Sentencia AP-95-18 — Registro 17809
Resumen
Sentencia declaró ha lugar solicitud de Antejuicio promovida por el Ministerio Público contra recurrente por suponerlos responsables de delitos de Abuso de Autoridad en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras; La Autoridad recurrida autorizó al Ente Acusador presentar acción penal contra los involucrados como autores de delito consumado de Abuso de Autoridad por considerar que la Mancomunidad de Municipios adjudicó a Empresa Constructora proyecto de obra pública para reparar teniendo el oferente beneficiado inhabilidad legal, ya que su propietario era funcionario público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…". Esta Sala de lo Penal, actuando en condición de Corte de Apelaciones, en el procedimiento especial de Antejuicio de mérito, considera que ha dado detenida lectura y ha examinado la argumentación de las partes y los medios de prueba que en primera instancia han sido tomados en cuenta por el A Quo para declarar ha lugar la procedencia del antejuicio, estima que la solicitud de antejuicio reúne los requisitos de admisibilidad y, que la valoración de la prueba de cargo presentada en primera instancia es precisa, ponderada y acertada, respecto al objeto de litigio y a la lesión ocasionada por el antejuiciados al bien jurídico protegido, que en este caso es la Administración Pública. Por lo que de acuerdo a los principios generales que regula la Ley de Contratación del Estado de Honduras de eficiencia, idoneidad, igualdad, de libre competencia y de transparencia que rigen las actuaciones de los funcionarios públicos, concluye que en el presente caso existen suficientes indicios para considerar que los señores...; miembros en los años 2014-2016 de la Junta Directiva de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, efectivamente se han excedido en las facultades otorgadas a ellos por la Constitución de la República, y las leyes de Municipalidades y Contratación del Estado, al adjudicar el proyecto de reparación de tres tramos de una carretera secundaria en el departamento de la Paz, a la Empresa Constructora Melgar y Asociados, propiedad del señor Juan Manuel Melgar Hernández y su esposa Irma Eli Argueta, siendo el primero alcalde municipal del municipio de Cabañas, La Paz y secretario de finanzas de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, creándose con ello un evidente conflicto de intereses y la inhabilidad legal para adjudicar el mencionado proyecto de obra pública dicha entidad, por su condición de funcionario público...Decisión Por todo lo anterior, por unanimidad de votos declara No Ha Lugar el Recurso de Apelación, interpuesto por los Abogados Javier Gómez Díaz y Héctor Emilio Sánchez Aguilera, en su condición de defensores privados de los antejuiciados señores Juan Manuel Melgar Hernández, Germán Francisco Mendoza Argueta, Pablino Díaz Orellana, Santos Víctor Ventura Vásquez, Dunia Patricia Martínez Osorio y Gloria María Suyapa Argueta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de Municipalidades, art. 30 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Municipalidades, art. 35 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 349 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 420 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 421 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 423 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…". Esta Sala de lo Penal, actuando en condición de Corte de Apelaciones, en el procedimiento especial de Antejuicio de mérito, considera que ha dado detenida lectura y ha examinado la argumentación de las partes y los medios de prueba que en primera instancia han sido tomados en cuenta por el A Quo para declarar ha lugar la procedencia del antejuicio, estima que la solicitud de antejuicio reúne los requisitos de admisibilidad y, que la valoración de la prueba de cargo presentada en primera instancia es precisa, ponderada y acertada, respecto al objeto de litigio y a la lesión ocasionada por el antejuiciados al bien jurídico protegido, que en este caso es la Administración Pública. Por lo que de acuerdo a los principios generales que regula la Ley de Contratación del Estado de Honduras de eficiencia, idoneidad, igualdad, de libre competencia y de transparencia que rigen las actuaciones de los funcionarios públicos, concluye que en el presente caso existen suficientes indicios para considerar que los señores...; miembros en los años 2014-2016 de la Junta Directiva de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, efectivamente se han excedido en las facultades otorgadas a ellos por la Constitución de la República, y las leyes de Municipalidades y Contratación del Estado, al adjudicar el proyecto de reparación de tres tramos de una carretera secundaria en el departamento de la Paz, a la Empresa Constructora Melgar y Asociados, propiedad del señor Juan Manuel Melgar Hernández y su esposa Irma Eli Argueta, siendo el primero alcalde municipal del municipio de Cabañas, La Paz y secretario de finanzas de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, creándose con ello un evidente conflicto de intereses y la inhabilidad legal para adjudicar el mencionado proyecto de obra pública dicha entidad, por su condición de funcionario público...Decisión Por todo lo anterior, por unanimidad de votos declara No Ha Lugar el Recurso de Apelación, interpuesto por los Abogados Javier Gómez Díaz y Héctor Emilio Sánchez Aguilera, en su condición de defensores privados de los antejuiciados señores Juan Manuel Melgar Hernández, Germán Francisco Mendoza Argueta, Pablino Díaz Orellana, Santos Víctor Ventura Vásquez, Dunia Patricia Martínez Osorio y Gloria María Suyapa Argueta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de Municipalidades, art. 30 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Municipalidades, art. 35 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 421 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 422 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 423 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 349 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte, por medio de la Sala de lo Penal, constituida en Corte de Apelaciones integrada por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Apelación interpuesto en fecha seis de febrero del dos mil dieciocho, por los Abogados Javier Gómez Díaz y Héctor Emilio Sánchez Aguilera, en su condición de Defensores Privados de los señores Juan Manuel Melgar Hernández, Germán Francisco Mendoza Argueta, Pablino Díaz Orellana, Santos Víctor Ventura Vásquez, Dunia Patricia Martínez Osorio y Gloria María Suyapa Argueta, contra la resolución de fecha uno de febrero del dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, mediante la cual declaró Ha Lugar la solicitud del proceso penal de Antejuicio promovido por la Abogada Lesly Saraí Fuentes, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses generales de la sociedad, contra los señores Juan Manuel Melgar Hernández, en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de Cabañas y Secretario de Finanzas de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, Germán Francisco Mendoza Argueta, en su condición de Alcalde Municipal de Santa Ana, La Paz y presidente de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, Pablino Díaz Orellana, en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de Yarula, La Paz y Vocal I de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, Santos Víctor Ventura Vásquez, en su condición de Alcalde Municipal de Santa Elena, La Paz y vocal II de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz Dunia Patricia Martínez Osorio, en su condición de Alcaldesa Municipal del Municipio de Opatoro, La Paz y Secretaria de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz y Gloria María Suyapa Argueta, en su condición de Alcaldesa Municipal del Municipio de Marcala, La Paz y Fiscal de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz , por suponerlo responsable de los delitos de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. Son partes: La Abogados Javier Gómez Díaz y Héctor Emilio Sánchez Aguilera, en su condición de defensores privados de los antejuiciados señores Juan Manuel Melgar Hernández, Germán Francisco Mendoza Argueta, Pablino Díaz Orellana, Santos Víctor Ventura Vásquez, Dunia Patricia Martínez Osorio y Gloria María Suyapa Argueta, como parte apelante; y, la Abogada Lesly Saraí Fuentes, Fiscal del Ministerio Público, actuando como parte apelada. I. Solicitud de Antejuicio “Que en fecha diez de enero del año dos mil dieciocho, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, la Abogada Lesly Saraí Fuentes, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, promoviendo Antejuicio de la manera siguiente: “NARRACION SUSCINTA DE LOS HECHOS OBJETO DEL ANTEJUICIO PRIMERO: Los antejuiciados: JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ, ostenta el cargo de Alcalde Municipal de Cabañas, La Paz, y Secretario de Finanzas de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz; GERMAN FRANCISCO MENDOZA ARGUETA, ostenta el cargo de Alcalde Municipal de Santa Ana, La Paz y Presidente de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz; PABLINO DIAZ ORELLANA ostenta el cargo Alcalde Municipal de Yarula, La Paz, y Vocal 1 de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz; SANTOS VICTOR VENTURA VASQUEZ, ostenta el cargo de Alcalde Municipal de Santa Elena, La Paz y Vocal II de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz; DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO, ostenta el cargo de Alcalde Municipal de Opatoro, La Paz y Secretaria de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz; GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA, ostenta el cargo de Alcalde Municipal de Marcala, La Paz y Fiscal de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz. Todos miembros en los años 2014-2016 de la Junta Directiva de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS SIERRA DE LA PAZ que de ahora en adelante se abreviara MANLESIP.- SEGUNDO: En fecha 20 de Octubre del año 2008, se Inscribió en el Instituto de la Propiedad, Certificación de Personería Jurídica bajo asiento número 87 del tomo del libro Registros de Sentencias, de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, con domicilio en el municipio de Cabañas, La Paz siendo conformada la misma por las Corporaciones Municipales de Opatoro, Santa Ana, Cabañas, Santa Elena, Marcala y Yarula, todas del Departamento de La Paz. TERCERO: En fecha 14 de octubre del año 2014, La Junta Directiva de MANLESIP acordó la reparación de tres tramos carreteros: 1). Desvió de Cabañas a Sabanetas Centro (Marcala), 2). Desvió de Sabanetas a Desvió de Yarula y 3). Desvió de Yarula a Puente llano Alegre Santa Elena; convocando a tres Empresas “CONSTRUCTORA MELGAR Y ASOCIADOS, CONSULDI Y ASOCIADOS y SAUL RENIERY PONCE REINHARDT” para que participaran en la Licitación Privada. CUARTO: En fecha 22 de Octubre del año 2014, la junta nominadora de MANLESIP integrada por GERMAN FRANCISCO MENDOZA ARGUETA, PABLINO DIAZ ORELLANA, SANTOS VICTOR VENTURA VASQUEZ, DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO, GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA adjudicó a la Empresa “CONSTRUCTORA MELGAR Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V” la ejecución de dicho proyecto de reparación de los tramos carreteros antes mencionados; cabe hacer notar que dicha empresa es propiedad del señor JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ, el cual fungía en ese momento como Secretario de Finanzas de la Junta Directiva de la MANLESIP y Alcalde Municipal de Cabañas, La Paz y de su señora esposa IRMA ELI ARGUETA; además la empresa Adjudicada no cumplía con los requisitos y aptitud para ser contratada, puesto que no contaba con su respectivo Permiso de Operación, razón por la cual existía un conflicto de intereses e inhabilidad para adjudicarle el proyecto puesto que el propietario de la misma era un funcionario público; y teniendo pleno conocimiento de este extremo la Junta Nominadora decide adjudicar el proyecto a esta Empresa violentando los principios generales de Eficiencia, Idoneidad, igualdad y libre competencia que regula la ley de Contratación del Estado de Honduras; incurriendo de esta forma en franco ABUSO DE AUTORIDAD al emitir resolución contraria a la Constitución de la República y las leyes en este caso concreto contrario a la ley de Municipalidades y Ley de Contratación del Estado. QUINTO: En fecha 24 de Octubre del año 2014 se celebró Contrato de Trabajo suscrito entre el señor GERMAN FRANCISCO MENDOZA en su condición de presidente de la Junta Directiva de MANLESIP y la señora IRMA ELI ARGUETA como representante de la Empresa CONSTRUCTORA MELGAR Y ASOCIADOS S. DE R.L DE C.V; para la ejecución de dicho proyecto, con un monto total de 730,235.00 lempiras, a sabiendas las partes intervinientes que no se debía celebrar ese contrato por estar al margen de la ley. CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS La acción ejecutada por los señores JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ, GERMAN FRANCISCO MENDOZA ARGUETA, PABLINO DIAZ ORELLANA, SANTOS VICTOR VENTURA VASQUEZ, DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO y GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA es constitutiva del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, conforme lo establece el artículo 349 numeral 2 del Código Penal. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ANTEJUICIADOS Señala la Constitución de la República que los Funcionarios son depositarios de la autoridad, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella; por ello devienen en la obligación de ejecutar actos conforme a la Constitución y a las leyes y cuando produzcan un efecto dañoso constitutivo de delito, como ser violentar la Constitución o la ley como producto de una acción u omisión que responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, de la posibilidad que se produjera tal efecto, debe responder por el tipo penal en que se enmarque su conducta. REQUISITOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL DE ABUSO DE AUTORIDAD 1.-Que se trate de un Funcionario o Empleado Público. Los Antejuiciados, JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ, GERMAN FRANCISCO MENDOZA ARGUETA, PABLINO DIAZ ORELLANA, SANTOS VICTOR VENTURA VASQUEZ, DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO y GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA, ostentan el cargo de Funcionarios Públicos, demostrando como funcionarios una conducta contraria y al margen de la ley, el artículo 393 del Código Penal establece literalmente quienes pueden ser considerados como Funcionarios Públicos.- 2.-Que dicte sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la constitución de la República o a las leyes. Se suscrita por parte de los antejuiciados GERMAN FRANCISCO MENDOZA ARGUETA, PABLINO DIAZ ORELLANA, SANTOS VICTOR VENTURA VASQUEZ, DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO y GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA: a) Dictar y Ejecutar Resolución contraria a la ley aprobando de esta manera la adjudicación del proyecto a la Empresa CONSTRUCTORA MELGAR Y ASOCIADOS, aun teniendo el pleno conocimiento que dicha empresa es propiedad del señor JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ y su esposa IRMA ELI ARGUETA, violando así varias normativas legales como ser la Constitución de la República, Ley de Municipalidades, Reglamento de la Ley de Municipalidades y la Ley de Contratación del Estado entre otras. REQUISITOS SUBJETIVOS DEL TIPO PENAL DE ABUSO DE AUTORIDAD El elemento subjetivo del tipo penal consiste en que el funcionario o empleado público, en este caso concreto los señores JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ, GERMAN FRANCISCO MENDOZA ARGUETA, PABLINO DIAZ ORELLANA, SANTOS VICTOR VENTURA VASQUEZ, DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO y GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA, incurrieron en la conducta típica, antijurídica, descrita en los acápites anteriores, con conocimiento y voluntad, es decir de manera dolosa, ya que la acción de la ley debe ser abarcada por el dolo como premisa, en los términos descritos por el Código Penal y es en su artículo 13, que claramente se determina el dolo demandando que el resultado responda a la intención Que se tuvo al ejecutarlo o cuando sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción que realizo cada uno de ellos es contraria a la ley, en donde se produjo un efecto dañoso constitutivo de delito, como es el presente caso en donde el perjudicado es la Administración Pública, teniendo cada uno el conocimiento de lo arbitrario e ilícito de su accionar. RELACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE ACREDITAN LA EXISTENCIA DEL DELITO Y LA PARTICIPACION DE LOS IMPUTADOS Los elementos de prueba que acreditan la existencia del delito y la participación de los imputados son los siguientes los cuales obran sus originales en la Unidad Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública de la Fiscalía Regional de Comayagua: I.-PERICIAL Auditoria Forense practicada al Proyecto de Reparación y mantenimiento de tramos carreteros de la MANLESIP, la cual contiene toda la documentación soporte, con la que se acredita tanto la comisión del delito como la participación de los antejuiciados en los hechos.” II.- Proveído En fecha once de enero del año dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, tuvo por promovido el Antejuicio de mérito y ordenó librar comunicación a fin de que los funcionarios acusados informaran de manera clara, concreta y precisa sobre los cargos a ellos formulados, dentro del término de tres días. III. Informe rendido por los Antejuiciados En fecha treinta de enero del dos mil dieciocho, comparecen ante la Corte de Apelaciones con competencia Nacional en materia de Corrupción, los abogados Javier Gómez Díaz y Héctor Emilio Sánchez Aguilera, en su condición de Defensores Privados de los señores Juan Manuel Melgar Hernández, Germán Francisco Mendoza Argueta, Pablino Díaz Orellana, Santos Víctor Ventura Vásquez, Dunia Patricia Martínez Osorio y Gloria María Suyapa Argueta, y se pronuncian de la manera siguiente: “ANTECEDENTES PROCESALES UNICO: en fecha diez de enero del año en curso el ministerio publico presento antejuicio en contra de los señores Juan Manuel Melgar Hernández, Germán Francisco Mendoza Argueta, Pablino Díaz Orellana, Santos Víctor Ventura Vásquez y las señoras Dunia Patricia Martínez Osorio y Gloria María Suyapa Argueta, por el supuesto delito de abuso de autoridad, arguyendo en su libelo que la conductas de ellos son atípicas en vista que la junta directiva de Mancomunidad de los Municipios Lencas Sierra de la Paz (MANLESIP) en fecha veintidós de octubre del año dos mil catorce adjudico a la empresa “Constructora Melgar y Asociados S. de R.L de C.V.” la reparación de los tramos carreteros, pese a que uno de los propietarios de la empresa referida es funcionario público transgrediendo con ello lo señalado en la constitución de la Republico, Ley de Municipalidades y la ley de Contratación del Estado. INFORME DE DESCARGO PARA QUE SE DECLARE SIN LUGAR ANTEJUICIO PROMOVIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO PRIMERO: Honorables Magistrados queremos informarles a través del presente documento que el Ministerio Publico indebidamente a presentado antejuicio en contra de los miembros de la Junta Directiva MANLESIP, lo anterior en vista que aducen erróneamente que nunca debido de adjudicársele el proyecto de reparación de tramos carreteros a la “Constructora Melgar y Asociados S. de R.L.” debido a que uno de los socios es funcionario público. Es de hacer notar que durante la adjudicación del proyecto de reparación de tramos carreteros nunca se transgredido el articulo 15 numeral 7 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras mismo que establece que no pueden contratar con la administración las sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que participen directamente en procedimientos de selección de contratistas, tal como lo pretende hacer ver el ministerio público en el hecho cuarto del libelo presentado ante vuestro despacho. Lo anterior en virtud que tal como consta en el instrumento jurídico municipal denominado “Acta de selección para la Contratación de Servicios y Productos” (ver folios 100 y 101), el señor Juan Manuel Melgar Hernández nunca participo en el proceso de selección de los contratistas, en consecuencia, la Junta Directiva de MANLESIP conformada por los señores Germán Francisco Mendoza Argueta, Pablino Díaz Orellana, Santos Víctor Ventura Vásquez y las señoras Dunia Patricia Martínez Osorio y Gloria María Suyapa Argueta se encontraban amparados en ley al seleccionar a la “Constructora Melgar y Asociados S. de R.L.” para realizar el proyecto de reparación de tramos carreteros de la mancomunidad. Asimismo, queremos informarles que los miembros de la Junta Directiva MANLESIP, en todo momento han estado legitimados para suscribir contratos tal como lo señala el artículo 16 del respectivo estatuto (ver folio 43) donde se le da esa prerrogativa a la junta directiva. Estatuto que está en consonancia lo estipulado en el artículo 20-D de la Ley de Municipales, que expresa que las mancomunidades se regirán por sus estatutos. SEGUNDO: Arguye el Ministerio Publico que no debió de adjudicársele el proyecto de reparación de tramos carreteros a la “Constructora Melgar y Asociados S. de R.L.” ya que al momento de ser seleccionado no tenía la aptitud de ser contratada en vista que no contaba con su respectivo permiso de operación. Aseveraciones que son totalmente incorrectas puesto que dicho permiso le fue otorgado en fecha diez de junio del año dos mil catorce en la municipalidad de cabañas, tal como se acredita en este momento con la copia fotostática del permiso referido. Así mismo consideramos que es irrelevante el informe de auditoría forense presentado por el ministerio ya que el antejuicio promovido es por un supuesto delito de abuso de autoridad y no por delitos de malversación de caudales públicos o fraudes cometidos en perjuicio de la administración pública, donde dicha pericia resultaría pertinente. TERCERO: resulta Honorables Magistrados que el ministerio público aduce que los miembros de la junta directiva de MANLESIP emitieron resolución contraria a la constitución de la república, leyes municipales y la ley de contratación del estado de Honduras. Sin embargo, como podéis apreciar en ninguno de los cuatro acápites de los hechos narrados por el ministerio público se señala categóricamente cual es la Resolución que supuestamente transgrede los estamentos jurídicos arriba descritos. Además, que, si observamos detenidamente cada uno de los documentos ofertados por el ministerio público, se puede apreciar que no existe tal resolución, en virtud que este únicamente se hizo acompañar de contratos de trabajo, recibos, cotizaciones, documentos públicos consistentes en: certificaciones de puntos de actas de sesiones, Acta de Selección para la Contratación de Servicios y Productos, copias de escrituras públicas, certificaciones de acuerdos de nombramiento, etc. Aunado a lo anterior el artículo 65 de la Ley de Municipales dice que son instrumentos jurídicos municipales: las ordenanzas municipales, resoluciones municipales, reglamentos, providencias y actas de sesiones municipales por lo que no debe confundirse una resolución municipal con un acta municipal. Es así que al no existir tal resolución no se puede configurar los elementos objetivos del tipo de penal de Abuso de Autoridad y en consecuencia se debe declarar sin lugar el antejuicio promovido por el Ministerio Publico. CUARTO: que el ministerio público no ha acreditado que se haya lesionado o puesto en peligro efectivo el bien jurídico protegido, siendo en el caso que hoy nos ocupa la administración pública del estado de honduras. Lo anterior en virtud que consta en el acta de recepción final de fecha quince de diciembre del año dos mil catorce, que la constructora COMELGA S. de R.L. de C.V. cumplió con las actividades estipuladas en tiempo y forma encomendadas en el respectivo contrato (Folio 85). De ello fácilmente se colige que no ha existido perjuicio económico alguno y según lo dispone el artículo 2-C del Código Penal, no se impondrán penas ni medidas de seguridad sino se lesiona o pone en peligro efectivo el bien jurídico protegido. MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL 1. Se adjunta Copia fotostática de permiso de operación emitido en fecha diez de junio del año dos mil catorce en la municipalidad de cabañas a favor de COMELGA S. de R.L. de C.V.” III.- Parte resolutiva de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, actuando como tribunal de instancia En fecha uno de febrero del dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, resolvió: “PRIMERO: DECLARA HA LUGAR la solicitud del proceso especial de antejuicio, solicitado por el Ministerio Publico contra los señores JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ, alcalde municipal del municipio de Cabañas, La Paz y secretario de finanzas de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, GERMAN FRANCISCO MENDOZA ARGUETA, alcalde municipal del municipio de Santa Ana, La Paz y presidente de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, PABLINO DIAZ ORELLANA, alcalde municipal del municipio de Yarula, La Paz y vocal 1 de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, SANTOS VICTOR VENTURA VASQUEZ, alcalde municipal del municipio de Santa Elena, La Paz y vocal II de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO alcaidesa municipal del municipio de Opatoro, La Paz y secretaria de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz y GLORIA MARIA ARGUETA HERRERA alcaldesa municipal del municipio de Marcala, La Paz y fiscal de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz. Todos miembros en los años 2014-2016 de la junta directiva de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS SIERRA DE LA PAZ, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. En consecuencia: Se autoriza al Ministerio Público para que pueda presentar acción penal pública en contra de los precitados señores, como autores de un delito consumado de ABUSO DE AUTORIDAD tipificado en el Artículo 349.2 del Código Penal.” IV.- Recurso de Apelación presentado por la defensa privada de los Antejuiciados En fecha seis de febrero del año dos mil dieciocho, los Abogados Javier Gómez Díaz y Héctor Emilio Sánchez Aguilera, en su condición de Defensores Privados de los señores Juan Manuel Melgar Hernández, Germán Francisco Mendoza Argueta, Pablino Díaz Orellana, Santos Víctor Ventura Vásquez, Dunia Patricia Martínez Osorio y Gloria Maria Suyapa Argueta, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, interponiendo Recurso de Apelación contra la resolución antes referida, expresando agravios de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE AGRAVIOS PRIMERO: Honorables Magistrados causa agravios a nuestros poderdantes que la Corte de Apelaciones declare con lugar el antejuicio promovido por el Ministerio Publico pese a que se justificó que miembros de la Junta Directiva MANLESIP, estaban amparados en la ley al adjudicarle el provecto de reparación de tramos carreteros a la “Constructora Melgar y Asociados S. de RL” ya que no existían inhabilidades para contratar con dicha constructora. Es de hacer notar que durante la adjudicación del proyecto de reparación de tramos carreteros nunca se transgredido el articulo 15 numeral 7 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras mismo que establece que no pueden contratar con la administración las sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionario o empleados públicos que participen directamente en procedimientos de selección de contratistas. Lo anterior en virtud que tal como consta en el instrumento jurídico municipal denominado “Acta de selección para la Contratación de Servicios y Productos” (ver folios 100 y 101), el señor Juan Manuel Melgar Hernández nunca participo en el proceso de selección de los contratistas, en consecuencia, la Junta Directiva de MANLESIP conformada por los señores Germán Francisco Mendoza Argueta, Pablino Díaz Orellana, Santos Víctor Ventura Vásquez y las señoras Dunia Patricia Martínez Osorio y Gloria María Suyapa Argueta se encontraban amparados en ley al seleccionar a la “Constructora Melgar y Asociados S. de RL.” para realizar el proyecto de reparación de tramos carreteros de la mancomunidad. Asimismo consideramos que en la presente causa tampoco le es aplicable el numeral 4 del artículo 15 que dice “ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los poderes del estado o de cualquier institución descentralizada... “tal como lo relaciona en su resolución el A-Quo, debido a que el contrato fue suscrito entre personas jurídicas y no naturales, es decir la junta directiva MANLESIP y la Representante Legal de la Sociedad mercantil denominada “Constructora Melgar y Asociados S. de R.L.”, por ende al suscribirse el contrato la junta directiva MANLESIP en ningún momento se extralimitó en sus funciones. De igual manera consideramos que los miembros de la Junta Directiva MANLESIP, en todo momento han estado legitimados para suscribir contratos tal como lo señala el artículo 16 del respectivo estatuto (ver folio 43) donde se le da esa prerrogativa a la junta directiva. Estatuto que está en consonancia lo estipulado en el artículo 20-D de la Ley de Municipales que expresa que las mancomunidades se regirán por sus estatutos. SEGUNDO: honorables magistrados, causa agravios a nuestros representados que la Corte Apelaciones aduzca en el numeral sexto de la fundamentación de la sentencia, que al presente caso le es aplicable el numeral uno del artículo 30 de la ley de municipalidades que establece que está prohibido a los miembros de la corporaciones municipales “intervenir directa o por interpósita persona en la discusión resolución de asuntos municipales en los que ellos estén interesados, o que lo estén sus socios, parientes del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como en la contratación u operación de cualquier otro asunto en que estuvieren involucrados”. Consideramos que dicha norma no le es aplicable en virtud que tal como lo mencionamos en el acápite anterior, el señor Juan Manuel Melgar Hernández nunca intervino con la junta directiva de MANLESIP en ninguna discusión o resolución para la adjudicación del contrato a la “Constructora Melgar y Asociados S. de RL.” en consecuencia, dichas aseveraciones consignadas en la sentencia son desacertadas. TERCERO: también causa agravios que el, A-Quo aduzca que junta directiva de MANLESIP se extralimito en sus funciones al emitir resolución contraria a la constitución de la república, leyes municipales y la ley de contratación del estado de honduras. Sin embargo, corno podéis apreciar honorable corte, el ministerio público en ningún momento señala categóricamente cual es la Resolución que supuestamente transgrede los estamentos jurídicos arriba descritos. Además, que, si observarnos detenidamente cada uno de los documentos ofertados por el ministerio público en el antejuicio promovido, se puede apreciar que no existe tal resolución, en virtud que este únicamente se hizo acompañar de contratos de trabajo, recibos, cotizaciones, documentos públicos consistentes en: certificaciones de puntos de actas de sesiones, Acta de Selección para la Contratación de Servicios Productos, copias de escrituras públicas, certificaciones de acuerdos de nombramiento, etc. Aunado a lo anterior el artículo 65 de la Ley de Municipales dice que son instrumentos jurídicos municipales: las ordenanzas municipales, resoluciones municipales, reglamentos, providencias y actas de sesiones municipales por lo que no debe confundirse una resolución municipal con un acta municipal. Corolario de lo anterior el A-Quo no debió declarar con lugar el antejuicio por el delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 349 numeral 2. CUARTO: causa agravios a nuestros patrocinados que la corte de apelaciones declare con lugar el antejuicio pese a ser notoria la improcedencia del mismo ya que en ningún momento se le causo un daño al estado de honduras. Lo anterior está debidamente acreditado con el acta de recepción final de fecha quince de diciembre 4, el año dos mil catorce, que la constructora COMELGA S. de R.L. de C.V. cumplió con las actividades estipuladas en tiempo y forma encomendadas en el respectivo contrato (Folio 85). De ello fácilmente se colige que no ha existido perjuicio económico alguno y según lo dispone el artículo 2-C del Código Penal, no se impondrán penas ni medidas de seguridad sino se lesiona o pone en peligro efectivo el bien jurídico protegido. QUINTO: causa agravios a nuestros representados que en los acápites sexto séptimo, noveno y décimo de la fundamentación de la sentencia, el A-Quo consigue expresiones como “se extralimito” haciendo referencia a que la junta directiva de MANLESIP no debía de haberle otorgado contrato a la constructora Melgar y Asociados. Así mismo verter criterio de que la junta directiva MANLESIP no podía suscribir ningún contrato con la Constructora Melgar y asociados en virtud que señor Juan Manuel Melgar Hernández es uno de los socios y la sociedad mercantil se encontraba inhabilitada para contratar. De lo anterior se colige que la corte de apelaciones al consignar dichas aseveraciones en su sentencia denota que se está prejuzgando sobre el fondo del asunto, lo cual es totalmente prohibido según lo establece el artículo 422 del Código Procesal Penal, además de que el hecho controvertido del delito de abuso de autoridad radica en si existía tal resolución, según lo consigna el Ministerio Público en el antejuicio promovido.” V.- Proveído En fecha siete de febrero del dos mil dieciocho, la Corte Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, tuvo por admitido en tiempo y forma el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados Javier Gómez Díaz y Héctor Emilio Sánchez Aguilera, en su condición expresada, concediendo a la parte contraria, el término de tres días hábiles a partir del día siguiente de la notificación para que conteste los agravios expresados. VI.- Contestación de agravios En fecha quince de febrero del dos mil dieciocho, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, la Abogada Lesly Saraí Fuentes, contestando los agravios de la siguiente manera: “PUNTOS DE HECHO Y DE DERECHO PRIMERO: Al analizar el escrito de Apelación interpuesto por la Defensa de los Antejuiciados, contra la Sentencia de fecha primero de febrero del año 2018, dictada por esta Corte de Apelaciones, donde se declara HA LUGAR la solicitud del Proceso Especial de Antejuicio solicitado por el Ministerio Publico en contra de la Junta Directiva de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de la Paz (MAMLESIP). En el Primer y Segundo Agravio la defensa argumenta que con la adjudicación del proyecto de reparación de tramos carreteros a la “Constructora Melgar y Asociados S. de R.L.” en ningún momento se ha transgredido el articulo 15 numeral 7 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras; criterio que no es compartido por el Ministerio Publico puesto que dicho artículo establece claramente en su numeral 7: Tratarse de sociedades Mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participen directa o INDIRECTAMENTE en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas; el señor JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ en su condición de Secretario de Finanzas de La Junta Directiva de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de la Paz (MAMLESIP) y siendo socio de la Constructora Melgar y Asociados (COMELGA) intervino de manera indirecta en la Adjudicación del proyecto a la Constructora antes mencionada puesto que existe Constancia a folio 54 de la Auditoria forense presentada por el Ministerio Publico en la que la Junta Directiva de la MAMLESIP incluyendo al señor JUAN MANUEL MELGAR hacen constar que la empresa COMELGA es la única empresa de la zona que brinda servicios de reparación y mantenimiento de tramos carreteros; lo cual no es cierto puesto que se contaba con dos oferentes más que brindaban el mismo servicio; siendo su único fin el de poder Adjudicar el proyecto a la empresa COMELGA y de esa manera beneficiar al señor JUAN MANUEL MELGAR, pese a que existía Inhabilidad para contratar con dicha constructora. Aunado a lo anterior el artículo 15 en su numeral 4 establece otra inhabilidad Como ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los poderes del estado o de cualquier institución Descentralizada, Municipalidad u órgano que se financie con fondos públicos... Inhabilidad que también es aplicable en el presenta caso, tomando en consideración que la sociedad mercantil “Constructora Melgar y Asociados (Comelga)”, está conformada por los socios JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ (Alcalde Municipal de Cabañas, La Paz y Secretario de Finanzas de la Mamlesip) y su esposa IRMA ELI ARGUETA; es de hacer notar que efectivamente tal como lo manifiesta el Apelante la Junta Directiva de la Mamlesip si está facultada para suscribir Contratos ese definitivamente no es un hecho Controvertido lo que si se debe recalcar es que la Junta Directiva y de Selección desde el momento en que se presentó las ofertas por parte de la Empresa COMELGA debió de excluirla del proceso de Selección pues claramente se pudo determinar con la Escritura de Constitución de la Sociedad que uno de sus socios era el señor JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ; razón por la cual no se debió contratar a dicha empresa para la construcción de los tramos carreteros, y más aún el señor JUAN MANUEL MELGAR tenia plena conocimiento que estaba inhabilitado por el hecho de ser socio de la empresa COMELGA para contratar con la Administración Publica.- SEGUNDO: En cuanto al tercer Agravio es importante aclarar y recalcar que es precisamente la Resolución de fecha 22 de octubre del año 2014 mediante la cual el Comité de Selección de la Mamlesip mediante Acta de Selección para la Contratación de Servicios y Productos resuelve CONTRATAR a la Constructora Melgar y Asociados para la Reparación de los tramos carreteros. (Ver folios 76 y 77 de la Auditoria forense); procediendo de esta manera a emitir resolución contraria a la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 15 numerales 4 y 7, y articulo 16; Ley de Municipalidades en su artículo 30 numeral uno, Constitución de la República en sus artículos 321, 322, 323; incurriendo de esta manera los miembros de la Junta Directiva de la Mamlesip en un franco ABUSO DE AUTORIDAD tal como lo establece el artículo 349 numeral 2 del Código Penal.- TERCERO: En el Cuarto Agravio a través del cual el Apelante argumenta que no se debió declarar HA LUGAR el procedimiento especial de ANTEJUICIO en virtud que no se causó ningún daño al Estado de Honduras; es importante determinar en torno a la lesividad o perjuicio que menciona la defensa, el Ministerio Publico debe referir que dicho principio está señalado en el artículo 2-C del Código Penal examinarle no corresponde en esta fase procesal propia para definir la viabilidad de entablar o no la acción penal sino en fases posteriores del proceso en que se examina la antijuricidad de la acción típica; no obstante ello es propio señalar desde ya que la defensa confunde y desvía el principio de lesividad circunscribiéndolo a la mera afectación económica olvidando que el delito cuya imputación pretende el Ministerio Publico no ha sido diseñado para proteger la economía del estado sino la Administración Publica entendida esta como el normal y transparente funcionamiento de los órganos de la Administración, el cual debe proyectarse al administrado con actuaciones que no dejen margen alguna de duda del sometimiento a la legalidad de cada actuación en que intervenga un funcionario público; por ello es grave daño el que se ha infringido a la administración pública cuando sus funcionarios se apartan de la legalidad que deben observar enturbiando las actuaciones en las que participan.- CUARTO: en el Quinto Agravio reciente la defensa que a su juicio la Corte Prejuzgo, realizando aseveraciones en su sentencia sobre el fondo del asunto, al señalar que la junta directiva de MANLESIP no debía haber otorgado contrato a la constructora Melgar y Asociados. - En contestación de este agravio considera el Ministerio Público traer a colación lo que debe entenderse por Prejuzgamiento y confrontar si el actuar de la Corte de Apelaciones puede enmarcarse en la aludida conceptualización.- El Prejuzgamiento está definido como la emisión intempestiva de una opinión judicial dentro del expediente, referida expresa y concretamente al asunto justiciable y antes de la oportunidad prevista para ello, de tal modo que le permita al litigante deducir la dirección lógica que tendrá el resultado final del pleito. De la referida conceptualización podemos enlistar exigencias objetivas como las siguientes: 1.- Que la opinión judicial intempestiva se emita dentro del expediente 2.- Que este referida expresa y concretamente al asunto justiciable. 3.- Que se emita antes de la oportunidad prevista para ello 4.- Que permita deducir la dirección lógica que tendrá el resultado final del pleito. Si bajo esta perspectiva analizamos la resolución de fecha 01 de Febrero de 2018 dictada por la Corte de Apelaciones mediante la cual declara HA LUGAR la petición de Antejuicio promovida por el Ministerio Publico, observaremos que efectivamente se trata de una opinión judicial emitida dentro del expediente y referida expresa y concretamente al asunto justiciable, cumpliéndose así la primera y segunda exigencia objetiva, pese a ello no se trata de una resolución judicial emitida antes de la oportunidad procesal prevista, contrario a ello se trata de una opinión judicial, con categoría de Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, dentro del tiempo en que la ley le prescribe y luego de haber agotado los rituales procesales previstos en el procedimiento especial de antejuicio; tampoco se trata de una opinión judicial que permite deducir de forma inequívoca el resultado final del pleito, esto es así ya que conocedores del procedimiento, entendemos o por lo menos estamos obligados a entender que la resolución final del pleito eventualmente no le corresponde dictarla a la Corte de Apelaciones sino a un Tribunal de Sentencias o posiblemente a la Corte Suprema de Justicia mediante la sala penal, por ello no se cumple la tercera y cuarta exigencia objetiva supraindicada; podemos concluir entonces que la Corte de Apelaciones al resolver la petición de antejuicio no ha incurrido en Prejuzgamiento; no existe el prejuzgamiento ya que el juicio emitido ha sido indispensable en el momento en que se expresó; las expresiones que el apelante considera prejuzgamiento y que valga señalar se producen dentro del marco de las alegaciones que fueron propuestas por las partes, no se emplearon más que para intentar fundar la admisión del antejuicio promovido, sin que por ello se advierta que se encuentre comprometido ya el criterio del juzgador que decidirá el fin de la controversia, pues tal y como antes lo señalamos el fin de la controversia no necesariamente le corresponderá dictaminarlo a la Corte de Apelaciones.-Por ello no hay agravio ocasionado en virtud de que la resolución se ha dictado con arreglo a derecho; por todo lo expuesto, al no existir agravio alguno, es procedente que se declare SIN LUGAR el recurso de Apelación que la defensa ha planteado.” VII.- Proveído En fecha quince de febrero del dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, tuvo por contestado en tiempo y forma los agravios por parte de la Abogada Lesly Saraí Fuentes, quien actúa en su condición antes indicada; en consecuencia, se ordenó remitir las presentes diligencias a la esta Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia y emplazar a las partes para que dentro del término de tres días más el aumento por el término de la distancia se personen ante este Tribunal de Alzada. VIII.- Fundamentación Fáctica y Jurídica 1) Del Recurso de Apelación El sistema de impugnación tiene por objeto el control general de la regularidad de los actos procesales y, en especial, la actividad del tribunal, principalmente por medio de sus resoluciones. Concretamente el objeto detrás de cada medio (remedio) de impugnación es el restablecimiento del derecho violado y cuya violación ha causado un perjuicio (agravio) a una persona con el objeto de garantizar sus derechos. Entre los medios de impugnación se encuentran los recursos, los cuales constituyen una la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios provoca que el mismo u otro Tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no lo ordenado mientras esto ocurre; Debe entenderse como agravio cuando la diferencia entre lo solicitado por una parte y lo resuelto por el Tribunal, causa un perjuicio efectivo y concreto, por efecto de inobservancia de la ley. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución de la República, referente a la garantía de doble instancia. Entre los Recursos dispuestos por el Legislador, encontramos el de Apelación, que conforme su configuración legal, constituye el principal recurso ordinario, teniendo por objeto, tal y como se ha señalado ya, que una resolución judicial sea revisada por un Tribunal diferente al que la dictó, en el marco de los agravios fijados por el recurrente. El recurso de apelación constituye el recurso por excelencia, teniendo como características: a. Es un recurso Ordinario: Contra la resolución recurrida se puede plantear cualquier motivo; b. Taxatividad Objetiva: Solo puede interponerse recurso de apelación contra las resoluciones expresamente autorizadas por la Ley; c. Recurso Devolutivo: La decisión de la impugnación es tomada por un órgano jurisdiccional superior; y d. Garantía de aplicación del Derecho: La resolución pasa a un segundo examen, pudiendo ser únicamente revocada, confirmada o reformada. La norma procesal determina que constituyen principios rectores de éste recurso los siguientes: 1. El Efecto Extensivo De Los Recursos; La resolución del tribunal podrá extenderse para favorecer a las personas imputadas que se encuentren en la misma situación jurídica que la parte apelante, aun cuando no hayan impugnado la resolución; Contrario sensu, por el efecto restrictivo, la resolución no podrá extender sus efectos a otras personas imputadas, aun cuando se encuentren en la misma situación jurídica, cuando el recurso lo haya interpuesto la parte actora (Ministerio Público o acusación Privada), en contra de uno de ellos específicamente; 2. El Efecto Devolutivo del Recurso de Apelación Limitado: La decisión que tome el Tribunal de Apelaciones tendrá como limite el marco de competencia fijado en la expresión de agravios, de modo que no podrá resolver sobre cuestiones distintas a las impugnadas (Art. 350 del CPP); Ello no limita al Tribunal de apelación de pronunciarse sobre los aspectos de hecho o jurídicos que crea que son importantes en la causa, para efectos ilustrativos, sin que ello sea objeto de pronunciamiento resolutorio; 3. No reforma en Perjuicio (Non Reformatio in Peius): La resolución no podrá empeorar la condición jurídica de la persona imputada, cuando sea ésta la parte apelante; salvo en los casos donde igualmente se resuelva impugnación por parte actora de la acusación, pudiendo agravar el tribunal de apelación la situación de la persona imputada hasta el límite de lo solicitado por ésta, conforme a la expresión de agravios (Reformatio In Melius). 2) Del Antejuicio. a) Naturaleza del Antejuicio: El Antejuicio se define como la protección legal que tienen los Jueces y Juezas de la República, a efecto de que una autoridad judicial, a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de la jurisdicción.- Concretamente es una garantía pre-procesal, que prevé que el funcionario jurisdiccional, no sea perturbado con acusaciones criminales indebidas, pero también –y más importante- es una garantía para la ciudadanía, al ser una forma de protección de la independencia judicial, garantizándose así que el Juez o Jueza resuelva un caso concreto apegado estrictamente a la ley, sin temor de ser objeto de falsas acusaciones criminales que persigan distraerle, separarle de un caso concreto, o incluso, desprestigiarle como forma de represalia de las decisiones adoptadas.- El Antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo jurisdiccional e impedir que el ejercicio de esta función pública se vea perjudicada por el indebido juzgamiento penal de quien temporalmente ocupa el cargo de Juez o Jueza. El Antejuicio, es entonces, un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de cualquier Juez o Jueza de la República. b) Características del Antejuicio: A partir de lo apuntado, se identifican como características del Antejuicio: i) Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ¨Ante Juicio¨; ii) Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función jurisdiccional, encomendada a los Jueces y Juezas de la República; iii) Es un instituto de Orden Público y por tanto no es renunciable por parte del Juez o Jueza que este siendo cuestionado(a); iv) Mediante el Antejuicio se determinará si existen o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; v) El Antejuicio puede operar como acción y como excepción: 1) Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; 2) Como excepción: cuando el juez o jueza acude al llamamiento judicial por haberse presentado en contra de éste una acción penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio; y vi) Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada (Art. 127 Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales), ello genera varias consecuencias: 1) Aun cuando sea declarado con lugar un Antejuicio, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima podrían decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de méritos para ello; 2) El proceso penal incoado después de haberse declarado con lugar un Antejuicio podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a derecho y no necesariamente con una sentencia condenatoria; 3) El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima, según sea el caso, podrán presentar un segundo Antejuicio contra el mismo Juez o Jueza, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer Antejuicio, aporten nuevos elementos de juicio que permitan su revaloración; y 4) La acción Penal, sin la necesidad de un previo antejuicio, puede plantearse una vez que la persona acusada deje de desempeñarse como Juez o Jueza, aun cuando se haya declarado sin lugar un Antejuicio entablado cuando aquella aun desempeñaba el cargo jurisdiccional. c) Requisitos para la procedencia del Antejuicio: Presentado que sea el Antejuicio, corresponde al Órgano Jurisdiccional que conozca de él, realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo; a la presentación del Antejuicio se verificarán el cumplimiento de los requisitos formales y admitido que sea una vez concluido el trámite previsto por el Código de Rito, se examinarán tanto los requisitos formales como los materiales para efectos de decidir sobre su procedencia en primera como en segunda instancia, en su caso, siendo estos los requisitos: 1) Verificación de Requisitos Formales: i) Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública como institución poseedora de éste Monopolio (Art. 25 del Código Procesal Penal) por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras o por la víctima (Art. 17 del Código Procesal Penal) en los delitos de acción pública y los de acción pública dependiente de instancia particular (Art. 26 del Código Procesal Penal) cuando hayan superado el proceso de Conversión de la Acción Pública a Acción Privada (Art. 41 Código Procesal Penal), y en los delitos de acción privada (Art. 27 del Código Procesal Penal); ii) Que la persona contra la cual se presente el Antejuicio esté en el desempeño de la función Estatal de Juez o Jueza que protege ésta garantía. Si la Persona ha dejado de desempeñarse como tal, no tendría lugar la protección de la función estatal, correspondiendo proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano(a); iii) Que el delito imputado sea de aquellos que solo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función jurisdiccional. Aun cuando la persona se esté desempeñando como Juez o Jueza, en los casos de los delitos no funcionales (Ejemplo: Robo, Homicidio, violación, etc.), no será procedente el Antejuicio, dado que no se trata de una imputación derivada de su función pública; iv) El escrito del Antejuicio defina claramente los hechos que el Peticionario considera constitutivos de delitos y además identifique el tipo penal o los tipos penales en los cuales considera que se encuadran. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el Antejuicio, el requisito sólo exige claridad de los presupuestos, más no certeza de los mismos. 2) Verificación de Requisitos Materiales: Que al estudio de la causa se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el Actor, sobre la existencia de un hecho que sólo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: i) Que la acción sea una maniobra de separar al funcionario jurisdiccional de un caso pendiente de resolución judicial; ii) Que la acción sea un medio de intimidación, atentando así contra la independencia del funcionario jurisdiccional; y iii) Que la acción sea planteada como una forma del litigante de dirigir su frustración, por una decisión judicial que le adversa, en la persona del Juez o Jueza que la emitió, con ánimo de represalia. Oportuno es señalar, que la suerte del procedimiento del Antejuicio no depende de haber denunciado los hechos en la Inspectoría General de Órganos Jurisdiccionales o que, en su caso, esta denuncia haya sido declarada con lugar o sin lugar; igualmente, la suerte del Antejuicio no depende de que el acto o resolución ordenada por el Juez o Jueza haya o no sido confirmada, reformada o revocada por el mismo funcionario o por un Tribunal Ad-Quem mediante el conocimiento de un Recurso Legal o mediante el conocimiento de una Garantía Constitucional[1]. El artículo 28 de la Ley de Municipalidades (Reformado mediante Decreto 127-2000, del 21 de septiembre de 2000) dispone que “Los miembros de las Corporaciones Municipales, dependiendo de la capacidad económica de las respectivas municipalidades, percibirán dietas por su asistencia a sesiones, o recibirán el sueldo correspondiente según se desempeñen en comisiones de trabajo a medio tiempo o a tiempo completo. Los miembros de las Corporaciones Municipales tendrán derecho a viáticos y gastos de viaje cuando tuvieran que ausentarse de sus municipios para cumplir misiones temporales que les encomiende la propia Corporación Municipal, o en su defecto, el Alcalde. En todo caso, los gastos de funcionamiento de las municipalidades, incluido el pago de dietas, no podrán exceder los límites establecidos en el Artículo 98 numeral 6) de esta Ley, so pena de incurrir en responsabilidad. El alcalde, Vice Alcalde y los Regidores gozarán de las prerrogativas siguientes: 1) …. ; 2)…..,3)….;4)…..;5)…..y, 5)…6) No ser removidos ni suspendidos, sin que previamente se les siga el antejuicio correspondiente, conforme el procedimiento establecido por la Ley. IX.- De la Procedencia de la Apelación El RECURSO NO ES DE RECIBO. X. El recurrente basa su solicitud de antejuicio en las apreciaciones siguientes: 1) Los antejuiciados señores Juan Manuel Melgar Hernández, Alcalde Municipal de Cabañas, La Paz, y Secretario de Finanzas de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz; German Francisco Mendoza Argueta, Alcalde Municipal de Santa Ana, La Paz y Presidente de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz; Pablino Diaz Orellana Alcalde Municipal de Yarula, La Paz, y Vocal 1 de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz; Santos Víctor Ventura Vasquez, Alcalde Municipal de Santa Elena, La Paz y Vocal II de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz; Dunia Patricia Martínez Osorio, Alcalde Municipal de Opatoro, La Paz y Secretaria de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz; Gloria Maria Suyapa Argueta Herrera, Alcalde Municipal de Marcala, La Paz y Fiscal de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, todos miembros en los años 2014-2016 de la Junta Directiva de la Mancomunidad De Municipios Lencas Sierra De La Paz que de ahora en adelante se abreviara Manlesip. 2) En fecha 20 de octubre del año 2008, se inscribió en el Instituto de la Propiedad, certificación de personería jurídica bajo asiento número 87 del tomo del libro Registros de Sentencias, de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, con domicilio en el municipio de Cabañas, La Paz siendo conformada la misma por las Corporaciones Municipales de Opatoro, Santa Ana, Cabañas, Santa Elena, Marcala y Yarula, todas del Departamento de La Paz. 3) En fecha 14 de octubre del año 2014, La Junta Directiva de Manlesip acordó la reparación de tres tramos carreteros: 1) Desvió de Cabañas a Sabanetas Centro (Marcala); 2). Desvió de Sabanetas a Desvió de Yarula; y, 3) Desvió de Yarula a Puente llano Alegre Santa Elena; convocando a tres Empresas “Constructora Melgar y Asociados, Consuldi y Asociados; y, Saúl Reniery Ponce Reinhardt” para que participaran en la licitación privada. 4) En fecha 22 de octubre del año 2014, la junta nominadora de Manlesip integrada por German Francisco Mendoza Argueta, Pablino Diaz Orellana, Santos Víctor Ventura Vasquez, Dunia Patricia Martínez Osorio, Gloria Maria Suyapa Argueta Herrera adjudicó a la Empresa “Constructora Melgar y Asociados S. de R.L. De C.V” la ejecución de dicho proyecto de reparación de los tramos carreteros antes mencionados; cabe hacer notar que dicha empresa es propiedad del señor Juan Manuel Melgar Hernández, el cual fungía en ese momento como Secretario de Finanzas de la Junta Directiva de la Manlesip y Alcalde Municipal de Cabañas, La Paz y de su señora esposa Irma Eli Argueta; además la empresa Adjudicada no cumplía con los requisitos y aptitud para ser contratada, puesto que no contaba con su respectivo Permiso de Operación, razón por la cual existía un conflicto de intereses e inhabilidad para adjudicarle el proyecto puesto que el propietario de la misma era un funcionario público; y teniendo pleno conocimiento de este extremo la Junta Nominadora decide adjudicar el proyecto a esta Empresa violentando los principios generales de Eficiencia, Idoneidad, igualdad y libre competencia que regula la ley de Contratación del Estado de Honduras; incurriendo de esta forma en franco Abuso de Autoridad al emitir resolución contraria a la Constitución de la República y las leyes en este caso concreto contrario a la ley de Municipalidades y Ley de Contratación del Estado. 5) En fecha 24 de octubre del año 2014 se celebró Contrato de Trabajo suscrito entre el señor German Francisco Mendoza en su condición de presidente de la Junta Directiva de Manlesip y la señora Irma Eli Argueta como representante de la Empresa Constructora Melgar y Asociados S. de R.L de C.V; para la ejecución de dicho proyecto, con un monto total de 730,235.00 lempiras, a sabiendas las partes intervinientes que no se debía celebrar ese contrato por estar al margen de la ley. 6) La acción ejecutada por los señores Juan Manuel Melgar Hernández, German Francisco Mendoza Argueta, Pablino Diaz Orellana, Santos Víctor Ventura Vasquez, Dunia Patricia Martínez Osorio y Gloria Maria Suyapa Argueta Herrera es constitutiva del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de La Administración Publica, conforme lo establece el artículo 349 numeral 2 del Código Penal. 7) Señala la Constitución de la República que los Funcionarios son depositarios de la autoridad, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella; por ello devienen en la obligación de ejecutar actos conforme a la Constitución y a las leyes y cuando produzcan un efecto dañoso constitutivo de delito, como ser violentar la Constitución o la ley como producto de una acción u omisión que responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, de la posibilidad que se produjera tal efecto, debe responder por el tipo penal en que se enmarque su conducta. 8) Son los requisitos objetivos del tipo penal de abuso de autoridad: 1.-Que se trate de un Funcionario o Empleado Público. Los Antejuiciados Juan Manuel Melgar Hernández, German Francisco Mendoza Argueta, Pablino Diaz Orellana, Santos Víctor Ventura Vasquez, Dunia Patricia Martínez Osorio Y Gloria Maria Suyapa Argueta Herrera, ostentan el cargo de Funcionarios Públicos, demostrando como funcionarios una conducta contraria y al margen de la ley, el artículo 393 del Código Penal establece literalmente quienes pueden ser considerados como Funcionarios Públicos.- 2.-Que dicte sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la constitución de la República o a las leyes. Se suscrita por parte de los antejuiciados German Francisco Mendoza Argueta, Pablino Diaz Orellana, Santos Victor Ventura Vasquez, Dunia Patricia Martinez Osorio y Gloria Maria Suyapa Argueta Herrera: a) Dictar y Ejecutar Resolución contraria a la ley aprobando de esta manera la adjudicación del proyecto a la Empresa Constructora Melgar y Asociados, aun teniendo el pleno conocimiento que dicha empresa es propiedad del señor Juan Manuel Melgar Hernández y su esposa Irma Eli Argueta, violando así varias normativas legales como ser la Constitución de la República, Ley de Municipalidades, Reglamento de la Ley de Municipalidades y la Ley de Contratación del Estado entre otras. 9) Son los requisitos subjetivos del tipo penal de abuso de autoridad consiste en que el funcionario o empleado público, en este caso concreto los señores Juan Manuel Melgar Hernández, German Francisco Mendoza Argueta, Pablino Diaz Orellana, Santos Victor Ventura Vasquez, Dunia Patricia Martinez Osorio Y Gloria Maria Suyapa Argueta Herrera, incurrieron en la conducta típica, antijurídica, descrita en los acápites anteriores, con conocimiento y voluntad, es decir de manera dolosa, ya que la acción de la ley debe ser abarcada por el dolo como premisa, en los términos descritos por el Código Penal y es en su artículo 13, que claramente se determina el dolo demandando que el resultado responda a la intención Que se tuvo al ejecutarlo o cuando sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción que realizo cada uno de ellos es contraria a la ley, en donde se produjo un efecto dañoso constitutivo de delito, como es el presente caso en donde el perjudicado es la Administración Pública, teniendo cada uno el conocimiento de lo arbitrario e ilícito de su accionar. 10) Relación de las pruebas que acreditan la existencia del delito y la participación de los imputados son los siguientes los que obran sus originales en la Unidad Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública de la Fiscalía Regional de Comayagua: I.-Pericial Auditoria Forense practicada al Proyecto de Reparación y mantenimiento de tramos carreteros de la Manlesip, la cual contiene toda la documentación soporte, con la que se acredita tanto la comisión del delito como la participación de los antejuiciados en los hechos. XI. La Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, en calidad de Juzgado de Instancia, considera que: 1) De acuerdo al artículo 20 de la Ley de Municipalidad, con el voto afirmativo de los dos tercios 2/3 de los miembros de la Corporación Municipal, podrán mancomunarse o asociarse voluntariamente bajo cualquier forma entre sí para el mejor cumplimiento de sus objetivos y atribuciones. La norma 20 A de la misma ley define la mancomunidad o la asociación de municipios como una entidad territorial local, auxiliar y subordinada a los municipios miembros, que permite a sus miembros abordar de manera conjunta problemas que no pueden afrontar individualmente. La norma 20 D establece que la mancomunidad deberá ser inscrita en un registro especial en la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Gobernación. Finalmente, el artículo 20 E manda que toda la mancomunidad o asociación de Municipios contra con una junta directiva como órgano de Dirección superior, integrada por los Alcaldes miembros y presidida por el Alcalde que designen estos por mayoría simple, todos con derechos a voz y voto. Una primera aproximación al asunto indica que la mancomunidad como asociación de municipios, sin perjuicio que deben emitir su Estatuto General de Organización, Funcionamiento y Atribuciones como instrumento normativo principal y podrá además, formular normas complementarias para regular su actividad formal y material, los Alcaldes que la integran, actúa como tales, es decir no pierden las facultades de administración general y representación legal de los municipios a los que pertenecen, por ende, aun formando parte de la mancomunidad son responsables directos de sus propuestas, actos y resoluciones contrarios a las leyes, pues actúan como funcionarios públicos, con derecho a voz y voto; y su conducta y actuaciones en torno a las contrataciones que rigen por la Ley de Municipalidades y de Contratación del Estado; 2) El artículo 30 numeral 1 de la ley de Municipalidades establece la prohibición a los miembros de las corporaciones municipales, (conforme al artículo 26 de la ley está integrada por un Alcalde, un Vice Alcalde y por un número de Regidores): “Intervenir directa o por interpósita persona en la discusión y resolución de asuntos municipales en que ellos estén interesados, o que lo estén sus socios, parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como en la contratación u operación de cualquier asunto en que estuvieren involucrados”, por ende, los miembros de la Corporación no pueden adjudicar un contrato de obra pública o suministros de bienes o prestación de servicios a una persona mercantil donde cualquiera de sus miembros, sus socios o parientes tengan participación, por cuanto y tanto, a la luz de la ley, claramente germinan conflicto de intereses y contravienen principios de libre administración que implica la toma de decisiones bajo el marco legal; 3) El artículo 35 de la Ley de Municipalidades manda que de cada sesión se levante acta, en la que se consigna una relación sucinta de todo lo actuado y que deberá ser firmada obligatoriamente por los miembros presentes, y el Secretario que da fe, pero también da la posibilidad que se consignen en el acta los votos a favor y en contra y las abstenciones, por manera que aún y cuando las decisiones sean adoptadas por mayoría, el corporativo municipal tienen la oportunidad de salvar su voto cuando encuentre que la decisión se encuentra enfrentada con la normatividad legal, tomando en cuenta lo estatuido en el artículo 66 de la Ley, que prescribe ue los actos de la administración municipal deberán ajustarse a la jerarquía normativa siguiente: 1) La Constitución de la República; 2) Los Tratados Internacionales ratificados por Honduras; 3) La Ley de Municipalidades; 4) Las Leyes Administrativas especiales; 5) Las Leyes Especiales vigentes; 6) Los reglamentos que se emitan para la aplicación de la Ley de Municipalidades; 7) Los demás Reglamentos generales y especiales; 8) La Ley de Policía en lo que no se opone; y, 9) Los principios generales del derecho Público; 4) Los contratos de obra pública, suministros de bienes o servicios y de consultoría que celebren los órganos de la administración pública centralizada y descentralizada se regirán por la Ley de Contratación del Estado. El artículo 4 de la citada ley, prevé a la administración concertar los contratos, pactos y condiciones que tengan por conveniente, siempre que estén en consonancia con el ordenamiento jurídico y los principios de la sana y buena administración, debiendo respetar los procedimientos de la ley, entendiendo por administración al poder ejecutivo, incluyendo órganos desconcentrados que le estén adscritos, las instituciones autónomas y descentralizadas, las municipalidades y demás organismos públicos. En todo caso la ley precitada manda que declaraciones del estado de emergencia se deben hacer mediante Decreto del Presidente de la República en Consejo de Ministros o por el voto de las dos terceras partes de la respectiva corporación municipal, además los contratos suscritos en situaciones de emergencia, requieren la aprobación posterior, por Acuerdo del Presidente de la República, o de la Corporación, si es el caso, cuando ocurren situaciones de emergencia, ocasionadas por desastres naturales, epidemias, calamidad pública, ect, que afecten sustancialmente la continuidad o la prestación oportuna y eficiente de los servicios públicos, podrá contratarse la construcción de obras públicas, el suministro de bienes o servicios, sin sujetarse a los requisitos de licitación y demás disposiciones reglamentarias; 5) El artículo 15 de la ley de Contratación del Estado regula las aptitudes e inhabilidades de las personas para contratar con la administración. Señala la norma que podrán contratar con la administración, aquellas personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acreditan su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes: 1)…; 2)….;3) ….;4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos. 6) Según la Ley de Municipalidades y de Contratación del Estado, los empleados y funcionarios públicos, entre otros los Alcaldes Municipales, tienen inhabilidades para contratar con la administración. En consecuencia, la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de la Paz (Manlesip) como una asociación de Municipios, conformada por los alcaldes de la zona, en todos los actos de contratación de construcción de obras públicas, suministro de bienes y servicios están sujetos al derecho público, en consecuencia, obligados a observar y respetar los procedimientos de contratación; 7) El contrato de reparación de tres tramos carreteros fue adjudicado a la Constructora Melgar y Asociados, por un total de Setecientos treinta mil doscientos treinta y cinco lempiras (L.730.235,00) monto que fue totalmente pagado, según refiere el informe de auditoría forense presentado, y que además consta, según copia de la escritura de constitución de sociedad presentada por el Ministerio Público, que la empresa en cuestión fue constituida el 28 de febrero de 2014, es decir ocho meses de la adjudicación del contrato, siendo una sociedad mercantil propiedad de los señores Juan Manuel Melgar Hernández, Alcalde Municipal del Municipio de Cabañas, La Paz, y Secretario de Finanzas de la Municipalidad, y de su esposa Irma Eli Argueta, estableciéndose el vínculo matrimonial entre ambos, (según copia de certificación de acta de matrimonio fechada 15 de diciembre de 2015) por tanto no le correspondía a la Mancomunidad otorgar el contrato por la inhabilidad del oferente; 8) Los Alcaldes como funcionarios públicos son depositarios de la autoridad, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, por ello devienen en la obligación de actos conforme a la Constitución y la Ley como producto de una acción u omisión que responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe o está obligado a saber, de la posibilidad que se produzca tal efecto; 9) Del informe presentado por los Alcaldes, resulta que ellos aducen que el señor Manuel Melgar Hernández, Alcalde Municipal de Cabañas, La Paz y Secretario de Finanzas de la Mancomunidad, no participó en el proceso de selección de los contratistas y el resto de los miembros de la asociación de municipios estaban amparados en la ley para realizar el proyecto, sin embargo la Corte estimó que el tema no radica en la exclusión del proceso, sino más bien en la inhabilidad para contratar con la administración, pues la única forma de celebrar el contrato sin sujetarse a los requisitos de licitación era mediante una declaratoria de emergencia, que no es el caso: 10) La Corte ha observado que la documentación presentada por el ente fiscal acredita la adjudicación del contrato, que conforma al Decreto 360-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33,337 el viernes 24 de enero de 2014, que contienen las disposiciones de Ingresos de la Administración Pública para el ejercicio fiscal 2014 en el artículo 54 se establece que para los efectos de aplicación de los artículos 38 y 63 numeral 3 de la Ley de Contratación del Estado, se establecen los montos exigibles para aplicar licitaciones, concursos o cotizaciones: a) Contratos de obras y Arrendamiento de Bienes Inmuebles, para montos menores de Novecientos cincuenta mil lempiras (L.950.000.00) se contratarán directa, debiendo solicitarse un mínimo de tres cotizaciones como requisito, es decir recibir la documentación y las ofertas de tres postores, por ende es el momento en que la administración se percata de la aptitudes e inhabilidades de las personas para contratar con la administración, por lo que la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de la Paz (Manlesip) se excedió del ejercicio de sus atribuciones, por lo que su accionar es contrario a lo estipulado en la Ley de Municipalidades y de Contratación del Estado, por lo que existe fundamento razonable para la presentación de la acción criminal por el delito de Abuso de Autoridad. El artículo 349 del Código penal en sus numerales 2 y 3 dispone que: “Será castigado con reclusión de tres a seis años e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) …2) Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos…”; 11) Se desprende que la intencionalidad de la Asociación de Municipios fue contratar una empresa constructora para la reparación de tramos carreteros, teniendo el oferente beneficiado una inhabilidad legal, teniendo al menos dos oferentes más en apariencia idóneos y con capacidad de realizar la obra pública. 12) Por lo anterior, declara ha lugar la solicitud de Antejuicio contra los señores Juan Manuel Melgar Hernández, alcalde municipal del municipio de Cabañas, La Paz y secretario de finanzas de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, German Francisco Mendoza Argueta, alcalde municipal del municipio de Santa Ana, La Paz y presidente de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, Pablino Diaz Orellana, alcalde municipal del municipio de Yarula, La Paz y vocal 1 de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, Santos Victor Ventura Vasquez, alcalde municipal del municipio de Santa Elena, La Paz y vocal II de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, Dunia Patricia Martinez Osorio alcaidesa municipal del municipio de Opatoro, La Paz y secretaria de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz y Gloria Maria Argueta Herrera alcaldesa municipal del municipio de Marcala, La Paz y fiscal de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz. Todos miembros en los años 2014-2016 de la junta directiva de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad en perjuicio de La Administración Publica, por lo que autoriza al Ministerio Público para que pueda presentar acción penal pública en contra de los precitados señores, como autores del delito de Abuso de Autoridad, tipificado en el artículo 349.2 del Código Penal. XII. Esta Sala de lo Penal, actuando en condición de Corte de Apelaciones, en el procedimiento especial de Antejuicio de mérito, considera que ha dado detenida lectura y ha examinado la argumentación de las partes y los medios de prueba que en primera instancia han sido tomados en cuenta por el A Quo para declarar ha lugar la procedencia del antejuicio, estima que la solicitud de antejuicio reúne los requisitos de admisibilidad y, que la valoración de la prueba de cargo presentada en primera instancia es precisa, ponderada y acertada, respecto al objeto de litigio y a la lesión ocasionada por el antejuiciados al bien jurídico protegido, que en este caso es la Administración Pública. Por lo que de acuerdo a los principios generales que regula la Ley de Contratación del Estado de Honduras de eficiencia, idoneidad, igualdad, de libre competencia y de transparencia que rigen las actuaciones de los funcionarios públicos, concluye que en el presente caso existen suficientes indicios para considerar que los señores Juan Manuel Melgar Hernández, alcalde municipal del municipio de Cabañas, La Paz y secretario de finanzas de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, German Francisco Mendoza Argueta, alcalde municipal del municipio de Santa Ana, La Paz y presidente de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, Pablino Diaz Orellana, alcalde municipal del municipio de Yarula, La Paz y vocal 1 de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, Santos Victor Ventura Vasquez, alcalde municipal del municipio de Santa Elena, La Paz y vocal II de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, Dunia Patricia Martinez Osorio alcaldesa municipal del municipio de Opatoro, La Paz y secretaria de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz y Gloria Maria Argueta Herrera alcaldesa municipal del municipio de Marcala, La Paz y fiscal de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, miembros en los años 2014-2016 de la Junta Directiva de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, efectivamente se han excedido en las facultades otorgadas a ellos por la Constitución de la República, y las leyes de Municipalidades y Contratación del Estado, al adjudicar el proyecto de reparación de tres tramos de una carretera secundaria en el departamento de la Paz, a la Empresa Constructora Melgar y Asociados, propiedad del señor Juan Manuel Melgar Hernández y su esposa Irma Eli Argueta, siendo el primero alcalde municipal del municipio de Cabañas, La Paz y secretario de finanzas de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, creándose con ello un evidente conflicto de intereses y la inhabilidad legal para adjudicar el mencionado proyecto de obra pública dicha entidad, por su condición de funcionario público. XIII. Decisión Por todo lo anterior, por unanimidad de votos declara No Ha Lugar el Recurso de Apelación, interpuesto por los Abogados Javier Gómez Díaz y Héctor Emilio Sánchez Aguilera, en su condición de defensores privados de los antejuiciados señores Juan Manuel Melgar Hernández, Germán Francisco Mendoza Argueta, Pablino Díaz Orellana, Santos Víctor Ventura Vásquez, Dunia Patricia Martínez Osorio y Gloria María Suyapa Argueta. POR TANTO: La Sala de lo Penal, constituido como Corte de Apelaciones, en procedimiento especial de Antejuicio, en nombre del Estado de Honduras, por mayoría de votos siendo disidente el honorable Magistrado Rafael Bustillo Romero, y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 3), 316 de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 20, 26, 28.6 reformado (Decreto Legislativo 127-2000, 21 de septiembre 2000) 30.1 y 35 de la Ley de Municipalidades; 4 y 15.4 de la Ley de Contratación del Estado; 420, 421, 422, 423 del Código Procesal Penal; y, 349 del Código Penal: Falla: Primero: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados Javier Gómez Díaz y Héctor Emilio Sánchez Aguilera, en su condición de defensores privados de los antejuiciados; Segundo: Confirmar la sentencia de fecha uno de febrero del dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, actuando como tribunal de instancia, que declara Ha Lugar la solicitud de Antejuicio contra los señores Juan Manuel Melgar Hernández, alcalde municipal del municipio de Cabañas, La Paz y secretario de finanzas de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, German Francisco Mendoza Argueta, alcalde municipal del municipio de Santa Ana, La Paz y presidente de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, Pablino Diaz Orellana, alcalde municipal del municipio de Yarula, La Paz y vocal 1 de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, Santos Victor Ventura Vasquez, alcalde municipal del municipio de Santa Elena, La Paz y vocal II de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, Dunia Patricia Martinez Osorio alcaidesa municipal del municipio de Opatoro, La Paz y secretaria de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz y Gloria Maria Argueta Herrera alcaldesa municipal del municipio de Marcala, La Paz y fiscal de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz. Todos miembros en los años 2014-2016 de la junta directiva de la Mancomunidad de Municipios Lencas Sierra de La Paz, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad en perjuicio de La Administración Publica. Y Manda: Que una vez notificada y firme la presente resolución, sean devueltos los antecedentes del caso al tribunal de su origen, con la certificación correspondiente para su debido cumplimiento. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GÚZMAN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Apelación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-95-2018.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Vid. Sentencia Apelación Penal en Antejuicio SP-250-2012 dictada por la Sala de lo Penal, Corte Suprema de Justicia en fecha 27 de junio de 2013.