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Sentencia AP-598-19 — Registro 13050

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo que declaró ha lugar el recurso de apelación por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la economía del estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 92, 321 y 323 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (5): Que, de la lectura y análisis de los antecedentes, se ha constatado de forma manifiesta que el recurso de amparo interpuesto, tiene por objeto dilatar el proceso, constituyendo esta una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo interpuesto. Se manifiesta lo anterior, en tanto el alegato del impetrante defensor del imputado, sostiene que la alzada no tomo en cuenta los planteamientos de la expresión de agravios presentados por la defensa, y que en la sentencia recurrida, se señala que se tiene como parte únicamente a la defensa, vulnerando el contenido de la circular No.02-2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia, la cual en el literal a) que basado en el artículo 358 párrafo primero del Código Procesal Penal, no debe considerarse la falta de personamiento como la voluntad de desistir del recurso de apelación interpuesto y que la sanción de esta falta de personamiento, es solamente la no notificación de la sentencia a quien no se personó. Esta Sala estima que el alegato plateado por el recurrente, no soporta una primera lectura de la sentencia recurrida, pues tanto en los antecedentes como en la motivación de la sentencia, la Corte de Apelaciones, hace su análisis jurídico, tomando en cuenta los alegatos vertidos por el Ministerio Público, así como los vertidos por la defensa. En la sentencia se lee en el numeral cuatro del acápite “motivación”, como la Corte de Apelaciones toma en cuenta el análisis del dictamen aportado por la defensa y alegado en su expresión de agravios y el numeral cinco comienza: “Al analizar los dictámenes tanto del Ministerio Público como de la defensa…”; observándose que lo alegado por la defensa del imputado, al manifestar que no se tomó en cuenta lo aportado por la defensa, está completamente alejado de la verdad, y solo por el hecho de que en el acápite de la sentencia “PARTES PERSONADAS EN ESTA INSTANCIA”, se lea “…únicamente la abogada Elisa Patricia Amador, Fiscal del Ministerio Público, en virtud de que la abogada ara Janeth Aguilar Cruz, defensora privada se persono fuera del término de ley.” No significa que la alzada no haya analizado los agravios presentados, y tomado una decisión con ambos alegatos, decisión que no favoreció a la defensa. Es tan simple el alegato que claramente se deja ver el objeto de dilatar el proceso, subsumiéndose este hecho en el causal número 9 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo procedente sobreseer el presente recurso de amparo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre de dos mil veinte.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Julio Cesar Lagos Reyes, a favor del señor René Alfonso Rodríguez Valle, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor René Alfonso Rodríguez Valle, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 92, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada Rosa Amalia Zavala Zavala, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando acusación contra el señor René Alfonso Rodríguez Valle, por suponérsele responsable Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. (Folios 1-7 del antecedente).-2) En fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la celebración de la audiencia inicial, resolvió: PRIMERO: Decretar Sobreseimiento Provisional a favor del señor RENÉ ALFONSO RODRÍGUEZ VALLE, por el ilícito penal de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, con fundamento en el artículo 295 del Código Procesal Penal. -SEGUNDO: …. (Folio 142-159 vuelto del antecedente).-3) La Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Rosa Amalia Zavala Zavala, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en numeral anterior; en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: 1.-Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto. 2.-REVOCAR la resolución apelada, y que se dicte auto de formal procesamiento. (Folios 402-419 vuelto del antecedente).-4) Que el recurrente, Abogado Julio Cesar Lagos Reyes, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del señor René Alfonso Rodríguez Valle, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 92, 321 y 323 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veinte de enero de dos mil veinte, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado Nelson Domínguez Mejía, en su condición antes indicada, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de los antecedentes al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que en el decurso del proceso penal y en el momento procesal de la audiencia inicial, en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, decreto Sobreseimiento Provisional a favor del señor René Alfonso Rodríguez Valle, por el ilícito penal de Lavado De Activos, en perjuicio de la Economía Del Estado De Honduras, con fundamento en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Esta resolución fue impugnada vía recurso de apelación tanto por el Ministerio Público como por la defensa del imputado. La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de febrero del año dos mil, tuvo únicamente como parte al Ministerio Público, y no a ambas partes apelantes, por personamiento extemporáneo de la defensa. La alzada declaró con lugar el Recurso de Apelación planteado por el Ministerio Público, y revocó el Sobreseimiento provisional dictado por la Juez de Letras de Competencia Territorial Nacional en materia penal, en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, a favor del señor Rene Alfonso Rodríguez Valle por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Es esta la sentencia que se recurre en amparo por parte dela defensa del imputado.-CONSIDERANDO(4): Que el recurrente en el escrito de interposición del recurso expone que se le ha vulnerado el debido proceso en sus manifestaciones de vulneración al derecho al recurso, su derecho a que se dicte auto de formal procesamiento, solo cuando exista evidencia de haberse cometido un delito y su derecho a la defensa. Manifiesta que se vulnera su derecho de defensa en virtud de que en la resolución dictada en fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, que revocó el sobreseimiento definitivo, la alzada en primer lugar omitió totalmente pronunciarse y resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado René Alfonso Rodríguez Valle y dictó auto de formal procesamiento por el delito de Lavado de Activo, sin haberse acreditado con los mismos hechos la comisión del delito de donde supuestamente proviene el origen tal enriquecimiento.-CONSIDERANDO (5): Que, de la lectura y análisis de los antecedentes, se ha constatado de forma manifiesta que el recurso de amparo interpuesto, tiene por objeto dilatar el proceso, constituyendo esta una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo interpuesto. Se manifiesta lo anterior, en tanto el alegato del impetrante defensor del imputado, sostiene que la alzada no tomo en cuenta los planteamientos de la expresión de agravios presentados por la defensa, y que en la sentencia recurrida, se señala que se tiene como parte únicamente a la defensa, vulnerando el contenido de la circular No.02-2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia, la cual en el literal a) que basado en el artículo 358 párrafo primero del Código Procesal Penal, no debe considerarse la falta de personamiento como la voluntad de desistir del recurso de apelación interpuesto y que la sanción de esta falta de personamiento, es solamente la no notificación de la sentencia a quien no se personó. Esta Sala estima que el alegato plateado por el recurrente, no soporta una primera lectura de la sentencia recurrida, pues tanto en los antecedentes como en la motivación de la sentencia, la Corte de Apelaciones, hace su análisis jurídico, tomando en cuenta los alegatos vertidos por el Ministerio Público, así como los vertidos por la defensa. En la sentencia se lee en el numeral cuatro del acápite “motivación”, como la Corte de Apelaciones toma en cuenta el análisis del dictamen aportado por la defensa y alegado en su expresión de agravios y el numeral cinco comienza: “Al analizar los dictámenes tanto del Ministerio Público como de la defensa…”; observándose que lo alegado por la defensa del imputado, al manifestar que no se tomó en cuenta lo aportado por la defensa, está completamente alejado de la verdad, y solo por el hecho de que en el acápite de la sentencia “PARTES PERSONADAS EN ESTA INSTANCIA”, se lea “…únicamente la abogada Elisa Patricia Amador, Fiscal del Ministerio Público, en virtud de que la abogada ara Janeth Aguilar Cruz, defensora privada se persono fuera del término de ley.” No significa que la alzada no haya analizado los agravios presentados, y tomado una decisión con ambos alegatos, decisión que no favoreció a la defensa. Es tan simple el alegato que claramente se deja ver el objeto de dilatar el proceso, subsumiéndose este hecho en el causal número 9 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo procedente sobreseer el presente recurso de amparo.-CONSIDERANDO (6): Que como segundo agravio expresa, que la resolución recurrida vulnera el contenido del artículo 92 constitucional que dispone: “Solo podrá decretarse auto de formal procesamiento, cuando exista e evidencia probatoria de la existencia de un delito, e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice”, manifestando que sin la existencia de estos dos elementos; 1.- exista e evidencia probatoria de la existencia de un delito y 2.- indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice, no procede el decreto de auto de formal procesamiento. Respecto de este agravio, existe basta jurisprudencia en la Sala de lo Constitucional, en la cual se ha determinado que no compete a la jurisdicción de constitucionalidad la valoración de medios de prueba para concluir que se da, o no, la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal y estimar como indicio racional hechos actos o circunstancias que lleven a la sala a acordar que el imputado a participado o no en la comisión de un delito. Esta actividad jurídica, contenida en el último párrafo del inciso uno del artículo 297 del Código Procesal Penal, es exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia, por tanto, vedada a un análisis de constitucionalidad, pues como sabemos, es una decisión que no causa estado y con ella, lo que procede posteriormente es la celebración de un juicio moral y público, con todas las garantías y derechos fundamentales que las leyes, la Constitución y Convenios Internacionales establece. En ese sentido, este alegato constituye una cuestión de mera legalidad, lo que deviene como consecuencia inadmitirlo y sobreseer el recurso.-CONSIDERANDO (7): Que asimismo alega la vulneración al derecho al recurso y al derecho de defensa, no obstante, esta Sala no se pronunciará al respecto, en tanto en cuanto, el conocimiento de este recurso de amparo, pasa por haberse resuelto sin obstáculo alguno, el recurso de reposición interpuesto. Es decir, que no puede alegar vulneración al derecho al recurso y al derecho de defensa, cuando ha hecho uso en dos ocasiones al derecho al recurso, ejercitando así el derecho de defensa de su representado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46 No. 1 y No.9, de la ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Julio Cesar Lagos Reyes, a favor del señor René Alfonso Rodríguez Valle, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, que declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor René Alfonso Rodríguez Valle, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C.- tres de diciembre de dos mil veinte.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, actuando a favor de RENE ALFONSO RODRIGUEZ VALLE; contra la sentencia emitida por la esta Sala de lo Constitucional en fecha catorce de octubre de dos mil veinte, en el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor René Alfonso Rodríguez Valle, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras.-CONSIDERANDO (1): Que la Sala de lo Constitucional ha constatado en principio, que el suplicante interpuso recurso de reposición contra la sentencia emitida por la esta Sala de lo Constitucional en fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, sentencia que sobreseyó la acción de amparo presentada por el Abogado Julio Cesar Lagos Reyes, en el caso antes especificado.-CONSIDERANDO (2): Que el recurso de reposición interpuesto, contiene la misma argumentación sostenida por el petente tanto en la interposición como en la formalización del recurso de amparo, consistente en la vulneración al derecho de defensa y por tanto al derecho a un debido proceso, en tanto alega que: 1.- Al no haberse tenido como parte a la apoderada judicial del señor René Alfonso Rodríguez Valle, por falta de personamiento en segunda instancia, no estimaron sus alegatos y menos aún, no valoraron los medios de prueba aportados al proceso, con lo cual se vulnera el contenido del artículo 358 del Código procesal Penal. 2.- Arguye que la Sala de lo constitucional vulnera el debido proceso al haber sobreseído el caso, en virtud de que una vez agotada ya la vista al recurrente, el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, solo permite denegar u otorgar la acción de amparo.-CONSIDERANDO (3): Que tal y como quedó expuesto en la sentencia impugnada a través del recurso de reposición, esta Sala de lo Constitucional, con relación al supuesto agravio relacionado en el numeral uno del considerando anterior, sostiene que ante un alegato reiterado, se brinda una misma respuesta, y es la contenida en el numeral cinco de la sentencia recurrida que determina: “CONSIDERANDO (5): Que de la lectura y análisis de los antecedentes, se ha constatado de forma manifiesta que el recurso de amparo interpuesto, tiene por objeto dilatar el proceso, constituyendo esta una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo interpuesto. Se manifiesta lo anterior, en tanto el alegato del impetrante defensor del imputado, sostiene que la alzada no tomo en cuenta los planteamientos de la expresión de agravios presentados por la defensa, y que en la sentencia recurrida, se señala que se tiene como parte únicamente a la defensa, vulnerando el contenido de la circular No.02-2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia, la cual en el literal a) que basado en el artículo 358 párrafo primero del Código Procesal Penal, no debe considerarse la falta de personamiento como la voluntad de desistir del recurso de apelación interpuesto y que la sanción de esta falta de personamiento, es solamente la no notificación de la sentencia a quien no se personó. Esta Sala estima que el alegato plateado por el recurrente, no soporta una primera lectura de la sentencia recurrida, pues tanto en los