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Sentencia AP-761-18 — Registro 11387

Resumen

Resolución que declaró ha lugar recurso de apelación, revocó auto de formal procesamiento y dictó sobreseimiento definitivo a favor de imputado por los delitos de Falsificación de Documentos en perjuicio de la Fe Publica, argumentando recurrente que imputado en su condición de notario autorizante haya delegado su función notarial y permitido que otras personas hayan efectuado actuaciones notariales en su protocolo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(8): Que la Sala de lo Constitucional en la citada resolución deja establecido que el Notario al prestar el protocolo, constituye definitivamente una falta grave a los deberes que le impone la propia ley del notariado, pero en ningún momento puede toarse esa falta como una acción delictiva por parte del Notario, es decir no contribuye ni material ni intelectualmente en la confección de aquel documento”, la actuación del imputado JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ, resulta ser en la autorización del instrumento en el que se consignan las declaraciones de voluntad de las partes…, su actitud infringe una norma administrativa que se contiene en el artículo 3 párrafo tercero que establece “El ejercicio de la funcional notarial es indelegable, el Notario debe ejercer sus funciones de forma personal, técnica, imparcial e independiente con el debido decoro y la dignidad que le corresponde. CONSIDERANDO (9): Que el Tribunal de alzada señala que quedó establecido “que es a Nelson René Castillo Valladares a quien acude el señor Jorge Alberto Hernández, para que le gestione la confección de una escritura pública de la que ya posee los antecedentes (papeles a criterio del testigo). El que finamente acude a la notaria del acusado José Roberto Hernández, para que autorizara el instrumento en el que constaban las declaraciones de voluntad de las partes (reiteramno9s sin perjuicio de un eventual vicio en el consentimiento declarado por la vía judicial correspondiente, resulta una infracción a la ley administrativa señalada, como la eventualidad de las infracciones señaladas en la aludida ley en su artículo 81 numeral 3, aspectos que no interesan al derecho penal en respeto al principio de la última ratio. Finalmente expone el Tribunal de alzada, la no aportación de indicios de participación del imputado José Roberto Hernández Velásquez, toda vez que el conocimiento de la falsedad constituye un elemento constructivo del tipo peal, razones sobradas para revocar la resolución recurrida. Por todo ello declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto. CONSIDERANDO (10): Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala aprecia que el origen de la controversia es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, invocando el recurrente el quebranto al debido proceso por falta de motivación en la sentencia, lo que resulta en la falta de tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (11): Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica. CONSIDERANDO (12): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas la aplicación de las reglas de la sana crítica y la motivación clara y precisa de la sentencia forman parte del debido Proceso. De lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad quem tanto de los hechos que motivaron el requerimiento fiscal como del análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes para lograr sus pretensiones es conforme a Derecho. CONSIDERANDO (13): Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo . A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO (14): Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional observa que el Ad quem en su resolución no ha vulnerado los derechos invocados por la recurrente, ciertamente, su resolución es clara y precisa, señalando las razones que tuvo en cuenta, para dictar la resolución en estudio. Dando respuesta a la pretensión de la impetrante, conforme a derecho, por todo ello, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre del dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, que según el recurrente, fue dictada en fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), pero revisado que han sido los antecedentes, esta Sala pudo constatar que fue dictada en fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra el señor JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ, por suponerlo responsable de dos (2) delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO, en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando el recurrente que el Acto Reclamado viola, en perjuicio de su representada, el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el abogado RUDY ANTONY LAMBERT THOMAS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores NELSON RENE CASTILLO VALLADARES y JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ, por dos (2) delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, y un (1) delito de ESTAFA, en perjuicio de los señores MELVIN SANTOS MORALES y ERCILIA MARGARITA HERNANDEZ, y la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–% de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 2) Que en fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), en la celebración de la Audiencia Inicial, el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “1) Tener por ratificado el requerimiento fiscal y que se tengan por admitidos, evacuados e incorporado los elementos probatorios que fueron presentados en la presente causa que fueron proporcionados en la audiencia inicial por el representante del Ministerio Público y la defensa privada del acusado 2) Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO a JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ por suponerlo responsable a título de autor de DOS delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA 3) Es procedente imponer a JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ las medidas cautelares establecidas en el artículo 173 numerales 6 y 7 del código procesal penal consistentes en: a) obligar al imputado a presentarse ante este Juzgado de letras Penal de la ciudad de Comayagua del departamento de Comayagua, cada quince días a firmar el libro de presentaciones b) prohibirle al imputado salir del país sin autorización de este juzgado; medidas que se le deben imponer al imputado mediante acta, por lo que se ordena a la secretaria del despacho proceda a notificarlas al acusado inmediatamente 4) Se decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ por no suponerlo responsable de la comisión del delito de ESTAFA en perjuicio de MELVIN SANTOS MORALES y ERCILIA MARGARITA HERNANDEZ 5) Sin lugar la pretensión de la defensa privada en cuanto a que se dicte sobreseimiento definitivo al acusado por todos los delitos.-”. (Folios 142–149 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado JACOBO CALIX HERNANDEZ, en su condición de apoderado legal del señor JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), dicto Sentencia mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarando CON LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado La Defensa del imputado JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ por Dos Delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS en perjuicio de la FE PUBLICA contra el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO en perjuicio de la FE PUBLICA que ha dictado el Juzgado de Letras de la sección judicial de Comayagua, en fecha Veintiuno de Diciembre del dos mil Diecisiete.- SEGUNDO: SE REVOCA la resolución recurrida.- EN CONSECUENCIA 1) Se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del acusado, por el mencionado delitos, con fundamento en el artículo 296 numeral 1 del código procesal penal; 2) Que el a-quo extienda las respectiva carta de libertad a favor del mismo.-” (Folios 8–16 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia) 4) Que la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal en fecha doce (12) de octubre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–9 del Presente Recurso) 5) Que en fecha quince (15) de enero del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 30 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual se declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la Defensa del imputado, la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional, de la misma sección judicial, en fecha veintidós de diciembre del año dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra el señor JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ, por suponerlo responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y ESTAFA en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y de los señores MELVIN SANTOS MORALES Y ERCILIA MARGARITA HERNÁNDEZ. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, en la formalización de acción, expone que la resolución recurrida vulnera los derechos constitucionales contenidos en el artículo 90 constitucional, al no haber observado las formalidades establecidas en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, que establece el deber de motivación y los requisitos y formalidades que deberá contener la sentencia dictada en materia penal. Todo ello por considerar que la motivación de la resolución impugnada resulta incongruente, pues la motivación de las resoluciones debe ser el resultado de un razonamiento judicial constituido por inferencias razonables derivadas y deducidas únicamente de las pruebas evacuadas en audiencia inicial, señala que el Ad quem no apreció la conexión existente entre la conducta descrita por el testigo Jorge Alberto Hernández y las actuaciones realizadas por el imputado José Roberto Hernández Velásquez, por considerar que en la prueba caligráfica, su tesis conclusiva no incluye que la firma genere características que vinculen al acusado en el hecho, por lo que la alzada estima que la sospecha de quien participó en la confección de la firma que contiene el instrumento No. 1117, se acerca más a la persona de Nelson René Castillo Valladares y que el hecho de falsificación de una firma solo corresponde a este instrumento y no al otro aunque sea este su antecedente. CONSIDERANDO (5): Que la recurrente expone que la apreciación del Ad quem en cuanto a la actuación del imputado quebranta sus derechos, cuando considera que la acción del imputado infringe una norma administrativa que se contiene en el artículo 3, párrafo tercero del Código del Notariado, relacionado con el numeral 1 del artículo 13 del mismo cuerpo legal, en cuanto manda que el ejercicio de la función notarial es indelegable, por lo que el otario debe ejercer sus funciones en forma personal, quedando prohibido permitir que en su protocolo se efectúen actuaciones notariales por otra persona. Señalando que no hay ningún medio de prueba evacuado en la audiencia inicial que haga llegar al Tribunal de alzada a la convicción que el acusado José Roberto Hernández Velásquez haya delegado su función notarial y permitido que otras personas hayan efectuado actuaciones notariales en su protocolo, señalado que con esto el Ad quem violenta el debido proceso, e inobserva el deber de motivación reconocido en la constitución e instrumentos internacionales, desarrollados en la norma procesal contenidas en los artículos 141 y 338 en los cuales establece que la motivación expresará las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones valor probatorio que se les haya atribuido. Por lo que el recurrente considera que también se ha quebrantado la tutela judicial efectiva y el debido proceso al dictar un sobreseimiento definitivo. CONSIDERANDO (6): Que el Ad quem, expone detalladamente los hechos que provocan el requerimiento fiscal, así como los agravios expresados por el apelante, dejando establecido en el párrafo de la motivación numeral segundo que “el resumen de agravios que platea el libelista tienen que ver con la valoración de la prueba aportada, señalando que la resolución recurrida o se ajusta a las reglas de la sana critica, al carácter de una motivación coherente y lesionar el principio de derivación que establece que la motivación de las resoluciones debe ser derivada respetando el principio de razón suficiente, para lo cual el razona miento judicial debe estar constituido por inferencias razonables derivadas y deducidas únicamente de las pruebas evacuada y de la sucesión de conclusiones que las mismas determinen”. En el numeral tercero señala los requisitos e importancia para el tráfico jurídico de los documentos. CONSIDERANDO (7): Que el Ad quem invoca en el numeral cuarto de su resolución, que la norma contenida en el artículo 284 del Código Penal, establece que comete el delito de falsificación de documentos: “Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquier de los hechos siguientes… 1) Contrahaciendo o fingiendo la letra, firma o rubrica, 2) suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido; que en la primera descripción, se ha señalado que no fue el acusado José Roberto Hernández, quien ha realizado la firma falsa que suplanta a la del señor Roberto Yánez Umaña, por ende no finge, letra, firma o rubrica del aludido, no entrando en la discusión de la existencia del delito de falsificación de documentos públicos bajo esta conducta; que en relación a la segunda conducta “suponiendo la intervención de personas que no la han tenido” según la Ley del Notariado en su artículo 5, además señala el artículo 13 de la misma ley que regula la conducta del Notario, como la permisión que en su protocolo se efectúen actuaciones notariales otras personas…, señalando que la sanción para esta conducta es escasa o nula para el derecho penal, sustentando este criterio, con referencia de resoluciones de la Sala de lo Constitucional que ha dejado sentado: “Que en el ejercicio de esta profesión regulada por las leyes secundarias o estatutos que dan seguridad tanto a la actividad profesional como al servicio que recibe el ciudadano que lo requiere, la cual permite que el ejercicio del notariado cuando se trate de un acto o contrato sobre el cual se persigue la invalidación o anulabilidad, el cual debe decidir la jurisdicción civil, (Cita la sentencia de fecha 31 de mayo del 2002); que sigue la norma procesal civil cuando en su artículo 272, que establece la fuerza probatoria de estos mientras no se haya impugnado su autenticidad. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional en la citada resolución deja establecido que el Notario al prestar el protocolo, constituye definitivamente una falta grave a los deberes que le impone la propia ley del notariado, pero en ningún momento puede toarse esa falta como una acción delictiva por parte del Notario, es decir no contribuye ni material ni intelectualmente en la confección de aquel documento”, la actuación del imputado JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ, resulta ser en la autorización del instrumento en el que se consignan las declaraciones de voluntad de las partes…, su actitud infringe una norma administrativa que se contiene en el artículo 3 párrafo tercero que establece “El ejercicio de la funcional notarial es indelegable, el Notario debe ejercer sus funciones de forma personal, técnica, imparcial e independiente con el debido decoro y la dignidad que le corresponde. CONSIDERANDO (9): Que el Tribunal de alzada señala que quedó establecido “que es a Nelson René Castillo Valladares a quien acude el señor Jorge Alberto Hernández, para que le gestione la confección de una escritura pública de la que ya posee los antecedentes (papeles a criterio del testigo). El que finamente acude a la notaria del acusado José Roberto Hernández, para que autorizara el instrumento en el que constaban las declaraciones de voluntad de las partes (reiteramno9s sin perjuicio de un eventual vicio en el consentimiento declarado por la vía judicial correspondiente, resulta una infracción a la ley administrativa señalada, como la eventualidad de las infracciones señaladas en la aludida ley en su artículo 81 numeral 3, aspectos que no interesan al derecho penal en respeto al principio de la última ratio. Finalmente expone el Tribunal de alzada, la no aportación de indicios de participación del imputado José Roberto Hernández Velásquez, toda vez que el conocimiento de la falsedad constituye un elemento constructivo del tipo peal, razones sobradas para revocar la resolución recurrida. Por todo ello declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto. CONSIDERANDO (10): Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala aprecia que el origen de la controversia es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, invocando el recurrente el quebranto al debido proceso por falta de motivación en la sentencia, lo que resulta en la falta de tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (11): Que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad; y la motivación jurídica, esto es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Lo anterior está previsto en el artículo 141 párrafo 2do, 3ero, 4to, relacionado con el artículo 338 del Código Procesal Penal, referidos por su orden la motivación de la sentencia que debe ser clara y precisa y la valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica. CONSIDERANDO (12): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas la aplicación de las reglas de la sana crítica y la motivación clara y precisa de la sentencia forman parte del debido Proceso. De lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad quem tanto de los hechos que motivaron el requerimiento fiscal como del análisis de la prueba de la que se hicieron valer las partes para lograr sus pretensiones es conforme a Derecho. CONSIDERANDO (13): Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[1]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO (14): Que, por lo antes expuesto, esta Sala de lo Constitucional observa que el Ad quem en su resolución no ha vulnerado los derechos invocados por la recurrente, ciertamente, su resolución es clara y precisa, señalando las razones que tuvo en cuenta, para dictar la resolución en estudio. Dando respuesta a la pretensión de la impetrante, conforme a derecho, por todo ello, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por la Abogada SUSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0761-2018.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod