Sentencia AP-420-18 — Registro 12896
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación con relación a la solicitud de conmuta de pena de reclusión por pago de dinero en efectivo, solicitada por el abogado defensor del sentenciado quien fue condenado mediante sentencia definitiva de estricta conformidad por el delito de posesión ilegal de arma de fuego comercial para uso personal en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, las garantías constitucionales, contenidas en los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 80, 82, 90 párrafo primero, 96, 183, 321, 322, 323 y 324 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva o libre acceso a los tribunales, no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (11): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO (12): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 61 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 70 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 73 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 74 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 71 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de febrero del año dos mi veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Emeterio Rodas Pavón a favor del señor Cesar Edil Domínguez Mejía, contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha nueve de mayo del año dos mil dieciocho, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha catorce de diciembre del año dos mil diecisiete, con relación a la solicitud de Conmuta de Pena de Reclusión por pago de dinero en efectivo, solicitada por el Abogado Defensor del sentenciado Cesar Edil Domínguez Mejía, quien fue condenado mediante Sentencia Definitiva de Estricta Conformidad por el delito de Posesión Ilegal de Arma de fuego Comercial para Uso Personal en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, las garantías constitucionales, contenidas en los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 80, 82, 90 párrafo primero, 96, 183, 321, 322, 323 y 324 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada Marbis Araceli Miranda Ramos, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Cesar Edil Domínguez Mejía por suponerlo responsable del delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios del 1 al 4 de la pieza de antecedentes de primera Instancia) 2) En fecha diez de octubre del año dos mil dieciséis se celebró Audiencia de Juicio Expedito, audiencia en la cual el acusado aceptó los hechos a él imputados por el Ministerio Público y acepta que el caso se resuelva por la figura procesal de Estricta Conformidad; solicitando la defensa se aplique el beneficio de la Suspensión de la Ejecución de la Pena, por reunirse los requisitos del Artículo 70 del Código Penal. (Folio 24fv de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que en la misma fecha diez de octubre del año dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de la Sección judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, dictó Sentencia Definitiva de Estricta Conformidad, mediante la cual resolvió: (Sic) “Primero: Que se debe condenar y se condena mediante sentencia de conformidad a CESAR EDIL DOMINGUEZ MEJIA a la pena de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN por ser autor responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL PARA USO PERSONAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, sin la concurrencia de circunstancias modificativas ni eximentes de la responsabilidad penal, reclusión que deberá cumplir en la penitenciaría nacional de Comayagua del departamento de Comayagua. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el procesado ha permanecido cautelarmente privado de la libertad por esta causa. Segundo: Que se debe condenar y se condena a CESAR EDIL DOMINGUEZ MEJIA como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo que dure la misma, en obras públicas, o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, todo en consonancia con los principios básicos para el tratamiento de los reclusos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en resolución 45/111 del 14 de diciembre de 1990. Tercero: Procede declarar la responsabilidad civil del condenado CESAR EDIL DOMINGUEZ MEJIA la que deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia. Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Quinto:…Sexto: Se declara suspendida Condicionalmente en su ejecución la pena de TRES AÑOS DE RECLUSIÓN impuesta al condenado CESAR EDIL DOMINGUEZ MEJIA; Suspensión que se ejecuta bajo las advertencias que la ley establece en relación a este beneficio penal y bajo un periodo de prueba de cinco años; Sin abarcar este beneficio a lo referente a las penas accesorias a las que ha sido condenado el acusado, por lo que la secretaria del despacho debe requerir por medio del funcionario respectivo al condenado, para otorgarles carta de libertad provisional y hacerle saber las advertencias….” (Folios del 26 al 30 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 4) En fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el Abogado José Emeterio Rodas Pavón en su condición de Apoderado Defensor del señor Cesar Edil Domínguez Mejía, ofreciendo el pago de conmuta de una pena de reclusión a favor de su representado. (Folio 14fv de la pieza de antecedentes de primera instancia -Juzgado de Ejecución-) 5) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la ley, el referido Juzgado de Ejecución, mediante Sentencia Interlocutoria de fecha catorce de diciembre del año dos mil diecisiete, resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el incidente de conmuta de pena de reclusión por dinero a favor del sentenciado CESAR EDIL DOMINGUEZ MEJIA, en la presente causa por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL PARA EL USO PERSONAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por no cumplir con todos los requisitos que establece la Ley para otorgar el mismo….” (Folios del 24 al 26 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 6) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Emeterio Rodas Pavón, contra la resolución que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha nueve de mayo del año dos mil dieciocho, dictó resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA APELACION interpuesta por EL ABOGADO JOSE EMETERIO RODAS PAVON, en su condición de DEFENSOR PRIVADO, del sentenciado, CESAR EDIL DOMINGUEZ MEJIA, contra LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA, dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en Catorce (14) de Diciembre del año Dos Mil Diecisiete, (2017) en la cual resuelve: SIN LUGAR, la solicitud de Conmuta de Pena de Reclusión por pago en efectivo, solicitada por el sentenciado CESAR EDIL DOMINGUEZ MEJIA, por habérsele Condenado por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL PARA USO PERSONAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: En consecuencia SE CONFIRMA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA, Apelada y relacionada anteriormente en esta parte resolutiva….” (Folios del 8 al 13 de la pieza de antecedentes del Tribunal de Alzada) 7) Que el recurrente Abogado José Emeterio Rodas Pavón, compareció ante este Alto Tribunal en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del señor Cesar Edil Domínguez Mejía, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el acápite que antecede, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 80, 82, 90 párrafo primero, 96, 183, 321, 322, 323 y 324 de la Constitución de la República. 8) Que en fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción de mérito, omitiéndose la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 62 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que del examen de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional observa, que el acto contra el cual se está invocando la garantía constitucional de amparo, lo constituye la resolución emitida en fecha nueve de mayo del año dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa del condenado, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha catorce de diciembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, que resuelve declarar Sin Lugar el incidente de Conmuta a favor del sentenciado Cesar Edil Domínguez Mejía, quien fue condenado a cumplir una pena de tres años de reclusión, por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial para uso personal, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo que dure la misma. CONSIDERANDO (3): Que en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado JOSÉ EMETERIO RODAS PAVÓN, interponiendo Acción de Amparo a favor del señor CESAR EDIL DOMÍNGUEZ MEJÍA, contra la resolución de fecha nueve de mayo del año dos mil dieciocho, emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria de fecha catorce de diciembre del año dos mil diecisiete, dictada en Audiencia de Conmuta de Pena de Reclusión por dinero, por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en el proceso instruido en contra del señor CESAR EDIL DOMÍNGUEZ MEJÍA; resolución que declara Sin Lugar el Incidente de Conmuta solicitada a favor del condenado; considera el recurrente en amparo que la resolución antes referida violenta el derecho de petición, libertad e igualdad ante la ley, contenidos en los artículos 59, 61, 69 y 82 de la Constitución de la República, relacionado con el Artículo 61.2 del Código Penal vigente. CONSIDERANDO (4): Que en la acción constitucional invocada el recurrente sostiene que la Constitución de la República en su Artículo 61 garantiza el derecho a la libertad y al negarse la solicitud de conmuta a su representado se está violentando el derecho a la libertad e igualdad ante la ley, en virtud que a otras personas sentenciadas por el mismo delito y una pena no mayor de 5 años de reclusión le conceden el pago de conmuta; sostiene asimismo el impetrante que no se han seguido las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, pues el artículo 61.2 del Código Penal establece que la reclusión hasta 5 años se pagará a razón de Lps. 10.00 por día. CONSIDERANDO (5): Que el impetrante arguye que a la solicitud que presentó en fecha 14 de junio del año 2018, acompañó la copia de la Constancia de Antecedentes Penales, en virtud que a original obra en el expediente 1417-2016 del Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, que con dicho documento acreditó que el señor Cesar Edil Domínguez Mejía a la fecha 30 de noviembre del año 2017, no había sido sentenciado anteriormente a la sentencia ni posteriormente a dicha sentencia. Reitera el pedidor de amparo que la solicitud de Conmuta presentada cumple con los requisitos que establece el Código Penal en sus artículos 53, 61 preámbulo y numeral 2, por ello al señor Cesar Edil Domínguez Mejía se le han violentado sus derechos individuales que refiere a las garantías que la constitución concede a favor de los habitantes del Estado de Honduras. Argumenta el impetrante que el derecho constitucional es el conjunto de declaraciones solemnes en beneficio de la libertad de la persona humana y que los derechos humanos es universal y que encontramos la declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobados por las naciones Unidas en 1948 y que la persona natural tiene derecho a hacer solicitudes de cualquier naturaleza y si es a los Juzgados o Tribunales de la República encontramos el derecho judicial que es de orden público y que debe garantizar el adecuado procedimiento del derecho que se tiene a la justicia y que por eso existen los recursos necesarios para recurrir, para restablecer o afirmar las relaciones jurídicas violadas o puestas en peligro. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente en amparo cuestiona la decisión adoptada por el Ad-quem, pues a su criterio la solicitud de Conmuta por él presentada reúne los requisitos establecidos en el artículo 61 del Código Penal, haciendo especial énfasis en el preámbulo y en el numeral 2, norma que dispone: “Solamente serán conmutables de derecho: 1) La prisión a razón de cinco lempiras (L. 5.00) por día; y, 2) La reclusión hasta cinco (5) años a razón de diez lempiras (l.10.00) por día. Las conmutas se pagaran en efectivo en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, haya autorizado para el efecto. Si el imputado o condenado carece de medios económicos para conmutar la prisión o reclusión, ésta se conmutará por trabajo a favor de la comunidad. Las condiciones y plazos se fijarán en los mismos términos establecidos en el Artículo 53 de este Código. Lo dispuesto en éste artículo no será aplicable a quien haya sido condenado anteriormente por delito doloso; cuando así lo disponga una ley especial, o cuando apreciadas las condiciones especiales del condenado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca motivadamente, a juico del Juez su no procedencia.” –Énfasis y subrayado suplidos CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional del examen de la resolución impugnada por el recurrente, observa que en el acápite CUARTO de la motivación, la Alzada razona su decisión de la siguiente forma: (Sic) “….Ahora bien el caso planteado presenta la condición especial que CESAR EDIL DOMINGUEZ MEJIA, fue condenado en fecha diez (10) de octubre del 2016, según expediente Judicial número 1417-2016, por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, PARA USO PERSONAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, habiéndose otorgado el beneficio de LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA, por un periodo de prueba de CINCO años y que es por esta causa que se esta solicitando el beneficio de CONMUTA DE PENA DE RECLUSION por pago en efectivo, situación en la que como se explico ampliamente no hay ningún obstáculo para concederse, pero cambia la apreciación para este Órgano Jurisdiccional de Alzada, cuando se coteja que pesa una segunda condena en contra del acusado, que data de fecha Quince (15) de Diciembre del año 2017, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, PARA USO PERSONAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, en donde se le impuso una pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION, la cual se registra en el Expediente Judicial número 1632-2017, lo que corre agregado a folio treinta (30) de las presentes diligencias y esto si constituye un obstáculo jurídico para que no proceda la solicitud de conmuta de pena de Reclusión por pago en efectivo, conforme lo que ya dispone el artículo 74 del código penal deberá hacerse efectiva la pena suspendida condicionalmente cuando el condenado dentro de los plazos establecidos, delinquiere nuevamente o no cumple las obligaciones civiles derivadas del delito o falta o que se le impusiere otra condena por un delito o falta al que fue objeto de la suspensión de la pena, tal como sucede con el peticionario que incurrió en delito y fue sentenciado en una segunda ocasión, encontrándose dentro del periodo de prueba de cinco años por lo tanto no cabe otorgar el beneficio solicitado.”. CONSIDERANDO (8): Que de la lectura de la motivación plasmada por el Tribunal recurrido, específicamente en el acápite Cuarto se establece que no procede otorgar la Conmuta solicitada por la defensa por la circunstancia que contra el señor Cesar Edil Domínguez Mejía recae nueva sentencia condenatoria en fecha 15 de diciembre del año 2017, registrada con el expediente judicial número 1632-2017 y visible a folio 30 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia, según Informe emitido por el Secretario Adjunto del Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua. Si bien es cierto el recurrente en amparo solicita la Conmuta a favor de su representado al reunirse el requisito que establece el Artículo 61 del Código Penal, en relación a que su representado fue condenado a la pena de Tres años de Reclusión por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial para uso personal-Exp. 1417-2016-, el impetrante olvida mencionar que al señor Cesar Edil Domínguez Mejía se le beneficio con la Suspensión Condicional de la Pena, quedando en un período de prueba por el plazo de cinco años, período de prueba que fue incumplido por el condenado; ello porque fue llevado de nuevo al órgano jurisdiccional por la comisión de otro delito también de Portación Ilegal de Armas, según los argumentos expuesto en la Audiencia de Conmuta celebrada en fecha doce de diciembre del año dos mil diecisiete; aunado a ello recae contra él nueva sentencia en el expediente judicial número 1632-2017. Procedía en consecuencia la revocación del beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena como bien lo realiza el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, ello al tenor de los dispuesto en el Artículo 74 del Código Penal, debiendo en consecuencia el condenado hacer efectiva la pena suspendida condicionalmente. Por ello que no procede otro beneficio, en el caso sub júdice, la conmuta solicitada por la defensa del condenado; argumento que también fue utilizado por el Tribunal de Alzada para denegar la solicitud de conmuta. CONSIDERANDO (9): Que de la foliada de la resolución emitida en fecha nueve de mayo del año dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma es conforme a derecho, ello porque no procede otorgar el beneficio de conmuta, cuando al condenado se le ha beneficiado anteriormente con la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, beneficio que fue incumplido en el período de prueba que le fue impuesto por el órgano jurisdiccional que le condenó, por lo que al tenor del artículo 74 del código Penal procede hacer efectiva dicha condena, no resultando en consecuencia el otorgamiento de otro beneficio como pretende el recurrente en Amparo. Aunado a ello el último párrafo del Artículo 61 del Código Penal que desarrolla lo relativo a la Conmuta, establece las excepciones para otorgarlo, siendo éstas las siguientes: a) A quien haya sido condenado anteriormente por delito doloso; b) Cuando así lo disponga una ley especial; y c) Cuando apreciadas las circunstancias especiales del condenado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca motivadamente a juicio del Juez su no procedencia. Que una resolución sea adversa a las pretensiones de las partes no es indicativo de vulneración de derechos o garantías, toda vez que se observa la aplicación de la ley al caso concreto, lo cual constituye el imperativo de los operadores de justicia al momento de emitir sus resoluciones. CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva o libre acceso a los tribunales, no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[1]. CONSIDERANDO (11): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO (12): Que al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 61, 70, 73 y 74 del Código Penal; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ EMETERIO RODAS PAVÓN, a favor del señor CESAR EDIL DOMÍNGUEZ MEJÍA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTÍFIQUESE FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha catorce de febrero del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0420-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] L. Alfredo De Diego Diez. El derecho a la tutela judicial efectiva., OIM Editorial, Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras), 2014. Pág. 56.