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Sentencia AP-797-19 — Registro 12521

Resumen

Resolución que decretó nulidad de actuaciones en la causa instruida contra imputados, por suponerlos responsables del delito de Inutilización de Registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de la Administración y Fe Pública del Estado de Honduras, donde Tribunal de alzada al decretar la nulidad de actuaciones no consideró la resolución tomada por la Sala Penal, como órgano superior en relación a la cuestión de competencia, ya que el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia penal, resolvió declinarse del conocimiento de la presente causa y señaló como tribunal competente para conocer del caso al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción que también declinó en su competencia, siendo declarada dicha competencia por la Sala penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019)a, se aprecia en la misma, que el Ad quem concluye que resulta de importancia señalar que el principio de comunicabilidad de los actos, de la nulidad, en la causal de falta de competencia objetiva, ya declarada por la Sala Penal; y, que genera la justificación del Incidente de Nulidad, por infracción a la garantía del debido proceso y el principio de Juez Natural, se extiende no más allá de la tramitación del expediente judicial ante el Juzgado de letras penal con Competencia y Jurisdicción Territorial, es decir que se tiene por validad la presentación del requerimiento fiscal ante aquel Tribunal, como también con base a ese principio aludido, vigentes los actos de prueba pre construida o anticipada que pudieran ser ordenadas por aquel Tribunal, bajo las diferenciaciones que ya tiene sentada la doctrina de consulta.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso se enmarca en la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió declarar al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, como el tribunal competente para conocer de la presente causa; por lo que remitieron las diligencias en esa misma fecha, y estas fueron recibidas por dicho Tribunal de Sentencia, en fecha veintinueve (29) de marzo dos mil diecinueve (2019); tal como lo establece el Numeral 2) del Artículo 55 del Código Procesal Penal; por lo que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); se extralimita de las atribuciones conferidas por la Ley, al desconocer una resolución firme de un Tribunal Superior, en este caso la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal, que definió la cuestión de competencia.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es la nulidad decretada, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado"

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de noviembre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMPAYAGUA, en fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019); en la causa instruida contra los señores JUAN CARLOS CRÚZ Y MIGUEL ARCÁNGEL ROSALES IZCANO, por suponerlos responsables de los delito de INUTILIZACIÓN DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIO DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem es violatoria, en perjuicio a sus representados, de lo dispuesto en los Artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada CARMEN LETICIA TURCIOS BARRIOS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores JUAN CARLOS CRÚZ y MIGUEL ARCÁNGEL ROSALES IZCANO, por considerarlos responsables de los delitos de INUTILIZACIÓN DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIO DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Folios 1–43 del Tomo I de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado decretó Auto de Apertura a Juicio contra los señores JUAN CARLOS CRÚZ y MIGUEL ARCÁNGEL ROSALES IZCANO, por suponerlos responsables de los delitos de INUTILIZACIÓN DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIO DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, y; remite las presentes diligencias al Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; mismas que fueron recibidas por dicho Tribunal en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). (Folios 349–352v y 371 del Tomo I de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que en fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el citado Tribunal de Sentencia, resolvió declinarse del conocimiento de la presente causa, y señaló como tribunal competente para conocer del caso al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción; por lo que remitieron las diligencias de dicho expediente en fecha diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), mismas que fueron recibidos por el citado Tribunal de Sentencia en la misma fecha. Acto seguido, en fecha doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, también resolvió declinarse del conocimiento de la presente causa, y señaló como tribunal competente para conocer del caso al Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; por lo que en esa misma fecha remitieron las diligencias, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Finalmente, en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió declarar al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, como el tribunal competente para conocer de la presente causa; por lo que remitieron las diligencias en esa misma fecha, y estas fueron recibidas por dicho Tribunal de Sentencia, en fecha veintinueve (29) de marzo dos mil diecinueve (2019). (Folios 378-379v, 383, 387-389 y 391 del Tomo I y 393–395 del Tomo II de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 4) Que en fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), el citado Tribunal de Sentencia dicto un Auto de Sustitución de Medidas, mediante el cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Téngase por Admitidos y evacuados los medios de prueba propuesto, los que se manda agregar a sus antecedentes. SEGUNDO: Declarar Con Lugar la revisión de medida cautelar a favor de los señores MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO y JUAN CARLOS CRUZ, a quien se les supone responsable del delito de INUTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION y LA FE PUBLICA, en el presente caso, y por ende en aplicación del Artículo 173 Numerales 5), 6), 7), y del Código Procesal Penal, que consiste: 1. Someterse el señor MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO al cuidado y vigilancia del Abogado ANA LUISA ALVARADO MEJIA, y al señor JUAN CARLOS CRUZ al cuidado y vigilancia del abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, mismos que deberán de rendir informe mensualmente sobre el cumplimiento de esta Medida a este Tribunal de Sentencia. 2. Obligación de los imputados a presentarse periódicamente, una vez al mes a este Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, especialmente entre los días laborables de fecha 25 al 30 de cada mes, y en los meses festivos o feriado en la fecha que para tal efecto establezca el señor secretario del tribunal. 3. Prohibición de salir del País, sin autorización de este tribunal; Debiendo librarse el oficio de estilo a la Dirección de Migración y Extranjería, para los efectos subsiguientes.” (Folios 441–443v del Tomo II de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 5) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por las partes, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, dicto su Sentencia mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de Apelación que ha planteado la defensa del señor JUAN CARLOS CRUZ, a quien el Ministerio Publico le supone responsable del delito de UTILIZACION DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIOS DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA, Y LA ADHESION AL RECURSO DE APELACION QUE HA HECHO la defensa del señor MIGUEL ARCÁNGEL ROSALES IZCANO, a quien el Ministerio Publico le acusa por los antes señalados delitos; contra el AUTO JUDICIAL DE FECHA tres de mayo del dos mil diecinueve, EMITIDO por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en el Departamento de Comayagua.- SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCION RECURRIDA.- EN CONSECUENCIA: 1) de declaran nulos los actos del proceso penal seguido a los encartados JUAN CARLOS CRUZ Y MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, a quien el Ministerio publico le supone responsables del delito de UTILIZACION DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIOS DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA; NULIDAD QUE SE DECRETA A PARTIR DE LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, DONDE SE LIBRAN LAS ORDENES DE CAPTURA CONTRA LOS ENCARTADOS, CUYA ADHESION AL PROCESO QUEDA VIGENTE POR EL CONOCIMIENTO QUE ESTOS TIENEN SOBRE EL MISMO Y LA IMPOSICION DE MEDIDAS POR PARTE DEL TRIBUNAL DE SENTNECIA DE SIGUATEPEQUE, en el departamento de Comayagua. 2) Que se trasladen las diligencias al JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DE INTIBUCA para que sea este Órgano Jurisdiccional en su condición de Juez Natural, el que conozca de las etapas del proceso que la ley le tiene asignada competencia. 3) Quedan vigentes por el principio de no conectabilidad de los actos procesales, los poderes de representación y los personamientos de las partes procesales, así como aquellos actos que constituyan pruebas anticipadas o pre constituidas, que son susceptibles a tratamiento de manera independiente al principio sentado como juez natural, así como la sustitución de medida cautelar ordenada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, a quien el alto Tribunal de Justicia le asigno competencia para conocer de la tercera etapa procesal, donde se genera la presente decisión. TERCERO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DE LA CORTE QUE CERTIFIQUE con prontitud el presente fallo al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, para garantizar un plazo razonable en la tramitación de la causa.”. (Folios 25–42v de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia)- 6) Que la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria, en perjuicio de su representado, de los derechos dispuesto en los Artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–11 del Presente Recurso)- 7) Que en fecha tres (3) de marzo del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 96 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019); en la causa instruida contra los señores JUAN CARLOS CRÚZ y MIGUEL ARCÁNGEL ROSALES IZCANO, por suponerlos responsables de los delito de INUTILIZACIÓN DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIO DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, compareció ante este Tribunal, en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, señalando, que la misma, vulnera el Debido Proceso, ya que la nulidad no debió decretarse; y, debió el Tribunal de Alzada, dejar subsistente todas las actuaciones procesales, en vista que todo lo actuado se encuentra amparado en validez legal.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha tres (3) de marzo del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019)a, se aprecia en la misma, que el Ad quem concluye que resulta de importancia señalar que el principio de comunicabilidad de los actos, de la nulidad, en la causal de falta de competencia objetiva, ya declarada por la Sala Penal; y, que genera la justificación del Incidente de Nulidad, por infracción a la garantía del debido proceso y el principio de Juez Natural, se extiende no más allá de la tramitación del expediente judicial ante el Juzgado de letras penal con Competencia y Jurisdicción Territorial, es decir que se tiene por validad la presentación del requerimiento fiscal ante aquel Tribunal, como también con base a ese principio aludido, vigentes los actos de prueba pre construida o anticipada que pudieran ser ordenadas por aquel Tribunal, bajo las diferenciaciones que ya tiene sentada la doctrina de consulta.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso se enmarca en la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió declarar al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, como el tribunal competente para conocer de la presente causa; por lo que remitieron las diligencias en esa misma fecha, y estas fueron recibidas por dicho Tribunal de Sentencia, en fecha veintinueve (29) de marzo dos mil diecinueve (2019); tal como lo establece el Numeral 2) del Artículo 55 del Código Procesal Penal; por lo que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); se extralimita de las atribuciones conferidas por la Ley, al desconocer una resolución firme de un Tribunal Superior, en este caso la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal, que definió la cuestión de competencia.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es la nulidad decretada, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se le restituyan los derechos a ESTADO DE HONDURAS a través de la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, rehabilitando su derecho al debido proceso dictando una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República. Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0797-2019.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de noviembre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMPAYAGUA, en fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019); en la causa instruida contra los señores JUAN CARLOS CRÚZ Y MIGUEL ARCÁNGEL ROSALES IZCANO, por suponerlos responsables de los delito de INUTILIZACIÓN DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIO DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem es violatoria, en perjuicio a sus representados, de lo dispuesto en los Artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada CARMEN LETICIA TURCIOS BARRIOS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores JUAN CARLOS CRÚZ y MIGUEL ARCÁNGEL ROSALES IZCANO, por considerarlos responsables de los delitos de INUTILIZACIÓN DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIO DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Folios 1–43 del Tomo I de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado decretó Auto de Apertura a Juicio contra los señores JUAN CARLOS CRÚZ y MIGUEL ARCÁNGEL ROSALES IZCANO, por suponerlos responsables de los delitos de INUTILIZACIÓN DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIO DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, y; remite las presentes diligencias al Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; mismas que fueron recibidas por dicho Tribunal en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). (Folios 349–352v y 371 del Tomo I de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que en fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el citado Tribunal de Sentencia, resolvió declinarse del conocimiento de la presente causa, y señaló como tribunal competente para conocer del caso al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción; por lo que remitieron las diligencias de dicho expediente en fecha diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), mismas que fueron recibidos por el citado Tribunal de Sentencia en la misma fecha. Acto seguido, en fecha doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, también resolvió declinarse del conocimiento de la presente causa, y señaló como tribunal competente para conocer del caso al Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; por lo que en esa misma fecha remitieron las diligencias, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Finalmente, en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió declarar al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, como el tribunal competente para conocer de la presente causa; por lo que remitieron las diligencias en esa misma fecha, y estas fueron recibidas por dicho Tribunal de Sentencia, en fecha veintinueve (29) de marzo dos mil diecinueve (2019). (Folios 378-379v, 383, 387-389 y 391 del Tomo I y 393–395 del Tomo II de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 4) Que en fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), el citado Tribunal de Sentencia dicto un Auto de Sustitución de Medidas, mediante el cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Téngase por Admitidos y evacuados los medios de prueba propuesto, los que se manda agregar a sus antecedentes. SEGUNDO: Declarar Con Lugar la revisión de medida cautelar a favor de los señores MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO y JUAN CARLOS CRUZ, a quien se les supone responsable del delito de INUTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION y LA FE PUBLICA, en el presente caso, y por ende en aplicación del Artículo 173 Numerales 5), 6), 7), y del Código Procesal Penal, que consiste: 1. Someterse el señor MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO al cuidado y vigilancia del Abogado ANA LUISA ALVARADO MEJIA, y al señor JUAN CARLOS CRUZ al cuidado y vigilancia del abogado JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, mismos que deberán de rendir informe mensualmente sobre el cumplimiento de esta Medida a este Tribunal de Sentencia. 2. Obligación de los imputados a presentarse periódicamente, una vez al mes a este Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, especialmente entre los días laborables de fecha 25 al 30 de cada mes, y en los meses festivos o feriado en la fecha que para tal efecto establezca el señor secretario del tribunal. 3. Prohibición de salir del País, sin autorización de este tribunal; Debiendo librarse el oficio de estilo a la Dirección de Migración y Extranjería, para los efectos subsiguientes.” (Folios 441–443v del Tomo II de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 5) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por las partes, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, dicto su Sentencia mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de Apelación que ha planteado la defensa del señor JUAN CARLOS CRUZ, a quien el Ministerio Publico le supone responsable del delito de UTILIZACION DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIOS DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA, Y LA ADHESION AL RECURSO DE APELACION QUE HA HECHO la defensa del señor MIGUEL ARCÁNGEL ROSALES IZCANO, a quien el Ministerio Publico le acusa por los antes señalados delitos; contra el AUTO JUDICIAL DE FECHA tres de mayo del dos mil diecinueve, EMITIDO por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en el Departamento de Comayagua.- SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCION RECURRIDA.- EN CONSECUENCIA: 1) de declaran nulos los actos del proceso penal seguido a los encartados JUAN CARLOS CRUZ Y MIGUEL ARCANGEL ROSALES IZCANO, a quien el Ministerio publico le supone responsables del delito de UTILIZACION DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIOS DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA; NULIDAD QUE SE DECRETA A PARTIR DE LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, DONDE SE LIBRAN LAS ORDENES DE CAPTURA CONTRA LOS ENCARTADOS, CUYA ADHESION AL PROCESO QUEDA VIGENTE POR EL CONOCIMIENTO QUE ESTOS TIENEN SOBRE EL MISMO Y LA IMPOSICION DE MEDIDAS POR PARTE DEL TRIBUNAL DE SENTNECIA DE SIGUATEPEQUE, en el departamento de Comayagua. 2) Que se trasladen las diligencias al JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DE INTIBUCA para que sea este Órgano Jurisdiccional en su condición de Juez Natural, el que conozca de las etapas del proceso que la ley le tiene asignada competencia. 3) Quedan vigentes por el principio de no conectabilidad de los actos procesales, los poderes de representación y los personamientos de las partes procesales, así como aquellos actos que constituyan pruebas anticipadas o pre constituidas, que son susceptibles a tratamiento de manera independiente al principio sentado como juez natural, así como la sustitución de medida cautelar ordenada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, a quien el alto Tribunal de Justicia le asigno competencia para conocer de la tercera etapa procesal, donde se genera la presente decisión. TERCERO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DE LA CORTE QUE CERTIFIQUE con prontitud el presente fallo al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, para garantizar un plazo razonable en la tramitación de la causa.”. (Folios 25–42v de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia)- 6) Que la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria, en perjuicio de su representado, de los derechos dispuesto en los Artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–11 del Presente Recurso)- 7) Que en fecha tres (3) de marzo del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 96 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019); en la causa instruida contra los señores JUAN CARLOS CRÚZ y MIGUEL ARCÁNGEL ROSALES IZCANO, por suponerlos responsables de los delito de INUTILIZACIÓN DE REGISTROS DESTINADOS A SERVIR COMO MEDIO DE PRUEBA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, compareció ante este Tribunal, en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, señalando, que la misma, vulnera el Debido Proceso, ya que la nulidad no debió decretarse; y, debió el Tribunal de Alzada, dejar subsistente todas las actuaciones procesales, en vista que todo lo actuado se encuentra amparado en validez legal.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha tres (3) de marzo del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019)a, se aprecia en la misma, que el Ad quem concluye que resulta de importancia señalar que el principio de comunicabilidad de los actos, de la nulidad, en la causal de falta de competencia objetiva, ya declarada por la Sala Penal; y, que genera la justificación del Incidente de Nulidad, por infracción a la garantía del debido proceso y el principio de Juez Natural, se extiende no más allá de la tramitación del expediente judicial ante el Juzgado de letras penal con Competencia y Jurisdicción Territorial, es decir que se tiene por validad la presentación del requerimiento fiscal ante aquel Tribunal, como también con base a ese principio aludido, vigentes los actos de prueba pre construida o anticipada que pudieran ser ordenadas por aquel Tribunal, bajo las diferenciaciones que ya tiene sentada la doctrina de consulta.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso se enmarca en la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió declarar al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, como el tribunal competente para conocer de la presente causa; por lo que remitieron las diligencias en esa misma fecha, y estas fueron recibidas por dicho Tribunal de Sentencia, en fecha veintinueve (29) de marzo dos mil diecinueve (2019); tal como lo establece el Numeral 2) del Artículo 55 del Código Procesal Penal; por lo que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); se extralimita de las atribuciones conferidas por la Ley, al desconocer una resolución firme de un Tribunal Superior, en este caso la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal, que definió la cuestión de competencia.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es la nulidad decretada, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se le restituyan los derechos a ESTADO DE HONDURAS a través de la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, rehabilitando su derecho al debido proceso dictando una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República. Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0797-2019.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional