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Sentencia AP-633-19 — Registro 13028

Resumen

Se interpuso Recursos de Amparo contra la resolución en la Audiencia Ad Hoc que resolvió varios recursos de apelación por los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos y daños, en perjuicio de la administración y la fe pública del estado de Honduras.- Estimando los recurrentes que la decisión del Ad-quem, es violatoria en perjuicio de sus representados, de los derechos contenidos en los artículos 1, 59-64, 69, 80, 82, 89, 90, 92, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República, y; 1 numerales 1 y 2, 2 numeral 1, 7 numeral 4, y 8 numerales 1, 2 literales C), D), E), F) y H) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Hito

… "CONSIDERANDO (17): Que, asimismo, no se desprende lesión alguna al derecho de defensa de la imputada por la realización de audiencia de declaración de testigos con las formalidades legales correspondientes a la prueba anticipada; pues si bien la misma fue protestada por la defensora pública nombrada, ello no obstó a que la misma continuaré con el ejercicio responsable de la defensa técnica, la cual fue llevada a cabo con lealtad profesional a su representación procesal; manifestando oralmente lo que estimó favorable a su defensa, a lo largo de la audiencia, contrainterrogando al testigo ANGEL ROLANDO PERDOMO con reiteración, sobre la fiabilidad de sus dichos y sobre cómo hubo tal conocimiento de los hechos declarados. Denotándose, de todo ello, que se encuentra ajustada tal diligencia a los términos y alcances constitucionales, así como al tenor conjunto y armónico de las garantías procesales, pues se ha brindado una respuesta adecuada y razonable por la judicatura, en el marco  del debido proceso o proceso justo;[21] observando válidamente los elementos probatorios allegados, con observancia de los requisitos legales, para la conformación de la premisa fáctica (hechos probados), constatando el derecho pertinente y específicamente aplicable; obteniendo la inferencia lógico jurídica de imponer, en algunos casos, el auto de apertura a formal procesamiento y modificando, en otro, el sobreseimiento definitivo dictado a otro con carácter provisional (“applicatio legis ad factum”);[22] descartándose, con ello, la incidencia de consideraciones que pudieran viciar insubsanablemente las diligencias investigativas, actos y resoluciones judiciales emitidos durante la etapa preparatoria del proceso.“CONSIDERANDO (18): Que, en tal sentido, puede aseverarse desde una perspectiva constitucional que, la resolución dictada en fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, misma que resolvió varios recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en la Audiencia Inicial celebrada en fechas doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) al veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra los señores ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, OSCAR VALLECILLO MADRID, VICTOR RENE AGUIRRE, JORGE ALBERTO PORTILLO AGUILAR, SUYAPA ANGELINA PAZ DUBON, ERICK ULISES ROJAS GONZALES, JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS, GLORIA YOLANI CERROS PINEDA Y OLGA MARINA PONCE GARCIA, por imputarles los delitos de FRAUDE, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y DAÑOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; cumplió con su función de tutelar las garantías procesales, incluyendo el derecho de defensa y la presunción o Estado de inocencia; resultando amplia y suficiente la actividad motivadora adoptada por el Tribunal de Apelaciones al valorar la existencia de elementos de prueba para dar por acreditada la existencia de los ilícitos penales que se juzgan; encontrando, asimismo, indicios racionales que hacen suponer razonablemente la participación de los imputados, en la forma y calificación jurídico – penal que ha quedado relacionada; por lo cual no resulta de recibo que exista perjuicio a los derechos constitucionales invocados por parte de los Abogados garantistas; debiendo, en consecuencia, procederse al dictado de sentencia denegatoria a la presente Acción de Amparo Acumulada.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) El abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, a favor de los señores ERICK ULISES ROJAS Y LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ (registrado bajo el no. SCO-0633-2019), y; 2) El abogado JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON, a favor de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES (registrado bajo el no. SCO-0670-2020); todos contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en la Audiencia Ad Hoc, que comenzó en fecha nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2018), y concluyó en fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió varios recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en la Audiencia Inicial celebrada en fechas doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) al veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra los señores ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, OSCAR VALLECILLO MADRID, VICTOR RENE AGUIRRE, JORGE ALBERTO PORTILLO AGUILAR, SUYAPA ANGELINA PAZ DUBON, ERICK ULISES ROJAS GONZALES, JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS, GLORIA YOLANI CERROS PINEDA Y OLGA MARINA PONCE GARCIA, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y DAÑOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando los recurrentes que la decisión del Ad-quem, es violatoria en perjuicio de sus representados, de los derechos contenidos en los artículos 1, 59-64, 69, 80, 82, 89, 90, 92, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República, y; 1 numerales 1 y 2, 2 numeral 1, 7 numeral 4, y 8 numerales 1, 2 literales C), D), E), F) y H) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la abogada KAREN OSORTO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, OSCAR VALLECILLO MADRID, VICTOR RENE AGUIRRE, JORGE ALBERTO PORTILLO AGUILAR, SUYAPA ANGELINA PAZ DUBON, ERICK ULISES ROJAS GONZALES, JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS, GLORIA YOLANI CERROS PINEDA Y OLGA MARINA PONCE GARCIA, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y DAÑOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–17 del Tomo I de las piezas de antecedentes)- 2) Que en fechas doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) al veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), se celebró la Audiencia Inicial, en donde el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Por las razones y consideraciones establecidas en la motivación que antecede, SIN LUGAR LA EXCEPCION POR DOBLE JUZGAMIENTO, como la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES ambas incidencias planteadas por la Defensa ejercida por el Abogado Guifarro, SEGUNDO: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de los imputados 1.ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, 2.LILIAM AMEYDA MEZA HERNÁNDEZ, 3.JORGE ALBERTO DÍAZ SANTOS, 4.ERICK ULISES ROJAS, 5.JORGE ALBERTO PORTILLO, 6.GLORIA YOLANI CERROS Y 7.OLGA MARINA PONCE, por suponerlos responsable en la comisión del ilícito penal tipificado como VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- TERCERO: a favor de ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, JORGE ALBERTO DÍAZ SANTOS y ERICK ULISES ROJAS, se les decreta un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, por la comisión del ilícito penal tipificado como FRAUDE, en perjuicio de la Administración Publico y la Fe Pública del Estado de Honduras, CUARTO: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de ERICK ULISES ROJAS por suponerlo responsable en la comisión del ilícito penal tipificado como DAÑOS en perjuicio de la Administración Pública. QUINTO: SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de LILIAM AMEYDA MEZA HERNÁNDEZ por suponerla responsable en la comisión del ilícito penal tipificado como MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICA en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN COMO DE LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CUARTO: Como se ha establecido en la motivación que antecede, se le exhorta al ente fiscal mejorar tanto su carga probatoria como su argumentación jurídica en relación a individualizar cada imputación y cada sospechoso, en cuanto a los sobreseimientos provisionales otorgados, ya que se declara sin lugar los autos de formal procesamiento solicitados, excepto por el delito de violación a los deberes de los funcionarios. QUINTO: En cuanto a la imposición de medida cautelar idónea como proporcional a la condición personal de cada imputado, en relación a la proporcionalidad de la imputación decretada, a los imputados 1.LILIAM AMEYDA MEZA HERNÁNDEZ, 2.JORGE ALBERTO DÍAZ SANTOS, 3.ERICK ULISES ROJAS, 4.JORGE ALBERTO PORTILLO, 5.GLORIA YOLANI CERROS y 6.OLGA MARINA PONCE, se les impone las medidas cautelares consistentes en PRESENTACION UNA VEZ AL MES antes el sistema biométrico de éste órgano jurisdiccional, por lo que la caución juratoria anteriormente rendida a razón de declaración de imputado queda vigente, y como segunda medida se les decreta la PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAIS, sin previa autorización suscrita por el órgano jurisdiccional competente, por lo que se orden la emisión de los oficios al Departamento de Migración a efecto de establecer la solidez de dicha medida, igualmente queda vigente la caución juratoria. En relación a la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, se le decreta la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, a ser efectiva en el Centro Penitenciario donde actualmente se encuentra recluida por la privación de su libertad en causa distinta a la que hoy nos ocupa, para lo cual líbrese el oficio de merito. SEXTO: …”. (Folios 591–635 del Tomo II de las piezas de testimonio)- 3) Que como consta en la certificación anexada en el expediente, se conocieron de varios recursos de apelación, en la Audiencia Ad Hoc, que comenzó en fecha nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2018), y concluyó en fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, Resolvió: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Formal Procesamiento dictado contra ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS, ERICK ULISES ROJAS, JORGE ALBERTO PORTILLO, GLORIA YOLANI CERROS Y OLGA MARINA PONCE por suponerlos responsables del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula en fecha diez (10) de Octubre del año dos mil diecisiete (2017), (folio 591-635).- SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución anterior.- TERCERO: Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Juan Carlos Posadas en su condición de Fiscal del Ministerio Público contra el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de ADA ESPERANZA MUÑOZ, JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS Y ERICK ULISES ROJAS por suponerlos responsables del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula en fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), (folio 591-635).- CUARTO: REVOCAR dicho Sobreseimiento Provisional.- QUINTO: Se ordena que el Juez de Letras en base a ésta motivación proceda a dictar el Auto de Forma Procesamiento contra los imputados ADA ESPERANZA MUÑOZ, JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS Y ERICK ULISES ROJAS por suponerlos responsables del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEXTO: Declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de ERICK ULISES ROJAS por suponerlo responsable del delito de DAÑOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA.- SEPTIMO: REFORMAR el Sobreseimiento Definitivo a Sobreseimiento Provisional.- OCTAVO: Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de LILIAM AMEYDA MEZA por suponerla responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- NOVENO: REVOCAR el Sobreseimiento Provisional objeto de éste recurso.- DECIMO: Se ordena al Juez de Letras que una vez llegados que sean los autos al Juzgado se dicte el correspondiente Auto de Formal Procesamiento en contra de la procesada LILIAM AMEYDA MEZA por suponerla responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-” (Folios 2672–2725 del Tomo V de las piezas de antecedentes)- 4) Que comparecieron ante la Secretaria de la Sala Constitucional: A) El abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores ERICK ULISES ROJAS Y LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil diecinueve (2019), por considerar que el acto reclamado es violatorio, en perjuicio de sus representados, de los derechos contenidos en los artículos 1, 59, 60-64, 69, 80, 82, 89, 90, 92, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República, y; 8 numerales 1 y, 2 literales C), D) y H) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-0633-2019, y; B) El abogado JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, en fecha siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019), por considerar que el acto reclamado es violatorio, en perjuicio de su representada, de los derechos contenidos en los artículos 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, y; 1 numeral 1, 2 numeral 1, 7 numeral 4, 8 numeral 2 literales D), E) y F), de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-0670-2019; ambas contra la resolución que se deja relacionada en el numeral anterior. (Folios del 1-59 y 71–110 del presente Recurso)- 5) Que en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal dispuso: (SIC) “VISTOS los antecedentes en los presentes Recursos de Amparo Penal SCO-0633-19 y SCO-0670-19; y seguidamente del estudio de las mismas, ésta sala logra apreciar que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto, considerando procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de amparo de mérito produzcan una sola sentencia, por lo que se resuelve acumular los amparos descritos.” (Folio 121 del presente Recurso).- 6) Que en fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el Recurso de Amparo no. SCO-0633-2019; por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en el Recurso de Amparo no. SCO-0670-2019, y; a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 131 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer. Tiene por objeto mantener, o restituir, a la persona en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones, y otros Instrumentos Internacionales establecen.- CONSIDERANDO (2): Que, asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; se podrá promover la garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable; por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que la formalización del recurso de amparo acumulado se llevó a cabo, en tiempo y forma, por el siguiente garantista: a) Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, quien realizó formalización favor de los señores ERICK ULISES ROJAS Y LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, registrado en este Tribunal bajo en número de expediente SCO-0633-2019; mientras que se interpuso idéntica garantía constitucional por el abogado JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON, a favor de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, registrado bajo el número de expediente SCO-0670-2020, ambos contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió varios recursos de apelación, según obra transcrito en el Antecedente 3) de la presente sentencia; afirmando los amparistas que tal resolución resulta violatoria a los derechos constitucionales establecidos en los artículos 1, 59-64, 69, 80, 82, 89, 90, 92, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República, y; 1 numerales 1 y 2, 2 numeral 1, 7 numeral 4, y 8 numerales 1, 2 literales C), D), E), F) y H) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (4): Que, respecto al contenido de las acciones constitucionales acumuladas, han señalado los recurrentes la existencia de múltiples agravios hacia el debido proceso. a) En su respectiva formalización, ha manifestado el abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA que censuraba la indebida valoración probatoria que concedió la honorable Corte de Apelaciones Penal a determinados hechos o circunstancias, en perjuicio de sus representados, los señores ERICK ULISES ROJAS Y LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, en abierta infracción a las normas de valoración y, por tanto, al derecho de defensa de los endilgados; habida cuenta la omisión de razonamiento, respecto a los contraindicios y argumentos de esa representación procesal, de los cuales no se deriva razón suficiente para individualizar y formalizar procesamiento.- CONSIDERANDO (5): Que, en formalización de su recurso, continuó manifestando el abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA que la referida sentencia dictada por el Ad Quem en fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y en que se resolvieron tanto los recursos interpuestos por el Ministerio Público, por esa defensa y la de otros coacusados; causa los siguientes agravios a sus representados: I. La admisión por la honorable Corte de Apelaciones Penal de prueba en segunda instancia propuesta por el Ministerio Público, consistente en declaraciones testificales rendidas con las formalidades de la prueba anticipada. Empero, su resolución se sustenta en una sola de estas declaraciones, la cual se desvinculó totalmente del resto de medios de prueba evacuados en el proceso; centrándose únicamente en la declaración testimonial que rindiera el señor ANGEL ROLANDO PERDOMO, quien fue funcionario de la Municipalidad de San Pedro Sula con posterioridad a los hechos que forman parte del requerimiento fiscal; en la cual sólo declara,[1] que su representada, LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ y otros cajeros eran “mencionados” como empleados que se beneficiaban de los ingresos municipales, situación que cambió después de que se eliminaron los puestos de caja en la Municipalidad. Refiere que por una casi invisible presencia del defensor público en la audiencia de declaración testifical bajo las formalidades de la prueba anticipada, se evitó auscultar a fondo sobre tales aspectos y preguntarle al testigo como acreditaba la veracidad de sus dichos; infringiendo, así las reglas de valoración probatoria consignadas en el artículo 202 del Código Procesal Penal, con relación al artículo 82 de la Constitución de la República, inter alia, así como las de razón suficiente; pues ningún medio de prueba refiere que el señor ERICK ULISES ROJAS se le haya señalado de apropiarse de cantidad de dinero alguna. II. Que la Corte Ad Quem solo incluyo en su valoración prueba que determina la calidad de funcionario público de los imputados y no la comisión de los delitos imputados; tanto con relación al señor ERICK ULISES ROJAS, como a la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ; incluyendo el acta de cancelación del acuerdo de nombramiento de ésta última; elemento que argumenta la Alzada genera una convicción positiva de su participación en el delito, aspecto de índole laboral que fue valorado indebidamente en contra de su representada por la Alzada.- CONSIDERANDO (6): Que, siempre en formalización de su recurso, manifestó el abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA desarrolló los siguientes aspectos argumentativos: III. Que la honorable Corte de Apelaciones Penal para sustentar su resolución respecto de dos delitos distintos, utiliza los mismos argumentos de valoración probatoria; omitiendo su razonamiento sobre la concurrencia de concurso aparente de leyes, de conformidad a lo consignado en el artículo 2-A del Código Penal, pues la conducta imputada a sus representados sólo aparentemente puede subsumirse en más de un precepto penal, lo cual se resuelve al acudir los principios de especialidad, subsidiariedad y consunción o absorción; de cuyo prolijo análisis se lograría identificar que el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, absorbe o consume la tipicidad al delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en lo que concierne a su representada LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ; mientras que, en lo concerniente a su representado, el señor ERICK ULISES ROJAS: “El delito de FRAUDE desplaza por absorción al delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS”; aspectos que distan de la mera legalidad en atención a que la valoración probatoria de la Alzada es la misma para cada delito imputado; obviando inclusive pronunciarse sobre tales argumentos que fueron esbozados por la Defensa, en el decurso del proceso. IV. Finalmente, que la Corte de Apelaciones Penal le da el valor de indicios a hechos que no ostentan tal condición por estar plagados de contraindicios, en indebida valoración probatoria y en desapego del debido proceso; de todo lo cual se infiere que no existen indicios suficientes de que la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ efectivamente se hubiera apropiado de cantidad de dinero alguna; de lo que resultaba procedente el dictado de sobreseimiento provisional por parte del Juzgado A Quo. Del mismo modo, no se emplearon bien las reglas de valoración probatoria por la Alzada al analizar los supuestos indicios de responsabilidad contra su representado, el señor ERICK ULISES ROJAS, los cuales resultan insuficientes para señalar que efectivamente borró del sistema informático determinada cuenta, en perjuicio de determinada persona y en beneficio de otra; por todo lo cual, solicita se otorgue amparo solicitado a su favor, indicando que la resolución impugnada no les es aplicable a sus representados, en cuanto tergiversa, disminuye y contraviene los derechos fundamentales de los que gozan sus representados.- CONSIDERANDO (7): Que, en cuanto al garantista: b) JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON, compareció en la interposición de su recurso constitucional de amparo a favor de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, expresando que encuentra dicha resolución de apelaciones violatoria a los derechos de legítima defensa y el debido proceso de su representada, según establecidos en los artículos 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183 y 321 de la Constitución de la República; artículos 1 numeral 1; 2 numeral 1; 7 numeral 4; 8 numeral 2, incisos D), E) y F) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; en correlación a las disposiciones adjetivas contentivas en la Ley Sobre Justicia Constitucional. Manifiesta el amparista que, tras una relación sucinta de los hechos, se desprende la improcedencia de lo actuado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula en fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), al revocar el sobreseimiento provisional dictado por la instancia en favor de su representada, por suponerle responsable del delito de FRAUDE en perjuicio de Administración Pública y la Fe Pública del Estado. Desglosándose así, los agravios producidos: 1) Que la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, dictó resolución sin analizar los argumentos de la defensa: “… en cuanto a la no admisión de los medios de prueba que la fiscalía no presento en la audiencia inicial” (Sic.), ya que el artículo 294 párrafo tercero del Código Procesal Penal, establece que la parte que pretenda evacuar elementos de prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el juez resolverá únicamente con aquellos que se incorpore; actuación que estima contraviene la preceptiva constitucional anteriormente citada, en perjuicio de su representada.- CONSIDERANDO (8): Que, asimismo, concurre al agravio constitucional planteado: 2) Que la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, admitió medios de prueba ilegales, ya que se practicó una audiencia de prueba anticipada designando la Defensa Pública para tal menester, conociendo la Fiscalía que él era el Abogado Defensor de la señora ADA MUÑOZ, de lo cual obra constancia en el folio 86 del expediente de mérito, donde se hace constar por la Defensa nombrada, en acto previo al interrogatorio, que comparecía únicamente por haber sido nombrada por dicho juzgado para validar dicho acto, no en la condición de defensora de la señora ADA MUÑOZ, ni VÍCTOR AGUIRRE, ni otros. Sin embargo, pese al pleno conocimiento habido, no consta que el Ministerio Público hubiere citado al Abogado Defensor JULIO GUIFARRO, conociendo la representación que se ostentaba para la defensa de la señora ADA MUÑOZ. Refiere que ya había solicitado en fecha 28 de diciembre de 2016, (Sic.) que se le informara de cada uno de los procesos. Sin embargo, en el expediente no consta tal notificación, con responsabilidad para el ente fiscal, pues aun si es una etapa investigativa se debe respetar el derecho de defensa. Refiere que, respondiendo a una solicitud del Ministerio Público, la Juez de Instancia menciona que tal diligencia prejudicial realizada son actos meramente investigativos del Ministerio Público y que no existe ningún personamiento del señor JULIO GUIFARRO en causa específica y que, como no se ha presentado personamiento en causa judicial, es este el motivo por el cual se resuelve dar un traslado a un defensor público para que dé legalidad al proceso, sin perjuicio que procuro (Sic.) que estuviera el señor JULIO GUIFARRO en esta audiencia, solicitada por el Ministerio Público en fecha 29 de abril de 2016. Lo cual advierte en contradicción al derecho de defensa del artículo 82 de la Constitución de la República y a los principios de intimación y de imputación que reconoce el artículo 8 numerales 1, 2, literal b) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; que garantizan el conocimiento por el imputado de la acusación desde el primer momento, inclusive antes de la iniciación del proceso contra él por el Ministerio Público, con asistencia de su defensa técnica; en detrimento del derecho a un debido proceso legal que asiste a su representada.- CONSIDERANDO (9): Que, finalmente, plantea el siguiente agravio constitucional el garantista JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON: 3) Que el derecho de defensa de su representada también se ha visto vulnerado al darle fuerza de ley a las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía, las cuales fueron copias, no autenticadas. Lo anterior, en contraposición a lo que establecen los artículos 278 del Código Procesal Civil (Norma supletoria) y 286 del mismo Código, que establece el valor probatorio de una copia fotostática y su cotejo; las cuales no pudieron contradecirse por no haberse ratificado por los declarantes en la Audiencia Inicial. Asimismo, adjunta copia de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, expediente número 82-2018 a favor de los señores WILFREDO CERRATO DURÓN y RAMÓN LOBO SOSA, donde se puede apreciar una identidad de hechos con los aquí ventilados y por los cuales se tiene presentado el amparo correspondiente; lo cual se ha esgrimido reiteradamente en distintas instancias, evidenciando así la violación al derecho de defensa de su representada; por todo lo cual, solicita se otorgue amparo solicitado a su favor.- CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional, en su dimensión objetiva; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras.- CONSIDERANDO (11): Que el sistema de justicia penal hondureña obedece a la exigencia constitucional, acorde los artículos 303 y 304 de la Norma Fundamental, referida a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En desarrollo a tal preceptiva constitucional, la Sala de lo Constitucional ha aseverado y ratificado la sujeción del Juez a los principios rectores que garantizan los derechos fundamentales; constituyendo, asimismo, un límite eficiente a la intervención del poder estatal en la esfera indecidible de los derechos de la persona humana.- CONSIDERANDO (12): Que, concatenado a lo anterior y vista para resolución la presente garantía constitucional de amparo, cabe referir lo expresado por la Sala de lo Constitucional sobre el debido proceso, establecido al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en virtud de tratarse de un fundamento común invocado como infringido por parte de los peticionarios, en los recursos acumulados y vistos para sentencia: Que el debido proceso se encuentra conformado por un valioso conglomerado de derechos, garantías y formalidades establecidas por la ley; derecho a un juicio justo que resulta conglobante del respeto y garantía al conjunto de derechos fundamentales, como son el derecho a un juez independiente e imparcial, preestablecido regularmente de conformidad a ley; el derecho de contradicción y audiencia; el derecho de defensa; al estado de inocencia; derecho a una notificación razonable y a la publicidad de las actuaciones procesales; derecho a obtener resoluciones motivadas y fundadas jurídicamente, en proscripción al libre arbitrismo judicial; expresados todos de manera meramente enunciativa y no limitativa, o excluyente de otros derechos.- CONSIDERANDO (13): Que, para esta Sala de lo Constitucional, los principios y derechos antes enunciados resultan plenamente observados en la motivación empleada por la Corte de Apelaciones concernida al efectuar el control de racionalidad y de sujeción a legalidad respecto a los recursos de apelación realizados por el Ministerio Público y la Defensa Técnica de los imputados; al concluir, en primer lugar, la constatación de indicios graves y concomitantes de la realización de una pluralidad de hechos ilícitos y la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos y exigencias de tipificación legal para decretar auto de formal procesamiento,[2] contra los ciudadanos LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, ERICK ULISES ROJAS y ADA MUÑOZ; según se desprende del examen de la prueba practicada y conocida en segunda instancia, en la resolución que es objeto de amparo.