Sentencia AP-59-19 — Registro 11490
Resumen
Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación contra resolución en causa contra recurrente por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de víctima; en apelación se consideró que existen elementos de prueba de cargo evacuados en audiencia inicial para la acreditación del delito y el indicio racional de la probable participación del imputado en los hechos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"no se ha mostrado la lesividad constitucional reclamada por la amparista. La Corte de Apelaciones ha vertido su fallo, en congruencia a la cuestión debatida originalmente en la Audiencia Inicial y a su deber de revisar la concurrencia de los elementos de prueba allegados a la audiencia inicial, bien para sustentar una resolución de sobreseimiento; o el decreto del auto formal procesamiento, que fuera peticionado por el órgano acusador; así como la medida cautelar que legalmente corresponda; según los presupuestos legitimadores que resulten acreditados y que resulten exigibles con base a Ley.[7] ..."..."se considera que tales prerrequisitos para el dictado de auto de formal procesamiento se encuentran cumplidos acorde a lo observado en la fundamentación y motivación de la resolución impugnada, discerniéndose la existencia de elementos de prueba de cargo evacuados en la audiencia inicial para la acreditación de la existencia del delito; así como el indicio racional, suscitado de pericias, actos documentados de investigación y plurales declaraciones testificales, directas y en la modalidad de prueba anticipada, con los requisitos y formalidades que manda la ley; los cuales serían contentivos de elementos probatorios graves, directos y concomitantes de su consumación y de la probable participación del imputado en los hechos; según se desprende del cúmulo probatorio allegado a la Audiencia Inicial, en el criterio razonado de la Corte de Apelaciones. Por todo lo cual, se considera que la resolución bajo estudio se ajusta a las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso; procediendo la desestimación de la presente acción de Amparo y el consiguiente dictado de sentencia denegatoria..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero del dos mil veinte.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez a favor del señor Guillermo Antonio Rodríguez Sánchez, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor Guillermo Antonio Rodríguez Sánchez por suponerlo responsable del delito de Asesinato en perjuicio del señor Gabriel Eduardo Rubio Blandín. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.-NTECEDENTES: 1) Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada Leticia Quiróz, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando solicitud con carácter de urgente para que se recibieran las declaraciones de testigo protegido “A” y el reconocimiento fotográfico de los sospechosos por el testigo protegido, con las formalidades de prueba anticipada, para la investigación del delito de Asesinato en perjuicio del señor Gabriel Eduardo Rubio Blandín. (Folios 2-4 de la pieza del A-quo).-2) En fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada Leticia Quiróz, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Guillermo Antonio Rodríguez Sánchez alias “El Cholo” y Luis Fernando Turcios, por suponerlos responsables del delito de Asesinato en perjuicio del señor Gabriel Rubio Blandín. (Folios 19-21 de la pieza del A-quo).-3) En fecha trece de mayo de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Penal antes citado, en la celebración de la audiencia de declaración de imputado, estimó pertinente decretar contra el imputado Guillermo Antonio Rodríguez Sánchez, la medida de detención judicial, por el término de ley, la cual debía cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara. (Folios 48-49 vuelto de la pieza del A-quo).-4) En la celebración de la audiencia inicial de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, decretó, sobreseimiento provisional a favor del imputado Guillermo Antonio Rodríguez Sánchez, al tenor de lo que establece el artículo 295 del Código Procesal Penal. (Folios 54-59 de la pieza del A-quo).-5) La Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Leslie Cruz, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la decisión adoptada por el A-quo, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, en fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos resolvió: “1) HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público, contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fechas diecisiete (17) y veintiocho (28) de mayo del dos mil dieciocho (2018); 2) REVOCAR los sobreseimientos provisionales a favor de GUILLERMO ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ y LUIS FERNANDO TURCIOS y que en su lugar se dicten los respectivos autos de formal procesamiento por el delito de ASESINATO en perjuicio de GABRIEL EDUARDO RUBIO BLANDÍN”; lo cual tuvo como fundamento de actuaciones, entre otras, las siguientes consideraciones jurídicas: Que el reconocimiento de las características físicas de los imputados efectuado en sede policial por el Testigo Protegido “A”, realizado mediante fotografías, fue precedido por la descripción de los mismos en la declaración administrativa. Tal método de investigación está autorizado, de manera inmediata, a los entes de investigación para la constatación del delito y para el esclarecimiento de la verdad de los hechos; sin entrar en contradicción con el hecho que el dicente les conociera previamente. Resultando pues, tales ejecutorias, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal título VII, capítulo I y II, donde se autoriza a las partes del proceso a utilizar cualquier medio probatorio que resulte objetivamente confiable, según el artículo 199 del Código Procesal Penal. (Folios 134-139 del expediente del Ad-Quem).-6) Que la recurrente, Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del señor Guillermo Antonio Rodríguez Sánchez, afirmando que la decisión del Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.-7) Que en fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción incoada por la Abogada Carmen Carelia Rivera Rodríguez, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de los antecedentes al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que, en formalización de su recurso, comparece la garantista, Abogada CARMEN CARELIA RIVERA RODRÍGUEZ, quien reclama amparo a favor del señor GUILLERMO ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de septiembre del año dos mil dieciocho; por la cual se declara HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fechas diecisiete y veintiocho de mayo del año dos mil dieciocho; y revocar los sobreseimientos provisionales dictados a favor de los señores GUILLERMO ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Y LUIS FERNANDO TURCIOS por imputárseles el delito de ASESINATO, en perjuicio de GABRIEL EDUARDO RUBIO BLANDÍN; quien afirma la decisión del Ad-Quem en referencia, según reseñada en el Antecedente 5) de la presente sentencia, resulta lesiva a los derechos fundamentales de su representado y, particularmente, a los establecidos en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (4): Que, en el escrito de formalización del recurso de amparo, ha señalado la recurrente que dicha resolución, ha generado una manifiesta violación al componente esencial de la garantía del debido proceso, así como al principio de legalidad penal precitados; en virtud de que se ha vulnerado por la Alzada la correcta interpretación a lo dispuesto en el artículo 256 del Código Procesal Penal, referente a la forma de practicar el reconocimiento para que tenga carácter de prueba anticipada y pueda ser incorporada al Debate; lo cual no tuvo cumplimiento en lo que respecta a la prueba de cargo aportada por la deposición del testigo protegido “A”, el cual entró en contradicciones en su declaración, como bien apreciara el Juez de Garantías en la causa. Asimismo, denuncia que esta modalidad probatoria se incorporó fuera de la etapa de Debate, como estaría legamente indicado en dicho artículo; pues el señor Fiscal, la incorporó en Audiencia inicial celebrada en fecha diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho, donde la allegó como medio de prueba documental con las formalidades de la prueba anticipada y el reconocimiento fotográfico realizado a dicho testigo; lo cual serviría como base, a la Corte de Apelaciones, para motivar la estimatoria del recurso presentado por la fiscalía del Ministerio Público; ordenando así el dictado de auto de formal procesamiento en la causa penal incoada.-CONSIDERANDO (5): Que, también ha censurado la amparista en formalización de su recurso, que tal proceder de la Alzada, se hizo sin asegurar el derecho de defensa de su representado, pues cuando se realizó la declaración testifical con las formalidades de la prueba anticipada, éste no se encontraba habido. Infiere que, la defensora pública llamada a dar legalidad al acto, al no tener contacto con el imputado, ni enterarse de los pormenores del caso, jamás podría hacer una defensa eficaz; en clara infracción al artículo 101 numeral 10) del Código Procesal Penal. Finalmente, asevera la garantista, que sólo el Juez que recibe la declaración del testigo se encuentra facultado para calificar su idoneidad, lo cual constituye la inmediación que se espera de la Judicatura. Sin embargo, la Corte de Apelaciones se apartó de tal proceder, recibiendo prueba ya evacuada sin tener el acercamiento directo con el testigo, en vulneración de principios rectores del proceso y sin constituir prueba fehaciente y certera de lo que presuntamente oyó y vio el testigo, pues si identificó y reconoció en un mal llamado álbum fotográfico al imputado, es porque el día anterior, en sede administrativa, ya le había sido mostrado, en flagrante violación al debido proceso. Por lo cual solicita se tenga por formalizada la presente garantía constitucional y se resuelva, concediendo amparo.-CONSIDERADO (6): Que, una preliminar observación del sistema de justicia penal hondureño, alude a la exigencia constitucional sita en los artículos 303 y 304 de la Norma Fundamental, referida a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En tal marco constitucional, se integra el derecho al recurso, con mayor énfasis e intensidad en el ámbito procesal penal: “… en tanto se encuentra unido indisolublemente al derecho de defensa, en especial, al derecho a un proceso justo con todas las garantías, y del derecho de acceso a la justicia, se constituye como un verdadero derecho fundamental, cuya vulneración puede ser reclamada por la vía del amparo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 183 de la Constitución de la República”.[1] Cabe mencionar, asimismo, que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, también asegura al justiciable el derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, dotado de superioridad jerárquica; tal y como acaece en el caso sometido a conocimiento de la jurisdicción constitucional.-CONSIDERANDO (7): Que, por lo anteriormente conceptuado, los órganos jurisdiccionales competentes en materia penal tienen el deber reforzado de motivar y justificar legalmente sus resoluciones. Conforme lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, por el tribunal que conoce del asunto sometido a la esfera de sus atribuciones. Asimismo, acoge nuestro Ordenamiento, valiosa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sobre la interpretación del artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conforme al cual toda persona tiene el derecho de ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, pues: “Toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete”;[2] lo cual tiene razonable cumplimiento en la resolución impetrada en amparo, pues se ha motivado porque se admite como válida tal modalidad de medios de prueba en la audiencia inicial, con vistas a la realización pronta y cumplida de la justicia penal.-CONSIDERANDO (8): Que, por otra parte, la doctrina penal examinada reconoce que la aspiración constitucional de la reforma procesal penal emprendida en el Estado de Honduras, con anterioridad inclusive al año 2000, acoge la acentuación de un procedimiento acentuadamente oral, el que consistiría: “… en que la producción de las pruebas y los alegatos de las partes se realicen ante el tribunal que decidirá la causa. Oralidad sin inmediación es una mera ficción, enseñaba CHIOVENDA”.[3] Por esa razón, las pruebas personales, como las declaraciones de testigos y los informes de peritos, son orales cuando son rendidas en la audiencia de juicio.[4] Sin embargo, aun reconociendo la utilidad de criterios científicos como los expresados, contribuyentes a entender porque el medio de prueba testifical tiene generalmente en la oralidad su medio normal de desenvolvimiento; debe también ponderarse que la ley adjetiva precave, en ley expresa, las taxativas excepciones en que cabe el “adelanto de prueba”, tal y como se ha constituido a través de la prueba anticipada;[5] autorizada con plenas garantías para el derecho de defensa y de conformidad a Ley; lo cual también se colige de la motivación y justificación que emplea la Alzada, en el marco de la competencia recursiva legalmente atribuida.[6].-CONSIDERANDO (9): Que, así las cosas, no se ha mostrado la lesividad constitucional reclamada por la amparista. La Corte de Apelaciones ha vertido su fallo, en congruencia a la cuestión debatida originalmente en la Audiencia Inicial y a su deber de revisar la concurrencia de los elementos de prueba allegados a la audiencia inicial, bien para sustentar una resolución de sobreseimiento; o el decreto del auto formal procesamiento, que fuera peticionado por el órgano acusador; así como la medida cautelar que legalmente corresponda; según los presupuestos legitimadores que resulten acreditados y que resulten exigibles con base a Ley.[7] .-CONSIDERANDO (10): Que, se considera que tales prerrequisitos para el dictado de auto de formal procesamiento se encuentran cumplidos acorde a lo observado en la fundamentación y motivación de la resolución impugnada, discerniéndose la existencia de elementos de prueba de cargo evacuados en la audiencia inicial para la acreditación de la existencia del delito; así como el indicio racional, suscitado de pericias, actos documentados de investigación y plurales declaraciones testificales, directas y en la modalidad de prueba anticipada, con los requisitos y formalidades que manda la ley; los cuales serían contentivos de elementos probatorios graves, directos y concomitantes de su consumación y de la probable participación del imputado en los hechos; según se desprende del cúmulo probatorio allegado a la Audiencia Inicial, en el criterio razonado de la Corte de Apelaciones. Por todo lo cual, se considera que la resolución bajo estudio se ajusta a las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso; procediendo la desestimación de la presente acción de Amparo y el consiguiente dictado de sentencia denegatoria.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 71, 80, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0059-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver: ÁVILA ORTÍZ, F. Proceso Penal Hondureño. Código Procesal Penal. Comentarios. Doctrina. Jurisprudencia (t. II). Tegucigalpa: Fénix Editorial, 2015. Págs. 212-3.
[2] Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 6, párr. 169, y Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 77; citados ambos, en: Caso de La Cantuta Vs. Perú, sentencia del 29 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 140.
[3] Ver: TIJERINO PACHECO, J.M. “Mediatización de la oralidad: La perversión del juicio en la práctica judicial penal centroamericana”, en: REVISTA JUSTICIA. Centro de Estudios Jurídicos de Honduras. (3): 21-31, junio 2006.
[4] En similar o idéntico sentido: DE DIEGO DIEZ, A. Los medios de prueba. Tegucigalpa: LITOCOM, 2001. Pág. 122 y ss., donde recapitula: “… no son documentos, aunque se hallen documentados en la causa bajo la fe pública judicial, las pruebas de otra naturaleza, como la testifical (SSTS, entre muchas, 29 de noviembre de 1995, 14 de septiembre de 1989, 273/1994, de 25 de febrero, etc.)”
[5] Ver particularmente lo normativizado en el artículo 277 del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99-E del 30 de diciembre de 1999).
[6] Conforme el artículo 350 del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99 E).
[7] Ver, inter alia: PACHECO VALLE, A. Los sujetos procesales y las tres grandes audiencias en el enjuiciamiento criminal vigente. Tegucigalpa: Litocom, 2004. Pág. 116 y ss.