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Sentencia AP-831-19 — Registro 13037

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo con relación a la causa instruida por los delitos de portación ilegal de arma y atentado. Estimando la recurrente que el acto reclamado ha violado el derecho a la defensa, debido proceso y la tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 82, 90 y 303 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; situación que no ocurre en el caso sub júdice, pues el medio de prueba pericial se inadmite argumentando el Tribunal de Sentencia que el perito no fue juramentado en etapas previas al proceso, cuando la ley es clara en establecer las formas y el procedimiento para la proposición y juramentación de los peritos en las diferentes etapas del proceso. CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por la Abogada JESSICA JUAREZ, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado por la recurrente, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la proposición y juramentación de los peritos en las diferentes etapas del proceso, actuación que fue obviada por el Tribunal de Sentencia de San pedro Sula. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que otorgó el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada JESSICA JUAREZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la SALA QUINTA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa instruida contra el señor ELDER GEOVANY PINEDA LONE por los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA y ATENTADO, asimismo, contra el señor WILMER ERNESTO SOSA CANTILLANO por los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, MUNICIONES PROHIBIDAS y ATENTADO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL. Estimando la recurrente que el acto reclamado ha violado el derecho a la defensa, debido proceso y la tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 82, 90 y 303 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada YESSICA MATUTE en su condición de Agente de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor ELDER GEOVANY PINEDA LONE, por los delitos de POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL y ATENTADO, asimismo, contra el señor WILMER ERNESTO SOSA CANTILLANO por los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, POSESIÓN DE MUNICIÓN DE USO PROHIBIDO, ATENTADO Y DAÑOS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS (POLICIA NACIONAL), SECRETARÍA DE SEGURIDAD. (Folios del 1–3 de la pieza de antecedentes del A-Quo) 2) Que seguido el procedimiento y habiéndose celebrado la audiencia de proposición de apruebas en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, inter alia resolvió: (Sic) “POR SU PARTE NO SE ADMITEN LOS DICTÁMENES 0502-2018-BALIS-EV-01874 y 0501-2018-BALIS-EV-01875, Medio de Prueba pericial, ya que la facultad que le otorga la ley para ordenar pericias es para la investigación preliminar y ésta culmina al momento en que se presenta el Requerimiento Fiscal, por lo que dichas pericias ya se necesitaba el control jurisdiccional, con juramentación de perito concatenada; por lo anterior se declara con lugar la objeción presentada por la Defensa respecto de este medio de prueba…) (Folios 116 y 117 de la pieza de antecedentes del A-Quo). 3) Que en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), la Abogada JESSICA JUAREZ, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, presentando Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, en la causa criminal que se lleva a cabo en el Tribunal de Sentencia antes mencionado. Una vez seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional la citada Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha dieciocho (18) de Septiembre del año dos mil diecinueve (2019) mediante la cual Falló: (Sic): “PRIMERO: OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada JESSICA JUAREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución judicial emitida por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de fecha Veinte (20) de Mayo del año Dos Mil Diecinueve (2019), en la causa instruida contra ELDER GEOVANY PINEDA LONE, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA Y ATENTADO, y en contra de WILMER ERNESTO SOSA CANTILLANO, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, MUNICIONES PROHIBIDAS Y ATENTADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL (EXP.TS-156-2019). SEGUNDO: Como consecuencia el Tribunal debe proceder a ADMITIR LA PRUEBA PERICIAL CONSISTENTE EN LOS DOS DICTÁMENES NÙMEROS 0501-2018-Balis-EV-01874 y 0501-2018-Balis-EV-01875, previa juramentación del perito propuesto en esta causa. – Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en consulta a la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios del 1–06 y 30-32 de la pieza de antecedentes de Amparo) 4) Que en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido trámite de consulta, conocido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interpuesto por la Abogada JESSICA JUAREZ, contra la resolución de fecha veinte de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, que inadmite los dictámenes 0502-2018-BALIS-EV-01874 y 0501-2018-BALIS-EV-01875, medio de prueba pericial propuestos por el Ministerio Público, en la Audiencia de Proposición de Pruebas para el Debate; en relación al proceso penal incoado en contra del señor ELDER GEOVANY PINEDA LONE por los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA y ATENTADO, asimismo, contra el señor WILMER ERNESTO SOSA CANTILLANO por los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, MUNICIONES PROHIBIDAS y ATENTADO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL. CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama de fecha veinte de mayo del año dos mil diecinueve vulnera las normas constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, ello debido a la inadmisión del medio de prueba pericial propuesto en audiencia de proposición de prueba. Arguye la impetrante que es evidente que al no haber admitido los medios de prueba antes relacionados se produjo una vulneración a los derechos que se invocan como violados, pues obvia el Ad-quem, su deber formal de brindar una respuesta efectiva y concreta a los planteamientos del Ministerio, ya que la resolución del Tribunal de Sentencia carece de motivación suficiente, al no justificar en base a la ley las razones fácticas y jurídicas de su determinación de inadmitir el medio de prueba que a juicio del ente acusador es útil, pertinente y proporcional a fin de acreditar la comisión del delito imputado y la participación del encausado en el mismo. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, mediante la cual resuelve Otorgar el Recurso de Amparo interpuesta por el MINISTERIO PÚBLICO, contra la Resolución de fecha veinte de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula. Sostiene la Alzada en el considerando cinco de su motivación, que la resolución objeto de amparo al establecer que se inadmite la prueba pericial consistente en los dos dictámenes ya señalados restringe el derecho constitucional del Debido Proceso consignado en el Artículo 90 de la Constitución de la República, ya que el precitado Artículo 243 párrafo tercero del Código Procesal Penal establece que el perito designado comparecerá ante (en éste caso) el tribunal para su juramentación en su cargo, en la forma prevista en el artículo 129; con ello el artículo en mención le da facultad al Tribunal de Sentencia para juramentar al perito en su cargo cuando sea propuesto en su etapa procesal, por lo que en el presente caso si el perito propuesto por el Ministerio Público aún no estaba juramentado el Tribunal de Sentencia debe juramentarlo, esta circunstancia es ratificada por el texto del propio Artículo 129 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; situación que no ocurre en el caso sub júdice, pues el medio de prueba pericial se inadmite argumentando el Tribunal de Sentencia que el perito no fue juramentado en etapas previas al proceso, cuando la ley es clara en establecer las formas y el procedimiento para la proposición y juramentación de los peritos en las diferentes etapas del proceso. CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por la Abogada JESSICA JUAREZ, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado por la recurrente, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la proposición y juramentación de los peritos en las diferentes etapas del proceso, actuación que fue obviada por el Tribunal de Sentencia de San pedro Sula. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0831=2019.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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