Sentencia AP-801-18 — Registro 12712
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo en relación a la causa instruida por el delito de homicidio. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 65, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (4): Que esta Sala de lo Constitucional al examinar las diligencias contentivas del Recurso de amparo venido en consulta, estima procedente CONFIRMAR la sentencia que se revisa y que otorga el recurso de amparo interpuesto, pues se ha acreditado la vulneración a un debido proceso. Esta Sala hace suya la motivación expuesta por la Corte de Apelaciones, en el sentido de acceder a tomar la declaración del testigo protegido R4L con la condicionante de que se abandone todo el procedimiento que le brinda la seguridad y protección al testigo, por la falta de justificación del peligro, es violatorio derecho de defensa de la sociedad y consecuentemente al derecho a un debido proceso, garantizados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Así mismo se ha vulnerado el derecho convencional, puesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1 de la Convención americana de Derechos Humanos, si se interponen trabas en el acceso a la justicia, en ese sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina, la Corte confirmó que “los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.” El caso de autos va más allá del acceso al tribunal, sino que se ha puesto traba al acceso a la justicia, fallo que fue motivado de manera suficiente y con respeto al principio de legalidad. -CONSIDERANDO (5): Que por las razones antes expuestas esta Sala estima que la sentencia venida en consulta, está apegada a derecho por lo que procede su confirmatoria.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 65 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de abril de dos mil diecinueve.- VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha once de octubre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho; en relación a la causa instruida contra el señor TEDY SAUL HERNANDEZ AGUILERA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor NORMAN STEVEN TAYLOR. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 65, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha once de septiembre del año dos mil dieciocho, el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho; manifestando el recurrente que a su representado se le han violentado garantías constitucionales contenidas en los artículos 65, 82 y 90 de la Constitución de la República.-2) Que en fecha once de octubre del año dos mil dieciocho, luego de seguirse el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia en la cual: FALLA: PRIMERO: Declarando OTORGANDO la Acción de Amparo. SEGUNDO: Restablecer los derechos fundamentales vulnerados por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida respecto al Derecho del Debido Proceso, la inviolabilidad del Derecho a la Vida, Derecho de Petición y el Derecho a la Defensa, debiendo en consecuencia tomar la declaración del TESTIGO R4L con la modalidad de PROTEGIDO. (Folios 29 al 31 de la segunda pieza de antecedentes).-3) Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho; en relación a la causa instruida contra el señor TEDY SAUL HERNANDEZ AGUILERA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor NORMAN STEVEN TAYLOR.-CONSIDERANDO (3): Que la motivación de dicha resolución denegatoria al amparo intentado consiste, entre otras, en las siguientes consideraciones: “…SEGUNDO: Del informe rendido por el Tribunal de Sentencia y en particular de la copia simple del Acta de Audiencia de proposición de medios de prueba de fecha veinticinco de julio del año que corre, mismo que acompañan se destaca que el motivo que tuvo el tribunal en no admitir el testimonio del testigo R4L bajo las formalidades del artículo 237 del Código Procesal Penal; es decir como testigo protegido, es que el MP manifestó que el testigo para el cual se pide protección su declaración sin esta protección pone en peligro su vida al declarar sin la protección aludida pero no se acreditó cual es el riego fundado que lo justifique las medidas excepcionales, la argumentación del MP es vaga e imprecisa y si el testigo tiene temor no determino cuales son los motivos o circunstancias que motivan ese temor, se suma al argumento del Tribunal de Sentencia la existencia de riesgo supone la expresión de un mal muy probable sobre la persona o bienestar de la persona o familia de quien colabora con la administración de justicia, la objetivación de ese peligro por quien lo siente ha de realizarlo el Juez o Tribunal que acuerda la aplicación del mecanismo establecido en la ley, valorando los intereses y la situación de peligro planteada, de acuerdo a parámetros de racionalidad la existencia de un peligro grave para las personas, libertades o bienes, debiendo ponderarse el riesgo o peligro que la intervención del testigo en el juicio oral puede conllevar y valorar los bienes en conflictos entre ellos y de forma principal el derecho a un juicio justo, el derecho de defensa y seguridad de los testigos, así como la efectividad de la prueba testifical como prueba de cargo o descargo. En este orden de ideas, va rallando en lo repetitivo la negatividad del tribunal de sentencia de Tela, Departamento de Atlántida inadmitir la declaración del testigo bajo la modalidad de protegido, argumentando lo ya explicado, ut supra, como repetitivo es también que el MP que a pesar de conocer la posición de los señores Jueces A-quo, en no admitir la declaración del testigo protegido, no haya realizado las diligencias pertinentes y con la suficiencia de tiempo para incorporar a aquellos al programa de protección a testigos, aun cuando reconocen que el testigo ha estado bajo esa modalidad desde el inicio del proceso, con lo cual se evitarían de una vez por todas dilaciones innecesarias y per juiciosas, no solo para el proceso, sino para los intervinientes alargando la espera para obtener una decisión judicial definitiva, sea cual sea esta. Pero bien, a pesar de lo anterior, la redacción del artículo 12 ejusdem, refiere que el director del programa podrá recomendar al fiscal de la causa el impulso ante otras autoridades el establecimiento de otras medidas adicionales a las del artículo 11 de la ley, así, para que el director del Programa pueda dar esa recomendación al Fiscal, no al Tribunal, entendemos nosotros, debe ser aconsejado por un estudio técnico que lo sugiera. Como la recomendación que puede hacer el director del programa es discrecional, no obligatorio, es decir que puede o no recomendar por lo cual no observamos, obstáculo alguno, para que el MP. Solicite por su propia cuenta y atendiendo las circunstancias del caso la protección de testigos que establece el artículo 237 del Código procesal penal. TERCERO: El artículo 25 de la Ley de Protección a Testigos ofrece la garantía de legalidad e indica que la aplicación de esa ley no podrá menoscabar ninguna de las garantías y derechos contenidos en la Constitución de la República, e instrumentos internacionales ratificado por el Estado de Honduras, así las cosas, estamos en total acuerdo con el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, en que el imputado tiene derecho a ser juzgado con todas las formalidades del debido proceso, que implica entre otros, mantenerle incólume el derecho a la defensa materializado en el derecho de interrogar a los testigos en las mismas condiciones de su contraparte, sin embargo ese honorable Tribunal, tampoco debe olvidar que la víctima y demás intervinientes en el proceso, como los testigos, les corresponden derechos de los cuales también devienen en la obligación de proteger, por lo que esta integración no contempla obstáculo alguno para que el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, acceda favorablemente a tal petición, pues el riesgo que el testigo alega, y teme está dentro de las posibilidades, reales o inminentes, de que acontezca, no necesariamente de manos del imputado, sino de otras personas relacionadas con él tomando como punto de partida dos aspectos importantes: la clase de delito por el cual se le acusa, así como por la gravedad de la pena que eventualmente se le pudiera condenar en el caso de ser encontrado culpable. El tribunal de sentencia de Tela departamento de Atlántida, debe entender que desde el momento que el propio Estado, aupado por convenios internacionales permiten el resguardo de las víctimas, testigos o peritos, adoptando cualquier medida de protección establecida, no se violenta con relación al imputado ningún derecho a la defensa, pues el mismo Estado se asegura, que el endilgado cuente con su defensor en todo momento del juicio, y aun después de él, quien estará atento a impedir cualquier asomo de violación a los derechos procesales, de su representado, sin contar que también tiene vigente además, el derecho de interrogar al testigo oportunamente, la ley no puede y no debe contradecirse asimismo, y un Juez de la República no puede nunca poner en riesgo la vida de un ciudadano, que por circunstancias ajenas a su voluntad, se ve envuelto en proceso penal, sea como víctima o como testigo aduciendo como en el caso que nos ocupa, violaciones inexistentes a los derechos y garantías del imputado, que como ya lo dijimos, reconocemos y protegemos, ya hemos dicho en otra ocasiones que no se trata de dar preferencia o primacía los derechos o garantías constitucionales del testigo o en su defecto del ofendido, por sobre los derechos o garantías constitucionales del imputado, se trata de armonizarlo entre si tomando en cuenta además que así como TEDY SAUL HERNANDEZ AGUILERA, tiene derecho a un debido proceso, el Ministerio Público, tiene no solo la Facultad de ejercer la acción penal sino que también particular en el proceso proponiendo los medios de pruebas que le permitan comprobar la acusación tal como la declaración de las personas que tengan noticias del hecho criminoso, estas personas, es decir, los testigos también tienen derecho a presentar su testimonio, sin ningún riesgo que pongan en peligro ni su integridad física ni sus bienes, es por ello que esta corporación no encuentra violación de derechos para el imputado que el testigo acuda al juicio con la protección solicitada.-CONSIDERANDO (4): Que esta Sala de lo Constitucional al examinar las diligencias contentivas del Recurso de amparo venido en consulta, estima procedente CONFIRMAR la sentencia que se revisa y que otorga el recurso de amparo interpuesto, pues se ha acreditado la vulneración a un debido proceso. Esta Sala hace suya la motivación expuesta por la Corte de Apelaciones, en el sentido de acceder a tomar la declaración del testigo protegido R4L con la condicionante de que se abandone todo el procedimiento que le brinda la seguridad y protección al testigo, por la falta de justificación del peligro, es violatorio derecho de defensa de la sociedad y consecuentemente al derecho a un debido proceso, garantizados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. Así mismo se ha vulnerado el derecho convencional, puesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1 de la Convención americana de Derechos Humanos, si se interponen trabas en el acceso a la justicia, en ese sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina, la Corte confirmó que “los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.” El caso de autos va más allá del acceso al tribunal, sino que se ha puesto traba al acceso a la justicia, fallo que fue motivado de manera suficiente y con respeto al principio de legalidad.-CONSIDERANDO (5): Que por las razones antes expuestas esta Sala estima que la sentencia venida en consulta, está apegada a derecho por lo que procede su confirmatoria.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos: 1, 59, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 54 y 293 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2, 7, 8, 9 numeral 3, 41 No.2, 45, 48, 63, 65, 68 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho; en relación a la causa instruida contra el señor TEDY SAUL HERNANDEZ AGUILERA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor NORMAN STEVEN TAYLOR. Y MANDA Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0801-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL