Sentencia AP-453-20 — Registro 13915
Resumen
Sentencia en consulta denegó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución del Tribunal de Sentencia que ordena desalojo y demolición de los bienes de la colonia Jericó, ubicada frente a instalaciones de la recurrrente; la Autoridad recurrida considera que no hay vinculación entre los hechos denunciados y la determinación de autoridad judicial cuestionada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"de la resolución venida en consulta esta Sala aprecia: 1) Que el recurrente en el contenido de la acción de amparo interpuesta, señala ser comprador de buena fe, y que, por un conflicto entre coherederos, se le está afectando a su representada. 2) Que la resolución dictada por el A quo, no está dirigida en contra de la representada del recurrente, en consecuencia, si considera que está siendo afectado en su propiedad, no es la acción de amparo el instrumento idóneo para resolver la controversia, existiendo para ello los órganos jurisdiccionales competentes para dilucidar esta clase de conflictos..."..."analizados los antecedentes esta Sala desde el prisma de la justicia constitucional debe asegurar a las partes una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veinticinco de noviembre del dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia/Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020), que denegó el recurso de amparo interpuesto por el abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO, a favor de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, CAMPUS “JESÚS SACRAMENTADO”, contra el Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019); todo con relación a la causa instruida contra la señora ADA ARGENTINA CANALES Y OTROS, por suponerla responsable del delito de USURPACIÒN, en perjuicio de la señora NORMA KATHERINE MOURRA ARGUETA. Estimando el recurrente que el acto reclamado es violatorio, en perjuicio de su representado, de los derechos dispuestos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, el abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA, actuando en su condición de apoderado legal de la señora KARLA PATRICIA ARGUETA CRUZ, presentando una solicitud de desalojo de un bien inmueble, con carácter de urgente; solicitando a dicho tribunal el desalojo del inmueble ubicado en el barrio San Francisco, de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua. (Folios 506–507v de la pieza de antecedentes del Tribunal de Sentencia)- 2) Que en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el citado Tribunal Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Que se agreguen a los antecedentes las constancias de fecha 18 de octubre del año 2019, en visto de lo resuelto POR ENDE: SEGUNDO: INSTRUYE: al Juez Ejecutor al Abogado DILAN JUVINI PALACIOS COLINDRES, para que practique las diligencias judiciales con la modificación de la fecha referida en el razonamiento de esta providencia, para el desalojo y demolición antes referida, para el cumplimiento de lo ordenado que se auxilie de la Policía Nacional Preventiva o en su defecto de los efectivos militares del Primer Batallón de Ingenieros, de la ciudad de Siguatepeque, de lo resuelto se ponga en conocimiento al peticionario a través del funcionario judicial correspondiente para que el día en que se ha dispuesto se practique el desalojo y demolición (lunes 4 de noviembre del año 2019) y colabore con proporcionar todos los elementos necesarios al Juez Ejecutor para el cumplimiento de su cometido.” (Folios 644–645 de la pieza de antecedentes del Tribunal de Sentencia)- 3) Que en fecha doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), el abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO, actuando a favor de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, CAMPUS “JESÚS SACRAMENTADO”, interpuso ante la Secretaria General de la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo contra la Resolución de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019), relacionada en el numeral anterior; por considerar que la misma atenta contra los derechos de su representada, contemplados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Por lo que, en fecha trece (13) de enero de dos mil veinte, la presente Sala Resolvió: (SIC) “1º DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo interpuesta la por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO a favor de la UNIVERSIDAD CÁTOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, y 2º Remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua; …”. (Folios 1–10 de la pieza de Corte de Apelaciones)- 4) Que en fecha doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones antes citada, tuvo por admitido el Recurso de Amparo de mérito. (Folios 2–3 de la pieza de Corte de Apelaciones)- 5) Que en fecha veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones antes citada dictó su Sentencia, mediante la cual Falló: (SIC) “DENEGAR LA PRSEENTE ACCION DE AMPARO, interesada por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO, colegiado número 10, 468 del Honorable Colegio de Abogados de Honduras, actuando a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” campus Jesús Sacramentado, sita en la cuidad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, contra LA RESOLUCION, dictada en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) en el juicio identificado bajo el número TSS (4) 124-2016, donde se ordena el desalojo y demolición de los bienes de la colonia denominada Jericó, ubicada frente a las instalaciones de la Universidad Católica.-” (Folios 16–20v de la pieza de Corte de Apelaciones)- 6) Que en fecha once (11) de junio de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en CONSULTA la sentencia de fecha veintidós de abril del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual se Denegó el Recurso presentado contra la Resolución dictada en fecha 18 de octubre del año 2019, mediante la cual el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua ordena el desalojo y demolición de los bienes de la colonia denominada Jericó, ubicada frente a las instalaciones de la Universidad Católica.- CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem, en de la Sentencia venida en Consulta, en su parte conducente expone: Resulta clara a desvinculación del proveído del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en el auto referido, órgano jurisdiccional que determina que la inspección y el desalojo se hará en predios que se ubican frente a la Universidad Católica, no en los predios de este centro de enseñanza, además la providencia del Tribunal no incluye ni ordena la colocación de obstáculos para el acceso al personal docente, administrativo y alumnos de la mencionada Universidad. Además, señala que según la narrativa del libelista la Universidad es comprador de buena fe sobre un predio que no ha ordenado el desalojo el Tribunal, por lo que este especula y relata hechos no ordenados por el Tribual de Sentencia…. por lo que el Ad quem concluye que, al no existir vinculación entre los hechos denunciados en la acción de amparo y la determinación de autoridad judicial cuestionada, existiendo ausencia de confrontación entre la determinación judicial y los derechos que se dicen violentados, procede en consecuencia Denegar la acción de amparo intentada.- CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución venida en consulta esta Sala aprecia: 1) Que el recurrente en el contenido de la acción de amparo interpuesta, señala ser comprador de buena fe, y que, por un conflicto entre coherederos, se le está afectando a su representada. 2) Que la resolución dictada por el A quo, no está dirigida en contra de la representada del recurrente, en consecuencia, si considera que está siendo afectado en su propiedad, no es la acción de amparo el instrumento idóneo para resolver la controversia, existiendo para ello los órganos jurisdiccionales competentes para dilucidar esta clase de conflictos.- CONSIDERANDO (6): Que analizados los antecedentes esta Sala desde el prisma de la justicia constitucional debe asegurar a las partes una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en CONSULTA dictada en fecha veintidós de abril del año dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO a favor de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0453-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veinticinco de noviembre del dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia/Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020), que denegó el recurso de amparo interpuesto por el abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO, a favor de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, CAMPUS “JESÚS SACRAMENTADO”, contra el Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019); todo con relación a la causa instruida contra la señora ADA ARGENTINA CANALES Y OTROS, por suponerla responsable del delito de USURPACIÒN, en perjuicio de la señora NORMA KATHERINE MOURRA ARGUETA. Estimando el recurrente que el acto reclamado es violatorio, en perjuicio de su representado, de los derechos dispuestos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, el abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA, actuando en su condición de apoderado legal de la señora KARLA PATRICIA ARGUETA CRUZ, presentando una solicitud de desalojo de un bien inmueble, con carácter de urgente; solicitando a dicho tribunal el desalojo del inmueble ubicado en el barrio San Francisco, de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua. (Folios 506–507v de la pieza de antecedentes del Tribunal de Sentencia)- 2) Que en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el citado Tribunal Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Que se agreguen a los antecedentes las constancias de fecha 18 de octubre del año 2019, en visto de lo resuelto POR ENDE: SEGUNDO: INSTRUYE: al Juez Ejecutor al Abogado DILAN JUVINI PALACIOS COLINDRES, para que practique las diligencias judiciales con la modificación de la fecha referida en el razonamiento de esta providencia, para el desalojo y demolición antes referida, para el cumplimiento de lo ordenado que se auxilie de la Policía Nacional Preventiva o en su defecto de los efectivos militares del Primer Batallón de Ingenieros, de la ciudad de Siguatepeque, de lo resuelto se ponga en conocimiento al peticionario a través del funcionario judicial correspondiente para que el día en que se ha dispuesto se practique el desalojo y demolición (lunes 4 de noviembre del año 2019) y colabore con proporcionar todos los elementos necesarios al Juez Ejecutor para el cumplimiento de su cometido.” (Folios 644–645 de la pieza de antecedentes del Tribunal de Sentencia)- 3) Que en fecha doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), el abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO, actuando a favor de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, CAMPUS “JESÚS SACRAMENTADO”, interpuso ante la Secretaria General de la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo contra la Resolución de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019), relacionada en el numeral anterior; por considerar que la misma atenta contra los derechos de su representada, contemplados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Por lo que, en fecha trece (13) de enero de dos mil veinte, la presente Sala Resolvió: (SIC) “1º DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo interpuesta la por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO a favor de la UNIVERSIDAD CÁTOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, y 2º Remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua; …”. (Folios 1–10 de la pieza de Corte de Apelaciones)- 4) Que en fecha doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones antes citada, tuvo por admitido el Recurso de Amparo de mérito. (Folios 2–3 de la pieza de Corte de Apelaciones)- 5) Que en fecha veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones antes citada dictó su Sentencia, mediante la cual Falló: (SIC) “DENEGAR LA PRSEENTE ACCION DE AMPARO, interesada por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO, colegiado número 10, 468 del Honorable Colegio de Abogados de Honduras, actuando a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” campus Jesús Sacramentado, sita en la cuidad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, contra LA RESOLUCION, dictada en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) en el juicio identificado bajo el número TSS (4) 124-2016, donde se ordena el desalojo y demolición de los bienes de la colonia denominada Jericó, ubicada frente a las instalaciones de la Universidad Católica.-” (Folios 16–20v de la pieza de Corte de Apelaciones)- 6) Que en fecha once (11) de junio de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en CONSULTA la sentencia de fecha veintidós de abril del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual se Denegó el Recurso presentado contra la Resolución dictada en fecha 18 de octubre del año 2019, mediante la cual el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua ordena el desalojo y demolición de los bienes de la colonia denominada Jericó, ubicada frente a las instalaciones de la Universidad Católica.- CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem, en de la Sentencia venida en Consulta, en su parte conducente expone: Resulta clara a desvinculación del proveído del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en el auto referido, órgano jurisdiccional que determina que la inspección y el desalojo se hará en predios que se ubican frente a la Universidad Católica, no en los predios de este centro de enseñanza, además la providencia del Tribunal no incluye ni ordena la colocación de obstáculos para el acceso al personal docente, administrativo y alumnos de la mencionada Universidad. Además, señala que según la narrativa del libelista la Universidad es comprador de buena fe sobre un predio que no ha ordenado el desalojo el Tribunal, por lo que este especula y relata hechos no ordenados por el Tribual de Sentencia…. por lo que el Ad quem concluye que, al no existir vinculación entre los hechos denunciados en la acción de amparo y la determinación de autoridad judicial cuestionada, existiendo ausencia de confrontación entre la determinación judicial y los derechos que se dicen violentados, procede en consecuencia Denegar la acción de amparo intentada.- CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución venida en consulta esta Sala aprecia: 1) Que el recurrente en el contenido de la acción de amparo interpuesta, señala ser comprador de buena fe, y que, por un conflicto entre coherederos, se le está afectando a su representada. 2) Que la resolución dictada por el A quo, no está dirigida en contra de la representada del recurrente, en consecuencia, si considera que está siendo afectado en su propiedad, no es la acción de amparo el instrumento idóneo para resolver la controversia, existiendo para ello los órganos jurisdiccionales competentes para dilucidar esta clase de conflictos.- CONSIDERANDO (6): Que analizados los antecedentes esta Sala desde el prisma de la justicia constitucional debe asegurar a las partes una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en CONSULTA dictada en fecha veintidós de abril del año dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO a favor de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0453-2020.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional