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Sentencia AP-800-19 — Registro 11623

Resumen

Acto recurrido que declara sin lugar el recurso de apelación contra la del a-quo, con relación a la causa instruida contra los señores Macario Vásquez Pérez, Gabino Pérez y José Arnulfo Mateo Pérez, por suponerlos responsables del delito electoral de cambios domiciliarios ilegales, en perjuicio del sistema democrático y del estado de derecho de honduras. en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" … proceso penal de mérito se ajusta a los estándares de un debido proceso; en virtud de lo cual no es de recibo el alegato de violación de los principios previstos en el artículo 2 citado. -Expresado de otra forma, no es el debido proceso de las elecciones lo que será juzgado por este alto tribunal de justicia, sino el hecho de dictarse un sobreseimiento definitivo debido a que supuestamente no existe pena abstracta para el delito de cambio ilegal de domicilio electoral, contenido en el artículo 60 de la Ley electoral y de organizaciones políticas y su decreto de reforma.[5]-Con el estudio al alegato de la fiscalía, la Sala encuentra que no existe mucha claridad en la exposición del presente amparo, para el caso este alto tribunal no entiende el razonamiento que hace, mencionando el hecho de que en dos ocasiones anteriores fue dictado el auto de formal procesamiento y esto como una razón para no sobreseer por no existir disposición de la pena abstracta de la conducta delictiva. En ningún momento la fiscal señala con precisión en que forma fue que se violentó por dicha razón el debido proceso.-No obstante, por un momento pareciera que el alegato de la fiscal se dirige a cuestionar la causa de sobreseimiento que se aplicó en este caso, quizás porque en el artículo 296 del Código Procesal Penal,[6] no se encuentra prevista como causal de sobreseimiento definitivo la inexistencia de una pena abstracta para determinada conducta delictiva.-Si este fuere el motivo de amparo, la Sala de lo Constitucional estima que, si una conducta no es sancionada con una pena legalmente establecida, dicha conducta no es realmente un delito.-Esto en virtud de que delito en su concepto más tradicional es toda aquella conducta humana (acción u omisión), típica, antijuridica, culpable y punible o sea sancionada con una pena y/o medida de seguridad. En virtud de lo cual, aunque no esté expresamente señalada como causal de sobreseimiento definitivo la carencia de pena legal abstracta, debe entenderse esto implícito en la parte referida a la falta de tipicidad contenida en el numeral uno del artículo 296 del Código Procesal Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.-VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la fiscal, abogada KENDDY LUDIBETH MEJÍA OSEGUERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha diecinueve de junio del año dos mil diecinueve dictada por la Corte de Apelaciones seccional del departamento de Copán, mediante la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada KENDDY LUDIBETH MEJÍA OSEGUERA, contra la resolución de fecha veinte de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras seccional del departamento de Lempira, con relación a la causa instruida contra los señores MACARIO VÁSQUEZ PÉREZ, GABINO PÉREZ y JOSÉ ARNULFO MATEO PÉREZ, por suponerlos responsables del DELITO ELECTORAL DE CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, en perjuicio del SISTEMA DEMOCRÁTICO y DEL ESTADO DE DERECHO DE HONDURAS. Afirmando la recurrente que la decisión del iudex ad quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República..- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1. En fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras seccional del departamento de Lempira, la abogada GLADYS HERNÁNDEZ PALENCIA, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores MACARIO VÁSQUEZ PÉREZ, JOSÉ ARNULFO MATEO PÉREZ y GABINO PÉREZ, a quienes se les supone responsables a titulo de autores directos de la comisión del DELITO ELECTORAL DE CAMBIOS DE DOMICILIO ILEGALES, en perjuicio del SISTEMA DEMOCRÁTICO DE HONDURAS Y EL ESTADO DE DERECHO. (Folios 1 al 6 de la pieza del juzgado).