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Sentencia AP-590-20 — Registro 11620

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la del a-quo; con relación a la causa instruida por delito de actos de lujuria agravados, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" En conclusión, la Sala de lo Constitucional estima procedente otorgar el presente amparo, en virtud de que la resolución judicial de la corte de apelaciones denunciada violenta el derecho a la tutela judicial efectiva a la que tiene derecho la niña que presuntamente ha sido víctima de una agresión sexual, según se desprende de las razones aducidas para dictar un sobreseimiento definitivo, sin cumplirse los presupuestos procesales que impone el artículo 92 constitucional. Asimismo, sin tomar en cuenta que la víctima tiene derecho a una investigación de los hechos con calidad, atendiendo a su vulnerabilidad por su condición de mujer y a la vez niña de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 9 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, (Convención de Belem do Pará), que a la letra disponen: “Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.” “Artículo 7. Los Estados Parte condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;…” “Artículo 9. Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Parte tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.” El artículo 9 transcrito ut supra remite al concepto de interseccionalidad como método de análisis jurídico que involucra considerar la discriminación que sufre una persona por ser mujer, pero que a la vez debe tomarse en cuenta otros factores de discriminación o vulnerabilidad, como ser su corta edad, etnia a la que pertenece, estrato social, ocupación, etcétera. En ese sentido resulta paradigmática la sentencia de la Corte IDH dictada en el caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador[16], en la cual dicho tribunal advierte que en la persona de la víctima confluyen, “en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH.” Dicha interseccionalidad de factores, señaló la Corte IDH, se conjugaron de manera que la discriminación que vivió la víctima en su vida se dio de una manera que le cerraron oportunidades, y que de no haber pertenecido a alguno de los sectores de vulnerabilidad, las cosas le habrían sido diferentes. Por lo que la Corte IDH analiza cada uno de los factores de vulnerabilidad para una mejor comprensión del alcance de la violación a sus derechos. Partiendo desde su pobreza que impactó en que no tuviera una atención en salud de calidad y que generó el contagio con VIH.[17] La Corte IDH advierte que en este caso confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH. Resulta de especial interés el voto concurrente del juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot y la adhesión a este por parte de los jueces Roberto F. Caldas y Manuel E. Ventura, emitida en la sentencia antes dicha, para enfatizar y profundizar inter alia en el concepto de “interseccionalidad” en la discriminación. Por otro lado, la Sala estima procedente otorgar amparo por violación a ese mismo derecho de tutela judicial efectiva en relación con el debido proceso, en virtud de que no corresponde dictar en este caso sobreseimiento definitivo de conformidad a lo que dispone el artículo 92 constitucional con relación a los artículos 295, 296 y 297 del Código Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El texto constitucional reformado dispone ahora que, para dictar el auto de formal procesamiento, basta que exista evidencia probatoria de la existencia del delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. La consecuencia práctica de dicha reforma es que ahora se establece como estándar para dictar el auto de formal procesamiento, una probabilidad de existencia y no la certeza de haberse cometido un delito, esto obtenido con apenas un mínimo de prueba. Dicho de otro modo, ya no es necesario que, en la audiencia inicial se acredite la plena existencia del delito como se exigía antes, sino apenas, una evidencia probatoria. De manera que antes de la reforma, cuando el ente acusador no acreditaba la plena prueba del delito, correspondía que se dictara como primera opción un sobreseimiento provisional para que en el improrrogable plazo de cinco años se indagase y se produjera la prueba de cargo necesaria para lograr obtener la plena prueba de la existencia del delito; sin embargo, ahora con la reforma, no es necesario, pues basta un mínimo de prueba o evidencia probatoria para que sea procedente dictar un auto de formal procesamiento. Hoy día con la reforma constitucional, si la prueba aportada no permite establecer que existe una evidencia o probabilidad de existencia de delito, lo que corresponde en primer término es el sobreseimiento provisional y no el definitivo. La Sala recalca lo expresado sobre el sobreseimiento provisional como primera opción, en lugar del sobreseimiento definitivo, en virtud de que, tanto antes de la reforma constitucional aludida como ahora, para dictar el sobreseimiento definitivo es imprescindible que el juzgador de la audiencia inicial llegue a la convicción de que se ha acreditado de manera plena la no existencia del delito o que  quede claro más allá de toda duda, la imposibilidad de que a futuro se pueda acreditar dicha evidencia mínima. Lo anterior es porque a diferencia del juicio oral y público donde impera el principio in dubio pro reo, en la audiencia inicial el principio que aplica es el in dubio pro societate, según el cual basta que exista una probabilidad de que el delito se haya cometido para que el proceso continúe hasta el juicio oral y público, siendo esta última, la etapa del proceso donde se desarrolla a plenitud el juzgamiento y donde las partes se emplean a fondo para demostrar con todo su arsenal probatorio sus distintas posiciones. Por tanto, es distinto el estándar de exigencia probatoria de la audiencia inicial con relación a la audiencia de juicio oral. La valoración que se hace en la audiencia inicial es para determinar una posibilidad o indicio, y no es correcto desnaturalizar el proceso exigiendo en esta fase la certeza que se exige en el juicio propiamente dicho. Por lo que el juzgador no puede exigir en la audiencia inicial que el ente acusador del Estado despliegue todo su esfuerzo para lograr convencerle en grado de certeza. En el presente caso, estando el asunto apenas en audiencia inicial, para que los juzgadores de instancia puedan dictar el sobreseimiento definitivo que han dictado, es absolutamente necesario que los juzgadores de ambas instancias indiquen como es que llegaron a la convicción en grado de certeza que en el presente caso no hubo comisión de delito, o que el encartado no es la persona que lo cometió. En consecuencia, no basta señalar como se ha hecho en la presente causa, que el Ministerio Público fue incapaz de acreditar la existencia del delito, porque como ya se explicó antes no es la certeza el grado de estándar exigible en esta parte del proceso para dictar el auto de formal procesamiento. Por lo que, si la conclusión a la que arriba el juzgador de instancia es que no existe certeza de haberse cometido el delito, las únicas dos opciones legal y constitucionalmente posibles es el auto de formal procesamiento y el sobreseimiento provisional, porque para poder concluir que procede el sobreseimiento definitivo sería necesario que la convicción alcanzada fuera de certeza en que no existe el delito o la no participación del encausado en los hechos. Resulta evidente entonces que en el caso de autos la resolución que se impugna en amparo no se encuentra apegada a derecho. Por otra parte, la gran pregunta que surge del presente amparo es si el testimonio de una víctima de agresión sexual (en cualquiera de sus manifestaciones), es suficiente para obtener el mínimo necesario para tener configurados los presupuestos procesales del auto de formal procesamiento. La respuesta es casuística y varia de caso a caso. Pero existen algunos elementos que podrían considerarse para valorar dicho testimonio de una manera más o menos confiable. Pero antes de entrar a señalar estos elementos que ayudan al juzgamiento de dichos testimonios, es importante aclarar que en casos como el de marras, el hecho de que la madre y la hermana de la supuesta víctima hayan expresado en sus declaraciones que la niña presentaba sangrado y enrojecimiento en el área vulvar y que esto no haya sido apoyado por el dictamen médico forense, no conlleva a estimar falsa la declaración de la niña. Es decir, si bien es cierto el dictamen médico forense no apoya o coincide con los testimonios de los testigos de cargo, no contradice el testimonio rendido por la niña. La derivación que ha hecho la corte de apelaciones carece de lógica. Aclarado el anterior punto, la Sala de lo Constitucional expone de inicio que una sola declaración puede ser suficiente para que el juzgador obtenga la convicción necesaria en la audiencia inicial para dictar el auto de formal procesamiento. De hecho, en la sentencia AC-0947-2016 de fecha once de enero de dos mil dieciocho, expresó lo siguiente en relación con este asunto.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.." Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento del derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional y al principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional al estudiar las presentes diligencias estima procedente otorgar el amparo interpuesto en virtud de las consideraciones que se exponen a continuación. De entrada, es importante señalar que el artículo 92 de la Constitución de la República fue reformado[4], dejando en el pasado aquella disposición, que obligaba al juzgador a determinar la plena prueba de la preexistencia del delito y el indicio racional que indicase su presunto autor, para poder dictar lo que se denominaba en aquel entonces, el auto de prisión. El texto constitucional reformado dispone ahora que, para dictar el auto de formal procesamiento, basta que exista evidencia probatoria de la existencia del delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. La consecuencia práctica de dicha reforma es que ahora se establece como estándar para dictar el auto de formal procesamiento, una probabilidad de existencia y no la certeza de haberse cometido un delito, esto obtenido con apenas un mínimo de prueba. Dicho de otro modo, ya no es necesario que, en la audiencia inicial se acredite la plena existencia del delito como se exigía antes, sino apenas, una evidencia probatoria. De manera que antes de la reforma, cuando el ente acusador no acreditaba la plena prueba del delito, correspondía que se dictara como primera opción un sobreseimiento provisional para que en el improrrogable plazo de cinco años se indagase y se produjera la prueba de cargo necesaria para lograr obtener la plena prueba de la existencia del delito; sin embargo, ahora con la reforma, no es necesario, pues basta un mínimo de prueba o evidencia probatoria para que sea procedente dictar un auto de formal procesamiento. Hoy día con la reforma constitucional, si la prueba aportada no permite establecer que existe una evidencia o probabilidad de existencia de delito, lo que corresponde en primer término es el sobreseimiento provisional y no el definitivo. La Sala recalca lo expresado sobre el sobreseimiento provisional como primera opción, en lugar del sobreseimiento definitivo, en virtud de que, tanto antes de la reforma constitucional aludida como ahora, para dictar el sobreseimiento definitivo es imprescindible que el juzgador de la audiencia inicial llegue a la convicción de que se ha acreditado de manera plena la no existencia del delito o que  quede claro más allá de toda duda, la imposibilidad de que a futuro se pueda acreditar dicha evidencia mínima. Lo anterior es porque a diferencia del juicio oral y público donde impera el principio in dubio pro reo, en la audiencia inicial el principio que aplica es el in dubio pro societate, según el cual basta que exista una probabilidad de que el delito se haya cometido para que el proceso continúe hasta el juicio oral y público, siendo esta última, la etapa del proceso donde se desarrolla a plenitud el juzgamiento y donde las partes se emplean a fondo para demostrar con todo su arsenal probatorio sus distintas posiciones. Por tanto, es distinto el estándar de exigencia probatoria de la audiencia inicial con relación a la audiencia de juicio oral. La valoración que se hace en la audiencia inicial es para determinar una posibilidad o indicio, y no es correcto desnaturalizar el proceso exigiendo en esta fase la certeza que se exige en el juicio propiamente dicho. Por lo que el juzgador no puede exigir en la audiencia inicial que el ente acusador del Estado despliegue todo su esfuerzo para lograr convencerle en grado de certeza. En el presente caso, estando el asunto apenas en audiencia inicial, para que los juzgadores de instancia puedan dictar el sobreseimiento definitivo que han dictado, es absolutamente necesario que los juzgadores de ambas instancias indiquen como es que llegaron a la convicción en grado de certeza que en el presente caso no hubo comisión de delito, o que el encartado no es la persona que lo cometió. En consecuencia, no basta señalar como se ha hecho en la presente causa, que el Ministerio Público fue incapaz de acreditar la existencia del delito, porque como ya se explicó antes no es la certeza el grado de estándar exigible en esta parte del proceso para dictar el auto de formal procesamiento. Por lo que, si la conclusión a la que arriba el juzgador de instancia es que no existe certeza de haberse cometido el delito, las únicas dos opciones legal y constitucionalmente posibles es el auto de formal procesamiento y el sobreseimiento provisional, porque para poder concluir que procede el sobreseimiento definitivo sería necesario que la convicción alcanzada fuera de certeza en que no existe el delito o la no participación del encausado en los hechos. Resulta evidente entonces que en el caso de autos la resolución que se impugna en amparo no se encuentra apegada a derecho. Por otra parte, la gran pregunta que surge del presente amparo es si el testimonio de una víctima de agresión sexual (en cualquiera de sus manifestaciones), es suficiente para obtener el mínimo necesario para tener configurados los presupuestos procesales del auto de formal procesamiento. La respuesta es casuística y varia de caso a caso. Pero existen algunos elementos que podrían considerarse para valorar dicho testimonio de una manera más o menos confiable. Pero antes de entrar a señalar estos elementos que ayudan al juzgamiento de dichos testimonios, es importante aclarar que en casos como el de marras, el hecho de que la madre y la hermana de la supuesta víctima hayan expresado en sus declaraciones que la niña presentaba sangrado y enrojecimiento en el área vulvar y que esto no haya sido apoyado por el dictamen médico forense, no conlleva a estimar falsa la declaración de la niña. Es decir, si bien es cierto el dictamen médico forense no apoya o coincide con los testimonios de los testigos de cargo, no contradice el testimonio rendido por la niña. La derivación que ha hecho la corte de apelaciones carece de lógica. Aclarado el anterior punto, la Sala de lo Constitucional expone de inicio que una sola declaración puede ser suficiente para que el juzgador obtenga la convicción necesaria en la audiencia inicial para dictar el auto de formal procesamiento. De hecho, en la sentencia AC-0947-2016 de fecha once de enero de dos mil dieciocho, expresó lo siguiente en relación con este asunto: “CONSIDERANDO (9): Que de las consideraciones anteriormente relacionadas podremos afirmar entonces que desmeritar el valor probatorio de la declaración testimonial única o singular no parece justificable, puesto que ello implicaría una limitación a la libre valoración de la prueba por parte del juez, valoración que es propia y que le permite por ende establecer la credibilidad que le merezca el testimonio, resultando por ende indiferente que sea un sólo testigo que logre formar su convicción. Por supuesto que esta valoración debe hacerse siempre dentro de los límites legales y en acatamiento a los principios que rectoran el proceso, siguiendo con las formalidades que por ley le son requeridas a todo juzgador.” En casos como el de mérito, es importante tomar en cuenta que los niños son un sector de la sociedad vulnerable al abuso sexual por su inocencia, ingenuidad y debilidad lo que debe servir al juzgador para no exigir a la víctima una declaración madura. Por otra parte, la literatura forense refiere de técnicas especializadas que son necesarias y útiles para hacer un abordaje correcto a las víctimas de algún tipo de agresión sexual, especialmente cuando estos son infantes. Es claro que en el presente caso no se han seguido estas técnicas especiales porque requieren de un entrenamiento que los operadores de justicia (abogados, médicos, fiscales, jueces, psicólogas, psiquiatras, trabajadoras sociales, etc.) no hemos tenido. No obstante, es importante al menos aclarar, si en el presente caso los juzgadores de instancia hicieron un esfuerzo para detectar si hubo manipulación que conlleve a pensar que la niña fue aleccionada para declarar de determinada forma; o si por el contrario, tanto el juez como el tribunal de alzada hicieron una argumentación encaminada a establecer que no observó manipulación o presión y que se estima la declaración libre y conforme a lo sucedido. Revisando la fundamentación de las resoluciones de instancia, la Sala de lo Constitucional observa que ni el juez ni la corte de apelaciones hicieron referencia a estos extremos. En este tipo de entrevistas, el profesional que toma la declaración de la niña debería indagar si existe alguna razón para estimar que la víctima siente miedo a represalias por parte del perpetrador o por parte del núcleo familiar; asimismo valorar si existen sentimientos de vergüenza o culpa. El profesional debería también valorar si se identifican algunos factores o indicadores para la detección de una situación de abuso, por ejemplo:  Dificultad en la marcha o al sentarse, manchas en la ropa interior (sangre, flujo), infecciones genitales, enfermedades venéreas, alteraciones en el área genital, retraimiento, depresión, estadios de mal humor, tristeza o aislamiento, conductas sexuales impropias de la edad del infante. Por otra parte, el estado que presenta la víctima de abuso sexual depende de múltiples factores, ya que la reacción que ésta pueda desarrollar ante una situación de este tipo estará en función no sólo de sus características psicológicas (nivel de desarrollo intelectual, afectivo, social, etapa evolutiva, estrategias de afrontamiento, etc.), sino también de las características que reviste el abuso al que ha sido sometido, por ejemplo si el perpetrador forma parte de su familia o no, en el caso de abuso extrafamiliar si se trata de una persona de su entorno o de un desconocido, el tipo de relación previa con el abusador, estrategias por parte del mismo para llevar a cabo el abuso, uso de la violencia y/o amenazas, o por el contrario, del engaño o la seducción, características del hecho, si ha sido un episodio único o repetitivo, etc. Asimismo, dependerá del apoyo proporcionado por la familia o si la víctima recibe o no atención especializada. Obviamente la Sala hace exposición de todo esto, sin señalar que se repita la entrevista o el testimonio de la niña, sino que lo hace para que se tenga en cuenta para otras situaciones similares, con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad. De hecho, en el presente caso la niña fue abordada más de una vez, cayendo en lo que la doctrina ha llamado “revictimización”. La valoración de la credibilidad del testimonio de un infante está constituida por la aplicación de diversas técnicas cuyos resultados deben ser integrados entre sí. De igual manera la valoración perspicaz del juez que debe tomar en consideración las características individuales de la víctima, por ejemplo, considerar la historia previa del infante, su nivel intelectual, memoria, capacidad para interpretar situaciones o para relacionar conceptos y estructurar narraciones, nivel de conocimientos en materia sexual, lenguaje y nivel de vocabulario, tono afectivo, implicación emocional, etc. Por otra parte, verificar si existen posibles motivos de falseamiento en la declaración, por ejemplo, las condiciones del entorno familiar, la posibilidad de presiones sobre el testimonio del infante por distintos motivos; también puede ocurrir que la víctima haya sido abordada inadecuadamente por el personal fiscal, policial, judicial o médico, que de forma involuntaria implante ideas o que haya llegado a conclusiones por su cuenta a partir de lo expresado por la víctima, esto ocurre cuando se hacen interrogatorios inadecuados, uso incorrecto del lenguaje o material de apoyo (por ejemplo, muñecos anatómicamente inexactos) o metodologías inaplicables para esos casos. Como se había dicho el tema es complejo. El evaluar la credibilidad de los testimonios de infantes víctimas de abuso sexual, requiere de entrenamiento especial, por lo que apenas aquí en esta sentencia se trazan nada más algunas ideas que pueden ser observadas en este y otros casos. A la sazón: la longitud del testimonio o declaración (corta vs. larga), la verificabilidad del contenido (verificable vs. no verificable). Asimismo, complejidad del hecho descrito (complejo vs. simple), duración del suceso (corto/único vs. largo/repetitivo), emocionalidad del hecho descrito (emocional vs. neutral), tipo de mentira posible (ocultación, exageración, creación de nuevos detalles), dirección de la declaración (culpabilidad vs. exculpación, alcance de los engaños posibles (detalles simples vs. totalidad de la declaración) implicación personal (testigo no implicado vs. participante o víctima), secuencia de la declaraciones (primer relato vs. relatos repetidos), etc. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte IDH se aborda por primera vez y de manera específica la violencia sexual contra las mujeres en la sentencia del Caso del penal Miguel Castro Castro Vs. Perú[5], en la que se abordan diversas violaciones cometidas durante el “Operativo mudanza 1” dentro del penal mencionado. La Corte IDH consideró probado en su sentencia que los ataques comenzaron específicamente en el pabellón de la prisión que era ocupado por mujeres prisioneras, incluyendo mujeres que estaban embarazadas. En dicha sentencia, la Corte IDH analizó el alcance y las consecuencias del delito de violencia sexual sufrido por mujeres bajo custodia del Estado, lo que estimó una violación al artículo 5 de la Convención Americana e interpretó su alcance tomando en consideración como referencia de interpretación la Convención de Belém de Pará[6]. Por otro lado, la Corte IDH sostuvo por primera vez que la violencia de género es una forma de discriminación de acuerdo con los precedentes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Asimismo, la Corte IDH definió el fenómeno de la “violencia sexual” considerando lo siguiente: “[l]a violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno.”[7] Pero además estableció la ineludible obligación de actuar con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres, contenida en el artículo 7.b) de la Convención Americana, para determinar la responsabilidad del Estado por la violación de la obligación de investigar y sancionar contenida en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana.[8] Si bien la anterior fue la primera sentencia que introdujo el tema de violencia contra las mujeres, fue la sentencia del Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México en donde se aborda este tema de forma integral.[9] [10] La Corte IDH encontró al Estado mexicano responsable por varias violaciones a la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las víctimas y sus familiares.[11] Concretamente, la Corte IDH encontró violaciones al deber general de garantizar los derechos humanos de las víctimas al no actuar con la debida diligencia requerida para protegerlos, lo que la Sala de lo Constitucional ha venido por su parte declarando en su jurisprudencia como violación al derecho a una tutela judicial efectiva. Por otra parte, en la sentencia Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México[12], la Corte IDH afirmó varios principios importantes vinculados con la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia y de garantizar un adecuado acceso a la justicia ante casos de violencia sexual[13]: “a) la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima; b) una violación sexual puede constituir tortura aun cuando consiste en un sólo hecho u ocurre fuera de instalaciones estatales, si existe intencionalidad, sufrimiento severo y una finalidad por parte de los perpetradores; c) una violación sexual vulnera valores y aspectos esenciales de la vida privada de una persona y supone una intromisión en su vida sexual, anulando su derecho a tomar libremente decisiones personales e íntimas; d) ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales encargadas de su protección; e) la investigación en casos de violencia sexual debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia traumática; y f) la declaración de la víctima sobre un hecho de violencia sexual es fundamental en la investigación, juzgamiento, y sanción de los hechos.” Lo subrayado pertenece a la Sala para enfatizar lo que corresponde al presente caso. Un caso paradigmático sobre la falta de diligencia de las autoridades estatales para proteger los derechos de las mujeres, erradicando toda forma de violencia en su contra, es el caso expuesto en la sentencia del Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México.[14] En dicha oportunidad la Corte IDH estimó varias violaciones a la Convención Americana en perjuicio de Valentina Rosendo Cantú, incluyendo sus derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la intimidad, a la protección y garantías judiciales, a un acceso a la justicia sin discriminación, así como su derecho a una protección especial por tratarse de una niña. Pero lo más importante expresado por la Corte fue la violación al derecho a vivir libre de violencia de acuerdo con la Convención de Belém do Pará.[15] En conclusión, la Sala de lo Constitucional estima procedente otorgar el presente amparo, en virtud de que la resolución judicial de la corte de apelaciones denunciada violenta el derecho a la tutela judicial efectiva a la que tiene derecho la niña que presuntamente ha sido víctima de una agresión sexual, según se desprende de las razones aducidas para dictar un sobreseimiento definitivo, sin cumplirse los presupuestos procesales que impone el artículo 92 constitucional. Asimismo, sin tomar en cuenta que la víctima tiene derecho a una investigación de los hechos con calidad, atendiendo a su vulnerabilidad por su condición de mujer y a la vez niña de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 9 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, (Convención de Belem do Pará), que a la letra disponen: “Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.” “Artículo 7.  Los Estados Parte condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;…” “Artículo 9. Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Parte tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.” El artículo 9 transcrito ut supra remite al concepto de interseccionalidad como método de análisis jurídico que involucra considerar la discriminación que sufre una persona por ser mujer, pero que a la vez debe tomarse en cuenta otros factores de discriminación o vulnerabilidad, como ser su corta edad, etnia a la que pertenece, estrato social, ocupación, etcétera. En ese sentido resulta paradigmática la sentencia de la Corte IDH dictada en el caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador[16], en la cual dicho tribunal advierte que en la persona de la víctima confluyen, “en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH.” Dicha interseccionalidad de factores, señaló la Corte IDH, se conjugaron de manera que la discriminación que vivió la víctima en su vida se dio de una manera que le cerraron oportunidades, y que de no haber pertenecido a alguno de los sectores de vulnerabilidad, las cosas le habrían sido diferentes. Por lo que la Corte IDH analiza cada uno de los factores de vulnerabilidad para una mejor comprensión del alcance de la violación a sus derechos. Partiendo desde su pobreza que impactó en que no tuviera una atención en salud de calidad y que generó el contagio con VIH.[17] La Corte IDH advierte que en este caso confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH. Resulta de especial interés el voto concurrente del juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot y la adhesión a este por parte de los jueces Roberto F. Caldas y Manuel E. Ventura, emitida en la sentencia antes dicha, para enfatizar y profundizar inter alia en el concepto de “interseccionalidad” en la discriminación. Por otro lado, la Sala estima procedente otorgar amparo por violación a ese mismo derecho de tutela judicial efectiva en relación con el debido proceso, en virtud de que no corresponde dictar en este caso sobreseimiento definitivo de conformidad a lo que dispone el artículo 92 constitucional con relación a los artículos 295, 296 y 297 del Código Penal

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil veinte. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el agente de tribunales del Ministerio Público, abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha veinticuatro de diciembre del año dos mil dieciocho por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; con relación a la causa instruida contra el señor JUAN ARÍSTIDES MONTES CANO, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la niña M. N. M. H.. Estimando el recurrente que la decisión del iudex ad quem, es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha catorce de noviembre del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, la abogada GRACIELA MALDONADO, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JUAN ARÍSTIDES MONTES CANO, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la niña M. N. M. H.. (Folios 1–20 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 2. En fecha veinticuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, tras la celebración de la audiencia inicial, el citado juzgado resolvió: “1) Tener por ratificado el requerimiento fiscal contra el imputado JUAN ARÍSTIDES MONTES CANO, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de M. N. M. H.. 2) SIN LUGAR EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra JUAN ARÍSTIDES MONTES CANO, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de M. N. M. H. por no existir el indicio racional de participación. 3) Extender al señor JUAN ARÍSTIDES MONTES CANO, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de M. N. M. H. la correspondiente CARTA DE LIBERTAD DEFINITIVA, librar atenta nota al señor director de la Granja penal de Comayagua informando de la presente resolución.” (Folios 39-40v de la pieza de antecedentes de primera instancia). 3. En fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve la honorable Corte de Apelaciones seccional de Comayagua, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada GRACIELA MALDONADO, en su condición de fiscal del Ministerio Público, falló: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR, el recurso de apelación que ha presentado EL MINISTERIO PÚBLICO, representado por la abogada GRACIELA MALDONADO, contra la resolución de fecha veinticuatro de diciembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras Penal de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, que resuelve: DICTAR AUTO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de JUAN ARÍSTIDES MONTES CANO, por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de M. N. M. C.. SEGUNDO: SE CONFIRMA la resolución recurrida.” (Folios 7–11v de la pieza de antecedentes de segunda instancia). 4. El abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, compareció ante este alto tribunal de justicia en fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, interponiendo garantía de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República. (Folios 1–6 de la presente garantía). 5. En fecha siete de enero del año dos mil veinte, este alto tribunal de justicia tuvo por formalizado en tiempo y forma la garantía de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 25 de la presente garantía). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO TRES (3). Resumen de la formalización de la presente garantía, con relación a los alegatos del garantista denunciando violación del derecho al debido proceso y principio de legalidad contenidos por su orden en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. El garantista expresa que estima quebrantado el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional y el principio de legalidad establecido en el artículo 321 también constitucional, en virtud de las siguientes razones. El fiscal estima que se ha violentado el derecho al debido proceso porque la corte de apelaciones no ha observado el artículo 294 del Código Procesal Penal, el cual dispone que para tomar la decisión en la audiencia inicial es suficiente la mínima actividad probatoria que orienta a la probabilidad de comisión de la imputación y participación del imputado; y que, en el presente caso la corte no estimó suficiente las declaraciones de la niña víctima y la pericia psiquiátrica mediante la cual se sugiere la presencia de un trauma. Se ha violentado el debido proceso porque la corte no ha atendido lo dispuesto por el artículo 297 del Código Procesal Penal, exigiendo que se acredite de manera plena la comisión del delito, así como los indicios necesarios de la participación del encausado. Para el caso el tribunal ad quem señala que la prueba aportada no es concluyente para determinar que se produjo el hecho reprochable, aseveración que no se encuentra acorde con la deposición y la pericia. En virtud de lo expuesto, el fiscal reclama que la corte no ha dado cumplimiento con lo ordenado en el artículo 92 constitucional, vinculado a los artículos 294 y 297.1 del Código Procesal Penal. De haberlo hecho habría tenido que dictar el auto de formal procesamiento en contra del encartado por el delito de actos de lujuria agravados. El fiscal de manera expresa aclara a la Sala de lo Constitucional que su alegato no se orienta a que este tribunal haga valoración probatoria, y que la referencia que hace a las pruebas es únicamente para señalar la existencia de la violación explicada. El fiscal estima la violación del derecho de defensa expresando que la corte ha descartado los medios de prueba aportados por el Ministerio Público consistentes en el testimonio de la víctima y la pericia psiquiátrica, despreciando así las fuentes de prueba que, de tomarse en consideración conducirían al auto de formal procesamiento. Por otra parte, el fiscal apunta que este desprecio por las fuentes de prueba se hace sin ningún asidero legal. CONSIDERANDO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La honorable Corte de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Comayagua decidió por unanimidad de votos, confirmar el sobreseimiento definitivo a favor del imputado, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la agente de tribunales del Ministerio Público, abogada Graciela Maldonado. La corte de apelaciones arriba a la decisión anterior señalando en resumen que la prueba presentada por el Ministerio Público, consistente en las declaraciones de la niña y su madre; más, el dictamen psicológico y el estudio socioeconómico no son suficientes para acreditar que se ha cometido el delito de actos de lujuria agravados. Como parte de la valoración de la prueba, la corte señala que al cotejar las versiones encuentra que, en la manifestación de hechos narrados por la madre, el cual no fue ratificado bajo juramento durante la audiencia inicial; y por otra, el dictamen físico, no existe evidencia de manoseo en el área anogenital de la niña, evidenciando que el himen se encuentra íntegro y que no hay lesiones que permita la inferencia de que haya sido víctima de abuso sexual. La corte en virtud de lo expuesto concluye que con las declaraciones de la niña y su madre no puede darse por acreditada la comisión del delito y la participación del encartado Juan Arístides Montes Cano. El tribunal de alzada manifiesta que si bien es cierto para dictar el auto de formal procesamiento sólo basta un mínimo de actividad probatoria no debe perderse de vista que la norma procesal penal explica que los indicios deben ser racionales y que en un caso como el de mérito de orden sexual, no son suficientes para el juez de instrucción, dos testimonios (un anticipo de prueba y una declaración administrativa), siendo necesario, expresa la corte, que esto esté respaldado por otras pruebas periféricas, que correlacionadas generen la certeza y convicción de que en efecto se cometió un delito y que el encartado ha tenido participación. La corte sentencia: “La mínima actividad probatoria, no implica vulnerar el debido proceso.” Señala que no es congruente que se considere prueba suficiente para dictar auto de formal procesamiento fundándose nada más en dos declaraciones testificales, aún más cuando el Código Procesal Penal no admite más la prueba tasada, que tenía a la testifical como la prueba reina. Ahora existe la libre valoración probatoria que le permite al juzgador adquirir su convicción de acuerdo con la propia percepción obtenida de las pruebas. CONSIDERANDO CINCO (5). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento del derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional y al principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional al estudiar las presentes diligencias estima procedente otorgar el amparo interpuesto en virtud de las consideraciones que se exponen a continuación. De entrada, es importante señalar que el artículo 92 de la Constitución de la República fue reformado[4], dejando en el pasado aquella disposición, que obligaba al juzgador a determinar la plena prueba de la preexistencia del delito y el indicio racional que indicase su presunto autor, para poder dictar lo que se denominaba en aquel entonces, el auto de prisión. El texto constitucional reformado dispone ahora que, para dictar el auto de formal procesamiento, basta que exista evidencia probatoria de la existencia del delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. La consecuencia práctica de dicha reforma es que ahora se establece como estándar para dictar el auto de formal procesamiento, una probabilidad de existencia y no la certeza de haberse cometido un delito, esto obtenido con apenas un mínimo de prueba. Dicho de otro modo, ya no es necesario que, en la audiencia inicial se acredite la plena existencia del delito como se exigía antes, sino apenas, una evidencia probatoria. De manera que antes de la reforma, cuando el ente acusador no acreditaba la plena prueba del delito, correspondía que se dictara como primera opción un sobreseimiento provisional para que en el improrrogable plazo de cinco años se indagase y se produjera la prueba de cargo necesaria para lograr obtener la plena prueba de la existencia del delito; sin embargo, ahora con la reforma, no es necesario, pues basta un mínimo de prueba o evidencia probatoria para que sea procedente dictar un auto de formal procesamiento. Hoy día con la reforma constitucional, si la prueba aportada no permite establecer que existe una evidencia o probabilidad de existencia de delito, lo que corresponde en primer término es el sobreseimiento provisional y no el definitivo. La Sala recalca lo expresado sobre el sobreseimiento provisional como primera opción, en lugar del sobreseimiento definitivo, en virtud de que, tanto antes de la reforma constitucional aludida como ahora, para dictar el sobreseimiento definitivo es imprescindible que el juzgador de la audiencia inicial llegue a la convicción de que se ha acreditado de manera plena la no existencia del delito o que quede claro más allá de toda duda, la imposibilidad de que a futuro se pueda acreditar dicha evidencia mínima. Lo anterior es porque a diferencia del juicio oral y público donde impera el principio in dubio pro reo, en la audiencia inicial el principio que aplica es el in dubio pro societate, según el cual basta que exista una probabilidad de que el delito se haya cometido para que el proceso continúe hasta el juicio oral y público, siendo esta última, la etapa del proceso donde se desarrolla a plenitud el juzgamiento y donde las partes se emplean a fondo para demostrar con todo su arsenal probatorio sus distintas posiciones. Por tanto, es distinto el estándar de exigencia probatoria de la audiencia inicial con relación a la audiencia de juicio oral. La valoración que se hace en la audiencia inicial es para determinar una posibilidad o indicio, y no es correcto desnaturalizar el proceso exigiendo en esta fase la certeza que se exige en el juicio propiamente dicho. Por lo que el juzgador no puede exigir en la audiencia inicial que el ente acusador del Estado despliegue todo su esfuerzo para lograr convencerle en grado de certeza. En el presente caso, estando el asunto apenas en audiencia inicial, para que los juzgadores de instancia puedan dictar el sobreseimiento definitivo que han dictado, es absolutamente necesario que los juzgadores de ambas instancias indiquen como es que llegaron a la convicción en grado de certeza que en el presente caso no hubo comisión de delito, o que el encartado no es la persona que lo cometió. En consecuencia, no basta señalar como se ha hecho en la presente causa, que el Ministerio Público fue incapaz de acreditar la existencia del delito, porque como ya se explicó antes no es la certeza el grado de estándar exigible en esta parte del proceso para dictar el auto de formal procesamiento. Por lo que, si la conclusión a la que arriba el juzgador de instancia es que no existe certeza de haberse cometido el delito, las únicas dos opciones legal y constitucionalmente posibles es el auto de formal procesamiento y el sobreseimiento provisional, porque para poder concluir que procede el sobreseimiento definitivo sería necesario que la convicción alcanzada fuera de certeza en que no existe el delito o la no participación del encausado en los hechos. Resulta evidente entonces que en el caso de autos la resolución que se impugna en amparo no se encuentra apegada a derecho. Por otra parte, la gran pregunta que surge del presente amparo es si el testimonio de una víctima de agresión sexual (en cualquiera de sus manifestaciones), es suficiente para obtener el mínimo necesario para tener configurados los presupuestos procesales del auto de formal procesamiento. La respuesta es casuística y varia de caso a caso. Pero existen algunos elementos que podrían considerarse para valorar dicho testimonio de una manera más o menos confiable. Pero antes de entrar a señalar estos elementos que ayudan al juzgamiento de dichos testimonios, es importante aclarar que en casos como el de marras, el hecho de que la madre y la hermana de la supuesta víctima hayan expresado en sus declaraciones que la niña presentaba sangrado y enrojecimiento en el área vulvar y que esto no haya sido apoyado por el dictamen médico forense, no conlleva a estimar falsa la declaración de la niña. Es decir, si bien es cierto el dictamen médico forense no apoya o coincide con los testimonios de los testigos de cargo, no contradice el testimonio rendido por la niña. La derivación que ha hecho la corte de apelaciones carece de lógica. Aclarado el anterior punto, la Sala de lo Constitucional expone de inicio que una sola declaración puede ser suficiente para que el juzgador obtenga la convicción necesaria en la audiencia inicial para dictar el auto de formal procesamiento. De hecho, en la sentencia AC-0947-2016 de fecha once de enero de dos mil dieciocho, expresó lo siguiente en relación con este asunto: “CONSIDERANDO (9): Que de las consideraciones anteriormente relacionadas podremos afirmar entonces que desmeritar el valor probatorio de la declaración testimonial única o singular no parece justificable, puesto que ello implicaría una limitación a la libre valoración de la prueba por parte del juez, valoración que es propia y que le permite por ende establecer la credibilidad que le merezca el testimonio, resultando por ende indiferente que sea un sólo testigo que logre formar su convicción. Por supuesto que esta valoración debe hacerse siempre dentro de los límites legales y en acatamiento a los principios que rectoran el proceso, siguiendo con las formalidades que por ley le son requeridas a todo juzgador.” En casos como el de mérito, es importante tomar en cuenta que los niños son un sector de la sociedad vulnerable al abuso sexual por su inocencia, ingenuidad y debilidad lo que debe servir al juzgador para no exigir a la víctima una declaración madura. Por otra parte, la literatura forense refiere de técnicas especializadas que son necesarias y útiles para hacer un abordaje correcto a las víctimas de algún tipo de agresión sexual, especialmente cuando estos son infantes. Es claro que en el presente caso no se han seguido estas técnicas especiales porque requieren de un entrenamiento que los operadores de justicia (abogados, médicos, fiscales, jueces, psicólogas, psiquiatras, trabajadoras sociales, etc.) no hemos tenido. No obstante, es importante al menos aclarar, si en el presente caso los juzgadores de instancia hicieron un esfuerzo para detectar si hubo manipulación que conlleve a pensar que la niña fue aleccionada para declarar de determinada forma; o si por el contrario, tanto el juez como el tribunal de alzada hicieron una argumentación encaminada a establecer que no observó manipulación o presión y que se estima la declaración libre y conforme a lo sucedido. Revisando la fundamentación de las resoluciones de instancia, la Sala de lo Constitucional observa que ni el juez ni la corte de apelaciones hicieron referencia a estos extremos. En este tipo de entrevistas, el profesional que toma la declaración de la niña debería indagar si existe alguna razón para estimar que la víctima siente miedo a represalias por parte del perpetrador o por parte del núcleo familiar; asimismo valorar si existen sentimientos de vergüenza o culpa. El profesional debería también valorar si se identifican algunos factores o indicadores para la detección de una situación de abuso, por ejemplo: Dificultad en la marcha o al sentarse, manchas en la ropa interior (sangre, flujo), infecciones genitales, enfermedades venéreas, alteraciones en el área genital, retraimiento, depresión, estadios de mal humor, tristeza o aislamiento, conductas sexuales impropias de la edad del infante. Por otra parte, el estado que presenta la víctima de abuso sexual depende de múltiples factores, ya que la reacción que ésta pueda desarrollar ante una situación de este tipo estará en función no sólo de sus características psicológicas (nivel de desarrollo intelectual, afectivo, social, etapa evolutiva, estrategias de afrontamiento, etc.), sino también de las características que reviste el abuso al que ha sido sometido, por ejemplo si el perpetrador forma parte de su familia o no, en el caso de abuso extrafamiliar si se trata de una persona de su entorno o de un desconocido, el tipo de relación previa con el abusador, estrategias por parte del mismo para llevar a cabo el abuso, uso de la violencia y/o amenazas, o por el contrario, del engaño o la seducción, características del hecho, si ha sido un episodio único o repetitivo, etc. Asimismo, dependerá del apoyo proporcionado por la familia o si la víctima recibe o no atención especializada. Obviamente la Sala hace exposición de todo esto, sin señalar que se repita la entrevista o el testimonio de la niña, sino que lo hace para que se tenga en cuenta para otras situaciones similares, con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad. De hecho, en el presente caso la niña fue abordada más de una vez, cayendo en lo que la doctrina ha llamado “revictimización”. La valoración de la credibilidad del testimonio de un infante está constituida por la aplicación de diversas técnicas cuyos resultados deben ser integrados entre sí. De igual manera la valoración perspicaz del juez que debe tomar en consideración las características individuales de la víctima, por ejemplo, considerar la historia previa del infante, su nivel intelectual, memoria, capacidad para interpretar situaciones o para relacionar conceptos y estructurar narraciones, nivel de conocimientos en materia sexual, lenguaje y nivel de vocabulario, tono afectivo, implicación emocional, etc. Por otra parte, verificar si existen posibles motivos de falseamiento en la declaración, por ejemplo, las condiciones del entorno familiar, la posibilidad de presiones sobre el testimonio del infante por distintos motivos; también puede ocurrir que la víctima haya sido abordada inadecuadamente por el personal fiscal, policial, judicial o médico, que de forma involuntaria implante ideas o que haya llegado a conclusiones por su cuenta a partir de lo expresado por la víctima, esto ocurre cuando se hacen interrogatorios inadecuados, uso incorrecto del lenguaje o material de apoyo (por ejemplo, muñecos anatómicamente inexactos) o metodologías inaplicables para esos casos. Como se había dicho el tema es complejo. El evaluar la credibilidad de los testimonios de infantes víctimas de abuso sexual, requiere de entrenamiento especial, por lo que apenas aquí en esta sentencia se trazan nada más algunas ideas que pueden ser observadas en este y otros casos. A la sazón: la longitud del testimonio o declaración (corta vs. larga), la verificabilidad del contenido (verificable vs. no verificable). Asimismo, complejidad del hecho descrito (complejo vs. simple), duración del suceso (corto/único vs. largo/repetitivo), emocionalidad del hecho descrito (emocional vs. neutral), tipo de mentira posible (ocultación, exageración, creación de nuevos detalles), dirección de la declaración (culpabilidad vs. exculpación, alcance de los engaños posibles (detalles simples vs. totalidad de la declaración) implicación personal (testigo no implicado vs. participante o víctima), secuencia de la declaraciones (primer relato vs. relatos repetidos), etc. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte IDH se aborda por primera vez y de manera específica la violencia sexual contra las mujeres en la sentencia del Caso del penal Miguel Castro Castro Vs. Perú[5], en la que se abordan diversas violaciones cometidas durante el “Operativo mudanza 1” dentro del penal mencionado. La Corte IDH consideró probado en su sentencia que los ataques comenzaron específicamente en el pabellón de la prisión que era ocupado por mujeres prisioneras, incluyendo mujeres que estaban embarazadas. En dicha sentencia, la Corte IDH analizó el alcance y las consecuencias del delito de violencia sexual sufrido por mujeres bajo custodia del Estado, lo que estimó una violación al artículo 5 de la Convención Americana e interpretó su alcance tomando en consideración como referencia de interpretación la Convención de Belém de Pará[6]. Por otro lado, la Corte IDH sostuvo por primera vez que la violencia de género es una forma de discriminación de acuerdo con los precedentes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Asimismo, la Corte IDH definió el fenómeno de la “violencia sexual” considerando lo siguiente: “[l]a violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno.”[7] Pero además estableció la ineludible obligación de actuar con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres, contenida en el artículo 7.b) de la Convención Americana, para determinar la responsabilidad del Estado por la violación de la obligación de investigar y sancionar contenida en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana.[8] Si bien la anterior fue la primera sentencia que introdujo el tema de violencia contra las mujeres, fue la sentencia del Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México en donde se aborda este tema de forma integral.[9] [10] La Corte IDH encontró al Estado mexicano responsable por varias violaciones a la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las víctimas y sus familiares.[11] Concretamente, la Corte IDH encontró violaciones al deber general de garantizar los derechos humanos de las víctimas al no actuar con la debida diligencia requerida para protegerlos, lo que la Sala de lo Constitucional ha venido por su parte declarando en su jurisprudencia como violación al derecho a una tutela judicial efectiva. Por otra parte, en la sentencia Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México[12], la Corte IDH afirmó varios principios importantes vinculados con la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia y de garantizar un adecuado acceso a la justicia ante casos de violencia sexual[13]: “a) la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima; b) una violación sexual puede constituir tortura aun cuando consiste en un sólo hecho u ocurre fuera de instalaciones estatales, si existe intencionalidad, sufrimiento severo y una finalidad por parte de los perpetradores; c) una violación sexual vulnera valores y aspectos esenciales de la vida privada de una persona y supone una intromisión en su vida sexual, anulando su derecho a tomar libremente decisiones personales e íntimas; d) ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales encargadas de su protección; e) la investigación en casos de violencia sexual debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia traumática; y f) la declaración de la víctima sobre un hecho de violencia sexual es fundamental en la investigación, juzgamiento, y sanción de los hechos.” Lo subrayado pertenece a la Sala para enfatizar lo que corresponde al presente caso. Un caso paradigmático sobre la falta de diligencia de las autoridades estatales para proteger los derechos de las mujeres, erradicando toda forma de violencia en su contra, es el caso expuesto en la sentencia del Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México.[14] En dicha oportunidad la Corte IDH estimó varias violaciones a la Convención Americana en perjuicio de Valentina Rosendo Cantú, incluyendo sus derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la intimidad, a la protección y garantías judiciales, a un acceso a la justicia sin discriminación, así como su derecho a una protección especial por tratarse de una niña. Pero lo más importante expresado por la Corte fue la violación al derecho a vivir libre de violencia de acuerdo con la Convención de Belém do Pará.[15] En conclusión, la Sala de lo Constitucional estima procedente otorgar el presente amparo, en virtud de que la resolución judicial de la corte de apelaciones denunciada violenta el derecho a la tutela judicial efectiva a la que tiene derecho la niña que presuntamente ha sido víctima de una agresión sexual, según se desprende de las razones aducidas para dictar un sobreseimiento definitivo, sin cumplirse los presupuestos procesales que impone el artículo 92 constitucional. Asimismo, sin tomar en cuenta que la víctima tiene derecho a una investigación de los hechos con calidad, atendiendo a su vulnerabilidad por su condición de mujer y a la vez niña de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 9 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, (Convención de Belem do Pará), que a la letra disponen: “Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.” “Artículo 7. Los Estados Parte condenan a todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;…” “Artículo 9. Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Parte tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.” El artículo 9 transcrito ut supra remite al concepto de interseccionalidad como método de análisis jurídico que involucra considerar la discriminación que sufre una persona por ser mujer, pero que a la vez debe tomarse en cuenta otros factores de discriminación o vulnerabilidad, como ser su corta edad, etnia a la que pertenece, estrato social, ocupación, etcétera. En ese sentido resulta paradigmática la sentencia de la Corte IDH dictada en el caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador[16], en la cual dicho tribunal advierte que en la persona de la víctima confluyen, “en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH.” Dicha interseccionalidad de factores, señaló la Corte IDH, se conjugaron de manera que la discriminación que vivió la víctima en su vida se dio de una manera que le cerraron oportunidades, y que de no haber pertenecido a alguno de los sectores de vulnerabilidad, las cosas le habrían sido diferentes. Por lo que la Corte IDH analiza cada uno de los factores de vulnerabilidad para una mejor comprensión del alcance de la violación a sus derechos. Partiendo desde su pobreza que impactó en que no tuviera una atención en salud de calidad y que generó el contagio con VIH.[17] La Corte IDH advierte que en este caso confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH. Resulta de especial interés el voto concurrente del juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot y la adhesión a este por parte de los jueces Roberto F. Caldas y Manuel E. Ventura, emitida en la sentencia antes dicha, para enfatizar y profundizar inter alia en el concepto de “interseccionalidad” en la discriminación. Por otro lado, la Sala estima procedente otorgar amparo por violación a ese mismo derecho de tutela judicial efectiva en relación con el debido proceso, en virtud de que no corresponde dictar en este caso sobreseimiento definitivo de conformidad a lo que dispone el artículo 92 constitucional con relación a los artículos 295, 296 y 297 del Código Penal. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 90 párrafo primero, 183, 303, 304 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 3, 7 y 9 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, (Convención de Belem do Pará)1, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 295, 296 y 297 del Código Procesal Penal: FALLA: 1. OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el agente de tribunales del Ministerio Público, abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, mediante la cual confirmó el sobreseimiento definitivo dictado el veinticuatro de diciembre del año dos mil dieciocho por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; con relación a la causa instruida contra el señor JUAN ARÍSTIDES MONTES CANO, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la niña M. N. M. H.. 2. En consecuencia, para restituir el derecho de tutela judicial efectiva y debido proceso se le ordena a la honorable CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, que analice nuevamente la apelación interpuesta y proceda, bien a establecer las pruebas con las que alcanza certeza de que no existe comisión de delito; o de lo contrario proceda a dictar auto de formal procesamiento, o si fuere del caso dictar sobreseimiento provisional, en cuyo caso deberá indicar los medios de prueba necesarios, tal como lo establece el Código Procesal Penal. 3. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-0590=2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Vid. Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Vid. Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Vid. Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Reformado por Decreto legislativo No. 106-2011 de fecha catorce de junio de dos mil once y Publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República No. 32,588 del ocho de agosto de dos mil once. Ratificado por Decreto legislativo No. 88-2012 de fecha veinticuatro de junio de dos mil doce y publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República No. 32,847 de fecha quince de junio de dos mil doce.

[5] Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160.

[6] Ibidem. Párr. 276.

[7] Ibidem. Cfr. ICTR, Case of Prosecutor v. Jean‐Paul Akayesu. Judgment of September 2, 1998. Case No. ICTR‐96‐4‐T, para. 688.

[8] Ibidem. Párr. 470.

[9] Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.

[10] Vid. Artículo 1 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, (Convención de Belem do Pará). “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”

[11] En lo que respecta a los familiares de las víctimas, la Corte consideró al Estado responsable de las violaciones a las garantías judiciales y la protección judicial de acuerdo a los artículos 8 (1) y 25 (1) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1 (1) y 2 de dicho instrumento, el derecho a la integridad personal contenida en los artículos 5.1 y 5.2, de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1, y los artículos 7 (b) y (c) de la Convención de Belém do Pará.

[12] Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 308 (3,4,6,7).

[13] Es importante que, aunque en la sentencia se refiera seguidamente a violación sexual, en realidad se incluyen todas las formas de violencia sexual, no únicamente al del tipo penal de violación.

[14] Corte IDH, Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216.

[15] Ibidem. Párr. 295 (3‐8).

[16] Corte IDH, Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298.

[17] Ibidem. Párr. 290.