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Sentencia AP-836-20 — Registro 13038

Resumen

Recurrente interpone una consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional para que conozca sobre la sentencia de amparo dictada por la Corte de Apelaciones en la que se resuelve que las víctimas de violación especial y robo vuelvan nuevamente a declarar en el proceso, dejando sin efecto las declaraciones previas rendidas mediante la modalidad de prueba preconstituida. Es así que la Sala OTORGA la garantía constitucional en virtud de haberse violentado en perjuicio de las testigos A y B (o victimas), los derechos constitucionales de defensa, igualdad o no discriminación en virtud de su derecho a vivir una vida sin violencia (victimización secundaria), debido proceso, dignidad e integridad personal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “Examen del objeto de la sentencia que se conoce en la presente consulta obligatoria y de la garantía constitucional de amparo que la motiva. La Sala de lo Constitucional luego de examinar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, el objeto o motivo de amparo y la normativa legal, constitucional y convencional involucrada, estima que procede amparar a fin de garantizar los derechos humanos de las testigos A y B con relación al mandato de que vuelvan nuevamente a declarar en el proceso, dejando sin efecto las declaraciones previas rendidas mediante la modalidad de prueba preconstituida. Para este alto tribunal, resulta claro que aunque la corte de apelaciones hizo una correcta valoración de la ley, estimando que existe una causa para no admitir o sobreseer la presente garantía constitucional de amparo, existen elementos para prever la grave revictimización de las testigos A y B, en caso de que se les obligue a declarar y repetir sus respectivas declaraciones; en virtud de que, si bien es cierto son testigos que pueden dar razón de los hechos juzgados en el proceso, tiene el carácter de ser presuntamente las víctimas del delito violación sexual. Los juzgadores deben ser sensibles al hecho de que su condición de víctimas debe en este caso valer para evitarles el revictimizante acto de comparecer nuevamente ante un órgano jurisdiccional del Estado, para nuevamente responder preguntas que le podrían hacer revivir hechos que le han afectado gravemente en su vida y persona. Asimismo, someterla una vez más a cuestionamientos y el encaramiento con los presuntos hechores, presentes en la sala al momento de la audiencia de juicio. A menos que sea extremadamente necesario para la defensa de los imputados, o para la misma causa de las víctimas, los juzgadores no deben exigir la comparecencia revictimizante de las supuestas agraviadas por un delito contra la libertad sexual o de cualquier otra índole que constituya un acto de violencia contra la mujer. El llamado judicial a prestar nuevamente declaración a este tipo de víctimas, debe hacerse únicamente si existe justificación suficiente y concreta; es decir, sólo si se demuestra o alega una razón especifica que haga imperiosa la necesidad de repetir la comparecencia de la víctima. Los juzgadores entonces deberán permitirlo, pero debiendo hacer una convincente justificación que demuestre la necesidad insoslayable de aclarar algunos elementos que son importantísimos para el resultado final de su fallo, de lo contrario deberá abstenerse. En este mismo sentido, de darse la nueva comparecencia, el juez o tribunal deberá proveer de todas las condiciones que sean necesarias para evitar la revictimización; tanto la Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, como las Reglas de Brasilia (Vid. Ut supra) dan buenos ejemplos del tipo de previsiones que se deben de implementar. En conclusión, el tribunal de sentencia o en su caso el juez de letras debe estar consciente en evitar la denominada victimización secundaria, convirtiendo el proceso penal, que debería ser un medio de reparación y un medio para hacer justicia, un calvario de molestias que acentúan el carácter violento de los hechos sufridos. En consecuencia, en este caso procede otorgar el amparo solicitada, ordenando al tribunal de sentencia que conoce el juicio abstenerse de hacer un nuevo llamamiento a las víctimas denominadas testigos A y B. Salvo que, alguna de las partes lo solicite, para lo cual deberá demostrar la extrema necesidad de que se produzca la comparecencia. En cuyo caso el tribunal deberá examinar el asunto cuidando de no cometer un acto de revictimización. Asimismo, con relación al rechazo para practicar sendas pericias de serología y genética, la Sala estima que si bien es cierto el tribunal de sentencia tiene razón en cuanto al hecho de que la ley establece con claridad el momento procesal para la obtención, producción y evacuación de la prueba, también es cierto que la norma procesal no debe ser un impedimento para que las partes provean al juzgador o tribunal de los elementos que son necesarios para un correcto y justo fallo final. La Sala estima que sin que se desnaturalice el proceso y guardando las reglas necesarias para un proceso debido legal, o sea cuidando los derechos de las partes en cuanto a su defensa, igualdad de armas, oportunidad de contradicción, etc., el juzgador penal debe ser más permisivo en la obtención de la prueba, cuando esto no signifique en desmedro de los derechos y garantías judiciales de los encartados, de la víctima o de la sociedad. En el presente caso, este alto tribunal de justicia es del parecer que las pruebas científicas y periciales solicitadas por el agente de tribunales del Ministerio Público, cumplen con todas las características necesarias que toda prueba debe cumplir para su admisión. En virtud de lo cual estima otorgar amparo, siendo procedente revocar la sentencia recurrida, extendiendo el examen de control de convencionalidad al efecto. Por tanto, para la Sala de lo Constitucional procede la revocatoria de la sentencia dictada en este caso por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de la sección judicial del departamento de Cortés, así mismo es procedente otorgar la presente garantía constitucional de amparo, en virtud de que le fueron violentados a las testigos A y B, los derechos constitucionales de defensa, igualdad o no discriminación en virtud de su derecho a vivir una vida sin violencia (victimización secundaria), debido proceso, dignidad e integridad personal.”

