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Sentencia AP-836-19 — Registro 13029

Resumen

Se interpuso Recursos de Amparo contra la sentencia que resolvió unos recursos de apelación, en la causa instruida por los delitos de fraude, negociaciones incompatibles con sus funciones, uso de documentos falsos, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones y falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la administración pública y la fe pública del Estado de Honduras.- Estimando los recurrentes, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 64, 69, 80, 82, 84, 89, 90, 92, 96, 98, 103, 304, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y; 1, 7, 8, 9, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (50) Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala aprecia que el origen de la controversia es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en fecha 28 de agosto del año 2019, que consta en el Considerando que antecede, donde se ha individualizado la imputación personal y el grado de participación que a criterio del Ad Quem corresponde a cada uno de los acusados, es así dispone se dicte Autos de Formal Procesamiento, por diversos delitos imputados a los acusados, a Títulos de Autor, de Cómplices o de Cómplices necesario los Delitos de Abuso de Autoridad, Fraude, Uso de Documentos Falsos entre otros, Revocando el Sobreseimiento Provisional que la A quo dicto a algunos de los acusados por el delito de Fraude.- … CONSIDERANDO: (55) Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica.-..CONSIDERANDO: (58) Que la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, es una fase meramente judicial que tiene varios propósitos, entre ellas la de que el Juez haga una clasificación provisional de los hechos investigados, pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de estos. Si los hechos son relevantes penalmente, y existiendo los méritos que correspondan podrá dictar el auto de procesamiento (auto de Prisión), las medidas cautelares que correspondan. Si el hecho no ha existido o existiendo el mismo no se manifiestan méritos suficientes, podrá dictar un sobreseimiento definitivo o provisional según el caso[14]. Así como el auto de formal procesamiento, cuando el sobreseimiento en sus dos modalidades no proceda, de acuerdo al artículo 297 del Código Procesal Penal. Auto de Formal Procesamiento que deberá ser dictado de acuerdo a los requisitos contenidos en el artículo 92 Constitucional.- CONSIDERANDO: (59) Que el artículo 294 de la audiencia inicial, en el último párrafo del Código Procesal Penal establece: “En esta audiencia se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “- CONSIDERANDO:(60) Que dentro de la garantía constitucional del Debido Proceso deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.- CONSIDERANDO: (61) Que la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si es o no procedente dictar un auto de prisión, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración el Juez ordinario ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial darán luz para que el Juez de Instrucción proceda a establecer la situación jurídica del o los imputados, de acuerdo al artículo 294 tercer párrafo del Código Procesal Penal. En consecuencia, si no procede el sobreseimiento provisional y/o definitivo, procederá se dicte el Auto de Formal Procesamiento, para ello no se requiere que exista en el ánimo del Juez un estado de certeza sobre la culpabilidad el procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito.- CONSIDERANDO: (62) Que en este sentido, el auto de prisión es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare sin lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“…CONSIDERANDO: (66) Que esta Sala observa que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en relación a los señores: ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, CAROLINA LIZETH CASTILLO Y ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, contiene el razonamiento de acuerdo a las reglas mínimas de la lógica y la coherencia, en lo referente a la obtención de los medios de prueba, lo que no vulnera preceptos constitucionales, así como que con la documentación y otros elementos de investigación incorporados al expediente judicial, se ha producido una mínima actividad probatoria de cargo que justifica la continuación del proceso penal incoado contra los procesados. De ahí que, al no constatarse la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio de los imputados, y sin prejuzgar de ningún modo en torno a su culpabilidad, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto, sin perjuicio del derecho que le asiste para seguir aportando elementos probatorios en el transcurso del proceso y formular los alegatos que estime pertinentes, en orden a preservar el estado de inocencia, que la misma Constitución les garantiza.- CONSIDERANDO: (67) Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-“

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO: (64) Que los representantes de los señores AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, SAIDA ODILIA PINEL, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO ADALBERTO CANTOR LOPEZ, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, buscan amparo por considerar que las actuaciones de sus representados carecen de relevancia penal, en consecuencia la resolución impugnada violenta los derechos constitucionales de éstos. De acuerdo al estudio de los antecedentes, los imputados (as) antes mencionados emitieron dictámenes e informes relacionados con los hechos objeto de los delitos que se investigan (Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca). Al respecto esta Sala ya se ha pronunciado, en la sentencia AP 0777-2016, en cuanto a los elementos del delito de Abuso de Autoridad establecido en el Código Penal, artículo 349.2, que dispone: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos, o Decretos, contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. Que analizados cada uno de los verbos rectores que anteceden, esta Sala encuentra que ciertamente la conducta de los acusados no se enmarca en ninguno de ellos, al emitir dictámenes e informes, cuyo contenido no modifica, cambia, transforma o mantiene algo, pues su contenido está sujeto a la aprobación o decisión de una autoridad superior, ya que el contenido de las opiniones o dictámenes solo pretender describir o dar cuenta de esas normas sin intervenir en la realidad, en consecuencia es evidente que las opiniones o dictámenes emitidos por los imputados e imputadas, no son subsumibles en los actos típicos el artículo 349.2 del Código Penal y carece por ello de relevancia jurídico penal. Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública son actos jurídicos propios de la Administración Pública, los establecidos en dicha norma jurídica y son expresamente Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias. En ese orden de ideas al dictarse Auto de Formal Procesamiento contra los imputados (as) sin apegarse a lo dispuesto en la ley, se violenta el Principio de Legalidad inherente al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva a la que tienen derechos las partes en juicio de cualquier índole y es que los dictámenes u opiniones como hemos dicho no son un acto propio de la administración por ende no son vinculantes ni obligatorios, para quien deba dictar una resolución final, quien podrá o no atender tales dictámenes o informes para dictar la decisión final. CONSIDERANDO: (65) Que, analizado el razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en relación a la resolución dictada contra los imputados: (as)JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, SAIDA ODILIA PINEL, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO ADALBERTO CANTOR LOPEZ, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ. Y siendo que ha realizado una interpretación errónea en la aplicación de la norma jurídica atinente al Delito de Abuso de Autoridad, y al no existir este delito no existe medio para cometer el delito de Fraude como lo ha establecido el Tribunal de Alzada, dejando de observar, las exigencias, requisitos contenidos en la norma penal, en consecuencia, se violentan los derechos invocados por los (las) recurrentes. Por lo anteriormente expuesto Procede en derecho Otorgar el Amparo del que se ha hecho mérito.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) El abogado MILTON NOEL PAZ PINEDA, a favor del señor JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR (SCO-0836-2019); 2) El abogado EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, a favor del señor OSCAR JAVEIR VELASQUEZ RIVERA (SCO-0871-2019); 3) La abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA (SCO-0882-2019); 4) El abogado EDUARDO ANOTNIO LAGOS GALINDO, a favor del señor MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES (SCO-0902-2019); 5) El abogado RAUL EDUARDO GARUGNARD TORRES, a favor de la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ (SCO-0906-2019); 6) El abogado NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA, a favor del señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO (SCO-0930-2019); 7) Los abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO, a favor del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE (SCO-0933-2019); 8) La abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, a favor de la señora SAIDA OLIDILA PINEL (SCO-0938-2019); 9) La abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, a favor de los señores JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ Y CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ (SCO-0939-2019); 10) La abogada ERMELINDA CASTELLON MAURIZ, a favor del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA (SCO-0944-2019); 11) Los abogados JUAN SANCHEZ CANTILLANO Y RITZA YOLANDA ANTUNES REYES, a favor del señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA (SCO-0971-2019), y; 12) Los abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO, a favor de la señora ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ (SCO-0972-2019); todos contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió unos recursos de apelación, interpuestos contra las Resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en la Audiencia Inicial que comenzó en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil diecinueve (2019), y concluyó en fecha uno (1) de abril del año dos mil diecinueve (2019), y; la de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019); en la causa instruida contra los señores ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJIA, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, JOSE MARIO CARBAJAL FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, SAIDA ODILIA PINEL, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ Y RAUL PINEDA PINEDA, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON SUS FUNCIONES, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USURPACIÓN DE FUNCIONES Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando los recurrentes, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 64, 69, 80, 82, 84, 89, 90, 92, 96, 98, 103, 304, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y; 1, 7, 8, 9, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, los abogados KARINA YANECY VARELA ANDRADA Y LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJIA, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, JOSE MARIO CARBAJAL FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, SAIDA ODILIA PINEL, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ Y RAUL PINEDA PINEDA, por los delitos de FRAUDE, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON SUS FUNCIONES, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USURPACIÓN DE FUNCIONES Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–46v del Tomo I de la pieza principal de antecedentes)- 2) Que como consta en el Acta de la Audiencia Inicial que comenzó en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil diecinueve (2019), y concluyó en fecha uno (1) de abril del año dos mil diecinueve (2019), el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “… tener por admitido el personamiento presentado por el COPINH, como víctima y parte acusadora en el proceso en cuanto a la nulidad presentado declarar sin lugar y se ordena a la secretaría del juzgado elaborar solicitud a inspectoría para que se revise la pérdida del auto faltante en el expediente. … Por tanto, la suscrita Juez resuelve: 1.- En cuanto a la solicitud de nulidad presentada de admitir este Juzgado como víctima al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, quien se constituyó como acusador privado, dando poder de representación al abogado VICTOR FERNANDEZ el cual a su vez delegó su representación en los abogados RODIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO Y MELVIN ARIEL MADRID se declara SIN LUGAR, por considerar la suscrita que ellos tienen carácter de victima mediata o por extensión de la victimización.- 2.- En cuanto al personamiento del Abogado VICTOR FERNANDEZ esta juzgadora una vez que se revisó el expediente de mérito, ha alertado la ausencia del auto donde se resolvió admitir el personamiento del abogado antes mencionado como acusador privado y siendo que este no se encuentra en el expediente, de oficio se repone la resolución ordenando tener por personado al Abogado Victor Fernández como acusador privado en representación del pueblo Lenca y delegado el poder en que actúa en los abogados RODIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO Y MELVIN ARIAL MADRID, fundamentada en los artículos 9 y 171 del Código Procesal Penal en cuanto al saneamiento de irregularidades procesales, por lo que se ordena a la secretaría de este despacho judicial, elabore un informe el cual deberá de enviar a la supervisión de tribunales para que comiencen una investigación exhaustiva sobre el desaparecimiento del folio donde se encontraba el auto donde se tenía por personado al Abogado VICTOR FERNANDEZ en su condición antes mencionada.-”. (Folios 603–643 del Tomo II de la pieza principal de antecedentes)- 3) Que en fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado ya mencionado dictó el respectivo Auto de Formal Procesamiento, mediante el cual Resolvió: (SIC) “1.- Declarar CON LUGAR la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse, en virtud de las consideraciones legales expuestas en la motivación correspondiente, en cuanto a la participación del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE en el proceso de ampliación de la licencia ambiental. 2.- … 3.-Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor ROBERTO DAVID CASTILO MEJÍA, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS FALSOS Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON SUS FUNCIONES en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA Y LA FE PUBLICA. 4.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerla responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. 5.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor ROBERTO ANÍBAL MARTÍNEZ LOZANO, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE un delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 6.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 7.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor MAURICIO FERMÍN RECONCO FLORE, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y tres delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA.8.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 9.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor JULIO ERNESTO EGUIGURE ÁGUILAR, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y tres delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 10.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada de la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, de decretar a favor de su representada un Sobreseimiento definitivo por suponerla responsable de la comisión del delito de FRAUDE y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 11.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 12.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor CATARINO ALBERTO CANTOR LÓPEZ, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 13.- … 14.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor ÓSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 15.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada de la señora SAIDA ODILIA PINEL, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo. 16.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada de la señora ANA LOURDES MARTÍNEZ CRUZ, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerla responsable de la comisión del delito de FRAUDE y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 17.- … 18.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de los delitos de FRAUDE, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON SUS FUNCIONES y USO DE DOCUMENTOS FALSOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LA FE PÚBLICA. 19.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, por suponerla responsable a título de coautora de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 20.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor ROBERTO ANÍBAL MARTÍNEZ LOZANO, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 21.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor ROBERTO ANÍBAL MARTÍNEZ LOZANO por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de FRAUDE, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 22.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 23.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 24.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor MAURICIO FERMÍN RECONCO FLORES por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de tres delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 25.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor MAURICIO FERMÍN RECONCO FLORES por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 26.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 27.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 28.- … 29.- … 30.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor JULIO ERNESTO EGUIGURE ÁGUILAR, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de tres delitos ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 31.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor JULIO ERNESTO EGUIGURE ÁGUILAR por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 32.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra de la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, por suponerla responsable a título de autora de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 33.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ por suponerla responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 34.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 35.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 36.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor CATARINO ALBERTO CANTOR LÓPEZ, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 37.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor CATARINO ALBERTO CANTOR LÓPEZ, por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 38.- … 39.- … 40.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 41.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 42.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra de la señora SAIDA ODILIA PINEL, por suponerla responsable a título de autora de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 43.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de la señora SAIDA ODILIA PINEL por suponerla responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 44.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra de la señora ANA LOURDES MARTÍNEZ CRUZ, por suponerla responsable a título de autora de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 45.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de la señora ANA LOURDES MARTÍNEZ CRUZ por suponerla responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 46.- … 47.- … 48.- IMPONER al señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, la medida cautelar establecida en el artículo 173 numeral 3 consistente en la prisión preventiva la cual deberá de cumplir en la penitenciaría nacional Marco Aurelio Soto de Tamara Francisco Morazán por un periodo no mayor de dos años.- 49.- IMPONER a la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, las medidas cautelares establecida en el artículo 173 numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia de la Abogada Karla Patricia Arita quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representada, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.- 50.- IMPONER al señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogado Nelson Iban Domínguez quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.- 51.-IMPONER al señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.- 52.- IMPONER al señor MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogado Eduardo Lagos quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en el juzgado de Paz del Municipio de la Villa de San Antonio departamento de Comayagua y en el periodo de asueto o vacaciones del poder Judicial lo hará en el Juzgado de Letras de la ciudad de Comayagua; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 53.- IMPONER al señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia de la Abogada ERMELINDA CASTELLON MAURIS quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en el Juzgado Primero de Letras Seccional de Choluteca; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 54.- … 55.- IMPONER al señor JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogado Milton Noé Paz Pineda quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en el juzgado de Paz del Municipio de Villanueva Cortes, y en el periodo de asueto o vacaciones del poder Judicial lo hará en el Juzgado de Letras de la ciudad de San Pedro Sula; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 56.- IMPONER al señor AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogado Maria Dolores López Godoy quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 57.- IMPONER al señor JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia de los Abogados Patricia Flores y Julio Cesar Ramírez y quienes deberán presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 58.- … 59.- IMPONER al señor CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia de los Abogados Patricia Flores y Julio Cesar Ramírez quienes deberán presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 60.- IMPONER al señor OSCAR JAVIER VELAQUEZ RIVERA las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogada Eduardo Antonio Lagos Galindo quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 61.- IMPONER a la señora SAIDA ODILIA PINEL las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter a la imputada al cuidado y vigilancia del Abogado Andrés Fernando Martínez Hernandez, quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, el número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 62.- IMPONER al señor ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogada EDUARDO LAGOS, quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 63.- …”. (Folios 676–720 del Tomo II de la pieza principal de antecedentes)- 4) Que, conociendo de una serie de recursos de apelación, interpuestas contra las resoluciones relacionadas en los numerales 2 y 3, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción Falló: (SIC) “1. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, por su posible participación en la comisión de los delitos de Fraude en el grado de participación de cómplice y Uso de Documentos Falsos a título de autor. REVOCA el auto de Formal Procesamiento contra el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, pos su posible participación en la comisión del delito de Negociaciones Incompatibles con sus Funciones. 2. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; CONFIRMA la resolución impugnada y dispone mantener el Auto de Formal Procesamiento contra la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, por su posible participación en la comisión del delito de Fraude en el grado de participación de cooperador necesario. 3. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor ROBERTO ANÍBAL MARTÍNEZ LOZANO, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de autor. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude en el grado de participación de cooperador necesario. 4. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra los señores JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ y CATARINO ALBERTO CANTOR LÓPEZ, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplices. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 5. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, por su posible participación únicamente en la comisión de un delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 6. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra la señora ANA LOURDES MARTÍNEZ CRUZ, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 7. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; CONFIRMA la resolución impugnada y dispone se mantenga el Auto de Formal Procesamiento contra la señora SAIDA ODILIA PINEL, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude y ordena se dicte un Sobreseimiento definitivo por el delito de Fraude. 8. … 9. … 10. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor MAURICIO FERMÍN RECONCO FLORES, por su posible participación en la comisión únicamente de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de Autor. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 11. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor JULIO ERNESTO EGUIGURE ÁGUILAR por su posible participación en la comisión únicamente de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 12. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, por su posible participación en la comisión únicamente de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 13. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, por su posible participación en la comisión de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciados en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 14. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE por su posible participación en la comisión de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de autor. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 15. … 16. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; CONFIRMA las medidas cautelares sustitutivas impuestas a los señores, CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, ROBERTO ANÍBAL MARÍNEZ LOZANO, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ, CATARINO ALBERTO CANTOR LÓPEZ, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, ANA LOURDES MARTÍNEZ CRUZ, SAIDA ODILIA PINEL, JOSÉ MARIO CARBAJAL FLROES, LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJÍA, MAURICIO FERMÍN RECONCO FLORES, JULIO ERNESTO EGUIGURE ÁGUILAR, AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, DARIO ROBERTO VARDONA VALLE y RAÚL PINEDA PINEDA. 17. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; CONFIRMA las Medidas Cautelares de Prisión Preventiva para el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA.” (Folios 1760–1830 del Tomo IV de la pieza principal de antecedentes)- 5) Que comparecieron ante la Secretaria de la Sala Constitucional, para interponer las respectivas acciones de Amparo: A) En fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), el abogado MILTON NOEL PAZ PINEDA, actuando a favor del señor JULIO ERNESTO EGUGURE AGUILAR, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-836–2019; B) En fecha diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019), el abogado EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, actuando a favor del señor OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-871–2019; C) En fecha catorce (14) de octubre de dos mil diecinueve (2019), la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-882–2019; D) En fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019), el abogado EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, actuando a favor del señor MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-902–2019; E) En fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil diecinueve (2019), el abogado RAUL EDUARDO GARUGNARD TORRES, actuando a favor de la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-906–2019; F) En fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019), el abogado NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA, actuando a favor del señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-930–2019; G) En fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019), los abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, actuando a favor del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-933–2019; H) En fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019), la abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, actuando a favor de la señora SAIDA OLIDILA PINEL, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-938–2019; I) En fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019), la abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, actuando a favor de los señores JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ Y CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-939–2019; J) En fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019), la abogada ERMELINDA CASTELLON MAURIZ, actuando a favor del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-944–2019; K) En fecha uno (1) de noviembre de dos mil diecinueve (2019%), los abogados JUAN SANCHEZ CANTILLANO Y RITZA YOLANDA ANTUNES REYES, actuando a favor del señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-971–2019, y; L) En fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), los abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, actuando a favor de la señora ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-972–2019; todos contra la Sentencia/Resolución de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 64, 69, 80, 82, 84, 89, 90, 92, 96, 98, 103, 304, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y; 1, 7, 8, 9, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios 1–441 del presente Recurso)- 6) Que en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal dispuso: (SIC) “1) DECRETAR DE OFICIO LA ACUMULACION de los autos de que se hace mérito, interpuestas por los abogados KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, RAUL EDUARDO GRAUGNARD TORRES, MILTON NOEL PAZ PINEDA, EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA, EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, GLADYS LAMAR ORTIZ, ERMELINDA CASTELLON MAURIZ, JUAN SANCHEZ CANTILLANO y RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES; 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de suspensión provisional del acto reclamado, en los amparos Nos. SCO-871-19, SCO-906-19, SCO-933-19, SCO-944-19, SCO-971-19 y SCO-972-19; y 3) Constando de autos la remisión de los antecedentes de mérito en los presentes Recursos de Amparo, prosígase con la substanciación de los mismos y de conformidad con lo que dispone el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, concédase vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas a los recurrentes para que formalicen sus respectivas peticiones por escrito; …” (Folios 443-445 del Presente Recurso).- 7) Que en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma los recursos de amparo de mérito, y a la vez, omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 665 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL, EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, que resolvió los Recursos de Apelación interpuestos contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fechas: 25 de marzo, y 12 de abril del 2019, respectivamente, con relación a la causa instruida contra: CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, SAIDA OLIDILA PINEL, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ, CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA Y ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE Y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS RESPECTIVAMENTE.- CONSIDERANDO: (4) Que los recurrentes en la formalización de acción de amparo exponen: 1.- El Abogado MILTON NOEL PAZ PINEDA, en su condición de Defensor Privado de señor JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, manifiesta que la resolución recurrida ha vulnerado y amenazado los siguientes derechos constitucionales: El Derecho de Defensa, Presunción de Inocencia y Debido Proceso, contenidos en los artículos 82, 89 y 90 constitucionales. Violación a los principios de lesividad y necesidad de la Ley Penal ya que no se afectó a la Administración Pública en relación con los artículos 2-C y D del Código Penal, 116 de la Ley General de la Administración Pública. Presunción de Legitimidad de los actos Administrativos y de buena fe, artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 1535 del Código Civil. Violación a la norma sustantiva por ausencia de los elementos objetivos de los tipos penales imputados, artículo 349 y 376 del Código Penal, en relación con la descripción normativa del acto jurídico, establecido en el artículo 116 de la ley General de la Administración Pública. Falta de Valoración y de pronunciamiento y Motivación expresa de las normas jurídicas que invoca la defensa, artículo 18 de la Ley de Promoción de la Generación de Energía Eléctrica Con Recursos Renovables, 5 y 34 de la ley General del Ambiente, 40 al Reglamento a la Ley General del Ambiente, 4, 7, 8, 4, 26, 33 y 37 del Reglamento del SINEIA, 2 de la Ley de Equilibrio Financiero 7 8 y 116 de la Ley General de la Administración Pública; 19, 24, 25, 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 2C 2D, 13, 376 y 349 del Código Penal, 294, 321 del Código Procesal Penal y 1535 del Código Civil.- CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente expone en el escrito de acción de amparo que contra el señor JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR se presentó requerimiento Fiscal por un Delito de Abuso de Autoridad y un Delito de Fraude en perjuicio de la Administración Pública. El 12 de abril del 2019, se dictó a favor del señor EGUIGURE AGUILAR el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por el Delito de FRAUDE y AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por TRES DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD. Manifiesta el recurrente que la actividad delictivo por la que se acusó a su representado no ha existido, existiendo el mínimo indicio por las siguientes razones: 1.- Su representado no intervino en actos jurídicos propios de la Administración Pública, los cuales únicamente son conforme lo establecido en artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, expresamente decretos, acuerdos, resoluciones o providencias, por ende se violenta el principio de legalidad, ya que su representado solamente emitió un dictamen, el cual no es un acto propio en la administración pública, por no ser directamente vinculantes y obligatorio para los Ministros quienes pueden atender o no dichas recomendaciones.- CONSDERANDO: (6) Que el recurrente expone como segunda razón, por la que no hay siquiera indicios contra su representado, que no existen pruebas de las permitidas por el artículo 198, 199 del Código Procesal Penal, para presumir que su representado se coludió con persona alguna para defraudar el Estado. Además, señala que no se valoró lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica, con Recursos Renovables, el cual establece que los proyectos hidroeléctricos son categoría 3, por lo que su opinión técnica traducida en un dictamen es conforme a derecho. Además, expone que el Ministerio Público se fundamentó en normas expresamente derogadas por el artículo 32 de la Ley de Promoción a la Energía Eléctrica con Recursos Renovables que deroga expresamente todas aquellas disposiciones. No se valoró la Buena Fe que se presumen en los actos de la Administración Pública de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de la Administración Pública, ya que su opinión se fundamentó en las opiniones técnicas y legales vertidas por empleados y funcionarios de otros departamentos de la Secretaría de Estado, en el Despacho de Medio Ambiente, confiando que toda la documentación sobre la cual versaba cumplía con todos los requisitos establecidos por la ley.- CONSIDERANDO: (7) Que el impetrante expone que no conforme con la resolución dictada por el A Quo, apeló dicha resolución, sin embargo el Ad Quem valoró de manera indebida los hechos, señalando que el imputado emitió una licencia ambiental, lo que no es cierto, porque lo que hizo su representado fe un dictamen ambiental, carente de efectos jurídicos, formales y vinculantes directamente al caso porque es la opinión que puede ser o no tomada en cuenta, para otorgar una licencia ambiental ya que no es obligatoria. Explica el recurrente que se señala como acto colusorio y constituyente de abuso de autoridad, los Contratos de Energía cuyos actos fueron realizados en el 2010, tiempo en que su representado no era ni siquiera Director de la DECA, haciendo la observación, que como pudo coludirse su representado en un acto en el que cronológicamente no intervino de ninguna forma anterior o simultánea, unido a que ni siquiera otorgó una licencia.- CONSIDERANDO: (8) Que el recurrente manifiesta que hay una valoración indebida en el Delito de Fraude, fundamentándose en supuestos tales como: 1.- Que se le impidió participar a otras empresas en la licitación, que dichos actos pueden comprometer el patrimonio futuro del Estado. Dichas valoraciones son contrarias a lo dispuesto en el artículo 376 del Código Penal en cuanto a que se refiere una lesión al bien jurídico de la Administración Pública, porque no se trata de un delito de peligro abstracto debido a la probabilidad de un futuro perjuicio, que tampoco existió porque el proyecto no se ejecutó- CONSIDERANDO: (9) Que la recurrente Abogada GLADYS LAMAR ORTIZ en su condición de Defensora Pública de la señora SAIDA ODILIA PINEL, formalizó la acción de amparo, manifestando que la resolución recurrida violenta el derecho al Debido Proceso, contenido en el artículo 90 constitucional. Constituyendo la estructura básica del Estado de Derecho el Derecho de Defensa y el Debido Proceso y su consecuencia de seguridad jurídica. Señalando que la Acción de Amparo se interpone, en virtud de que la resolución impugnada no es aplicable a su representada, ya que disminuye sus derechos y su seguridad jurídica, al confirmar el auto de formal procesamiento en su contra, alegando que la acusada realizó acciones de Abuso de Autoridad, dictando dicha resolución sin valorar las circunstancias y las disposiciones legales correspondientes al caso concreto, y que dicha figura legal implica emitir órdenes contrarias a la Constitución de la República o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de los ordenamientos jurídicos en su conjunto, considerando necesario, señalar que su representada cuando emitió su dictamen lo hizo en aplicación de la Ley de Aguas vigente desde el 14 de diciembre del 2009, teniendo vigencia los reglamentos aplicables, en virtud de no estar en ese momento reglamentos complementarios para el procedimiento a seguir y esto por indicación de la misma ley que señala: “en tanto no se reglamente la presente ley seguirá en vigencia aquellas disposiciones reglamentarias que fueren aplicables”, es decir que mi representada al momento de emitir su dictamen estaba autorizada para hacerlo con justificación legal y bajo ninguna circunstancia contrario a la Constitución de la República u ordenamiento jurídico, señalando que en el caso sub judice la acción de su representada al no ser contraria o prohibida por nuestra legislación nacional y no existir dolo de su parte, porque dicha diligencia se encontraba dentro de sus atribuciones y del marco legal porque no está prohibida por la ley, por lo que dicha acción no se encuadra dentro del tipo legal.- CONSIDERANDO: (10) Que la recurrente Abogada GLADYS LAMAR ORTIZ en su condición de Defensora pública de los señores JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ y CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, formalizó la Acción de Amparo, manifestando que la resolución recurrida violenta el derecho al Debido Proceso, contenido en el artículo 90 constitucional. Constituyendo la estructura básica del Estado de Derecho el derecho de Defensa y el Debido Proceso y su consecuencia de seguridad jurídica. Señalando que la acción de amparo se interpone, en virtud de que la resolución impugnada no es aplicable a sus representados, ya que disminuye sus derechos y su seguridad jurídica, al confirmar el auto de formal procesamiento en su contra, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD EN CONCURSO IDEAL MEDIAL CON EL DELITO DE FRAUDE, resolución que se emitió sin valorar las circunstancias y las disposiciones legales correspondientes al caso concreto; y que dicha figura legal implica emitir órdenes contrarias a la Constitución de la República o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de los ordenamientos jurídicos en su conjunto. Por lo que señala que sus representados: JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ Y CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ en cuanto al Abuso de Autoridad al emitir el dictamen No. 130-09, en el cual se determinó que el sitio cumple técnicamente con las condiciones para llevar a cabo el desarrollo de los estudios de factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, dicho dictamen se realizó en aplicación a la Ley Marco del Subsector Eléctrico y Reglamento artículo 75, por lo que al otorgar permiso para estudios para la construcción de obras de generación se requería opinión de la Secretaría de Estado competente, siendo esto atribución de sus representados, es decir que estaban autorizados para emitir dictámenes por lo que bajo ninguna circunstancia el accionar de sus representados estaba prohibida por la ley, señalando que dicho dictamen en su momento no fue requisito único o determinante, y al momento de emitirlo sus representados estaban autorizados para hacerlo con justificación legal y bajo ninguna circunstancia contrario a la Constitución de la República y del ordenamiento jurídico por lo que el accionar de sus representados no existe el dolo. En cuanto al delito de FRAUDE, señala que sus representados debieron incurrir en una acción mentirosa, que hubiese incurrido en creencia falsa al sujeto pasivo, absteniéndose el sujeto activo de dar a conocer dicho error, para realizar su finalidad des posesoria, hacerse en este caso los indiciado, ilícitamente de alguna cosa o bienes muebles corporales de naturaleza física y alcanzar un lucro indebido, elementos estos, que no se acreditaron con prueba de cargo por parte de la Fiscalía del Ministerio Público para que exista indicio racional, por lo que dicha acción no se enmarca dentro del tipo legal.- CONSIDERANDO: (11) Que la impetrante, Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, en representación de la señala CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, formalizó la Acción de Amparo, exponiendo que la resolución recurrida quebranta derechos constitucionales, por la errónea interpretación de los preceptos legales que regulan la responsabilidad penal, despreciando la vigencia del principio de legalidad, normas contenidas en los artículos 1, 2, 14, y 32 del Código Penal. En el presente caso el accionar que indebidamente se le imputa a su representada es la creación de Sociedades Mercantiles y supuestamente usarla para ponerse de acuerdo con otras personas y accesar indebidamente a contratos con el Estado, señalando que incurre con el supuesto sancionado por el tipo penal de Fraude. Señala que uno de los elementos del tipo penal de Fraude, es que el actor sea funcionario, extremo que respecto a su representada no concurre, ya que la Abogada Castillo Argueta no fungía en ningún cargo público mientras se realizaban los supuestos actos reprochables; sin embargo la resolución cuestionada considera que la señora Castillo Argueta no era funcionaria, se le considera susceptible de deducirle responsabilidad penal al haber actuado con intención de defraudar el fisco, en una condición de cómplice necesario, porque se estima que tiene un dominio del hecho. Por lo que el criterio plasmado por el Ad Quem irrespeta las normas legales referidas, configurándose así una vulneración constitucional, ya que, si bien acepta que el tipo penal impugnado es especial, en la elaboración de su razonamiento desprecia tal extremo y permite que se continúe con la imputación penal a una persona que, a todas luces, procesalmente hablando es imposible su procesamiento.- CONSIDERANDO: (12) Que la impetrante señala que la participación de un particular en el delito señalado, no se tipificaba en el viejo Código Penal, sino que es en el vigente Código Penal en el segundo párrafo del artículo 482, que señala la responsabilidad en la que incurrirá el particular que participe en los acuerdos colusorios con los funcionarios para realizar los actos de fraude, con lo que se evidencia la improcedencia de la resolución dictada por el Ad Quem. Señalado la existencia de la violación al Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional relacionado con la aplicación indebida del artículo 297 del Código Procesal Penal y la consecuente vulneración del artículo 1 y 321 Constitucional. Manifiesta que el precepto contenido en el artículo 297.1 del Código Procesal Penal establece: “Para decretar el auto de prisión el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido un delito la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito; y…. Señala que la acusación contra su representada es a título extraneus, considera oportuno reseñar lo que este razonamiento jurídico fue adoptado por el Juez natural nombrado en el expediente 102-2018- mismo que dictó sobreseimiento definitivo, por estimar dicho juzgador que decretar un Auto de Formal Procesamiento, siguiendo la teoría del extraneus acarrea la vulneración del artículo 321 de la Constitución de la República que contiene el Principio de Legalidad y el artículo 1 y 2 del Código Penal por no estar contenida la teoría del extraneus en la norma positiva penal, por lo que pretender su aplicación contraria al Principio de Legalidad.- CONSIDERANDO: (13) Que el recurrente Abogado RAUL EDUARDO GARUGNARD TORRES, formaliza Acción de Amparo a favor de su representado la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, exponiendo que la resolución recurrida vulnera el Debido Proceso establecido en el artículo 90 constitucional, señalando que los dictámenes emitidos por su representada constituyen dos delitos de abuso de autoridad forman parte de las resoluciones emitidas por las autoridades correspondientes y sobre las cuales también existió acusación de abuso de autoridad siendo ambas sobreseídas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones impugnada cuando dictó resolución reformó la resolución del A quo dictando Auto de Formal Procesamiento, sin que exista evidencia probatoria de dos delitos de abuso de autoridad apreciados en concurso ideal medial con el delito de Fraude e indicios racionales de la participación de su representada.- CONSIDERANDO: 14 Que el recurrente en cuanto al delito de Fraude imputado a su representada hace la siguiente exposición: Que la Corte de Apelaciones con el criterio mayoritario de sus miembros revocó el Sobreseimiento Provisional decretado por este delito y reforma la resolución del A-Quo, apreciando que la participación de AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, (de dos delitos de Abuso de Autoridad), fue medial con el delito de Fraude, en su grado de participación de cómplice, conforme a los artículo 376 y 33 del Código Penal, hace la observación que la Corte de Apelaciones impugnada, a diferencia de lo que hace con otros imputados, en relación con el delito de fraude en la Motivación y Fundamentación Jurídica de su Auto Motivado, no desarrolla con respecto a las actuaciones de la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, (apartado 17) siquiera mínimamente la correspondiente subsunción típica de su conducta en el tipo penal de Fraude (art. 376. C.P.), así como tampoco en que consistió su cooperación “en la ejecución del hecho por actos anteriores y simultáneos” (art. 33 C.P.).- CONSIDERANDO: (15) Que el representante de la recurrente, en la parte de la tipicidad subjetiva en relación con la naturaleza jurídica de dos dictámenes, señala: “Los dictámenes son actos administrativos que mantienen opiniones o juicios, pero son actos internos de un procedimiento”[1]. En ese orden de ideas el recurrente señala que los actos administrativos señalados no comparten la naturaleza de los actos típicos del artículo 349.2, los cuales en una u otra forma expresan una determinada voluntad y pretenden modificar, cambiar, transformar o mantener algo, como una especie de norma (individual o general) que interviene o pretende intervenir en la realidad, en cambio las opiniones o dictámenes solo pretender describir o dar cuenta de esas normas sin intervenir en la realidad, en consecuencia es evidente que las opiniones o dictámenes emitidos por la acusada, no son subsumibles en los actos típicos el artículo 349.2 del Código Penal y carecen por ello de relevancia jurídico penal, es decir no se pueden adecuar a los verbos rectores del tipo penal. Por lo que, habiendo dictado auto de formal procesamiento por actos atípicos, se contraviene gravemente el artículo 92 Constitucional, pues no puede constituirse ningún indicio de la comisión de delito alguno ni de participación en un hecho que no se configura como delito. Expone la recurrente que se ha quebrantado el Principio de Legalidad, Defensa, Igualdad ante la ley y no Discriminación y Seguridad Jurídica, vulnerando además las reglas de la sana crítica que manda el artículo 202 del Código Procesal Penal, el Estado de Inocencia contenido en el artículo 89 Constitucional relacionado con el artículo 2 del Código Procesal Penal, además regulado en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO: (16) Que el Abogado NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA, formaliza la Acción de Amparo a favor de ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, por suponerlo responsable del delito de Fraude y Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, señala que en la audiencia inicial se dictó Auto de Formal Procesamiento por el delito de Abuso de Autoridad y sobreseimiento provisional por el delito de Fraude. Tanto la defensa del señor Lozano como el Ministerio Público no estuvieron de acuerdo con dicha resolución por lo que interpusieron recurso de apelación contra la misma, resuelto que fue, se declaró con lugar el recurso de apelación del Ente Acusador ordenado se dictara Auto de Formal Procesamiento contra el señor ROBERTO MARTINEZ LOZANO por el delito de Abuso de Autoridad, revocando el sobreseimiento provisional dictado por el A Quo a su favor por el Delito de Fraude.- CONSIDERANDO: (17) Que el recurrente manifiesta su desacuerdo con la resolución que ahora se impugna en virtud de que el Ad Quem no consideró en su resolución los siguientes aspectos: 1) Acuerdo de nombramiento del Ingeniero ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, en su condición de Gerente General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, (ENEE), en el cual se acredita la fecha de inicio y el tiempo que laboró como Gerente General de dicha empresa el señor MARTINEZ LOZANO. 2) oficio SDN. No. 045- 2008, enviado por la Abogada Rixi Moncada en su condición de Gerente General de la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), donde solicita a las Fuerzas Armadas el traslado del Sub Teniente Roberto David Castillo Mejía, a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a partir del 14 de enero del 2008, con lo que se acredita que cuando el señor Roberto Aníbal Martínez Lozano, llegó a la Gerencia General de la (ENEE), según acuerdo del 2 de febrero del 2010, ya el señor Roberto David Castillo Mejía se encontraba laborando como Asistente Técnico de la Gerencia de la (ENEE). Así mismo la solicitud presentada por parte de la Empresa de Desarrollo Energético, S-A-. de C.V., (DESA), a través de su apoderada legal la Abogada Carolina Lizbeth Castillo, fue en fecha 10 de noviembre del 2009, 80 días antes que el señor Roberto Aníbal Martínez Lozano, asumiera el cargo como Gerente General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Por todo ello es que no puede existir una colusión y menos una confabulación entre funcionarios y extraneus, tal y como lo asevera el Ministerio Público.- CONSIDERANDO: (18) Que el recurrente manifiesta que el Contrato No. 043-2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica, entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A. de C,V., ratificando que el contrato 043-2010, se hizo atendiendo las recomendaciones emitidas por el Abogado ALFREDO CRUZ LANZA, en su condición de asesor legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y cada una de ellas se encuentra plasmada en dicho contrato tal como se pudo demostrar desvirtuando así, lo expuesto por el Ministerio Público en el Hecho Tercero del No. 2 del Requerimiento Fiscal, pues en dicho dictamen en ningún momento establece que el procedimiento para la adjudicación del contrato no se siguieron los procedimientos menos aún que los dictámenes carecían de veracidad, limitándose el Asesor Legal al mejoramiento de cláusulas para la elaboración del contrato y no del procedimiento que se siguió para el mismo, lo que quedó establecido mediante la comparación que se hizo entre el dictamen y el contrato. Señala además el acta No. 01 JD- 1078-2010 de fecha 21 de mayo del 2010, con la que se acredita que el Ingeniero ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, actuó de estricta conformidad y apego a la ley, ya que fue la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quien autorizó al señor ROBERTO ANIBAL MARTÍNEZ LOZANO, para que suscribiera los contratos de compra de potencia y su Energía asociada con Recursos Renovables con distintas sociedades mercantiles, entre ellas la Empresa de Desarrollo Energético, S.A., de C.V., (DESA), expresando que su representado actuó en cumplimiento de la ley, señalando el Decreto No. 70-2007 artículo 14 que dice: “…, debe resolverse en un plazo máximo de 45 días hábiles, administrativos, contados a partir del día siguiente de presentada la correspondiente solicitud, acompañada de los requisitos mínimos: estudio de factibilidad y el correspondiente permiso para realizar dichos estudios , otorgado por la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA).- CONSIDERANDO: (19) Que el recurrente señala que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en fecha 22 de enero del 2010, otorgó a la Empresa DESARROLLOS ENERGÉTICOS, S.A, Y C.V.,(DESA), en la misma fecha otorgó contrato de Aprovechamiento de Aguas Nacionales, para la Generación de Energía Eléctrica, mediante el Proyecto Hidroeléctrico “AGUA ZARCA”, es decir varios días antes de que el señor Roberto Martínez Lozano, fuera nombrado como Gerente General de la (ENEE). Además, describe los documentos autenticados acompañados para acreditar los extremos señalados. El recurrente ha desarrollado los motivos por los que considera que ha quebrantado los derechos contenidos en los artículos 82, 90 párrafo primero, 92, 321 y 323, de la Constitución de la República; artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO: (20) Que los bogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, formalizan Acción de Amparo a favor del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, a quien se le imputan los delitos de Abuso de Autoridad y Fraude, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, señalando que busca amparo en contra de la resolución de fecha 28 de agosto del 2019, que declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción de fecha 12 de abril del 2019, confirmándose el mismo por el delito de Abuso de Autoridad y por mayoría de sus miembros se REVOCA el Sobreseimiento Provisional que la A quo había dictado por el delito de Fraude. Señalando que uno de los integrantes de la Corte de Apelaciones consideró que debía dictarse Sobreseimiento Definitivo, por considerar que su acción no era una conducta típica.- CONSIDERANDO: (21) Que los recurrentes consideran que se han quebrantado los siguientes derechos constitucionales: Imparcialidad Judicial, Debido Proceso, Derecho de Defensa, derecho a ser Oído y Estado de Inocencia. Expone que la imparcialidad judicial está contenida en el Art. 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Manifiestan los recurrentes que con la resolución impugnada, la Corte de Apelaciones ha producido una irreparable violación al principio de imparcialidad judicial y consecuentemente al debido proceso en vista de que la Corte de Apelaciones lejos de comportarse como juzgadora imparcial, asume una posición de parte al dictar su resolución, señalando el numeral 8 de la Fundamentación Jurídica, en relación al análisis que hace del sobreseimiento provisional dictado por el A quo, en cuanto al delito de Fraude a favor de varios imputados, entre ellos el señor Cardona Valle, representado de los recurrentes, cuando se pronuncia: “De inicio coincidimos con los cuestionamientos expresados por algunos de los recurrentes sobre la motivación esgrimida por Juzgado de Letras para sustentar el sobreseimiento provisional, en relación a un elemento objetivo del tipo que es la colusión del funcionario con un tercero, siendo el razonamiento de la Juez bastante inseguro, y con incertidumbre, el sostener primero que vislumbra acuerdo colusorio para después afirmar que el ente acusador, no acreditó dicho acuerdo que vinculara a algunos de los acusados con los funcionarios….- CONSIDERANDO: (22) Que los recurrentes exponen que para apreciar si concurre o no un delito de Fraude contra el Estado es preciso entonces deslindar o delimitar las conductas personales de los acusados individualizando las acciones de cada uno de ellos, pero al mismo tiempo habrá que apreciarlas en su conjunto, es decir determinar el cuadro fáctico para después realizar un ejercicio de tipicidad, que no es otra cosa que verificar si esos hechos encuadran en la descripción típica de los delitos de Abuso de Autoridad o Fraude, abordaje que omitió la Juez de primera instancia al establecer la calificación de los hechos. Haciendo Señalamiento que en la resolución impugnada deja establecida la imprecisión de la acusación en esa imputación. Sin embargo, la Corte de Apelaciones procede a establecer los mismos, comenzando a deducir cuales son los hechos constitutivos de la infracción penal en comentario. Además, la misma Corte de Apelaciones cuestiona la carencia de motivación de la Juez de Letras, en cuanto al acuerdo colusorio del delito de Fraude por no haberlo determinado.- CONSIDERANDO: (23) Que los recurrentes manifiestan que el Tribunal recurrido a irrespetado el Principio Acusatorio, según el cual a los órganos jurisdiccionales les queda vedado la determinación del objeto del proceso es decir los hechos, ya que ésta es materia de partes, no es labor que deba desempeñar el órgano jurisdiccional. “El aspecto objetivo del proceso le viene señalado al órgano encargado de la persecución del delito, en este caso al Ministerio Público, de tal forma que, si la Corte de Apelaciones tal como se desprende de la literalidad de su resolución, cuestiona la falta de precisión de los hechos propios del FRAUDE por parte del acusado, no le correspondía a ella hacer el trabajo de éste y proceder a determinarlos o inferirlos…”.- CONSIDERANDO: (24) Que los recurrentes señalan la falta de motivación de la resolución apelada, dictada por el Juez A Quo, sin embargo, así como que la misma Corte de Apelaciones reconoce la falta de motivación de dicha resolución, aun así no ordenó su nulidad, ella misma dice en su resolución: “NO obstante no podemos decir que la resolución carece de una absoluta motivación, lo que resulta contradictorio o se sustenta en pruebas inexistente, aunque se admita que la misma no es amplia o suficiente. Detalla el recurrente en su formalización cada uno de los hechos que motivaron el enjuiciamiento, así como que la resolución impugnada en ningún momento dejó establecido la correlación precisa y conexa entre algunos de los supuestos del delito de Abuso de Autoridad, con relación a la acción u omisión cierta del imputado que se estimare probada, y por ende sucede lo mismo con el supuesto delito de Fraude, por todo ello solicita se otorgue la garantía de amparo, para restituir el goce de los derechos fundamentales de su representado el señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE.- CONSIDERNANDO; (25) Que los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, formalizan Acción de Amparo a favor de la Abogada ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, a quien se le imputan los delitos de Abuso de Autoridad y Fraude, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, señalando que busca Amparo en contra de la resolución de fecha 28 de agosto del 2019, que declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción de fecha 12 de abril del 2019, confirmándose el mismo por el delito de Abuso de Autoridad y REVOCA el Sobreseimiento Provisional que la A quo había dictado por el delito de Fraude, calificando su actuar como una complicidad simple, por este último delito.- CONSIDERANDO: (26) Que los recurrentes exponen los motivos de amparo de la misma forma que los expresó en la formalización de la Acción de Amparo presentada a favor del señor CARDONA VALLE, consideran que se han quebrantado los siguientes derechos constitucionales: Imparcialidad Judicial, Debido Proceso y Estado de Inocencia. Expone que la imparcialidad judicial está contenida en el Art. 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Manifiestan los recurrentes que con la resolución impugnada, la Corte de Apelaciones ha producido una irreparable violación a Principio de Imparcialidad Judicial y consecuentemente al Debido Proceso en vista de que la Corte de Apelaciones lejos de comportarse como juzgadora imparcial, asume una posición de parte al dictar su resolución, señalando el numeral 8 de la Fundamentación Jurídica, en relación al análisis que hace del sobreseimiento provisional dictado por el A quo, en cuanto al delito de Fraude a favor de varios imputados, entre ellos su representada, cuando se pronuncia: “De inicio coincidimos con los cuestionamientos expresados por algunos de los recurrentes sobre la motivación esgrimida por Juzgado de Letras para sustentar el sobreseimiento provisional, en relación a un elemento objetivo del tipo que es la colusión del funcionario con un tercero, siendo el razonamiento de la Juez bastante inseguro, y con incertidumbre, el sostener primero que vislumbra acuerdo colusorio para después afirmar que el ente acusador, no acreditó dicho acuerdo que vinculara a algunos de los acusados con los funcionarios….- CONSIDERANDO: (27) Que los recurrentes consideran que la resolución impugnada violenta los derechos de su representada, ya relacionados, al haber sido dictada al margen de la ley, al tratarse de actos de índole administrativo que no configuran hechos ilícitos y sobre todo crecen de relevancia penal, en relación a las actuaciones realizadas por su representada, de acuerdo a lo establecido por la Sala de lo Constitucional mediante la sentencias de amparo penal 0777-2016 (del 21 de marzo del 2018) y 0538-2017 (del 08 de mayo del 2018), que tratan sobre los mismos hechos. Señalan que en materia administrativa los actos de la administración son susceptibles de impugnación por parte de quienes se ven afectados por su adopción, en el caso que nos ocupa quienes pudieran oponerse al proyecto tuvieron la posibilidad de acceder a instancias como el Ministerio Público, Despacho de Recursos Naturales y Ambiente, exponen que las alegadas víctimas tuvieron acceso a la Presidencia de la República, pero nunca interpusieron ni siquiera una denuncia ante el órgano competente de controlar el acto de la administración ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Manifiestan que quedó acreditado en la audiencia inicial que su representada cumplió a cabalidad con los preceptos que regulan la autorización de estudios de factibilidad y contrato de aguas.- CONSIDERANDO: (28) Que el Abogado EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, formaliza la Acción de Amparo en su condición de Defensor del señor MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, en el proceso que se le sigue por suponerlos responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD EN CONCURSO IDEAL MEDIAL CON EL DELITO DE FRAUDE, en perjuicio de la Administración Pública. El recurrente considera que la resolución impugnada ha quebrantado derechos constitucionales contenidos en los artículos: 1. del Estado de Derecho, 82 primer párrafo del Derecho de Defensa, 89 Estado de Inocencia, 90 primer párrafo, 92 primer párrafo Del Debido Proceso y 92 de los requisitos para dictar Auto de Formal Procesamiento. Expone que se violenta el Estado de Inocencia y Debido Proceso, en vista de que en el acápite de la motivación y fundamentación jurídica de la resolución objeto de amparo, dejo establecido en el primer párrafo de la página 24 de la resolución, “que analizando los escritos de apelación y confrontando su contenido con la resolución impugnada encuentra una MOTIVACIÓN DEFICIENTE, así mismo en la misma página, analizando la resolución emitida por el A quo, señala el Ad Quem que la MISMA ES FRANCAMENTE CONTRADITORIA O SE SUSTENTA EN PRUEBA INEXISTENTE, a esto le suma otras irregularidades que adolece la resolución del A Quo, entre las que destaca una sucinta valoración positiva o negativa de los medios de prueba, aportados por las partes, en relación a los elementos de la tipificación de los delitos e indicios racionales de participación, así como la prueba de la defensa relativa al desvanecimiento de tales hechos, sin distinguir con claridad cuáles de estos medios probatorios fueron admitidos o inadmitidos y cuales fueron evacuado, no obstante el Ad Quem, resolvió empeorando la situación jurídica de los acusados, al revocar el sobreseimiento provisional por el Delito de Fraude, instruyendo se dictara auto de formal procesamiento por este delito a varios imputados entre ellos su representado, contra quien se instruyó Auto de Formal Procesamiento por dos delitos de Abuso de Autoridad en Concurso Ideal Medial con el Delito de Fraude. Además expone que el Ad Quem no tomo en cuenta la prueba propuesta y evacuada en defensa de su representado, inobservó lo estipulado en el Contrato de Operación al igual que la contrata de Aguas, si bien es cierto de acuerdo a la ley deberán ser suscritos por el Titular de SERNA ahora mi ambiente, no entran en vigencia ni son exigibles ( es decir no constituyen ACTOS JURÍDICOS), porque aún no crean, modifican ni extinguen, derechos u obligaciones) sino hasta que son aprobados por el Congreso Nacional de la República y publicados en el Diario Oficial La Gaceta, esto porque llevan involucrados exenciones, incentivos, y concesiones fiscales que son las establecidas por la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables o Decreto 70-2017 y además por prolongar sus efectos al siguiente período de Gobierno de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 205 No. 19 de la Constitución de la República en relación con el artículo 66 de la Ley Marco del Sector Eléctrico, que literalmente preceptúa: “Las empresas del sub sector solo podrán operar mediante contratos de operación celebrados con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente previo dictamen de CNE. Esta disposición no será aplicable a quienes generen energía exclusivamente para uso propio. Los contratos deberán publicarse en el Diario Oficial La Gaceta y en, por lo menos en un diario con circulación nacional previo a su entrada en vigor”, en relación con el artículo 57 del Reglamento de dicha Ley Marco. Señala que la inobservancia por parte del Ad Quem, del Contrato de Operaciones para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica y la Contrata de Aguas, impidió que conociera la verdad de los hechos que es la que determina la inocencia de su representado. Por todo ello considera quebrantados los derechos del imputado, por lo que debe conceder la acción de amparo.- CONSIDERANDO: (29) Que el Abogado EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, formaliza la Acción de Amparo en favor de su representado, el señor OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, a quien se le supone responsable de dos delitos de Abuso de Autoridad en Concurso Ideal Medial con el Delito de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública, considera que se han quebrantado los derechos contenidos en el artículo 1, 82 primer párrafo, 89, 90 primer párrafo, 92 primer párrafo y 96 de la Constitución de la República. Señala que se violentan tales derechos, al no tomar en consideración ni valorar conforme a las reglas de la sana crítica los argumentos y elementos de prueba evacuados en la audiencia inicial en defensa de su representado, como ser el hecho de que el ICF y la UMA de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara se pronunciaron de manera favorable al desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca(PHAZ), el Instituto Nacional de Conservación Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), se pronunció a través de los dictámenes CIPF 048-2011 y 010-2010, en los que establece una opinión favorable para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, dictámenes que fueron evacuados como medios de prueba y corren agregados a folios 320 y 329 del tomo 3 de los anexos. Manifiesta el recurrente que además el Ad Quem no consideró y sus argumentos valorativos que el informe No. 17-2011, presentado por su defendido No es un acto administrativo de conformidad con el derecho positivo y más concretamente con el artículo 116 de la Ley General de la Administración Púbica, que no lo considera como tal, al establecer: “Los actos de los órganos de la Administración Pública adoptará las formas de Decretos, Acuerdo, resoluciones o Providencias”.- CONSIDERADO; (30) Que el impetrante Señala que de acuerdo a lo antes señalado, el informe 17-2011 emitido por su defendido, es una actividad administrativa que no llega siquiera a constituir una opinión o dictamen técnico vinculante para decidir si se otorga o no una licencia ambiental, es un insumo de información que su representado le presentó al señor Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), para que éste lo revise, analice y apruebe, ya que éste decidirá finalmente si lo utiliza para preparar el Dictamen Técnico que por disposición de la ley le corresponde emitir, por ser el funcionario a quien el Reglamento de organización, funcionamiento y competencia del Poder Ejecutivo, en su artículo 87 No. 4 y el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), Acuerdo Ejecutivo 189-2009, invisten de la facultad legal de dictaminar en materia ambiental antes de que se apruebe o no la licencia ambiental de un determinado proyecto. Expone además la falta de motivación de la Sentencia, así como la falta de valoración de los medios de prueba mediante las reglas de la sana crítica. Dice además que el dictamen Técnico emitido por el Director de DECA/SERNA, tampoco constituye un acto administrativo reconocido como tal por el artículo 116 de la Ley General de Administración Pública, ya que no es el medio mediante el cual la Administración Púbica, representada en este caso por SERNA se pronuncia reconociendo u otorgado derechos, esto lo hace mediante Resolución de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo que literalmente preceptúa: “La Resolución pondrá fin al procedimiento y en su parte dispositiva se decidirán todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas del expediente resulten hayan sido o no promovidas por aquellas”; en consecuencia ese dictamen técnico no está sujeto a motivación ni puede ser objeto de impugnaciones como ocurre con las resoluciones y las providencia, cuando estas últimas causan indefensión o le ponen fin al procedimiento, como acertadamente lo señala en el último párrafo de la página 64, la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, solo que estos supuestos no aplican para el Informe Técnico 17-2011 y el Dictamen Técnico correspondiente ya que son solo opiniones técnicas razonadas en la providencia que impulsó el trámite hacia la Unidad de Servicios Legales, para que dictaminara lo procedente desde el punto de vista jurídico.- CONSIDERANDO: (31) Que el recurrente expone que el Ad Quem no valoró que el señor OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, no solo tomó en consideración la opinión del Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF),Institución que se pronunció a través de la Técnico Forestal ANGELA MELISSA NUÑEZ SORIANO, quien estableció en su Dictamen 010-2010 Una Opinión Favorable para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sino también se fundamentó en la Inspección in situ, realizada por el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), del cual formó parte la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental (DECA) de la SERNA ahora conocida como Mi Ambiente, a través de su Director JULIO ERNESTO EGUIGURE, quien realizó la convocatoria y de OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, Técnico de campo que estuvo en dicha inspección en representación de la DECA/SERNA, circunstancia que el Ministerio Público pretende deslegitimar bajo el argumento que solamente se convocó para integrar el SINEIA a la UMA de San Francisco de Ojuera, de Santa Bárbara y el ICF, soslayando que el SINEIA de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo Ministerial 189-2009 Reglamento de SINEIA , también lo conforman El Proponente, El Proyecto, Los Prestadores de Servicios Ambientales y la SERNA, actores que también participaron desde el momento mismo que la empresa (DESA), manifestó públicamente (publicación periódicos), su intención de desarrollar el proyecto y durante el proceso de elaboración del Diagnóstico Ambiental cualitativo, por parte del prestador de servicios ambientales, que para tal efecto dicha empresa contrató en el marco del Principio de Responsabilidad Ambiental establecido en el artículo 3 del Reglamento del SINEIA, Acuerdo Ministerio 189-2009. En la misma línea de elaboración del Informe presentado por el acusado, señala el recurrente que también tomó en cuenta que “de acuerdo con los dictámenes técnicos CIPF 048-2011, Y DCHA 010-2010, emitidos por el ICF determinó que el PHAZ no presentó traslapes conflictivos, está ubicado fuera de microcuencas legalmente declaradas y se considera factible. Demás detalla todas las incidencias de las actuaciones de su representado, señalando el quebrantamiento de sus derechos fundamentales, por los que solicita se otorgue la acción de Amparo.- CONSIDERANDO: (32) Que la Abogada ERMELINDA CASTELLON MAURIS, en su condición de representante del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, a quien se le sigue proceso por suponerlo de la comisión de UN delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso Ideal Medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de COMPLICE, en perjuicio de la Administración Pública, formaliza la acción de amparo presentada contra la resolución de fecha 28 de agosto del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, que resuelve por Mayoría de Votos, REFORMA la Resolución dictada por el A quo, y dispone “que se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, por su posible participación únicamente en la comisión de UN delito de Abuso de Autoridad, apreciado en concurso Ideal Medial con el delito de Fraude, en el grado de participación de cómplice, revocando la resolución del A quo que dictó Sobreseimiento Provisional a favor del señor RIVAS BONILLA.- CONSIDERANDO: (33) Que el recurrente invoca el Voto Disidente particular, emitido por el Magistrado disidente de la Corte de Apelaciones recurrida que en su parte conducente estima que “las actuaciones administrativas del acusado no inciden significativamente en la firma de los contratos anteriores, así como que tampoco es relevante para la firma de la primera modificación del Contrato de Operación para la Generación de Potencia y Energía Eléctrica para la instalación del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca firmado el 17 de enero del 2012 entre Darío Roberto Cardona y Carolina Castillo Argueta, aprobado por el Congreso Nacional, publicado en La Gaceta el 24 de enero del 2012, motivo por el cual para apreciar esa colusión necesaria para cometer el delito de Fraude contra el Estado de Honduras se debe deslindar y delimitar las distintas etapas de la contratación y donde intervienen distintos actores (preparación, contratación o ejecución), decidiendo si las conductas atípicas corresponden a un delito de fraude, y bien ese proceso colusorio solo puede concurrir con otras conductas típicas, como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, prevaricato administrativo, falsedades ideológicas o materiales etc., porque se debe valorar si el acto administrativo o jurídico finalmente incide y es esencial en su contribución a la consumación del fraude, por ello la determinación de los grados de participación, las cuales suelen contar con aportaciones individuales de los partícipes y que pueden guardar relación o no, con el acuerdo colusorio…”. Por todo ello el recurrente considera que se violentaron los derechos constitucionales de su representado contenido en los artículos 82 del Derecho de Defensa y 90 del Debido Proceso.- CONSIDERANDO: (34) Que los Abogados JUAN SANCHEZ CANTILLANO Y RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES, formalizan la Acción constitucional de Amparo, a favor del señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, a quien se le sigue proceso por suponerlo responsable a título de Autor del delito de FRAUDE Y USO DE DOCUMETOS FALSOS, en perjuicio de la Administración Púbica y la Fe Pública del Estado de Honduras. Expone el recurrente que el Ad Quem declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Formal Procesamiento dictado en fecha 12 de abril del 2019 por el A quo. Manifiesta el recurrente que la resolución impugnada quebranta derechos de los sujetos procesales a obtener dentro del debido proceso una resolución o sentencia basada en derecho congruente que respete el derecho de defensa que tiene rango de inviolabilidad contenidos en los artículos constitucionales, 82, 90. Expone el recurrente que la resolución dictada no contiene la motivación donde se aplique el derecho congruente, señala que el A quo consideró prueba que a su criterio sorprendió a la Defensa Técnica al incorporar prueba pericial contentiva de los peritos oficiales que habían confeccionado sendos dictámenes, Informe Técnico No.145-18 y el dictamen 185-2017, lo que transgrede el derecho de defensa, porque le ha impedido tener la oportunidad procesal que al momento de estar realizándose no se pudo controvertir su producción en los sentidos científicos de: qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó y quién participó, requisitos esenciales para la formación de la plena prueba de la existencia de un delito. Expone que en lo mismo hecho de ocultar la existencia dos medios de prueba que debieron ser sometidos al contradictorio de parte en su formación, es un fraude de ley procesal, desencadenando dos consecuencias específicas: fabrica hechos de interés penal y genera una circunstancia insuperable de indefensión. No se respetaron las reglas de producción e incorporación de las pruebas de cargo.- CONSIDERANDO: (35) Que el recurrente expone la vulneración al principio acusatorio de no reformato in peius y de legalidad dentro del debido proceso. La vulneración al principio de legalidad la comete la Corte de Apelaciones al darle la categoría de falsificación de documentos públicos a los documentos privados, siguiendo la teoría del ente acusador público, todo ello porque el documento cuestionado se trata de una compra venta, contenida bajo las formalidades de un documento privado, donde el verdadero afectado es la empresa, porque ahora se dan cuenta que los estafaron al venderle una propiedad que no era del legítimo dueño y la Fiscalía presenta acusación fundándola en el artículo 284 del Código Penal acusando al imputado de haber hecho uso a sabiendas de un documento falso, pero queriendo que se aplique la pena como si se tratara de un documento público. Señala además que este delito ya había prescrito, pero sobre dicha prescripción el Ad Quem no se pronunció en su resolución.- CONSIDERANDO: (36) Que la Corte de Apelaciones impugnada, respecto a lo manifestado por los Abogados JUAN SANCHEZ CANTILLANO Y RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES, en representación del imputado ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, que aducen perjuicios por la no aplicación de normas adjetivas sustantivas en los hechos, el Ad Quem concretamente referida a la alegación sobre los informes técnicos 145-18 y 185-2017, realizado y ratificado por los peritos EDGARDO ARTURO BARRIENTOS Y MARIA VERONICA SOTO ANDINO, invocando que la fiscalía oculto la existencia de estos dos medios de prueba, que debieron ser sometidos al contradictorio desde el mismo momento en que se practicaron, al limitar la participación de la defensa no se puede contradecir las conclusiones de un perito anónimo, pues el Ministerio Público a sabiendas que durante la investigación preliminar el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, ya estaba identificado e individualizado, los medios de prueba se realizaron sin conocimiento de la parte contraria, en consecuencia el imputado y su defensa fueron sometidos a indefensión material, no debiendo admitirse tales medios de prueba por se prueba ilegal, al respecto el Ad Quem deja establecido: “Esta Corte recuerda a los impetrantes, que la regulación legal de los actos de investigación es una competencia de ordenación que le corresponde al Ministerio Público; y solo en casos previa autorización del Juez garante, el Legislador hondureño ya estableció en los artículos 203, y 273 del CPP, los actos de investigación que estarían facultadas a las autoridades encargadas de la investigación entre ellos, realizar pericias.- CONSIDERANDO: (37) Que el Ad Quem en la resolución de la que se viene haciendo mérito señala que es claro que la intervención del Abogado en la etapa de investigación, no está claramente regulada, por ello se puede decir con propiedad que no existe norma procesal que regule específicamente la posibilidad o imposibilidad de intervención del denunciado en la etapa de investigación, esto se infiere del artículo 101 No. 11, párrafo segundo, que atribuye el derecho a quien se sabe investigado, a que se le “informe sobre los hechos que se le atribuyen o que se le escuche”, este mismo artículo y numeral en su párrafo primero, faculta al investigado para “requerir al Ministerio Público para que practique algún acto de investigación que interese a su defensa”.- CONSIDERANDO: (38) Que la Corte impugnada invoca el artículo 278 que hace referencia al secreto de las investigaciones que sostiene que estas “se mantendrán en secreto respecto de toda persona que no forme parte de estas”. Al respecto señala el Ad Quem que hay que distinguir entre dos diferentes momentos procesales, a fin de determinar el alcance de posibles intervenciones en la actividad probatoria del Fiscal por parte de los investigados o procesados en su caso y de sus representantes legales: a) Previo a la formulación del requerimiento fiscal. b) Posterior a la formulación del requerimiento fiscal. Señala que la Corte es del criterio, que previo al requerimiento fiscal, es decir durante a investigación preliminar el Ministerio Público tiene todas las facultades legales para realizar actos de investigación tendientes a la constatación inmediata del delito, salvo que en la obtención de un medio de prueba implique la vulneración, disminución o restricción de un derecho fundamental en cuyo caso si se requiere la intervención o control judicial, invoca el artículo 273 del CPP, que contiene las atribuciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar, cuando dice que las dependencias del Ministerio Público, la Policía Nacional u otra autoridad competente “al tener conocimiento de un hecho que puede ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento, cuando la noticia parezca verosímil, teniendo en cuenta su contenido y los datos proporcionados para su comprobación adoptará las medidas necesarias para impedir que produzca consecuencias ulteriores e iniciará las investigaciones del caso, para lo cual podrán: 1)…,2)…, 3) realizar pericias en todos los campos de la criminalística y de la medicina forense.- CONSIDERANDO: (39) Que el Ad Quem deja establecido que “en la práctica de las pericias 145-18 y 185-2017, ordenadas por el fiscal durante la investigación preliminar, nos encontramos en un acto de investigación no garantizado pudiendo practicarse por el Ministerio Público sin restricción alguna, el fundamento de este criterio sostenido es el artículo 242 CPP, que regula la designación de peritos y marca los momentos procesales en los cuales tales nombramientos puede recaer en el Ministerio Público o en el Juez. La norma citada manda que la designación de los expertos corresponde al Tribunal de Sentencia competente, si la diligencia de investigación se solicita en la etapa de juicio oral y público. En la etapa preparatoria el nombramiento podrá ser efectuado por el Ministerio Público o el Juez con conocimiento de las partes. El Ad Quem deja establecido que el Ministerio Público solamente en la investigación preliminar tiene la facultad legal para nombrar peritos y realizar pericias necesarias para la investigación, siempre que se trate de actos de investigación no garantizados, es decir que no es necesaria una orden judicial, sin necesidad de convocar a la parte contraria para su práctica. En cuanto a que los recurrentes manifiestan que estos medios de prueba deben ser excluidos por falta de aplicación del artículo 246 CPP, esta disposición legal afirma por una parte de que el Ministerio Público puede “ordenar pericias durante la investigación preliminar”.- CONSIDERANDO: (40) Que Ad Quem expone que la defensa del procesado ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, señala como segundo motivo de Amparo, el Auto de Formal Procesamiento dictado contra su representado por el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 284 del Código Penal que prescribe: “Quien, a sabiendas, hiciere uso de un documento falso en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes…”. La Defensa del recurrente aduce que el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS prescribió, pues el documento de compra venta otorgado por el señor JOSE ROBERTO LOPEZ PONCE, es un documento privado sin solemnidad alguna”, suscrito en fecha 10 de agosto del año 2009, y presentado el 15 de junio del año 2010, y siendo un documento privado se debe enmarcar en el artículo 385 del C.P., que dice: “quien en perjuicio de tercero o con ánimo de causárselo cometiere en un documento privado algún de las falsedades designadas en el artículo precedente, será sancionado con reclusión de seis (6) meses a tres (3) años, por lo que debe aplicarse la regla penal del artículo 97.1 del CP., la acción penal prescribió por el transcurso de un período igual al máximo de la señalada como pena máxima de tres (3) años de reclusión aumentada en la mitad, queda una nueva pena de cuatro (4) años seis (6) meses de reclusión, tomando en cuenta la fecha de presentación del Requerimiento Fiscal que fue el 04 de marzo del 2019, han transcurrido más de nueve (9) años de haber prescrito esta acción, siendo un error de la fiscalía los hechos con el artículo 284 del CP., pues acusan al imputado de haber hecho uso a sabiendas de un documento falso, queriendo que se aplique la pena como se fuera un documento público.- CONSIDERANDO (41) Que el Ad Quem respecto a la prescripción resuelve declararla sin lugar, dejando establecido que el Ministerio Público no imputa al señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, haber falsificado materialmente en alguna de las modalidades anteriores el documento privado de compra venta otorgado por el señor JOSE RIGOBERTO LOPEZ PONCE, a favor del señor ROBERTO ANTONIO ABATE PONCE, sino de haber entregado dicho documento a la apoderada legal de DESA, KARLA GABRIELA AGUILAR RODRIGUEZ, para que fuera adjuntado a la solicitud de autorización para realizar estudios de factibilidad para la construcción y operación del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, ante la Secretaría de Recursos Naturales Y Ambiente (SERNA), pretendiendo acreditar de esa manera la tenencia de la tierra, por lo que la acción reprochada al señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, es de haber hecho uso de un documento falso, considerándose por ende un autor mediato en tanto no realiza directa y personalmente la acción, sino que se sirve de otra persona, la apoderada legal de DESA, KARLA GABRIELA AGUILAR RODRIGUEZ, quien actúa como instrumento, quien en definitiva es quien lo realiza. Señalando el Ad Quem que la conducta del imputado no puede subsumirse en el artículo 385 del CP, como pretende el recurrente, sino en el artículo 289 del C.P., como lo apreció el A Quo. Basando su decisión en las aclaraciones y precisiones siguientes: SIC “En el delito de Uso de documentos Falsos el sujeto activo es indeterminado, quién, como elemento subjetivo distinto al dolo tenemos a sabiendas, el verbo rector es hacer uso, el objeto sobre el que recae la acción es documento falso”, concluyendo que el tipo penal sanciona el uso del documento falso indistintamente si se trata de documento público o privado y lo sanciona con la pena del tipo básico de falsificación de documentos descrita en el artículo 284 del C.P., que dice: “Será sancionado con reclusión de tres (3) a nueve (9) años.., por lo que el Ad Quem señala que para que opere la prescripción de la acción según la regla 97.1 del C.P., debe transcurrir un lapso de tiempo de trece (13) años y seis (6) meses, de modo que si se toma como fecha de consumación del delito el 15 de junio del 2010, día en que se presentó solicitud de autorización para realizar estudio de factibilidad para la consumación y operación del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, la acción evidentemente no ha prescrito.- CONSIDERANDO: (42) Que el Ad Quem señala como hechos importantes a destacar en las actuaciones del señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, SIC “Que está acreditado que el primero (01) de agosto del dos mil nueve (2009), el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, fue nombrado asistente técnico de la Gerencia General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE). Que el cinco (05) de octubre del dos mil nueve 2009, la Compañía Desarrollos Energéticos, S.A., presentó ante SERNA solicitud de autorización para realizar estudios de factibilidad para la Construcción y Operación del Proyecto Agua Zarca, de lo que deduce el Ad Quem que el imputado al momento de la presentación de la solicitud de autorización para realizar estudios de factibilidad, era funcionario público, pues apenas tenían dos meses de ostentar el cargo. En este caso la prescripción de la acción no se resuelve aplicando únicamente la regla del artículo 97.1 del Código Penal, sino también deberá tomarse en cuenta el artículo 325 de la Constitución de la República que dice: “Las acciones para deducir la responsabilidad civil a los servidores del Estado, prescriben en el término de diez (10) años; y para deducir responsabilidad penal es el doble del tiempo señalado por en ley penal”. Por todo ello la corte de Apelaciones impugnada Confirma el Auto de Formal Procesamiento dictado en primera instancia contra el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA por el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS.- CONSIDERANDO: (43) Que el Ad Quem en su resolución ha dejado establecidos los hechos y resolución que provocan la búsqueda de amparo, señalando de manera detallada, conforme su criterio las diferentes actuaciones de los imputados (as),han realizado en los hechos que finalmente dieron lugar a un requerimiento fiscal, de igual manera, expone un análisis de cada uno de los delitos que se imputan a los procesados y la probabilidad de la participación en cada uno de los mismos, deja establecido los motivos en los que basa su decisión en cuanto a la revocatoria del sobreseimiento provisional dictado a favor de los acusados en el delito de Fraude, señalando las razones, actuaciones y momentos de realización de dicho acuerdo colusorio, por parte de los acusados.- CONSIDERANDO: (44) Que la Corte de Apelaciones impugnada se pronuncia en cuanto al sobreseimiento provisional dictado en audiencia inicial, en el delito de FRAUDE, artículo 376 C.P., a favor de: ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJIA, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ,CATARINO ALBERTO LOPEZ, JOSE MARIO CARBAJAL FLORES, OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, SAIDA ODILIA PINEL, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, RAUL PINEDA PINEDA. El Ad Quem luego del análisis detallado del delito de Fraude deja establecido que la acción recae sobre actos jurídicos, es decir aquellos acuerdos de voluntad dirigidos a constituir o modificar un derecho u obligación…, que para efectos del artículo 376 (CP), hace relación a contratos estatales, convenios, acuerdos interinstitucionales, que también se extienden a los actos jurídicos unilaterales como las donaciones, condonaciones de deudas, etc. El Ad Quem expone que para comprender las imputaciones del Ministerio Público es preciso revisar someramente los antecedentes de los hechos desarrollados por ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA Y CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA de manera ordenada o cronológica, pues al analizar los indicios de participación, son las personas que posiblemente crearon la empresa mercantil con la finalidad de agenciarse contratos del Estado. Señala que, en el año 2009, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), realizó una licitación pública internacional 100-1293-2009, con la finalidad de comprar 250 MW, el auditor interno CARLOS HUMBERTO MORENO, en un análisis técnico de la licitación determinó que 37 propuestas recibidas cumplieron con las bases de la licitación. Dentro de esas 37 propuestas no estaba incluida la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A., (DESA), misma que se constituyó precisamente el mismo año en que la ENEE convocó a licitación pública.- CONSIDERANDO: (45) Que el Ad Quem expone en la resolución impugnada, que los socios fundadores de DESA son los señores ROBERTO ANTONIO ABATE PONCE Y GEOVANNY ISIDRO ABATE PONCE, con un capital de L. 25.000.00, que de acuerdo a la prueba evacuada en audiencia inicial (declaraciones testificales y documentales), eran empleados del señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA en la Empresa DIGICOM, el primero conductor y el segundo técnico en reparación de computadores devengando salario mínimo, sin duda alguna, sin la capacidad económica y financiera para desarrollar un proyecto energético de gran envergadura como el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Expone que una vez fundada la compañía DESA por el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, a través de prestanombres, el 01 de agosto del 2009, el señor CASTILLO MEJIA, fue nombrado como Asistente de Gerente General de la ENEE, ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, cargo que anteriormente había ocupado del 01 de abril del 2000, al 01 de abril del 2008, la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, quien después es la representante legal de DESA. Señala que a solo cuatro meses de la constitución de DESA como empresa mercantil y a dos meses del nombramiento del señor CASTILLO MEJIA como asistente Técnico de la ENEE, la empresa DESA presentó solicitud de autorización para realizar el estudio de factibilidad para la Construcción y Operación del Proyecto Agua Zarca, a pesar de que el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA era funcionario público y por ende tenía la prohibición de contratar con el Estado, peticionada dicha solicitud a través de la apoderada de la empresa KARLA GABRIELA AGUILAR RODRIGUEZ, a quien contrató otorgándole Carta Poder, entregando a la procuradora los documentos necesarios, entre ellos un documento de compra venta otorgado por el señor JOSE RIGOBERTO LOPEZ PONCE a favor del señor ROBERTO ANTONIO ABATE PONCE (uno de los socios fundadores), el cual supuestamente correspondía a un terreno identificado con clave catastral INA-AGC-25, ubicado en el sector denominado El Salto, municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, resultando que la información contenida en el documento era falsa, pues no correspondía a la identidad del vendedor y la clave catastral del INA era inexistente. Señala demás que en fecha 10 de noviembre del 2009, DESA presentó la solicitud independiente para desarrollar el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, al amparo de la Ley de promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, obteniendo la adjudicación del contrato 043-2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica, firmado el 03 de junio del 2010, entre ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, Gerente de la ENEE y CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, representante de DESA.- CONSIDERANDO: (46) Que el Ad Quem expone que el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, como asistente técnico del Gerente de la ENEE, podía asistir a las reuniones de la Junta Directiva por invitación del Gerente, si bien no tenía voto tenía vos, es así que estuvo presente en la sesión donde se aprobó Resolución 72-2012 de inicio del proceso de aprobación del contrato con DESA y siempre en razón de su cargo CASTILLO MEJIA recibió la opinión legal del abogado ALFREDO CRUZ LANZA (asesor legal de la ENEE), donde recomendaba que previo a la firma del contrato con DESA se tomarán en cuenta sus observaciones en vista que el contrato contravenía lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado y 41 de su reglamento. Una vez que el contrato 043-2010, fue otorgado a DESA, la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, viajó a Panamá y conformó con ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA la empresa POTENCIA Y ENERGIA DE MESOAMERICA (PEMSA), con la finalidad de adquirir el capital accionario de DESA, es decir tomar el control formal de DESA en vista del perfeccionado del contrato. Para lograr este fin los socios fundadores hermanos ROBERTO ANTONIO ABATE PONCE Y GEOVANNY ISIDRO ABATE PONCE realizaron una venta de acciones a la empresa PEMSA PANAMA, de tal manera que el 27 de junio del 2011 se verificó un cambio de la denominación social de la empresa DESA, estableciendo un capital máximo de cuatro millones de Lempiras (L. 4,000.000.00) y un mínimo de un millón de Lempiras (L.1,000.000.00), así como la incorporación del nuevo socio: POTENCIA Y ENERGIA DE MESOAMERICA (PEMSA), con domicilio en la República de Panamá y representada por ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA Y CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, Presidente y Secretario del Consejo de Administración respectivamente, ocultando de esta manera los socios de la misma y la procedencia de los fondos inyectados a DESA, destacando que la evidencia indica que CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA Y ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, fueron compañeros de trabajo en la ENEE. Además, señala que el señor CASTILLO MEJIA, siendo aún funcionario público ya actuaba como representante de DESA, tal como lo destaca el Acta de la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera del 24 de octubre del 2011.- CONSIDERANDO: (47) Que el Ad Quem deja establecido que habiendo transcurrido solamente un mes y seis días después de la primera modificación de la Razón Social, el 03 de agosto del 2011 se produce un nuevo aumento de capital social, estableciendo como capital máximo L50,000.000.00 millones de Lempiras y como mínimo de cuarenta millones de Lempiras (40,00.000.00), pagando el mínimo y quedando la distribución de acciones de la siguiente forma: PEMSA suscribe 3,999 acciones y el señor JORGE COREA LOBO con una acción. El 08 de noviembre del 2011 se produce un nuevo aumento de capital estableciendo como máximo L. 143,000.000.00 y mínimo L. 50,000.000.00, pagado el mínimo, quedando distribuidas las acciones de la siguiente forma: PEMSA suscribe 16,650 acciones, JORGE COREA LOBO una acción, INVERSIONES LA JACARANDA, S.A., DE C.V., representada por JOSUE EDUARDO ATALA ZABLAH 33,350 acciones. Así mismo, el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA es nombrado Presidente del Consejo de Administración, al igual que el señor JACOBO NICOLAS ATALA ZABLAH.- CONSIDERANDO: (48) Que el Ad Quem establece que “Una colusión es un acuerdo entre dos o más partes de manera secreta e ilegal, engañando a otros sobre sus derechos legales, bien para obtener un objetivo prohibido por la ley o bien para obtener una ventaja injusta. La Concertación es el acuerdo colusorio ilícito entre el funcionario público y el particular interesado. Este acuerdo se lleva a cabo de forma dolosa y posee un carácter ilícito y está dirigido a defraudar al Estado. Señala además las diferentes acciones que se realizaron para configurar el acuerdo colusorio, habiéndose dado éste en tres momentos: 1) En el contrato de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica. 2) Contrato de Operación para la generación, transmisión y comercialización de Energía Eléctrica y el contrato de modificación. 3) Contrato de aprovechamiento de aguas nacionales del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca erza hidroeléctrica de la Central Hidroeléctrica de Agua Zarca entre SERNA Y DESA y el contrato de modificación.- CONSIDERANDO: (49) Que en la parte resolutiva la Corte de Apelaciones impugnada 1) por unanimidad de votos reformó la resolución impugnada, disponiendo se dicte auto de formal procesamiento contra el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, por su posible participación en la comisión del delito de FRAUDE, en el grado de participación de Cómplice, y USO DE DOCUMENTOS FALSOS a título de autor. REVOCA el auto de formal procesamiento contra el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA por su posible participación en la comisión del delito de Negociaciones incompatibles con sus funciones. 2) Por unanimidad de votos dispone se dicte auto de formal procesamiento contra la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, por su participación en un delito de FRAUDE, en el grado de participación de cooperador necesario. 3) Reforma y dispone que se dicte auto de formal procesamiento contra el señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO por la supuesta participación en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de autor, y REVOCA el sobreseimiento provisional, dictado a su favor por el delito de Fraude. 4) Por unanimidad de Votos dispone se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, Y CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, por su posible participación en un delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional por el delito de Fraude. 5) Por mayoría de Votos el Ad Quem dispone se dicte se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BOILLA, por su posible participación en la comisión de un delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional por el delito de Fraude. 6) Por unanimidad de votos, se dicte el auto de formal procesamiento contra la señora ANA LOURDE MARTINEZ CRUZ, por su posible participación en un delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional dictado a su favor en el delito de Fraude.7)Por unanimidad de votos CONFIRMA la resolución impugnada y dispone se mantenga el auto de formal procesamiento contra la señora SAIDA ODILIA PINEL, por su posible participación en un delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional dictado por el delito de FRAUDE y ordena se dicte SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. 8)Por unanimidad de votos dispone se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJIA, por su posible participación en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional dictado a su favor en el delito de Fraude.9)Por unanimidad de votos dispones se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor JOSE MARIO CARBAJAL FLORES, por su posible participación en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional dictado a s favor en el delito de Fraude. 10) Por unanimidad de votos se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, por su posible participación en dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de autor, y REVOCA el sobreseimiento provisional dictado a su favor por el delito de Fraude.11) Por mayoría de votos se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, por su posible participación en dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional. 12) Por mayoría de votos dispone se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, por su posible participación en la comisión de dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en su grado de participación de cómplice. REVOCA el sobreseimiento provisional dictado a su favor en el delito de Fraude. 13) Por mayoría de votos dispone se dicte auto de formal procesamiento contra la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, por su posible participación en dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento Provisional dictado a su favor por el delito de fraude. 14) Por mayoría de votos, dispone se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, por su posible participación en dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de autor, y REVOCA el sobreseimiento provisional dictado a su favor por el delito de Fraude. 15) Por unanimidad de votos dispone se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor RAUL PINEDA PINEDA, por su posible participación en los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en concurso ideal con el delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES, CONFIRMA el sobreseimiento provisional dictado a su favor por el delito de FRAUDE.- CONSIDERANDO: (50) Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala aprecia que el origen de la controversia es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en fecha 28 de agosto del año 2019, que consta en el Considerando que antecede, donde se ha individualizado la imputación personal y el grado de participación que a criterio del Ad Quem corresponde a cada uno de los acusados, es así dispone se dicte Autos de Formal Procesamiento, por diversos delitos imputados a los acusados, a Títulos de Autor, de Cómplices o de Cómplices necesario los Delitos de Abuso de Autoridad, Fraude, Uso de Documentos Falsos entre otros, Revocando el Sobreseimiento Provisional que la A quo dicto a algunos de los acusados por el delito de Fraude.- CONSIDERANDO: (51) Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[2]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal.- CONSIDERANDO:(52) Que la Constitución de la República en su artículo 61 garantiza la igualdad ante la ley, derecho que consiste en que las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo, el principio de igualdad exige la aplicación de la ley, pero en modo alguno se puede hacer derivar de él una protección jurídica frente al legislador[3]. Los órganos judiciales son aplicadores de la ley (secundum legem) y, en consecuencia, el único derecho de las personas es el derecho a la legalidad, el estar legalmente sometidos a la ley; ésta igualdad ante la ley consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que no debe concederse privilegios ni obligaciones o cargas que beneficien a unos y graven a otros, encontrándose todos en las mismas condiciones, por lo que la igualdad no es absoluta, más bien, va encaminada a aplicar la ley de acuerdo al caso concreto y a las diferentes circunstancias del mismo. La igualdad de trato a las personas queda vulnerada en el caso de existir una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable, o cuando no exista una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, debiendo determinarse la distinción arbitraria que resultan de los hechos y el derecho aplicado al momento que vive la sociedad.- CONSIDERANDO: (53) Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[4]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[5].- CONSIDERANDO: (54) Que el artículo 82 Constitucional establece que el Derecho de Defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos Internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al Debido Proceso.- CONSIDERANDO: (55) Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica.- CONSIDERANDO: (56) Que el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[6]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.- CONSIDERANDO: (57) Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder Legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. En ese orden de ideas el Código Procesal Penal en su artículo 263 establece las etapas de investigación y de juzgamiento, inicia con la etapa preparatoria, en la que se realiza la investigación preliminar que dará lugar o no al requerimiento, fiscal, como último momento de la etapa preparatoria esta la audiencia inicial.- CONSIDERANDO: (58) Que la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, es una fase meramente judicial que tiene varios propósitos, entre ellas la de que el Juez haga una clasificación provisional de los hechos investigados, pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de estos. Si los hechos son relevantes penalmente, y existiendo los méritos que correspondan podrá dictar el auto de procesamiento (auto de Prisión), las medidas cautelares que correspondan. Si el hecho no ha existido o existiendo el mismo no se manifiestan méritos suficientes, podrá dictar un sobreseimiento definitivo o provisional según el caso[7]. Así como el auto de formal procesamiento, cuando el sobreseimiento en sus dos modalidades no proceda, de acuerdo al artículo 297 del Código Procesal Penal. Auto de Formal Procesamiento que deberá ser dictado de acuerdo a los requisitos contenidos en el artículo 92 Constitucional.- CONSIDERANDO: (59) Que el artículo 294 de la audiencia inicial, en el último párrafo del Código Procesal Penal establece: “En esta audiencia se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada.- CONSIDERANDO:(60) Que dentro de la garantía constitucional del Debido Proceso deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.- CONSIDERANDO: (61) Que la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si es o no procedente dictar un auto de prisión, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración el Juez ordinario ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial darán luz para que el Juez de Instrucción proceda a establecer la situación jurídica del o los imputados, de acuerdo al artículo 294 tercer párrafo del Código Procesal Penal. En consecuencia, si no procede el sobreseimiento provisional y/o definitivo, procederá se dicte el Auto de Formal Procesamiento, para ello no se requiere que exista en el ánimo del Juez un estado de certeza sobre la culpabilidad el procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito.- CONSIDERANDO: (62) Que en este sentido, el auto de prisión es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare sin lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad.- CONSIDERANDO: (63) Que los representantes del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, han invocado la sentencia dictada en el Amparo Penal No. 538-2017, de fecha 08 de mayo del año 2018, esta Sala analizado el delito de ABUSO DE AUTORIDAD imputado al señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, esta Sala aprecia que no han quedado plenamente establecidos los requisitos exigidos en el artículo 92 constitucional, necesarios para dictar un Auto de Formal Procesamiento, con relación a la acción u omisión cierta, realizada por el acusado, que viertan indicios de participación en los hechos objeto del proceso penal, relacionados con la ampliación al Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica y la Contrata de aprovechamiento de aguas Nacionales con el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” en consecuencia se ha quebrantado el Debido Proceso, que le asiste al procesado, por lo que conforme a Derecho debe Otorgarse el Amparo del que se ha hecho mérito.- CONSIDERANDO: (64) Que los representantes de los señores AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, SAIDA ODILIA PINEL, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO ADALBERTO CANTOR LOPEZ, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, buscan amparo por considerar que las actuaciones de sus representados carecen de relevancia penal, en consecuencia la resolución impugnada violenta los derechos constitucionales de éstos. De acuerdo al estudio de los antecedentes, los imputados (as) antes mencionados emitieron dictámenes e informes relacionados con los hechos objeto de los delitos que se investigan (Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca). Al respecto esta Sala ya se ha pronunciado, en la sentencia AP 0777-2016, en cuanto a los elementos del delito de Abuso de Autoridad establecido en el Código Penal, artículo 349.2, que dispone: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos, o Decretos, contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. Que analizados cada uno de los verbos rectores que anteceden, esta Sala encuentra que ciertamente la conducta de los acusados no se enmarca en ninguno de ellos, al emitir dictámenes e informes, cuyo contenido no modifica, cambia, transforma o mantiene algo, pues su contenido está sujeto a la aprobación o decisión de una autoridad superior, ya que el contenido de las opiniones o dictámenes solo pretender describir o dar cuenta de esas normas sin intervenir en la realidad, en consecuencia es evidente que las opiniones o dictámenes emitidos por los imputados e imputadas, no son subsumibles en los actos típicos el artículo 349.2 del Código Penal y carece por ello de relevancia jurídico penal. Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública son actos jurídicos propios de la Administración Pública, los establecidos en dicha norma jurídica y son expresamente Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias. En ese orden de ideas al dictarse Auto de Formal Procesamiento contra los imputados (as) sin apegarse a lo dispuesto en la ley, se violenta el Principio de Legalidad inherente al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva a la que tienen derechos las partes en juicio de cualquier índole y es que los dictámenes u opiniones como hemos dicho no son un acto propio de la administración por ende no son vinculantes ni obligatorios, para quien deba dictar una resolución final, quien podrá o no atender tales dictámenes o informes para dictar la decisión final.- CONSIDERANDO: (65) Que, analizado el razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en relación a la resolución dictada contra los imputados: (as)JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, SAIDA ODILIA PINEL, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO ADALBERTO CANTOR LOPEZ, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ. Y siendo que ha realizado una interpretación errónea en la aplicación de la norma jurídica atinente al Delito de Abuso de Autoridad, y al no existir este delito no existe medio para cometer el delito de Fraude como lo ha establecido el Tribunal de Alzada, dejando de observar, las exigencias, requisitos contenidos en la norma penal, en consecuencia, se violentan los derechos invocados por los (las) recurrentes. Por lo anteriormente expuesto Procede en derecho Otorgar el Amparo del que se ha hecho mérito.- CONSIDERANDO: (66) Que esta Sala observa que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en relación a los señores: ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, CAROLINA LIZETH CASTILLO Y ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, contiene el razonamiento de acuerdo a las reglas mínimas de la lógica y la coherencia, en lo referente a la obtención de los medios de prueba, lo que no vulnera preceptos constitucionales, así como que con la documentación y otros elementos de investigación incorporados al expediente judicial, se ha producido una mínima actividad probatoria de cargo que justifica la continuación del proceso penal incoado contra los procesados. De ahí que, al no constatarse la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio de los imputados, y sin prejuzgar de ningún modo en torno a su culpabilidad, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto, sin perjuicio del derecho que le asiste para seguir aportando elementos probatorios en el transcurso del proceso y formular los alegatos que estime pertinentes, en orden a preservar el estado de inocencia, que la misma Constitución les garantiza.- CONSIDERANDO: (67) Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recuso de AMPARO del que se ha hecho mérito a favor de los señores y señoras: DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, SAIDA ODILIA PINEL, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO LIBERTO CANTOR LOPEZ, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA Y AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ. Interpuesto por sus representantes, contra la resolución dictada en fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL, en MATERIA DE CORRUPCIÓN. SEGUNDO: DENEGANDO, el Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución proferida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintiocho de agosto del año do mil diecinueve, en las acciones de amparo interpuestas a favor de CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO y ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. – Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero de dos mil veintiuno.- VISTO: El recurso de Reposición interpuesto por el Abogado NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA actuando en representación del señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, y la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en representación de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, comparecen interponiendo RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Sentencia dictada por esta Sala, en fecha 07 de diciembre del año 2020, mediante la cual falla denegando la acción de amparo interpuesta por los recurrentes.- CONSIDERANDO: (1) Que el Abogado NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA, expone en su recurso de Reposición que se impugna la sentencia por ser violatoria de los artículos 90 párrafo primero constitucional y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, de acuerdo a su criterio no hay motivación suficiente, señalando el “considerando 66 de la sentencia de mérito, donde se hace referencia a la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en cuanto al razonamiento realizado de acuerdo a las reglas mínimas de la lógica y la coherencia, en lo referente a la obtención de los medios de prueba, lo que no vulnera preceptos constitucionales, así como que, con la documentación y otros elementos de investigación incorporados al expediente judicial, se ha producido una mínima actividad probatoria de cargo que justifica la continuación del proceso penal incoado contra los procesados. De ahí que, al no constatarse la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio de los imputados, y sin prejuzgar de ningún modo en torno a su culpabilidad, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto sin perjuicio del derecho que le asiste para seguir aportados elementos probatorios en el transcurso del proceso y formular los alegatos que estime pertinentes, en orden a preservar el estado de inocencia que la misma Constitución les garantiza.” Señala que no se ha señalado con suficiencia las razones por las que se deniega el recurso de amparo presentado a su representado.- CONSIDERANDO: (2) Que la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, expone en su recurso de Reposición, señalando que la resolución de la Corte de Apelaciones impugnada contenía una vulneración al principio de legalidad, ya que su representada al ser imputada del delito de Fraude a través de un grado de participación denominado extraneus, no constituye una posibilidad en nuestro universo normativo, siendo que la norma penal usada cimentar la imputación no sanciona la participación de un extraño en el delito especial por el que se acusa.- CONSIDERANDO: (3) Que NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA actuando en representación del señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, y la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en representación de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, interpusieron acción de amparo a favor de los mismos, una vez efectuado el trámite que determina la ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha 07 de diciembre del año 2020, mediante la cual se denegó el recurso de amparo del que se hizo mérito.- CONSIDERANDO: (4) Que mediante la sentencia contra la cual se recurre, esta Sala en forma motivada ha pronunciado las razones por las que consideró procedente denegar la acción constitucional de amparo pretendida por los recurrentes.- CONSIDERANDO (5) Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse de las argumentaciones del impetrante, razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto.- POR TANTO: La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la constitución de la República, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 119, 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR, el Recurso de Reposición interpuesto por los Abogados NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA a favor del señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, y la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha 07 de diciembre del 2020, de la que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia siete (7) de diciembre dos mil veinte (2020), y la Resolución de fecha ocho (8) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0836, 0871, 0882, 0902, 0906, 0930, 0933, 0938, 0939, 0944, 0971 y 0972-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) El abogado MILTON NOEL PAZ PINEDA, a favor del señor JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR (SCO-0836-2019); 2) El abogado EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, a favor del señor OSCAR JAVEIR VELASQUEZ RIVERA (SCO-0871-2019); 3) La abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA (SCO-0882-2019); 4) El abogado EDUARDO ANOTNIO LAGOS GALINDO, a favor del señor MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES (SCO-0902-2019); 5) El abogado RAUL EDUARDO GARUGNARD TORRES, a favor de la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ (SCO-0906-2019); 6) El abogado NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA, a favor del señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO (SCO-0930-2019); 7) Los abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO, a favor del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE (SCO-0933-2019); 8) La abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, a favor de la señora SAIDA OLIDILA PINEL (SCO-0938-2019); 9) La abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, a favor de los señores JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ Y CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ (SCO-0939-2019); 10) La abogada ERMELINDA CASTELLON MAURIZ, a favor del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA (SCO-0944-2019); 11) Los abogados JUAN SANCHEZ CANTILLANO Y RITZA YOLANDA ANTUNES REYES, a favor del señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA (SCO-0971-2019), y; 12) Los abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO, a favor de la señora ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ (SCO-0972-2019); todos contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió unos recursos de apelación, interpuestos contra las Resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en la Audiencia Inicial que comenzó en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil diecinueve (2019), y concluyó en fecha uno (1) de abril del año dos mil diecinueve (2019), y; la de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019); en la causa instruida contra los señores ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJIA, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, JOSE MARIO CARBAJAL FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, SAIDA ODILIA PINEL, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ Y RAUL PINEDA PINEDA, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON SUS FUNCIONES, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USURPACIÓN DE FUNCIONES Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando los recurrentes, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 64, 69, 80, 82, 84, 89, 90, 92, 96, 98, 103, 304, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y; 1, 7, 8, 9, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, los abogados KARINA YANECY VARELA ANDRADA Y LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJIA, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, JOSE MARIO CARBAJAL FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, SAIDA ODILIA PINEL, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ Y RAUL PINEDA PINEDA, por los delitos de FRAUDE, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON SUS FUNCIONES, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, USURPACIÓN DE FUNCIONES Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–46v del Tomo I de la pieza principal de antecedentes)- 2) Que como consta en el Acta de la Audiencia Inicial que comenzó en fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil diecinueve (2019), y concluyó en fecha uno (1) de abril del año dos mil diecinueve (2019), el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “… tener por admitido el personamiento presentado por el COPINH, como víctima y parte acusadora en el proceso en cuanto a la nulidad presentado declarar sin lugar y se ordena a la secretaría del juzgado elaborar solicitud a inspectoría para que se revise la pérdida del auto faltante en el expediente. … Por tanto, la suscrita Juez resuelve: 1.- En cuanto a la solicitud de nulidad presentada de admitir este Juzgado como víctima al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, quien se constituyó como acusador privado, dando poder de representación al abogado VICTOR FERNANDEZ el cual a su vez delegó su representación en los abogados RODIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO Y MELVIN ARIEL MADRID se declara SIN LUGAR, por considerar la suscrita que ellos tienen carácter de victima mediata o por extensión de la victimización.- 2.- En cuanto al personamiento del Abogado VICTOR FERNANDEZ esta juzgadora una vez que se revisó el expediente de mérito, ha alertado la ausencia del auto donde se resolvió admitir el personamiento del abogado antes mencionado como acusador privado y siendo que este no se encuentra en el expediente, de oficio se repone la resolución ordenando tener por personado al Abogado Victor Fernández como acusador privado en representación del pueblo Lenca y delegado el poder en que actúa en los abogados RODIS RODIL VASQUEZ FLORENTINO Y MELVIN ARIAL MADRID, fundamentada en los artículos 9 y 171 del Código Procesal Penal en cuanto al saneamiento de irregularidades procesales, por lo que se ordena a la secretaría de este despacho judicial, elabore un informe el cual deberá de enviar a la supervisión de tribunales para que comiencen una investigación exhaustiva sobre el desaparecimiento del folio donde se encontraba el auto donde se tenía por personado al Abogado VICTOR FERNANDEZ en su condición antes mencionada.-”. (Folios 603–643 del Tomo II de la pieza principal de antecedentes)- 3) Que en fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado ya mencionado dictó el respectivo Auto de Formal Procesamiento, mediante el cual Resolvió: (SIC) “1.- Declarar CON LUGAR la excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse, en virtud de las consideraciones legales expuestas en la motivación correspondiente, en cuanto a la participación del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE en el proceso de ampliación de la licencia ambiental. 2.- … 3.-Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor ROBERTO DAVID CASTILO MEJÍA, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS FALSOS Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON SUS FUNCIONES en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA Y LA FE PUBLICA. 4.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerla responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. 5.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor ROBERTO ANÍBAL MARTÍNEZ LOZANO, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE un delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 6.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 7.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor MAURICIO FERMÍN RECONCO FLORE, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y tres delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA.8.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 9.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor JULIO ERNESTO EGUIGURE ÁGUILAR, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y tres delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 10.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada de la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, de decretar a favor de su representada un Sobreseimiento definitivo por suponerla responsable de la comisión del delito de FRAUDE y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 11.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 12.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor CATARINO ALBERTO CANTOR LÓPEZ, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 13.- … 14.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada del señor ÓSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE y dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 15.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada de la señora SAIDA ODILIA PINEL, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo. 16.- Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada de la señora ANA LOURDES MARTÍNEZ CRUZ, de decretar a favor de su representado un Sobreseimiento definitivo por suponerla responsable de la comisión del delito de FRAUDE y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. 17.- … 18.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de los delitos de FRAUDE, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON SUS FUNCIONES y USO DE DOCUMENTOS FALSOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LA FE PÚBLICA. 19.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, por suponerla responsable a título de coautora de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 20.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor ROBERTO ANÍBAL MARTÍNEZ LOZANO, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 21.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor ROBERTO ANÍBAL MARTÍNEZ LOZANO por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de FRAUDE, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 22.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 23.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 24.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor MAURICIO FERMÍN RECONCO FLORES por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de tres delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 25.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor MAURICIO FERMÍN RECONCO FLORES por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 26.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 27.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 28.- … 29.- … 30.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor JULIO ERNESTO EGUIGURE ÁGUILAR, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de tres delitos ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 31.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor JULIO ERNESTO EGUIGURE ÁGUILAR por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 32.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra de la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, por suponerla responsable a título de autora de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 33.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ por suponerla responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 34.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 35.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 36.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor CATARINO ALBERTO CANTOR LÓPEZ, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 37.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor CATARINO ALBERTO CANTOR LÓPEZ, por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 38.- … 39.- … 40.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, por suponerlo responsable a título de autor de la comisión de dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 41.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA por suponerlo responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 42.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra de la señora SAIDA ODILIA PINEL, por suponerla responsable a título de autora de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 43.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de la señora SAIDA ODILIA PINEL por suponerla responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 44.- Declarar CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra de la señora ANA LOURDES MARTÍNEZ CRUZ, por suponerla responsable a título de autora de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 45.- Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de la señora ANA LOURDES MARTÍNEZ CRUZ por suponerla responsable de la comisión del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, teniendo el Ministerio Público un plazo máximo de cinco (5) años después de notificada la presente resolución, para incorporar nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión de ser el caso. - 46.- … 47.- … 48.- IMPONER al señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, la medida cautelar establecida en el artículo 173 numeral 3 consistente en la prisión preventiva la cual deberá de cumplir en la penitenciaría nacional Marco Aurelio Soto de Tamara Francisco Morazán por un periodo no mayor de dos años.- 49.- IMPONER a la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, las medidas cautelares establecida en el artículo 173 numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia de la Abogada Karla Patricia Arita quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representada, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.- 50.- IMPONER al señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogado Nelson Iban Domínguez quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.- 51.-IMPONER al señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.- 52.- IMPONER al señor MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogado Eduardo Lagos quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en el juzgado de Paz del Municipio de la Villa de San Antonio departamento de Comayagua y en el periodo de asueto o vacaciones del poder Judicial lo hará en el Juzgado de Letras de la ciudad de Comayagua; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 53.- IMPONER al señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia de la Abogada ERMELINDA CASTELLON MAURIS quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en el Juzgado Primero de Letras Seccional de Choluteca; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 54.- … 55.- IMPONER al señor JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogado Milton Noé Paz Pineda quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en el juzgado de Paz del Municipio de Villanueva Cortes, y en el periodo de asueto o vacaciones del poder Judicial lo hará en el Juzgado de Letras de la ciudad de San Pedro Sula; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 56.- IMPONER al señor AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogado Maria Dolores López Godoy quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 57.- IMPONER al señor JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia de los Abogados Patricia Flores y Julio Cesar Ramírez y quienes deberán presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 58.- … 59.- IMPONER al señor CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia de los Abogados Patricia Flores y Julio Cesar Ramírez quienes deberán presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 60.- IMPONER al señor OSCAR JAVIER VELAQUEZ RIVERA las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogada Eduardo Antonio Lagos Galindo quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 61.- IMPONER a la señora SAIDA ODILIA PINEL las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter a la imputada al cuidado y vigilancia del Abogado Andrés Fernando Martínez Hernandez, quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, el número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 62.- IMPONER al señor ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ las medidas cautelares establecidas en el artículo 173, numeral 5, consistente en someter al imputado al cuidado y vigilancia del Abogada EDUARDO LAGOS, quien deberá presentar informe cada 15 días, ante este despacho, del comportamiento de su representado, la número 6, consistente en la presentación periódica, los días lunes de cada semana, en este despacho judicial; la numeral 7 consistente en la prohibición de salir del país, la número ocho la prohibición de acudir a las instalaciones de la SECRETARIA MI AMBIENTE antes SERNA.- 63.- …”. (Folios 676–720 del Tomo II de la pieza principal de antecedentes)- 4) Que, conociendo de una serie de recursos de apelación, interpuestas contra las resoluciones relacionadas en los numerales 2 y 3, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción Falló: (SIC) “1. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, por su posible participación en la comisión de los delitos de Fraude en el grado de participación de cómplice y Uso de Documentos Falsos a título de autor. REVOCA el auto de Formal Procesamiento contra el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, pos su posible participación en la comisión del delito de Negociaciones Incompatibles con sus Funciones. 2. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; CONFIRMA la resolución impugnada y dispone mantener el Auto de Formal Procesamiento contra la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, por su posible participación en la comisión del delito de Fraude en el grado de participación de cooperador necesario. 3. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor ROBERTO ANÍBAL MARTÍNEZ LOZANO, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de autor. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude en el grado de participación de cooperador necesario. 4. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra los señores JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ y CATARINO ALBERTO CANTOR LÓPEZ, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplices. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 5. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, por su posible participación únicamente en la comisión de un delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 6. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra la señora ANA LOURDES MARTÍNEZ CRUZ, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 7. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; CONFIRMA la resolución impugnada y dispone se mantenga el Auto de Formal Procesamiento contra la señora SAIDA ODILIA PINEL, por su posible participación en la comisión del delito de Abuso de Autoridad. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude y ordena se dicte un Sobreseimiento definitivo por el delito de Fraude. 8. … 9. … 10. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor MAURICIO FERMÍN RECONCO FLORES, por su posible participación en la comisión únicamente de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de Autor. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 11. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor JULIO ERNESTO EGUIGURE ÁGUILAR por su posible participación en la comisión únicamente de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 12. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, por su posible participación en la comisión únicamente de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 13. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA la resolución impugnada y dispone se dicte Auto de Formal Procesamiento contra la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, por su posible participación en la comisión de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciados en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de cómplice. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 14. La Corte con el criterio mayoritario de sus miembros con la disidencia del Magistrado de la O Ramos quien emite voto particular disidente; REFORMA dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE por su posible participación en la comisión de dos delitos de Abuso de Autoridad apreciado en concurso ideal medial con el delito de Fraude en el grado de participación de autor. REVOCA el Sobreseimiento Provisional decretado a su favor por el delito de Fraude. 15. … 16. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; CONFIRMA las medidas cautelares sustitutivas impuestas a los señores, CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, ROBERTO ANÍBAL MARÍNEZ LOZANO, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ, CATARINO ALBERTO CANTOR LÓPEZ, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, ANA LOURDES MARTÍNEZ CRUZ, SAIDA ODILIA PINEL, JOSÉ MARIO CARBAJAL FLROES, LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJÍA, MAURICIO FERMÍN RECONCO FLORES, JULIO ERNESTO EGUIGURE ÁGUILAR, AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, DARIO ROBERTO VARDONA VALLE y RAÚL PINEDA PINEDA. 17. La Corte por UNANIMIDAD DE VOTOS; CONFIRMA las Medidas Cautelares de Prisión Preventiva para el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA.” (Folios 1760–1830 del Tomo IV de la pieza principal de antecedentes)- 5) Que comparecieron ante la Secretaria de la Sala Constitucional, para interponer las respectivas acciones de Amparo: A) En fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), el abogado MILTON NOEL PAZ PINEDA, actuando a favor del señor JULIO ERNESTO EGUGURE AGUILAR, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-836–2019; B) En fecha diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019), el abogado EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, actuando a favor del señor OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-871–2019; C) En fecha catorce (14) de octubre de dos mil diecinueve (2019), la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-882–2019; D) En fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019), el abogado EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, actuando a favor del señor MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-902–2019; E) En fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil diecinueve (2019), el abogado RAUL EDUARDO GARUGNARD TORRES, actuando a favor de la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-906–2019; F) En fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019), el abogado NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA, actuando a favor del señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-930–2019; G) En fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019), los abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, actuando a favor del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-933–2019; H) En fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019), la abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, actuando a favor de la señora SAIDA OLIDILA PINEL, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-938–2019; I) En fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019), la abogada GLADYS LAMAR ORTIZ, actuando a favor de los señores JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ Y CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-939–2019; J) En fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019), la abogada ERMELINDA CASTELLON MAURIZ, actuando a favor del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-944–2019; K) En fecha uno (1) de noviembre de dos mil diecinueve (2019%), los abogados JUAN SANCHEZ CANTILLANO Y RITZA YOLANDA ANTUNES REYES, actuando a favor del señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-971–2019, y; L) En fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), los abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, actuando a favor de la señora ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-972–2019; todos contra la Sentencia/Resolución de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 59, 60, 61, 64, 69, 80, 82, 84, 89, 90, 92, 96, 98, 103, 304, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y; 1, 7, 8, 9, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios 1–441 del presente Recurso)- 6) Que en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal dispuso: (SIC) “1) DECRETAR DE OFICIO LA ACUMULACION de los autos de que se hace mérito, interpuestas por los abogados KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, RAUL EDUARDO GRAUGNARD TORRES, MILTON NOEL PAZ PINEDA, EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA, EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, GLADYS LAMAR ORTIZ, ERMELINDA CASTELLON MAURIZ, JUAN SANCHEZ CANTILLANO y RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES; 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de suspensión provisional del acto reclamado, en los amparos Nos. SCO-871-19, SCO-906-19, SCO-933-19, SCO-944-19, SCO-971-19 y SCO-972-19; y 3) Constando de autos la remisión de los antecedentes de mérito en los presentes Recursos de Amparo, prosígase con la substanciación de los mismos y de conformidad con lo que dispone el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, concédase vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas a los recurrentes para que formalicen sus respectivas peticiones por escrito; …” (Folios 443-445 del Presente Recurso).- 7) Que en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma los recursos de amparo de mérito, y a la vez, omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 665 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL, EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, que resolvió los Recursos de Apelación interpuestos contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fechas: 25 de marzo, y 12 de abril del 2019, respectivamente, con relación a la causa instruida contra: CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, SAIDA OLIDILA PINEL, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAÍNEZ, CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA Y ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE Y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS RESPECTIVAMENTE.- CONSIDERANDO: (4) Que los recurrentes en la formalización de acción de amparo exponen: 1.- El Abogado MILTON NOEL PAZ PINEDA, en su condición de Defensor Privado de señor JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, manifiesta que la resolución recurrida ha vulnerado y amenazado los siguientes derechos constitucionales: El Derecho de Defensa, Presunción de Inocencia y Debido Proceso, contenidos en los artículos 82, 89 y 90 constitucionales. Violación a los principios de lesividad y necesidad de la Ley Penal ya que no se afectó a la Administración Pública en relación con los artículos 2-C y D del Código Penal, 116 de la Ley General de la Administración Pública. Presunción de Legitimidad de los actos Administrativos y de buena fe, artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 1535 del Código Civil. Violación a la norma sustantiva por ausencia de los elementos objetivos de los tipos penales imputados, artículo 349 y 376 del Código Penal, en relación con la descripción normativa del acto jurídico, establecido en el artículo 116 de la ley General de la Administración Pública. Falta de Valoración y de pronunciamiento y Motivación expresa de las normas jurídicas que invoca la defensa, artículo 18 de la Ley de Promoción de la Generación de Energía Eléctrica Con Recursos Renovables, 5 y 34 de la ley General del Ambiente, 40 al Reglamento a la Ley General del Ambiente, 4, 7, 8, 4, 26, 33 y 37 del Reglamento del SINEIA, 2 de la Ley de Equilibrio Financiero 7 8 y 116 de la Ley General de la Administración Pública; 19, 24, 25, 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 2C 2D, 13, 376 y 349 del Código Penal, 294, 321 del Código Procesal Penal y 1535 del Código Civil.- CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente expone en el escrito de acción de amparo que contra el señor JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR se presentó requerimiento Fiscal por un Delito de Abuso de Autoridad y un Delito de Fraude en perjuicio de la Administración Pública. El 12 de abril del 2019, se dictó a favor del señor EGUIGURE AGUILAR el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por el Delito de FRAUDE y AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por TRES DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD. Manifiesta el recurrente que la actividad delictivo por la que se acusó a su representado no ha existido, existiendo el mínimo indicio por las siguientes razones: 1.- Su representado no intervino en actos jurídicos propios de la Administración Pública, los cuales únicamente son conforme lo establecido en artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, expresamente decretos, acuerdos, resoluciones o providencias, por ende se violenta el principio de legalidad, ya que su representado solamente emitió un dictamen, el cual no es un acto propio en la administración pública, por no ser directamente vinculantes y obligatorio para los Ministros quienes pueden atender o no dichas recomendaciones.- CONSDERANDO: (6) Que el recurrente expone como segunda razón, por la que no hay siquiera indicios contra su representado, que no existen pruebas de las permitidas por el artículo 198, 199 del Código Procesal Penal, para presumir que su representado se coludió con persona alguna para defraudar el Estado. Además, señala que no se valoró lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica, con Recursos Renovables, el cual establece que los proyectos hidroeléctricos son categoría 3, por lo que su opinión técnica traducida en un dictamen es conforme a derecho. Además, expone que el Ministerio Público se fundamentó en normas expresamente derogadas por el artículo 32 de la Ley de Promoción a la Energía Eléctrica con Recursos Renovables que deroga expresamente todas aquellas disposiciones. No se valoró la Buena Fe que se presumen en los actos de la Administración Pública de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de la Administración Pública, ya que su opinión se fundamentó en las opiniones técnicas y legales vertidas por empleados y funcionarios de otros departamentos de la Secretaría de Estado, en el Despacho de Medio Ambiente, confiando que toda la documentación sobre la cual versaba cumplía con todos los requisitos establecidos por la ley.- CONSIDERANDO: (7) Que el impetrante expone que no conforme con la resolución dictada por el A Quo, apeló dicha resolución, sin embargo el Ad Quem valoró de manera indebida los hechos, señalando que el imputado emitió una licencia ambiental, lo que no es cierto, porque lo que hizo su representado fe un dictamen ambiental, carente de efectos jurídicos, formales y vinculantes directamente al caso porque es la opinión que puede ser o no tomada en cuenta, para otorgar una licencia ambiental ya que no es obligatoria. Explica el recurrente que se señala como acto colusorio y constituyente de abuso de autoridad, los Contratos de Energía cuyos actos fueron realizados en el 2010, tiempo en que su representado no era ni siquiera Director de la DECA, haciendo la observación, que como pudo coludirse su representado en un acto en el que cronológicamente no intervino de ninguna forma anterior o simultánea, unido a que ni siquiera otorgó una licencia.- CONSIDERANDO: (8) Que el recurrente manifiesta que hay una valoración indebida en el Delito de Fraude, fundamentándose en supuestos tales como: 1.- Que se le impidió participar a otras empresas en la licitación, que dichos actos pueden comprometer el patrimonio futuro del Estado. Dichas valoraciones son contrarias a lo dispuesto en el artículo 376 del Código Penal en cuanto a que se refiere una lesión al bien jurídico de la Administración Pública, porque no se trata de un delito de peligro abstracto debido a la probabilidad de un futuro perjuicio, que tampoco existió porque el proyecto no se ejecutó- CONSIDERANDO: (9) Que la recurrente Abogada GLADYS LAMAR ORTIZ en su condición de Defensora Pública de la señora SAIDA ODILIA PINEL, formalizó la acción de amparo, manifestando que la resolución recurrida violenta el derecho al Debido Proceso, contenido en el artículo 90 constitucional. Constituyendo la estructura básica del Estado de Derecho el Derecho de Defensa y el Debido Proceso y su consecuencia de seguridad jurídica. Señalando que la Acción de Amparo se interpone, en virtud de que la resolución impugnada no es aplicable a su representada, ya que disminuye sus derechos y su seguridad jurídica, al confirmar el auto de formal procesamiento en su contra, alegando que la acusada realizó acciones de Abuso de Autoridad, dictando dicha resolución sin valorar las circunstancias y las disposiciones legales correspondientes al caso concreto, y que dicha figura legal implica emitir órdenes contrarias a la Constitución de la República o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de los ordenamientos jurídicos en su conjunto, considerando necesario, señalar que su representada cuando emitió su dictamen lo hizo en aplicación de la Ley de Aguas vigente desde el 14 de diciembre del 2009, teniendo vigencia los reglamentos aplicables, en virtud de no estar en ese momento reglamentos complementarios para el procedimiento a seguir y esto por indicación de la misma ley que señala: “en tanto no se reglamente la presente ley seguirá en vigencia aquellas disposiciones reglamentarias que fueren aplicables”, es decir que mi representada al momento de emitir su dictamen estaba autorizada para hacerlo con justificación legal y bajo ninguna circunstancia contrario a la Constitución de la República u ordenamiento jurídico, señalando que en el caso sub judice la acción de su representada al no ser contraria o prohibida por nuestra legislación nacional y no existir dolo de su parte, porque dicha diligencia se encontraba dentro de sus atribuciones y del marco legal porque no está prohibida por la ley, por lo que dicha acción no se encuadra dentro del tipo legal.- CONSIDERANDO: (10) Que la recurrente Abogada GLADYS LAMAR ORTIZ en su condición de Defensora pública de los señores JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ y CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, formalizó la Acción de Amparo, manifestando que la resolución recurrida violenta el derecho al Debido Proceso, contenido en el artículo 90 constitucional. Constituyendo la estructura básica del Estado de Derecho el derecho de Defensa y el Debido Proceso y su consecuencia de seguridad jurídica. Señalando que la acción de amparo se interpone, en virtud de que la resolución impugnada no es aplicable a sus representados, ya que disminuye sus derechos y su seguridad jurídica, al confirmar el auto de formal procesamiento en su contra, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD EN CONCURSO IDEAL MEDIAL CON EL DELITO DE FRAUDE, resolución que se emitió sin valorar las circunstancias y las disposiciones legales correspondientes al caso concreto; y que dicha figura legal implica emitir órdenes contrarias a la Constitución de la República o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de los ordenamientos jurídicos en su conjunto. Por lo que señala que sus representados: JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ Y CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ en cuanto al Abuso de Autoridad al emitir el dictamen No. 130-09, en el cual se determinó que el sitio cumple técnicamente con las condiciones para llevar a cabo el desarrollo de los estudios de factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, dicho dictamen se realizó en aplicación a la Ley Marco del Subsector Eléctrico y Reglamento artículo 75, por lo que al otorgar permiso para estudios para la construcción de obras de generación se requería opinión de la Secretaría de Estado competente, siendo esto atribución de sus representados, es decir que estaban autorizados para emitir dictámenes por lo que bajo ninguna circunstancia el accionar de sus representados estaba prohibida por la ley, señalando que dicho dictamen en su momento no fue requisito único o determinante, y al momento de emitirlo sus representados estaban autorizados para hacerlo con justificación legal y bajo ninguna circunstancia contrario a la Constitución de la República y del ordenamiento jurídico por lo que el accionar de sus representados no existe el dolo. En cuanto al delito de FRAUDE, señala que sus representados debieron incurrir en una acción mentirosa, que hubiese incurrido en creencia falsa al sujeto pasivo, absteniéndose el sujeto activo de dar a conocer dicho error, para realizar su finalidad des posesoria, hacerse en este caso los indiciado, ilícitamente de alguna cosa o bienes muebles corporales de naturaleza física y alcanzar un lucro indebido, elementos estos, que no se acreditaron con prueba de cargo por parte de la Fiscalía del Ministerio Público para que exista indicio racional, por lo que dicha acción no se enmarca dentro del tipo legal.- CONSIDERANDO: (11) Que la impetrante, Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, en representación de la señala CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, formalizó la Acción de Amparo, exponiendo que la resolución recurrida quebranta derechos constitucionales, por la errónea interpretación de los preceptos legales que regulan la responsabilidad penal, despreciando la vigencia del principio de legalidad, normas contenidas en los artículos 1, 2, 14, y 32 del Código Penal. En el presente caso el accionar que indebidamente se le imputa a su representada es la creación de Sociedades Mercantiles y supuestamente usarla para ponerse de acuerdo con otras personas y accesar indebidamente a contratos con el Estado, señalando que incurre con el supuesto sancionado por el tipo penal de Fraude. Señala que uno de los elementos del tipo penal de Fraude, es que el actor sea funcionario, extremo que respecto a su representada no concurre, ya que la Abogada Castillo Argueta no fungía en ningún cargo público mientras se realizaban los supuestos actos reprochables; sin embargo la resolución cuestionada considera que la señora Castillo Argueta no era funcionaria, se le considera susceptible de deducirle responsabilidad penal al haber actuado con intención de defraudar el fisco, en una condición de cómplice necesario, porque se estima que tiene un dominio del hecho. Por lo que el criterio plasmado por el Ad Quem irrespeta las normas legales referidas, configurándose así una vulneración constitucional, ya que, si bien acepta que el tipo penal impugnado es especial, en la elaboración de su razonamiento desprecia tal extremo y permite que se continúe con la imputación penal a una persona que, a todas luces, procesalmente hablando es imposible su procesamiento.- CONSIDERANDO: (12) Que la impetrante señala que la participación de un particular en el delito señalado, no se tipificaba en el viejo Código Penal, sino que es en el vigente Código Penal en el segundo párrafo del artículo 482, que señala la responsabilidad en la que incurrirá el particular que participe en los acuerdos colusorios con los funcionarios para realizar los actos de fraude, con lo que se evidencia la improcedencia de la resolución dictada por el Ad Quem. Señalado la existencia de la violación al Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional relacionado con la aplicación indebida del artículo 297 del Código Procesal Penal y la consecuente vulneración del artículo 1 y 321 Constitucional. Manifiesta que el precepto contenido en el artículo 297.1 del Código Procesal Penal establece: “Para decretar el auto de prisión el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido un delito la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito; y…. Señala que la acusación contra su representada es a título extraneus, considera oportuno reseñar lo que este razonamiento jurídico fue adoptado por el Juez natural nombrado en el expediente 102-2018- mismo que dictó sobreseimiento definitivo, por estimar dicho juzgador que decretar un Auto de Formal Procesamiento, siguiendo la teoría del extraneus acarrea la vulneración del artículo 321 de la Constitución de la República que contiene el Principio de Legalidad y el artículo 1 y 2 del Código Penal por no estar contenida la teoría del extraneus en la norma positiva penal, por lo que pretender su aplicación contraria al Principio de Legalidad.- CONSIDERANDO: (13) Que el recurrente Abogado RAUL EDUARDO GARUGNARD TORRES, formaliza Acción de Amparo a favor de su representado la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, exponiendo que la resolución recurrida vulnera el Debido Proceso establecido en el artículo 90 constitucional, señalando que los dictámenes emitidos por su representada constituyen dos delitos de abuso de autoridad forman parte de las resoluciones emitidas por las autoridades correspondientes y sobre las cuales también existió acusación de abuso de autoridad siendo ambas sobreseídas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones impugnada cuando dictó resolución reformó la resolución del A quo dictando Auto de Formal Procesamiento, sin que exista evidencia probatoria de dos delitos de abuso de autoridad apreciados en concurso ideal medial con el delito de Fraude e indicios racionales de la participación de su representada.- CONSIDERANDO: 14 Que el recurrente en cuanto al delito de Fraude imputado a su representada hace la siguiente exposición: Que la Corte de Apelaciones con el criterio mayoritario de sus miembros revocó el Sobreseimiento Provisional decretado por este delito y reforma la resolución del A-Quo, apreciando que la participación de AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, (de dos delitos de Abuso de Autoridad), fue medial con el delito de Fraude, en su grado de participación de cómplice, conforme a los artículo 376 y 33 del Código Penal, hace la observación que la Corte de Apelaciones impugnada, a diferencia de lo que hace con otros imputados, en relación con el delito de fraude en la Motivación y Fundamentación Jurídica de su Auto Motivado, no desarrolla con respecto a las actuaciones de la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GÓMEZ, (apartado 17) siquiera mínimamente la correspondiente subsunción típica de su conducta en el tipo penal de Fraude (art. 376. C.P.), así como tampoco en que consistió su cooperación “en la ejecución del hecho por actos anteriores y simultáneos” (art. 33 C.P.).- CONSIDERANDO: (15) Que el representante de la recurrente, en la parte de la tipicidad subjetiva en relación con la naturaleza jurídica de dos dictámenes, señala: “Los dictámenes son actos administrativos que mantienen opiniones o juicios, pero son actos internos de un procedimiento”[8]. En ese orden de ideas el recurrente señala que los actos administrativos señalados no comparten la naturaleza de los actos típicos del artículo 349.2, los cuales en una u otra forma expresan una determinada voluntad y pretenden modificar, cambiar, transformar o mantener algo, como una especie de norma (individual o general) que interviene o pretende intervenir en la realidad, en cambio las opiniones o dictámenes solo pretender describir o dar cuenta de esas normas sin intervenir en la realidad, en consecuencia es evidente que las opiniones o dictámenes emitidos por la acusada, no son subsumibles en los actos típicos el artículo 349.2 del Código Penal y carecen por ello de relevancia jurídico penal, es decir no se pueden adecuar a los verbos rectores del tipo penal. Por lo que, habiendo dictado auto de formal procesamiento por actos atípicos, se contraviene gravemente el artículo 92 Constitucional, pues no puede constituirse ningún indicio de la comisión de delito alguno ni de participación en un hecho que no se configura como delito. Expone la recurrente que se ha quebrantado el Principio de Legalidad, Defensa, Igualdad ante la ley y no Discriminación y Seguridad Jurídica, vulnerando además las reglas de la sana crítica que manda el artículo 202 del Código Procesal Penal, el Estado de Inocencia contenido en el artículo 89 Constitucional relacionado con el artículo 2 del Código Procesal Penal, además regulado en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO: (16) Que el Abogado NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA, formaliza la Acción de Amparo a favor de ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, por suponerlo responsable del delito de Fraude y Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, señala que en la audiencia inicial se dictó Auto de Formal Procesamiento por el delito de Abuso de Autoridad y sobreseimiento provisional por el delito de Fraude. Tanto la defensa del señor Lozano como el Ministerio Público no estuvieron de acuerdo con dicha resolución por lo que interpusieron recurso de apelación contra la misma, resuelto que fue, se declaró con lugar el recurso de apelación del Ente Acusador ordenado se dictara Auto de Formal Procesamiento contra el señor ROBERTO MARTINEZ LOZANO por el delito de Abuso de Autoridad, revocando el sobreseimiento provisional dictado por el A Quo a su favor por el Delito de Fraude.- CONSIDERANDO: (17) Que el recurrente manifiesta su desacuerdo con la resolución que ahora se impugna en virtud de que el Ad Quem no consideró en su resolución los siguientes aspectos: 1) Acuerdo de nombramiento del Ingeniero ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, en su condición de Gerente General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, (ENEE), en el cual se acredita la fecha de inicio y el tiempo que laboró como Gerente General de dicha empresa el señor MARTINEZ LOZANO. 2) oficio SDN. No. 045- 2008, enviado por la Abogada Rixi Moncada en su condición de Gerente General de la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), donde solicita a las Fuerzas Armadas el traslado del Sub Teniente Roberto David Castillo Mejía, a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a partir del 14 de enero del 2008, con lo que se acredita que cuando el señor Roberto Aníbal Martínez Lozano, llegó a la Gerencia General de la (ENEE), según acuerdo del 2 de febrero del 2010, ya el señor Roberto David Castillo Mejía se encontraba laborando como Asistente Técnico de la Gerencia de la (ENEE). Así mismo la solicitud presentada por parte de la Empresa de Desarrollo Energético, S-A-. de C.V., (DESA), a través de su apoderada legal la Abogada Carolina Lizbeth Castillo, fue en fecha 10 de noviembre del 2009, 80 días antes que el señor Roberto Aníbal Martínez Lozano, asumiera el cargo como Gerente General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Por todo ello es que no puede existir una colusión y menos una confabulación entre funcionarios y extraneus, tal y como lo asevera el Ministerio Público.- CONSIDERANDO: (18) Que el recurrente manifiesta que el Contrato No. 043-2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica, entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A. de C,V., ratificando que el contrato 043-2010, se hizo atendiendo las recomendaciones emitidas por el Abogado ALFREDO CRUZ LANZA, en su condición de asesor legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y cada una de ellas se encuentra plasmada en dicho contrato tal como se pudo demostrar desvirtuando así, lo expuesto por el Ministerio Público en el Hecho Tercero del No. 2 del Requerimiento Fiscal, pues en dicho dictamen en ningún momento establece que el procedimiento para la adjudicación del contrato no se siguieron los procedimientos menos aún que los dictámenes carecían de veracidad, limitándose el Asesor Legal al mejoramiento de cláusulas para la elaboración del contrato y no del procedimiento que se siguió para el mismo, lo que quedó establecido mediante la comparación que se hizo entre el dictamen y el contrato. Señala además el acta No. 01 JD- 1078-2010 de fecha 21 de mayo del 2010, con la que se acredita que el Ingeniero ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, actuó de estricta conformidad y apego a la ley, ya que fue la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quien autorizó al señor ROBERTO ANIBAL MARTÍNEZ LOZANO, para que suscribiera los contratos de compra de potencia y su Energía asociada con Recursos Renovables con distintas sociedades mercantiles, entre ellas la Empresa de Desarrollo Energético, S.A., de C.V., (DESA), expresando que su representado actuó en cumplimiento de la ley, señalando el Decreto No. 70-2007 artículo 14 que dice: “…, debe resolverse en un plazo máximo de 45 días hábiles, administrativos, contados a partir del día siguiente de presentada la correspondiente solicitud, acompañada de los requisitos mínimos: estudio de factibilidad y el correspondiente permiso para realizar dichos estudios , otorgado por la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA).- CONSIDERANDO: (19) Que el recurrente señala que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en fecha 22 de enero del 2010, otorgó a la Empresa DESARROLLOS ENERGÉTICOS, S.A, Y C.V.,(DESA), en la misma fecha otorgó contrato de Aprovechamiento de Aguas Nacionales, para la Generación de Energía Eléctrica, mediante el Proyecto Hidroeléctrico “AGUA ZARCA”, es decir varios días antes de que el señor Roberto Martínez Lozano, fuera nombrado como Gerente General de la (ENEE). Además, describe los documentos autenticados acompañados para acreditar los extremos señalados. El recurrente ha desarrollado los motivos por los que considera que ha quebrantado los derechos contenidos en los artículos 82, 90 párrafo primero, 92, 321 y 323, de la Constitución de la República; artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO: (20) Que los bogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, formalizan Acción de Amparo a favor del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, a quien se le imputan los delitos de Abuso de Autoridad y Fraude, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, señalando que busca amparo en contra de la resolución de fecha 28 de agosto del 2019, que declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción de fecha 12 de abril del 2019, confirmándose el mismo por el delito de Abuso de Autoridad y por mayoría de sus miembros se REVOCA el Sobreseimiento Provisional que la A quo había dictado por el delito de Fraude. Señalando que uno de los integrantes de la Corte de Apelaciones consideró que debía dictarse Sobreseimiento Definitivo, por considerar que su acción no era una conducta típica.- CONSIDERANDO: (21) Que los recurrentes consideran que se han quebrantado los siguientes derechos constitucionales: Imparcialidad Judicial, Debido Proceso, Derecho de Defensa, derecho a ser Oído y Estado de Inocencia. Expone que la imparcialidad judicial está contenida en el Art. 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Manifiestan los recurrentes que con la resolución impugnada, la Corte de Apelaciones ha producido una irreparable violación al principio de imparcialidad judicial y consecuentemente al debido proceso en vista de que la Corte de Apelaciones lejos de comportarse como juzgadora imparcial, asume una posición de parte al dictar su resolución, señalando el numeral 8 de la Fundamentación Jurídica, en relación al análisis que hace del sobreseimiento provisional dictado por el A quo, en cuanto al delito de Fraude a favor de varios imputados, entre ellos el señor Cardona Valle, representado de los recurrentes, cuando se pronuncia: “De inicio coincidimos con los cuestionamientos expresados por algunos de los recurrentes sobre la motivación esgrimida por Juzgado de Letras para sustentar el sobreseimiento provisional, en relación a un elemento objetivo del tipo que es la colusión del funcionario con un tercero, siendo el razonamiento de la Juez bastante inseguro, y con incertidumbre, el sostener primero que vislumbra acuerdo colusorio para después afirmar que el ente acusador, no acreditó dicho acuerdo que vinculara a algunos de los acusados con los funcionarios….- CONSIDERANDO: (22) Que los recurrentes exponen que para apreciar si concurre o no un delito de Fraude contra el Estado es preciso entonces deslindar o delimitar las conductas personales de los acusados individualizando las acciones de cada uno de ellos, pero al mismo tiempo habrá que apreciarlas en su conjunto, es decir determinar el cuadro fáctico para después realizar un ejercicio de tipicidad, que no es otra cosa que verificar si esos hechos encuadran en la descripción típica de los delitos de Abuso de Autoridad o Fraude, abordaje que omitió la Juez de primera instancia al establecer la calificación de los hechos. Haciendo Señalamiento que en la resolución impugnada deja establecida la imprecisión de la acusación en esa imputación. Sin embargo, la Corte de Apelaciones procede a establecer los mismos, comenzando a deducir cuales son los hechos constitutivos de la infracción penal en comentario. Además, la misma Corte de Apelaciones cuestiona la carencia de motivación de la Juez de Letras, en cuanto al acuerdo colusorio del delito de Fraude por no haberlo determinado.- CONSIDERANDO: (23) Que los recurrentes manifiestan que el Tribunal recurrido a irrespetado el Principio Acusatorio, según el cual a los órganos jurisdiccionales les queda vedado la determinación del objeto del proceso es decir los hechos, ya que ésta es materia de partes, no es labor que deba desempeñar el órgano jurisdiccional. “El aspecto objetivo del proceso le viene señalado al órgano encargado de la persecución del delito, en este caso al Ministerio Público, de tal forma que, si la Corte de Apelaciones tal como se desprende de la literalidad de su resolución, cuestiona la falta de precisión de los hechos propios del FRAUDE por parte del acusado, no le correspondía a ella hacer el trabajo de éste y proceder a determinarlos o inferirlos…”.- CONSIDERANDO: (24) Que los recurrentes señalan la falta de motivación de la resolución apelada, dictada por el Juez A Quo, sin embargo, así como que la misma Corte de Apelaciones reconoce la falta de motivación de dicha resolución, aun así no ordenó su nulidad, ella misma dice en su resolución: “NO obstante no podemos decir que la resolución carece de una absoluta motivación, lo que resulta contradictorio o se sustenta en pruebas inexistente, aunque se admita que la misma no es amplia o suficiente. Detalla el recurrente en su formalización cada uno de los hechos que motivaron el enjuiciamiento, así como que la resolución impugnada en ningún momento dejó establecido la correlación precisa y conexa entre algunos de los supuestos del delito de Abuso de Autoridad, con relación a la acción u omisión cierta del imputado que se estimare probada, y por ende sucede lo mismo con el supuesto delito de Fraude, por todo ello solicita se otorgue la garantía de amparo, para restituir el goce de los derechos fundamentales de su representado el señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE.- CONSIDERNANDO; (25) Que los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, formalizan Acción de Amparo a favor de la Abogada ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, a quien se le imputan los delitos de Abuso de Autoridad y Fraude, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, señalando que busca Amparo en contra de la resolución de fecha 28 de agosto del 2019, que declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción de fecha 12 de abril del 2019, confirmándose el mismo por el delito de Abuso de Autoridad y REVOCA el Sobreseimiento Provisional que la A quo había dictado por el delito de Fraude, calificando su actuar como una complicidad simple, por este último delito.- CONSIDERANDO: (26) Que los recurrentes exponen los motivos de amparo de la misma forma que los expresó en la formalización de la Acción de Amparo presentada a favor del señor CARDONA VALLE, consideran que se han quebrantado los siguientes derechos constitucionales: Imparcialidad Judicial, Debido Proceso y Estado de Inocencia. Expone que la imparcialidad judicial está contenida en el Art. 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Manifiestan los recurrentes que con la resolución impugnada, la Corte de Apelaciones ha producido una irreparable violación a Principio de Imparcialidad Judicial y consecuentemente al Debido Proceso en vista de que la Corte de Apelaciones lejos de comportarse como juzgadora imparcial, asume una posición de parte al dictar su resolución, señalando el numeral 8 de la Fundamentación Jurídica, en relación al análisis que hace del sobreseimiento provisional dictado por el A quo, en cuanto al delito de Fraude a favor de varios imputados, entre ellos su representada, cuando se pronuncia: “De inicio coincidimos con los cuestionamientos expresados por algunos de los recurrentes sobre la motivación esgrimida por Juzgado de Letras para sustentar el sobreseimiento provisional, en relación a un elemento objetivo del tipo que es la colusión del funcionario con un tercero, siendo el razonamiento de la Juez bastante inseguro, y con incertidumbre, el sostener primero que vislumbra acuerdo colusorio para después afirmar que el ente acusador, no acreditó dicho acuerdo que vinculara a algunos de los acusados con los funcionarios….- CONSIDERANDO: (27) Que los recurrentes consideran que la resolución impugnada violenta los derechos de su representada, ya relacionados, al haber sido dictada al margen de la ley, al tratarse de actos de índole administrativo que no configuran hechos ilícitos y sobre todo crecen de relevancia penal, en relación a las actuaciones realizadas por su representada, de acuerdo a lo establecido por la Sala de lo Constitucional mediante la sentencias de amparo penal 0777-2016 (del 21 de marzo del 2018) y 0538-2017 (del 08 de mayo del 2018), que tratan sobre los mismos hechos. Señalan que en materia administrativa los actos de la administración son susceptibles de impugnación por parte de quienes se ven afectados por su adopción, en el caso que nos ocupa quienes pudieran oponerse al proyecto tuvieron la posibilidad de acceder a instancias como el Ministerio Público, Despacho de Recursos Naturales y Ambiente, exponen que las alegadas víctimas tuvieron acceso a la Presidencia de la República, pero nunca interpusieron ni siquiera una denuncia ante el órgano competente de controlar el acto de la administración ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Manifiestan que quedó acreditado en la audiencia inicial que su representada cumplió a cabalidad con los preceptos que regulan la autorización de estudios de factibilidad y contrato de aguas.- CONSIDERANDO: (28) Que el Abogado EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, formaliza la Acción de Amparo en su condición de Defensor del señor MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, en el proceso que se le sigue por suponerlos responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD EN CONCURSO IDEAL MEDIAL CON EL DELITO DE FRAUDE, en perjuicio de la Administración Pública. El recurrente considera que la resolución impugnada ha quebrantado derechos constitucionales contenidos en los artículos: 1. del Estado de Derecho, 82 primer párrafo del Derecho de Defensa, 89 Estado de Inocencia, 90 primer párrafo, 92 primer párrafo Del Debido Proceso y 92 de los requisitos para dictar Auto de Formal Procesamiento. Expone que se violenta el Estado de Inocencia y Debido Proceso, en vista de que en el acápite de la motivación y fundamentación jurídica de la resolución objeto de amparo, dejo establecido en el primer párrafo de la página 24 de la resolución, “que analizando los escritos de apelación y confrontando su contenido con la resolución impugnada encuentra una MOTIVACIÓN DEFICIENTE, así mismo en la misma página, analizando la resolución emitida por el A quo, señala el Ad Quem que la MISMA ES FRANCAMENTE CONTRADITORIA O SE SUSTENTA EN PRUEBA INEXISTENTE, a esto le suma otras irregularidades que adolece la resolución del A Quo, entre las que destaca una sucinta valoración positiva o negativa de los medios de prueba, aportados por las partes, en relación a los elementos de la tipificación de los delitos e indicios racionales de participación, así como la prueba de la defensa relativa al desvanecimiento de tales hechos, sin distinguir con claridad cuáles de estos medios probatorios fueron admitidos o inadmitidos y cuales fueron evacuado, no obstante el Ad Quem, resolvió empeorando la situación jurídica de los acusados, al revocar el sobreseimiento provisional por el Delito de Fraude, instruyendo se dictara auto de formal procesamiento por este delito a varios imputados entre ellos su representado, contra quien se instruyó Auto de Formal Procesamiento por dos delitos de Abuso de Autoridad en Concurso Ideal Medial con el Delito de Fraude. Además expone que el Ad Quem no tomo en cuenta la prueba propuesta y evacuada en defensa de su representado, inobservó lo estipulado en el Contrato de Operación al igual que la contrata de Aguas, si bien es cierto de acuerdo a la ley deberán ser suscritos por el Titular de SERNA ahora mi ambiente, no entran en vigencia ni son exigibles ( es decir no constituyen ACTOS JURÍDICOS), porque aún no crean, modifican ni extinguen, derechos u obligaciones) sino hasta que son aprobados por el Congreso Nacional de la República y publicados en el Diario Oficial La Gaceta, esto porque llevan involucrados exenciones, incentivos, y concesiones fiscales que son las establecidas por la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables o Decreto 70-2017 y además por prolongar sus efectos al siguiente período de Gobierno de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 205 No. 19 de la Constitución de la República en relación con el artículo 66 de la Ley Marco del Sector Eléctrico, que literalmente preceptúa: “Las empresas del sub sector solo podrán operar mediante contratos de operación celebrados con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente previo dictamen de CNE. Esta disposición no será aplicable a quienes generen energía exclusivamente para uso propio. Los contratos deberán publicarse en el Diario Oficial La Gaceta y en, por lo menos en un diario con circulación nacional previo a su entrada en vigor”, en relación con el artículo 57 del Reglamento de dicha Ley Marco. Señala que la inobservancia por parte del Ad Quem, del Contrato de Operaciones para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica y la Contrata de Aguas, impidió que conociera la verdad de los hechos que es la que determina la inocencia de su representado. Por todo ello considera quebrantados los derechos del imputado, por lo que debe conceder la acción de amparo.- CONSIDERANDO: (29) Que el Abogado EDUARDO ANTONIO LAGOS GALINDO, formaliza la Acción de Amparo en favor de su representado, el señor OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, a quien se le supone responsable de dos delitos de Abuso de Autoridad en Concurso Ideal Medial con el Delito de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública, considera que se han quebrantado los derechos contenidos en el artículo 1, 82 primer párrafo, 89, 90 primer párrafo, 92 primer párrafo y 96 de la Constitución de la República. Señala que se violentan tales derechos, al no tomar en consideración ni valorar conforme a las reglas de la sana crítica los argumentos y elementos de prueba evacuados en la audiencia inicial en defensa de su representado, como ser el hecho de que el ICF y la UMA de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara se pronunciaron de manera favorable al desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca(PHAZ), el Instituto Nacional de Conservación Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), se pronunció a través de los dictámenes CIPF 048-2011 y 010-2010, en los que establece una opinión favorable para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, dictámenes que fueron evacuados como medios de prueba y corren agregados a folios 320 y 329 del tomo 3 de los anexos. Manifiesta el recurrente que además el Ad Quem no consideró y sus argumentos valorativos que el informe No. 17-2011, presentado por su defendido No es un acto administrativo de conformidad con el derecho positivo y más concretamente con el artículo 116 de la Ley General de la Administración Púbica, que no lo considera como tal, al establecer: “Los actos de los órganos de la Administración Pública adoptará las formas de Decretos, Acuerdo, resoluciones o Providencias”.- CONSIDERADO; (30) Que el impetrante Señala que de acuerdo a lo antes señalado, el informe 17-2011 emitido por su defendido, es una actividad administrativa que no llega siquiera a constituir una opinión o dictamen técnico vinculante para decidir si se otorga o no una licencia ambiental, es un insumo de información que su representado le presentó al señor Director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), para que éste lo revise, analice y apruebe, ya que éste decidirá finalmente si lo utiliza para preparar el Dictamen Técnico que por disposición de la ley le corresponde emitir, por ser el funcionario a quien el Reglamento de organización, funcionamiento y competencia del Poder Ejecutivo, en su artículo 87 No. 4 y el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), Acuerdo Ejecutivo 189-2009, invisten de la facultad legal de dictaminar en materia ambiental antes de que se apruebe o no la licencia ambiental de un determinado proyecto. Expone además la falta de motivación de la Sentencia, así como la falta de valoración de los medios de prueba mediante las reglas de la sana crítica. Dice además que el dictamen Técnico emitido por el Director de DECA/SERNA, tampoco constituye un acto administrativo reconocido como tal por el artículo 116 de la Ley General de Administración Pública, ya que no es el medio mediante el cual la Administración Púbica, representada en este caso por SERNA se pronuncia reconociendo u otorgado derechos, esto lo hace mediante Resolución de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo que literalmente preceptúa: “La Resolución pondrá fin al procedimiento y en su parte dispositiva se decidirán todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas del expediente resulten hayan sido o no promovidas por aquellas”; en consecuencia ese dictamen técnico no está sujeto a motivación ni puede ser objeto de impugnaciones como ocurre con las resoluciones y las providencia, cuando estas últimas causan indefensión o le ponen fin al procedimiento, como acertadamente lo señala en el último párrafo de la página 64, la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, solo que estos supuestos no aplican para el Informe Técnico 17-2011 y el Dictamen Técnico correspondiente ya que son solo opiniones técnicas razonadas en la providencia que impulsó el trámite hacia la Unidad de Servicios Legales, para que dictaminara lo procedente desde el punto de vista jurídico.- CONSIDERANDO: (31) Que el recurrente expone que el Ad Quem no valoró que el señor OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, no solo tomó en consideración la opinión del Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF),Institución que se pronunció a través de la Técnico Forestal ANGELA MELISSA NUÑEZ SORIANO, quien estableció en su Dictamen 010-2010 Una Opinión Favorable para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sino también se fundamentó en la Inspección in situ, realizada por el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), del cual formó parte la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental (DECA) de la SERNA ahora conocida como Mi Ambiente, a través de su Director JULIO ERNESTO EGUIGURE, quien realizó la convocatoria y de OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, Técnico de campo que estuvo en dicha inspección en representación de la DECA/SERNA, circunstancia que el Ministerio Público pretende deslegitimar bajo el argumento que solamente se convocó para integrar el SINEIA a la UMA de San Francisco de Ojuera, de Santa Bárbara y el ICF, soslayando que el SINEIA de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo Ministerial 189-2009 Reglamento de SINEIA , también lo conforman El Proponente, El Proyecto, Los Prestadores de Servicios Ambientales y la SERNA, actores que también participaron desde el momento mismo que la empresa (DESA), manifestó públicamente (publicación periódicos), su intención de desarrollar el proyecto y durante el proceso de elaboración del Diagnóstico Ambiental cualitativo, por parte del prestador de servicios ambientales, que para tal efecto dicha empresa contrató en el marco del Principio de Responsabilidad Ambiental establecido en el artículo 3 del Reglamento del SINEIA, Acuerdo Ministerio 189-2009. En la misma línea de elaboración del Informe presentado por el acusado, señala el recurrente que también tomó en cuenta que “de acuerdo con los dictámenes técnicos CIPF 048-2011, Y DCHA 010-2010, emitidos por el ICF determinó que el PHAZ no presentó traslapes conflictivos, está ubicado fuera de microcuencas legalmente declaradas y se considera factible. Demás detalla todas las incidencias de las actuaciones de su representado, señalando el quebrantamiento de sus derechos fundamentales, por los que solicita se otorgue la acción de Amparo.- CONSIDERANDO: (32) Que la Abogada ERMELINDA CASTELLON MAURIS, en su condición de representante del señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, a quien se le sigue proceso por suponerlo de la comisión de UN delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso Ideal Medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de COMPLICE, en perjuicio de la Administración Pública, formaliza la acción de amparo presentada contra la resolución de fecha 28 de agosto del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, que resuelve por Mayoría de Votos, REFORMA la Resolución dictada por el A quo, y dispone “que se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, por su posible participación únicamente en la comisión de UN delito de Abuso de Autoridad, apreciado en concurso Ideal Medial con el delito de Fraude, en el grado de participación de cómplice, revocando la resolución del A quo que dictó Sobreseimiento Provisional a favor del señor RIVAS BONILLA.- CONSIDERANDO: (33) Que el recurrente invoca el Voto Disidente particular, emitido por el Magistrado disidente de la Corte de Apelaciones recurrida que en su parte conducente estima que “las actuaciones administrativas del acusado no inciden significativamente en la firma de los contratos anteriores, así como que tampoco es relevante para la firma de la primera modificación del Contrato de Operación para la Generación de Potencia y Energía Eléctrica para la instalación del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca firmado el 17 de enero del 2012 entre Darío Roberto Cardona y Carolina Castillo Argueta, aprobado por el Congreso Nacional, publicado en La Gaceta el 24 de enero del 2012, motivo por el cual para apreciar esa colusión necesaria para cometer el delito de Fraude contra el Estado de Honduras se debe deslindar y delimitar las distintas etapas de la contratación y donde intervienen distintos actores (preparación, contratación o ejecución), decidiendo si las conductas atípicas corresponden a un delito de fraude, y bien ese proceso colusorio solo puede concurrir con otras conductas típicas, como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, prevaricato administrativo, falsedades ideológicas o materiales etc., porque se debe valorar si el acto administrativo o jurídico finalmente incide y es esencial en su contribución a la consumación del fraude, por ello la determinación de los grados de participación, las cuales suelen contar con aportaciones individuales de los partícipes y que pueden guardar relación o no, con el acuerdo colusorio…”. Por todo ello el recurrente considera que se violentaron los derechos constitucionales de su representado contenido en los artículos 82 del Derecho de Defensa y 90 del Debido Proceso.- CONSIDERANDO: (34) Que los Abogados JUAN SANCHEZ CANTILLANO Y RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES, formalizan la Acción constitucional de Amparo, a favor del señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, a quien se le sigue proceso por suponerlo responsable a título de Autor del delito de FRAUDE Y USO DE DOCUMETOS FALSOS, en perjuicio de la Administración Púbica y la Fe Pública del Estado de Honduras. Expone el recurrente que el Ad Quem declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Formal Procesamiento dictado en fecha 12 de abril del 2019 por el A quo. Manifiesta el recurrente que la resolución impugnada quebranta derechos de los sujetos procesales a obtener dentro del debido proceso una resolución o sentencia basada en derecho congruente que respete el derecho de defensa que tiene rango de inviolabilidad contenidos en los artículos constitucionales, 82, 90. Expone el recurrente que la resolución dictada no contiene la motivación donde se aplique el derecho congruente, señala que el A quo consideró prueba que a su criterio sorprendió a la Defensa Técnica al incorporar prueba pericial contentiva de los peritos oficiales que habían confeccionado sendos dictámenes, Informe Técnico No.145-18 y el dictamen 185-2017, lo que transgrede el derecho de defensa, porque le ha impedido tener la oportunidad procesal que al momento de estar realizándose no se pudo controvertir su producción en los sentidos científicos de: qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó y quién participó, requisitos esenciales para la formación de la plena prueba de la existencia de un delito. Expone que en lo mismo hecho de ocultar la existencia dos medios de prueba que debieron ser sometidos al contradictorio de parte en su formación, es un fraude de ley procesal, desencadenando dos consecuencias específicas: fabrica hechos de interés penal y genera una circunstancia insuperable de indefensión. No se respetaron las reglas de producción e incorporación de las pruebas de cargo.- CONSIDERANDO: (35) Que el recurrente expone la vulneración al principio acusatorio de no reformato in peius y de legalidad dentro del debido proceso. La vulneración al principio de legalidad la comete la Corte de Apelaciones al darle la categoría de falsificación de documentos públicos a los documentos privados, siguiendo la teoría del ente acusador público, todo ello porque el documento cuestionado se trata de una compra venta, contenida bajo las formalidades de un documento privado, donde el verdadero afectado es la empresa, porque ahora se dan cuenta que los estafaron al venderle una propiedad que no era del legítimo dueño y la Fiscalía presenta acusación fundándola en el artículo 284 del Código Penal acusando al imputado de haber hecho uso a sabiendas de un documento falso, pero queriendo que se aplique la pena como si se tratara de un documento público. Señala además que este delito ya había prescrito, pero sobre dicha prescripción el Ad Quem no se pronunció en su resolución.- CONSIDERANDO: (36) Que la Corte de Apelaciones impugnada, respecto a lo manifestado por los Abogados JUAN SANCHEZ CANTILLANO Y RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES, en representación del imputado ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, que aducen perjuicios por la no aplicación de normas adjetivas sustantivas en los hechos, el Ad Quem concretamente referida a la alegación sobre los informes técnicos 145-18 y 185-2017, realizado y ratificado por los peritos EDGARDO ARTURO BARRIENTOS Y MARIA VERONICA SOTO ANDINO, invocando que la fiscalía oculto la existencia de estos dos medios de prueba, que debieron ser sometidos al contradictorio desde el mismo momento en que se practicaron, al limitar la participación de la defensa no se puede contradecir las conclusiones de un perito anónimo, pues el Ministerio Público a sabiendas que durante la investigación preliminar el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, ya estaba identificado e individualizado, los medios de prueba se realizaron sin conocimiento de la parte contraria, en consecuencia el imputado y su defensa fueron sometidos a indefensión material, no debiendo admitirse tales medios de prueba por se prueba ilegal, al respecto el Ad Quem deja establecido: “Esta Corte recuerda a los impetrantes, que la regulación legal de los actos de investigación es una competencia de ordenación que le corresponde al Ministerio Público; y solo en casos previa autorización del Juez garante, el Legislador hondureño ya estableció en los artículos 203, y 273 del CPP, los actos de investigación que estarían facultadas a las autoridades encargadas de la investigación entre ellos, realizar pericias.- CONSIDERANDO: (37) Que el Ad Quem en la resolución de la que se viene haciendo mérito señala que es claro que la intervención del Abogado en la etapa de investigación, no está claramente regulada, por ello se puede decir con propiedad que no existe norma procesal que regule específicamente la posibilidad o imposibilidad de intervención del denunciado en la etapa de investigación, esto se infiere del artículo 101 No. 11, párrafo segundo, que atribuye el derecho a quien se sabe investigado, a que se le “informe sobre los hechos que se le atribuyen o que se le escuche”, este mismo artículo y numeral en su párrafo primero, faculta al investigado para “requerir al Ministerio Público para que practique algún acto de investigación que interese a su defensa”.- CONSIDERANDO: (38) Que la Corte impugnada invoca el artículo 278 que hace referencia al secreto de las investigaciones que sostiene que estas “se mantendrán en secreto respecto de toda persona que no forme parte de estas”. Al respecto señala el Ad Quem que hay que distinguir entre dos diferentes momentos procesales, a fin de determinar el alcance de posibles intervenciones en la actividad probatoria del Fiscal por parte de los investigados o procesados en su caso y de sus representantes legales: a) Previo a la formulación del requerimiento fiscal. b) Posterior a la formulación del requerimiento fiscal. Señala que la Corte es del criterio, que previo al requerimiento fiscal, es decir durante a investigación preliminar el Ministerio Público tiene todas las facultades legales para realizar actos de investigación tendientes a la constatación inmediata del delito, salvo que en la obtención de un medio de prueba implique la vulneración, disminución o restricción de un derecho fundamental en cuyo caso si se requiere la intervención o control judicial, invoca el artículo 273 del CPP, que contiene las atribuciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar, cuando dice que las dependencias del Ministerio Público, la Policía Nacional u otra autoridad competente “al tener conocimiento de un hecho que puede ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento, cuando la noticia parezca verosímil, teniendo en cuenta su contenido y los datos proporcionados para su comprobación adoptará las medidas necesarias para impedir que produzca consecuencias ulteriores e iniciará las investigaciones del caso, para lo cual podrán: 1)…,2)…, 3) realizar pericias en todos los campos de la criminalística y de la medicina forense.- CONSIDERANDO: (39) Que el Ad Quem deja establecido que “en la práctica de las pericias 145-18 y 185-2017, ordenadas por el fiscal durante la investigación preliminar, nos encontramos en un acto de investigación no garantizado pudiendo practicarse por el Ministerio Público sin restricción alguna, el fundamento de este criterio sostenido es el artículo 242 CPP, que regula la designación de peritos y marca los momentos procesales en los cuales tales nombramientos puede recaer en el Ministerio Público o en el Juez. La norma citada manda que la designación de los expertos corresponde al Tribunal de Sentencia competente, si la diligencia de investigación se solicita en la etapa de juicio oral y público. En la etapa preparatoria el nombramiento podrá ser efectuado por el Ministerio Público o el Juez con conocimiento de las partes. El Ad Quem deja establecido que el Ministerio Público solamente en la investigación preliminar tiene la facultad legal para nombrar peritos y realizar pericias necesarias para la investigación, siempre que se trate de actos de investigación no garantizados, es decir que no es necesaria una orden judicial, sin necesidad de convocar a la parte contraria para su práctica. En cuanto a que los recurrentes manifiestan que estos medios de prueba deben ser excluidos por falta de aplicación del artículo 246 CPP, esta disposición legal afirma por una parte de que el Ministerio Público puede “ordenar pericias durante la investigación preliminar”.- CONSIDERANDO: (40) Que Ad Quem expone que la defensa del procesado ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, señala como segundo motivo de Amparo, el Auto de Formal Procesamiento dictado contra su representado por el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 284 del Código Penal que prescribe: “Quien, a sabiendas, hiciere uso de un documento falso en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes…”. La Defensa del recurrente aduce que el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS prescribió, pues el documento de compra venta otorgado por el señor JOSE ROBERTO LOPEZ PONCE, es un documento privado sin solemnidad alguna”, suscrito en fecha 10 de agosto del año 2009, y presentado el 15 de junio del año 2010, y siendo un documento privado se debe enmarcar en el artículo 385 del C.P., que dice: “quien en perjuicio de tercero o con ánimo de causárselo cometiere en un documento privado algún de las falsedades designadas en el artículo precedente, será sancionado con reclusión de seis (6) meses a tres (3) años, por lo que debe aplicarse la regla penal del artículo 97.1 del CP., la acción penal prescribió por el transcurso de un período igual al máximo de la señalada como pena máxima de tres (3) años de reclusión aumentada en la mitad, queda una nueva pena de cuatro (4) años seis (6) meses de reclusión, tomando en cuenta la fecha de presentación del Requerimiento Fiscal que fue el 04 de marzo del 2019, han transcurrido más de nueve (9) años de haber prescrito esta acción, siendo un error de la fiscalía los hechos con el artículo 284 del CP., pues acusan al imputado de haber hecho uso a sabiendas de un documento falso, queriendo que se aplique la pena como se fuera un documento público.- CONSIDERANDO (41) Que el Ad Quem respecto a la prescripción resuelve declararla sin lugar, dejando establecido que el Ministerio Público no imputa al señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, haber falsificado materialmente en alguna de las modalidades anteriores el documento privado de compra venta otorgado por el señor JOSE RIGOBERTO LOPEZ PONCE, a favor del señor ROBERTO ANTONIO ABATE PONCE, sino de haber entregado dicho documento a la apoderada legal de DESA, KARLA GABRIELA AGUILAR RODRIGUEZ, para que fuera adjuntado a la solicitud de autorización para realizar estudios de factibilidad para la construcción y operación del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, ante la Secretaría de Recursos Naturales Y Ambiente (SERNA), pretendiendo acreditar de esa manera la tenencia de la tierra, por lo que la acción reprochada al señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, es de haber hecho uso de un documento falso, considerándose por ende un autor mediato en tanto no realiza directa y personalmente la acción, sino que se sirve de otra persona, la apoderada legal de DESA, KARLA GABRIELA AGUILAR RODRIGUEZ, quien actúa como instrumento, quien en definitiva es quien lo realiza. Señalando el Ad Quem que la conducta del imputado no puede subsumirse en el artículo 385 del CP, como pretende el recurrente, sino en el artículo 289 del C.P., como lo apreció el A Quo. Basando su decisión en las aclaraciones y precisiones siguientes: SIC “En el delito de Uso de documentos Falsos el sujeto activo es indeterminado, quién, como elemento subjetivo distinto al dolo tenemos a sabiendas, el verbo rector es hacer uso, el objeto sobre el que recae la acción es documento falso”, concluyendo que el tipo penal sanciona el uso del documento falso indistintamente si se trata de documento público o privado y lo sanciona con la pena del tipo básico de falsificación de documentos descrita en el artículo 284 del C.P., que dice: “Será sancionado con reclusión de tres (3) a nueve (9) años.., por lo que el Ad Quem señala que para que opere la prescripción de la acción según la regla 97.1 del C.P., debe transcurrir un lapso de tiempo de trece (13) años y seis (6) meses, de modo que si se toma como fecha de consumación del delito el 15 de junio del 2010, día en que se presentó solicitud de autorización para realizar estudio de factibilidad para la consumación y operación del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, la acción evidentemente no ha prescrito.- CONSIDERANDO: (42) Que el Ad Quem señala como hechos importantes a destacar en las actuaciones del señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, SIC “Que está acreditado que el primero (01) de agosto del dos mil nueve (2009), el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, fue nombrado asistente técnico de la Gerencia General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE). Que el cinco (05) de octubre del dos mil nueve 2009, la Compañía Desarrollos Energéticos, S.A., presentó ante SERNA solicitud de autorización para realizar estudios de factibilidad para la Construcción y Operación del Proyecto Agua Zarca, de lo que deduce el Ad Quem que el imputado al momento de la presentación de la solicitud de autorización para realizar estudios de factibilidad, era funcionario público, pues apenas tenían dos meses de ostentar el cargo. En este caso la prescripción de la acción no se resuelve aplicando únicamente la regla del artículo 97.1 del Código Penal, sino también deberá tomarse en cuenta el artículo 325 de la Constitución de la República que dice: “Las acciones para deducir la responsabilidad civil a los servidores del Estado, prescriben en el término de diez (10) años; y para deducir responsabilidad penal es el doble del tiempo señalado por en ley penal”. Por todo ello la corte de Apelaciones impugnada Confirma el Auto de Formal Procesamiento dictado en primera instancia contra el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA por el delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS.- CONSIDERANDO: (43) Que el Ad Quem en su resolución ha dejado establecidos los hechos y resolución que provocan la búsqueda de amparo, señalando de manera detallada, conforme su criterio las diferentes actuaciones de los imputados (as),han realizado en los hechos que finalmente dieron lugar a un requerimiento fiscal, de igual manera, expone un análisis de cada uno de los delitos que se imputan a los procesados y la probabilidad de la participación en cada uno de los mismos, deja establecido los motivos en los que basa su decisión en cuanto a la revocatoria del sobreseimiento provisional dictado a favor de los acusados en el delito de Fraude, señalando las razones, actuaciones y momentos de realización de dicho acuerdo colusorio, por parte de los acusados.- CONSIDERANDO: (44) Que la Corte de Apelaciones impugnada se pronuncia en cuanto al sobreseimiento provisional dictado en audiencia inicial, en el delito de FRAUDE, artículo 376 C.P., a favor de: ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJIA, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ,CATARINO ALBERTO LOPEZ, JOSE MARIO CARBAJAL FLORES, OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ RIVERA, SAIDA ODILIA PINEL, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, RAUL PINEDA PINEDA. El Ad Quem luego del análisis detallado del delito de Fraude deja establecido que la acción recae sobre actos jurídicos, es decir aquellos acuerdos de voluntad dirigidos a constituir o modificar un derecho u obligación…, que para efectos del artículo 376 (CP), hace relación a contratos estatales, convenios, acuerdos interinstitucionales, que también se extienden a los actos jurídicos unilaterales como las donaciones, condonaciones de deudas, etc. El Ad Quem expone que para comprender las imputaciones del Ministerio Público es preciso revisar someramente los antecedentes de los hechos desarrollados por ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA Y CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA de manera ordenada o cronológica, pues al analizar los indicios de participación, son las personas que posiblemente crearon la empresa mercantil con la finalidad de agenciarse contratos del Estado. Señala que, en el año 2009, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), realizó una licitación pública internacional 100-1293-2009, con la finalidad de comprar 250 MW, el auditor interno CARLOS HUMBERTO MORENO, en un análisis técnico de la licitación determinó que 37 propuestas recibidas cumplieron con las bases de la licitación. Dentro de esas 37 propuestas no estaba incluida la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A., (DESA), misma que se constituyó precisamente el mismo año en que la ENEE convocó a licitación pública.- CONSIDERANDO: (45) Que el Ad Quem expone en la resolución impugnada, que los socios fundadores de DESA son los señores ROBERTO ANTONIO ABATE PONCE Y GEOVANNY ISIDRO ABATE PONCE, con un capital de L. 25.000.00, que de acuerdo a la prueba evacuada en audiencia inicial (declaraciones testificales y documentales), eran empleados del señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA en la Empresa DIGICOM, el primero conductor y el segundo técnico en reparación de computadores devengando salario mínimo, sin duda alguna, sin la capacidad económica y financiera para desarrollar un proyecto energético de gran envergadura como el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Expone que una vez fundada la compañía DESA por el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, a través de prestanombres, el 01 de agosto del 2009, el señor CASTILLO MEJIA, fue nombrado como Asistente de Gerente General de la ENEE, ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, cargo que anteriormente había ocupado del 01 de abril del 2000, al 01 de abril del 2008, la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, quien después es la representante legal de DESA. Señala que a solo cuatro meses de la constitución de DESA como empresa mercantil y a dos meses del nombramiento del señor CASTILLO MEJIA como asistente Técnico de la ENEE, la empresa DESA presentó solicitud de autorización para realizar el estudio de factibilidad para la Construcción y Operación del Proyecto Agua Zarca, a pesar de que el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA era funcionario público y por ende tenía la prohibición de contratar con el Estado, peticionada dicha solicitud a través de la apoderada de la empresa KARLA GABRIELA AGUILAR RODRIGUEZ, a quien contrató otorgándole Carta Poder, entregando a la procuradora los documentos necesarios, entre ellos un documento de compra venta otorgado por el señor JOSE RIGOBERTO LOPEZ PONCE a favor del señor ROBERTO ANTONIO ABATE PONCE (uno de los socios fundadores), el cual supuestamente correspondía a un terreno identificado con clave catastral INA-AGC-25, ubicado en el sector denominado El Salto, municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, resultando que la información contenida en el documento era falsa, pues no correspondía a la identidad del vendedor y la clave catastral del INA era inexistente. Señala demás que en fecha 10 de noviembre del 2009, DESA presentó la solicitud independiente para desarrollar el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, al amparo de la Ley de promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, obteniendo la adjudicación del contrato 043-2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica, firmado el 03 de junio del 2010, entre ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, Gerente de la ENEE y CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, representante de DESA.- CONSIDERANDO: (46) Que el Ad Quem expone que el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, como asistente técnico del Gerente de la ENEE, podía asistir a las reuniones de la Junta Directiva por invitación del Gerente, si bien no tenía voto tenía vos, es así que estuvo presente en la sesión donde se aprobó Resolución 72-2012 de inicio del proceso de aprobación del contrato con DESA y siempre en razón de su cargo CASTILLO MEJIA recibió la opinión legal del abogado ALFREDO CRUZ LANZA (asesor legal de la ENEE), donde recomendaba que previo a la firma del contrato con DESA se tomarán en cuenta sus observaciones en vista que el contrato contravenía lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado y 41 de su reglamento. Una vez que el contrato 043-2010, fue otorgado a DESA, la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, viajó a Panamá y conformó con ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA la empresa POTENCIA Y ENERGIA DE MESOAMERICA (PEMSA), con la finalidad de adquirir el capital accionario de DESA, es decir tomar el control formal de DESA en vista del perfeccionado del contrato. Para lograr este fin los socios fundadores hermanos ROBERTO ANTONIO ABATE PONCE Y GEOVANNY ISIDRO ABATE PONCE realizaron una venta de acciones a la empresa PEMSA PANAMA, de tal manera que el 27 de junio del 2011 se verificó un cambio de la denominación social de la empresa DESA, estableciendo un capital máximo de cuatro millones de Lempiras (L. 4,000.000.00) y un mínimo de un millón de Lempiras (L.1,000.000.00), así como la incorporación del nuevo socio: POTENCIA Y ENERGIA DE MESOAMERICA (PEMSA), con domicilio en la República de Panamá y representada por ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA Y CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, Presidente y Secretario del Consejo de Administración respectivamente, ocultando de esta manera los socios de la misma y la procedencia de los fondos inyectados a DESA, destacando que la evidencia indica que CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA Y ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, fueron compañeros de trabajo en la ENEE. Además, señala que el señor CASTILLO MEJIA, siendo aún funcionario público ya actuaba como representante de DESA, tal como lo destaca el Acta de la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera del 24 de octubre del 2011.- CONSIDERANDO: (47) Que el Ad Quem deja establecido que habiendo transcurrido solamente un mes y seis días después de la primera modificación de la Razón Social, el 03 de agosto del 2011 se produce un nuevo aumento de capital social, estableciendo como capital máximo L50,000.000.00 millones de Lempiras y como mínimo de cuarenta millones de Lempiras (40,00.000.00), pagando el mínimo y quedando la distribución de acciones de la siguiente forma: PEMSA suscribe 3,999 acciones y el señor JORGE COREA LOBO con una acción. El 08 de noviembre del 2011 se produce un nuevo aumento de capital estableciendo como máximo L. 143,000.000.00 y mínimo L. 50,000.000.00, pagado el mínimo, quedando distribuidas las acciones de la siguiente forma: PEMSA suscribe 16,650 acciones, JORGE COREA LOBO una acción, INVERSIONES LA JACARANDA, S.A., DE C.V., representada por JOSUE EDUARDO ATALA ZABLAH 33,350 acciones. Así mismo, el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA es nombrado Presidente del Consejo de Administración, al igual que el señor JACOBO NICOLAS ATALA ZABLAH.- CONSIDERANDO: (48) Que el Ad Quem establece que “Una colusión es un acuerdo entre dos o más partes de manera secreta e ilegal, engañando a otros sobre sus derechos legales, bien para obtener un objetivo prohibido por la ley o bien para obtener una ventaja injusta. La Concertación es el acuerdo colusorio ilícito entre el funcionario público y el particular interesado. Este acuerdo se lleva a cabo de forma dolosa y posee un carácter ilícito y está dirigido a defraudar al Estado. Señala además las diferentes acciones que se realizaron para configurar el acuerdo colusorio, habiéndose dado éste en tres momentos: 1) En el contrato de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica. 2) Contrato de Operación para la generación, transmisión y comercialización de Energía Eléctrica y el contrato de modificación. 3) Contrato de aprovechamiento de aguas nacionales del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca erza hidroeléctrica de la Central Hidroeléctrica de Agua Zarca entre SERNA Y DESA y el contrato de modificación.- CONSIDERANDO: (49) Que en la parte resolutiva la Corte de Apelaciones impugnada 1) por unanimidad de votos reformó la resolución impugnada, disponiendo se dicte auto de formal procesamiento contra el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, por su posible participación en la comisión del delito de FRAUDE, en el grado de participación de Cómplice, y USO DE DOCUMENTOS FALSOS a título de autor. REVOCA el auto de formal procesamiento contra el señor ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA por su posible participación en la comisión del delito de Negociaciones incompatibles con sus funciones. 2) Por unanimidad de votos dispone se dicte auto de formal procesamiento contra la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, por su participación en un delito de FRAUDE, en el grado de participación de cooperador necesario. 3) Reforma y dispone que se dicte auto de formal procesamiento contra el señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO por la supuesta participación en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de autor, y REVOCA el sobreseimiento provisional, dictado a su favor por el delito de Fraude. 4) Por unanimidad de Votos dispone se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, Y CATARINO ALBERTO CANTOR LOPEZ, por su posible participación en un delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional por el delito de Fraude. 5) Por mayoría de Votos el Ad Quem dispone se dicte se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor FRANCISCO RAFAEL RIVAS BOILLA, por su posible participación en la comisión de un delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional por el delito de Fraude. 6) Por unanimidad de votos, se dicte el auto de formal procesamiento contra la señora ANA LOURDE MARTINEZ CRUZ, por su posible participación en un delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional dictado a su favor en el delito de Fraude.7)Por unanimidad de votos CONFIRMA la resolución impugnada y dispone se mantenga el auto de formal procesamiento contra la señora SAIDA ODILIA PINEL, por su posible participación en un delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional dictado por el delito de FRAUDE y ordena se dicte SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. 8)Por unanimidad de votos dispone se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJIA, por su posible participación en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional dictado a su favor en el delito de Fraude.9)Por unanimidad de votos dispones se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor JOSE MARIO CARBAJAL FLORES, por su posible participación en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional dictado a s favor en el delito de Fraude. 10) Por unanimidad de votos se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, por su posible participación en dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de autor, y REVOCA el sobreseimiento provisional dictado a su favor por el delito de Fraude.11) Por mayoría de votos se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, por su posible participación en dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento provisional. 12) Por mayoría de votos dispone se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, por su posible participación en la comisión de dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en su grado de participación de cómplice. REVOCA el sobreseimiento provisional dictado a su favor en el delito de Fraude. 13) Por mayoría de votos dispone se dicte auto de formal procesamiento contra la señora AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, por su posible participación en dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de cómplice, y REVOCA el sobreseimiento Provisional dictado a su favor por el delito de fraude. 14) Por mayoría de votos, dispone se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, por su posible participación en dos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, apreciado en concurso ideal medial con el delito de FRAUDE en el grado de participación de autor, y REVOCA el sobreseimiento provisional dictado a su favor por el delito de Fraude. 15) Por unanimidad de votos dispone se dicte el auto de formal procesamiento contra el señor RAUL PINEDA PINEDA, por su posible participación en los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en concurso ideal con el delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES, CONFIRMA el sobreseimiento provisional dictado a su favor por el delito de FRAUDE.- CONSIDERANDO: (50) Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala aprecia que el origen de la controversia es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en fecha 28 de agosto del año 2019, que consta en el Considerando que antecede, donde se ha individualizado la imputación personal y el grado de participación que a criterio del Ad Quem corresponde a cada uno de los acusados, es así dispone se dicte Autos de Formal Procesamiento, por diversos delitos imputados a los acusados, a Títulos de Autor, de Cómplices o de Cómplices necesario los Delitos de Abuso de Autoridad, Fraude, Uso de Documentos Falsos entre otros, Revocando el Sobreseimiento Provisional que la A quo dicto a algunos de los acusados por el delito de Fraude.- CONSIDERANDO: (51) Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[9]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal.- CONSIDERANDO:(52) Que la Constitución de la República en su artículo 61 garantiza la igualdad ante la ley, derecho que consiste en que las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo, el principio de igualdad exige la aplicación de la ley, pero en modo alguno se puede hacer derivar de él una protección jurídica frente al legislador[10]. Los órganos judiciales son aplicadores de la ley (secundum legem) y, en consecuencia, el único derecho de las personas es el derecho a la legalidad, el estar legalmente sometidos a la ley; ésta igualdad ante la ley consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que no debe concederse privilegios ni obligaciones o cargas que beneficien a unos y graven a otros, encontrándose todos en las mismas condiciones, por lo que la igualdad no es absoluta, más bien, va encaminada a aplicar la ley de acuerdo al caso concreto y a las diferentes circunstancias del mismo. La igualdad de trato a las personas queda vulnerada en el caso de existir una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable, o cuando no exista una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, debiendo determinarse la distinción arbitraria que resultan de los hechos y el derecho aplicado al momento que vive la sociedad.- CONSIDERANDO: (53) Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[11]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[12].- CONSIDERANDO: (54) Que el artículo 82 Constitucional establece que el Derecho de Defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos Internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al Debido Proceso.- CONSIDERANDO: (55) Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica.- CONSIDERANDO: (56) Que el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[13]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.- CONSIDERANDO: (57) Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder Legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. En ese orden de ideas el Código Procesal Penal en su artículo 263 establece las etapas de investigación y de juzgamiento, inicia con la etapa preparatoria, en la que se realiza la investigación preliminar que dará lugar o no al requerimiento, fiscal, como último momento de la etapa preparatoria esta la audiencia inicial.- CONSIDERANDO: (58) Que la audiencia inicial como última fase de la etapa preparatoria, es una fase meramente judicial que tiene varios propósitos, entre ellas la de que el Juez haga una clasificación provisional de los hechos investigados, pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de estos. Si los hechos son relevantes penalmente, y existiendo los méritos que correspondan podrá dictar el auto de procesamiento (auto de Prisión), las medidas cautelares que correspondan. Si el hecho no ha existido o existiendo el mismo no se manifiestan méritos suficientes, podrá dictar un sobreseimiento definitivo o provisional según el caso[14]. Así como el auto de formal procesamiento, cuando el sobreseimiento en sus dos modalidades no proceda, de acuerdo al artículo 297 del Código Procesal Penal. Auto de Formal Procesamiento que deberá ser dictado de acuerdo a los requisitos contenidos en el artículo 92 Constitucional.- CONSIDERANDO: (59) Que el artículo 294 de la audiencia inicial, en el último párrafo del Código Procesal Penal establece: “En esta audiencia se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada.- CONSIDERANDO:(60) Que dentro de la garantía constitucional del Debido Proceso deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.- CONSIDERANDO: (61) Que la valoración de los elementos probatorios en orden a determinar si es o no procedente dictar un auto de prisión, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de ahí que el Juez Constitucional solo ha de intervenir cuando en esa valoración el Juez ordinario ha quebrantado o vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial darán luz para que el Juez de Instrucción proceda a establecer la situación jurídica del o los imputados, de acuerdo al artículo 294 tercer párrafo del Código Procesal Penal. En consecuencia, si no procede el sobreseimiento provisional y/o definitivo, procederá se dicte el Auto de Formal Procesamiento, para ello no se requiere que exista en el ánimo del Juez un estado de certeza sobre la culpabilidad el procesado, sino la conclusión de que el imputado, con un grado razonable de probabilidad ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito.- CONSIDERANDO: (62) Que en este sentido, el auto de prisión es una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal y por ello eventualmente puede dar lugar a una resolución en la que se declare sin lugar la hipótesis acusatoria, ya sea por haberse puesto de manifiesto la inocencia del sospechoso o por existir una duda razonable en torno a su culpabilidad.- CONSIDERANDO: (63) Que los representantes del señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, han invocado la sentencia dictada en el Amparo Penal No. 538-2017, de fecha 08 de mayo del año 2018, esta Sala analizado el delito de ABUSO DE AUTORIDAD imputado al señor DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, esta Sala aprecia que no han quedado plenamente establecidos los requisitos exigidos en el artículo 92 constitucional, necesarios para dictar un Auto de Formal Procesamiento, con relación a la acción u omisión cierta, realizada por el acusado, que viertan indicios de participación en los hechos objeto del proceso penal, relacionados con la ampliación al Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica y la Contrata de aprovechamiento de aguas Nacionales con el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” en consecuencia se ha quebrantado el Debido Proceso, que le asiste al procesado, por lo que conforme a Derecho debe Otorgarse el Amparo del que se ha hecho mérito.- CONSIDERANDO: (64) Que los representantes de los señores AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, SAIDA ODILIA PINEL, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO ADALBERTO CANTOR LOPEZ, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, buscan amparo por considerar que las actuaciones de sus representados carecen de relevancia penal, en consecuencia la resolución impugnada violenta los derechos constitucionales de éstos. De acuerdo al estudio de los antecedentes, los imputados (as) antes mencionados emitieron dictámenes e informes relacionados con los hechos objeto de los delitos que se investigan (Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca). Al respecto esta Sala ya se ha pronunciado, en la sentencia AP 0777-2016, en cuanto a los elementos del delito de Abuso de Autoridad establecido en el Código Penal, artículo 349.2, que dispone: “Dicte o ejecute ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos, o Decretos, contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. Que analizados cada uno de los verbos rectores que anteceden, esta Sala encuentra que ciertamente la conducta de los acusados no se enmarca en ninguno de ellos, al emitir dictámenes e informes, cuyo contenido no modifica, cambia, transforma o mantiene algo, pues su contenido está sujeto a la aprobación o decisión de una autoridad superior, ya que el contenido de las opiniones o dictámenes solo pretender describir o dar cuenta de esas normas sin intervenir en la realidad, en consecuencia es evidente que las opiniones o dictámenes emitidos por los imputados e imputadas, no son subsumibles en los actos típicos el artículo 349.2 del Código Penal y carece por ello de relevancia jurídico penal. Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública son actos jurídicos propios de la Administración Pública, los establecidos en dicha norma jurídica y son expresamente Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias. En ese orden de ideas al dictarse Auto de Formal Procesamiento contra los imputados (as) sin apegarse a lo dispuesto en la ley, se violenta el Principio de Legalidad inherente al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva a la que tienen derechos las partes en juicio de cualquier índole y es que los dictámenes u opiniones como hemos dicho no son un acto propio de la administración por ende no son vinculantes ni obligatorios, para quien deba dictar una resolución final, quien podrá o no atender tales dictámenes o informes para dictar la decisión final.- CONSIDERANDO: (65) Que, analizado el razonamiento seguido por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en relación a la resolución dictada contra los imputados: (as)JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, SAIDA ODILIA PINEL, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO ADALBERTO CANTOR LOPEZ, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA, AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ. Y siendo que ha realizado una interpretación errónea en la aplicación de la norma jurídica atinente al Delito de Abuso de Autoridad, y al no existir este delito no existe medio para cometer el delito de Fraude como lo ha establecido el Tribunal de Alzada, dejando de observar, las exigencias, requisitos contenidos en la norma penal, en consecuencia, se violentan los derechos invocados por los (las) recurrentes. Por lo anteriormente expuesto Procede en derecho Otorgar el Amparo del que se ha hecho mérito.- CONSIDERANDO: (66) Que esta Sala observa que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en relación a los señores: ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA, CAROLINA LIZETH CASTILLO Y ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, contiene el razonamiento de acuerdo a las reglas mínimas de la lógica y la coherencia, en lo referente a la obtención de los medios de prueba, lo que no vulnera preceptos constitucionales, así como que con la documentación y otros elementos de investigación incorporados al expediente judicial, se ha producido una mínima actividad probatoria de cargo que justifica la continuación del proceso penal incoado contra los procesados. De ahí que, al no constatarse la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio de los imputados, y sin prejuzgar de ningún modo en torno a su culpabilidad, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto, sin perjuicio del derecho que le asiste para seguir aportando elementos probatorios en el transcurso del proceso y formular los alegatos que estime pertinentes, en orden a preservar el estado de inocencia, que la misma Constitución les garantiza.- CONSIDERANDO: (67) Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recuso de AMPARO del que se ha hecho mérito a favor de los señores y señoras: DARIO ROBERTO CARDONA VALLE, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR, SAIDA ODILIA PINEL, JULIO ADALBERTO PERDOMO LAINEZ, CATARINO LIBERTO CANTOR LOPEZ, ANA LOURDES MARTINEZ CRUZ, MAURICIO FERMIN RECONCO FLORES, OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA, FRANCISCO RAFAEL RIVAS BONILLA Y AIXA GABRIELA ZELAYA GOMEZ. Interpuesto por sus representantes, contra la resolución dictada en fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL, en MATERIA DE CORRUPCIÓN. SEGUNDO: DENEGANDO, el Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución proferida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veintiocho de agosto del año do mil diecinueve, en las acciones de amparo interpuestas a favor de CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO y ROBERTO DAVID CASTILLO MEJIA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. – Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero de dos mil veintiuno.- VISTO: El recurso de Reposición interpuesto por el Abogado NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA actuando en representación del señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, y la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en representación de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, comparecen interponiendo RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Sentencia dictada por esta Sala, en fecha 07 de diciembre del año 2020, mediante la cual falla denegando la acción de amparo interpuesta por los recurrentes.- CONSIDERANDO: (1) Que el Abogado NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA, expone en su recurso de Reposición que se impugna la sentencia por ser violatoria de los artículos 90 párrafo primero constitucional y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, de acuerdo a su criterio no hay motivación suficiente, señalando el “considerando 66 de la sentencia de mérito, donde se hace referencia a la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en cuanto al razonamiento realizado de acuerdo a las reglas mínimas de la lógica y la coherencia, en lo referente a la obtención de los medios de prueba, lo que no vulnera preceptos constitucionales, así como que, con la documentación y otros elementos de investigación incorporados al expediente judicial, se ha producido una mínima actividad probatoria de cargo que justifica la continuación del proceso penal incoado contra los procesados. De ahí que, al no constatarse la vulneración de preceptos constitucionales en perjuicio de los imputados, y sin prejuzgar de ningún modo en torno a su culpabilidad, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto sin perjuicio del derecho que le asiste para seguir aportados elementos probatorios en el transcurso del proceso y formular los alegatos que estime pertinentes, en orden a preservar el estado de inocencia que la misma Constitución les garantiza.” Señala que no se ha señalado con suficiencia las razones por las que se deniega el recurso de amparo presentado a su representado.- CONSIDERANDO: (2) Que la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, expone en su recurso de Reposición, señalando que la resolución de la Corte de Apelaciones impugnada contenía una vulneración al principio de legalidad, ya que su representada al ser imputada del delito de Fraude a través de un grado de participación denominado extraneus, no constituye una posibilidad en nuestro universo normativo, siendo que la norma penal usada cimentar la imputación no sanciona la participación de un extraño en el delito especial por el que se acusa.- CONSIDERANDO: (3) Que NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA actuando en representación del señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, y la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en representación de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, interpusieron acción de amparo a favor de los mismos, una vez efectuado el trámite que determina la ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha 07 de diciembre del año 2020, mediante la cual se denegó el recurso de amparo del que se hizo mérito.- CONSIDERANDO: (4) Que mediante la sentencia contra la cual se recurre, esta Sala en forma motivada ha pronunciado las razones por las que consideró procedente denegar la acción constitucional de amparo pretendida por los recurrentes.- CONSIDERANDO (5) Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse de las argumentaciones del impetrante, razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto.- POR TANTO: La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la constitución de la República, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 119, 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR, el Recurso de Reposición interpuesto por los Abogados NELSON IBAN DOMINGUEZ MEJIA a favor del señor ROBERTO ANIBAL MARTINEZ LOZANO, y la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, a favor de la señora CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA, contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha 07 de diciembre del 2020, de la que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia siete (7) de diciembre dos mil veinte (2020), y la Resolución de fecha ocho (8) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0836, 0871, 0882, 0902, 0906, 0930, 0933, 0938, 0939, 0944, 0971 y 0972-2019.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Orellana Mercado Edmundo. El Procedimiento Administrativo en Honduras.

[2] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.

[3] Rubio Llorente, Francisco “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” Revista Española de Derecho constitucional, No. 31, Madrid, España, 1991, p.20

[4]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[5] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[6] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod

[7] Ávila Ortiz Félix- Los Nuevos Roles del Juez y del Ministerio Público en el Código Procesal Penal. Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano. Litocom, S. de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras. Pág. 99

[8] Orellana Mercado Edmundo. El Procedimiento Administrativo en Honduras.

[9] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.

[10] Rubio Llorente, Francisco “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” Revista Española de Derecho constitucional, No. 31, Madrid, España, 1991, p.20

[11]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[12] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[13] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod

[14] Ávila Ortiz Félix- Los Nuevos Roles del Juez y del Ministerio Público en el Código Procesal Penal. Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano. Litocom, S. de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras. Pág. 99