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Sentencia AP-430-19 — Registro 11492

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que decretó auto de formal procesamiento contra recurrente e impuso medida cautelar de prisión preventiva por suponerlo responsable del delito de actos de lujuría agravados en perjuicio de su hermana, la menor de edad A S G N; en apelación se confirmó la resolución apelada por considerar que el procedimiento abreviado es un “instrumento de simplificación procesal” considerado como un beneficio a favor del imputado, pero no se le reconoce como un derecho de éste, pues para su procedencia se requiere la aquiescencia del Ministerio Público y el cumplimiento de requisitos de forma

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala ha insistido que el conocimiento de asuntos puramente judiciales, como es el caso que nos ocupa, en el que se ha de decidir inter alia sobre la procedencia de una cuestión de nulidad en un procedimiento ordinario, pueden ser conocidos por los órganos encargados de la justicia constitucional únicamente cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales, a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente siguiendo las formalidades y principios establecidos por la ley..."..."esta Sala advierte que en la sentencia objeto de impugnación por esta vía, la Alzada ha plasmado las consideraciones de hecho y de derecho que le llevaron a decidir la confirmatoria de la resolución recurrida, estimando esta Sala que la sentencia de la Alzada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la cuestionada decisión de considerar inexistente la nulidad procedimental argumentada por la defensa también propia de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver..."..."esta Sala concuerda con el parecer del Tribunal de Alzada en el sentido que el procedimiento abreviado constituye un beneficio y una institución de simplificación procesal, y como tal, su efectividad depende del cumplimiento de determinados requisitos de ley, por ende, su postulación, aprobación y decisión son eminentemente potestativas y no imperativas, como erróneamente parece entenderlo la quejosa. El artículo 404 del Código Procesal Penal determina como prerrequisito que en la audiencia de procedimiento abreviado se escuche el parecer del Fiscal, lo que aconteció en el caso que nos ocupa, estando éste ya en desacuerdo con la solicitud de procedimiento abreviado previamente presentada. Este hecho por sí mismo no podría considerarse como una transgresión al procedimiento, pues igual derecho tendría la defensa y el propio imputado de no acceder al procedimiento solicitado si así lo estimasen oportuno, de ahí que la ley misma determine la voluntariedad del procedimiento abreviado, por lo que apartarse del mismo no podría, en equidad, ser una potestad exclusiva del imputado y de la defensa, pues incluso el juez está facultado para rechazar el procedimiento en caso de no cumplirse los requisitos de ley, y este caso, al no contarse ya con el consentimiento de uno de los solicitantes, en este caso el Ministerio Público, correspondía que el beneficio pretendido fuese rechazado. El Ministerio Público, como ente encargado de ejercer la acción penal pública en favor de la víctima y de la sociedad, no podría ser conminado a continuar con un procedimiento que considerase impropio, pues ello implicaría un fraude a la ley, y una grave desatención a su función pública, y con ello al propio principio de legalidad que la amparista invoca como violentado en este caso..."..."en el asunto objeto de examen este Alto Tribunal no advierte que se haya vulnerado garantía constitucional alguna. Estamos ante una cuestión de estricto derecho que correspondía ser conocida por la justicia ordinaria, la cual resolvió la misma, como queda dicho, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada en el presente recurso, limitándose el órgano jurisdiccional recurrido a hacer aplicación de los mandatos de ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."..."esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 79 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Penal, art. 404 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, a favor del señor KEVIN LEONEL GARCÍA NAVARRO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de marzo dos mil diecinueve, que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor KEVIN LEONEL GARCÍA NAVARRO, por suponerlo responsable del de delito de ACTOS LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de su hermana, la menor, A. S. G. N.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82, 90, Y 321 en la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno de diciembre junio del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada INDIRA CAROLINA MALDONADO TURCIOS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor KEVIN LEONEL GARCÍA NAVARRO, por suponerlo responsable del delito de ACTOS LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de A. S. G. N. 2) Que en fecha quince de enero de dos mil diecinueve, en la continuación de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras citado DECRETÓ: “…1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el imputado KEVIN LEONEL GARCÍA NAVARRO, por el delito de DOS ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO, en perjuicio de la menor A. S. G. N.; 2) Imponerle al referido imputado la medida de PRISIÓN PREVENTIVA…; 3)…;4) La suscrita juez, en vista que el artículo 300 del CPP…se señala audiencia preliminar para el día 8 de agosto a las 10:30 AM DEL 2018…” (Folios 72 y 78 de la pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veintiséis de marzo dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo la apelación interpuesta contra el auto previamente referido, RESOLVIÓ: “…1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2) CONFIRMAR la resolución apelada. (Folios del 165 al 167 de la pieza de antecedentes) …”. 4) La recurrente Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, compareció ante este Tribunal, en fecha diez de mayo del año dos mil diecinueve, interponiendo recurso de amparo a favor del señor KEVIN LEONEL GARCÍA NAVARRO, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiséis de marzo dos mil diecinueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, Y 321 en la Constitución de la República. 5) Que en fecha catorce de octubre del año dos mil diecinueve, esta Sala recibió escrito de formalización de acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del señor KEVIN LEONEL GARCÍA NAVARRO, la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL de este Departamento, que fue dictada en fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante la cual decidió desestimar un recurso de apelación interpuesto en el proceso penal incoado en contra del mencionado señor, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de su hermana, la menor A. S. G. N.. ALEGACIÓN DEL RECURRENTE CONSIDERANDO (6): Que tanto en las instancias ordinarias en donde se ventila el caso objeto de la presente acción constitucional de amparo como en los alegatos presentados ante esta Sala de lo Constitucional, la impetrante FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA ha venido alegando la existencia de una nulidad procedimental en la causa seguida en contra de su defendido porque según sostuvo, no se llevó a cabo una audiencia de procedimiento abreviado conforme lo dispuesto por el artículo 404 del Código Procesal Penal, afirmando que tanto la A Quo como el Ad Quem han “desnaturalizado” la finalidad de dicha audiencia, y que se hizo caso omiso de una autorización extendida por el superior jerárquico de la representante del Ministerio Público, señalando que la fiscalía debió presentar un documento de “desautorización” del procedimiento abreviado. Para la recurrente, los derechos relacionados al procedimiento abreviado son de carácter “irrenunciable” y que el hecho de no haberse autorizado el procedimiento abreviado ha causado una violación al derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, el principio de legalidad y a la garantía del debido proceso. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA CONSIDERANDO (7): Que, en su resolución, el Tribunal de Apelación señaló inter alia, que el procedimiento abreviado es un “instrumento de simplificación procesal” que puede ser considerado como un beneficio a favor del imputado, pero no se le reconoce como un derecho de éste, toda vez que para su procedencia se requiere la aquiescencia del Ministerio Público y el cumplimiento de determinados requisitos de forma. La Alzada fue enfática en afirmar la inexistencia de una nulidad procedimental en el manejo de la audiencia de procedimiento abreviado por parte del A Quo, en tanto que la misma tiene como finalidad la verificación de los requisitos de ley, de ahí entonces que de acuerdo con el parecer de la Alzada, el desistimiento externado por el Ministerio Público en la audiencia no puede ser considerado como una desatención al procedimiento por lo que decidió la denegatoria de la apelación planteada y la consecuente confirmatoria de la resolución recurrida. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha insistido que el conocimiento de asuntos puramente judiciales, como es el caso que nos ocupa, en el que se ha de decidir inter alia sobre la procedencia de una cuestión de nulidad en un procedimiento ordinario, pueden ser conocidos por los órganos encargados de la justicia constitucional únicamente cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales, a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente siguiendo las formalidades y principios establecidos por la ley. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala advierte que en la sentencia objeto de impugnación por esta vía, la Alzada ha plasmado las consideraciones de hecho y de derecho que le llevaron a decidir la confirmatoria de la resolución recurrida, estimando esta Sala que la sentencia de la Alzada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la cuestionada decisión de considerar inexistente la nulidad procedimental argumentada por la defensa también propia de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala concuerda con el parecer del Tribunal de Alzada en el sentido que el procedimiento abreviado constituye un beneficio y una institución de simplificación procesal, y como tal, su efectividad depende del cumplimiento de determinados requisitos de ley, por ende, su postulación, aprobación y decisión son eminentemente potestativas y no imperativas, como erróneamente parece entenderlo la quejosa.

El artículo 404 del Código Procesal Penal determina como prerrequisito que en la audiencia de procedimiento abreviado se escuche el parecer del Fiscal, lo que aconteció en el caso que nos ocupa, estando éste ya en desacuerdo con la solicitud de procedimiento abreviado previamente presentada. Este hecho por sí mismo no podría considerarse como una transgresión al procedimiento, pues igual derecho tendría la defensa y el propio imputado de no acceder al procedimiento solicitado si así lo estimasen oportuno, de ahí que la ley misma determine la voluntariedad del procedimiento abreviado, por lo que apartarse del mismo no podría, en equidad, ser una potestad exclusiva del imputado y de la defensa, pues incluso el juez está facultado para rechazar el procedimiento en caso de no cumplirse los requisitos de ley, y este caso, al no contarse ya con el consentimiento de uno de los solicitantes, en este caso el Ministerio Público, correspondía que el beneficio pretendido fuese rechazado. El Ministerio Público, como ente encargado de ejercer la acción penal pública en favor de la víctima y de la sociedad, no podría ser conminado a continuar con un procedimiento que considerase impropio, pues ello implicaría un fraude a la ley, y una grave desatención a su función pública, y con ello al propio principio de legalidad que la amparista invoca como violentado en este caso. CONSIDERANDO (12): Que en el asunto objeto de examen este Alto Tribunal no advierte que se haya vulnerado garantía constitucional alguna. Estamos ante una cuestión de estricto derecho que correspondía ser conocida por la justicia ordinaria, la cual resolvió la misma, como queda dicho, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales de la persona que se ha señalado como agraviada en el presente recurso, limitándose el órgano jurisdiccional recurrido a hacer aplicación de los mandatos de ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. CONSIDERANDO (13): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la acción de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesta por la Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, a favor del señor KEVIN LEONEL GARCÍA NAVARRO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de marzo dos mil diecinueve, por las razones que se han dejado expuestas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil veinte, certificación del fallo de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0430-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL