Sentencia AP-872-19 — Registro 11404
Resumen
Resolución que declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto contra resolución que admite solicitud para realizar diligencia investigativa por imputados en proceso penal por el delito de Usurpación promovido por recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que al señalar que el derecho al recurso no es absoluto, se hace referencia a que, para hacer uso de él, es necesario el cumplimiento de varios requisitos, tal y como lo manda el artículo 347 del Código Procesal Penal, que señala: “Artículo 347. Impugnación de las resoluciones. Las resoluciones judiciales serán impugnables sólo por los medios, en los casos y en las condiciones de tiempo y forma establecidos en éste Código…” (El subrayado es nuestro). Esta disposición normativa impone como condición que no se puede impugnar o recurrir de cualquier resolución judicial, si no se han observado los medios, los casos y las condiciones de tiempo y forma establecidos en la ley adjetiva. En ese sentido, en el caso que nos ocupa, la Corte de Apelaciones, rechaza en puertas el recurso de apelación interpuesto, por inobservar esta disposición procesal, en lo que respecta al caso que puede o no, ser impugnable. Así las cosas, para conocer qué caso es impugnable o no, vía recurso de apelación debe estarse a lo dispuesto en el artículo 354 del Código Procesal Penal, que establece: “Artículo 354. Resoluciones apelables y efectos del ejercicio del recurso. El recurso de apelación procederá contra las resoluciones siguientes: 1) La de sobreseimiento provisional o definitivo; 2) La que decida un incidente o una excepción; 3) El auto de prisión o declaratoria de reo; 4) La que ordene la prisión preventiva o la imposición de medidas sustitutivas y las modificaciones de la primera o de las segundas; 5) La sentencia dictada en el procedimiento abreviado y en el antejuicio, en su caso; 6) La resolución que declare la extinción de la acción penal o que suspenda condicionalmente el proceso; 7) La que deniegue la conmutación en el caso de faltas o la suspensión condicional de ejecución de la pena; y, 8) Las demás expresamente autorizadas por éste Código….” Es así que, al no encontrarse la resolución apelada dentro del abanico de supuestos antes transcritos, es correcta la respuesta jurisdiccional brindada por el tribunal Ad-quem, por lo que admitir el recurso de apelación interpuesto constituiría una vulneración a lo establecido en el artículo 347 y 354 del Código Procesal Penal, y por ende al debido proceso. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determina cual es la finalidad de la acción y el derecho de pedirla, en ese sentido señala que tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1.-Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y 2.-Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Se concluye entonces que, la resolución impugnada esta dictada en observancia al principio de legalidad, por lo que no es procedente subsumir lo actuado por el Tribunal de alzada recurrido, en ninguno de los dos supuestos del artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo procedente denegar el recurso de amparo"
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor de la Sociedad Mercantil OLEOPALMAS DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V. (OLEOPALMAS), contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintiséis (26) de junio dos mil diecinueve (2019), que inadmitió de plano un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, con relación a la causa instruida contra los Señores YENIS SULAY RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ Y CARLOS OMAR ESPINOZA VELÁSQUEZ, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN, en perjuicio de las Sociedades Mercantiles AGROPALMA S.A. Y OLEOPALMAS DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90, 106, 303 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte (20) de abril del dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado De Letras De La Sección Judicial De Trujillo, Departamento De Colon, la Abogada KATHERINE ROSEMARY LAGOS VALLADARES, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los Señores YENIS SULAY RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ Y CARLOS OMAR ESPINOZA VELÁSQUEZ, por suponerlos responsables de la comisión del delito de USURPACION en perjuicio de las Sociedades Mercantiles AGROPALMA S.A. Y OLEOPALMAS DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V. (Folios 1–114 de la pieza del A-Quo) 2) Que habiéndose celebrado audiencia inicial, el Juzgado antes citado, en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018), dicto acta en la cual Resolvió: (SIC) “DECRETAR: En contra de Jeny Sulay Rodríguez Velásquez Y Carlos Omar Espinoza Velásquez EN CORRESPONDIENTE auto de formal procesamiento POR EL DELITO DE usurpación EN PERJUICIO DE LA Empresa OLEOPALMAS DE CENTROAMERICA S.A. de C.V., de igual manera se resuelve mantener las medidas alternas a la prisión decretadas a su favor en la audiencia de declaración como imputados, las cuales se encuentran consignadas en el artículo 173 numerales 6, 7 y 8 del Código Procesal Penal como ser: 6) La presentación a este Despacho los días 15 y 30 de cada mes.- 7) La prohibición de salir del país sin autorización judicial.- 8) La prohibición de concurrir a determinados lugares o reuniones en este caso los predios que ocupa la finca Trinidad hoy ofendida.- Asimismo se ordena el correspondiente desalojo de la finca en mención en virtud de haberse acreditado plenamente el derecho de propiedad a favor de la empresa ultra referida, para lo cual se procede a nombrar como Juez Ejecutor al Abogado WILLIAM HUMBERTO ORELLANA BROWN quien deberá comparecer a este Tribunal para los efectos de su aceptación y demás efectos legales.” (Folio 130-139 de la pieza del A-Quo) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada KAREN VANESSA ELENCOFF MARTINEZ, en su condición de Apoderada Legal de los Señores YENIS SULAY RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ Y CARLOS OMAR ESPINOZA VELÁSQUEZ, y habiendo sido contestados en legal y debida forma por el Ministerio Publico y el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, en su condición de Acusador Privado; asimismo en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019) se presenta solicitud para que se realice diligencias investigativas (Inspección ocular en el lugar de los hechos), de la cual el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colon, en fecha veintidós (22) de enero de dos mil diecinueve (2019), Resolvió: (SIC): “Primero: Declarar CON LUGAR la solicitud planteada por la Abogada KAREN VANESSA ELENCOFF MARTINEZ en su condición de apoderada Defensora Privada de los imputados YENIS SULAY RODRIGUEZ VELASQUEZ Y CARLOS OMAR ESPINOZA VELASQUEZ, a quienes se les supone responsables del delito de USURPACION en perjuicio de AGROPALMA S.A., por reunir dicha petición todos los requisitos exigidos según el artículo 101 numeral 11 del Código Procesal Penal.- Segundo: Librar los Oficios respectivos ante los entes Investigativos como ser FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO, DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) de esta Ciudad de Trujillo, Departamento de Colon, a efecto de que REALICE DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS CONTENTIVA DE INSPECCION OCULAR EN EL LUGAR DE LOS HECHOS a fin de constatar si sus representados están fuera de los predios objeto del presente proceso (FINCAS) a la mayor brevedad posible.- NOTIFIQUESE”; Igualmente en fecha tres (03) de abril de dos mil diecinueve (2019), el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, en su condición ya citada, interpuso recurso de apelación. (Folio 166-167 de la pieza del A-Quo) 4) Que seguido el tramite que por Ley corresponde, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de junio del dos mil diecinueve (2019), Resolvió: (SIC) “PRIMERO: INADMITIR DE PLANO EL RECURSO DE APELACION IMPETRADO POR EL ABOGADO NICOLAS GARCIA ZORTO en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil OLEOPALMAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. EN VIRTUD DE NO SER UN AUTO QUE ADMITA RECURSO DE APELACION CONFORME ESTABLECE EL ARTICULO 354 DEL CODIGO PROCESAL PENAL O DE LOS DEMAS QUE EXPRESAMENTE SEÑALA LA LEY; en la causa que se le instruye a los señores YENYS SULAY RODRIGUEZ VELASQUEZ Y CARLOS OMAR ESPINOZA VELASQUEZ por el delito de USURPACION en perjuicio de AGROPALMA S.A. DE C.V.” (Folios 04–06 de la pieza del Ad-Quem) 5) Que el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, compareció ante este Tribunal en fecha once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil OLEOPALMAS DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V. (OLEOPALMA), contra la Resolución de fecha veintiséis (26) de junio del dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–37 del Presente Recurso) 6) Que en fecha trece (13) de febrero del dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 58 del Presente Recurso) CONIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1.- Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; 2.- Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONIDERANDO (2): La acción de amparo podrá ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica y podrá interponerse por la persona agraviada o por cualquier otra civilmente capaz sin necesidad de poder, en este último caso prevalecerá el criterio de la persona en cuyo favor se demanda o se interpone el amparo, y procede contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONIDERANDO (3): Que en la causa instruida contra los Señores YENIS SULAY RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ Y CARLOS OMAR ESPINOZA VELÁSQUEZ, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN, en perjuicio de las Sociedades Mercantiles AGROPALMA S.A. Y OLEOPALMAS DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V., se celebró audiencia inicial, en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018), resolviéndose entre otros, el desalojo de la finca La Trinidad, Lote Número 1, con un área de Cuatrocientos Setenta y dos Hectáreas, sesenta y ocho áreas, noventa y siete punto sesenta y ocho centiáreas, ubicada en la Aldea Los Tarro, Municipio de Trujillo Departamento de Colón, en virtud de haberse acreditado plenamente el derecho de propiedad a favor de la empresa ultra referida Sociedad Mercantil AGROPALMA S.A. Y OLEOPALMAS DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V, para lo cual se procede a nombrar como Juez Ejecutor al Abogado WILLIAM HUMBERTO ORELLANA BROWN quien deberá comparecer a este Tribunal para los efectos de su aceptación y demás efectos legales.” (Folio 130-139 de la pieza del A-Quo) CONSIDERANDO (4): Que en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve (2019), la Abogada KAREN VANESSA ELENCOFF MARTINEZ en su condición de apoderada Defensora Privada de los imputados YENIS SULAY RODRIGUEZ VELASQUEZ Y CARLOS OMAR ESPINOZA VELASQUEZ, a quienes se les supone responsables del delito de USURPACION en perjuicio de AGROPALMA S.A.; presentó solicitud para que se realice la diligencia investigativa consistente en Inspección ocular en el lugar de los hechos; exponiendo que han pasado más de SIETE MESES de haberse ordenado EL DESALOJO, y no se realizó, desconociendo las razones, observándose el desinterés tanto del Ministerio Público como del acusador privado, y señalando que en este largo tiempo pudo haber sucedido hechos nuevos, por lo que previo a la vulneración de derechos fundamentales con la realización del desalojo ordenado hace tanto tiempo y no evacuado, solicita una inspección al lugar de los hechos. El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colon, en fecha veintidós (22) de enero de dos mil diecinueve (2019), Resolvió en primer término, Declarar CON LUGAR la solicitud planteada, y en segundo lugar ordenó librar los Oficios respectivos ante la FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO y la DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) de esta Ciudad de Trujillo, Departamento de Colon, a efecto de que REALICE DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS CONTENTIVA DE INSPECCION OCULAR EN EL LUGAR DE LOS HECHOS a fin de constatar si los imputados están fuera de los predios objeto del presente proceso (FINCAS) a la mayor brevedad posible.- CONSIDERANDO (5): Que el tres de abril de dos mil diecinueve, el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, en su condición ya citada, interpuso recurso de apelación, contra la resolución antes señalada de fecha 22 de enero de dos mil diecinueve 2019, en este sentido, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintiséis de junio del dos mil diecinueve, Resolvió: INADMITIR DE PLANO EL RECURSO DE APELACION IMPETRADO por el abogado NICOLAS GARCIA ZORTO en su condición de representante procesal, y en este caso acusador privado de la Sociedad Mercantil OLEOPALMAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. en virtud de no ser un auto que admita recurso de apelación, conforme establece el artículo 354 del código procesal penal o de los demás que expresamente señala la ley. CONSIDERANDO (6): Que es contra este auto fechado en 22 de enero de dos mil diecinueve 2019, dictado por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que el recurrente ha interpuesto recurso de amparo señalando que vulnera a su representado los derechos contenidos en los artículo 64, 80, 82, 90, 106, 303 y 321 de la Constitución de la República. No obstante lo anterior, la Sala de lo Constitucional observa que la respuesta jurisdiccional brindada por el Ad-quem, no es violatoria de los derechos fundamentales apuntados, en específico el derecho fundamental al debido proceso que abarca el derecho de petición, el derecho de acción, el derecho a la defensa, entre otros muchos, en tanto en cuanto, debemos tener claro que el derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana, en cualquier tipo de proceso, entendido este como “aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto. En conclusión, los derechos no son absolutos, y el derecho al recurso no es la excepción, sino que es un derecho que presta el Estado y debe hacerse uso de él, respetando las reglas preestablecidas. El derecho fundamental al debido proceso, está contemplado en el artículo 90 de nuestra Constitución, y fundamentalmente en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo 25 establece el derecho al recurso, mandando que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales...” CONSIDERANDO (7): Que al señalar que el derecho al recurso no es absoluto, se hace referencia a que, para hacer uso de él, es necesario el cumplimiento de varios requisitos, tal y como lo manda el artículo 347 del Código Procesal Penal, que señala: “Artículo 347. Impugnación de las resoluciones. Las resoluciones judiciales serán impugnables sólo por los medios, en los casos y en las condiciones de tiempo y forma establecidos en éste Código…” (El subrayado es nuestro). Esta disposición normativa impone como condición que no se puede impugnar o recurrir de cualquier resolución judicial, si no se han observado los medios, los casos y las condiciones de tiempo y forma establecidos en la ley adjetiva. En ese sentido, en el caso que nos ocupa, la Corte de Apelaciones, rechaza en puertas el recurso de apelación interpuesto, por inobservar esta disposición procesal, en lo que respecta al caso que puede o no, ser impugnable. Así las cosas, para conocer qué caso es impugnable o no, vía recurso de apelación debe estarse a lo dispuesto en el artículo 354 del Código Procesal Penal, que establece: “Artículo 354. Resoluciones apelables y efectos del ejercicio del recurso. El recurso de apelación procederá contra las resoluciones siguientes: 1) La de sobreseimiento provisional o definitivo; 2) La que decida un incidente o una excepción; 3) El auto de prisión o declaratoria de reo; 4) La que ordene la prisión preventiva o la imposición de medidas sustitutivas y las modificaciones de la primera o de las segundas; 5) La sentencia dictada en el procedimiento abreviado y en el antejuicio, en su caso; 6) La resolución que declare la extinción de la acción penal o que suspenda condicionalmente el proceso; 7) La que deniegue la conmutación en el caso de faltas o la suspensión condicional de ejecución de la pena; y, 8) Las demás expresamente autorizadas por éste Código….” Es así que, al no encontrarse la resolución apelada dentro del abanico de supuestos antes transcritos, es correcta la respuesta jurisdiccional brindada por el tribunal Ad-quem, por lo que admitir el recurso de apelación interpuesto constituiría una vulneración a lo establecido en el artículo 347 y 354 del Código Procesal Penal, y por ende al debido proceso. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determina cual es la finalidad de la acción y el derecho de pedirla, en ese sentido señala que tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1.-Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y 2.-Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Se concluye entonces que, la resolución impugnada esta dictada en observancia al principio de legalidad, por lo que no es procedente subsumir lo actuado por el Tribunal de alzada recurrido, en ninguno de los dos supuestos del artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo procedente denegar el recurso de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor de la Sociedad Mercantil OLEOPALMAS DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V. (OLEOPALMAS), contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintiséis (26) de junio dos mil diecinueve (2019), que inadmitió de plano un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, con relación a la causa instruida contra los Señores YENIS SULAY RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ Y CARLOS OMAR ESPINOZA VELÁSQUEZ, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN, en perjuicio de las Sociedades Mercantiles AGROPALMA S.A. Y OLEOPALMAS DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V., Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0872-2019.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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