Sentencia AP-714-19 — Registro 17509
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución por el delito de violación especial, en perjuicio de una menor.Estimando la recurrente, que la decisión del Ad Quem es violatoria, en perjuicio de su representada, de los derechos contenidos en los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “XI. De la sentencia objeto de estudio se puede apreciar que, para sus valoraciones, el Tribunal de Alzada no tomó en consideración ninguno de estos aspectos, llegando a concluir en forma irreverente que no constituye mínima actividad probatoria de cargo el testimonio rendido ante juez y con las debidas garantías por parte de una niña de trece años en estado de embarazo que declaró haber sufrido acceso carnal de parte del imputado. La Alzada al parecer consideró irrelevante la existencia de un dictamen pericial—el cual tenía el deber legal de valorar— que acreditaba el estado de gravidez de la niña, una prueba que cualitativamente conduce a dar por hecho el elemento esencial del tipo penal de violación especial, por el cual se ha formado causa al imputado. XII. Que como ya se ha establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado XIII. También, conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe Motivación de las resoluciones judiciales, se demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”. De todo lo antes relacionado resulta evidente, que la resolución que ha originado el presente recurso de amparo se ha fundado en apreciaciones erróneas, arbitrarias, irrazonables e insuficientemente sustentadas por el Tribunal de Alzada, careciendo la misma de una motivación lógica y coherente que respalde indubitablemente la decisión del mencionado Tribunal de Apelaciones, Con ello esta Sala encuentra que la sentencia que se examina ha quebrantado y vulnerado flagrante y notoriamente la garantía del debido proceso que establece y recepciona el artículo 90 párrafo 1º., de la Constitución de la República, que asegura el derecho de toda persona a un juicio llevado a efecto con todas las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, derecho fundamental vulnerado que además exige que los jueces y tribunales resuelvan los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho. XIV. En virtud de lo anteriormente establecido, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia arbitraria, incoherente y fundada en consideraciones irrazonables y erróneas, y además bajo un evidente desconocimiento de los principios del proceso y los elementos básicos de la teoría del delito, lo que contraviene tanto el principio de legalidad como la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso. XV. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en este fallo, mediante la que se respeten debidamente los principios esenciales del proceso, seguido de una motivación clara, precisa, congruente y lógica y analizando en forma debida, razonable y conforme las reglas de la sana crítica y en forma integral y objetiva el conjunto de pruebas que ha sido aportado al proceso.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor de la menor A. I.[1] G. M., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecinueve (2019), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); en la causa instruida contra el señor JESÚS SABILLÓN PAZ, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de la menor A. I. G. M..- Estimando la recurrente, que la decisión del Ad Quem es violatoria, en perjuicio de su representada, de los derechos contenidos en los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la abogada MIRIAM YESSENIA BARAHONA ORDOÑEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor JESÚS SABILLÓN PAZ, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de la menor A. I. G. M.. (Folios 1–14 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), durante la celebración de la Audiencia Inicial, el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Se decreta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el imputado JESÚS SABILLÓN PAZ de generales expresadas por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la menor A. I. G. M..- SEGUNDO: Se le decreta al imputado JESÚS SABILLÓN PAZ la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA la que deberá cumplir en las instalaciones del Centro Penitenciario Nacional de la aldea de Támara, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán para lo cual líbrese el oficio y certificación de estilo correspondientes. TERCERO: Se declara SIN LUGAR lo peticionado por la defensa en cuanto a que se modifique el delito por actos de lujuria, asimismo a que se decrete un sobreseimiento provisional a favor de su representado por lo anteriormente relacionado. CUARTO: Todo lo anterior con fundamento en los Artículos…”. (Folios 26–30v de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSÉ LEÓNIDAS MEZA JIMÉNEZ, en su condición de defensor público del señor JESÚS SABILLÓN PAZ, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR: CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por EL ABOGADO JOSÉ LEÓNIDAS MEZA JIMÉNEZ, en su condición de DEFENSOR PÚBLICO, contra la resolución de fecha Seis (6) de Febrero del 2019, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de La Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en la cual resolvió dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de JESÚS SABILLÓN PAZ, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de A. I. G. M., imponiendo la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, en contra del acusado.- SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, descrita en el acápite primero.- TERCERO: SE DICTA UN SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del acusado, JESÚS SABILLÓN PAZ, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de A. I. G. M..- SE REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA.-”. (Folios 8–11v de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).- 4) Que la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la menor A. I. G. M., contra la Sentencia de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República. (Folios 1–10 del presente Recurso)- 5) Que en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 34 del presente Recurso)- DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- 1. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- 2. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua.- OBJETO DEL RECURSO.- I. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la sentencia emitida por la referida Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, de fecha 29 de julio de 2019, la cual se denuncia ante esta Sala de ser violatoria de la garantía del debido proceso y del principio de legalidad. II. La sentencia impugnada declaró ha lugar el recurso de apelación que interpuso la defensa contra el auto de formal procesamiento dictado contra el imputado JESÚS SABILLÓN PAZ por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de A. I. G. M. que fuera dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, ordenando su revocación y que se dictase un sobreseimiento provisional a favor del referido inculpado. III. En sus consideraciones la Alzada señaló que de los medios de prueba aportados en la audiencia inicial no se apreciaron “aspectos relevantes” para inferir la participación del acusado en los hechos, ello a pesar de: 1) Los testimonios de la ofendida y su madre que señalaron al imputado como responsable del delito; y, 2) Del dictamen médico que acredita el estado de embarazo de la menor ofendida. IV. El Tribunal de Apelación señaló en su sentencia que la evaluación física de la menor ofendida reportaba himen con ruptura pero que no se presentaron lesiones en su evaluación física. V. La Alzada concluyó diciendo que existía una “probable” participación del imputado en el hecho, pero que debían recabarse medios de prueba “suficientes” que fortalecieran la “tesis acusatoria”.- ALEGACIONES DE LA RECURRENTE.- La recurrente y representante del Ministerio Público, Abogada Yulibeth Garay Hernández cuestionó que el Tribunal de Apelaciones no valoró los medios de prueba conforme con las reglas de la sana crítica, señalando además que la Alzada desconoció los elementos del tipo penal por el cual se inició el proceso, que al ser el de violación especial a una menor de 14 años, resulta impropio el análisis de la sentencia que basó su decisión en que el dictamen no establecía evidencia de lesiones en la víctima y que a su vez desechó el hecho de encontrarse la menor en estado de embarazo conforme dictamen médico.- RAZONAMIENTO DE LA SALA.- I. Si bien esta Sala ha dicho en reiterados precedentes, que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al imputado de una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, la Sala a su vez ha sido enfática en sostener que el Juez Constitucional puede intervenir en estos casos, cuando en dicha valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, o la misma resulte de arbitrariedad . II. En este sentido, como se ha dicho ya en otros fallos, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso. III. Nuestra ley procesal manda que las pruebas en el proceso penal sean valoradas con arreglo a la sana crítica, lo que implica que el valor que se dé responde a un análisis racional y lógico por parte del juzgador.- Como ya lo ha señalado previamente este Supremo Tribunal[2], en la doctrina se han dado diversas acepciones de lo que se debe entender por sana critica, siendo un criterio generalmente aceptado que la sana crítica es el método de apreciación de la prueba, donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados[3]. Para algunos tratadistas, aquello que se deduce de la sana crítica, no difiere en absoluto de lo que pretende la intimate conviction[4] o libre valoración de la prueba, que se oponía al sistema de tarifa legal de prueba al que hemos hecho referencia anteriormente, en el que la ley era la que fijaba o señalaba al juez el grado de credibilidad que debía otorgar a la prueba. IV. Así, ha existido algún consenso en afirmar que las reglas de la sana crítica no son otra cosa que el análisis racional y lógico de la prueba, una conclusión con la que este Alto Tribunal asiente.- Es racional por cuanto debe ajustarse a la razón o el discernimiento; y es lógico, por tener que enmarcarse dentro de las leyes del conocimiento. Lo uno y lo otro se efectúa por regla general, mediante un silogismo o deducción, cuya premisa mayor la constituyen las normas de la experiencia y la menor, la situación en particular, para obtener una conclusión determinada.[5] V. Ciertamente que, como también lo ha sostenido este Tribunal, una valoración de prueba llevada a cabo al margen de la sana crítica, es decir, realizada de manera irrazonable y arbitraria, o sea fuera de los parámetros legales, conllevaría a una afectación al principio de legalidad que sujeta a que todo acto ejercido por un poder público debe ser realizado conforme a la ley, de ahí que todo acto que sea ejecutado fuera de ella conlleva a un exceso por los servidores del Estado y todo acto que ejecuten fuera de la garantía del debido proceso, que implica como ya sabemos, el derecho de toda persona a ser juzgado bajo determinadas formalidades y garantías, resultará atentatorio a ese derecho, que como sabemos también incluye inter alia el derecho a la igualdad de armas procesales, el derecho a la imparcialidad judicial y el derecho a que se respeten los principios rectores del proceso. VI. Del examen de la sentencia objeto de estudio se observa prima facie una flagrante y evidente violación al principio de legalidad penal[6], toda vez que la Corte de Alzada parece desconocer uno de los elementos esenciales del delito, cual es la tipicidad. La tipicidad, como lo afirma el jurista español MUÑOZ CONDE, es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. En su sentencia, el Tribunal de Alzada desconoce insólitamente los elementos del tipo penal por el que se inició la causa en contra del imputado, cuando en su escaso razonamiento, orientado hacia el descargo del inculpado señala la ausencia de evidencias probatorias en el proceso que demostrasen agresión, ataque o lesiones a la víctima, una niña menor de 14 años. Resulta inquietante para esta Sala que una Corte de Apelaciones Penal desconozca los elementos esenciales de un tipo penal, al ser incapaz de tipificar el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, que conlleva el acceso carnal con una persona menor de catorce años, sin que medie para su consumación violencia ni amenaza. Esta irreflexión arbitraria mostrada por el Tribunal de Alzada en su sentencia, señalando la falta de agresión o lesiones en descargo del imputado, cuando tales aspectos resultan ser irrelevantes para calificar el delito conforme al tipo penal determinado por la ley, es suficiente para considerar la sentencia como violatoria del principio de legalidad que mencionamos, y por ende de la garantía del debido proceso, y la tutela judicial efectiva. VII. Por si esto fuera poco, la sentencia que se revisa es además contradictoria porque por un lado se afirma que (sic): “…de los medios de prueba no se aprecian aspectos relevantes que hagan inferir la participación del imputado…”, pero por otro señala que del proceso: (sic) “…a lo sumo se acredita un margen de una probable participación del acusado…”. VIII. La Corte de Apelaciones de Comayagua nuevamente parece no comprender el alcance de la audiencia inicial conforme nuestra ley, dado que nuestro mandato normativo, estipulado en el último párrafo del artículo 294 del Código Procesal Penal, dispone expresamente que en la audiencia inicial se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la posible realización del hecho que se imputa, su relevancia jurídico penal y la probabilidad de que el imputado haya tenido participación en el mismo. IX. La sentencia emitida por el Tribunal de Apelación, carece de razonamientos lógicos y jurídicos, desconociendo una vez más[7] los lineamientos a considerar en la valoración de la declaración de una menor, víctima de un agresión sexual, mismos que han sido previamente establecidos por esta Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, en cuantiosos precedentes, que persiste la Corte de Apelaciones de Comayagua en desconocer, al incluir en sus razonamientos que la menor ofendida dijo que había sostenido relaciones sexuales con el imputado en el mes de septiembre, pero sin “precisar qué año”. X. En este sentido, la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal de Justicia ha establecido doctrina legal en torno a los aspectos que se deben considerar en la valoración de las declaraciones de menores de edad cuando son víctimas de delitos de carácter sexual, diciendo entre otras cosas lo siguiente: “…El Doctor Antonio Manzanero, en su artículo Procedimientos de Evaluación de la Credibilidad de las Declaraciones de Menores Víctimas de Agresiones Sexuales, publicado por la Revista de Psicopatología Clínica, Legal y Forense, Vol. 1, Nº 2, del año 2001 en las páginas 51 a la 71, da conocer un estudio de los aspectos que un Psicólogo debe de identificar en el contenido del relato de menores de edad señalados como víctimas de agresiones sexuales para discernir sobre su grado de credibilidad, y que esta Sala de lo Penal, para efectos de la práctica forense procesal penal y con la irisación correspondiente, explica de la siguiente forma: a. Anclaje (incardinación) del Hecho en Tiempo y Lugar. La agresión sexual no se produce en el vacío, sino en un tiempo y lugar concreto, llegando a formar parte de la vida del agresor y de la víctima. Los delitos ocurren en puntos de intersección entre los cursos de vida de las dos personas implicadas en el incidente; Generalmente las agresiones sexuales en perjuicio de menores por personas conocidas son el resultado de una cadena de hechos progresivos que se reflejan en la declaración, de forma que el incidente denunciado aparece inmerso en la historia vital de las personas implicadas en él, aun cuando el/la menor no pueda establecer el orden cronológico en que éstas ocurrieron. Las actividades sexuales surgen en una situación particular y deben ser consistentes con dicha situación y con desarrollos posteriores; b. Consistencia Interna. La estructura formal del relato debe de ser más o menos coherente, de modo que las diferentes partes del suceso están relacionadas de forma lógica entre sí, confirmándose unas a otras; c. Tipicidad en el Lenguaje. El relato debe contener expresiones propias a la edad del infante y del nivel educativo en que se encuentre, en especial en lo referente a la descripción de la agresión sexual y a los órganos genitales. El menor podría informar sobre hechos reflejando haberlos mal entendido, dando una descripción correcta y al mismo tiempo una mala interpretación éstos, como por ejemplo de hechos como el acto de masturbación, penetración o eyaculación; d. Riqueza de Detalles Informados. Referencia a detalles cuya invención iría más allá de la capacidad probable del testigo infante, más allá de su imaginación o de su capacidad para comprender.- Se deberá de considerar que entre más complejo sea el suceso relatado, más riqueza de detalles debe de proporcionarse por el infante.- En la mención de detalles deben de identificarse tanto aquellos que son de importancia para el proceso penal como aquellos de carácter superfluo o insignificantes para la causa, pero que apuntalan la credibilidad del/la menor, puesto que éste/a, en su limitada experiencia, informara de uno y otros sin saber diferenciarlos.