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 320 (Rango Constitucional)
  • Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 27 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 4 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

… “En el presente caso, consta en autos que, el objeto de impugnación contra el cual se solicita amparo es el auto dictado el once de junio del año en curso, específicamente en relación con la decisión de no admitir las declaraciones obtenidas mediante el procedimiento de prueba anticipada y que constan en acta de audiencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, las cuales fueron rendidas por las dos mujeres que, en este caso, son las supuestas víctimas de hechos que podrían constituir el delito de violación; y que además, actúan al servicio de la sociedad como testigos protegidos A y B. Del estudio que ha hecho la Sala de lo Constitucional, ésta arriba a la conclusión que el presente asunto es un elemento por juzgar que no debe soslayarse en sede de jurisdicción constitucional, por cuanto, aunque haya transcurrido el plazo legal de dos meses que dispone el artículo de la Ley sobre justicia constitucional, para interponer el generalmente poco efectivo recurso de reposición, es necesario e insoslayable que, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo tome en cuenta además de la literalidad formal de la ley, la importancia de hacer en algunos casos como este, un control de convencionalidad para así garantizar el pleno respeto y mantenimiento de los derechos humanos. Es decir, generalmente ha de cumplirse la formalidad de agotamiento previo de recursos, como un requisito legalmente previsto para acudir en amparo; sin embargo, existen casos en que el juzgador constitucional, atendiendo a la magnitud del impacto de la presunta violación denunciada, debe hacer prevalecer la obligación voluntariamente contraída de garantizar y proteger los derechos humanos, tal como se expone párrafos más adelante.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “(12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo, se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito. (17) La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se vea gravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad. (18) Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. (19) Se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica. (20) Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones. Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna.(24) Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas: a) ...; b) Los jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de administración de justicia de conformidad con la legislación interna de cada país; c) Los abogados y otros profesionales del derecho, así como los colegios y agrupaciones de abogados; d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de ombudsman. e) Policías y servicios penitenciarios. f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento. (25) Se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad.”

Legislación citada

  • 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, art. 12 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil veinte. VISTA: En consulta obligatoria la sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil veinte, dictada por la honorable Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, mediante la cual se sobreseyó la garantía constitucional de amparo interpuesta por la fiscal del Ministerio Público, abogada GLENDA LEE LÓPEZ MANZANARES, contra la resolución de fecha once de junio del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de sentencias de la sección judicial del departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra los señores JABRIEL WANUERD WELCOME BROOKS, ZANISKI GRANT ZELAYA, MAVERICK MANN SAUNDERS y JEREMY TJ AVILA DILBERT, por suponerlos responsables del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL y ROBO, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS “A” y “B”. Estima el impetrante que se han violentado los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha veinticuatro de julio del año dos mil veinte, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial del departamento Atlántida, la fiscal del Ministerio Público, abogada GLENDA LEE LÓPEZ MANZANARES, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha once de junio del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de sentencias de la sección judicial del departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra los señores JABRIEL WANUERD WELCOME BROOKS, ZANISKI GRANT ZELAYA, MAVERICK MANN SAUNDERS y JEREMY TJ AVILA DILBERT, por suponerlos responsables del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL y ROBO, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS “A” y “B”. (Folios 1 al 6 de la pieza de corte de apelaciones). 2. En fecha nueve de septiembre del año dos mil veinte, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley sobre Justicia Constitucional, la Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Atlántida, dictó el fallo siguiente: “PRIMERO: SOBRESEER LAS PRESENTES DILIGENCIAS, que contienen la acción constitucional de amparo, presentada ante esta Corte Primera de Apelaciones por la abogada GLENDA LEE LÓPEZ MANZANARES, en su condición de fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha once de junio del año dos mil veinte, dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Ceiba, departamento de Atlántida, en el proceso que se le sigue contra los señores JABRIEL WANUERD WELCOME BROOKS, ZANISKI GRANT ZELAYA, MAVERICK MANN SAUNDERS y JEREMY TJ AVILA DILBERT, por suponerlos responsables de los delitos de VIOLACIÓN ESPECIAL y ROBO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “A” TESTIGO PROTEGIDO “B”. SEGUNDO: Que la señora secretaria libre certificación del presente fallo al órgano contra el cual se promovió la acción constitucional para que continúe con el trámite procedente. TERCERO: Remitir en trámite de CONSULTA OBLIGATORIA, para y ante la SALA DE LO CONSTITUCIONAL de la honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA la presente sentencia…” (Folios 44 al 46 de la pieza de corte de apelaciones). 3. En fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, este alto tribunal de justicia recibió para su consulta obligatoria, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el articulo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la argumentación de la honorable Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, que sirvió de base para su decisión de sobreseer la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada mediante sentencia dictada el nueve de septiembre de dos mil veinte decidió sobreseer por unanimidad de votos el amparo de mérito.

La sentencia de dicho tribunal se fundamentó en que, si bien es cierto, el censor asegura en el escrito de interposición de la garantía constitucional de amparo haber agotado previamente el recurso de reposición, mediante la interposición hecha en forma oral y el mismo día de la audiencia de medios de prueba; en realidad, lo que consta en autos, explícitamente en el acta de la audiencia, es que dicho recurso de reposición no se interpuso el día de la audiencia como debió haber sido sino varios días después. El auto que resolvió la admisión de pruebas es de fecha once de junio y la interposición de la reposición es del veintiséis de junio, ambas fechas del presente año. En cuanto al momento procesal oportuno para interponer el recurso de reposición, la corte de apelaciones cita el párrafo segundo del artículo 353 del Código Procesal Penal, según el cual, la interposición del recurso de reposición debió ser tan pronto como se pronunció la correspondiente resolución, y será resuelto también en forma inmediata, a menos que el órgano jurisdiccional opte por resolverlo al final de la audiencia respectiva. En virtud de lo cual, la corte de apelaciones establece que es de aplicación lo dispuesto por el numeral 3 y el párrafo final del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que a la letra dispone: “ARTÍCULO 46. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: … 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; … El órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” Atendiendo entonces a lo anterior, el tribunal ad quem dispuso el sobreseimiento de la presente garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Planteamiento del asunto a tratar en la consulta obligatoria desde el punto de vista de la ley (control legal), de la Constitución de la República (control constitucional) y de las normas internacionales de derechos humanos (control de convencionalidad). La Sala de lo Constitucional al hacer examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta, aunque se encuentra formalmente arreglada a lo que dispone literalmente la ley, resulta procedente su revocatoria. La decisión anterior se justifica y legitima mediante los argumentos y fundamentos normativos y de Derecho que a continuación se exponen. Este alto tribunal de justicia, con los antecedentes que tiene a la vista constata, que la audiencia de proposición de prueba se realizó el once de junio de dos mil veinte y que efectivamente la resolución que dictó en forma oral el tribunal de sentencia no fue impugnada por ninguna de las partes en la misma audiencia, hasta que en fecha veintiséis de junio, el Ministerio Público mediante escrito aparte interpuso recurso de reposición. Si bien es cierto, la decisión del tribunal ad quem es correcta desde el punto de vista formalmente legal, en virtud de que aplica la disposición contenida en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional, no es menos cierto que, a nivel constitucional y convencional existen disposiciones de aplicación jerárquicamente preferente, y que deben hacerse valer frente a toda formalidad legal, para el efectivo mantenimiento y preservación de los derechos humanos y especialmente, la dignidad humana. Honduras es un Estado de derecho, signatario de instrumentos internacionales que son de obligatorio cumplimiento, por cuanto así lo dispuso su soberana voluntad al ratificarlos y hacer sus respectivos depósitos, de acuerdo con las normas de Derecho Internacional Público y la Constitución de la República; teniendo para ello, como propósito, salvaguardar la dignidad que tiene toda persona humana, como entidad tributaria de algunos derechos que son fundamentales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles. En el presente caso, consta en autos que, el objeto de impugnación contra el cual se solicita amparo es el auto dictado el once de junio del año en curso, específicamente en relación con la decisión de no admitir las declaraciones obtenidas mediante el procedimiento de prueba anticipada y que constan en acta de audiencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, las cuales fueron rendidas por las dos mujeres que, en este caso, son las supuestas víctimas de hechos que podrían constituir el delito de violación; y que además, actúan al servicio de la sociedad como testigos protegidos A y B. Del estudio que ha hecho la Sala de lo Constitucional, ésta arriba a la conclusión que el presente asunto es un elemento por juzgar que no debe soslayarse en sede de jurisdicción constitucional, por cuanto, aunque haya transcurrido el plazo legal de dos meses que dispone el artículo de la Ley sobre justicia constitucional, para interponer el generalmente poco efectivo recurso de reposición, es necesario e insoslayable que, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo tome en cuenta además de la literalidad formal de la ley, la importancia de hacer en algunos casos como este, un control de convencionalidad para así garantizar el pleno respeto y mantenimiento de los derechos humanos. Es decir, generalmente ha de cumplirse la formalidad de agotamiento previo de recursos, como un requisito legalmente previsto para acudir en amparo; sin embargo, existen casos en que el juzgador constitucional, atendiendo a la magnitud del impacto de la presunta violación denunciada, debe hacer prevalecer la obligación voluntariamente contraída de garantizar y proteger los derechos humanos, tal como se expone párrafos más adelante. Resultan aplicables en este sentido los artículos 18 y 320 de la Constitución de la República, que a la letra dicen: “Artículo 16. Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno.” “Artículo 18. En caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero.” (control de convencionalidad). “Artículo 320. En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera.” (control de constitucionalidad). El asunto de marras, visto desde la perspectiva de género, tiene una importancia tal, que obliga a este ente juzgador, atender con preeminencia y bajo el auspicio del artículo 320 constitucional, lo que demandan los instrumentos internacionales, entre otros los siguientes: La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará), la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), las Recomendaciones Generales 19 y 33 (2015) del Comité de la CEDAW. Estos instrumentos internacionales contienen disposiciones que deben ser contrastadas con la decisión judicial de amparo que se conoce en la presente consulta obligatoria. A continuación, se citan las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos que se aplican en el caso de mérito: (Se resaltan puntos relevantes mediante letra en negrita y subrayado). 1. La Convención Americana sobre Derechos Humanos:“Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. 1. Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” “Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” “Artículo 5. Derecho a la integridad personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” “Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.” “Artículo 24. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.” “Artículo 25. Protección judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, …”. 2. La Convención de Viena sobre los tratados. “27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.” 3. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención do Pará): “Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.” “Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.” “Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: … b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral … e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; …”“Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; …” 4. La Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW): “Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” “Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: … c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;…” 5. Las Recomendaciones generales 19 y 33 (2015) del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de la CEDAW: Recomendación general No. 19 “1. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. … 6. El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia. … 24. A la luz de las observaciones anteriores, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda que: a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo. b) Los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención. …” Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. 1. El derecho de acceso de las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos los derechos protegidos en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un elemento fundamental del estado de derecho y la buena gobernanza, junto con la independencia, la imparcialidad, la integridad y la credibilidad de la judicatura, la lucha contra la impunidad y la corrupción, y la participación en pie de igualdad de la mujer en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley. El derecho de acceso a la justicia es pluridimensional. Abarca la justiciabilidad, la disponibilidad, el acceso, la buena calidad, el suministro de recursos jurídicos para las víctimas y la rendición de cuentas de los sistemas de justicia. A los fines de la presente recomendación general, todas las referencias a la “mujer” debe entenderse que incluyen a las mujeres y las niñas, a menos que se indique específicamente otra cosa. 2. En la presente recomendación general, el Comité examina las obligaciones de los Estados partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia. Esas obligaciones abarcan la protección de los derechos de la mujer contra todas las formas de discriminación a fines de empoderarlas como individuos y titulares de derechos. El acceso efectivo a la justicia optimiza el potencial de emancipación y de transformación del derecho. 3. En la práctica, el Comité ha observado una serie de obstáculos y restricciones que impiden a la mujer realizar su derecho de acceso a la justicia en pie de igualdad, incluida una falta de protección jurisdiccional efectiva de los Estados partes en relación con todas las dimensiones del acceso a la justicia. Esos obstáculos se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, los procedimientos interseccionales o compuestos de discriminación y las prácticas y los requisitos en materia probatoria, y al hecho de que no ha asegurado sistemáticamente que los mecanismos judiciales son física, económica, social y culturalmente accesibles a todas las mujeres. Todos estos obstáculos constituyen violaciones persistentes de los derechos humanos de las mujeres. 14. Hay seis componentes esenciales y relacionados entre sí ―justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, rendición de cuenta de los sistemas de justicia y suministro de recursos a las víctimas― que son necesarios para asegurar el acceso a la justicia. Si bien es cierto que las diferencias en las condiciones jurídicas, sociales, culturales, políticas y económicas prevalecientes exigirán una aplicación diferenciada de estas características en cada Estado parte, los elementos básicos del criterio son su aplicación universal e inmediata. Por consiguiente: a) La justiciabilidad requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, así como la capacidad y el poder para reclamar sus derechos en virtud de la Convención como derechos jurídicos;… b) La disponibilidad exige el establecimiento de tribunales y otros órganos cuasi judiciales o de otro tipo en todo el Estado parte, tanto en zonas urbanas como rurales y remotas, y su mantenimiento y financiación; c) La accesibilidad requiere que los sistemas de justicia, … y sean adaptados y apropiados a las necesidades de las mujeres, incluidas las que hacen frente a formas interseccionales o compuestas de discriminación; d) La buena calidad de los sistemas de justicia requiere que todos los componentes del sistema se ajusten a las normas internacionales de competencia, eficiencia, independencia e imparcialidad y provean, de manera oportuna, recursos apropiados y efectivos que se ejecuten y den lugar a una resolución sostenible de la controversia que tengan en cuenta las cuestiones de género para todas las mujeres. Requiere también que los sistemas de justicia se enmarquen en un contexto, sean dinámicos, de participación, abiertos a las medidas innovadoras prácticas, sensibles a las cuestiones de género y tengan en cuenta las crecientes demandas de justicia que plantean las mujeres; e) La aplicación de recursos requiere que los sistemas de justicia ofrezcan a las mujeres una protección viable y una reparación significativa de cualquier daño que puedan haber sufrido (véase el artículo 2 de la Convención); y f) La rendición de cuentas de los sistemas de justicia se garantiza mediante la vigilancia de su funcionamiento para garantizar que funcionen conforme a los principios de justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, y aplicación de recursos. La rendición de cuentas de los sistemas de justicia se refiere también a la vigilancia de las acciones de los profesionales que actúan en ellos y su responsabilidad jurídica en caso de que violen la ley. 15. Respecto de la justiciabilidad, el Comité recomienda que los Estados parte: … c) Aseguren que los profesionales de los sistemas de justicia tramiten los casos teniendo en cuenta las cuestiones de género; … 18. En cuanto a la buena calidad de los sistemas de justicia, el Comité recomienda que los Estados partes: … f) Cuando sea necesario para proteger la privacidad, seguridad y otros derechos humanos de las mujeres, garanticen que, de conformidad con los principios de un juicio justo, los procedimientos jurídicos se puedan realizar de manera privada en todo o en parte, o se pueda prestar testimonio desde lugares remotos o mediante equipo de telecomunicaciones, de tal modo que sólo las partes interesadas tengan acceso a su contenido. También debe permitirse el uso de seudónimos u otras medidas para proteger sus identidades durante todas las etapas del proceso judicial. Los Estados partes deben garantizar la posibilidad de tomar medidas para proteger la privacidad y la imagen de las víctimas, prohibiendo la captura y transmisión de imágenes, en casos en que ello pueda violar la dignidad, la condición emocional y la seguridad de niñas y mujeres; y g) Protejan a las mujeres querellantes, testigos, demandadas y reclusas contra amenazas, hostigamiento y otras clases de daños durante y después de las actuaciones judiciales y proporcionen los presupuestos, recursos, orientaciones y vigilancia, así como los marcos legislativos necesarios para garantizar que las medidas de protección funcionen de manera efectiva. 22. Las mujeres, no obstante, hacen frente a muchas dificultades para obtener acceso a la justicia como resultado de la discriminación directa e indirecta, según la definición del párrafo 16 de la recomendación general Núm. 28 sobre las obligaciones básicas de los Estados partes en virtud del artículo 2 de la Convención. Esa desigualdad no sólo es aparente en el contenido discriminatorio y/o las consecuencias discriminatorias de las leyes, los reglamentos, los procedimientos, la jurisprudencia y las prácticas, sino también en la falta de capacidad y conocimientos de las instituciones judiciales y cuasi judiciales para tratar adecuadamente de las violaciones de los derechos humanos de la mujer. En su recomendación general Núm. 28, el Comité, por lo tanto, señala que las instituciones judiciales deben aplicar el principio de la igualdad sustantiva o de facto consagrada en la Convención y deben interpretar las leyes, incluidas las leyes nacionales, religiosas y consuetudinarias, de conformidad con esa obligación. El artículo 15 de la Convención abarca las obligaciones de los Estados partes de asegurar que las mujeres disfruten de una igualdad sustantiva con los hombres en todas las esferas de la ley. 23. Muchas de las observaciones finales y opiniones del Comité en virtud del Protocolo Facultativo, sin embargo, demuestran que las normas probatorias y de procedimiento discriminatorias y una falta de diligencia debida en la prevención, investigación, enjuiciamiento, castigo y provisión de recursos por violaciones de los derechos de la mujer dan por resultado el desacato de las obligaciones de asegurar que la mujer tenga igualdad de acceso a la justicia. 25. El Comité recomienda que los Estados partes: a) Garanticen que el principio de igualdad ante la ley tenga efecto mediante la adopción de medidas para abolir todas las leyes, procedimientos, reglamentaciones, jurisprudencia y prácticas existentes que discriminen directa o indirectamente contra la mujer, especialmente en cuanto a su acceso a la justicia, y supriman los obstáculos discriminatorios al acceso a la justicia, entre otros: i) La obligación y/o la necesidad de que las mujeres tengan que pedir permiso a sus familias o comunidades antes de iniciar acciones judiciales; ii) La estigmatización de las mujeres que luchan por sus derechos por participar activamente en el sistema de justicia; iii) Las normas de corroboración que discriminan contra las mujeres como testigos, querellantes y demandadas exigiendo que cumplan con una carga de la prueba superior a la de los hombres a fin de establecer un delito o solicitar un recurso; iv) Los procedimientos que excluyen o atribuyen un valor inferior al testimonio de las mujeres; v) La falta de medidas para asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres durante la preparación y la tramitación del caso, y con posterioridad a este; vi) La gestión inadecuada del caso y de la reunión de pruebas en las causas presentadas por mujeres que dan por resultado fallas sistemáticas en la investigación del caso; vii) Los obstáculos con los que se tropieza en la reunión de elementos probatorios relacionados con las violaciones de los derechos de las mujeres que se producen en línea y por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones y las nuevas redes sociales; b) Aseguren que las niñas cuentan con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles y que en sus denuncias y mecanismos de presentación de informes tienen en cuenta la situación de los niños. Esos mecanismos deben establecerse de conformidad con normas internacionales, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño; y velar también porque esos mecanismos estén integrados por funcionarios debidamente capacitados y eficaces, en una forma que tenga en cuenta las cuestiones de género, de conformidad con la observación general Núm. 14 del Comité de los Derechos del Niño de modo que el interés superior de las niñas involucradas sea una consideración primordial; 26. Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. Los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos. Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa. Esto tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad. En todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. 27. Los jueces, magistrados y árbitros no son los únicos agentes del sistema de justicia que aplican, refuerzan y perpetúan los estereotipos. Los fiscales, los encargados de hacer cumplir la ley y otros agentes suelen permitir que los estereotipos influyan en las investigaciones y los juicios, especialmente en casos de violencia basados en el género, y dejar que los estereotipos socaven las denuncias de las víctimas y los supervivientes y, al mismo tiempo, apoyan las defensas presentadas por el supuesto perpetrador. Por consiguiente, los estereotipos están presentes en todas las fases de la investigación y del juicio, y por último influyen en la sentencia. 28. Las mujeres tienen que poder confiar en un sistema judicial libre de mitos y estereotipos y en una judicatura cuya imparcialidad no se vea comprometida por esos supuestos sesgados. La eliminación de los estereotipos judiciales en los sistemas de justicia es una medida esencial para asegurar la igualdad y la justicia para las víctimas y los supervivientes. 29. El Comité recomienda que los Estados partes: a) Tomen medidas, incluidas las de concienciación y fomento de la capacidad de todos los agentes de los sistemas de justicia y de los estudiantes de derecho, para eliminar los estereotipos de género e incorporar una perspectiva de género en todos los aspectos del sistema de justicia; b) Incluyan a otros profesionales, en particular los profesionales de la salud y los trabajadores sociales, que cumplen una función importante en los casos de violencia contra las mujeres y en cuestiones de familia, en estos programas de concienciación y fomento de la capacidad; c) Aseguren que los programas de fomento de la capacidad traten, en particular: i) La cuestión de la credibilidad y la ponderación dada a las opiniones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, en su calidad de partes y testigos; ii) Las normas inflexibles que suelen elaborar los jueces y fiscales acerca de lo que consideran un comportamiento apropiado de las mujeres; d) Consideren la promoción de un diálogo sobre los efectos negativos de los estereotipos y los sesgos de género en el sistema judicial y la necesidad de mejorar los resultados de la justicia para las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia; e) Aumenten la comprensión de los efectos negativos de los estereotipos y los sesgos de género y alienten el fomento relacionado con la fijación de estereotipos y sesgos de género en los sistemas de justicia, especialmente en los casos de violencia basados en el género; y f) Apliquen medidas de fomento de la capacidad para jueces, fiscales, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales relacionados con los derechos humanos, incluida la Convención y la jurisprudencia establecida por el Comité, y sobre la aplicación de leyes que prohíban la discriminación contra la mujer. 42. El Comité recomienda que los Estados partes: a) … b) Incorporen plenamente el derecho internacional de los derechos humanos en sus marcos constitucionales cuando las disposiciones del derecho internacional no se apliquen directamente, a fin de garantizar de forma eficaz el acceso de las mujeres a la justicia; y c) Creen las estructuras necesarias para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de mecanismos de supervisión y revisión judicial encargados de supervisar la aplicación de todos los derechos fundamentales, incluido el derecho a la igualdad sustantiva entre los géneros. 47. El derecho penal es particularmente importante para garantizar que la mujer puede ejercer sus derechos humanos, incluido su derecho de acceso a la justicia, sobre la base de la igualdad. Los Estados partes están obligados, en virtud de los artículos 2 y 15 de la Convención, a asegurar que las mujeres cuenten con la protección y los recursos ofrecidos por el derecho penal y que no estén expuestas a discriminación en el contexto de esos mecanismos, ya sea como víctimas o perpetradoras de actos delictivos. 49. Las mujeres también resultan desproporcionadamente penalizadas debido a su situación o condición, por ejemplo, las mujeres que practican la prostitución, las mujeres migrantes acusadas de adulterio, las lesbianas, las bisexuales, las personas intersexuales y las mujeres que se someten a abortos o las mujeres que pertenecen a otros grupos que hacen frente a discriminación. 51. El Comité recomienda que los Estados partes: a) Ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer reparación por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea perpetrados por agentes estatales o no estatales; b) Garanticen que la prescripción se ajusta a los intereses de las víctimas; c) Tomen medidas eficaces para proteger a las mujeres contra la victimización secundaria en su interacción con las fuerzas del orden y las autoridades judiciales y consideren la posibilidad de establecer dependencias especializadas en cuestiones de género dentro de las fuerzas del orden y los sistemas penales y de enjuiciamiento; d) Tomen medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo que aliente a las mujeres a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos contra ellas y participar activamente en los procesos de la justicia penal; y tomen medidas para prevenir las represalias contra las mujeres que recurren al sistema de justicia. Deben tratar de establecer un sistema de consultas con grupos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil para elaborar leyes, políticas y programas en esta esfera; e) Tomen medidas, incluida la promulgación de legislación, para proteger a la mujer contra delitos leves y delitos cibernéticos; f) Se abstengan de condicionar el suministro de apoyo y asistencia a las mujeres, incluso concediéndoles permisos de residencia, a la cooperación con las autoridades judiciales en casos de trata de personas y delincuencia organizada; g) Utilicen un criterio confidencial y con una perspectiva de género para evitar la estigmatización durante todas las actuaciones judiciales, incluida la victimización secundaria en casos de violencia, durante el interrogatorio, la reunión de pruebas y otros procedimientos relacionados con la investigación; h) Revisen las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer. Se deben adoptar medidas, teniendo debidamente en cuenta los derechos a un juicio justo de las víctimas y los defensores en los procedimientos penales, para asegurar que no se restrinjan excesivamente los requisitos probatorios, y que no sean excesivamente inflexibles o estén influenciados por estereotipos de género; i) Mejoren la respuesta de su justicia penal a la violencia en el hogar, lo que se puede hacer mediante el registro de las llamadas de emergencia, tomando pruebas fotográficas de la destrucción de bienes, así como señales de violencia; y los informes de los médicos o trabajadores sociales, que pueden demostrar cómo la violencia, aun cuando se cometa sin testigos, tiene efectos materiales sobre el bienestar físico, mental y social de las víctimas; j) Adopten medidas para garantizar que las mujeres no se vean sometidas a demoras indebidas en sus solicitudes de protección y que todos los casos de discriminación basada en el género comprendidos en el derecho penal, incluida la violencia, sean tramitados de manera oportuna e imparcial; k) Elaboren protocolos para la policía y los proveedores de servicios de salud relativos a la reunión y conservación de las pruebas forenses en casos de violencia contra la mujer; y capaciten a un número suficiente de funcionarios forenses, de policía y jurídicos para investigar de manera competente los actos delictivos; l) Eliminen la tipificación como delito discriminatoria y revisen y supervisen todos los procedimientos judiciales para garantizar que no discriminen directa o indirectamente contra la mujer; … 6. Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.[4] “(1) Las presentes reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. (2) Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. Asimismo se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas. (3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. (4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. (10) A efectos de las presentes reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa. (11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta. (12) Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo, se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito. (17) La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad. (18) Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. (19) Se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica. (20) Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones. Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna.(24) Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas: a) …; b) Los jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de administración de justicia de conformidad con la legislación interna de cada país; c) Los abogados y otros profesionales del derecho, así como los colegios y agrupaciones de abogados; d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de ombudsman. e) Policías y servicios penitenciarios. f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.(25) Se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad.(26) Se promoverán actuaciones destinadas a proporcionar información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. (27) Se incentivará la participación de funcionarios y operadores del sistema de justicia en la labor de diseño, divulgación y capacitación de una cultura cívica jurídica, en especial de aquellas personas que colaboran con la administración de justicia en zonas rurales y en áreas desfavorecidas de las grandes ciudades. (33) Se revisarán las reglas de procedimiento para facilitar el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad, adoptando aquellas medidas de organización y de gestión judicial que resulten conducentes a tal fin. (37) Anticipo jurisdiccional de la prueba. Se recomienda la adaptación de los procedimientos para permitir la práctica anticipada de la prueba en la que participe la persona en condición de vulnerabilidad, para evitar la reiteración de declaraciones, e incluso la práctica de la prueba antes del agravamiento de la discapacidad o de la enfermedad. A estos efectos, puede resultar necesaria la grabación en soporte audiovisual del acto procesal en el que participe la persona en condición de vulnerabilidad, de tal manera que pueda reproducirse en las sucesivas instancias judiciales. (50) Se velará para que en toda intervención en un acto judicial se respete la dignidad de la persona en condición de vulnerabilidad, otorgándole un trato específico adecuado a las circunstancias propias de su situación. (51) Se promoverán las condiciones destinadas a garantizar que la persona en condición de vulnerabilidad sea debidamente informada sobre los aspectos relevantes de su intervención en el proceso judicial, en forma adaptada a las circunstancias determinantes de su vulnerabilidad.(52) Cuando la persona vulnerable participe en una actuación judicial, en cualquier condición, será informada sobre los siguientes extremos: La naturaleza de la actuación judicial en la que va a participar. Su papel dentro de dicha actuación. El tipo de apoyo que puede recibir en relación con la concreta actuación, así como la información de qué organismo o institución puede prestarlo.(53) Cuando sea parte en el proceso, o pueda llegar a serlo, tendrá derecho a recibir aquella información que resulte pertinente para la protección de sus intereses. Dicha información deberá incluir al menos: · El tipo de apoyo o asistencia que puede recibir en el marco de las actuaciones judiciales. · Los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso. · La forma y condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jurídico o a la asistencia técnico-jurídica gratuita en los casos en los que esta posibilidad sea contemplada por el ordenamiento existente. · El tipo de servicios u organizaciones a las que puede dirigirse para recibir apoyo. (54) Se deberá prestar la información desde el inicio del proceso y durante toda su tramitación, incluso desde el primer contacto con las autoridades policiales cuando se trate de un procedimiento penal.(55) La información se prestará de acuerdo a las circunstancias determinantes de la condición de vulnerabilidad, y de manera tal que se garantice que llegue a conocimiento de la persona destinataria. Se resalta la utilidad de crear o desarrollar oficinas de información u otras entidades creadas al efecto. Asimismo resultan destacables las ventajas derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías para posibilitar la adaptación a la concreta situación de vulnerabilidad.(56) Se promoverá que las víctimas reciban información sobre los siguientes elementos del proceso jurisdiccional: · Posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido. · Lugar y modo en que pueden presentar una denuncia o escrito en el que ejercite una acción. · Curso dado a su denuncia o escrito. · Fases relevantes del desarrollo del proceso. Resoluciones que dicte el órgano judicial. (57) Cuando exista riesgo para los bienes jurídicos de la víctima, se procurará informarle de todas las decisiones judiciales que puedan afectar a su seguridad y, en todo caso, de aquéllas que se refieran a la puesta en libertad de la persona inculpada o condenada, especialmente en los supuestos de violencia intrafamiliar. (58) Se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda comprender su alcance y significado. (59) En las notificaciones y requerimientos, se usarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad incluidas en estas reglas. Asimismo, se evitarán expresiones o elementos intimidatorios, sin perjuicio de las ocasiones en que resulte necesario el uso de expresiones conminatorias.(60) En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. (61) Se fomentarán los mecanismos necesarios para que la persona en condición de vulnerabilidad comprenda los juicios, vistas, comparecencias y otras actuaciones judiciales orales en las que participe, …(62) Se velará para que la comparecencia en actos judiciales de una persona en condición de vulnerabilidad se realice de manera adecuada a las circunstancias propias de dicha condición.(63) Con carácter previo al acto judicial, se procurará proporcionar a la persona en condición de vulnerabilidad información directamente relacionada con la forma de celebración y contenido de la comparecencia, ya sea sobre la descripción de la sala y de las personas que van a participar, ya sea destinada a la familiarización con los términos y conceptos legales, así como otros datos relevantes al efecto. (64) Previa a la celebración del acto. Se procurará la prestación de asistencia por personal especializado (profesionales en psicología, trabajo social, intérpretes, traductores u otros que se consideren necesarios) destinada a afrontar las preocupaciones y temores ligados a la celebración de la vista judicial.(65) Durante el acto judicial. Cuando la concreta situación de vulnerabilidad lo aconseje, la declaración y demás actos procesales se llevarán a cabo con la presencia de un profesional, cuya función será la de contribuir a garantizar los derechos de la persona en condición de vulnerabilidad. También puede resultar conveniente la presencia en el acto de una persona que se configure como referente emocional de quien se encuentra en condición de vulnerabilidad.(66) Resulta conveniente que la comparecencia tenga lugar en un entorno cómodo, accesible, seguro y tranquilo. (67) Para mitigar o evitar la tensión y angustia emocional, se procurará evitar en lo posible la coincidencia en dependencias judiciales de la víctima con el inculpado del delito; así como la confrontación de ambos durante la celebración de actos judiciales, procurando la protección visual de la víctima. (68) Se procurará que la persona vulnerable espere el menor tiempo posible para la celebración del acto judicial. (69) Es aconsejable evitar comparecencias innecesarias, de tal manera que solamente deberán comparecer cuando resulte estrictamente necesario conforme a la normativa jurídica. Se procurará asimismo la concentración en el mismo día de la práctica de las diversas actuaciones en las que deba participar la misma persona. (70) Se recomienda analizar la posibilidad de preconstituir la prueba o anticipo jurisdiccional de la prueba, cuando sea posible de conformidad con el Derecho aplicable. (71) En determinadas ocasiones podrá procederse a la grabación en soporte audiovisual del acto, cuando ello pueda evitar que se repita su celebración en sucesivas instancias judiciales. (72) Se procurará adaptar el lenguaje utilizado a las condiciones de la persona en condición de vulnerabilidad, tales como la edad, el grado de madurez, el nivel educativo, la capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las condiciones socioculturales. Se debe procurar formular preguntas claras, con una estructura sencilla.(73) Quienes participen en el acto de comparecencia deben evitar emitir juicios o críticas sobre el comportamiento de la persona, especialmente en los casos de víctimas del delito. (74) Cuando sea necesario se protegerá a la persona en condición de vulnerabilidad de las consecuencias de prestar declaración en audiencia pública, podrá plantearse la posibilidad de que su participación en el acto judicial se lleve a cabo en condiciones que permitan alcanzar dicho objetivo, incluso excluyendo su presencia física en el lugar del juicio o de la vista, siempre que resulte compatible con el Derecho del país. A tal efecto, puede resultar de utilidad el uso del sistema de videoconferencia o del circuito cerrado de televisión. (75) Se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva de los bienes jurídicos de las personas en condición de vulnerabilidad que intervengan en el proceso judicial en calidad de víctimas o testigos; así como garantizar que la víctima sea oída en aquellos procesos penales en los que estén en juego sus intereses.(76) Se prestará especial atención en aquellos supuestos en los que la persona está sometida a un peligro de victimización reiterada o repetida, tales como víctimas amenazadas en los casos de delincuencia organizada, menores, víctimas de abuso sexual o malos tratos, y mujeres víctimas de violencia dentro de la familia o de la pareja. (80) Cuando el respeto de los derechos de la persona en condición de vulnerabilidad lo aconseje, podrá plantearse la posibilidad de que las actuaciones jurisdiccionales orales y escritas no sean públicas, de tal manera que solamente puedan acceder a su contenido las personas involucradas. (81) Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía o en vídeo, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad. (82) En todo caso, no debe estar permitida la toma y difusión de imágenes en relación con los niños, niñas y adolescentes, por cuanto afecta de forma decisiva a su desarrollo como persona. (83) En las situaciones de especial vulnerabilidad, se velará para evitar toda publicidad no deseada de los datos de carácter personal de los sujetos en condición de vulnerabilidad. (84) Se prestará una especial atención en aquellos supuestos en los cuales los datos se encuentran en soporte digital o en otros soportes que permitan su tratamiento automatizado. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen del objeto de la sentencia que se conoce en la presente consulta obligatoria y de la garantía constitucional de amparo que la motiva. La Sala de lo Constitucional luego de examinar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria, el objeto o motivo de amparo y la normativa legal, constitucional y convencional involucrada, estima que procede amparar a fin de garantizar los derechos humanos de las testigos A y B con relación al mandato de que vuelvan nuevamente a declarar en el proceso, dejando sin efecto las declaraciones previas rendidas mediante la modalidad de prueba preconstituida. Para este alto tribunal, resulta claro que aunque la corte de apelaciones hizo una correcta valoración de la ley, estimando que existe una causa para no admitir o sobreseer la presente garantía constitucional de amparo, existen elementos para prever la grave revictimización de las testigos A y B, en caso de que se les obligue a declarar y repetir sus respectivas declaraciones; en virtud de que, si bien es cierto son testigos que pueden dar razón de los hechos juzgados en el proceso, tiene el carácter de ser presuntamente las víctimas del delito violación sexual. Los juzgadores deben ser sensibles al hecho de que su condición de víctimas debe en este caso valer para evitarles el revictimizante acto de comparecer nuevamente ante un órgano jurisdiccional del Estado, para nuevamente responder preguntas que le podrían hacer revivir hechos que le han afectado gravemente en su vida y persona. Asimismo, someterla una vez más a cuestionamientos y el encaramiento con los presuntos hechores, presentes en la sala al momento de la audiencia de juicio. A menos que sea extremadamente necesario para la defensa de los imputados, o para la misma causa de las víctimas, los juzgadores no deben exigir la comparecencia revictimizante de las supuestas agraviadas por un delito contra la libertad sexual o de cualquier otra índole que constituya un acto de violencia contra la mujer. El llamado judicial a prestar nuevamente declaración a este tipo de víctimas, debe hacerse únicamente si existe justificación suficiente y concreta; es decir, sólo si se demuestra o alega una razón especifica que haga imperiosa la necesidad de repetir la comparecencia de la víctima. Los juzgadores entonces deberán permitirlo, pero debiendo hacer una convincente justificación que demuestre la necesidad insoslayable de aclarar algunos elementos que son importantísimos para el resultado final de su fallo, de lo contrario deberá abstenerse. En este mismo sentido, de darse la nueva comparecencia, el juez o tribunal deberá proveer de todas las condiciones que sean necesarias para evitar la revictimización; tanto la Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, como las Reglas de Brasilia (Vid. Ut supra) dan buenos ejemplos del tipo de previsiones que se deben de implementar. En conclusión, el tribunal de sentencia o en su caso el juez de letras debe estar consciente en evitar la denominada victimización secundaria, convirtiendo el proceso penal, que debería ser un medio de reparación y un medio para hacer justicia, un calvario de molestias que acentúan el carácter violento de los hechos sufridos. En consecuencia, en este caso procede otorgar el amparo solicitada, ordenando al tribunal de sentencia que conoce el juicio abstenerse de hacer un nuevo llamamiento a las víctimas denominadas testigos A y B. Salvo que, alguna de las partes lo solicite, para lo cual deberá demostrar la extrema necesidad de que se produzca la comparecencia. En cuyo caso el tribunal deberá examinar el asunto cuidando de no cometer un acto de revictimización. Asimismo, con relación al rechazo para practicar sendas pericias de serología y genética, la Sala estima que si bien es cierto el tribunal de sentencia tiene razón en cuanto al hecho de que la ley establece con claridad el momento procesal para la obtención, producción y evacuación de la prueba, también es cierto que la norma procesal no debe ser un impedimento para que las partes provean al juzgador o tribunal de los elementos que son necesarios para un correcto y justo fallo final. La Sala estima que sin que se desnaturalice el proceso y guardando las reglas necesarias para un proceso debido legal, o sea cuidando los derechos de las partes en cuanto a su defensa, igualdad de armas, oportunidad de contradicción, etc., el juzgador penal debe ser más permisivo en la obtención de la prueba, cuando esto no signifique en desmedro de los derechos y garantías judiciales de los encartados, de la víctima o de la sociedad. En el presente caso, este alto tribunal de justicia es del parecer que las pruebas científicas y periciales solicitadas por el agente de tribunales del Ministerio Público, cumplen con todas las características necesarias que toda prueba debe cumplir para su admisión. En virtud de lo cual estima otorgar amparo, siendo procedente revocar la sentencia recurrida, extendiendo el examen de control de convencionalidad al efecto. Por tanto, para la Sala de lo Constitucional procede la revocatoria de la sentencia dictada en este caso por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de la sección judicial del departamento de Cortés, así mismo es procedente otorgar la presente garantía constitucional de amparo, en virtud de que le fueron violentados a las testigos A y B, los derechos constitucionales de defensa, igualdad o no discriminación en virtud de su derecho a vivir una vida sin violencia (victimización secundaria), debido proceso, dignidad e integridad personal. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 16, 18, 82, 89, 90, 103, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado, 319 reformado y 320 reformado de la Constitución de la República; 27 de la Convención de Viena sobre los tratados; 1.1.2, 2, 5.1.2., 11.1, 24 y 25.1 de la Convención Americana sobre derechos humanos; 1 y 2 de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW); 1, 3, 4 y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención do Pará); 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: REVOCANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil veinte, dictada por la honorable Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual se sobreseyó la garantía constitucional de amparo interpuesta por la fiscal del Ministerio Público, abogada GLENDA LEE LÓPEZ MANZANARES, contra la resolución de fecha once de junio del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de sentencias de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, con relación a la causa instruida contra los señores JABRIEL WANUERD WELCOME BROOKS, ZANISKI GRANT ZELAYA, MAVERICK MANN SAUNDERS y JEREMY TJ AVILA DILBERT, por suponerlos responsables del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL y ROBO, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS “A” y “B”. En consecuencia: 1. OTORGA la garantía constitucional de mérito en virtud de haberse violentado en perjuicio de las testigos A y B, los derechos constitucionales de defensa, igualdad o no discriminación en virtud de su derecho a vivir una vida sin violencia (victimización secundaria), debido proceso, dignidad e integridad personal. 2. ORDENA que para efectos de mantener la integridad de los derechos humanos de las testigos A y B, se retrotraigan las actuaciones judiciales a fin de que se provea lo necesario para evitar la revictimización de las testigos A y B, haciéndoles comparecer nuevamente a rendir su declaración bajo el único argumento de cumplimiento legal. Así mismo se instruye la obtención de la prueba de propuesta por el Ministerio Público. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para la debida restitución de los derechos conculcados y demás efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha siete de diciembre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0836-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008.