- CONSIDERANDO (14): Que acorde el estudio realizado en los antecedentes y a la propia resolución recurrida, esta Sala se pronuncia así, respecto a los alegatos promovidos y manifestados por los recurrentes, por su orden: a) En cuanto a la formalización y ratificación de amparo presentada por el abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA en el recurso de amparo a favor de los señores ERICK ULISES ROJAS Y LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, destacan argumentos alusivos a la falta de motivación judicial suficiente y en cuanto a su falta de coherencia interna, para indiciar la comisión de los delitos por los cuales se imputa a sus representados; asimismo a censurar la deficiente actividad realizada por la Defensa Técnica nombrada con las formalidades legales para acompañar la declaración de testigos allegados en concepto de prueba anticipada. Tales argumentos legales que no contrastan el abundante sustento probatorio testifical y documental que obra en el proceso, pues cabe reconocer que la Corte de Apelaciones de lo Penal conocedora del caso,[3] desarrolla motivación bastante y suficiente en lo que respecta a la contribución, o aporte especial de los imputados al delito investigado.[4] Para el caso de la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, la formalización de su procesamiento no descansa sólo por la causa esgrimida para cancelar su acuerdo de nombramiento, elemento de prueba examinado de forma somera, al final de la motivación; sino que en el análisis jurídico que amerita al Ad Quem el encontrarse facturas de contribuyentes con el sello y firma que utilizaba dicha persona en su función como cajera municipal; de los cuales se constata que dichos codos no estaban agregados al conjunto de codos y facturas cobradas, agrupadas, sumadas y entregadas ese día a favor de la Municipalidad; en correlación al Reporte Desglosado de Ingresos del día y a las boletas bancarias en que se realizó el depósito total en efectivo y cheques por la cajera en mención;[5] hallazgos que también fueron anotados nominalmente por la Auditoría y de los cuales se infiere que, actuando en su carácter de funcionaria pública, la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ recibía en calidad de cajera el dinero que los contribuyentes enteraban para el pago de sus impuestos; cobraba y sellaba como “pagado” tales ingresos, pero no los ingresaba al sistema SIT, como correspondería; lo que hacía que dichos contribuyentes, habiendo pagado sus impuestos municipales, aparecieran, no obstante, en mora; lográndose acreditar tales extremos, inter alia, con el informe y auditoría forense.- CONSIDERANDO (15): Que, por otra parte, en cuanto a la indización contradictoria de la prueba allegada a la Audiencia y el supuesto carácter excluyente entre los delitos imputados al señor ERICK ULISES ROJAS, se considera que tales argumentos no son objeto propio de la justicia constitucional, al versar más sobre la calificación judicial de los hechos imputados, pretendiendo, para el caso, que: “El delito de FRAUDE desplaza por absorción al delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS”; por lo cual no cabía formalizar procesamiento por ambos delitos separados y en forma autónoma; consideraciones de orden concursal sobre normas y delitos, las cuales, si bien se han esgrimido con carácter dogmático jurídico-penal por el Censor, no resultan eficientes para acreditar la violación a los derechos constitucionales de su representado, según informa la vista de formalización de amparo. De igual manera, se desestiman los alegatos contra la motivación del delito de FRAUDE anteriormente relacionado, pues constan indicios plurales, tanto en sede de prueba testimonial anticipada, como en el orden documental (información tributaria y de auditoría forense por el Ministerio Público), donde se acredita el menoscabo doloso sufrido por el patrimonio municipal de la Ciudad de San Pedro Sula e indicios racionales de oportunidad y manifestación que vinculan al imputado señor ERICK ULISES ROJAS, a título de causa probable, con la comisión de los hechos investigados; así como también causa razonable para sobreseerle, provisionalmente, en las diligencias seguidas en su contra por el delito de DAÑOS. Por otra parte, se considera por la Sala que las alegaciones genéricas relativas a la deficiente actividad realizada por la Defensa Técnica, la cual se reconoce como nombrada con las formalidades legales, para acompañar la declaración de testigos allegados en anticipo de prueba; éste último fue controlado por la Juez de Garantías conocedora del caso y se entiende que revisado en cuanto el fumus bonis iuris y, sobre todo, en cuanto a la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de anticipar tales elementos de prueba (periculum in mora); razón por la que fueron, excepcionalmente, autorizados.[6] En homogeneidad a anteriores y concomitantes pronunciamientos de la Sala, se considera que tales alegaciones de orden técnico jurídico, versan a la reconsideración de criterios de legalidad procesal, más sin trascender a mostrar agravio al derecho de defensa de sus representados; esto es, sin allegar sustanciales razones para la discrepancia constitucional.- CONSIDERANDO (16): Que siguiendo el estudio de la interposición de amparo promovida por: b) JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON a favor de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, considera esta Sala no configurarse el agravio postulado, concurriendo las apreciaciones jurídicas que obran en el Considerando anterior, las cuales son por entero aplicables a la razón jurídica que motiva la admisibilidad afirmativa de la prueba de segunda instancia que fue valorada en la sentencia, según acaecida en la fase de investigación preliminar; que va desde la noticia criminis hasta la presentación del requerimiento fiscal (intimación al imputado de los cargos que pesan en su contra); la cual se reconduce a la observancia del artículo 100 numeral 10) (Sic.), pues se aprecia que la persona imputada ha contado con su abogado defensor privado desde la presentación del requerimiento fiscal, quien en este caso es el letrado recurrente.[7]- CONSIDERANDO (17): Que, asimismo, no se desprende lesión alguna al derecho de defensa de la imputada por la realización de audiencia de declaración de testigos con las formalidades legales correspondientes a la prueba anticipada; pues si bien la misma fue protestada por la defensora pública nombrada, ello no obstó a que la misma continuaré con el ejercicio responsable de la defensa técnica, la cual fue llevada a cabo con lealtad profesional a su representación procesal; manifestando oralmente lo que estimó favorable a su defensa, a lo largo de la audiencia, contrainterrogando al testigo ANGEL ROLANDO PERDOMO con reiteración, sobre la fiabilidad de sus dichos y sobre cómo hubo tal conocimiento de los hechos declarados. Denotándose, de todo ello, que se encuentra ajustada tal diligencia a los términos y alcances constitucionales,[8] así como al tenor conjunto y armónico de las garantías procesales;[9] pues se ha brindado una respuesta adecuada y razonable por la judicatura, en el marco del debido proceso o proceso justo;[10] observando válidamente los elementos probatorios allegados, con observancia de los requisitos legales, para la conformación de la premisa fáctica (hechos probados), constatando el derecho pertinente y específicamente aplicable; obteniendo la inferencia lógico jurídica de imponer, en algunos casos, el auto de apertura a formal procesamiento y modificando, en otro, el sobreseimiento definitivo dictado a otro con carácter provisional (“applicatio legis ad factum”);[11] descartándose, con ello, la incidencia de consideraciones que pudieran viciar insubsanablemente las diligencias investigativas, actos y resoluciones judiciales emitidos durante la etapa preparatoria del proceso.- CONSIDERANDO (18): Que, en tal sentido, puede aseverarse desde una perspectiva constitucional que, la resolución dictada en fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, misma que resolvió varios recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en la Audiencia Inicial celebrada en fechas doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) al veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra los señores ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, OSCAR VALLECILLO MADRID, VICTOR RENE AGUIRRE, JORGE ALBERTO PORTILLO AGUILAR, SUYAPA ANGELINA PAZ DUBON, ERICK ULISES ROJAS GONZALES, JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS, GLORIA YOLANI CERROS PINEDA Y OLGA MARINA PONCE GARCIA, por imputarles los delitos de FRAUDE, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y DAÑOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; cumplió con su función de tutelar las garantías procesales, incluyendo el derecho de defensa y la presunción o Estado de inocencia; resultando amplia y suficiente la actividad motivadora adoptada por el Tribunal de Apelaciones al valorar la existencia de elementos de prueba para dar por acreditada la existencia de los ilícitos penales que se juzgan; encontrando, asimismo, indicios racionales que hacen suponer razonablemente la participación de los imputados, en la forma y calificación jurídico – penal que ha quedado relacionada; por lo cual no resulta de recibo que exista perjuicio a los derechos constitucionales invocados por parte de los Abogados garantistas; debiendo, en consecuencia, procederse al dictado de sentencia denegatoria a la presente Acción de Amparo Acumulada.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 4, 15, 59, 62, 82, 90, 92, 183, 303, 313 No.5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46 numeral 1) y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1. DENEGANDO el Recurso de Amparo promovido por el abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, a favor de los señores ERICK ULISES ROJAS Y LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ (registrado bajo el no. SCO-0633-2019) y; 2. DENEGANDO el Recurso de Amparo promovido por el abogado JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON, a favor de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES (registrado bajo el no. SCO-0670-2020). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil veinte (2020), recaídas en los Recursos de Amparo Penal, registrados en este Tribunal bajo los números 0633 y 0670-2019.