antecedentes como en la motivación de la sentencia, la Corte de Apelaciones, hace su análisis jurídico, tomando en cuenta los alegatos vertidos por el Ministerio Público, así como los vertidos por la defensa. En la sentencia se lee en el numeral cuatro del acápite “motivación”, como la Corte de Apelaciones toma en cuenta el análisis del dictamen aportado por la defensa y alegado en su expresión de agravios y el numeral cinco comienza: “Al analizar los dictámenes tanto del Ministerio Público como de la defensa…”; observándose que lo alegado por la defensa del imputado, al manifestar que no se tomó en cuenta lo aportado por la defensa, está completamente alejado de la verdad, y solo por el hecho de que en el acápite de la sentencia “PARTES PERSONADAS EN ESTA INSTANCIA”, se lea “…únicamente la abogada Elisa Patricia Amador, Fiscal del Ministerio Público, en virtud de que la abogada ara Janeth Aguilar Cruz, defensora privada se persono fuera del término de ley.” No significa que la alzada no haya analizado los agravios presentados, y tomado una decisión con ambos alegatos, decisión que no favoreció a la defensa. Es tan simple el alegato que claramente se deja ver el objeto de dilatar el proceso, subsumiéndose este hecho en el causal número 9 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo procedente sobreseer el presente recurso de amparo.” Manifestándose una vez más el ánimo de que el caso penal no avance, hecho que constituye una causal de admisibilidad. -CONSIDERANDO (4): Con relación a la supuesta vulneración al artículo 90 constitucional por haberse sobreseído el recurso sin que se trate del caso referido en el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es menester señalar que en estos casos se aplica, el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el cual el legislador dejo dos posibilidades de sobreseer las causas; una es cuando se trata de admisibilidad, es decir un rechazo de plano, un rechazo en puertas, y la segunda opción se aplica cuando, una vez pasado el momento procesal de la admisión, y como dice la norma “…Dentro del trámite…” observe el recurrente, que para estar dentro de un trámite, es porque ya se admitió la causa, “sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos, la causal de inadmisibilidad.” Con ello la ley permite una salida cuando una vez venidos y analizados los antecedentes, surgen causas de inadmisibilidad, que impiden entrar a conocer el fondo del asunto, siendo procedente el sobreseimiento. Este análisis de suyo innecesario, se ha hecho en aras al derecho a una respuesta motivada, no obstante, es tan básico el alegato del supuesto agravio que lleva a ésta, a concluir que, de forma repetida, la interposición de este recurso de reposición, también tiene por objeto la dilación del proceso, por lo que se estima procedente denegar el mismo. -CONSIDERANDO (5): Que el derecho al acceso a la justicia constitucional es un derecho de configuración legal y no un derecho de libertad; es decir que se deben seguir los cauces marcados por el legislador o los procedimientos legalmente preestablecidos. En el caso de autos, esta Sala NO encuentra estimable la argumentación hecha por el recurrente con respecto a los precedentes vinculantes indicados. -CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 N.º 7 Y 46 N.º 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DENEGANDO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, actuando a favor de RENE ALFONSO RODRIGUEZ VALLE; contra la sentencia emitida por la esta Sala de lo Constitucional en fecha catorce de octubre de dos mil veinte, en el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.-Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes febrero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de octubre y Resolución de fecha tres (3) de diciembre del año dos mil veinte (2020) recaídas en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0598-2019. .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre de dos mil veinte.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Julio Cesar Lagos Reyes, a favor del señor René Alfonso Rodríguez Valle, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor René Alfonso Rodríguez Valle, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 92, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada Rosa Amalia Zavala Zavala, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando acusación contra el señor René Alfonso Rodríguez Valle, por suponérsele responsable Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. (Folios 1-7 del antecedente).-2) En fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en la celebración de la audiencia inicial, resolvió: PRIMERO: Decretar Sobreseimiento Provisional a favor del señor RENÉ ALFONSO RODRÍGUEZ VALLE, por el ilícito penal de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, con fundamento en el artículo 295 del Código Procesal Penal. -SEGUNDO: …. (Folio 142-159 vuelto del antecedente).-3) La Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Rosa Amalia Zavala Zavala, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en numeral anterior; en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: 1.-Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto. 2.-REVOCAR la resolución apelada, y que se dicte auto de formal procesamiento. (Folios 402-419 vuelto del antecedente).-4) Que el recurrente, Abogado Julio Cesar Lagos Reyes, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del señor René Alfonso Rodríguez Valle, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 92, 321 y 323 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veinte de enero de dos mil veinte, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado Nelson Domínguez Mejía, en su condición antes indicada, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de los antecedentes al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que en el decurso del proceso penal y en el momento procesal de la audiencia inicial, en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, decreto Sobreseimiento Provisional a favor del señor René Alfonso Rodríguez Valle, por el ilícito penal de Lavado De Activos, en perjuicio de la Economía Del Estado De Honduras, con fundamento en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Esta resolución fue impugnada vía recurso de apelación tanto por el Ministerio Público como por la defensa del imputado. La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de febrero del año dos mil, tuvo únicamente como parte al Ministerio Público, y no a ambas partes apelantes, por personamiento extemporáneo de la defensa. La alzada declaró con lugar el Recurso de Apelación planteado por el Ministerio Público, y revocó el Sobreseimiento provisional dictado por la Juez de Letras de Competencia Territorial Nacional en materia penal, en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, a favor del señor Rene Alfonso Rodríguez Valle por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Es esta la sentencia que se recurre en amparo por parte dela defensa del imputado.-CONSIDERANDO(4): Que el recurrente en el escrito de interposición del recurso expone que se le ha vulnerado el debido proceso en sus manifestaciones de vulneración al derecho al recurso, su derecho a que se dicte auto de formal procesamiento, solo cuando exista evidencia de haberse cometido un delito y su derecho a la defensa. Manifiesta que se vulnera su derecho de defensa en virtud de que en la resolución dictada en fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, que revocó el sobreseimiento definitivo, la alzada en primer lugar omitió totalmente pronunciarse y resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado René Alfonso Rodríguez Valle y dictó auto de formal procesamiento por el delito de Lavado de Activo, sin haberse acreditado con los mismos hechos la comisión del delito de donde supuestamente proviene el origen tal enriquecimiento.-CONSIDERANDO (5): Que, de la lectura y análisis de los antecedentes, se ha constatado de forma manifiesta que el recurso de amparo interpuesto, tiene por objeto dilatar el proceso, constituyendo esta una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo interpuesto. Se manifiesta lo anterior, en tanto el alegato del impetrante defensor del imputado, sostiene que la alzada no tomo en cuenta los planteamientos de la expresión de agravios presentados por la defensa, y que en la sentencia recurrida, se señala que se tiene como parte únicamente a la defensa, vulnerando el contenido de la circular No.02-2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia, la cual en el literal a) que basado en el artículo 358 párrafo primero del Código Procesal Penal, no debe considerarse la falta de personamiento como la voluntad de desistir del recurso de apelación interpuesto y que la sanción de esta falta de personamiento, es solamente la no notificación de la sentencia a quien no se personó. Esta Sala estima que el alegato plateado por el recurrente, no soporta una primera lectura de la sentencia recurrida, pues tanto en los antecedentes como en la motivación de la sentencia, la Corte de Apelaciones, hace su análisis jurídico, tomando en cuenta los alegatos vertidos por el Ministerio Público, así como los vertidos por la defensa. En la sentencia se lee en el numeral cuatro del acápite “motivación”, como la Corte de Apelaciones toma en cuenta el análisis del dictamen aportado por la defensa y alegado en su expresión de agravios y el numeral cinco comienza: “Al analizar los dictámenes tanto del Ministerio Público como de la defensa…”; observándose que lo alegado por la defensa del imputado, al manifestar que no se tomó en cuenta lo aportado por la defensa, está completamente alejado de la verdad, y solo por el hecho de que en el acápite de la sentencia “PARTES PERSONADAS EN ESTA INSTANCIA”, se lea “…únicamente la abogada Elisa Patricia Amador, Fiscal del Ministerio Público, en virtud de que la abogada ara Janeth Aguilar Cruz, defensora privada se persono fuera del término de ley.” No significa que la alzada no haya analizado los agravios presentados, y tomado una decisión con ambos alegatos, decisión que no favoreció a la defensa. Es tan simple el alegato que claramente se deja ver el objeto de dilatar el proceso, subsumiéndose este hecho en el causal número 9 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo procedente sobreseer el presente recurso de amparo.-CONSIDERANDO (6): Que como segundo agravio expresa, que la resolución recurrida vulnera el contenido del artículo 92 constitucional que dispone: “Solo podrá decretarse auto de formal procesamiento, cuando exista e evidencia probatoria de la existencia de un delito, e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice”, manifestando que sin la existencia de estos dos elementos; 1.- exista e evidencia probatoria de la existencia de un delito y 2.- indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice, no procede el decreto de auto de formal procesamiento. Respecto de este agravio, existe basta jurisprudencia en la Sala de lo Constitucional, en la cual se ha determinado que no compete a la jurisdicción de constitucionalidad la valoración de medios de prueba para concluir que se da, o no, la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal y estimar como indicio racional hechos actos o circunstancias que lleven a la sala a acordar que el imputado a participado o no en la comisión de un delito. Esta actividad jurídica, contenida en el último párrafo del inciso uno del artículo 297 del Código Procesal Penal, es exclusiva de los órganos jurisdiccionales de instancia, por tanto, vedada a un análisis de constitucionalidad, pues como sabemos, es una decisión que no causa estado y con ella, lo que procede posteriormente es la celebración de un juicio moral y público, con todas las garantías y derechos fundamentales que las leyes, la Constitución y Convenios Internacionales establece. En ese sentido, este alegato constituye una cuestión de mera legalidad, lo que deviene como consecuencia inadmitirlo y sobreseer el recurso.-CONSIDERANDO (7): Que asimismo alega la vulneración al derecho al recurso y al derecho de defensa, no obstante, esta Sala no se pronunciará al respecto, en tanto en cuanto, el conocimiento de este recurso de amparo, pasa por haberse resuelto sin obstáculo alguno, el recurso de reposición interpuesto. Es decir, que no puede alegar vulneración al derecho al recurso y al derecho de defensa, cuando ha hecho uso en dos ocasiones al derecho al recurso, ejercitando así el derecho de defensa de su representado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46 No. 1 y No.9, de la ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Julio Cesar Lagos Reyes, a favor del señor René Alfonso Rodríguez Valle, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, que declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor René Alfonso Rodríguez Valle, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C.- tres de diciembre de dos mil veinte.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, actuando a favor de RENE ALFONSO RODRIGUEZ VALLE; contra la sentencia emitida por la esta Sala de lo Constitucional en fecha catorce de octubre de dos mil veinte, en el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor René Alfonso Rodríguez Valle, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras.-CONSIDERANDO (1): Que la Sala de lo Constitucional ha constatado en principio, que el suplicante interpuso recurso de reposición contra la sentencia emitida por la esta Sala de lo Constitucional en fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, sentencia que sobreseyó la acción de amparo presentada por el Abogado Julio Cesar Lagos Reyes, en el caso antes especificado.-CONSIDERANDO (2): Que el recurso de reposición interpuesto, contiene la misma argumentación sostenida por el petente tanto en la interposición como en la formalización del recurso de amparo, consistente en la vulneración al derecho de defensa y por tanto al derecho a un debido proceso, en tanto alega que: 1.- Al no haberse tenido como parte a la apoderada judicial del señor René Alfonso Rodríguez Valle, por falta de personamiento en segunda instancia, no estimaron sus alegatos y menos aún, no valoraron los medios de prueba aportados al proceso, con lo cual se vulnera el contenido del artículo 358 del Código procesal Penal. 2.- Arguye que la Sala de lo constitucional vulnera el debido proceso al haber sobreseído el caso, en virtud de que una vez agotada ya la vista al recurrente, el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, solo permite denegar u otorgar la acción de amparo.-CONSIDERANDO (3): Que tal y como quedó expuesto en la sentencia impugnada a través del recurso de reposición, esta Sala de lo Constitucional, con relación al supuesto agravio relacionado en el numeral uno del considerando anterior, sostiene que ante un alegato reiterado, se brinda una misma respuesta, y es la contenida en el numeral cinco de la sentencia recurrida que determina: “CONSIDERANDO (5): Que de la lectura y análisis de los antecedentes, se ha constatado de forma manifiesta que el recurso de amparo interpuesto, tiene por objeto dilatar el proceso, constituyendo esta una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo interpuesto. Se manifiesta lo anterior, en tanto el alegato del impetrante defensor del imputado, sostiene que la alzada no tomo en cuenta los planteamientos de la expresión de agravios presentados por la defensa, y que en la sentencia recurrida, se señala que se tiene como parte únicamente a la defensa, vulnerando el contenido de la circular No.02-2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia, la cual en el literal a) que basado en el artículo 358 párrafo primero del Código Procesal Penal, no debe considerarse la falta de personamiento como la voluntad de desistir del recurso de apelación interpuesto y que la sanción de esta falta de personamiento, es solamente la no notificación de la sentencia a quien no se personó. Esta Sala estima que el alegato plateado por el recurrente, no soporta una primera lectura de la sentencia recurrida, pues tanto en los antecedentes como en la motivación de la sentencia, la Corte de Apelaciones, hace su análisis jurídico, tomando en cuenta los alegatos vertidos por el Ministerio Público, así como los vertidos por la defensa. En la sentencia se lee en el numeral cuatro del acápite “motivación”, como la Corte de Apelaciones toma en cuenta el análisis del dictamen aportado por la defensa y alegado en su expresión de agravios y el numeral cinco comienza: “Al analizar los dictámenes tanto del Ministerio Público como de la defensa…”; observándose que lo alegado por la defensa del imputado, al manifestar que no se tomó en cuenta lo aportado por la defensa, está completamente alejado de la verdad, y solo por el hecho de que en el acápite de la sentencia “PARTES PERSONADAS EN ESTA INSTANCIA”, se lea “…únicamente la abogada Elisa Patricia Amador, Fiscal del Ministerio Público, en virtud de que la abogada ara Janeth Aguilar Cruz, defensora privada se persono fuera del término de ley.” No significa que la alzada no haya analizado los agravios presentados, y tomado una decisión con ambos alegatos, decisión que no favoreció a la defensa. Es tan simple el alegato que claramente se deja ver el objeto de dilatar el proceso, subsumiéndose este hecho en el causal número 9 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siendo procedente sobreseer el presente recurso de amparo.” Manifestándose una vez más el ánimo de que el caso penal no avance, hecho que constituye una causal de admisibilidad. -CONSIDERANDO (4): Con relación a la supuesta vulneración al artículo 90 constitucional por haberse sobreseído el recurso sin que se trate del caso referido en el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es menester señalar que en estos casos se aplica, el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el cual el legislador dejo dos posibilidades de sobreseer las causas; una es cuando se trata de admisibilidad, es decir un rechazo de plano, un rechazo en puertas, y la segunda opción se aplica cuando, una vez pasado el momento procesal de la admisión, y como dice la norma “…Dentro del trámite…” observe el recurrente, que para estar dentro de un trámite, es porque ya se admitió la causa, “sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos, la causal de inadmisibilidad.” Con ello la ley permite una salida cuando una vez venidos y analizados los antecedentes, surgen causas de inadmisibilidad, que impiden entrar a conocer el fondo del asunto, siendo procedente el sobreseimiento. Este análisis de suyo innecesario, se ha hecho en aras al derecho a una respuesta motivada, no obstante, es tan básico el alegato del supuesto agravio que lleva a ésta, a concluir que, de forma repetida, la interposición de este recurso de reposición, también tiene por objeto la dilación del proceso, por lo que se estima procedente denegar el mismo. -CONSIDERANDO (5): Que el derecho al acceso a la justicia constitucional es un derecho de configuración legal y no un derecho de libertad; es decir que se deben seguir los cauces marcados por el legislador o los procedimientos legalmente preestablecidos. En el caso de autos, esta Sala NO encuentra estimable la argumentación hecha por el recurrente con respecto a los precedentes vinculantes indicados. -CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 N.º 7 Y 46 N.º 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DENEGANDO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, actuando a favor de RENE ALFONSO RODRIGUEZ VALLE; contra la sentencia emitida por la esta Sala de lo Constitucional en fecha catorce de octubre de dos mil veinte, en el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.-Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes febrero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de octubre y Resolución de fecha tres (3) de diciembre del año dos mil veinte (2020) recaídas en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0598-2019.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL