Sentencia AP-548-19 — Registro 11619
Resumen
Acto recurrido que declaró con lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la dictada por el a-quo, que revoca sobreseimiento provisional con relación a la causa instruida contra el impetrante por suponerlo responsable del delito de violación, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.." Que, se considera que tales prerrequisitos para el dictado de auto de formal procesamiento se encuentran cumplidos, acorde a lo observado en la fundamentación y motivación de la resolución impugnada, discerniendo la existencia de elementos de prueba de cargo, evacuados en la audiencia inicial, para la acreditación de la existencia del delito imputado; así como el indicio racional, suscitado de pericias, actos documentados de investigación y declaraciones testificales, directas y en la modalidad de prueba anticipada, con los requisitos y formalidades que manda la ley, contentivos de elementos de juicio graves, directos y concomitantes de la consumación del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL imputado y de la probable participación del señor ORLEN JACOB SIERRA CASTRO en el mismo. Por todo ello, se considera que la resolución bajo estudio se ajusta al haz de garantías procesales y constitucionales que se conocen bajo la denominación genérica del debido proceso; procediendo, por lo tanto, la desestimación de la presente acción de Amparo y el dictado de sentencia denegatoria..."
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de marzo del dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CERES JUDITH MARRIAGA BONILLA, a favor del señor ORLEN JACOB SIERRA CASTRO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), que declaró CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa instruida contra el señor ORLEN JACOB SIERRA CASTRO, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION en perjuicio de M. C. R..- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 64, 90, 92, y 321 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado CESAR FERNANDO ALVARENGA PAZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor ORLEN JACOB SIERRA CASTRO, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de M. C. R.. - (Folios 1 al 02 de la pieza del Juzgado).-2) Que el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en Audiencia Inicial que dio inicio en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), concluyendo en fecha veintisiete (27) de septiembre del dos mil dieciocho (2018) “RESOLVIO: “PRIMERO: SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor ORLEN JACOB SIERRA CASTRO, por el delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de M. C. R..- SEGUNDO: REVOCAR la medida cautelar de detención judicial y se ORDENA la inmediata libertad del señor ORLEN JACOB SIERRRA CASTRO, por lo que se deberá librar el correspondiente oficio al Director del Centro Penitenciario de Ilama Santa Bárbara y hacerle saber la presente resolución sin perjuicio de tener otra causa pendiente.- TERCERO: Declarar SIN LUGAR lo peticionado por el ente acusador, en cuanto a dictar un Auto de Formal procesamiento contra el hoy encausado, por el delito de Violación Especial.- CUARTO: Declarar SIN LUGAR la petición de la defensa en cuanto a dictar un Sobreseimiento Definitivo a favor de su representado…”. (Folio 40 al 46 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés Resolvió: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de esta Sección Judicial en la presente causa.- SEGUNDO: REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL dictado a favor de ORLEN JACOB SIERRA CASTRO, por el delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de M. C. R..- TERCERO: DICTAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra del procesado ORLEN JACOB SIERRA CASTRO, por el delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de M. C. R.. Cedida que le fue la palabra a la Abogada CERES JUDITH MARRIAGA BONILLA, en su condición de Apoderada Defensora Privada, quien se notifica: “ENTENDIDA”; resolución que tuvo como principal fundamento de actuaciones, el enmarcarse los hechos imputados en la tipificación legal del artículo 140, numeral 3), del Código Penal, desprendiéndose de la etapa preparatoria suficientes indicios sobre la probabilidad razonable de que el hecho acusado sucedió y que el procesado es autor responsable. En consecuencia, resultaba procedente el dictado de auto de formal procesamiento, siendo en un escenario de juicio oral y público donde deberá acreditarse su certeza; sosteniendo el Tribunal Ad Quem, que los indicios referidos, según razonados en el fallo, harían inconsecuente que la Juez A Quo haya dictado un sobreseimiento provisional, ya que se ha acreditado una mínima actividad probatoria, indiciaria racionalmente para sustentar un auto de formal procesamiento. (Folios 16 al 25 de la Pieza de la Corte de Apelaciones).-4) Que la recurrente Abogada CERES JUDITH MARRIAGA BONILLA, compareció ante este Tribunal, en fecha trece (13) de junio del año dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor del señor ORLEN JACOB SIERRA CASTRO; afirmando el recurrente que la resolución del Ad-Quem, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2018), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 90, 92, y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.
CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que, en la formalización de su recurso, comparece la garantista, Abogada CERES JUDITH MARRIAGA BONILLA, quien reclama amparo a favor del señor ORLEN JACOB SIERRA CASTRO contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); por la cual se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa seguida contra el señor ORLEN JACOB SIERRA CASTRO, por imputársele el delito de VIOLACION en perjuicio de M. C. R.; afirmando la amparista que tal resolución resulta lesiva a los derechos fundamentales de su representado, según establecidos en los artículos 64, 90, 92 y 321 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (4): Que, en formalización del recurso de amparo, ha señalado la recurrente que tal resolución genera una manifiesta violación al componente esencial de la garantía del debido proceso, así como al principio de legalidad penal. Señala que el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía del Ministerio Público carece de los requisitos necesarios, adoleciendo de la debida técnica recursiva, ya que no explicita claramente qué norma jurídica fue violentada; considerando, en tal sentido, que la Corte de Apelaciones recurrida se extralimitó con su resolución. En particular, obviando darle al principio de personalidad de la apelación, establecida en el artículo 350 del Código Procesal Penal, bajo el epígrafe de asuntos sobre el que debe recaer la sentencia y sus alcances, lo cual puede constatarse de la lectura del recurso de apelación de fecha 2 de octubre de 2018, en la cual solicita se dicte un auto de formal procesamiento al delito contemplado en el artículo 140 numeral 3) del Código Penal, lo cual considera agravia el principio de objetividad e, inclusive, indicativo de desconocimiento del derecho penal; dado que no coincide, en su lectura, con lo que dispone en la parte conducente el artículo 140 respecto al tipo penal imputado, cuyos presupuestos no concurren al caso, en violencia a lo establecido para la vigencia del debido proceso, contemplado en el artículo 90 de la Constitución de la República, con relación a lo preceptuado en el artículo 297 numeral 1), párrafo segundo; que expresa que, para decretar el auto de prisión, el Juez considerara como plena prueba de haberse cometido el delito la concurrencia de los elementos de su tipificación legal y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado haya participado en la comisión del delito; lo cual resultó inobservado por la Corte de Apelaciones recurrida al estimar el recurso presentado por la fiscalía del Ministerio Público, ordenando el dictado de auto de formal procesamiento.-CONSIDERANDO (5): Que, asimismo, en formalización de su recurso, ha manifestado que el fallo de la Alzada violenta otras normas constitucionales, tales como las contenidas en el artículo 92 de la Constitución de la República, en vista a haberse dictado auto de formal procesamiento al delito contemplado en el artículo 140 numeral 3) del Código Penal, sin ni siquiera existir prueba de la existencia de un acceso carnal, ni mucho menos alguna de las 5 circunstancias agravantes mencionadas en el referido artículo penal. -CONSIDERANDO (6): Que, finalmente, ha censurado la amparista en formalización de su recurso, que tal proceder de la Alzada, violenta otras normas constitucionales, tales como la declaración y el derecho contenidos en los artículos 64 y 321 de la Constitución de la República; con relación al derecho de recurrir a los Tribunales, a través de un procedimiento sencillo y breve que lo ampare contra actos de autoridad en perjuicio de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, y a ser oídos y juzgados públicamente por un Tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación formulada en materia penal; según contenidos en los artículos 18 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, respectivamente. Por lo cual solicita se tenga por formalizada la presente garantía constitucional y se resuelva, otorgando el presente recurso de amparo.-CONSIDERADO (7): Que, una preliminar observación del sistema de justicia penal hondureño, alude a la exigencia constitucional sita en los artículos 303 y 304 de la Norma Fundamental, referida a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En tal marco constitucional, se integra el derecho al recurso, con mayor énfasis e intensidad en el ámbito procesal penal: “… en tanto se encuentra unido indisolublemente al derecho de defensa, en especial, al derecho a un proceso justo con todas las garantías, y del derecho de acceso a la justicia, se constituye como un verdadero derecho fundamental, cuya vulneración puede ser reclamada por la vía del amparo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 183 de la Constitución de la República”.[1] Cabe mencionar, asimismo, que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, también asegura al justiciable el derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, dotado de superioridad jerárquica; tal y como acaece en el caso sometido a conocimiento de la jurisdicción constitucional.-CONSIDERANDO (8): Que, lo anteriormente conceptuado, es del todo congruente con el deber reforzado de motivar y justificar legalmente sus resoluciones, que se exige a los órganos jurisdiccionales competentes en materia penal.[2] Asimismo, conforme el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho de ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, pues: “Toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete”;[3] lo cual, se considera, tiene razonable cumplimiento en la resolución impetrada en amparo, pues la resolución se ha emitido por juez regular, en el marco de la competencia recursiva legalmente atribuida;[4] la cual ha sido dotada de motivación y justificación suficiente, del porque se evidencia probatoriamente en la causa la existencia de un delito y el indicio racional de que el imputado ha participado en la comisión del mismo.[5]-CONSIDERANDO (9): Que, se considera que la Corte de Apelaciones ha vertido su fallo en congruencia a la cuestión esencialmente debatida en formalización del recurso y la contestación del mismo; confirmando positivamente la concurrencia de los elementos de juicio preceptuados en el artículo 297 numeral 1), párrafo segundo del Código Procesal Penal, como resultado de su deber de revisar los elementos de prueba allegados a la audiencia inicial, bien para sustentar la confirmatoria a la resolución de sobreseimiento provisional; o su revocatoria, con el consiguiente decreto del auto formal procesamiento; tal y como se resolviera, según los presupuestos legitimadores que resultaron acreditados y exigibles con base a Ley;[6] no resultando acreditada, por ende, la lesividad constitucional en perjuicio del agraviado, que fuera alegada por la amparista.-CONSIDERANDO (10): Que, se considera que tales prerrequisitos para el dictado de auto de formal procesamiento se encuentran cumplidos, acorde a lo observado en la fundamentación y motivación de la resolución impugnada, discerniendo la existencia de elementos de prueba de cargo, evacuados en la audiencia inicial, para la acreditación de la existencia del delito imputado; así como el indicio racional, suscitado de pericias, actos documentados de investigación y declaraciones testificales, directas y en la modalidad de prueba anticipada, con los requisitos y formalidades que manda la ley, contentivos de elementos de juicio graves, directos y concomitantes de la consumación del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL imputado y de la probable participación del señor ORLEN JACOB SIERRA CASTRO en el mismo. Por todo ello, se considera que la resolución bajo estudio se ajusta al haz de garantías procesales y constitucionales que se conocen bajo la denominación genérica del debido proceso; procediendo, por lo tanto, la desestimación de la presente acción de Amparo y el dictado de sentencia denegatoria. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 71, 80, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-
Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0548-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver: ÁVILA ORTÍZ, F. Proceso Penal Hondureño. Código Procesal Penal. Comentarios. Doctrina. Jurisprudencia (t. II). Tegucigalpa: Fénix Editorial, 2015. Págs. 212-3.
[2] Conforme lo establecido en el artículo 141.3 del Código Procesal Penal, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta; así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, por el tribunal que conoce del asunto sometido a la esfera de sus atribuciones.
[3] Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 6, párr. 169, y Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 77; citados ambos, en: Caso de La Cantuta Vs. Perú, sentencia del 29 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 140.
[4] Conforme el artículo 350 del Código Procesal Penal, inter alia.
[5] Al tenor literal del artículo 92, reformado, de la Constitución de la República.
[6] Ver, inter alia: PACHECO VALLE, A. Los sujetos procesales y las tres grandes audiencias en el enjuiciamiento criminal vigente. Tegucigalpa: Litocom, 2004. Pág. 116 y ss.