-2. En fecha veinte de marzo del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Seccional del departamento de Lempira, resolvió: “PRIMERO: Decretar un sobreseimiento definitivo a favor del señor MACARIO VÁSQUEZ PÉREZ, por el delito ELECTORAL DE CAMBIOS DE DOMICILIO ILEGALES, en perjuicio del SISTEMA DEMOCRÁTICO DE HONDURAS Y DEL ESTADO DE DERECHO. SEGUNDO: Decretar un sobreseimiento definitivo a favor del señor GABINO PÉREZ, por el DELITO ELECTORAL DE CAMBIOS DE DOMICILIARIOS ILEGALES, en perjuicio del SISTEMA DEMOCRÁTICO DE HONDURAS Y EL ESTADO DE DERECHO. TERCERO: Decretar un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor JOSÉ ARNULFO MATEO PÉREZ, por el DELITO ELECTORAL DE CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, en perjuicio del SISTEMA DEMOCRÁTICO DE HONDURAS Y EL ESTADO DE DERECHO. CUARTO: Como consecuencia lógica sobreseimiento, se revoca la medida cautelar impuesta, para lo cual se debe librar oficio al señor juez de paz del municipio de la Campa Lempira. QUINTO: declarar sin lugar lo solicitado por el Ministerio Público en cuanto a declarar la apertura a juicio. SEXTO: …” (Folios 129 al 131 de la pieza del juzgado). -3. En fecha diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, resuelve: “UNO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación presentado y sustentado por la abogada KENDDY MEJÍA, en su condición representante del Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras departamental de Lempira, en fecha veinte de marzo del año dos mil diecinueve. DOS: SE CONFIRMA la resolución recurrida venida en apelación…” (Folios 5 al 8 de la pieza de corte de apelaciones).-4. La abogada KENDDY LUDIBETH MEJÍA OSEGUERA, compareció ante este tribunal, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del tribunal ad quem de fecha diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1 al 8 de la pieza de amparo).-5. En fecha cinco de febrero del año dos mil veinte, este alto tribunal de justicia declara caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la amparista, sin embargo se aprecia que la recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación al momento de interponer la garantía, por lo que es procedente continuar con el proceso, omitiéndose la vista de los antecedentes a la fiscal del despacho para que emita su dictamen de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. -FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.-CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO TRES (3). Resumen de la formalización de la presente garantía, con relación a los alegatos de la garantista denunciando violación del derecho al debido proceso y al principio de legalidad, contenidos por su orden en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. La garantista expresa que estima quebrantado el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional y el principio de legalidad establecido en el artículo 321 también constitucional, con relación a los principios de transparencia, legalidad y debido proceso que se encuentran numerados en el artículo 2 de la Ley electoral y de organizaciones políticas. -Relata la censora que la corte de apelaciones dispuso sobreseer de manera definitiva el presente proceso debido a que la conducta tipificada como delito en este caso carece de una disposición que imponga una pena abstracta o medida de seguridad.-La fiscal cita a la corte cuanto ésta señala la imposibilidad de aplicar analógicamente la pena prevista para la lista de delitos tipificados en el delito 112 con el delito que se encuentra tipificado en el artículo 60, ambas normas de la Ley de electoral y de las organizaciones políticas. -En ese sentido, la fiscal consigna que para la corte de apelaciones la lista de infracciones penales es en numerus clausus, lo que impide la aplicación analógica de la pena impuesta para los delitos de la lista al caso del delito cambio ilegal de domicilio electoral tipificado en el artículo 60 ya mencionado.- Además, la corte concluye que debido a que el tipo penal del delito cambio ilegal de domicilio electoral carece de pena abstracta constituye un caso de norma penal en blanco.-En respuesta a esto, la fiscal asevera que la decisión judicial de sobreseer definitivamente a los encausados violenta lo dispuesto por la Ley electoral y de organizaciones políticas, específicamente el numeral 20 del artículo 112 que impone una pena de cuatro a seis años de reclusión para la conducta contenida inclusive en el artículo 60 de la misma ley, cometida en este caso por alteración de la base de datos del censo nacional electoral.-Finaliza la fiscal señalando que declarar que la conducta supuestamente cometida por los encausados se encuentra tipificada en una norma imperfecta o en blanco, violenta los principios de transparencia y honestidad electoral, establecida en e l artículo 2 de la Ley electoral y de organizaciones políticas.-CONSIDERANDO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La honorable Corte de Apelaciones seccional del departamento de Copán decidió por unanimidad de votos, confirmar el sobreseimiento definitivo declarado a favor de los encausados.-La corte apunta que la apelación interpuesta por la fiscal se funda en que existen suficientes elementos para elevar el proceso a juicio oral y público en vista de que en dos ocasiones anteriores fueron dictados sendos autos de formal procesamiento, siendo ratificados estos en apelación, lo que para la fiscal es una muestra de haberse probado plenamente la comisión del delito.-En esta ocasión es distinto porque lo que ha dictado el juez a quo fue un sobreseimiento definitivo que favorece a todos los encausados, aunque el artículo 297 del Código Procesal Penal disponga que este tipo de resolución debe dictarse únicamente cuando el hecho no ha existido o que no se encuentra tipificado como delito, en virtud de lo cual la fiscal solicita que se revoque la resolución apelada.-La corte de apelaciones en respuesta a lo expuesto por la fiscal señala que, a diferencia de otras ocasiones, ahora advierte que la conducta delictiva de mérito carece de pena abstracta o medida de seguridad y por esa razón procede confirmar el sobreseimiento definitivo dictado en primera instancia.-Por lo que habiendo una descripción del hecho que se estima delito, pero sin imponer una pena o medida de seguridad como sanción, se concluye que es una norma penal incompleta, impidiéndole al Estado una reacción de control penal y hacer efectivo el control social del Estado frente al individuo. -La corte de apelaciones además aborda el tema desde el principio de legalidad el cual se traduce en la exigencia de predeterminación legislativa de las conductas punibles y de sus correspondientes sanciones. Estopara hacer efectiva la exigencia no solo de seguridad jurídica que permite la posibilidad de conocimiento previo de los delitos y de las penas, sino además la garantía política de que el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado ni de los jueces a penas que no admita el pueblo.-Señala que lo anterior obliga a los órganos jurisdiccionales a interpretar y aplicar la norma en forma exegética o literal, vedándole hacer analogías y ampliando las conductas previamente descritas. Permitir que los jueces crear nuevas conductas o ampliarlas a otros supuestos fuera de la descripción legal, sería invadir el ámbito que la Constitución reserva al legislador en perjuicio de la división de poderes.- Como corolario de lo anterior, expone la corte de apelaciones, que no le es dable aplicar analógicamente al delito identificado en el artículo 60 de la Ley electoral y de las organizaciones políticas, las disposiciones del artículo 112 de la misma ley, conteniendo ésta última norma una lista de infracciones penales en numerus clausus.- En el presente caso, apunta la corte, estamos ante una norma que carece de uno de sus presupuestos, refiriéndose a que toda norma penal tiene un presupuesto de hecho y otro de derecho, faltando en este caso el de derecho, porque habiendo en el artículo 60 la descripción de una conducta que la tipifica como delictiva, no dispone el presupuesto de derecho que sería la pena abstracta que correspondería aplicar a la persona que incurra en la conducta descrita. Siendo por tanto un caso de norma penal incompleta o en blanco. -No habiendo por tanto pena que imponer procede el sobreseimiento definitivo a favor de los encausados.-CONSIDERANDO CINCO (5). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento del derecho al debido proceso y al principio de legalidad, contenidos por su orden en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional observa que, desde el punto de vista constitucional, el objeto del presente amparo se centra en dilucidar si se violenta el debido proceso y el principio de legalidad, el dictar sobreseimiento definitivo basándose en que la conducta delictiva que fundamenta el requerimiento fiscal, carece de una pena abstracta.-Con relación al artículo 90 constitucional que contiene el derecho al debido proceso, este alto tribunal de justicia observa que la fiscal lo relaciona con los principios de transparencia, legalidad y debido proceso que se encuentran numerados en el artículo 2 de la Ley electoral y de organizaciones políticas[4]. -En opinión de la Sala los principios dispuestos en el artículo 2 de la Ley electoral y de organizaciones políticas informan las contiendas electorales, estableciendo que deben realizarse observando el debido proceso, la legalidad y la transparencia; sin embargo, la presente demanda de amparo no tiene como objeto de estudio juzgar el proceso electoral del año dos mil diecisiete, sino que una decisión judicial recaída en el proceso penal de mérito se ajusta a los estándares de un debido proceso; en virtud de lo cual no es de recibo el alegato de violación de los principios previstos en el artículo 2 citado. -Expresado de otra forma, no es el debido proceso de las elecciones lo que será juzgado por este alto tribunal de justicia, sino el hecho de dictarse un sobreseimiento definitivo debido a que supuestamente no existe pena abstracta para el delito de cambio ilegal de domicilio electoral, contenido en el artículo 60 de la Ley electoral y de organizaciones políticas y su decreto de reforma.[5]-Con el estudio al alegato de la fiscalía, la Sala encuentra que no existe mucha claridad en la exposición del presente amparo, para el caso este alto tribunal no entiende el razonamiento que hace, mencionando el hecho de que en dos ocasiones anteriores fue dictado el auto de formal procesamiento y esto como una razón para no sobreseer por no existir disposición de la pena abstracta de la conducta delictiva. En ningún momento la fiscal señala con precisión en que forma fue que se violentó por dicha razón el debido proceso.-No obstante, por un momento pareciera que el alegato de la fiscal se dirige a cuestionar la causa de sobreseimiento que se aplicó en este caso, quizás porque en el artículo 296 del Código Procesal Penal,[6] no se encuentra prevista como causal de sobreseimiento definitivo la inexistencia de una pena abstracta para determinada conducta delictiva.-Si este fuere el motivo de amparo, la Sala de lo Constitucional estima que, si una conducta no es sancionada con una pena legalmente establecida, dicha conducta no es realmente un delito.-Esto en virtud de que delito en su concepto más tradicional es toda aquella conducta humana (acción u omisión), típica, antijuridica, culpable y punible o sea sancionada con una pena y/o medida de seguridad. En virtud de lo cual, aunque no esté expresamente señalada como causal de sobreseimiento definitivo la carencia de pena legal abstracta, debe entenderse esto implícito en la parte referida a la falta de tipicidad contenida en el numeral uno del artículo 296 del Código Procesal Penal.- En el caso concreto, la Sala constata que efectivamente en el artículo 60 original y reformado de la Ley electoral y de organizaciones políticas no se dispone pena alguna para la conducta descrita como delito electoral, cambio ilegal de domicilio electoral. Por otra parte, no es dable atribuir a dicha conducta la pena establecida en el artículo 212 de la Ley electoral y organizaciones políticas en mención. Esto resulta de los términos mismos en que se encuentra redactada la norma, que a la sazón dispone: “Serán penados con reclusión de cuatro a seis años, quienes incurran en los actos siguientes:”.-Como puede observarse de lo anterior, la disposición de conductas tenidas como delito electoral en el artículo 212 en mención, es en numerus clausus, porque: a) no tiene una redacción que de idea de ser una lista de ejemplos; o b) no deja abierta la lista. -En virtud de todo lo cual, se estima procedente denegar la presente garantía de amparo. -PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 90 párrafo primero, 183, 303, 304 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 35 del Código Penal FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por la fiscal, abogada KENDDY LUDIBETH MEJÍA OSEGUERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha diecinueve de junio del año dos mil diecinueve dictada por la Corte de Apelaciones seccional del departamento de Copán, mediante la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada KENDDY LUDIBETH MEJÍA OSEGUERA, contra la resolución de fecha veinte de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras seccional del departamento de Lempira, con relación a la causa instruida contra los señores MACARIO VÁSQUEZ PÉREZ, GABINO PÉREZ y JOSÉ ARNULFO MATEO PÉREZ, por suponerlos responsables del DELITO ELECTORAL DE CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, en perjuicio del SISTEMA DEMOCRÁTICO y DEL ESTADO DE DERECHO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0800-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Vid. “Artículo 2. Principios. El sistema Electoral se regirá por los principios siguientes: 1) …; 5) Transparencia y honestidad en los procesos electorales; … 8) Legalidad; … 11) Debido proceso; …”

[5] Vid. Decreto legislativo 185-2007 publicado el uno de febrero de dos mil dieciocho en el Diario oficial La Gaceta número 31,523.

[6] Vid. “Artículo 296. Sobreseimiento definitivo. Se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1) Resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2) No existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y, 3) Se ha extinguido la acción penal.