Y a solicitud del abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil veinte (2020), recaídas en los Recursos de Amparo Penal, registrados en este Tribunal bajo los números 0633 y 0670-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) El abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, a favor de los señores ERICK ULISES ROJAS Y LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ (registrado bajo el no. SCO-0633-2019), y; 2) El abogado JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON, a favor de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES (registrado bajo el no. SCO-0670-2020); todos contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en la Audiencia Ad Hoc, que comenzó en fecha nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2018), y concluyó en fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió varios recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en la Audiencia Inicial celebrada en fechas doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) al veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra los señores ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, OSCAR VALLECILLO MADRID, VICTOR RENE AGUIRRE, JORGE ALBERTO PORTILLO AGUILAR, SUYAPA ANGELINA PAZ DUBON, ERICK ULISES ROJAS GONZALES, JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS, GLORIA YOLANI CERROS PINEDA Y OLGA MARINA PONCE GARCIA, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y DAÑOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando los recurrentes que la decisión del Ad-quem, es violatoria en perjuicio de sus representados, de los derechos contenidos en los artículos 1, 59-64, 69, 80, 82, 89, 90, 92, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República, y; 1 numerales 1 y 2, 2 numeral 1, 7 numeral 4, y 8 numerales 1, 2 literales C), D), E), F) y H) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la abogada KAREN OSORTO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, OSCAR VALLECILLO MADRID, VICTOR RENE AGUIRRE, JORGE ALBERTO PORTILLO AGUILAR, SUYAPA ANGELINA PAZ DUBON, ERICK ULISES ROJAS GONZALES, JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS, GLORIA YOLANI CERROS PINEDA Y OLGA MARINA PONCE GARCIA, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y DAÑOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–17 del Tomo I de las piezas de antecedentes)- 2) Que en fechas doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) al veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), se celebró la Audiencia Inicial, en donde el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Por las razones y consideraciones establecidas en la motivación que antecede, SIN LUGAR LA EXCEPCION POR DOBLE JUZGAMIENTO, como la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES ambas incidencias planteadas por la Defensa ejercida por el Abogado Guifarro, SEGUNDO: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de los imputados 1.ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, 2.LILIAM AMEYDA MEZA HERNÁNDEZ, 3.JORGE ALBERTO DÍAZ SANTOS, 4.ERICK ULISES ROJAS, 5.JORGE ALBERTO PORTILLO, 6.GLORIA YOLANI CERROS Y 7.OLGA MARINA PONCE, por suponerlos responsable en la comisión del ilícito penal tipificado como VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- TERCERO: a favor de ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, JORGE ALBERTO DÍAZ SANTOS y ERICK ULISES ROJAS, se les decreta un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, por la comisión del ilícito penal tipificado como FRAUDE, en perjuicio de la Administración Publico y la Fe Pública del Estado de Honduras, CUARTO: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de ERICK ULISES ROJAS por suponerlo responsable en la comisión del ilícito penal tipificado como DAÑOS en perjuicio de la Administración Pública. QUINTO: SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de LILIAM AMEYDA MEZA HERNÁNDEZ por suponerla responsable en la comisión del ilícito penal tipificado como MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICA en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN COMO DE LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CUARTO: Como se ha establecido en la motivación que antecede, se le exhorta al ente fiscal mejorar tanto su carga probatoria como su argumentación jurídica en relación a individualizar cada imputación y cada sospechoso, en cuanto a los sobreseimientos provisionales otorgados, ya que se declara sin lugar los autos de formal procesamiento solicitados, excepto por el delito de violación a los deberes de los funcionarios. QUINTO: En cuanto a la imposición de medida cautelar idónea como proporcional a la condición personal de cada imputado, en relación a la proporcionalidad de la imputación decretada, a los imputados 1.LILIAM AMEYDA MEZA HERNÁNDEZ, 2.JORGE ALBERTO DÍAZ SANTOS, 3.ERICK ULISES ROJAS, 4.JORGE ALBERTO PORTILLO, 5.GLORIA YOLANI CERROS y 6.OLGA MARINA PONCE, se les impone las medidas cautelares consistentes en PRESENTACION UNA VEZ AL MES antes el sistema biométrico de éste órgano jurisdiccional, por lo que la caución juratoria anteriormente rendida a razón de declaración de imputado queda vigente, y como segunda medida se les decreta la PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAIS, sin previa autorización suscrita por el órgano jurisdiccional competente, por lo que se orden la emisión de los oficios al Departamento de Migración a efecto de establecer la solidez de dicha medida, igualmente queda vigente la caución juratoria. En relación a la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, se le decreta la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, a ser efectiva en el Centro Penitenciario donde actualmente se encuentra recluida por la privación de su libertad en causa distinta a la que hoy nos ocupa, para lo cual líbrese el oficio de merito. SEXTO: …”. (Folios 591–635 del Tomo II de las piezas de testimonio)- 3) Que como consta en la certificación anexada en el expediente, se conocieron de varios recursos de apelación, en la Audiencia Ad Hoc, que comenzó en fecha nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2018), y concluyó en fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, Resolvió: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Formal Procesamiento dictado contra ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS, ERICK ULISES ROJAS, JORGE ALBERTO PORTILLO, GLORIA YOLANI CERROS Y OLGA MARINA PONCE por suponerlos responsables del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula en fecha diez (10) de Octubre del año dos mil diecisiete (2017), (folio 591-635).- SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución anterior.- TERCERO: Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Juan Carlos Posadas en su condición de Fiscal del Ministerio Público contra el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de ADA ESPERANZA MUÑOZ, JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS Y ERICK ULISES ROJAS por suponerlos responsables del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula en fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), (folio 591-635).- CUARTO: REVOCAR dicho Sobreseimiento Provisional.- QUINTO: Se ordena que el Juez de Letras en base a ésta motivación proceda a dictar el Auto de Forma Procesamiento contra los imputados ADA ESPERANZA MUÑOZ, JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS Y ERICK ULISES ROJAS por suponerlos responsables del delito de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEXTO: Declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de ERICK ULISES ROJAS por suponerlo responsable del delito de DAÑOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA.- SEPTIMO: REFORMAR el Sobreseimiento Definitivo a Sobreseimiento Provisional.- OCTAVO: Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de LILIAM AMEYDA MEZA por suponerla responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- NOVENO: REVOCAR el Sobreseimiento Provisional objeto de éste recurso.- DECIMO: Se ordena al Juez de Letras que una vez llegados que sean los autos al Juzgado se dicte el correspondiente Auto de Formal Procesamiento en contra de la procesada LILIAM AMEYDA MEZA por suponerla responsable del delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-” (Folios 2672–2725 del Tomo V de las piezas de antecedentes)- 4) Que comparecieron ante la Secretaria de la Sala Constitucional: A) El abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores ERICK ULISES ROJAS Y LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil diecinueve (2019), por considerar que el acto reclamado es violatorio, en perjuicio de sus representados, de los derechos contenidos en los artículos 1, 59, 60-64, 69, 80, 82, 89, 90, 92, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República, y; 8 numerales 1 y, 2 literales C), D) y H) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-0633-2019, y; B) El abogado JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, en fecha siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019), por considerar que el acto reclamado es violatorio, en perjuicio de su representada, de los derechos contenidos en los artículos 64, 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, y; 1 numeral 1, 2 numeral 1, 7 numeral 4, 8 numeral 2 literales D), E) y F), de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; quedando registrado en la Sala bajo en numero de expediente SCO-0670-2019; ambas contra la resolución que se deja relacionada en el numeral anterior. (Folios del 1-59 y 71–110 del presente Recurso)- 5) Que en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal dispuso: (SIC) “VISTOS los antecedentes en los presentes Recursos de Amparo Penal SCO-0633-19 y SCO-0670-19; y seguidamente del estudio de las mismas, ésta sala logra apreciar que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto, considerando procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que las acciones de amparo de mérito produzcan una sola sentencia, por lo que se resuelve acumular los amparos descritos.” (Folio 121 del presente Recurso).- 6) Que en fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el Recurso de Amparo no. SCO-0633-2019; por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en el Recurso de Amparo no. SCO-0670-2019, y; a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 131 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer. Tiene por objeto mantener, o restituir, a la persona en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones, y otros Instrumentos Internacionales establecen.- CONSIDERANDO (2): Que, asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; se podrá promover la garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable; por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que la formalización del recurso de amparo acumulado se llevó a cabo, en tiempo y forma, por el siguiente garantista: a) Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, quien realizó formalización favor de los señores ERICK ULISES ROJAS Y LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, registrado en este Tribunal bajo en número de expediente SCO-0633-2019; mientras que se interpuso idéntica garantía constitucional por el abogado JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON, a favor de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, registrado bajo el número de expediente SCO-0670-2020, ambos contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió varios recursos de apelación, según obra transcrito en el Antecedente 3) de la presente sentencia; afirmando los amparistas que tal resolución resulta violatoria a los derechos constitucionales establecidos en los artículos 1, 59-64, 69, 80, 82, 89, 90, 92, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República, y; 1 numerales 1 y 2, 2 numeral 1, 7 numeral 4, y 8 numerales 1, 2 literales C), D), E), F) y H) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (4): Que, respecto al contenido de las acciones constitucionales acumuladas, han señalado los recurrentes la existencia de múltiples agravios hacia el debido proceso. a) En su respectiva formalización, ha manifestado el abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA que censuraba la indebida valoración probatoria que concedió la honorable Corte de Apelaciones Penal a determinados hechos o circunstancias, en perjuicio de sus representados, los señores ERICK ULISES ROJAS Y LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, en abierta infracción a las normas de valoración y, por tanto, al derecho de defensa de los endilgados; habida cuenta la omisión de razonamiento, respecto a los contraindicios y argumentos de esa representación procesal, de los cuales no se deriva razón suficiente para individualizar y formalizar procesamiento.- CONSIDERANDO (5): Que, en formalización de su recurso, continuó manifestando el abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA que la referida sentencia dictada por el Ad Quem en fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y en que se resolvieron tanto los recursos interpuestos por el Ministerio Público, por esa defensa y la de otros coacusados; causa los siguientes agravios a sus representados: I. La admisión por la honorable Corte de Apelaciones Penal de prueba en segunda instancia propuesta por el Ministerio Público, consistente en declaraciones testificales rendidas con las formalidades de la prueba anticipada. Empero, su resolución se sustenta en una sola de estas declaraciones, la cual se desvinculó totalmente del resto de medios de prueba evacuados en el proceso; centrándose únicamente en la declaración testimonial que rindiera el señor ANGEL ROLANDO PERDOMO, quien fue funcionario de la Municipalidad de San Pedro Sula con posterioridad a los hechos que forman parte del requerimiento fiscal; en la cual sólo declara,[12] que su representada, LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ y otros cajeros eran “mencionados” como empleados que se beneficiaban de los ingresos municipales, situación que cambió después de que se eliminaron los puestos de caja en la Municipalidad. Refiere que por una casi invisible presencia del defensor público en la audiencia de declaración testifical bajo las formalidades de la prueba anticipada, se evitó auscultar a fondo sobre tales aspectos y preguntarle al testigo como acreditaba la veracidad de sus dichos; infringiendo, así las reglas de valoración probatoria consignadas en el artículo 202 del Código Procesal Penal, con relación al artículo 82 de la Constitución de la República, inter alia, así como las de razón suficiente; pues ningún medio de prueba refiere que el señor ERICK ULISES ROJAS se le haya señalado de apropiarse de cantidad de dinero alguna. II. Que la Corte Ad Quem solo incluyo en su valoración prueba que determina la calidad de funcionario público de los imputados y no la comisión de los delitos imputados; tanto con relación al señor ERICK ULISES ROJAS, como a la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ; incluyendo el acta de cancelación del acuerdo de nombramiento de ésta última; elemento que argumenta la Alzada genera una convicción positiva de su participación en el delito, aspecto de índole laboral que fue valorado indebidamente en contra de su representada por la Alzada.- CONSIDERANDO (6): Que, siempre en formalización de su recurso, manifestó el abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA desarrolló los siguientes aspectos argumentativos: III. Que la honorable Corte de Apelaciones Penal para sustentar su resolución respecto de dos delitos distintos, utiliza los mismos argumentos de valoración probatoria; omitiendo su razonamiento sobre la concurrencia de concurso aparente de leyes, de conformidad a lo consignado en el artículo 2-A del Código Penal, pues la conducta imputada a sus representados sólo aparentemente puede subsumirse en más de un precepto penal, lo cual se resuelve al acudir los principios de especialidad, subsidiariedad y consunción o absorción; de cuyo prolijo análisis se lograría identificar que el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, absorbe o consume la tipicidad al delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en lo que concierne a su representada LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ; mientras que, en lo concerniente a su representado, el señor ERICK ULISES ROJAS: “El delito de FRAUDE desplaza por absorción al delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS”; aspectos que distan de la mera legalidad en atención a que la valoración probatoria de la Alzada es la misma para cada delito imputado; obviando inclusive pronunciarse sobre tales argumentos que fueron esbozados por la Defensa, en el decurso del proceso. IV. Finalmente, que la Corte de Apelaciones Penal le da el valor de indicios a hechos que no ostentan tal condición por estar plagados de contraindicios, en indebida valoración probatoria y en desapego del debido proceso; de todo lo cual se infiere que no existen indicios suficientes de que la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ efectivamente se hubiera apropiado de cantidad de dinero alguna; de lo que resultaba procedente el dictado de sobreseimiento provisional por parte del Juzgado A Quo. Del mismo modo, no se emplearon bien las reglas de valoración probatoria por la Alzada al analizar los supuestos indicios de responsabilidad contra su representado, el señor ERICK ULISES ROJAS, los cuales resultan insuficientes para señalar que efectivamente borró del sistema informático determinada cuenta, en perjuicio de determinada persona y en beneficio de otra; por todo lo cual, solicita se otorgue amparo solicitado a su favor, indicando que la resolución impugnada no les es aplicable a sus representados, en cuanto tergiversa, disminuye y contraviene los derechos fundamentales de los que gozan sus representados.- CONSIDERANDO (7): Que, en cuanto al garantista: b) JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON, compareció en la interposición de su recurso constitucional de amparo a favor de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, expresando que encuentra dicha resolución de apelaciones violatoria a los derechos de legítima defensa y el debido proceso de su representada, según establecidos en los artículos 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183 y 321 de la Constitución de la República; artículos 1 numeral 1; 2 numeral 1; 7 numeral 4; 8 numeral 2, incisos D), E) y F) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; en correlación a las disposiciones adjetivas contentivas en la Ley Sobre Justicia Constitucional. Manifiesta el amparista que, tras una relación sucinta de los hechos, se desprende la improcedencia de lo actuado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula en fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), al revocar el sobreseimiento provisional dictado por la instancia en favor de su representada, por suponerle responsable del delito de FRAUDE en perjuicio de Administración Pública y la Fe Pública del Estado. Desglosándose así, los agravios producidos: 1) Que la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, dictó resolución sin analizar los argumentos de la defensa: “… en cuanto a la no admisión de los medios de prueba que la fiscalía no presento en la audiencia inicial” (Sic.), ya que el artículo 294 párrafo tercero del Código Procesal Penal, establece que la parte que pretenda evacuar elementos de prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el juez resolverá únicamente con aquellos que se incorpore; actuación que estima contraviene la preceptiva constitucional anteriormente citada, en perjuicio de su representada.- CONSIDERANDO (8): Que, asimismo, concurre al agravio constitucional planteado: 2) Que la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, admitió medios de prueba ilegales, ya que se practicó una audiencia de prueba anticipada designando la Defensa Pública para tal menester, conociendo la Fiscalía que él era el Abogado Defensor de la señora ADA MUÑOZ, de lo cual obra constancia en el folio 86 del expediente de mérito, donde se hace constar por la Defensa nombrada, en acto previo al interrogatorio, que comparecía únicamente por haber sido nombrada por dicho juzgado para validar dicho acto, no en la condición de defensora de la señora ADA MUÑOZ, ni VÍCTOR AGUIRRE, ni otros. Sin embargo, pese al pleno conocimiento habido, no consta que el Ministerio Público hubiere citado al Abogado Defensor JULIO GUIFARRO, conociendo la representación que se ostentaba para la defensa de la señora ADA MUÑOZ. Refiere que ya había solicitado en fecha 28 de diciembre de 2016, (Sic.) que se le informara de cada uno de los procesos. Sin embargo, en el expediente no consta tal notificación, con responsabilidad para el ente fiscal, pues aun si es una etapa investigativa se debe respetar el derecho de defensa. Refiere que, respondiendo a una solicitud del Ministerio Público, la Juez de Instancia menciona que tal diligencia prejudicial realizada son actos meramente investigativos del Ministerio Público y que no existe ningún personamiento del señor JULIO GUIFARRO en causa específica y que, como no se ha presentado personamiento en causa judicial, es este el motivo por el cual se resuelve dar un traslado a un defensor público para que dé legalidad al proceso, sin perjuicio que procuro (Sic.) que estuviera el señor JULIO GUIFARRO en esta audiencia, solicitada por el Ministerio Público en fecha 29 de abril de 2016. Lo cual advierte en contradicción al derecho de defensa del artículo 82 de la Constitución de la República y a los principios de intimación y de imputación que reconoce el artículo 8 numerales 1, 2, literal b) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; que garantizan el conocimiento por el imputado de la acusación desde el primer momento, inclusive antes de la iniciación del proceso contra él por el Ministerio Público, con asistencia de su defensa técnica; en detrimento del derecho a un debido proceso legal que asiste a su representada.- CONSIDERANDO (9): Que, finalmente, plantea el siguiente agravio constitucional el garantista JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON: 3) Que el derecho de defensa de su representada también se ha visto vulnerado al darle fuerza de ley a las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía, las cuales fueron copias, no autenticadas. Lo anterior, en contraposición a lo que establecen los artículos 278 del Código Procesal Civil (Norma supletoria) y 286 del mismo Código, que establece el valor probatorio de una copia fotostática y su cotejo; las cuales no pudieron contradecirse por no haberse ratificado por los declarantes en la Audiencia Inicial. Asimismo, adjunta copia de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, expediente número 82-2018 a favor de los señores WILFREDO CERRATO DURÓN y RAMÓN LOBO SOSA, donde se puede apreciar una identidad de hechos con los aquí ventilados y por los cuales se tiene presentado el amparo correspondiente; lo cual se ha esgrimido reiteradamente en distintas instancias, evidenciando así la violación al derecho de defensa de su representada; por todo lo cual, solicita se otorgue amparo solicitado a su favor.- CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional, en su dimensión objetiva; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras.- CONSIDERANDO (11): Que el sistema de justicia penal hondureña obedece a la exigencia constitucional, acorde los artículos 303 y 304 de la Norma Fundamental, referida a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En desarrollo a tal preceptiva constitucional, la Sala de lo Constitucional ha aseverado y ratificado la sujeción del Juez a los principios rectores que garantizan los derechos fundamentales; constituyendo, asimismo, un límite eficiente a la intervención del poder estatal en la esfera indecidible de los derechos de la persona humana.- CONSIDERANDO (12): Que, concatenado a lo anterior y vista para resolución la presente garantía constitucional de amparo, cabe referir lo expresado por la Sala de lo Constitucional sobre el debido proceso, establecido al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en virtud de tratarse de un fundamento común invocado como infringido por parte de los peticionarios, en los recursos acumulados y vistos para sentencia: Que el debido proceso se encuentra conformado por un valioso conglomerado de derechos, garantías y formalidades establecidas por la ley; derecho a un juicio justo que resulta conglobante del respeto y garantía al conjunto de derechos fundamentales, como son el derecho a un juez independiente e imparcial, preestablecido regularmente de conformidad a ley; el derecho de contradicción y audiencia; el derecho de defensa; al estado de inocencia; derecho a una notificación razonable y a la publicidad de las actuaciones procesales; derecho a obtener resoluciones motivadas y fundadas jurídicamente, en proscripción al libre arbitrismo judicial; expresados todos de manera meramente enunciativa y no limitativa, o excluyente de otros derechos.- CONSIDERANDO (13): Que, para esta Sala de lo Constitucional, los principios y derechos antes enunciados resultan plenamente observados en la motivación empleada por la Corte de Apelaciones concernida al efectuar el control de racionalidad y de sujeción a legalidad respecto a los recursos de apelación realizados por el Ministerio Público y la Defensa Técnica de los imputados; al concluir, en primer lugar, la constatación de indicios graves y concomitantes de la realización de una pluralidad de hechos ilícitos y la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos y exigencias de tipificación legal para decretar auto de formal procesamiento,[13] contra los ciudadanos LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, ERICK ULISES ROJAS y ADA MUÑOZ; según se desprende del examen de la prueba practicada y conocida en segunda instancia, en la resolución que es objeto de amparo.- CONSIDERANDO (14): Que acorde el estudio realizado en los antecedentes y a la propia resolución recurrida, esta Sala se pronuncia así, respecto a los alegatos promovidos y manifestados por los recurrentes, por su orden: a) En cuanto a la formalización y ratificación de amparo presentada por el abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA en el recurso de amparo a favor de los señores ERICK ULISES ROJAS Y LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, destacan argumentos alusivos a la falta de motivación judicial suficiente y en cuanto a su falta de coherencia interna, para indiciar la comisión de los delitos por los cuales se imputa a sus representados; asimismo a censurar la deficiente actividad realizada por la Defensa Técnica nombrada con las formalidades legales para acompañar la declaración de testigos allegados en concepto de prueba anticipada. Tales argumentos legales que no contrastan el abundante sustento probatorio testifical y documental que obra en el proceso, pues cabe reconocer que la Corte de Apelaciones de lo Penal conocedora del caso,[14] desarrolla motivación bastante y suficiente en lo que respecta a la contribución, o aporte especial de los imputados al delito investigado.[15] Para el caso de la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, la formalización de su procesamiento no descansa sólo por la causa esgrimida para cancelar su acuerdo de nombramiento, elemento de prueba examinado de forma somera, al final de la motivación; sino que en el análisis jurídico que amerita al Ad Quem el encontrarse facturas de contribuyentes con el sello y firma que utilizaba dicha persona en su función como cajera municipal; de los cuales se constata que dichos codos no estaban agregados al conjunto de codos y facturas cobradas, agrupadas, sumadas y entregadas ese día a favor de la Municipalidad; en correlación al Reporte Desglosado de Ingresos del día y a las boletas bancarias en que se realizó el depósito total en efectivo y cheques por la cajera en mención;[16] hallazgos que también fueron anotados nominalmente por la Auditoría y de los cuales se infiere que, actuando en su carácter de funcionaria pública, la señora LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ recibía en calidad de cajera el dinero que los contribuyentes enteraban para el pago de sus impuestos; cobraba y sellaba como “pagado” tales ingresos, pero no los ingresaba al sistema SIT, como correspondería; lo que hacía que dichos contribuyentes, habiendo pagado sus impuestos municipales, aparecieran, no obstante, en mora; lográndose acreditar tales extremos, inter alia, con el informe y auditoría forense.- CONSIDERANDO (15): Que, por otra parte, en cuanto a la indización contradictoria de la prueba allegada a la Audiencia y el supuesto carácter excluyente entre los delitos imputados al señor ERICK ULISES ROJAS, se considera que tales argumentos no son objeto propio de la justicia constitucional, al versar más sobre la calificación judicial de los hechos imputados, pretendiendo, para el caso, que: “El delito de FRAUDE desplaza por absorción al delito de VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS”; por lo cual no cabía formalizar procesamiento por ambos delitos separados y en forma autónoma; consideraciones de orden concursal sobre normas y delitos, las cuales, si bien se han esgrimido con carácter dogmático jurídico-penal por el Censor, no resultan eficientes para acreditar la violación a los derechos constitucionales de su representado, según informa la vista de formalización de amparo. De igual manera, se desestiman los alegatos contra la motivación del delito de FRAUDE anteriormente relacionado, pues constan indicios plurales, tanto en sede de prueba testimonial anticipada, como en el orden documental (información tributaria y de auditoría forense por el Ministerio Público), donde se acredita el menoscabo doloso sufrido por el patrimonio municipal de la Ciudad de San Pedro Sula e indicios racionales de oportunidad y manifestación que vinculan al imputado señor ERICK ULISES ROJAS, a título de causa probable, con la comisión de los hechos investigados; así como también causa razonable para sobreseerle, provisionalmente, en las diligencias seguidas en su contra por el delito de DAÑOS. Por otra parte, se considera por la Sala que las alegaciones genéricas relativas a la deficiente actividad realizada por la Defensa Técnica, la cual se reconoce como nombrada con las formalidades legales, para acompañar la declaración de testigos allegados en anticipo de prueba; éste último fue controlado por la Juez de Garantías conocedora del caso y se entiende que revisado en cuanto el fumus bonis iuris y, sobre todo, en cuanto a la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de anticipar tales elementos de prueba (periculum in mora); razón por la que fueron, excepcionalmente, autorizados.[17] En homogeneidad a anteriores y concomitantes pronunciamientos de la Sala, se considera que tales alegaciones de orden técnico jurídico, versan a la reconsideración de criterios de legalidad procesal, más sin trascender a mostrar agravio al derecho de defensa de sus representados; esto es, sin allegar sustanciales razones para la discrepancia constitucional.- CONSIDERANDO (16): Que siguiendo el estudio de la interposición de amparo promovida por: b) JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON a favor de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, considera esta Sala no configurarse el agravio postulado, concurriendo las apreciaciones jurídicas que obran en el Considerando anterior, las cuales son por entero aplicables a la razón jurídica que motiva la admisibilidad afirmativa de la prueba de segunda instancia que fue valorada en la sentencia, según acaecida en la fase de investigación preliminar; que va desde la noticia criminis hasta la presentación del requerimiento fiscal (intimación al imputado de los cargos que pesan en su contra); la cual se reconduce a la observancia del artículo 100 numeral 10) (Sic.), pues se aprecia que la persona imputada ha contado con su abogado defensor privado desde la presentación del requerimiento fiscal, quien en este caso es el letrado recurrente.[18]- CONSIDERANDO (17): Que, asimismo, no se desprende lesión alguna al derecho de defensa de la imputada por la realización de audiencia de declaración de testigos con las formalidades legales correspondientes a la prueba anticipada; pues si bien la misma fue protestada por la defensora pública nombrada, ello no obstó a que la misma continuaré con el ejercicio responsable de la defensa técnica, la cual fue llevada a cabo con lealtad profesional a su representación procesal; manifestando oralmente lo que estimó favorable a su defensa, a lo largo de la audiencia, contrainterrogando al testigo ANGEL ROLANDO PERDOMO con reiteración, sobre la fiabilidad de sus dichos y sobre cómo hubo tal conocimiento de los hechos declarados. Denotándose, de todo ello, que se encuentra ajustada tal diligencia a los términos y alcances constitucionales,[19] así como al tenor conjunto y armónico de las garantías procesales;[20] pues se ha brindado una respuesta adecuada y razonable por la judicatura, en el marco del debido proceso o proceso justo;[21] observando válidamente los elementos probatorios allegados, con observancia de los requisitos legales, para la conformación de la premisa fáctica (hechos probados), constatando el derecho pertinente y específicamente aplicable; obteniendo la inferencia lógico jurídica de imponer, en algunos casos, el auto de apertura a formal procesamiento y modificando, en otro, el sobreseimiento definitivo dictado a otro con carácter provisional (“applicatio legis ad factum”);[22] descartándose, con ello, la incidencia de consideraciones que pudieran viciar insubsanablemente las diligencias investigativas, actos y resoluciones judiciales emitidos durante la etapa preparatoria del proceso.- CONSIDERANDO (18): Que, en tal sentido, puede aseverarse desde una perspectiva constitucional que, la resolución dictada en fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, misma que resolvió varios recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en la Audiencia Inicial celebrada en fechas doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) al veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra los señores ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ, OSCAR VALLECILLO MADRID, VICTOR RENE AGUIRRE, JORGE ALBERTO PORTILLO AGUILAR, SUYAPA ANGELINA PAZ DUBON, ERICK ULISES ROJAS GONZALES, JORGE ALBERTO DIAZ SANTOS, GLORIA YOLANI CERROS PINEDA Y OLGA MARINA PONCE GARCIA, por imputarles los delitos de FRAUDE, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y DAÑOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; cumplió con su función de tutelar las garantías procesales, incluyendo el derecho de defensa y la presunción o Estado de inocencia; resultando amplia y suficiente la actividad motivadora adoptada por el Tribunal de Apelaciones al valorar la existencia de elementos de prueba para dar por acreditada la existencia de los ilícitos penales que se juzgan; encontrando, asimismo, indicios racionales que hacen suponer razonablemente la participación de los imputados, en la forma y calificación jurídico – penal que ha quedado relacionada; por lo cual no resulta de recibo que exista perjuicio a los derechos constitucionales invocados por parte de los Abogados garantistas; debiendo, en consecuencia, procederse al dictado de sentencia denegatoria a la presente Acción de Amparo Acumulada.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 4, 15, 59, 62, 82, 90, 92, 183, 303, 313 No.5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46 numeral 1) y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1. DENEGANDO el Recurso de Amparo promovido por el abogado WALTER LEONEL RAMIREZ GARCIA, a favor de los señores ERICK ULISES ROJAS Y LILIAM AMEYDA MEZA HERNANDEZ (registrado bajo el no. SCO-0633-2019) y; 2. DENEGANDO el Recurso de Amparo promovido por el abogado JULIO ENRIQUE GUIFARRO SABILLON, a favor de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES (registrado bajo el no. SCO-0670-2020). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil veinte (2020), recaídas en los Recursos de Amparo Penal, registrados en este Tribunal bajo los números 0633 y 0670-2019.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Cita, (Sic.): “… página 63 ab initio”.

[2] Concordado al artículo 294 procesal penal) el cual refiere, en lo conducente: “La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hagan presentes. De inmediato el Juez pronunciará resolución: 1) Dictando sobreseimiento provisional; 2) Dictando sobreseimiento definitivo; y, 3) Decretando auto de prisión o declaratoria de reo” (párrafos tercero y cuarto del artículo citado).

[3] Ver, in extenso, el acápite: “MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA” de la sentencia objeto de amparo, que obra entre folio 202v., y 231f., de la pieza de Amparo,

[4] Supuesto especial de tutela por tratarse de un recurso de apelación penal, el cual exige mayor intensidad por afectar el valor constitucional de la libertad. Ver: Constitución y Derecho Procesal: Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal. GARBERÍ LLOBREGAT, J. Thomson Reuters, Madrid, 2009. Págs.168-169.

[5] Casos particulares citados y desglosados en detalle en el numeral tercero de la “MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA”, a folios 204f., 205 y 206f; con relación al folio 228 y 229f., todos de la pieza de Amparo.

[6] Tómese en cuenta que, tanto la prueba anticipada como el resultado de las investigaciones preliminares que pueden funcionar como pruebas preconstituidas habrán de introducirse por lectura en juicio, a tenor de lo prevenido por el Artículo 311 del Código Procesal Penal, permitiendo su corroboración por la práctica de la prueba (testifical, pericial) complementaria correspondiente; “… pudiendo, en fin, la Defensa, criticar contradictoriamente su eficacia probatoria”. Ver: Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). CUÉLLAR CRUZ, R. FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., GÓMEZ COLOMER, J.L. (Autores Coordinadores). LITOCOM, Tegucigalpa, 2004. Págs.465-466.

[7] Ver motivación al recurso de reposición presentado por la Defensa después de haber deliberado en cuanto a la proposición de los medios de prueba en segunda instancia, a folio 186v., de la pieza de Amparo

[8] Fundamentalmente a lo prescrito en el artículo 92, párrafo primero, de la Constitución de la República: “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice”.

[9] Dado el caso, resultaría aplicable lo prescrito en el artículo 170 del Código Procesal Penal, que establece que, salvo cuando se disponga expresamente lo contrario, los actos viciados se tendrán por subsanados cuando: “1) … 2) Las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto viciado de nulidad; 3) No obstante el vicio, se haya alcanzado la finalidad perseguida mediante el acto viciado; y, 4) …”.

[10] Desde el punto de vista convencional en materia de derechos humanos, la Sala de lo Constitucional hace suya la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), contemplada, inter alia, en la Opinión Consultiva OC-11/90, párr. 24 y en el caso Dacosta Cadogan vs Barbados, párr. 84; según la cual el artículo 8.2 de la Convención establece las garantías mínimas que, “por lo menos”, deben ser aseguradas por los Estados a toda persona durante el proceso, en plena igualdad, en función de las exigencias del debido proceso legal. Ver: Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. STEINER, C. y URIBE, P. (Editores). Konrad Adenauer Stiftung / Magna Terra Editores. Guatemala. 2014. Pág. 232.

[11] Ver: “Casos difíciles, teoría del delito y doctrina de la imputación” de Pablo Sánchez-Ostiz, en: ¿Casos difíciles o irresolubles?: Problemas esenciales de la Teoría del Delito desde el análisis de paradigmáticos casos jurisprudenciales. Miró Llinares, F. (Director) / Samuel Rodríguez Ferrández (Coordinador). Dikynson S.L., Madrid, 2010. Págs. 86-87.

[12] Cita, (Sic.): “… página 63 ab initio”.

[13] Concordado al artículo 294 procesal penal) el cual refiere, en lo conducente: “La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hagan presentes. De inmediato el Juez pronunciará resolución: 1) Dictando sobreseimiento provisional; 2) Dictando sobreseimiento definitivo; y, 3) Decretando auto de prisión o declaratoria de reo” (párrafos tercero y cuarto del artículo citado).

[14] Ver, in extenso, el acápite: “MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA” de la sentencia objeto de amparo, que obra entre folio 202v., y 231f., de la pieza de Amparo,

[15] Supuesto especial de tutela por tratarse de un recurso de apelación penal, el cual exige mayor intensidad por afectar el valor constitucional de la libertad. Ver: Constitución y Derecho Procesal: Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal. GARBERÍ LLOBREGAT, J. Thomson Reuters, Madrid, 2009. Págs.168-169.

[16] Casos particulares citados y desglosados en detalle en el numeral tercero de la “MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA”, a folios 204f., 205 y 206f; con relación al folio 228 y 229f., todos de la pieza de Amparo.

[17] Tómese en cuenta que, tanto la prueba anticipada como el resultado de las investigaciones preliminares que pueden funcionar como pruebas preconstituidas habrán de introducirse por lectura en juicio, a tenor de lo prevenido por el Artículo 311 del Código Procesal Penal, permitiendo su corroboración por la práctica de la prueba (testifical, pericial) complementaria correspondiente; “… pudiendo, en fin, la Defensa, criticar contradictoriamente su eficacia probatoria”. Ver: Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). CUÉLLAR CRUZ, R. FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., GÓMEZ COLOMER, J.L. (Autores Coordinadores). LITOCOM, Tegucigalpa, 2004. Págs.465-466.

[18] Ver motivación al recurso de reposición presentado por la Defensa después de haber deliberado en cuanto a la proposición de los medios de prueba en segunda instancia, a folio 186v., de la pieza de Amparo

[19] Fundamentalmente a lo prescrito en el artículo 92, párrafo primero, de la Constitución de la República: “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice”.

[20] Dado el caso, resultaría aplicable lo prescrito en el artículo 170 del Código Procesal Penal, que establece que, salvo cuando se disponga expresamente lo contrario, los actos viciados se tendrán por subsanados cuando: “1) … 2) Las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto viciado de nulidad; 3) No obstante el vicio, se haya alcanzado la finalidad perseguida mediante el acto viciado; y, 4) …”.

[21] Desde el punto de vista convencional en materia de derechos humanos, la Sala de lo Constitucional hace suya la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), contemplada, inter alia, en la Opinión Consultiva OC-11/90, párr. 24 y en el caso Dacosta Cadogan vs Barbados, párr. 84; según la cual el artículo 8.2 de la Convención establece las garantías mínimas que, “por lo menos”, deben ser aseguradas por los Estados a toda persona durante el proceso, en plena igualdad, en función de las exigencias del debido proceso legal. Ver: Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. STEINER, C. y URIBE, P. (Editores). Konrad Adenauer Stiftung / Magna Terra Editores. Guatemala. 2014. Pág. 232.

[22] Ver: “Casos difíciles, teoría del delito y doctrina de la imputación” de Pablo Sánchez-Ostiz, en: ¿Casos difíciles o irresolubles?: Problemas esenciales de la Teoría del Delito desde el análisis de paradigmáticos casos jurisprudenciales. Miró Llinares, F. (Director) / Samuel Rodríguez Ferrández (Coordinador). Dikynson S.L., Madrid, 2010. Págs. 86-87.