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Sentencia AP-998-19 — Registro 12919

Resumen

Sentencia denegó acción de amparo a favor de recurrente contra resolución de juzgado de primera instancia que decretó auto de apertura a juicio por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de víctima; Autoridad recurrida considera que es facultad del órgano jurisdiccional determinar si hay elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a Denegar la Acción de Amparo promovido, bajo el argumento que es una facultad del órgano jurisdiccional determinar en su pronunciamiento vía resolución si hay elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público o si por el contrario no hay elementos suficientes para decretar la apertura a juicio, por lo cual considera que la resolución dictada no vulnera garantías Constitucionales, siendo oportuno que los aspectos que alega el amparista se diluciden en audiencia de juicio oral y público. Criterio que es compartido por esta sala, ello porque el artículo 302 último párrafo del Código Procesal Penal faculta al Juez hacer una valoración y poder determinar si existen fundamentos razonables para decretar el auto de apertura y elevar la causa a Juicio Oral y Público, lo que acertadamente ha realizado el A quo. Aunado a lo anterior el pedidor argumenta que se han valorado medios de prueba que constitucionalmente no deberían valorarse. A lo anterior el defensor no se opuso a la admisión de prueba rendida en sede administrativa, en el momento procesal oportuno, teniendo en ese momento la oportunidad de oponerse y acceder a todos los recursos ordinarios que la Ley pone a su disposición y hasta el amparo, a efecto de tutelar sus derechos; al contrario, consintió la admisión de la prueba que posteriormente fue objeto de valoración por el Órgano Jurisdiccional..."..."estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio de legalidad, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente el debido proceso al seguir las directrices emanadas en la ley procesal penal, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales..."..."es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA, a favor del señor JOSE LUIS FAJARDO ROMERO, contra la resolución dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha seis de agosto de dos mil diecinueve; en relación a la causa instruida contra el señor JOSE LUIS FAJARDO ROMERO, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor ROBERTO ANTONIO ZELAYA VASQUEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete de febrero del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el Abogado OSCAR BAYARDO ACOSTA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JOSE LUIS FAJARDO ROMERO, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor ROBERTO ANTONIO ZELAYA VASQUEZ. 2) Que en fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, resolviendo sobre la procedencia de apertura a juicio, el juzgado antes referido resolvió: 1) DECRETAR EL AUTO DE APERTURA A JUICIO en las presentes diligencias contra el imputado JOSE LUIS FARJARDO ROMERO, por suponerlo responsable por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de ROBERTO ANTONIO ZELAYA VASQUEZ. 2) Se emplaza a las partes para que, en el término de cinco días comunes contados, a partir de la última notificación se personen al Tribunal de Sentencia. 3) Una vez notificadas las partes de esta resolución, la secretaria del Despacho, remita las actuaciones al Tribunal de Sentencia en un término de cuarenta y ocho horas y póngase a la disposición al imputado. - Señalando con precisión que se encuentra guardando PRISION PREVENTIVA de conformidad al artículo 173 numerales 3 del Código Procesal Penal. (Folios del 26 al 31 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve, el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA, interpuso ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, Recurso de Amparo a favor del señor JOSE LUIS FAJARDO ROMERO, contra la resolución de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua; Por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en artículo 90 de la Constitución de la República. 4) Que en fecha veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve, luego de seguido el trámite correspondiente, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLA: DENEGANDO LA ACCION DE AMPARO a que se ha hecho relación. (Folios del 26 al 31 de la segunda pieza de antecedentes). 5) Que en fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo Penal venido en consulta, resuelta por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYUAGUA, que decreta Auto de Apertura a Juicio, en el proceso penal instruido en contra del señor JOSE LUIS FAJARDO ROMERO, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de ROBERTO ANTONIO ZELAYA VASQUEZ. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, que decreta el Auto de Apertura a Juicio en el proceso iniciado en contra de su representado; arguye el impetrante que el auto de apertura a juicio se ha dictado violentando la Garantía Constitucional del Artículo 90 de la Constitución de la República, mismo que establece Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, en relación a la inaplicación en la causa de mérito del contenido del artículo 302 párrafo ultimo del Código Procesal Penal, mismo que establece: “… Si con base en la formalización de la acusación por el fiscal y el acusador privado y en la contestación de cargos, el Juez considera que no hay fundamentos razonables para el desarrollo del juicio, podrá dictar resolución, que será apelable en ambos efectos, en el sentido de que no procede la apertura del mismo y, según el caso, pronunciará sobreseimiento provisional o definitivo…”. Aduce el impetrante que la A quo debió realizar un trabajo consistente en valorar si con la prueba ofertada hasta ese momento procesal (audiencia preliminar) existían los fundamentos razonables para el desarrollo del juicio oral y público y que es precisamente en la forma en que se valoran los extremos antes expuestos que se da la violación a la norma Constitucional. CONSIDERANDO (3): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve, proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual resuelve DENEGANDO LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA, a favor del señor JOSE LUIS FAJARDO ROMERO, contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, al estimar el recurrente que la resolución impetrada vía Amparo vulnera la garantía de Debido Proceso, enunciado en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4) Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho de legalidad establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República mismo que señala: “Nadie puede ser juzgado si no por Juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”; el pedidor muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, al decretarse Auto de Apertura a Juicio en contra de su representado en el proceso que se le ha instruido por suponérsele responsable del delito de Homicidio, al estimar el garantista que debió el A-quo dictar Sobreseimiento Provisional acorde con lo dispuesto en el artículo 302 último párrafo del Código Procesal Penal, que señala: “Si con base en la formalización de la acusación por el fiscal y el acusador privado y en la contestación de cargos, el juez considera que no hay fundamentos razonables para el desarrollo del juicio, podrá dictar resolución, que será apelable en ambos efectos, en el sentido de que no procede la apertura del mismo y, según el caso, pronunciará sobreseimiento provisional o definitivo.”, ello porque considera el recurrente que, la forma en que se valoran los medios de prueba, si bien es cierto guardan lógica en su estructura, violenta las reglas de la sana critica en su postulado de la razón suficiente y el principio de derivación, bajo los argumentos siguientes: (sic) “1) No hay una individualización plena del imputado. …; 2) No se practicó un medio de prueba que permita derivar a la señora Juez que el imputado este individualizado. …; 3) Ninguno de los testigos evacuados hasta este momento son presenciales, por lo que no puede derivarse algo que va más allá de lo manifestado por los propios testigos sin llevarse de encuentro con ello el principio de derivación. …; 4) Se realiza una valoración errónea de los testimonios de los señores WILSON CALIX FAJARDO y ROXANA FAJARDO ROMERO…; 5) No hay decomiso de arma a mi representado que sirva de vinculación a los hechos. …; 6) Se han valorado medios de prueba que constitucionalmente no deberían valorarse, aunado al hecho que no existen otros elementos periféricos que permitan valorar sus dichos. …; SEPTIMO: Es en cuanto a su función de no dejar pasar acusaciones infundadas y someter a mi representado a una pena de banquillo que la presente acción de amparo se interpone, solicitando se le de cumplimiento a lo establecido en el artículo 302 párrafo final del Código Procesal Penal, en respeto a la garantía constitucional del debido proceso que ampara a mi representado, debiéndose sobreseer provisionalmente por los hechos que se le acusan. CONSIDERANDO (6): Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a Denegar la Acción de Amparo promovido, bajo el argumento que es una facultad del órgano jurisdiccional determinar en su pronunciamiento vía resolución si hay elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público o si por el contrario no hay elementos suficientes para decretar la apertura a juicio, por lo cual considera que la resolución dictada no vulnera garantías Constitucionales, siendo oportuno que los aspectos que alega el amparista se diluciden en audiencia de juicio oral y público. Criterio que es compartido por esta sala, ello porque el artículo 302 último párrafo del Código Procesal Penal faculta al Juez hacer una valoración y poder determinar si existen fundamentos razonables para decretar el auto de apertura y elevar la causa a Juicio Oral y Público, lo que acertadamente ha realizado el A quo. Aunado a lo anterior el pedidor argumenta que se han valorado medios de prueba que constitucionalmente no deberían valorarse. A lo anterior el defensor no se opuso a la admisión de prueba rendida en sede administrativa, en el momento procesal oportuno, teniendo en ese momento la oportunidad de oponerse y acceder a todos los recursos ordinarios que la Ley pone a su disposición y hasta el amparo, a efecto de tutelar sus derechos; al contrario, consintió la admisión de la prueba que posteriormente fue objeto de valoración por el Órgano Jurisdiccional. CONSIDERANDO (7): Que siendo conforme a derecho, lo referido en los acápites anteriores, estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio de legalidad, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente el debido proceso al seguir las directrices emanadas en la ley procesal penal, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de garantías constitucionales. CONSIDERANDO (8): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 69, 70, 80, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua en fecha veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-998-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL