Sentencia AP-839-18 — Registro 13295
Resumen
Resolución que confirma sentencia interlocutoria mediante la cual se otorga el beneficio de conmuta de las penas de reclusión impuestas a condenados por los delitos de Robo agravado en el grado de ejecución de Tentativa y Portación Ilegal de Arma Comercial y uso público de nombre supuesto argumentando impetrante violación al principio de legalidad, al obviar lo establecido por el Artículo 35 del Código Penal, el cual, sin ningún margen de duda determina claramente la naturaleza del concurso real de delitos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."11): Que, la Sala de lo Constitucional considera, que no habiéndose vulnerado los derechos constitucionales invocados por la Garantista, respecto a las falencias de motivación que dictara la Alzada; esta se adecua sobre bases de sustancial compatibilidad respecto a los principios generales del derecho penal, desarrollando así el ámbito y alcance del principio de legalidad en la ejecución de las sentencias penales, con particular referencia a la pluralidad de supuestos que informan la literalidad del artículo 35 del Código Penal, con relación al 61 del mismo Código y demás aplicables en la problemática jurídica expuesta; con relación a la taxatividad que se exige para la efectiva vigencia del derecho penal material, inter alia; tal y como ha quedado asentado por esta Sala en anteriores ocasiones. Por todo lo cual, y para el solo efecto que queda expresado, procede estimar el mérito que corresponde a la presente acción de amparo.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar Sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018), con relación a un beneficio de conmuta otorgado en la causa que se instruyó contra los Señores JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ, FRANCISCO JAVIER ARGUETA RAMIREZ Y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, por los delitos de ROBO AGRAVADO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de los señores IVAN ARISTIDES PINEDA MURILLO Y OTROS, Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo Interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha once (11) de septiembre dos mil dieciocho (2018), que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE EJECUCION DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018), con relación a un beneficio de conmuta otorgado en la causa que se instruyó contra los Señores JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ, FRANCISCO JAVIER ARGUETA RAMIREZ Y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, por los delitos de ROBO AGRAVADO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de los señores IVAN ARISTIDES PINEDA MURILLO Y OTROS, Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha siete (07) de julio del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por recibido el Requerimiento Fiscal ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, presentado por la Abogada ENMA MEDINA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra los Señores JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ, FRANCISCO JAVIER ARGUETA RAMIREZ Y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, por los delitos de ROBO AGRAVADO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de los señores IVAN ARISTIDES PINEDA MURILLO Y OTROS, Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. (Folios 1–6 de la pieza del A-Quo)- 2) Que seguido el procedimiento, en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado antes mencionado dictó Sentencia Definitiva en la cual Resolvió: (SIC): “1.- CONDENAR a los señores JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDARES y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, como responsables penalmente en su concepto de AUTOR del delito consumado de ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de IVAN ARISTIDES PINEDA MURILLO Y OSMAN MATUTE RUIZ a la pena de CUATRO (4) AÑOS A ONCE (11) MESES, SIETE (7) DIAS DE RECLUSION.- 2.- CONDENAR al señor JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDARES, como responsables penalmente en concepto de AUTOR del delito consumado de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de DOS (2) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSION. 3.- CONDENAR a los señores MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, como responsables penalmente en concepto de AUTOR del delito consumado de USO PUBLICO DE NOMBRE SUPUESTO, en perjuicio de LA FE PUBLICA, a la pena de (1) AÑO, SEIS (6) MESES, como penas principales y que deberán cumplir en forma sucesiva, comenzando por la que tenga mayor sanción. 4.- CONDENAR a los imputados JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena. 5.- Se declara el comiso del arma de fuego, tipo pistola, CZ calibre 32, serie 668648, la cual es procedente declarar el comiso y obra en poder del Ministerio Publico. 6.- Las penas impuestas, las deberán cumplir los imputados en la Penitenciaria de El Porvenir, Francisco Morazán, computándose el tiempo que ha estado en efectiva prisión preventiva, asimismo deberá realizar trabajos dentro y fuera del establecimiento penal de conformidad con el Sistema Penitenciario establecido.” (Folios 169-173 de la pieza del A-Quo).- 3) En fecha veintiuno (21) de febrero del dos mil dieciocho (2018), la Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, compareció ante el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, solicitando señalamiento de audiencia para la conmuta de pena en efectivo; en consecuencia, en fecha ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado, en atención a dicha solicitud dicta Sentencia Interlocutoria, en la cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO:.- Declarar con lugar la solicitud de conmuta de efectivo planteada a favor de los señores JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ, MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, Y FRANCISCO JAVIER ARGUETA HERNANDEZ por ambos delitos como ser ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS, pagara la cantidad para JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ Y FRANCISCO JAVIER ARGUETA HERNANDEZ, la cantidad de VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (23,750) y en relación a MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA los delitos de ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y USO PUBLICO DE NOMBRE SUPUESTO; por reclusión por cada acción delictiva, señalando en consecuencia como cuantía de conmuta la cantidad de VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.21,000.00), cantidad que deberá hacer efectiva a favor de la Tesorería General de la Republica en cualquier Institución del Sistema Financiero del País. SEGUNDO: Líbrese el oficio correspondiente a cualquier Institución Bancaria para que se reciba a favor de la Tesorería General de la Republica las cantidades antes señaladas en concepto de conmuta en la causa contra los señores JOSE LORENZO ALMENDAREZ, MIGUEL ANGEL FAJARDO, FRANCISCO JAVIER ARGUETA RAMIREZ. CUARTO: Que una vez acreditado mediante el recibo correspondiente, el pago de la cuantía establecida por este Juzgado se libre la carta de libertad a favor de los condenados JOSE LORENZO ALMENDAREZ, MIGUEL ANGEL FAJARDO, FRANCISCO JAVIER ARGUETA, sin perjuicio de las penas accesorias que deberán cumplirse en los términos establecidos en la sentencia. -” (Folios 239 y 284-286 de la pieza del A-Quo).- 4) Que conociendo de un Recurso de Apelación interpuesto por la Agente de Tribunales del Ministerio Público Abogada ROSA EVA RAMIREZ PONCE, la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, dicto resolución en fecha once (11) de Septiembre de dos mil dieciocho (2018), en la cual Resolvió: “1) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Agente Fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia interlocutoria de fecha ocho (8) de Marzo de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial de San Pedro.- 2) CONFIRMAR la sentencia interlocutoria mediante la cual se otorga conmuta de las penas de reclusión impuestas a los condenados JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ, MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA Y FRANCISCO JAVIER ARGUETA HERNANDEZ por el delito de ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de IVAN ARISTIDES PINEDA MURILLO y OSMAN MATUTE RUIZ; JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ Y FRANCISCO JAVIER ARGUETA HERNANDEZ por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA por el delito de USO PUBLICO DE NOMBRE SUPUESTO en perjuicio de LA FE PUBLICA.-” (Folios 13 al 16 de la pieza del Ad-Quem).- 5) Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha siete (07) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–5 del Presente Recurso)- 6) Que en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 24 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la Demanda Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018), con relación a un beneficio de conmuta otorgado en la causa que se instruyó contra los Señores JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ, FRANCISCO JAVIER ARGUETA RAMIREZ Y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, por los delitos de ROBO AGRAVADO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de los señores IVAN ARISTIDES PINEDA MURILLO Y OTROS, Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha siete (07) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, ya que a los condenados se le otorgó el beneficio de conmuta por diferentes delitos que fueron condenados, resultando con ello, ilusoria la pena impuesta por uno de los delitos, lo cual no puede ser previsto como una omisión del Juez Sentenciador, al no haberse establecido una sumatoria, pues ya el Artículo 35 del Código penal establece la forma en que se deben cumplir las penas, pues tal aspecto no está por encima del Artículo 35 del Código Penal inobserva el Artículo 141 del Código Procesal penal, ni por lo previsto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la Republica. Por ende, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones vulnera el principio del Debido Proceso y Principio de Legalidad, al obviar lo establecido por el Artículo 35 del Código Penal, el cual, sin ningún margen de duda determina claramente la naturaleza del concurso real de delitos.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha once (11) de septiembre dos mil dieciocho (2018), que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que el Juez de Ejecución no puede cambiar ni variar la sentencia y establecer que no procede la conmuta en virtud de que las penas sumadas por los delitos a que resultó condenado cada uno de los imputados supera cinco años, las cuales no fueron impuestas así por el órgano sentenciador, no son conmutables, ello es una apreciación incorrecta de parte del Ministerio Publico; ya que no fueron así impuestas así las penas a las que sentenció el Juzgador; y, por ende no puede sumarlas el Juez de ejecución, pues solamente vía Casación o apelación se puede cambiar una sentencia.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que, la Sala de lo Constitucional considera, que no habiéndose vulnerado los derechos constitucionales invocados por la Garantista, respecto a las falencias de motivación que dictara la Alzada; esta se adecua sobre bases de sustancial compatibilidad respecto a los principios generales del derecho penal, desarrollando así el ámbito y alcance del principio de legalidad en la ejecución de las sentencias penales,[1] con particular referencia a la pluralidad de supuestos que informan la literalidad del artículo 35 del Código Penal, con relación al 61 del mismo Código y demás aplicables en la problemática jurídica expuesta; con relación a la taxatividad que se exige para la efectiva vigencia del derecho penal material, inter alia; tal y como ha quedado asentado por esta Sala en anteriores ocasiones. Por todo lo cual, y para el solo efecto que queda expresado, procede estimar el mérito que corresponde a la presente acción de amparo.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar Sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018), con relación a un beneficio de conmuta otorgado en la causa que se instruyó contra los Señores JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ, FRANCISCO JAVIER ARGUETA RAMIREZ Y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, por los delitos de ROBO AGRAVADO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de los señores IVAN ARISTIDES PINEDA MURILLO Y OTROS, Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos ml veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0839-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo Interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha once (11) de septiembre dos mil dieciocho (2018), que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE EJECUCION DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018), con relación a un beneficio de conmuta otorgado en la causa que se instruyó contra los Señores JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ, FRANCISCO JAVIER ARGUETA RAMIREZ Y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, por los delitos de ROBO AGRAVADO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de los señores IVAN ARISTIDES PINEDA MURILLO Y OTROS, Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha siete (07) de julio del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por recibido el Requerimiento Fiscal ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, presentado por la Abogada ENMA MEDINA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra los Señores JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ, FRANCISCO JAVIER ARGUETA RAMIREZ Y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, por los delitos de ROBO AGRAVADO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de los señores IVAN ARISTIDES PINEDA MURILLO Y OTROS, Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. (Folios 1–6 de la pieza del A-Quo)- 2) Que seguido el procedimiento, en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado antes mencionado dictó Sentencia Definitiva en la cual Resolvió: (SIC): “1.- CONDENAR a los señores JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDARES y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, como responsables penalmente en su concepto de AUTOR del delito consumado de ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de IVAN ARISTIDES PINEDA MURILLO Y OSMAN MATUTE RUIZ a la pena de CUATRO (4) AÑOS A ONCE (11) MESES, SIETE (7) DIAS DE RECLUSION.- 2.- CONDENAR al señor JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDARES, como responsables penalmente en concepto de AUTOR del delito consumado de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de DOS (2) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSION. 3.- CONDENAR a los señores MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, como responsables penalmente en concepto de AUTOR del delito consumado de USO PUBLICO DE NOMBRE SUPUESTO, en perjuicio de LA FE PUBLICA, a la pena de (1) AÑO, SEIS (6) MESES, como penas principales y que deberán cumplir en forma sucesiva, comenzando por la que tenga mayor sanción. 4.- CONDENAR a los imputados JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena. 5.- Se declara el comiso del arma de fuego, tipo pistola, CZ calibre 32, serie 668648, la cual es procedente declarar el comiso y obra en poder del Ministerio Publico. 6.- Las penas impuestas, las deberán cumplir los imputados en la Penitenciaria de El Porvenir, Francisco Morazán, computándose el tiempo que ha estado en efectiva prisión preventiva, asimismo deberá realizar trabajos dentro y fuera del establecimiento penal de conformidad con el Sistema Penitenciario establecido.” (Folios 169-173 de la pieza del A-Quo).- 3) En fecha veintiuno (21) de febrero del dos mil dieciocho (2018), la Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, compareció ante el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, solicitando señalamiento de audiencia para la conmuta de pena en efectivo; en consecuencia, en fecha ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado, en atención a dicha solicitud dicta Sentencia Interlocutoria, en la cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO:.- Declarar con lugar la solicitud de conmuta de efectivo planteada a favor de los señores JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ, MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, Y FRANCISCO JAVIER ARGUETA HERNANDEZ por ambos delitos como ser ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS, pagara la cantidad para JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ Y FRANCISCO JAVIER ARGUETA HERNANDEZ, la cantidad de VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (23,750) y en relación a MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA los delitos de ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y USO PUBLICO DE NOMBRE SUPUESTO; por reclusión por cada acción delictiva, señalando en consecuencia como cuantía de conmuta la cantidad de VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.21,000.00), cantidad que deberá hacer efectiva a favor de la Tesorería General de la Republica en cualquier Institución del Sistema Financiero del País. SEGUNDO: Líbrese el oficio correspondiente a cualquier Institución Bancaria para que se reciba a favor de la Tesorería General de la Republica las cantidades antes señaladas en concepto de conmuta en la causa contra los señores JOSE LORENZO ALMENDAREZ, MIGUEL ANGEL FAJARDO, FRANCISCO JAVIER ARGUETA RAMIREZ. CUARTO: Que una vez acreditado mediante el recibo correspondiente, el pago de la cuantía establecida por este Juzgado se libre la carta de libertad a favor de los condenados JOSE LORENZO ALMENDAREZ, MIGUEL ANGEL FAJARDO, FRANCISCO JAVIER ARGUETA, sin perjuicio de las penas accesorias que deberán cumplirse en los términos establecidos en la sentencia. -” (Folios 239 y 284-286 de la pieza del A-Quo).- 4) Que conociendo de un Recurso de Apelación interpuesto por la Agente de Tribunales del Ministerio Público Abogada ROSA EVA RAMIREZ PONCE, la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, dicto resolución en fecha once (11) de Septiembre de dos mil dieciocho (2018), en la cual Resolvió: “1) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Agente Fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia interlocutoria de fecha ocho (8) de Marzo de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial de San Pedro.- 2) CONFIRMAR la sentencia interlocutoria mediante la cual se otorga conmuta de las penas de reclusión impuestas a los condenados JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ, MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA Y FRANCISCO JAVIER ARGUETA HERNANDEZ por el delito de ROBO AGRAVADO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de IVAN ARISTIDES PINEDA MURILLO y OSMAN MATUTE RUIZ; JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ Y FRANCISCO JAVIER ARGUETA HERNANDEZ por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA por el delito de USO PUBLICO DE NOMBRE SUPUESTO en perjuicio de LA FE PUBLICA.-” (Folios 13 al 16 de la pieza del Ad-Quem).- 5) Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha siete (07) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–5 del Presente Recurso)- 6) Que en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 24 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la Demanda Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018), con relación a un beneficio de conmuta otorgado en la causa que se instruyó contra los Señores JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ, FRANCISCO JAVIER ARGUETA RAMIREZ Y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, por los delitos de ROBO AGRAVADO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de los señores IVAN ARISTIDES PINEDA MURILLO Y OTROS, Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha siete (07) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, ya que a los condenados se le otorgó el beneficio de conmuta por diferentes delitos que fueron condenados, resultando con ello, ilusoria la pena impuesta por uno de los delitos, lo cual no puede ser previsto como una omisión del Juez Sentenciador, al no haberse establecido una sumatoria, pues ya el Artículo 35 del Código penal establece la forma en que se deben cumplir las penas, pues tal aspecto no está por encima del Artículo 35 del Código Penal inobserva el Artículo 141 del Código Procesal penal, ni por lo previsto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la Republica. Por ende, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones vulnera el principio del Debido Proceso y Principio de Legalidad, al obviar lo establecido por el Artículo 35 del Código Penal, el cual, sin ningún margen de duda determina claramente la naturaleza del concurso real de delitos.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha once (11) de septiembre dos mil dieciocho (2018), que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que el Juez de Ejecución no puede cambiar ni variar la sentencia y establecer que no procede la conmuta en virtud de que las penas sumadas por los delitos a que resultó condenado cada uno de los imputados supera cinco años, las cuales no fueron impuestas así por el órgano sentenciador, no son conmutables, ello es una apreciación incorrecta de parte del Ministerio Publico; ya que no fueron así impuestas así las penas a las que sentenció el Juzgador; y, por ende no puede sumarlas el Juez de ejecución, pues solamente vía Casación o apelación se puede cambiar una sentencia.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que, la Sala de lo Constitucional considera, que no habiéndose vulnerado los derechos constitucionales invocados por la Garantista, respecto a las falencias de motivación que dictara la Alzada; esta se adecua sobre bases de sustancial compatibilidad respecto a los principios generales del derecho penal, desarrollando así el ámbito y alcance del principio de legalidad en la ejecución de las sentencias penales,[2] con particular referencia a la pluralidad de supuestos que informan la literalidad del artículo 35 del Código Penal, con relación al 61 del mismo Código y demás aplicables en la problemática jurídica expuesta; con relación a la taxatividad que se exige para la efectiva vigencia del derecho penal material, inter alia; tal y como ha quedado asentado por esta Sala en anteriores ocasiones. Por todo lo cual, y para el solo efecto que queda expresado, procede estimar el mérito que corresponde a la presente acción de amparo.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar Sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018), con relación a un beneficio de conmuta otorgado en la causa que se instruyó contra los Señores JOSE LORENZO RAMIREZ ALMENDAREZ, FRANCISCO JAVIER ARGUETA RAMIREZ Y MIGUEL ANGEL FAJARDO ZUNIGA, por los delitos de ROBO AGRAVADO EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de los señores IVAN ARISTIDES PINEDA MURILLO Y OTROS, Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos ml veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0839-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] En consonancia con el saber dogmático que es tan propio de la jurisdicción penal, en aras la obtención de la seguridad jurídica, sobre lo cual es frecuentemente citada la fórmula sistemática entre doctrina y legislación penal de Claus Roxin y la conceptualización que realizara Enrique Gimbernat Ordeig, siempre respecto a la función de la dogmática jurídico-penal, la cual: “… hace posible (…) al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del Derecho Penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la imprevisión. Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerá del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución. Si no se conocen los límites de un tipo penal, si no se ha establecido dogmáticamente su alcance, la punición o impunidad de una conducta no será la actividad ordenada y meticulosa que debería ser, sino una cuestión de lotería”. Citado por LLOBET RODRÍGUEZ, Javier, en: La teoría del delito en la dogmática penal costarricense. Editorial Jurídica Continental, San José, C.R., 2002. Págs. 35-6.
[2] En consonancia con el saber dogmático que es tan propio de la jurisdicción penal, en aras la obtención de la seguridad jurídica, sobre lo cual es frecuentemente citada la fórmula sistemática entre doctrina y legislación penal de Claus Roxin y la conceptualización que realizara Enrique Gimbernat Ordeig, siempre respecto a la función de la dogmática jurídico-penal, la cual: “… hace posible (…) al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del Derecho Penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la imprevisión. Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerá del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución. Si no se conocen los límites de un tipo penal, si no se ha establecido dogmáticamente su alcance, la punición o impunidad de una conducta no será la actividad ordenada y meticulosa que debería ser, sino una cuestión de lotería”. Citado por LLOBET RODRÍGUEZ, Javier, en: La teoría del delito en la dogmática penal costarricense. Editorial Jurídica Continental, San José, C.R., 2002. Págs. 35-6.