Sentencia AP-696-19 — Registro 13969
Resumen
Denegatoria de diligencias de acción de amparo en la causa instruida contra ciudadano, por suponerlo responsable del delito de Fraude Continuado en su Modalidad de Apropiación Indebida en perjuicio de impetrantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II.De conformidad con la Ley Sobre Justicia Constitucional, las medidas cautelares podrán decretarse en el auto de admisión de la demanda de amparo o en cualquier estado del procedimiento, pero antes de dictar sentencia. La suspensión provisional del acto reclamado podrá decretarse motivadamente a instancia de parte, bajo la responsabilidad del peticionario. III. La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que tiene por objeto conservar la materia del amparo en el fondo y evitar daños irreparables o de difícil reparación al quejoso, así como protegerlo ante una grave o inminente violación a sus derechos fundamentales. IV. De conformidad con el artículo 62 de la misma ley, el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas por los órganos jurisdiccionales encargados del ejercicio de la justicia constitucional, será sancionado de conformidad con lo establecido en el Código Penal, sin perjuicio del cumplimiento de la medida cautelar decretada. V. En el presente asunto, siendo que fue decretada por esta Sala, y a pedimento del propio recurrente, la suspensión del acto cuyo cumplimiento ahora reclama ante los tribunales de instancia, el Tribunal de Apelaciones ha advertido correctamente que la suspensión del acto supone la interrupción de la decisión del proceso en el que ha sido dispuesta tal decisión en tanto no se resuelva la materia de amparo en el fondo, por consiguiente la providencia del Tribunal de Sentencia ha obedecido al acatamiento de las disposiciones de la Ley Sobre Justicia Constitucional. VI. Siendo así, se advierte de las actuaciones de mérito que la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, no ha vulnerado garantía constitucional alguna, siendo además que, como lo ha advertido esta Sala, dicha resolución se limita a señalar al impetrante que su petición fue previamente resuelta, con lo cual, no se causa afectación a la garantía del debido proceso, dado que la misma, además de ser una resolución de mera tramitación, ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico, circunstancia que han sido correctamente advertida por la Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. VII. Así entonces, analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, en cuanto al fondo del amparo se refiere, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso y la tutela judicial efectiva, por lo cual esta Sala encuentra que al emitir la sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. VIII. Dicho lo anterior, esta Sala advierte que si bien el Tribunal de Alzada ha dejado claro en su sentencia que el recurso de amparo de mérito debió ser correctamente denegado, y así se entiende de sus razonamientos, se observa empero que en la parte resolutiva del fallo se señala en su ordinal primero que han de ser denegadas las diligencias contentivas de la acción de amparo, siendo ello incorrecto, en tanto que, conforme con lo dispuesto en el artículo 63 de Ley Sobre Justicia Constitucional, la sentencia que se dicte en el trámite de esta acción constitucional deberá otorgar o denegar el amparo, de tal suerte que en la parte resolutiva del fallo que se examina debió ser denegada la acción de amparo promovida ante el Tribunal de Alzada y no las diligencias que la contienen, por consiguiente, tratándose de un error material subsanable y siendo potestad de esta Sala reformar la sentencia de amparo que se conozca en consulta, resulta procedente ordenar la reforma de la misma, únicamente en lo concerniente al ordinal primero de su parte resolutiva, confirmándola en todas sus demás partes"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de agosto de dos mil veinte.-VISTAS: En consulta la sentencia de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROMMEL RUIZ GUILLEN, a favor de los señores EDUARDO JOSÉ y ANA CECILIA ambos de apellidos CANALES LAMELAS, contra la resolución de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencias de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en la causa instruida contra el señor FELIPE JESÚS DABDOUB SARAVIA, por suponerlo responsable del delito de FRAUDE CONTINUADO EN SU MODALIDAD DE APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio de los señores EDUARDO JOSÉ y ANA CECILIA ambos de apellidos CANALES LAMELAS. Estima el recurrente que se le han violentado el artículo 90 comprendido en la Constitución de la República.ANTECEDENTES: 1) Que en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), el Abogado ROMMEL RUIZ GUILLEN, interpuso ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, recurso de amparo a favor de los señores EDUARDO JOSÉ y ANA CECILIA ambos de apellidos CANALES LAMELAS ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencias de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida; Por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folio del 1 al 6 de la pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha veinticinco (25) de Julio del año dos mil diecinueve (2019), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, “FALLA: PRIMERO: DENEGANDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS, contentivas de la Acción Constitucional de AMPARO, presentada ante esta Corte de Apelaciones por el Abogado ROMMEL RUIZ GUILLEN, a favor de los señores EDUARDO JOSÉ Y ANA CECILIA ambos de apellido GUILLEN LAMELAS, promovido contra la resolución de fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencias de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida; en el expediente judicial número 0101-2017-00357, mediante la cual resuelve admitir la declaratorio en rebeldía del imputado el señor FELIPE JESÚS DABDOUD SARAVIAS, a quien se le supone responsable de la Comisión a título de autor directo del delito de FRAUDE CONTINUADO EN SU MODALIDAD DE APROPIACIÓN INDEBIDA, por no cumplir con las medidas sustitutivas a la prisión preventiva y denegarle la ejecución de la caución propuesta por el encausado.- SEGUNDO: REMITIR EN CONSULTA OBLIGATORIA, para y ante la SALA DE LO CONSTITUCIONAL, de la Honorable Corte Suprema de Justicia la presente Sentencia…” (Folios 92 al 95 de la pieza de Corte de Apelaciones) .-3) Que en fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-1. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- 2. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.-De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.-3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- 4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- 5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA.- 1. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo promovida por el impetrante ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba lo constituyó una decisión emanada del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la que dicho tribunal emitió pronunciamiento señalando que la pretensión del Abogado Rommel Ruiz Guillen ya había sido resuelta en fecha previa, específicamente el 27 de septiembre de 2018, decisión que se censuró de ser violatoria a la garantía del debido proceso, entre otros invocados por el quejoso.- 2. En la sentencia objeto de examen, dictada por la referida Alzada, se determinó la denegatoria de la garantía de amparo peticionada por el amparista, al considerar que la decisión del Tribunal de Sentencia estaba acorde con lo establecido por esta Sala de lo Constitucional, al admitir un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado interpuesto por el mismo recurrente contra la resolución de la que pide ejecutoria ante el tribunal de instancia.-RAZONAMIENTO DE LA SALA. I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II.De conformidad con la Ley Sobre Justicia Constitucional, las medidas cautelares podrán decretarse en el auto de admisión de la demanda de amparo o en cualquier estado del procedimiento, pero antes de dictar sentencia. La suspensión provisional del acto reclamado podrá decretarse motivadamente a instancia de parte, bajo la responsabilidad del peticionario. III. La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que tiene por objeto conservar la materia del amparo en el fondo y evitar daños irreparables o de difícil reparación al quejoso, así como protegerlo ante una grave o inminente violación a sus derechos fundamentales. IV. De conformidad con el artículo 62 de la misma ley, el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas por los órganos jurisdiccionales encargados del ejercicio de la justicia constitucional, será sancionado de conformidad con lo establecido en el Código Penal, sin perjuicio del cumplimiento de la medida cautelar decretada. V. En el presente asunto, siendo que fue decretada por esta Sala, y a pedimento del propio recurrente, la suspensión del acto cuyo cumplimiento ahora reclama ante los tribunales de instancia, el Tribunal de Apelaciones ha advertido correctamente que la suspensión del acto supone la interrupción de la decisión del proceso en el que ha sido dispuesta tal decisión en tanto no se resuelva la materia de amparo en el fondo, por consiguiente la providencia del Tribunal de Sentencia ha obedecido al acatamiento de las disposiciones de la Ley Sobre Justicia Constitucional. VI. Siendo así, se advierte de las actuaciones de mérito que la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, no ha vulnerado garantía constitucional alguna, siendo además que, como lo ha advertido esta Sala, dicha resolución se limita a señalar al impetrante que su petición fue previamente resuelta, con lo cual, no se causa afectación a la garantía del debido proceso, dado que la misma, además de ser una resolución de mera tramitación, ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico, circunstancia que han sido correctamente advertida por la Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. VII. Así entonces, analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, en cuanto al fondo del amparo se refiere, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso y la tutela judicial efectiva, por lo cual esta Sala encuentra que al emitir la sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. VIII. Dicho lo anterior, esta Sala advierte que si bien el Tribunal de Alzada ha dejado claro en su sentencia que el recurso de amparo de mérito debió ser correctamente denegado, y así se entiende de sus razonamientos, se observa empero que en la parte resolutiva del fallo se señala en su ordinal primero que han de ser denegadas las diligencias contentivas de la acción de amparo, siendo ello incorrecto, en tanto que, conforme con lo dispuesto en el artículo 63 de Ley Sobre Justicia Constitucional, la sentencia que se dicte en el trámite de esta acción constitucional deberá otorgar o denegar el amparo, de tal suerte que en la parte resolutiva del fallo que se examina debió ser denegada la acción de amparo promovida ante el Tribunal de Alzada y no las diligencias que la contienen, por consiguiente, tratándose de un error material subsanable y siendo potestad de esta Sala reformar la sentencia de amparo que se conozca en consulta, resulta procedente ordenar la reforma de la misma, únicamente en lo concerniente al ordinal primero de su parte resolutiva, confirmándola en todas sus demás partes. PARTE RESOLUTIVA, POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 58, 59, 62 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: 1) REFORMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, de fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve, ÚNICAMENTE en el ordinal primero de su parte resolutiva, en lo concerniente a la disposición de denegar las diligencias, por lo que deberá leerse así: “…FALLA: DENEGANDO LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO presentada ante esta Corte de Apelaciones por el Abogado ROMMEL RUIZ GUILLÉN…”; 2) CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta en todas sus demás partes y consideraciones, por las razones que se dejan aquí establecidas; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0696 2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL