Sentencia AP-591-19 — Registro 11385
Resumen
Resolución que revocó auto de formal procesamiento y ordenó sobreseimiento a favor de imputado por el delito de Lavado de activos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO: Que esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. Hemos insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que también es necesario insistir que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. CONSIDERANDO: Que en el caso que nos ocupa, el recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, apreciaciones relacionadas estrictamente con valoración probatoria, cuestionando la forma en la que se ha valorado la prueba por parte del Tribunal Ad Quem, y censurando—con escasos argumentos—el valor otorgado por la Alzada a la declaración del testigo Ingrid Yaneth Carbajal Diaz y a la prueba documental evacuada en segunda instancia. .Sin duda que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. CONSIDERANDO: Que como debería saberlo el recurrente, nuestro sistema se orienta hacia dicho principio, que es un sistema que procura que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial que la prueba deba ser valorada conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”, que conllevan a un análisis racional y lógico de la prueba. Así entonces, el juzgador no debe estar sujeto a la prueba bajo un esquema aritmético, sino racional y lógico, siendo impropias—y además desatinadas—las aseveraciones del recurrente en cuanto a que la declaración de la víctima deba desecharse por tener éste un “interés” en la causa. Este tipo de afirmaciones sugieren un desconocimiento del principio que citamos, que conlleva a que la valoración, al serle propia al juzgador, le debe permitir establecer la credibilidad que le merezca uno, dos o más testimonios, resultando de por sí indiferente el número de medios probatorios que logren formar su convicción, siempre que esta valoración se haga dentro de los límites legales y en acatamiento a los principios que rectoran el proceso, acatando las formalidades que por ley le son requeridas a todo juzgador. CONSIDERANDO: Que dicho lo anterior, es oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia , por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional. No obstante, como también lo ha sostenido esta Sala, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso. CONSIDERANDO: Que en el presente caso, el recurrente presenta diversas alegaciones que se refieren a aspectos de valoración probatoria que a criterio de esta Sala resultan infundadas e insuficientes para efecto de sustentar su acción de amparo, pues su cuestionamiento surge claramente de una mera inconformidad con la valoración del Ad Quem, misma que a criterio de esta Sala ha sido debida y correctamente razonada, y además derivada de la prueba aportada en el proceso, tal y como lo dispone nuestro ordenamiento jurídico procesal. CONSIDERANDO: Que así entonces, esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los imputados en este proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y la probable participación del imputado en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho. En conclusión y por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Ampar interpuesto por el Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho de marzo de febrero de dos mil diecinueve, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha siete de junio de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor Edwin Alfredo Aguilar Gómez, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha tres de junio de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, la Abogada Claudia Laínez, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Edwin Alfredo Aguilar Gómez, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. (Folios 1-3 de la pieza del A-quo) 2) En fecha siete de junio de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en la celebración de la audiencia inicial, en nombre del Estado de Honduras decretó: 1)AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra del imputado EDWIN ALFREDO AGUILAR GÓMEZ, a quien se le supone responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-Asimismo decrétese la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, por el término de DOS AÑOS, a cumplirla en el Centro Penitenciario de esta ciudad de Choluteca, considerando que el máximo de la pena a aplicar al ahora procesado en caso de ser declarado culpable es mayor a cinco años y el articulo 445 del Código Procesal Penal establece que para efectos penales se considerarán delitos graves los que estén sancionados por una pena mayor, entendiéndose por tal la que exceda de cinco años, (Sic) de igual según el artículo 178 del Código Procesal Penal establece que se podrá decretar Prisión Preventiva, cuando concurra alguna de las circunstancias como: Peligro de fuga del imputado y el riesgo infundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del denunciante. Además de encontrarse comprendido en el artículo 184 del Código Procesal Penal que no cabe decretar medidas distintas en este tipo de delitos, por lo que este juzgado estima idónea y proporcional la PRISIÓN PREVENITVA. Resolución en base a los artículos 88, 89, 90, 92 y 94 de la Constitución de la República, artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, articulo 8, 18, 139, 141, 198, 199, 202, 294, 295, 297, 298, 445 del Código Procesal Penal. Articulo 2 numeral 18, 35, 26 del decreto número 144-2014 que contiene la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, en relación al 32 del Código Penal. Articulo 1 y 16 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. Sin perjuicio de que esta resolución pueda ser modificada o revocada, mediante los recursos respectivos que la ley otorga a las partes…. (Folios 19-40 de la pieza del A-quo) 3) La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados Roy Arquímedes Sánchez Udiel y Héctor Vicente Sánchez, en su condición de Apoderados Legales del señor Edwin Alfredo Aguilar Gómez, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede; en fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos decretó: PRIMERO: CON LUGAR, el recurso de Apelación interpuesto por los Abogados ROY ARQUÍMEDES SÁNCHEZ (Sic) URIEL Y HÉCTOR VICENTE RODRIGUEZ, en su condición de Defensores Privados del señor EDWIN ALFREDO AGUILAR GÓMEZ, contra la resolución de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho, en la causa criminal instruida, por suponerlo responsable del delito por el cual ha sido procesado, SEGUNDO: REVOCAR la resolución impugnada, debiendo dictarse un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del señor EDWIN ALFREDO AGUILAR GÓMEZ, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la (Sic) ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 36-44 vuelto de la pieza del Ad-quem) 4) Que, el recurrente, Abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, compareció ante este Tribunal en fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en el recurso de mérito, el escrito presentado por la Abogada Yulibeth Garay Hernández, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, asimismo, dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de los antecedentes al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
CONSIDERANDO: Que la garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO: Que a la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO: Que el acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la resolución emitida en fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de la Seccional de Choluteca y Valle, la cual se denuncia ante esta Sala por parte del recurrente, de ser violatoria de la garantía del debido proceso en perjuicio del Estado de Honduras. CONSIDERANDO: Que la resolución impugnada decidió declarar ha lugar un recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Edwin Alfredo Aguilar Gómez, contra la resolución de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho, en la causa criminal instruida, por suponerlo responsable del delito por el cual ha sido procesado, decidiendo REVOCAR la resolución impugnada, por lo que debió dictarse un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del señor EDWIN ALFREDO AGUILAR GÓMEZ, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la (Sic) ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que la intervención de los órganos jurisdiccionales en este asunto se inicia con la presentación de un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, ante el ya mencionado Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en contra del señor EDWIN ALFREDO AGUILAR GÓMEZ, a quien se imputó la comisión del delito de por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la (Sic) ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que en audiencia inicial celebrada ante el juzgado de instancia, se decidió un AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del imputado, al estimar el juzgador que según lo manda el artículo 294 del Código Procesal Penal solo se requiere una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver la probable realización del hecho que se imputa sobre su relevancia jurídica penal y la probabilidad de la participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de la medida cautelar, por lo que el juzgador encuentro un mínimo indicio racional de la participación a título de autor del ahora imputado, imponiendo el respectivo auto de formal procesamiento. Como ya queda dicho, la decisión del A Quo fue recurrida en apelación por parte de la defensa del imputado ante la Corte de Alzada, la cual dictó resolución en fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, revocando el auto de formal procesamiento en referencia, y dictando un sobreseimiento definitivo a favor del imputado. SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA CONSIDERANDO: Que conociendo del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Alzada consideró, que el juez no realizó una valoración armónica y conjunta de la prueba, ya que con la prueba evacuada en segunda instancia, el Tribunal de Alzada, consideró que se justificó la procedencia del dinero, que es de la venta de lácteos a la que se dedica el señor ERNESTO ABRHAM ARIAS, dinero que portaba el señor EDWIN ALFREDO AGUILAR GOMEZ, en su condición de trabajador del señor ERNESTO ABRHAM ARIAS, manifestando la Corte de Apelaciones, que si bien existe un indicio en contra del acusado de portar dinero de moneda extranjera que excede la cantidad de diez mil dólares, y no depositarlo en una institución bancaria, este indicio por sí solo no es suficiente para determinar la responsabilidad penal del acusado puesto que se demostró que la procedencia del mismo es legal, señalando que estos elementos extraen al acusado del indicio racional de participación en el hecho que se le imputa ,corresponde en el caso de autos, el dictado de un sobreseimiento definitivo a favor del acusado. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA RECURRENTE CONSIDERANDO: Que para el impetrante la Corte de Apelaciones ha hecho una valoración errónea de las pruebas, cuestionando asimismo que la apreciación de las pruebas por parte de la Corte de Apelaciones constituye una transgresión a los parámetros de valoración, ya que considera que dicha prueba no es suficiente como para que el Tribunal Ad quem,, haya decretado la resolución de dictar un sobreseimiento definitivo, para el ente fiscal, existen los fundamentos legales más que suficientes como para mantener el auto de formal procesamiento, y que fuese en el juicio oral y público donde después de la valoración objetiva de la prueba tanto de cargo como de descargo se tomase la determinación final de declarar la responsabilidad penal del acusado. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO: Que esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. Hemos insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que también es necesario insistir que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. CONSIDERANDO: Que en el caso que nos ocupa, el recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, apreciaciones relacionadas estrictamente con valoración probatoria, cuestionando la forma en la que se ha valorado la prueba por parte del Tribunal Ad Quem, y censurando—con escasos argumentos—el valor otorgado por la Alzada a la declaración del testigo Ingrid Yaneth Carbajal Diaz y a la prueba documental evacuada en segunda instancia. .Sin duda que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. CONSIDERANDO: Que como debería saberlo el recurrente, nuestro sistema se orienta hacia dicho principio, que es un sistema que procura que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial que la prueba deba ser valorada conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”, que conllevan a un análisis racional y lógico de la prueba. Así entonces, el juzgador no debe estar sujeto a la prueba bajo un esquema aritmético, sino racional y lógico, siendo impropias—y además desatinadas—las aseveraciones del recurrente en cuanto a que la declaración de la víctima deba desecharse por tener éste un “interés” en la causa. Este tipo de afirmaciones sugieren un desconocimiento del principio que citamos, que conlleva a que la valoración, al serle propia al juzgador, le debe permitir establecer la credibilidad que le merezca uno, dos o más testimonios, resultando de por sí indiferente el número de medios probatorios que logren formar su convicción, siempre que esta valoración se haga dentro de los límites legales y en acatamiento a los principios que rectoran el proceso, acatando las formalidades que por ley le son requeridas a todo juzgador. CONSIDERANDO: Que dicho lo anterior, es oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[1], por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional. No obstante, como también lo ha sostenido esta Sala, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso. CONSIDERANDO: Que en el presente caso, el recurrente presenta diversas alegaciones que se refieren a aspectos de valoración probatoria que a criterio de esta Sala resultan infundadas e insuficientes para efecto de sustentar su acción de amparo, pues su cuestionamiento surge claramente de una mera inconformidad con la valoración del Ad Quem, misma que a criterio de esta Sala ha sido debida y correctamente razonada, y además derivada de la prueba aportada en el proceso, tal y como lo dispone nuestro ordenamiento jurídico procesal. CONSIDERANDO: Que así entonces, esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los imputados en este proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y la probable participación del imputado en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho. En conclusión y por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho de marzo de febrero de dos mil diecinueve, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha siete de junio de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor Edwin Alfredo Aguilar Gómez, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil veinte, certificación del fallo de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0591=2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] PICÓ I JUNOY, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, págs. 199-200