detención por el fuerte control que se mantiene. Considerando (6): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalado en el Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras,[2] da un listado de los elementos mínimos que deben integrar los Estados, y ese caso particular, nuestro país, siendo: garantías sobre atención médica, salud, no hacinamiento, separación por categorías (procesados/condenados y menores de edad/adultos), acceso al agua potable y servicios sanitarios, acceso a luz natural y artificial, alimentación con valor nutritivo, y que las medidas disciplinarias con castigos corporales, asilamiento prolongado, o cualquier otro que ponga en peligro la salud física o mental. Considerando (7): Que la realización de los derechos de las y los niños pasa por lo señalado en la Constitución de la República en su artículo 119, que señala el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia, gozando de la protección prevista en los acuerdos internacional que velan por sus derechos. En términos similares la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado puesto los numerosos instrumentos internacionales, ampliamente aceptados por la comunidad internacional, le imponen al Estado el deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de los infantes bajo su jurisdicción.[3] Considerando (8): Que también se ha señalado por parte del tribunal regional ha desarrollado que la responsabilidad del Estado no se limita a los actos de los agentes públicos, también se extiende a lo realizado por terceros particulares, por la omisión del deber de prevención y respeto del Estado. Tal como ha sido señalado en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras[4] y Villagrán Morales y otros vs. Guatemala.[5] Considerando (9): Que, ahondando sobre lo anterior, se indica que el estándar parte de que el Estado no es responsable de cualquier limitación de derechos humanos suscitada entre particulares; la obligación estatal se da en adoptar medidas de prevención y protección a los particulares en las relaciones entre ellos, cuando se encuentren en condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.[6] Considerando (10): Que en el presente caso se observa la vulneración de los derechos de los niños, relacionados con la violación de los derechos a la vida y la integridad personal, todos reconocidos en los artículos 65, 68 y 119 de la Constitución de la República, que por mandatos de los artículos 15, 16, 59, 63 y 321 se da aplicación directa de los artículos 4, 5 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho de vida es la condición necesaria para la realización de todos los demás de derechos, ninguna persona puede ser privada de su vida arbitrariamente, por lo que, las instituciones públicas hondureñas poseen en deber de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida. Cuando se vulneran los derechos de los niños en situaciones de vulnerabilidad, como lo es estar recluido en un centro de internamiento del Estado, se realiza una doble violación de derechos, por no haber asegurado los deberes de prestación como las condiciones mínimas de vida para el libre desarrollo de la personalidad y en segunda esfera, por los atentados a la vida, integridad física, psíquica y moral.[7] Considerando (11): Que la Declaración de los Derechos del Niño en su principio 2 establece que: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. Por su lado la Corte Interamericana señaló en la Opinión Consultiva OC-17/02 sobre el interés superior de los menores que es un principio regular de la normativa de los derechos de la niñez se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de ellos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los derechos del Niño.[8] Considerando (12): Que la prevención de violación grave de derechos fundamentales, como la vida, pasa por la realización del deber de prevenir, de investigar seriamente para identificar a los responsables, de imponer sanciones pertinentes por las acciones y omisiones de privados y servidores públicos y de asegurar la reparación adecuada a las víctimas. Considerando (13): Que por todo lo señalado por la jueza ejecutada, la Sala de lo Constitucional observa que el actuar estatal no se dio bajo el cumplimiento de lo regulado en la Constitución de la República, siendo procedente determinar el cumplimiento de los presupuestos procesales del artículo 182 de la máxima norma del país, así como del artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en vista de que se ha dado en la detención legal de los menores infractores que se encuentran en el Centro de Detención de Menores Infractores “Renaciendo”, se han aplicado a restricciones y molestias innecesarias para la seguridad individual y para el orden de la prisión. Considerando (14): Que para esta Sala de lo Constitucional procede declarar con lugar la presente exhibición personal, por constatarse la violación de uno de los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 1, 15, 16, 59, 63, 65, 68, 69, 119, 182, 303, 304, 316 y 321 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 4, 5, 8, 19 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 74 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 25, 26, 37, 38, 39 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: 1) declarar Con Lugar la garantía de Exhibición Personal Correctivo iniciado de oficio, a favor de todos los menores infractores que se encuentran en el Centro de Detención de Menores Infractores “Renaciendo”, contra actuaciones del Director de dicho Centro, en relación a las noticias que han trascendido, y que éste Tribunal ha tenido conocimiento sobre los hechos acaecidos en dicho Centro de Detención, el día tres de diciembre de dos mil diecinueve. 2) la autoridad competente del centro de detención en el caso, procesa informar a esta Sala de lo Constitucional y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras: A) la medidas que van a tomar en los próximos tres meses, después de notificada esta sentencia, para reducir la conflictividad en el Centro de Detención Renaciendo; B) en el plazo de un año deberá de informar a las dos instituciones antes señaladas, los cambios de infraestructura, de capacitación al personal del Centro y a los detenidos para la resolución de conflictos, y el cumplimiento de las garantías sobre atención médica, salud, no hacinamiento, separación por categorías (procesados/condenados y menores de edad/adultos), acceso al agua potable y servicios sanitarios, acceso a luz natural y artificial, alimentación con valor nutritivo, y que las medidas disciplinarias con castigos corporales, asilamiento prolongado, o cualquier otro que ponga en peligro la salud física o mental. 3) Que la secretaría de la Sala de lo Constitucional, mande copia de esta sentencia al Ministerio Público, para que realice lo pertinente para la investigación para la identificación de los responsables. Y manda: Que se archiven las presentes diligencias una vez que este firme la presente resolución. Notifíquese. Sello y firmas. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Sello y firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de agosto de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha cinco de febrero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-1079-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Cfr., Caso del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare), solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos, resolución de 30 de marzo de 2006, párr. 9.
[2] Sentencia de 27 de abril de 2012, fondo, reparaciones y costas.
[3] Cfr., Corte IDH. Caso de los “niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo, sentencia de 19 de noviembre de 1999, párr. 146.
[4] Párr. 172.
[5] Párr. 75.
[6] Cfr. Corte IDH. Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 123.
[7] Corte IDH. Caso de los “niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo, sentencia de 19 de noviembre de 1999, párr. 191.
[8] Párr. 56.