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Sentencia AP-690-20 — Registro 13968

Resumen

Resolución que ANULA decisión que declaró INADMISIBLE solicitud de Audiencia de Revisión de medidas con relación a la causa instruida contra recurrente, por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...". No obstante, en el presente caso no se ha establecido por el Tribunal de Alzada ninguno de estos aspectos, sino que se ha estimado la acción de amparo porque la ley si contempla la posibilidad de que las medidas cautelares puedan ser revisadas a petición de parte, de tal suerte que, si la petición se ha formulado conforme los requisitos de ley, resulta oportuno escuchar a las partes en audiencia y decidir lo pertinente, también con base a las exigencias legales, de tal manera que es en este único sentido que esta Sala encuentra razonables las consideraciones esgrimidas en el fallo que se examina, el cual se orienta a la que la audiencia de revisión de la medida cautelar se celebre en la forma prevista por la ley, sin perjuicio de la decisión que también conforme a la ley emita el tribunal conocedor del proceso, sea favorable o no a la pretensión de la parte interesada. VII. Dicho lo anterior, esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, requiere que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. VIII. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. IX. Así entonces, analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, con lo cual esta Sala encuentra que al emitir la sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, requiere que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. VIII. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. IX. Así entonces, analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, con lo cual esta Sala encuentra que al emitir la sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado"

Jerarquía: Reiterativa

.."Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. IX. Así entonces, analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso,  con lo cual esta Sala encuentra que al emitir la sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil veinte. VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veinte (2020), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, que declaró CON LUGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada IRMA YAMILETH LÓPEZ ÁLVAREZ, a favor del señor VÍCTOR SAMUEL ANCHETA CASTRO, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020) dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, con sede en Tegucigalpa Municipio del Distrito Central; con relación a la causa instruida contra el señor VÍCTOR SAMUEL ANCHETA CASTRO, por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 80, 90, 145 Y 183 comprendidos en la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil veinte (2020), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, la Abogada IRMA YAMILETH LÓPEZ, interponiendo recurso de amparo a favor del señor VÍCTOR SAMUEL ANCHETA CASTRO contra la resolución de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, con sede en Tegucigalpa Municipio del Distrito Central; Por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en los artículos 80, 90, 145 Y 183 de la Constitución de la República. (Folio del 1 al 9 de la pieza de los antecedentes) 2) Que en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, “FALLA: 1.- CON LUGAR LA ACCIÓN DE AMPARO, interpuesta por la Abogada IRMA YAMILETH LÓPEZ ÁLVAREZ, a favor del señor VÍCTOR SAMUEL ANCHETA CASTRO, contra la decisión del Tribunal de Sentencias de lo Penal Competencia Nacional en Materia de Corrupción.- 2.- ANULA la decisión que declaró INADMISIBLE la solicitud de Audiencia de Revisión de medidas incoada por la amparista, contra las actuaciones de fecha 25 de junio de 2020, del Tribunal de Sentencia de lo penal de este circuito especializad en materia de corrupción 3.- ORDENA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDAS para el pleno restablecimiento de os derechos de la accionante, de ser escuchada en audiencia pública, a fin de ejercer en la misma, el derecho a la defensa del imputado, ello con independencia del criterio al que puedan arribar los jueces, una vez escuchadas las pretensiones de las partes…” (Folios 50 al 55de la pieza de Corte de Apelaciones) 3) Que en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA 1. El acto reclamado por vía de la acción constitucional de amparo promovida por la impetrante ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, lo constituyó una decisión emanada del Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, con sede en Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, en la que se denegó la petición de señalar una audiencia de revisión de medidas a favor del imputado, decisión que se censuró de ser violatoria al derecho de defensa y la garantía del debido proceso, invocados por la quejosa. 2. En la sentencia objeto de examen, dictada por la referida Alzada, se determinó el otorgamiento de la garantía de amparo, al considerar que negar a la parte requirente la posibilidad de presentar alegatos para fundar la pretensión de revisar la medida cautelar impuesta al acusado, conlleva una transgresión a la garantía del debido proceso en tanto que la propia ley adjetiva prevé la posibilidad de revisar dicha medida sea de oficio o a petición de parte. 3. La Alzada fue clara en establecer que la celebración de la precitada audiencia no compromete la decisión que el A Quo pueda emitir una vez escuchadas las partes en la audiencia, como tampoco lo hace, evidentemente, la decisión de otorgar la garantía de amparo que nos ocupa, lo cual va en consonancia con el principio de independencia judicial que debe regir todo procedimiento jurisdiccional. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. Esta Sala ha sostenido también en reiteradas decisiones que la imposición de medidas cautelares en el proceso penal, constituye en principio, una decisión que corresponde a los jueces y tribunales del orden penal, quienes las imponen con base en las particularidades del caso y atendiendo a la finalidad expuesta en el artículo 172 del Código Procesal Penal[1], siendo en consecuencia un juicio propio de instancia y por tanto no susceptible de amparo, a menos que la decisión ponga en precario los derechos que la Constitución reconoce, como producto de una valoración defectuosa de los hechos o constituya una decisión arbitraria del juzgador. III. En este respecto, esta Sala asiente con lo dicho por el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que las medidas cautelares no son susceptibles de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva porque en el momento en que se producen las resoluciones judiciales cautelares, los derechos o intereses respecto de los cuales se ha solicitado dicha tutela se encuentran pendientes de resolución, siendo además que las mismas habrán de fundarse en juicio acerca de su razonabilidad para la consecución de la finalidad propuesta, en atención a las circunstancias concurrentes.[2] IV. Dicho lo anterior, se observa que el otorgamiento de la garantía de amparo en este caso no obedeció a la ausencia de un juicio de valor con respecto a la procedencia o no de la medida cautelar impuesta, sino que el Ad Quem ha señalado como violatorio el hecho de no admitir a trámite la petición de revisar la medida cautelar impuesta, partiendo del hecho que toda medida cautelar es esencialmente provisional y modificable en los momentos y bajo las circunstancias previstas por la ley. V. Es importante insistir en este punto porque como dijimos ya, no competería a la acción constitucional de amparo avocarse el conocimiento de aspectos relacionados con el proceso cautelar en materia penal o lo concerniente a la regulación, imposición o revocación de las medidas cautelares que se impongan a un imputado con ocasión del proceso que se siga en su contra, a menos que las mismas fueren dispuestas de manera ilegal o arbitraria por parte de la autoridad. VI. No obstante, en el presente caso no se ha establecido por el Tribunal de Alzada ninguno de estos aspectos, sino que se ha estimado la acción de amparo porque la ley si contempla la posibilidad de que las medidas cautelares puedan ser revisadas a petición de parte, de tal suerte que, si la petición se ha formulado conforme los requisitos de ley, resulta oportuno escuchar a las partes en audiencia y decidir lo pertinente, también con base a las exigencias legales, de tal manera que es en este único sentido que esta Sala encuentra razonables las consideraciones esgrimidas en el fallo que se examina, el cual se orienta a la que la audiencia de revisión de la medida cautelar se celebre en la forma prevista por la ley, sin perjuicio de la decisión que también conforme a la ley emita el tribunal conocedor del proceso, sea favorable o no a la pretensión de la parte interesada. VII. Dicho lo anterior, esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, requiere que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. VIII. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. IX. Así entonces, analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso, con lo cual esta Sala encuentra que al emitir la sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN de fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veinte (2020), de la que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha siete de diciembre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0690-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

[1] Las medidas cautelares tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba.

[2] Así PICÓ I JUNOY, citando al TCE en Las garantías constitucionales del proceso, Bosch Editor, Barcelona, 2012