Sentencia AP-662-19 — Registro 11759
Resumen
otorgamiento de amparo en consulta con relación a solicitud de embargo precautorio e incautación de bienes muebles e inmuebles, que se llevó a cabo en la causa instruida contra imputado, por suponerlo responsable de los delitos de Encubrimiento y Lavado de Activos, en perjuicio de la Administración Pública y la Economía del Estado de Honduras, siendo afectados recurrentes menores de edad como miembros de la familia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha cinco de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal, con Competencia Territorial Nacional en Materia de corrupción, mediante la cual Otorga el Recurso de Amparo interpuesto, contra la resolución dictada por el Juzgado de letras Penal con competencia Nacional en Materia de Corrupción en fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra el señor ROBERTO ALEJANDRO BADES ATUAN, a quien se supone responsable de los delitos de ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem en el acápite que corresponde a la motivación y fundamentos en el considerando (03) señala que tanto el Ministerio Público como la Juez de garantías en su informe circunstanciado sostiene como excurso, “que el amparista no ejercitó los medios de control de las resoluciones judiciales, en este caso el recurso ordinario de reposición, requisito legal cuya omisión tiene señalada la sanción de inadmisibilidad contenida en el artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional”. Expone, que es importante destacar que los hechos ocurrieron en el período comprendido del 2012-2013 y la norma vigente era la Ley contra el Delito de Lavado de Activos contenida en el decreto 45-2002, por lo que el recurrente estuvo limitado para ejercer los medios de impugnación, pues los mismos solo están preestablecidos en la nueva ley contra el Lavado de Activos contenida en el Decreto 144-2014, que dispone en su artículo 64 Derecho de los afectados “donde se ordena el comiso o decomiso puede interponer los recursos legales correspondientes, dentro de los plazos establecidos por el código procesal penal”.- CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal de alzada señala que efectivamente el recurrente no hizo uso de los medios de impugnación, ya sea por el carácter precautorio de la decisión o por no tener acceso a ellos conforme la ley, lo cierto es que, en efecto la ley vigente cuando ocurrieron los hechos no admitía recursos o medios de impugnación; por tal razón, la Corte de Apelaciones referida, no considera, posible ni aceptable, exigir ese resultado de admisibilidad in-limite Litis, como postura del juzgador de instancia y del ente fiscal, pues hacerlo sería negar el acceso a la justicia que es en esencia un derecho fundamental, que debe garantizarse a todas las personas el uso de herramientas y mecanismos legales para que se reconozcan y protejan sus derechos, los que además están contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Expresa en el considerando (4) de su resolución Que el análisis de fondo del recurso, plantea por un lado que se garantice el derecho a gozar de un techo digno, como derecho fundamental que no puede conculcarse, por un caso de orden penal que ya de por si acarrea una grave sanción moral a la familia y que no puede ni debe agravarse, de forma innecesaria por cuanto los bienes embargados no pueden ser objeto de venta o traspaso a terceros, siendo en este sentido excesiva e inconstitucional la incautación y el desalojo del hogar para los restantes miembros de la familia, más cuando se trata de menores de edad, y por otro lado la afectación inconmensurable al derecho de propiedad afectada porque la finalidad de las medidas precautorias es la prohibición temporal de transferir, convertir, gravar o mover bienes, productos, instrumentos o ganancias; o su custodia o control temporal, mediante mandamiento expedido por el órgano jurisdiccional competente o el Ministerio Público de conformidad con el delito de Lavado de Activos (Decreto 45-2002).- CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal de alzada considera que la resolución dictada por el A quo, afecta el derecho de propiedad establecido tanto en las normas constitucionales contenidas en el artículo 103 y 106; como internacionales contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21.2. Indica en el considerando (7) que los términos incautación y decomiso, los cuales aún y cuando figuren como sinónimo gramaticalmente, no lo son en un proceso penal, con definiciones y alcances diferentes es sí que la incautación es aquel procedimiento donde se afecta temporalmente la posesión de un bien, afectando directamente el derecho de propiedad de una persona, siendo como tal una medida restrictiva de derechos, específicamente encaminada a limitar el derecho de la propiedad privada y el decomiso por su parte es aquel procedimiento, donde ocurre la pérdida con carácter definitivo de los bienes, productos, instrumentos y los efectos de los delitos, situación que se activa frente a la presunción de cometer un hecho ilícito ; esto sería utilizar el bien mueble o inmueble como instrumento del delito, en este caso el decomiso aparece en escena para evitar todas las arbitrariedades o consecuencias del delito, a fin de lograr un objetivo superior que es la realización pronta y efectiva de la justicia penal.- CONSIDERACIÓN (7): Que el Ad quem expone que, a la luz de las medidas adoptadas por el Juez de primera instancia es justificable la medida de aseguramiento de incautación como procedimiento limitador del derecho a la propiedad, señalando que el Estado no debe quedar burlado y que tiene el derecho al resarcimiento de los daños, pero en este sentido el procedimiento de incautación parece basto y suficiente para limitar uno de los derechos de dominio que es la libre disposición de los bienes dejando a favor del imputado el derecho de uso y goce entre tanto no se conozca el resultado de la sentencia definitiva. En cuanto al decomiso no está de acuerdo por considerarlo excesivo cuando se emplea sobre un bien inmueble o raíz, dado que dicho bien inmueble no está siendo utilizado como instrumento del delito y solo sirve de vivienda familiar del imputado y por otra parte este bien inmueble no podrá desplazarse de lugar ni ocultarse.- CONSIDERANDO (8): Que en referencia a los bienes muebles incautados y decomisados, en este caso, sí comparten criterio con el acusador y la juzgadora de instancia, pero solo por su capacidad de libre desplazamiento, pues no sería efectivo entre tanto no se conozca el resultado de una sentencia definitiva, un procedimiento distinto para que los mismos no sean vendidos, cedidos, traspasados u ocultados, por lo que se desestima. Por todo lo antes expuesto el Ad quem considera que se ha violentado el derecho constitucional de propiedad y de conformidad con el artículo 67 No. 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se obliga al Estado a individualizar la reparación integral de dicho derecho de propiedad, expresando como parte de la reparación devolver las cosas al estado en que encontraban antes de la violación, en tal sentido la juzgadora de instancia deviene en la obligación de librar los oficios correspondientes al Registro de la Propiedad , al Registro Vehicular y a la Oficina de Administración de Bienes Incautados para que proceda a inscribir la medida de embargo precautorio o de aseguramiento de la matrícula del bien inmueble bajo el número:0000460427 y; de los bienes que consisten en un vehículo marca Toyota, un vehículo marca Hyundai y una motocicleta Harley Davidson propiedad de Roberto Alejandro Atuan. En consecuencia otorgó el recurso de amparo interpuesto.- CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución venida en consulta, esta Sala aprecia el análisis del Ad Quem, explicando de manera clara la diferencia entre las medidas de incautación y decomiso. Una ópera durante el proceso y la otra opera cuando existe una sentencia condenatoria firme, en tal caso aplicar ambas medidas violenta el debido proceso, y en consecuencia violenta el derecho a la propiedad del bien inmueble, puesto que la medida de incautación es suficiente para limitar el derecho de propiedad del bien inmueble, al restringir los derechos del imputado a vender, traspasar de cualquier modo, hipotecar, etc., por todo ello el Ad quem ha emitido un fallo conforme a derecho, respetando los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, así como que ha garantizado el derecho de Defensa de las partes en conflicto.- CONSIDERANDO (10): Por todo ello esta Sala Confirma la sentencia venida en consulta. El fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el Derecho de Defensa, para garantizar la efectividad del derecho material, por ende una tutela judicial efectiva, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, debe confirmarse la sentencia venida en consulta"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67, numeral 3 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 103 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 21, .2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero del dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha cinco (5) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, a favor de los menores ROBERTO ALEJANDRO, FELIPE ALEJANDRO Y PAULETTE ALEJANDRA, TODOS DE APELLIDOS BANDES AGUILERA, contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019), con relación a una solicitud de embargo precautorio e incautación de bienes muebles e inmuebles, que se llevó a cabo en la causa instruida contra el señor ROBERTO ALEJANDRO BADES ATUAN, por suponerlo responsable de los delitos de ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente, que el acto reclamado violenta, en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 119, 123 y 126 de la Constitución de la República; 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, y; 2 y 4 de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción, el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO, interponiendo recurso de amparo a favor de los menores ROBERTO ALEJANDRO, FELIPE ALEJANDRO Y PAULETTE ALEJANDRA, TODOS DE APELLIDOS BANDES AGUILERA, contra la resolución de fecha ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019), dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN; por considerar que la misma, atenta contra los derechos contemplados en los artículos 119, 123 y 126 de la Constitución de la República; 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, y; 2 y 4 de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. (Folios 1–17 del antecedente)- 2) Que en fecha cinco (5) de agosto de dos mil diecinueve (2019), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones citada, Resolvió: (SIC) “OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, contra la decisión administrativa del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.” (Folios 57–61 del antecedente)- 3) Que en fecha seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 1 del presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de La Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de La Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha cinco de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal, con Competencia Territorial Nacional en Materia de corrupción, mediante la cual Otorga el Recurso de Amparo interpuesto, contra la resolución dictada por el Juzgado de letras Penal con competencia Nacional en Materia de Corrupción en fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra el señor ROBERTO ALEJANDRO BADES ATUAN, a quien se supone responsable de los delitos de ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem en el acápite que corresponde a la motivación y fundamentos en el considerando (03) señala que tanto el Ministerio Público como la Juez de garantías en su informe circunstanciado sostiene como excurso, “que el amparista no ejercitó los medios de control de las resoluciones judiciales, en este caso el recurso ordinario de reposición, requisito legal cuya omisión tiene señalada la sanción de inadmisibilidad contenida en el artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional”. Expone, que es importante destacar que los hechos ocurrieron en el período comprendido del 2012-2013 y la norma vigente era la Ley contra el Delito de Lavado de Activos contenida en el decreto 45-2002, por lo que el recurrente estuvo limitado para ejercer los medios de impugnación, pues los mismos solo están preestablecidos en la nueva ley contra el Lavado de Activos contenida en el Decreto 144-2014, que dispone en su artículo 64 Derecho de los afectados “donde se ordena el comiso o decomiso puede interponer los recursos legales correspondientes, dentro de los plazos establecidos por el código procesal penal”.- CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal de alzada señala que efectivamente el recurrente no hizo uso de los medios de impugnación, ya sea por el carácter precautorio de la decisión o por no tener acceso a ellos conforme la ley, lo cierto es que, en efecto la ley vigente cuando ocurrieron los hechos no admitía recursos o medios de impugnación; por tal razón, la Corte de Apelaciones referida, no considera, posible ni aceptable, exigir ese resultado de admisibilidad in-limite Litis, como postura del juzgador de instancia y del ente fiscal, pues hacerlo sería negar el acceso a la justicia que es en esencia un derecho fundamental, que debe garantizarse a todas las personas el uso de herramientas y mecanismos legales para que se reconozcan y protejan sus derechos, los que además están contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Expresa en el considerando (4) de su resolución Que el análisis de fondo del recurso, plantea por un lado que se garantice el derecho a gozar de un techo digno, como derecho fundamental que no puede conculcarse, por un caso de orden penal que ya de por si acarrea una grave sanción moral a la familia y que no puede ni debe agravarse, de forma innecesaria por cuanto los bienes embargados no pueden ser objeto de venta o traspaso a terceros, siendo en este sentido excesiva e inconstitucional la incautación y el desalojo del hogar para los restantes miembros de la familia, más cuando se trata de menores de edad, y por otro lado la afectación inconmensurable al derecho de propiedad afectada porque la finalidad de las medidas precautorias es la prohibición temporal de transferir, convertir, gravar o mover bienes, productos, instrumentos o ganancias; o su custodia o control temporal, mediante mandamiento expedido por el órgano jurisdiccional competente o el Ministerio Público de conformidad con el delito de Lavado de Activos (Decreto 45-2002).- CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal de alzada considera que la resolución dictada por el A quo, afecta el derecho de propiedad establecido tanto en las normas constitucionales contenidas en el artículo 103 y 106; como internacionales contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21.2. Indica en el considerando (7) que los términos incautación y decomiso, los cuales aún y cuando figuren como sinónimo gramaticalmente, no lo son en un proceso penal, con definiciones y alcances diferentes es sí que la incautación es aquel procedimiento donde se afecta temporalmente la posesión de un bien, afectando directamente el derecho de propiedad de una persona, siendo como tal una medida restrictiva de derechos, específicamente encaminada a limitar el derecho de la propiedad privada y el decomiso por su parte es aquel procedimiento, donde ocurre la pérdida con carácter definitivo de los bienes, productos, instrumentos y los efectos de los delitos, situación que se activa frente a la presunción de cometer un hecho ilícito ; esto sería utilizar el bien mueble o inmueble como instrumento del delito, en este caso el decomiso aparece en escena para evitar todas las arbitrariedades o consecuencias del delito, a fin de lograr un objetivo superior que es la realización pronta y efectiva de la justicia penal.- CONSIDERACIÓN (7): Que el Ad quem expone que, a la luz de las medidas adoptadas por el Juez de primera instancia es justificable la medida de aseguramiento de incautación como procedimiento limitador del derecho a la propiedad, señalando que el Estado no debe quedar burlado y que tiene el derecho al resarcimiento de los daños, pero en este sentido el procedimiento de incautación parece basto y suficiente para limitar uno de los derechos de dominio que es la libre disposición de los bienes dejando a favor del imputado el derecho de uso y goce entre tanto no se conozca el resultado de la sentencia definitiva. En cuanto al decomiso no está de acuerdo por considerarlo excesivo cuando se emplea sobre un bien inmueble o raíz, dado que dicho bien inmueble no está siendo utilizado como instrumento del delito y solo sirve de vivienda familiar del imputado y por otra parte este bien inmueble no podrá desplazarse de lugar ni ocultarse.- CONSIDERANDO (8): Que en referencia a los bienes muebles incautados y decomisados, en este caso, sí comparten criterio con el acusador y la juzgadora de instancia, pero solo por su capacidad de libre desplazamiento, pues no sería efectivo entre tanto no se conozca el resultado de una sentencia definitiva, un procedimiento distinto para que los mismos no sean vendidos, cedidos, traspasados u ocultados, por lo que se desestima. Por todo lo antes expuesto el Ad quem considera que se ha violentado el derecho constitucional de propiedad y de conformidad con el artículo 67 No. 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se obliga al Estado a individualizar la reparación integral de dicho derecho de propiedad, expresando como parte de la reparación devolver las cosas al estado en que encontraban antes de la violación, en tal sentido la juzgadora de instancia deviene en la obligación de librar los oficios correspondientes al Registro de la Propiedad , al Registro Vehicular y a la Oficina de Administración de Bienes Incautados para que proceda a inscribir la medida de embargo precautorio o de aseguramiento de la matrícula del bien inmueble bajo el número:0000460427 y; de los bienes que consisten en un vehículo marca Toyota, un vehículo marca Hyundai y una motocicleta Harley Davidson propiedad de Roberto Alejandro Atuan. En consecuencia otorgó el recurso de amparo interpuesto.- CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución venida en consulta, esta Sala aprecia el análisis del Ad Quem, explicando de manera clara la diferencia entre las medidas de incautación y decomiso. Una ópera durante el proceso y la otra opera cuando existe una sentencia condenatoria firme, en tal caso aplicar ambas medidas violenta el debido proceso, y en consecuencia violenta el derecho a la propiedad del bien inmueble, puesto que la medida de incautación es suficiente para limitar el derecho de propiedad del bien inmueble, al restringir los derechos del imputado a vender, traspasar de cualquier modo, hipotecar, etc., por todo ello el Ad quem ha emitido un fallo conforme a derecho, respetando los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, así como que ha garantizado el derecho de Defensa de las partes en conflicto.- CONSIDERANDO (10): Por todo ello esta Sala Confirma la sentencia venida en consulta. El fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el Derecho de Defensa, para garantizar la efectividad del derecho material, por ende una tutela judicial efectiva, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, debe confirmarse la sentencia venida en consulta.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 3 y 5, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha cinco de agosto del dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia territorial en materia de corrupción, en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MANUEL ASDRUVAL MURILLO MARADIAGA, a favor de los niños ROBERTO ALEJANDRO, FELIPE ALEJANDRO Y PAULETTE ALEJANDRA todos de apellido BANDES AGUILERA. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0662-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero del dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha cinco (5) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, a favor de los menores ROBERTO ALEJANDRO, FELIPE ALEJANDRO Y PAULETTE ALEJANDRA, TODOS DE APELLIDOS BANDES AGUILERA, contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019), con relación a una solicitud de embargo precautorio e incautación de bienes muebles e inmuebles, que se llevó a cabo en la causa instruida contra el señor ROBERTO ALEJANDRO BADES ATUAN, por suponerlo responsable de los delitos de ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente, que el acto reclamado violenta, en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 119, 123 y 126 de la Constitución de la República; 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, y; 2 y 4 de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción, el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO, interponiendo recurso de amparo a favor de los menores ROBERTO ALEJANDRO, FELIPE ALEJANDRO Y PAULETTE ALEJANDRA, TODOS DE APELLIDOS BANDES AGUILERA, contra la resolución de fecha ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019), dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN; por considerar que la misma, atenta contra los derechos contemplados en los artículos 119, 123 y 126 de la Constitución de la República; 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, y; 2 y 4 de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. (Folios 1–17 del antecedente)- 2) Que en fecha cinco (5) de agosto de dos mil diecinueve (2019), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones citada, Resolvió: (SIC) “OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA, contra la decisión administrativa del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.” (Folios 57–61 del antecedente)- 3) Que en fecha seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 1 del presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de La Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de La Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha cinco de agosto del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal, con Competencia Territorial Nacional en Materia de corrupción, mediante la cual Otorga el Recurso de Amparo interpuesto, contra la resolución dictada por el Juzgado de letras Penal con competencia Nacional en Materia de Corrupción en fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra el señor ROBERTO ALEJANDRO BADES ATUAN, a quien se supone responsable de los delitos de ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem en el acápite que corresponde a la motivación y fundamentos en el considerando (03) señala que tanto el Ministerio Público como la Juez de garantías en su informe circunstanciado sostiene como excurso, “que el amparista no ejercitó los medios de control de las resoluciones judiciales, en este caso el recurso ordinario de reposición, requisito legal cuya omisión tiene señalada la sanción de inadmisibilidad contenida en el artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional”. Expone, que es importante destacar que los hechos ocurrieron en el período comprendido del 2012-2013 y la norma vigente era la Ley contra el Delito de Lavado de Activos contenida en el decreto 45-2002, por lo que el recurrente estuvo limitado para ejercer los medios de impugnación, pues los mismos solo están preestablecidos en la nueva ley contra el Lavado de Activos contenida en el Decreto 144-2014, que dispone en su artículo 64 Derecho de los afectados “donde se ordena el comiso o decomiso puede interponer los recursos legales correspondientes, dentro de los plazos establecidos por el código procesal penal”.- CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal de alzada señala que efectivamente el recurrente no hizo uso de los medios de impugnación, ya sea por el carácter precautorio de la decisión o por no tener acceso a ellos conforme la ley, lo cierto es que, en efecto la ley vigente cuando ocurrieron los hechos no admitía recursos o medios de impugnación; por tal razón, la Corte de Apelaciones referida, no considera, posible ni aceptable, exigir ese resultado de admisibilidad in-limite Litis, como postura del juzgador de instancia y del ente fiscal, pues hacerlo sería negar el acceso a la justicia que es en esencia un derecho fundamental, que debe garantizarse a todas las personas el uso de herramientas y mecanismos legales para que se reconozcan y protejan sus derechos, los que además están contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Expresa en el considerando (4) de su resolución Que el análisis de fondo del recurso, plantea por un lado que se garantice el derecho a gozar de un techo digno, como derecho fundamental que no puede conculcarse, por un caso de orden penal que ya de por si acarrea una grave sanción moral a la familia y que no puede ni debe agravarse, de forma innecesaria por cuanto los bienes embargados no pueden ser objeto de venta o traspaso a terceros, siendo en este sentido excesiva e inconstitucional la incautación y el desalojo del hogar para los restantes miembros de la familia, más cuando se trata de menores de edad, y por otro lado la afectación inconmensurable al derecho de propiedad afectada porque la finalidad de las medidas precautorias es la prohibición temporal de transferir, convertir, gravar o mover bienes, productos, instrumentos o ganancias; o su custodia o control temporal, mediante mandamiento expedido por el órgano jurisdiccional competente o el Ministerio Público de conformidad con el delito de Lavado de Activos (Decreto 45-2002).- CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal de alzada considera que la resolución dictada por el A quo, afecta el derecho de propiedad establecido tanto en las normas constitucionales contenidas en el artículo 103 y 106; como internacionales contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21.2. Indica en el considerando (7) que los términos incautación y decomiso, los cuales aún y cuando figuren como sinónimo gramaticalmente, no lo son en un proceso penal, con definiciones y alcances diferentes es sí que la incautación es aquel procedimiento donde se afecta temporalmente la posesión de un bien, afectando directamente el derecho de propiedad de una persona, siendo como tal una medida restrictiva de derechos, específicamente encaminada a limitar el derecho de la propiedad privada y el decomiso por su parte es aquel procedimiento, donde ocurre la pérdida con carácter definitivo de los bienes, productos, instrumentos y los efectos de los delitos, situación que se activa frente a la presunción de cometer un hecho ilícito ; esto sería utilizar el bien mueble o inmueble como instrumento del delito, en este caso el decomiso aparece en escena para evitar todas las arbitrariedades o consecuencias del delito, a fin de lograr un objetivo superior que es la realización pronta y efectiva de la justicia penal.- CONSIDERACIÓN (7): Que el Ad quem expone que, a la luz de las medidas adoptadas por el Juez de primera instancia es justificable la medida de aseguramiento de incautación como procedimiento limitador del derecho a la propiedad, señalando que el Estado no debe quedar burlado y que tiene el derecho al resarcimiento de los daños, pero en este sentido el procedimiento de incautación parece basto y suficiente para limitar uno de los derechos de dominio que es la libre disposición de los bienes dejando a favor del imputado el derecho de uso y goce entre tanto no se conozca el resultado de la sentencia definitiva. En cuanto al decomiso no está de acuerdo por considerarlo excesivo cuando se emplea sobre un bien inmueble o raíz, dado que dicho bien inmueble no está siendo utilizado como instrumento del delito y solo sirve de vivienda familiar del imputado y por otra parte este bien inmueble no podrá desplazarse de lugar ni ocultarse.- CONSIDERANDO (8): Que en referencia a los bienes muebles incautados y decomisados, en este caso, sí comparten criterio con el acusador y la juzgadora de instancia, pero solo por su capacidad de libre desplazamiento, pues no sería efectivo entre tanto no se conozca el resultado de una sentencia definitiva, un procedimiento distinto para que los mismos no sean vendidos, cedidos, traspasados u ocultados, por lo que se desestima. Por todo lo antes expuesto el Ad quem considera que se ha violentado el derecho constitucional de propiedad y de conformidad con el artículo 67 No. 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se obliga al Estado a individualizar la reparación integral de dicho derecho de propiedad, expresando como parte de la reparación devolver las cosas al estado en que encontraban antes de la violación, en tal sentido la juzgadora de instancia deviene en la obligación de librar los oficios correspondientes al Registro de la Propiedad , al Registro Vehicular y a la Oficina de Administración de Bienes Incautados para que proceda a inscribir la medida de embargo precautorio o de aseguramiento de la matrícula del bien inmueble bajo el número:0000460427 y; de los bienes que consisten en un vehículo marca Toyota, un vehículo marca Hyundai y una motocicleta Harley Davidson propiedad de Roberto Alejandro Atuan. En consecuencia otorgó el recurso de amparo interpuesto.- CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución venida en consulta, esta Sala aprecia el análisis del Ad Quem, explicando de manera clara la diferencia entre las medidas de incautación y decomiso. Una ópera durante el proceso y la otra opera cuando existe una sentencia condenatoria firme, en tal caso aplicar ambas medidas violenta el debido proceso, y en consecuencia violenta el derecho a la propiedad del bien inmueble, puesto que la medida de incautación es suficiente para limitar el derecho de propiedad del bien inmueble, al restringir los derechos del imputado a vender, traspasar de cualquier modo, hipotecar, etc., por todo ello el Ad quem ha emitido un fallo conforme a derecho, respetando los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, así como que ha garantizado el derecho de Defensa de las partes en conflicto.- CONSIDERANDO (10): Por todo ello esta Sala Confirma la sentencia venida en consulta. El fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el Derecho de Defensa, para garantizar la efectividad del derecho material, por ende una tutela judicial efectiva, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, debe confirmarse la sentencia venida en consulta.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 3 y 5, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha cinco de agosto del dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia territorial en materia de corrupción, en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MANUEL ASDRUVAL MURILLO MARADIAGA, a favor de los niños ROBERTO ALEJANDRO, FELIPE ALEJANDRO Y PAULETTE ALEJANDRA todos de apellido BANDES AGUILERA. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0662-2019.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional