Sentencia AP-755-19 — Registro 11386
Resumen
Resolución impugnada que ordena sobreseimiento definitivo, considerando impetrante que Ad quem debió dictar sobreseimiento provisional y permitir incorporar declaración de testigo protegido mediante lectura autorizada con las formalidades de la prueba anticipada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7) Que, el Proceso Penal está formado por las Etapas de Investigación y Juzgamiento, iniciando con la Etapa Preparatoria que se desarrolla, varios actos procesales desde la Investigación, Requerimiento Fiscal, Audiencia de Declaración del Imputado, que como acto personalísimo solo quien es sometido a juicio puede decidir si declara o no, y la Audiencia Inicial como última fase de la Etapa Preparatoria, que tiene “varios objetivos, entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el Auto de Prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado” . Durante la Audiencia Inicial, la Parte Acusadora precisa los términos de la imputación, términos que solo pueden definirse de acuerdo con los hechos y circunstancias que merecen la reprochabilidad penal y por ende se someten a juicio. Discierne si está justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante Sobreseimiento Provisional o Definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar . De acuerdo con los antecedentes será en Audiencia de Juicio Oral y Público donde las partes han de someter al contradictorio sus hipótesis y el acervo probatorio que las acrediten. Todo ello cuando se han apreciado los elementos constitucionales para dictar el referido auto. En el caso de subjudice el A Quo dictó Auto de Formal Procesamiento, decisión que no comparte el Tribunal de Alzada quien revocó esta decisión y ordena se dicte Sobreseimiento Definitivo a favor del encausado.-CONSIDERANDO: (8) Que el artículo 295 del Código Procesal Penal, dispone: “El Juez dictará Sobreseimiento Provisional si no obstante haber plena prueba de la comisión del delito no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, con lo cual debe señalarse de manera concreta en la Resolución respectiva”.-CONSIDERANDO: (9) Que del estudio de los antecedentes y la Resolución recurrida esta Sala aprecia que el Ad Quem si bien es cierto fundamento el dictado del Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado SANTOS DIAZ ORELLANA, en el hecho que la declaración del Testigo Protegido identificado con clave “Z1-18” rendida ante el Juez de Garantía en la Audiencia Inicial celebrada en fecha anterior contra del coimputado OSCAR FRANCISCO AGUILAR, bajo las formalidades de Prueba Anticipada e incorporada dicho testimonio mediante lectura autorizada en base al artículo 311.2 por el Ministerio Público en la Audiencia Inicial que se le siguió al imputado SANTOS DIAZ ORELLANA, esta no debió haber sido admitida y mucho menos darle valor probatorio por el A Quo por existir franca violación a la garantía constitucional del Derecho de Defensa que le asiste al procesado y al Principio de Contradicción que rige nuestro Código Procesal Penal, por no contar en la práctica de dicho medio probatorio con la asistencia Técnica legal de su Apoderado que defendiera los cargos que se le imputan en el Requerimiento Fiscal; Sin embargo a lo antes señalado por el A Quem, no es menos cierto que en dicha Audiencia el Ente Acusador ofertó otros Medios de Prueba con los que se acredito la plena prueba de la comisión de un hecho penado por la ley como ser el delito de Homicidio en perjuicio del señor JOSÉ ROBERTO AGUILAR, existe además un margen de sospecha de participación del encartado en los mismos, dejando de esta forma el Ad Quem al Ente Fiscal quien representa la defensa y protección de los intereses de la sociedad sin la posibilidad de continuar con el presente Proceso Penal y el esclarecimiento de los hechos por los cuales se presentó el Requerimiento Fiscal. En ese orden de ideas esta Sala considera que el Ad Quem ha violentado el Debido Proceso al inobservar los procedimientos, formalidades, derechos y garantías que establece nuestra Constitución, al haber dictado un Sobreseimiento Definitivo, en lugar de un Provisional tal y como lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal, para que el Ministerio Publico tenga la posibilidad de incorporar en un futuro la declaración el testigo protegido con clave Z1-18, respetando siempre los derechos y garantías de todo los intervinientes en el proceso.-CONSIDERANDO: (10) Que el Derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (Sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto ”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a la garantía judicial a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia . Ambos presupuestos: el encuentro de la verdad y éxito en la administración de justicia, forman parte no solo de las garantías procesales del imputado, sino también de las víctimas que consideran se ha ultrajado sus bienes jurídicos protegidos, y esperan respuesta de los órganos competentes de administrar justicia. Por todo ello esta Sala aprecia que ciertamente se ha quebrantado el Debido Proceso en la Resolución emitida por el Ad Quem, pues no ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se otorgue el Amparo intentado.-CONSIDERANDO:(11) Que el Derecho de Defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 como en la Jurisprudencia de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “(….) al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, esta Corte ha manifestado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar, o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurarla adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial . Así mismo, esta Sala considera que se ha quebrantado el Derecho de Defensa al Ente Acusador y de la víctima por el Ad Quem al ordenar se dicte un Sobreseimiento Definitivo dejando sin la posibilidad que en el futuro el Ministerio Público incorpore nuevos elementos de prueba y con ello el esclarecimiento de los hechos.-CONSIDERANDO:(12) Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado . Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el Principio de Legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del Poder Legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia materia y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso .-CONSIDERANDO:(13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGAR el Recurso Amparo interpuesto"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 295 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada JULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del señor JOSE ROBERTO AGUILAR ALCANTARA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará, en fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve, (2019), que declaró Ha Lugar un recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará; en la causa instruida contra el señor SANTOS DIAZ ORELLANA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio del señor JOSE ROBERTO AGUILAR ALCANTARA.-afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 Y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara el Abogado NELSON PALMA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los ciudadanos SANTOS DIAZ ORELLANA Y OSCAR FRANCISCO AGUILAR DIAZ, por el delito de HOMICIDIO, en perjuicio de JOSE ROBERTO AGUILAR ALCANTARA, (Folios 1 al 2 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado instructor, “RESUELVE: 1.- se dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor SANTOS DIAZ ORELLANA, a quien se le acusa a título de autor del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de JOSE ROBERTO AGUILAR ALCANTARA.- 2.- Se le impone al señor SANTOS DIAZ ORELLANA. La medida cautelar de Prisión Preventiva por un periodo de dos (2) años, establecida en el artículo 173 en el numeral 3 del Código Procesal Penal, que deberá cumplir en el Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto” del municipio de Tamara departamento DE Francisco Morazán, para lo cual se libre el oficio respectivo al Director de dicho Centro a fin que vigile el cumplimiento de la misma. - 3.- Se declara Sin Lugar lo solicitado por la Defensa…”(Folios 64 al 78 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones de la sección Judicial de Santa Barbará, departamento de Santa Barbará RESUELVE: ” PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE ESTUARDO AMAYA ARITA, en su condición de defensor del imputado SANTOS DIAZ ORELLANA.- SEGUNDO: SE REVOCA el Auto de Formal procesamiento, dictado al imputado SANTOS DIAZ ORELLANA, por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de JOSE ROBERTO AGUILAR ALCANTARA.- TERCERO: SE INSTRUYE AL SEÑOR JUEZ, para que dicte Sobreseimiento Definitivo, a favor del imputado SANTOS DIAZ ORELLANA por el delito de HOMICIDIO, en perjuicio de JOSE ROBERTO AGUILAR ALCANTARA, sin necesidad de audiencia…” (Folio 5 al 10 de la Pieza de Corte de Apelaciones).-4) La recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha tres (3) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor del señor JOSE ROBERTO AGUILAR ALCANTARA, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. (folio 1 al 7 de la pieza de amparo).-5) Que en fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que la Resolución contra la que se reclama fue dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha doce de junio del año dos mil diecinueve, que declaró Con Lugar un Recurso de Apelación, interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha dieciocho de abril del dos mil diecinueve, relacionada con la causa instruida contra el señor SANTOS DIAZ ORELLANA por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de los JOSÉ ALBERTO AGUILAR ALCANTARA.-CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en la formalización de la Acción de Amparo manifiesta, que en fecha 15 de noviembre del 2018, se presentó Requerimiento Fiscal contra SANTOS DIAZ ORELLANA y OSCAR AGUILAR DIAZ por suponerlo responsables del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de JOSÉ ROBERTO AGUILAR ALCANTARA, celebrada la Audiencia Inicial, el A Quo dictó Auto de Formal Procesamiento, Resolución que fue impugnada por el representante de la Defensa del imputado, misma que fue resuelta por el Tribunal de Alzada dictando un Sobreseimiento Definitivo a su favor, por lo que el Ministerio Público interpuso Recurso de Reposición mismo que fue Declarado Sin Lugar. A criterio del Ente acusador se han violentado derechos constitucionales contenidos en los siguientes artículos: 82 del Derecho de Defensa, 90 del Debido Proceso, 321 del Principio de Legalidad. Señala la recurrente que el Tribunal de Alzada impugnado violentó tales garantías constitucionales por las siguientes razones: “En la Resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones, se observa que fundamentó el dictado de Sobreseimiento Definitivo a favor del procesado, en virtud que la declaración del Testigo Protegido con la clave Z1-18, a la cual el A Quo, le otorgó valor probatorio; fue rendida en Audiencia Inicial celebrada en contra de otro imputado: Oscar Francisco Aguilar Diaz, bajo las formalidades de la Prueba Anticipada en fecha 25 de enero del 2019.”- Con lo cual no se discute la vulneración al Derecho de Defensa y Contradictorio y a la tutela judicial efectiva, que se provocó en perjuicio del imputado, ya que no contó durante la evacuación de dicho Medio de Prueba con la Defensa Técnica que le asiste en su condición de imputado, por lo cual no tuvo la posibilidad de defenderse frente a la imputación efectuada en su contra. Que frente al reconocimiento de tal vulneración lo procedente conforme a derecho era el dictado de un Sobreseimiento Provisional, ya que si bien es cierto la declaración testifical del Testigo Z1-18 fue evacuada en la causa de mérito en otras actuaciones del proceso en referencia al otro imputado OSCAR FRANCISCO AGUILAR DIAZ; lo cual impidió al procesado SANTOS DIAZ ORELLANA o a su Defensa Técnica ejercer el Derecho de Defensa y Contradicción, por lo cual al habérsele vulnerado tales principios dicha declaración en el presente caso carece de valor probatorio; por lo que resulta procedente a criterio del ente acusador que se le permita la oportunidad de incorporar tal testimonio en el actual proceso con relación al procesado SANTOS DIAZ ORELLANA, y de esta manera acreditar sus pretensiones en la presenta causa, ya que con los demás Medios de Prueba se encuentra acreditado en el proceso la plena prueba de haberse cometido el delito, y es necesario incorporar por parte del Ministerio Público, la declaración del Testigo Z1-18, con respecto a todas las garantías constitucionales que le asisten al imputado, siendo procedente en consecuencia conforme a Derecho el respeto del Derecho de Defensa Social y del Debido Proceso que le asisten al Ente Acusador del dictado de un Sobreseimiento Provisional en atención a lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, que establece: “El Juez dictará Sobreseimiento Provisional si no obstante haber plena prueba de la comisión del delito no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, con lo cual debe señalarse de manera concreta en la Resolución respectiva”.-CONSIDERANDO: (5) Que la recurrente sigue manifestando que la figura del Sobreseimiento Definitivo, exonera de Responsabilidad Penal ya que adopta en el fondo efectos podría decirse de Sentencias Absolutorias con la variante del Órgano Judicial que las emite y una vez que la figura del Sobreseimiento Definitivo es firme, produce los efectos de cosa juzgada, sin embargo en el presenta caso existe un margen de sospecha del acusado en los hechos controvertidos, todo ello sin perjuicio del Derecho de Defensa que le asiste, de la presunción de inocencia que le garantiza el artículo 89 de la Constitución de la República por lo que puede proponer pruebas, recursos, etc. Asimismo, la amparista considera que se vulnera el Principio de Legalidad, pues en un Estado de Derecho el Poder tiene su fundamento y límite en las Normas Jurídicas, que impone al Juez emitir sus Resoluciones en estricto apego a Derecho y no a su mera arbitrariedad, o interpretación personal sin tomar en cuenta la Norma, el Hecho, la Prueba y el Derecho que debe aplicar y que las Resoluciones Judiciales no deben ser un mero acto de voluntad si no una expresión racionada de la situación a la Norma Jurídica”. -CONSIDERANDO: (6) Que la Corte de Apelaciones señala en el acápite de la motivación Fáctica y Jurídica de la Resolución impugnada en el numeral cuarto: “Los dos elementos del Auto de Formal Procesamiento (Plena Prueba de la Comisión de un Delito e Indicio racional de Participación); el hecho imputado es el contemplado en el artículo 116 reformado del Código Penal: “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capítulo, comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.” Una vez analizado el primero de los elementos (Plena Prueba de la Comisión de un Delito) se entiende que el tipo pena no requiere en lo que corresponde en la tipicidad, de una condición especial, con respecto del Sujeto Activo al describirse en el tipo “Quien”, que se refiere a cualquier persona, con lo cual queda satisfecha la primera parte. El último de los elementos (Indicio Racional de Participación de la persona en el Hecho Imputado), se extrae de los hechos que fueron acreditados en Audiencia Inicial, específicamente el referido a la declaración del Testigo Protegido con la clave “Z1-18”, elemento de prueba que plasmó el iudex a quo en su Resolución. Señala el Tribunal de Alzada, que los hechos plasmados en el Requerimiento Fiscal son acreditados con el relato del Testigo Protegido con la clave “Z1-18”, quien reconoció a los imputados SANTOS DIAZ ORELLANA y OSCAR FRANCISCO AGUILAR DIAZ, como los participes de la muerte del ahora occiso JOSÉ ROBERTO AGUILAR ALCANTARA. En el numeral Quinto de su Resolución el Ad Quem deja establecido en cuanto a la licitud o ilicitud que puede tener un determinado medio de prueba para poder ser incorporado a la Audiencia Inicial y que tenga plena validez para el Juez de garantía pueda valorarlo para poder dictar cualquiera de las Resoluciones que puede adoptar en la Audiencia Inicial. Tal como se desprende de la proposición de la prueba el ente acusador solicitó que dicha declaración se incorporara al proceso mediante lectura autorizada, basado en el hecho que el testigo ya había rendido declaración en la Audiencia Inicial contra el otro imputado en distinta fecha, petición a la cual el A Quo admitió. Para esta Corte la admisión, evacuación y valoración que le dio el A Quo a dicho medio de prueba le causa grave perjuicio al imputado a quien no se le respeto el Derecho a la Defensa y el Derecho al Contradictorio, lo que va en franca violación al Debido Proceso. Sobre el Derecho a la Defensa el Ad Quem señala que en Audiencia Inicial celebrada en fecha veinticinco (25) de enero del año 2019, el ahora imputado SANTOS DIAZ ORELLANA, no contó con la presencia de un Abogado Defensor que controlara el Acta y controlara de una manera diligente todo lo relacionado con la Defensa Técnica que establece el artículo 14 y 15 del Código Procesal Penal, por ende, existe una total indefensión para el imputado. Sobre el Derecho al Contradictorio señala que, al no contar el imputado SANTOS DIAZ ORELLANA, con Abogado Defensor en Audiencia celebrada en fecha veinticinco (25) de enero del año 2019, no existió un verdadero Contradictorio a su favor ya que el Abogado Defensor que actuó en aquella Audiencia Inicial únicamente realizó preguntas relacionadas con la Defensa que en ese momento le interesaba, por lo que se le violenta el artículo 4 del Código Procesal Penal. Todo ello deriva en una franca violación a la garantía constitucional del Debido Proceso, ya que la declaración del Testigo Z1-18, debió haber sido inadmitido por el A Quo. De lo anterior resulta que al no darle un valor probatorio al Testigo Z1-18 en esta etapa procesal por violentar los principios desarrollados, encontramos que el Ministerio Público no acreditó el segundo requisito exigido por la Constitución de la República y el Código Procesal Penal para dictar un Auto de Formal Procesamiento. En consecuencia, el Tribunal de Alzada declaró Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa del acusado, revocando la Resolución recurrida y dictando Sobreseimiento Definitivo.-CONSIDERANDO: (7) Que, el Proceso Penal está formado por las Etapas de Investigación y Juzgamiento, iniciando con la Etapa Preparatoria que se desarrolla, varios actos procesales desde la Investigación, Requerimiento Fiscal, Audiencia de Declaración del Imputado, que como acto personalísimo solo quien es sometido a juicio puede decidir si declara o no, y la Audiencia Inicial como última fase de la Etapa Preparatoria, que tiene “varios objetivos, entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el Auto de Prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[1]. Durante la Audiencia Inicial, la Parte Acusadora precisa los términos de la imputación, términos que solo pueden definirse de acuerdo con los hechos y circunstancias que merecen la reprochabilidad penal y por ende se someten a juicio. Discierne si está justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante Sobreseimiento Provisional o Definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[2]. De acuerdo con los antecedentes será en Audiencia de Juicio Oral y Público donde las partes han de someter al contradictorio sus hipótesis y el acervo probatorio que las acrediten. Todo ello cuando se han apreciado los elementos constitucionales para dictar el referido auto. En el caso de subjudice el A Quo dictó Auto de Formal Procesamiento, decisión que no comparte el Tribunal de Alzada quien revocó esta decisión y ordena se dicte Sobreseimiento Definitivo a favor del encausado.-CONSIDERANDO: (8) Que el artículo 295 del Código Procesal Penal, dispone: “El Juez dictará Sobreseimiento Provisional si no obstante haber plena prueba de la comisión del delito no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además, la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, con lo cual debe señalarse de manera concreta en la Resolución respectiva”.-CONSIDERANDO: (9) Que del estudio de los antecedentes y la Resolución recurrida esta Sala aprecia que el Ad Quem si bien es cierto fundamento el dictado del Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado SANTOS DIAZ ORELLANA, en el hecho que la declaración del Testigo Protegido identificado con clave “Z1-18” rendida ante el Juez de Garantía en la Audiencia Inicial celebrada en fecha anterior contra del coimputado OSCAR FRANCISCO AGUILAR, bajo las formalidades de Prueba Anticipada e incorporada dicho testimonio mediante lectura autorizada en base al artículo 311.2 por el Ministerio Público en la Audiencia Inicial que se le siguió al imputado SANTOS DIAZ ORELLANA, esta no debió haber sido admitida y mucho menos darle valor probatorio por el A Quo por existir franca violación a la garantía constitucional del Derecho de Defensa que le asiste al procesado y al Principio de Contradicción que rige nuestro Código Procesal Penal, por no contar en la práctica de dicho medio probatorio con la asistencia Técnica legal de su Apoderado que defendiera los cargos que se le imputan en el Requerimiento Fiscal; Sin embargo a lo antes señalado por el A Quem, no es menos cierto que en dicha Audiencia el Ente Acusador ofertó otros Medios de Prueba con los que se acredito la plena prueba de la comisión de un hecho penado por la ley como ser el delito de Homicidio en perjuicio del señor JOSÉ ROBERTO AGUILAR, existe además un margen de sospecha de participación del encartado en los mismos, dejando de esta forma el Ad Quem al Ente Fiscal quien representa la defensa y protección de los intereses de la sociedad sin la posibilidad de continuar con el presente Proceso Penal y el esclarecimiento de los hechos por los cuales se presentó el Requerimiento Fiscal. En ese orden de ideas esta Sala considera que el Ad Quem ha violentado el Debido Proceso al inobservar los procedimientos, formalidades, derechos y garantías que establece nuestra Constitución, al haber dictado un Sobreseimiento Definitivo, en lugar de un Provisional tal y como lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal, para que el Ministerio Publico tenga la posibilidad de incorporar en un futuro la declaración el testigo protegido con clave Z1-18, respetando siempre los derechos y garantías de todo los intervinientes en el proceso.-CONSIDERANDO: (10) Que el Derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (Sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a la garantía judicial a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4]. Ambos presupuestos: el encuentro de la verdad y éxito en la administración de justicia, forman parte no solo de las garantías procesales del imputado, sino también de las víctimas que consideran se ha ultrajado sus bienes jurídicos protegidos, y esperan respuesta de los órganos competentes de administrar justicia. Por todo ello esta Sala aprecia que ciertamente se ha quebrantado el Debido Proceso en la Resolución emitida por el Ad Quem, pues no ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se otorgue el Amparo intentado.-CONSIDERANDO:(11) Que el Derecho de Defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 como en la Jurisprudencia de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “(….) al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, esta Corte ha manifestado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar, o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurarla adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[5]. Así mismo, esta Sala considera que se ha quebrantado el Derecho de Defensa al Ente Acusador y de la víctima por el Ad Quem al ordenar se dicte un Sobreseimiento Definitivo dejando sin la posibilidad que en el futuro el Ministerio Público incorpore nuevos elementos de prueba y con ello el esclarecimiento de los hechos.-CONSIDERANDO:(12) Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado[6]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el Principio de Legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del Poder Legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia materia y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso[7].-CONSIDERANDO:(13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGAR el Recurso Amparo interpuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículos 14, 16, 294, 295 del Código Procesal Penal, Artículo 8,9, de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, de fecha doce de junio del año dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, debiendo restablecerse los derechos de los recurrentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, uno (1) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0755-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Rigoberto Cuellar Cruz, Jesús Fernández Entralgo. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Tegucigalpa, Honduras, Litocom, S.de R.L. de C.V. Sep. 2004. Pág. 371
[2] Idem.
[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Víctor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.
[5] Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 128. párr. 132. Citando Caso Herrera Ulloa, párr. 147; Caso Maritza Urrutia, párr. 118; y Caso Myrna Mack Chang, párr. 202.
[6] Rodríguez Cesia Víctor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.
[7] Idem Pág.1305