- Una declaración resumida, informando el incidente denunciado sólo de forma esquemática, dando meramente una idea general en lugar de un cuadro con detalles, indica alta probabilidad de que no obedezca a la verdad; e. Persistencia en la Declaración Durante el Tiempo. Persistencia del/la ofendido/a en el relato a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Este criterio de valoración deberá de hacer la debida diferenciación entre las inconsistencias de aspectos centrales del relato o sobre aspectos periféricos o colaterales, ya que no se puede esperar que una persona declare idénticamente varias veces, más sí que mantenga un relato constante en cuanto al hecho generador de perturbación, aun cuando exista variación que afecten fundamentalmente a detalles periféricos; Explica Antonio Manzanero (Ob. Cit.) que el paso del tiempo y la recuperación múltiple pueden afectar gravemente a la memoria de los testigos. Además, algunos factores afectan sobremanera, como por ejemplo en el caso de agresiones múltiples a lo largo de períodos amplios de tiempo donde es frecuente encontrar confusiones entre las distintas ocasiones en que ocurrió el suceso; f. Experiencias Subjetivas. Es de esperarse en una declaración testifical de un menor ofendido, la mención de experiencias subjetivas como producto de la agresión sexual, como pensamientos, sentimientos, aprensiones, ansiedades, ambivalencia de sentimientos, frustraciones, ira, tristeza, vergüenza, etc. a depender de la edad del/la ofendido/a y de la conciencia que se tenga respecto al hecho.- Las experiencias subjetivas podrían verse reflejadas externamente en cambios en la conducta emocional en el transcurso del tiempo o como resultado de ciertos sucesos o circunstancias. Señala Manzanero que se esperaría que una agresión sexual afectara de alguna forma a la historia biográfica del/la menor/a, no siendo esperable que su ocurrencia tuviera lugar como algo aislado sin ningún tipo de repercusión en la vida del/la niño/a.- La intensidad de dichas repercusiones, como ya ha mencionado esta Sala de lo Penal, dependerá de la edad y conciencia del/la infante sobre el hecho, además se verá afectada en caso de que el/la infante reciba tratamiento psicológico después del hecho para minimizar el daño psíquico producido por el evento. Por tanto, para una mejor valoración individual de la declaración, el Tribunal imprescindiblemente deberá de tenerse en cuenta tanto los factores personales del declarante, los factores procesales y los aspectos intrínsecos del relato, ello permitirá diferenciar los casos en donde un/a testigo sea sincero/a, es decir que crea estar diciendo la verdad, aun cuando el hecho narrado sea poco probable o, por el contrario, cuando el relato sea probable aun cuando el testigo no reúna las condiciones de idoneidad; Recuérdese que la valoración de un testimonio no consiste en un examen de “verdadero” o “falso”, sino en el análisis conjunto de factores y aspectos que puedan indicar la probabilidad alta de que el relato corresponder a un hecho real, o su falta de probabilidad a causa de la valoración negativa. En todos los casos, la valoración individual solo podrá realizarse mediante una correcta Inmediación del Tribunal con la persona declarante, donde puedan evaluarse las Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), los Principios de la Lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las Máximas de la Experiencia Común (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano).- (Al respecto ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp. 014-2007 y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp. 060-2010 de la Sala de lo Penal). La valoración Conjunta de los medios de Prueba, debe de realizarse en consideración a: a).- Ausencia de Incredibilidad Subjetiva, que es el descartar que la exista tensiones entre el acusado y la víctima que motiven a ésta última a presentar una imputación falsa; b).- Inexistencia de móviles espurios de resentimiento de venganza del menor o de algún miembro de su entorno familiar inmediato, que puedan motivar de manera suficiente la imputación del delito; c).- Verosimilitud de la narración del infante, dentro del contexto de la actividad probatoria, que determinen mediante prueba directa o indiciaria, la probabilidad de que el hecho haya acaecido….”.[8] XI. De la sentencia objeto de estudio se puede apreciar que, para sus valoraciones, el Tribunal de Alzada no tomó en consideración ninguno de estos aspectos, llegando a concluir en forma irreverente que no constituye mínima actividad probatoria de cargo el testimonio rendido ante juez y con las debidas garantías por parte de una niña de trece años en estado de embarazo que declaró haber sufrido acceso carnal de parte del imputado. La Alzada al parecer consideró irrelevante la existencia de un dictamen pericial—el cual tenía el deber legal de valorar— que acreditaba el estado de gravidez de la niña, una prueba que cualitativamente conduce a dar por hecho el elemento esencial del tipo penal de violación especial, por el cual se ha formado causa al imputado. XII. Que como ya se ha establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado XIII. También, conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe Motivación de las resoluciones judiciales, se demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”. De todo lo antes relacionado resulta evidente, que la resolución que ha originado el presente recurso de amparo se ha fundado en apreciaciones erróneas, arbitrarias, irrazonables e insuficientemente sustentadas por el Tribunal de Alzada, careciendo la misma de una motivación lógica y coherente que respalde indubitablemente la decisión del mencionado Tribunal de Apelaciones, Con ello esta Sala encuentra que la sentencia que se examina ha quebrantado y vulnerado flagrante y notoriamente la garantía del debido proceso que establece y recepciona el artículo 90 párrafo 1º., de la Constitución de la República, que asegura el derecho de toda persona a un juicio llevado a efecto con todas las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, derecho fundamental vulnerado que además exige que los jueces y tribunales resuelvan los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho. XIV. En virtud de lo anteriormente establecido, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia arbitraria, incoherente y fundada en consideraciones irrazonables y erróneas, y además bajo un evidente desconocimiento de los principios del proceso y los elementos básicos de la teoría del delito, lo que contraviene tanto el principio de legalidad como la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso. XV. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en este fallo, mediante la que se respeten debidamente los principios esenciales del proceso, seguido de una motivación clara, precisa, congruente y lógica y analizando en forma debida, razonable y conforme las reglas de la sana crítica y en forma integral y objetiva el conjunto de pruebas que ha sido aportado al proceso.- PARTE RESOLUTIVA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor de la menor A. I. G. M., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecinueve (2019); SEGUNDO: HACER UN LLAMADO DE ATENCIÓN A LA CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA para que en sus futuras resoluciones observe con mayor cuidado y detenimiento los principios y las normas que rigen el proceso penal; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0714-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor de la menor A. I.[9] G. M., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecinueve (2019), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); en la causa instruida contra el señor JESÚS SABILLÓN PAZ, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de la menor A. I. G. M..- Estimando la recurrente, que la decisión del Ad Quem es violatoria, en perjuicio de su representada, de los derechos contenidos en los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la abogada MIRIAM YESSENIA BARAHONA ORDOÑEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor JESÚS SABILLÓN PAZ, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de la menor A. I. G. M.. (Folios 1–14 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), durante la celebración de la Audiencia Inicial, el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Se decreta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el imputado JESÚS SABILLÓN PAZ de generales expresadas por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la menor A. I. G. M..- SEGUNDO: Se le decreta al imputado JESÚS SABILLÓN PAZ la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA la que deberá cumplir en las instalaciones del Centro Penitenciario Nacional de la aldea de Támara, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán para lo cual líbrese el oficio y certificación de estilo correspondientes. TERCERO: Se declara SIN LUGAR lo peticionado por la defensa en cuanto a que se modifique el delito por actos de lujuria, asimismo a que se decrete un sobreseimiento provisional a favor de su representado por lo anteriormente relacionado. CUARTO: Todo lo anterior con fundamento en los Artículos…”. (Folios 26–30v de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSÉ LEÓNIDAS MEZA JIMÉNEZ, en su condición de defensor público del señor JESÚS SABILLÓN PAZ, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR: CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por EL ABOGADO JOSÉ LEÓNIDAS MEZA JIMÉNEZ, en su condición de DEFENSOR PÚBLICO, contra la resolución de fecha Seis (6) de Febrero del 2019, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de La Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en la cual resolvió dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de JESÚS SABILLÓN PAZ, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de A. I. G. M., imponiendo la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, en contra del acusado.- SEGUNDO: SE REVOCA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, descrita en el acápite primero.- TERCERO: SE DICTA UN SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del acusado, JESÚS SABILLÓN PAZ, por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de A. I. G. M..- SE REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA.-”. (Folios 8–11v de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).- 4) Que la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la menor A. I. G. M., contra la Sentencia de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República. (Folios 1–10 del presente Recurso)- 5) Que en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 34 del presente Recurso)- DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- 1. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- 2. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua.- OBJETO DEL RECURSO.- I. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la sentencia emitida por la referida Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, de fecha 29 de julio de 2019, la cual se denuncia ante esta Sala de ser violatoria de la garantía del debido proceso y del principio de legalidad. II. La sentencia impugnada declaró ha lugar el recurso de apelación que interpuso la defensa contra el auto de formal procesamiento dictado contra el imputado JESÚS SABILLÓN PAZ por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de A. I. G. M. que fuera dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, ordenando su revocación y que se dictase un sobreseimiento provisional a favor del referido inculpado. III. En sus consideraciones la Alzada señaló que de los medios de prueba aportados en la audiencia inicial no se apreciaron “aspectos relevantes” para inferir la participación del acusado en los hechos, ello a pesar de: 1) Los testimonios de la ofendida y su madre que señalaron al imputado como responsable del delito; y, 2) Del dictamen médico que acredita el estado de embarazo de la menor ofendida. IV. El Tribunal de Apelación señaló en su sentencia que la evaluación física de la menor ofendida reportaba himen con ruptura pero que no se presentaron lesiones en su evaluación física. V. La Alzada concluyó diciendo que existía una “probable” participación del imputado en el hecho, pero que debían recabarse medios de prueba “suficientes” que fortalecieran la “tesis acusatoria”.- ALEGACIONES DE LA RECURRENTE.- La recurrente y representante del Ministerio Público, Abogada Yulibeth Garay Hernández cuestionó que el Tribunal de Apelaciones no valoró los medios de prueba conforme con las reglas de la sana crítica, señalando además que la Alzada desconoció los elementos del tipo penal por el cual se inició el proceso, que al ser el de violación especial a una menor de 14 años, resulta impropio el análisis de la sentencia que basó su decisión en que el dictamen no establecía evidencia de lesiones en la víctima y que a su vez desechó el hecho de encontrarse la menor en estado de embarazo conforme dictamen médico.- RAZONAMIENTO DE LA SALA.- I. Si bien esta Sala ha dicho en reiterados precedentes, que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al imputado de una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, la Sala a su vez ha sido enfática en sostener que el Juez Constitucional puede intervenir en estos casos, cuando en dicha valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, o la misma resulte de arbitrariedad . II. En este sentido, como se ha dicho ya en otros fallos, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso. III. Nuestra ley procesal manda que las pruebas en el proceso penal sean valoradas con arreglo a la sana crítica, lo que implica que el valor que se dé responde a un análisis racional y lógico por parte del juzgador.- Como ya lo ha señalado previamente este Supremo Tribunal[10], en la doctrina se han dado diversas acepciones de lo que se debe entender por sana critica, siendo un criterio generalmente aceptado que la sana crítica es el método de apreciación de la prueba, donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados[11]. Para algunos tratadistas, aquello que se deduce de la sana crítica, no difiere en absoluto de lo que pretende la intimate conviction[12] o libre valoración de la prueba, que se oponía al sistema de tarifa legal de prueba al que hemos hecho referencia anteriormente, en el que la ley era la que fijaba o señalaba al juez el grado de credibilidad que debía otorgar a la prueba. IV. Así, ha existido algún consenso en afirmar que las reglas de la sana crítica no son otra cosa que el análisis racional y lógico de la prueba, una conclusión con la que este Alto Tribunal asiente.- Es racional por cuanto debe ajustarse a la razón o el discernimiento; y es lógico, por tener que enmarcarse dentro de las leyes del conocimiento. Lo uno y lo otro se efectúa por regla general, mediante un silogismo o deducción, cuya premisa mayor la constituyen las normas de la experiencia y la menor, la situación en particular, para obtener una conclusión determinada.[13] V. Ciertamente que, como también lo ha sostenido este Tribunal, una valoración de prueba llevada a cabo al margen de la sana crítica, es decir, realizada de manera irrazonable y arbitraria, o sea fuera de los parámetros legales, conllevaría a una afectación al principio de legalidad que sujeta a que todo acto ejercido por un poder público debe ser realizado conforme a la ley, de ahí que todo acto que sea ejecutado fuera de ella conlleva a un exceso por los servidores del Estado y todo acto que ejecuten fuera de la garantía del debido proceso, que implica como ya sabemos, el derecho de toda persona a ser juzgado bajo determinadas formalidades y garantías, resultará atentatorio a ese derecho, que como sabemos también incluye inter alia el derecho a la igualdad de armas procesales, el derecho a la imparcialidad judicial y el derecho a que se respeten los principios rectores del proceso. VI. Del examen de la sentencia objeto de estudio se observa prima facie una flagrante y evidente violación al principio de legalidad penal[14], toda vez que la Corte de Alzada parece desconocer uno de los elementos esenciales del delito, cual es la tipicidad. La tipicidad, como lo afirma el jurista español MUÑOZ CONDE, es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. En su sentencia, el Tribunal de Alzada desconoce insólitamente los elementos del tipo penal por el que se inició la causa en contra del imputado, cuando en su escaso razonamiento, orientado hacia el descargo del inculpado señala la ausencia de evidencias probatorias en el proceso que demostrasen agresión, ataque o lesiones a la víctima, una niña menor de 14 años. Resulta inquietante para esta Sala que una Corte de Apelaciones Penal desconozca los elementos esenciales de un tipo penal, al ser incapaz de tipificar el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, que conlleva el acceso carnal con una persona menor de catorce años, sin que medie para su consumación violencia ni amenaza. Esta irreflexión arbitraria mostrada por el Tribunal de Alzada en su sentencia, señalando la falta de agresión o lesiones en descargo del imputado, cuando tales aspectos resultan ser irrelevantes para calificar el delito conforme al tipo penal determinado por la ley, es suficiente para considerar la sentencia como violatoria del principio de legalidad que mencionamos, y por ende de la garantía del debido proceso, y la tutela judicial efectiva. VII. Por si esto fuera poco, la sentencia que se revisa es además contradictoria porque por un lado se afirma que (sic): “…de los medios de prueba no se aprecian aspectos relevantes que hagan inferir la participación del imputado…”, pero por otro señala que del proceso: (sic) “…a lo sumo se acredita un margen de una probable participación del acusado…”. VIII. La Corte de Apelaciones de Comayagua nuevamente parece no comprender el alcance de la audiencia inicial conforme nuestra ley, dado que nuestro mandato normativo, estipulado en el último párrafo del artículo 294 del Código Procesal Penal, dispone expresamente que en la audiencia inicial se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la posible realización del hecho que se imputa, su relevancia jurídico penal y la probabilidad de que el imputado haya tenido participación en el mismo. IX. La sentencia emitida por el Tribunal de Apelación, carece de razonamientos lógicos y jurídicos, desconociendo una vez más[15] los lineamientos a considerar en la valoración de la declaración de una menor, víctima de un agresión sexual, mismos que han sido previamente establecidos por esta Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, en cuantiosos precedentes, que persiste la Corte de Apelaciones de Comayagua en desconocer, al incluir en sus razonamientos que la menor ofendida dijo que había sostenido relaciones sexuales con el imputado en el mes de septiembre, pero sin “precisar qué año”. X. En este sentido, la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal de Justicia ha establecido doctrina legal en torno a los aspectos que se deben considerar en la valoración de las declaraciones de menores de edad cuando son víctimas de delitos de carácter sexual, diciendo entre otras cosas lo siguiente: “…El Doctor Antonio Manzanero, en su artículo Procedimientos de Evaluación de la Credibilidad de las Declaraciones de Menores Víctimas de Agresiones Sexuales, publicado por la Revista de Psicopatología Clínica, Legal y Forense, Vol. 1, Nº 2, del año 2001 en las páginas 51 a la 71, da conocer un estudio de los aspectos que un Psicólogo debe de identificar en el contenido del relato de menores de edad señalados como víctimas de agresiones sexuales para discernir sobre su grado de credibilidad, y que esta Sala de lo Penal, para efectos de la práctica forense procesal penal y con la irisación correspondiente, explica de la siguiente forma: a. Anclaje (incardinación) del Hecho en Tiempo y Lugar. La agresión sexual no se produce en el vacío, sino en un tiempo y lugar concreto, llegando a formar parte de la vida del agresor y de la víctima. Los delitos ocurren en puntos de intersección entre los cursos de vida de las dos personas implicadas en el incidente; Generalmente las agresiones sexuales en perjuicio de menores por personas conocidas son el resultado de una cadena de hechos progresivos que se reflejan en la declaración, de forma que el incidente denunciado aparece inmerso en la historia vital de las personas implicadas en él, aun cuando el/la menor no pueda establecer el orden cronológico en que éstas ocurrieron. Las actividades sexuales surgen en una situación particular y deben ser consistentes con dicha situación y con desarrollos posteriores; b. Consistencia Interna. La estructura formal del relato debe de ser más o menos coherente, de modo que las diferentes partes del suceso están relacionadas de forma lógica entre sí, confirmándose unas a otras; c. Tipicidad en el Lenguaje. El relato debe contener expresiones propias a la edad del infante y del nivel educativo en que se encuentre, en especial en lo referente a la descripción de la agresión sexual y a los órganos genitales. El menor podría informar sobre hechos reflejando haberlos mal entendido, dando una descripción correcta y al mismo tiempo una mala interpretación éstos, como por ejemplo de hechos como el acto de masturbación, penetración o eyaculación; d. Riqueza de Detalles Informados. Referencia a detalles cuya invención iría más allá de la capacidad probable del testigo infante, más allá de su imaginación o de su capacidad para comprender.- Se deberá de considerar que entre más complejo sea el suceso relatado, más riqueza de detalles debe de proporcionarse por el infante.- En la mención de detalles deben de identificarse tanto aquellos que son de importancia para el proceso penal como aquellos de carácter superfluo o insignificantes para la causa, pero que apuntalan la credibilidad del/la menor, puesto que éste/a, en su limitada experiencia, informara de uno y otros sin saber diferenciarlos.- Una declaración resumida, informando el incidente denunciado sólo de forma esquemática, dando meramente una idea general en lugar de un cuadro con detalles, indica alta probabilidad de que no obedezca a la verdad; e. Persistencia en la Declaración Durante el Tiempo. Persistencia del/la ofendido/a en el relato a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Este criterio de valoración deberá de hacer la debida diferenciación entre las inconsistencias de aspectos centrales del relato o sobre aspectos periféricos o colaterales, ya que no se puede esperar que una persona declare idénticamente varias veces, más sí que mantenga un relato constante en cuanto al hecho generador de perturbación, aun cuando exista variación que afecten fundamentalmente a detalles periféricos; Explica Antonio Manzanero (Ob. Cit.) que el paso del tiempo y la recuperación múltiple pueden afectar gravemente a la memoria de los testigos. Además, algunos factores afectan sobremanera, como por ejemplo en el caso de agresiones múltiples a lo largo de períodos amplios de tiempo donde es frecuente encontrar confusiones entre las distintas ocasiones en que ocurrió el suceso; f. Experiencias Subjetivas. Es de esperarse en una declaración testifical de un menor ofendido, la mención de experiencias subjetivas como producto de la agresión sexual, como pensamientos, sentimientos, aprensiones, ansiedades, ambivalencia de sentimientos, frustraciones, ira, tristeza, vergüenza, etc. a depender de la edad del/la ofendido/a y de la conciencia que se tenga respecto al hecho.- Las experiencias subjetivas podrían verse reflejadas externamente en cambios en la conducta emocional en el transcurso del tiempo o como resultado de ciertos sucesos o circunstancias. Señala Manzanero que se esperaría que una agresión sexual afectara de alguna forma a la historia biográfica del/la menor/a, no siendo esperable que su ocurrencia tuviera lugar como algo aislado sin ningún tipo de repercusión en la vida del/la niño/a.- La intensidad de dichas repercusiones, como ya ha mencionado esta Sala de lo Penal, dependerá de la edad y conciencia del/la infante sobre el hecho, además se verá afectada en caso de que el/la infante reciba tratamiento psicológico después del hecho para minimizar el daño psíquico producido por el evento. Por tanto, para una mejor valoración individual de la declaración, el Tribunal imprescindiblemente deberá de tenerse en cuenta tanto los factores personales del declarante, los factores procesales y los aspectos intrínsecos del relato, ello permitirá diferenciar los casos en donde un/a testigo sea sincero/a, es decir que crea estar diciendo la verdad, aun cuando el hecho narrado sea poco probable o, por el contrario, cuando el relato sea probable aun cuando el testigo no reúna las condiciones de idoneidad; Recuérdese que la valoración de un testimonio no consiste en un examen de “verdadero” o “falso”, sino en el análisis conjunto de factores y aspectos que puedan indicar la probabilidad alta de que el relato corresponder a un hecho real, o su falta de probabilidad a causa de la valoración negativa. En todos los casos, la valoración individual solo podrá realizarse mediante una correcta Inmediación del Tribunal con la persona declarante, donde puedan evaluarse las Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), los Principios de la Lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con la demás prueba) y las Máximas de la Experiencia Común (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano).- (Al respecto ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp. 014-2007 y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp. 060-2010 de la Sala de lo Penal). La valoración Conjunta de los medios de Prueba, debe de realizarse en consideración a: a).- Ausencia de Incredibilidad Subjetiva, que es el descartar que la exista tensiones entre el acusado y la víctima que motiven a ésta última a presentar una imputación falsa; b).- Inexistencia de móviles espurios de resentimiento de venganza del menor o de algún miembro de su entorno familiar inmediato, que puedan motivar de manera suficiente la imputación del delito; c).- Verosimilitud de la narración del infante, dentro del contexto de la actividad probatoria, que determinen mediante prueba directa o indiciaria, la probabilidad de que el hecho haya acaecido….”.[16] XI. De la sentencia objeto de estudio se puede apreciar que, para sus valoraciones, el Tribunal de Alzada no tomó en consideración ninguno de estos aspectos, llegando a concluir en forma irreverente que no constituye mínima actividad probatoria de cargo el testimonio rendido ante juez y con las debidas garantías por parte de una niña de trece años en estado de embarazo que declaró haber sufrido acceso carnal de parte del imputado. La Alzada al parecer consideró irrelevante la existencia de un dictamen pericial—el cual tenía el deber legal de valorar— que acreditaba el estado de gravidez de la niña, una prueba que cualitativamente conduce a dar por hecho el elemento esencial del tipo penal de violación especial, por el cual se ha formado causa al imputado. XII. Que como ya se ha establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado XIII. También, conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe Motivación de las resoluciones judiciales, se demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”. De todo lo antes relacionado resulta evidente, que la resolución que ha originado el presente recurso de amparo se ha fundado en apreciaciones erróneas, arbitrarias, irrazonables e insuficientemente sustentadas por el Tribunal de Alzada, careciendo la misma de una motivación lógica y coherente que respalde indubitablemente la decisión del mencionado Tribunal de Apelaciones, Con ello esta Sala encuentra que la sentencia que se examina ha quebrantado y vulnerado flagrante y notoriamente la garantía del debido proceso que establece y recepciona el artículo 90 párrafo 1º., de la Constitución de la República, que asegura el derecho de toda persona a un juicio llevado a efecto con todas las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, derecho fundamental vulnerado que además exige que los jueces y tribunales resuelvan los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho. XIV. En virtud de lo anteriormente establecido, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia arbitraria, incoherente y fundada en consideraciones irrazonables y erróneas, y además bajo un evidente desconocimiento de los principios del proceso y los elementos básicos de la teoría del delito, lo que contraviene tanto el principio de legalidad como la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso. XV. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en este fallo, mediante la que se respeten debidamente los principios esenciales del proceso, seguido de una motivación clara, precisa, congruente y lógica y analizando en forma debida, razonable y conforme las reglas de la sana crítica y en forma integral y objetiva el conjunto de pruebas que ha sido aportado al proceso.- PARTE RESOLUTIVA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, a favor de la menor A. I. G. M., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecinueve (2019); SEGUNDO: HACER UN LLAMADO DE ATENCIÓN A LA CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA para que en sus futuras resoluciones observe con mayor cuidado y detenimiento los principios y las normas que rigen el proceso penal; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0714-2019.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] El nombre de la ofendida está registrado como IKSABEL en su acta de nacimiento (F12 de la pieza correspondiente a la primera instancia
[2] En los Recursos de Amparo ACA-163-2014 y 0947-2016
[3] MONTERO AROCA, JUAN (2002). “La prueba en el proceso civil”. Civitas. pp. 278-279.
[4] JORDI NIEVA FENOLL (2010). “La Valoración de la Prueba”. Cit., p.89
[5] JAIME AZULA CAMACHO (1998). “Manual de Derecho Probatorio”. Temis. p.48
[6] Que básicamente contempla que son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o culposas penadas por la Ley
[7] Vid. Recurso de Amparo Penal 130-2018
[8] Vid. Recursos de Casación Penal 42-13, 49-16, 191-16
[9] El nombre de la ofendida está registrado como IKSABEL en su acta de nacimiento (F12 de la pieza correspondiente a la primera instancia
[10] En los Recursos de Amparo ACA-163-2014 y 0947-2016
[11] MONTERO AROCA, JUAN (2002). “La prueba en el proceso civil”. Civitas. pp. 278-279.
[12] JORDI NIEVA FENOLL (2010). “La Valoración de la Prueba”. Cit., p.89
[13] JAIME AZULA CAMACHO (1998). “Manual de Derecho Probatorio”. Temis. p.48
[14] Que básicamente contempla que son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o culposas penadas por la Ley
[15] Vid. Recurso de Amparo Penal 130-2018
[16] Vid. Recursos de Casación Penal 42-13, 49-16, 191-16