Sentencia AP-448-19 — Registro 13293
Resumen
Resolución que declaró sin lugar recurso de apelación, interpuesto contra sobreseimiento definitivo con relación a la causa instruida contra imputado por suponerlo responsable del delito de Violación Agravada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(6) Que el artículo 350 del Código Procesal Penal de los Asuntos Sobre Los Que Debe Recaer La Sentencia Y Sus Alcances. Prohibición De Reforma Peyorativa (Non Reformatio In Peius), dispone: “La sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, y solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna parte recurrente, y siempre que no agrave lo ya pretendido por esta, ante el órgano judicial que dictó la Resolución recurrida. Al respecto esta Sala aprecia que el artículo 350 está conformado por varios presupuestos a saber: 1.- La Sentencia solo recae sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, en el caso que nos ocupa esas cuestiones no son otras que la Resolución dictada por el A Quo, es decir el Sobreseimiento Definitivo que éste dictó, 2.- Si bien la Resolución impugnada podrá ser modificada en perjuicio de la persona imputada, deberá considerarse los siguientes presupuestos: a) cuando lo impetre alguna otra parte recurrente y, b) siempre que no agrave lo ya pretendido por ésta, ante el órgano judicial que dictó la resolución impugnada. En el caso de mérito, es evidente que quien pretende la impugnación es el Ente Acusador, quien pretendió ante el Juez de Letras, durante la celebración de la Audiencia Inicial se le dictara un Sobreseimiento Provisional, con el fin de aportar pruebas científicas durante la sustanciación del proceso, a fin de establecer de manera contundente la participación del acusado en los hechos. Consta en autos que el Ministerio Público durante la Audiencia Inicial pretendió se le dictara un Sobreseimiento Provisional a favor del señor MARCIAL SANCHEZ GARCÍA, sin embargo su pretensión cambió cuando interpuso el Recurso de Apelación, pretendiendo un Auto de Formal Procesamiento y una Medida Cautelar de Prisión Preventiva, lo que ciertamente no es congruente con su pretensión ante el A Quo, siendo así, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 350 del Código Procesal Penal, antes referido, la decisión del Ad Quem es conforme a Derecho. En consecuencia, no procede otorgar el Amparo solicitado.- CONSIDERANDO: (7) Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto ”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a la Garantía Judicial a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del Principio de Legalidad y la No Retroactividad de la Ley; 24 Igualdad ante la Ley; 25 Protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia .- CONSIDERANDO: (8) Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado . Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el Principio de Legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del Poder Legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia materia y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso .- CONSIDERANDO: (9) Que el Derecho de Defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 como en la Jurisprudencia de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “(….) al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, esta Corte ha manifestado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar, o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurarla adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial .- CONSIDERANDO: (9) Que del estudio de los Antecedentes y de la Resolución recurrida esta Sala aprecia que ciertamente el Ad Quem ha dictado una Resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, en consecuencia, no es de recibo la pretensión del Ministerio Público, quien, en el ejercicio de la Acción Penal Pública, deberá apegarse estrictamente a la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos.- CONSIDERANDO: (10) Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiado desde una perspectiva Constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de Amparo, estimando la exposición del Tribunal de alzada tanto en su motivación como fundamentos de derecho, apreciados en su conjunto, la Resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se Deniegue el Amparo intentado.- CONSIDERANDO:(11) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 350 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha quince de febrero dos mil diecinueve, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor MARCIAL SANCHEZ GARCIA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION AGRAVADA, en perjuicio I. S. G. G.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82, 90, 304 Y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez de diciembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de Choluteca, departamento de Choluteca, la Abogada YOJANA YAMILETH ZAMBRANO ORDOÑEZ, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MARCIAL SANCHEZ GARCIA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION AGRAVADA en perjuicio I. S. G. G..- 2) Que en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, en la continuación de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras citado 1) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del imputado: MARCIAL SANCHEZ GARCIA por el delito de VIOLACION AGRAVADA en perjuicio de I. S. G. G.. 2) Asimismo se deja sin NINGUN VALOR Y EFECTO la medida cautelar de DETENCION JUDICIAL decretada al ahora imputado. (Folios del 51 al 57 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha quince de febrero dos mil diecinueve, Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION. SEGUNDO: CONFIRMA la resolución impugnada. (Folios del 10 al 13 de la segunda pieza de antecedentes).- 4) La recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de mayo del año dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha quince de febrero dos mil diecinueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 304 Y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico.- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter Excepcional y Extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO:(3) Que la Resolución contra la que se recurre en Amparo es la dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha quince de febrero del año dos mil diecinueve, que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca de fecha treinta de abril del año dos mil dieciocho. Con relación a la causa instruida contra el señor MARCIAL SANCHEZ GARCÍA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN AGRAVADA en perjuicio de I. S. G. G..- CONSIDERANDO:(4) Que la recurrente en la formalización de la Acción de Amparo manifiesta, “que en fecha 10 de diciembre del año 2018, se presentó Requerimiento Fiscal ante el Juzgado de Letras Primero departamental de Choluteca, contra el señor MARCIAL SANCHEZ GARCÍA por suponerlo responsable del delito de Violación Agravada en perjuicio de I. S. G. G., ya que según denuncia interpuesta se estableció que el Día de la Madre cuando la denunciante le estaba poniendo la ropa a la ofendida observó que no le quedaba la falda, por lo que preguntó con quien había salido y la joven I. no le contestó, razón por la cual procedió a interponer la Denuncia correspondiente y fue en Sede Administrativa al rendir su declaración que la ofendida manifestó que un día llegó a su casa de habitación su primo MARCIAL SANCHEZ GARCÍA y este le pidió agua y ella entró a servírselo y luego el acusado la tomó de sus manos sujetándoselas hacia atrás y luego la tiró al suelo y procedió a desnudarla y agredirla sexualmente, manifestándole el acusado que no contara lo ocurrido, por lo que ella no le contó a su mamá por miedo a que la castigara, y producto a dicha relación se procreó un bebe, razón por la cual el acusado fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente.” Continúa exponiendo que “en fecha 30 de abril del año 2018, el Juzgado celebró Audiencia Inicial, en la cual se decretó Sobreseimiento Definitivo a favor del acusado. La recurrente no conforme con la Resolución dictada por el A Quo, interpuso Recurso de Apelación el que fue declarado Sin Lugar y confirmó la Resolución recurrida. Considera violado la amparista el Derecho de Defensa, Debido Proceso y Principio de Legalidad consignados en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República por las razones fácticas y jurídicas que procede a exponer: “Que de la lectura del Fallo venido en consulta se aprecia que el Ad Quem establece de su Resolución que considera contradictorio lo alegado por la recurrente en el Recurso de Apelación, con la posición que ha mostrado en el curso de las actuaciones de primera instancia, ya que en la Audiencia Inicial al momento de las Conclusiones solicitó un Sobreseimiento Provisional a favor del imputado; asimismo establece el Ad Quem que dadas las circunstancias en las que sucedieron los hechos, podría existir un margen de sospecha sobre la participación del imputado en los hechos denunciados, pues la supuesta ofendida señala al imputado como la persona que la tomó por la fuerza, lo cual podría dar lugar a un Sobreseimiento Provisional, sin embargo, esta situación no fue planteada por el ente Fiscal en su recurso y siendo que en Audiencia Inicial se dictó un Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado por el delito denunciado VIOLACIÓN AGRAVADA, esta Corte no puede reformar de Oficio la Resolución impugnada a un Sobreseimiento Provisional porque lo estaría haciendo en perjuicio de la persona imputada, situación que está vedada a hacerlo de Oficio de conformidad con el artículo 350 del Código Procesal Penal, lo que se conoce como Prohibición de Reforma Peyorativa (Non Reformatio In Peius), en virtud de lo cual confirma el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del acusado. El ente Fiscal no comparte el razonamiento vertido por el Ad Quem en el sentido de que a pesar de que existen márgenes de sospecha que podrían dar lugar a dictar un Sobreseimiento Provisional, no puede ser decretado el mismo por no haber sido planteado por el ente Acusador en su recurso; sobre el particular, resulta importante señalar que dicho argumento resulta incongruente con la actuación realizada por el ente Fiscal, ya que si bien en el Recurso de Apelación solicitó el dictado de Auto de Formal Procesamiento, ello no constituye una prohibición para que el Ad Quem en cuanto a modificar la Resolución impugnada a un Sobreseimiento Provisional, por cuanto a la misma normal contenida en el artículo 350 del Código Procesal Penal permite que la Resolución impugnada pueda modificarse en perjuicio de la persona imputada cuando el recurso lo impetre alguna otra parte recurrente, tal y como sucede en el caso de Autos. Sigue manifestando la recurrente que la prohibición de la Reformatio In Peius que establece la Alzada resulta importante señalar que dicho principio se traduce en que la Resolución recurrida no debe ser “modificada en desfavor del reo”, la cual está dirigida a proteger a quien ha interpuesto el Recurso y por consiguiente, ostenta la condición procesal de recurrente y su finalidad es garantizar al litigante que recurre que su intervención no tendrá como consecuencia que la Resolución impugnada se modifique en perjuicio del acusado, determinando una situación mas gravosa que la que ya ostentaba en virtud de la Sentencia o Resolución que fue objeto del Recurso. De ahí que el Ad Quem al advertir de la información que arroja la prueba en cuanto a que la victima I. S. G. G., fue agredida sexualmente supuestamente por el acusado, existiendo a su criterio un margen de sospecha sobre su participación en los hechos denunciados, debió decretar un Sobreseimiento Provisional, así como fue planteada tal petición en la Audiencia Inicial. Declara la recurrente que la Resolución del Ad Quem así mismo quebranta el Debido Proceso inobservando lo establecido en el artículo 295 de la norma Procesal Penal, referente a los requisitos para dictar Sobreseimiento Provisional, provocando con ello la impunidad del injusto cometido por el acusado, considerando que dicho Principio envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los Derechos Fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el Derecho a una Resolución fundada en Derecho es un elemento esencial del Debido Proceso. De igual manera la amparista estima violado el Principio de Legalidad, el cual establece que un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el Ordenamiento Jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir sus Resoluciones en estricto apego a Derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como en el caso que hoy nos ocupa el Derecho a Aplicar; si bien es cierto, el Juez tiene una facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar y en el presente caso se aprecia que concurre una contravención a la ley. Por lo que considera que la actuación realizada por el Ad Quem no es conforme a derecho y violenta los derechos y garantías constitucionales ya enunciados.”- CONSIDERANDO (5) Que el origen de la controversia es la Resolución dictada por el A Quo, en la Audiencia Inicial, en la que dictó Sobreseimiento Definitivo, por considerar que no se aprecia la mínima actividad probatoria, pese a que en sus conclusiones el ahora recurrente solicitó un Sobreseimiento Provisional, a fin de aportar mejor prueba que sirva para dictar un Auto de Formal Procesamiento a un Sobreseimiento Definitivo, por lo que solicitó que se ordene al departamento de Serología Forense que se practiquen pruebas de ADN entre el señor MARCIAL S. G. y la señora I. S. G. G. y el menor hijo de esta, en tal sentido que se emitan los correspondientes oficios dirigidos al departamento de Serología Forense a fin de ordenar la realización de dicha prueba pericial. No conforme con la resolución del A Quem el ente acusador presentó Recurso de Apelación donde expone los agravios que le causa la Resolución impugnada, el ente Acusador en el párrafo que corresponde a la Petición en el Recurso de Apelación, solicita se revoque el Sobreseimiento Definitivo dictado por el A Quo, se decrete Auto de Formal Procesamiento y se dicte la Medida Cautelar de Prisión Preventiva. Ante dicha petición el Tribunal de Alzada se pronuncia en el numeral Cuarto Segundo Párrafo explica que aprecia una contradicción en la actuación del Ministerio Público, entre la petición planteada en la Audiencia Inicial, (Sobreseimiento Provisional) y la petición planteada en el Recurso de Apelación (Auto de Formal Procesamiento y se Dicte la Medida Cautelar de Prisión Preventiva). En el Numeral Sexto de su Resolución la Corte de Apelaciones Impugnada deja establecido que aprecia que existe un margen de sospecha sobre la participación del imputado en los hechos denunciados, que podrían dar lugar a un Sobreseimiento Provisional, situación no fue planteada por el Ministerio Público en el recurso del que conoce, por lo que no podría reformar la resolución ahora impugnada a un Sobreseimiento Provisional, porque lo estaría haciendo en perjuicio del imputado, situación que está vedada hacerlo de oficio, de conformidad con el artículo 350 del Código Procesal Penal que establece “La sentencia que resuelve un recurso solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente…, lo que se conoce como reforma peyorativa por lo que declaro sin lugar el recurso de apelación y confirmó la resolución recurrida.- CONSIDERANDO (6) Que el artículo 350 del Código Procesal Penal de los Asuntos Sobre Los Que Debe Recaer La Sentencia Y Sus Alcances. Prohibición De Reforma Peyorativa (Non Reformatio In Peius), dispone: “La sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, y solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna parte recurrente, y siempre que no agrave lo ya pretendido por esta, ante el órgano judicial que dictó la Resolución recurrida. Al respecto esta Sala aprecia que el artículo 350 está conformado por varios presupuestos a saber: 1.- La Sentencia solo recae sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, en el caso que nos ocupa esas cuestiones no son otras que la Resolución dictada por el A Quo, es decir el Sobreseimiento Definitivo que éste dictó, 2.- Si bien la Resolución impugnada podrá ser modificada en perjuicio de la persona imputada, deberá considerarse los siguientes presupuestos: a) cuando lo impetre alguna otra parte recurrente y, b) siempre que no agrave lo ya pretendido por ésta, ante el órgano judicial que dictó la resolución impugnada. En el caso de mérito, es evidente que quien pretende la impugnación es el Ente Acusador, quien pretendió ante el Juez de Letras, durante la celebración de la Audiencia Inicial se le dictara un Sobreseimiento Provisional, con el fin de aportar pruebas científicas durante la sustanciación del proceso, a fin de establecer de manera contundente la participación del acusado en los hechos. Consta en autos que el Ministerio Público durante la Audiencia Inicial pretendió se le dictara un Sobreseimiento Provisional a favor del señor MARCIAL SANCHEZ GARCÍA, sin embargo su pretensión cambió cuando interpuso el Recurso de Apelación, pretendiendo un Auto de Formal Procesamiento y una Medida Cautelar de Prisión Preventiva, lo que ciertamente no es congruente con su pretensión ante el A Quo, siendo así, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 350 del Código Procesal Penal, antes referido, la decisión del Ad Quem es conforme a Derecho. En consecuencia, no procede otorgar el Amparo solicitado.- CONSIDERANDO: (7) Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[1]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a la Garantía Judicial a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del Principio de Legalidad y la No Retroactividad de la Ley; 24 Igualdad ante la Ley; 25 Protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[2].- CONSIDERANDO: (8) Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado[3]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el Principio de Legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del Poder Legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia materia y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso[4].- CONSIDERANDO: (9) Que el Derecho de Defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 como en la Jurisprudencia de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “(….) al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, esta Corte ha manifestado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar, o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurarla adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[5].- CONSIDERANDO: (9) Que del estudio de los Antecedentes y de la Resolución recurrida esta Sala aprecia que ciertamente el Ad Quem ha dictado una Resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, en consecuencia, no es de recibo la pretensión del Ministerio Público, quien, en el ejercicio de la Acción Penal Pública, deberá apegarse estrictamente a la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos.- CONSIDERANDO: (10) Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiado desde una perspectiva Constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de Amparo, estimando la exposición del Tribunal de alzada tanto en su motivación como fundamentos de derecho, apreciados en su conjunto, la Resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se Deniegue el Amparo intentado.- CONSIDERANDO:(11) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las Resolución de fecha quince de febrero del año dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones, Seccional de Choluteca, Valle. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (2) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0448-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha quince de febrero dos mil diecinueve, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor MARCIAL SANCHEZ GARCIA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION AGRAVADA, en perjuicio I. S. G. G.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82, 90, 304 Y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez de diciembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de Choluteca, departamento de Choluteca, la Abogada YOJANA YAMILETH ZAMBRANO ORDOÑEZ, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MARCIAL SANCHEZ GARCIA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION AGRAVADA en perjuicio I. S. G. G..- 2) Que en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, en la continuación de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras citado 1) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del imputado: MARCIAL SANCHEZ GARCIA por el delito de VIOLACION AGRAVADA en perjuicio de I. S. G. G.. 2) Asimismo se deja sin NINGUN VALOR Y EFECTO la medida cautelar de DETENCION JUDICIAL decretada al ahora imputado. (Folios del 51 al 57 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha quince de febrero dos mil diecinueve, Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION. SEGUNDO: CONFIRMA la resolución impugnada. (Folios del 10 al 13 de la segunda pieza de antecedentes).- 4) La recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de mayo del año dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha quince de febrero dos mil diecinueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 304 Y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico.- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter Excepcional y Extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO:(3) Que la Resolución contra la que se recurre en Amparo es la dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha quince de febrero del año dos mil diecinueve, que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca de fecha treinta de abril del año dos mil dieciocho. Con relación a la causa instruida contra el señor MARCIAL SANCHEZ GARCÍA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN AGRAVADA en perjuicio de I, S, G, G,.- CONSIDERANDO:(4) Que la recurrente en la formalización de la Acción de Amparo manifiesta, “que en fecha 10 de diciembre del año 2018, se presentó Requerimiento Fiscal ante el Juzgado de Letras Primero departamental de Choluteca, contra el señor MARCIAL SANCHEZ GARCÍA por suponerlo responsable del delito de Violación Agravada en perjuicio de I. S. G.G., ya que según denuncia interpuesta se estableció que el Día de la Madre cuando la denunciante le estaba poniendo la ropa a la ofendida observó que no le quedaba la falda, por lo que preguntó con quien había salido y la joven I, no le contestó, razón por la cual procedió a interponer la Denuncia correspondiente y fue en Sede Administrativa al rendir su declaración que la ofendida manifestó que un día llegó a su casa de habitación su primo MARCIAL SANCHEZ GARCÍA y este le pidió agua y ella entró a servírselo y luego el acusado la tomó de sus manos sujetándoselas hacia atrás y luego la tiró al suelo y procedió a desnudarla y agredirla sexualmente, manifestándole el acusado que no contara lo ocurrido, por lo que ella no le contó a su mamá por miedo a que la castigara, y producto a dicha relación se procreó un bebe, razón por la cual el acusado fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente.” Continúa exponiendo que “en fecha 30 de abril del año 2018, el Juzgado celebró Audiencia Inicial, en la cual se decretó Sobreseimiento Definitivo a favor del acusado. La recurrente no conforme con la Resolución dictada por el A Quo, interpuso Recurso de Apelación el que fue declarado Sin Lugar y confirmó la Resolución recurrida. Considera violado la amparista el Derecho de Defensa, Debido Proceso y Principio de Legalidad consignados en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República por las razones fácticas y jurídicas que procede a exponer: “Que de la lectura del Fallo venido en consulta se aprecia que el Ad Quem establece de su Resolución que considera contradictorio lo alegado por la recurrente en el Recurso de Apelación, con la posición que ha mostrado en el curso de las actuaciones de primera instancia, ya que en la Audiencia Inicial al momento de las Conclusiones solicitó un Sobreseimiento Provisional a favor del imputado; asimismo establece el Ad Quem que dadas las circunstancias en las que sucedieron los hechos, podría existir un margen de sospecha sobre la participación del imputado en los hechos denunciados, pues la supuesta ofendida señala al imputado como la persona que la tomó por la fuerza, lo cual podría dar lugar a un Sobreseimiento Provisional, sin embargo, esta situación no fue planteada por el ente Fiscal en su recurso y siendo que en Audiencia Inicial se dictó un Sobreseimiento Definitivo a favor del imputado por el delito denunciado VIOLACIÓN AGRAVADA, esta Corte no puede reformar de Oficio la Resolución impugnada a un Sobreseimiento Provisional porque lo estaría haciendo en perjuicio de la persona imputada, situación que está vedada a hacerlo de Oficio de conformidad con el artículo 350 del Código Procesal Penal, lo que se conoce como Prohibición de Reforma Peyorativa (Non Reformatio In Peius), en virtud de lo cual confirma el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor del acusado. El ente Fiscal no comparte el razonamiento vertido por el Ad Quem en el sentido de que a pesar de que existen márgenes de sospecha que podrían dar lugar a dictar un Sobreseimiento Provisional, no puede ser decretado el mismo por no haber sido planteado por el ente Acusador en su recurso; sobre el particular, resulta importante señalar que dicho argumento resulta incongruente con la actuación realizada por el ente Fiscal, ya que si bien en el Recurso de Apelación solicitó el dictado de Auto de Formal Procesamiento, ello no constituye una prohibición para que el Ad Quem en cuanto a modificar la Resolución impugnada a un Sobreseimiento Provisional, por cuanto a la misma normal contenida en el artículo 350 del Código Procesal Penal permite que la Resolución impugnada pueda modificarse en perjuicio de la persona imputada cuando el recurso lo impetre alguna otra parte recurrente, tal y como sucede en el caso de Autos. Sigue manifestando la recurrente que la prohibición de la Reformatio In Peius que establece la Alzada resulta importante señalar que dicho principio se traduce en que la Resolución recurrida no debe ser “modificada en desfavor del reo”, la cual está dirigida a proteger a quien ha interpuesto el Recurso y por consiguiente, ostenta la condición procesal de recurrente y su finalidad es garantizar al litigante que recurre que su intervención no tendrá como consecuencia que la Resolución impugnada se modifique en perjuicio del acusado, determinando una situación mas gravosa que la que ya ostentaba en virtud de la Sentencia o Resolución que fue objeto del Recurso. De ahí que el Ad Quem al advertir de la información que arroja la prueba en cuanto a que la victima I. S. G. G., fue agredida sexualmente supuestamente por el acusado, existiendo a su criterio un margen de sospecha sobre su participación en los hechos denunciados, debió decretar un Sobreseimiento Provisional, así como fue planteada tal petición en la Audiencia Inicial. Declara la recurrente que la Resolución del Ad Quem así mismo quebranta el Debido Proceso inobservando lo establecido en el artículo 295 de la norma Procesal Penal, referente a los requisitos para dictar Sobreseimiento Provisional, provocando con ello la impunidad del injusto cometido por el acusado, considerando que dicho Principio envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los Derechos Fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el Derecho a una Resolución fundada en Derecho es un elemento esencial del Debido Proceso. De igual manera la amparista estima violado el Principio de Legalidad, el cual establece que un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el Ordenamiento Jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir sus Resoluciones en estricto apego a Derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y como en el caso que hoy nos ocupa el Derecho a Aplicar; si bien es cierto, el Juez tiene una facultad dada por la misma norma de interpretación, esta debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar y en el presente caso se aprecia que concurre una contravención a la ley. Por lo que considera que la actuación realizada por el Ad Quem no es conforme a derecho y violenta los derechos y garantías constitucionales ya enunciados.”- CONSIDERANDO (5) Que el origen de la controversia es la Resolución dictada por el A Quo, en la Audiencia Inicial, en la que dictó Sobreseimiento Definitivo, por considerar que no se aprecia la mínima actividad probatoria, pese a que en sus conclusiones el ahora recurrente solicitó un Sobreseimiento Provisional, a fin de aportar mejor prueba que sirva para dictar un Auto de Formal Procesamiento a un Sobreseimiento Definitivo, por lo que solicitó que se ordene al departamento de Serología Forense que se practiquen pruebas de ADN entre el señor MARCIAL SANCHEZ GARCÍA y la señora I, S,O G, G, y el menor hijo de esta, en tal sentido que se emitan los correspondientes oficios dirigidos al departamento de Serología Forense a fin de ordenar la realización de dicha prueba pericial. No conforme con la resolución del A Quem el ente acusador presentó Recurso de Apelación donde expone los agravios que le causa la Resolución impugnada, el ente Acusador en el párrafo que corresponde a la Petición en el Recurso de Apelación, solicita se revoque el Sobreseimiento Definitivo dictado por el A Quo, se decrete Auto de Formal Procesamiento y se dicte la Medida Cautelar de Prisión Preventiva. Ante dicha petición el Tribunal de Alzada se pronuncia en el numeral Cuarto Segundo Párrafo explica que aprecia una contradicción en la actuación del Ministerio Público, entre la petición planteada en la Audiencia Inicial, (Sobreseimiento Provisional) y la petición planteada en el Recurso de Apelación (Auto de Formal Procesamiento y se Dicte la Medida Cautelar de Prisión Preventiva). En el Numeral Sexto de su Resolución la Corte de Apelaciones Impugnada deja establecido que aprecia que existe un margen de sospecha sobre la participación del imputado en los hechos denunciados, que podrían dar lugar a un Sobreseimiento Provisional, situación no fue planteada por el Ministerio Público en el recurso del que conoce, por lo que no podría reformar la resolución ahora impugnada a un Sobreseimiento Provisional, porque lo estaría haciendo en perjuicio del imputado, situación que está vedada hacerlo de oficio, de conformidad con el artículo 350 del Código Procesal Penal que establece “La sentencia que resuelve un recurso solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente…, lo que se conoce como reforma peyorativa por lo que declaro sin lugar el recurso de apelación y confirmó la resolución recurrida.- CONSIDERANDO (6) Que el artículo 350 del Código Procesal Penal de los Asuntos Sobre Los Que Debe Recaer La Sentencia Y Sus Alcances. Prohibición De Reforma Peyorativa (Non Reformatio In Peius), dispone: “La sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, y solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna parte recurrente, y siempre que no agrave lo ya pretendido por esta, ante el órgano judicial que dictó la Resolución recurrida. Al respecto esta Sala aprecia que el artículo 350 está conformado por varios presupuestos a saber: 1.- La Sentencia solo recae sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, en el caso que nos ocupa esas cuestiones no son otras que la Resolución dictada por el A Quo, es decir el Sobreseimiento Definitivo que éste dictó, 2.- Si bien la Resolución impugnada podrá ser modificada en perjuicio de la persona imputada, deberá considerarse los siguientes presupuestos: a) cuando lo impetre alguna otra parte recurrente y, b) siempre que no agrave lo ya pretendido por ésta, ante el órgano judicial que dictó la resolución impugnada. En el caso de mérito, es evidente que quien pretende la impugnación es el Ente Acusador, quien pretendió ante el Juez de Letras, durante la celebración de la Audiencia Inicial se le dictara un Sobreseimiento Provisional, con el fin de aportar pruebas científicas durante la sustanciación del proceso, a fin de establecer de manera contundente la participación del acusado en los hechos. Consta en autos que el Ministerio Público durante la Audiencia Inicial pretendió se le dictara un Sobreseimiento Provisional a favor del señor MARCIAL SANCHEZ GARCÍA, sin embargo su pretensión cambió cuando interpuso el Recurso de Apelación, pretendiendo un Auto de Formal Procesamiento y una Medida Cautelar de Prisión Preventiva, lo que ciertamente no es congruente con su pretensión ante el A Quo, siendo así, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 350 del Código Procesal Penal, antes referido, la decisión del Ad Quem es conforme a Derecho. En consecuencia, no procede otorgar el Amparo solicitado.- CONSIDERANDO: (7) Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[6]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a la Garantía Judicial a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del Principio de Legalidad y la No Retroactividad de la Ley; 24 Igualdad ante la Ley; 25 Protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[7].- CONSIDERANDO: (8) Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado[8]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el Principio de Legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del Poder Legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia materia y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso[9].- CONSIDERANDO: (9) Que el Derecho de Defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 como en la Jurisprudencia de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “(….) al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, esta Corte ha manifestado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar, o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurarla adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[10].- CONSIDERANDO: (9) Que del estudio de los Antecedentes y de la Resolución recurrida esta Sala aprecia que ciertamente el Ad Quem ha dictado una Resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, en consecuencia, no es de recibo la pretensión del Ministerio Público, quien, en el ejercicio de la Acción Penal Pública, deberá apegarse estrictamente a la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos.- CONSIDERANDO: (10) Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiado desde una perspectiva Constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de Amparo, estimando la exposición del Tribunal de alzada tanto en su motivación como fundamentos de derecho, apreciados en su conjunto, la Resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el recurrente, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se Deniegue el Amparo intentado.- CONSIDERANDO:(11) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las Resolución de fecha quince de febrero del año dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones, Seccional de Choluteca, Valle. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (2) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0448-2019.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[2] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.
[3] Rodríguez Cesia Víctor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.
[4] Idem Pág.1305
[5] Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 128. párr. 132. Citando Caso Herrera Ulloa, párr. 147; Caso Maritza Urrutia, párr. 118; y Caso Myrna Mack Chang, párr. 202.
[6]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[7] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.
[8] Rodríguez Cesia Víctor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.
[9] Idem Pág.1305
[10] Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 128. párr. 132. Citando Caso Herrera Ulloa, párr. 147; Caso Maritza Urrutia, párr. 118; y Caso Myrna Mack Chang, párr. 202.