Sentencia AP-413-19 — Registro 12893
Resumen
Resolucion que revocó sobreseimiento provisional en la causa instruida contra imputados por suponerlos responsables del delito de Lavado de activos,en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO (9): Que, vistos los antecedentes del caso y los argumentos esgrimidos en la presente acción constitucional de amparo, aprecia esta Sala de lo Constitucional que existe una disconformidad del amparista a consecuencia de la revocatoria, por parte del Tribunal Ad Quem, de los sobreseimientos provisionales dictados por el Juzgado A Quo a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA en ocasión de la Audiencia Preliminar. Asimismo, cuestiona la no admisión de su personamiento en la Alzada, proceder que rechaza el amparista, sobre la base de jurisprudencia no citada o desarrollada, supuestamente dictada por este Tribunal de Justicia Constitucional; considerando, además de infundada tal resolución, atentatoria al debido proceso y a la inviolabilidad del derecho de defensa; a la procuración y garantía de los derechos fundamentales de sus representados; así como a la vigencia plena del principio de legalidad.- CONSIDERANDO (10): Que al respecto considera la Sala de lo Constitucional, que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, al motivar su fallo estimatorio del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, motiva su resolución en la falta de sustento probatorio en que incurriera el A Quo para lo proceder de tal forma, no en la supuesta inadmisibilidad del material probatorio presentado por la Defensa. Asimismo, al motivar que la decisión de librar los respectivos sobreseimientos no fue adoptada de conformidad al estándar valorativo establecido. Considera la Sala, que se ha se brindado respuesta fundada a la pretensión de la parte apelante contra lo acaecido y resuelto en la Audiencia Preliminar,[1] observando lo establecido en los artículos 294, 295, 296 y 302 último párrafo, siempre del Código Procesal Penal; no quedando claramente establecido, por otra parte, la premisa fáctica que motivara al amparista a denunciar la no admisión de su personamiento, por parte del Tribunal Ad Quem, ante esta Sala de lo Constitucional; ni la valoración judicial constitucional que, supuestamente, le habilitaría para tal posición procesal; con abstracción a lo expresamente regulado por la ley, como cauce legítimo de la justicia penal. Por todo ello, no resulta de recibo que los derechos fundamentales invocados por el garantista resultaren violentados en el ámbito de protección que provee la Constitución de la República, procediendo el dictado de resolución denegatoria a la presente acción de amparo.-"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 295 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO (9): Que, vistos los antecedentes del caso y los argumentos esgrimidos en la presente acción constitucional de amparo, aprecia esta Sala de lo Constitucional que existe una disconformidad del amparista a consecuencia de la revocatoria, por parte del Tribunal Ad Quem, de los sobreseimientos provisionales dictados por el Juzgado A Quo a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA en ocasión de la Audiencia Preliminar. Asimismo, cuestiona la no admisión de su personamiento en la Alzada, proceder que rechaza el amparista, sobre la base de jurisprudencia no citada o desarrollada, supuestamente dictada por este Tribunal de Justicia Constitucional; considerando, además de infundada tal resolución, atentatoria al debido proceso y a la inviolabilidad del derecho de defensa; a la procuración y garantía de los derechos fundamentales de sus representados; así como a la vigencia plena del principio de legalidad.- CONSIDERANDO (10): Que al respecto considera la Sala de lo Constitucional, que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, al motivar su fallo estimatorio del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, motiva su resolución en la falta de sustento probatorio en que incurriera el A Quo para lo proceder de tal forma, no en la supuesta inadmisibilidad del material probatorio presentado por la Defensa. Asimismo, al motivar que la decisión de librar los respectivos sobreseimientos no fue adoptada de conformidad al estándar valorativo establecido. Considera la Sala, que se ha se brindado respuesta fundada a la pretensión de la parte apelante contra lo acaecido y resuelto en la Audiencia Preliminar,[1] observando lo establecido en los artículos 294, 295, 296 y 302 último párrafo, siempre del Código Procesal Penal; no quedando claramente establecido, por otra parte, la premisa fáctica que motivara al amparista a denunciar la no admisión de su personamiento, por parte del Tribunal Ad Quem, ante esta Sala de lo Constitucional; ni la valoración judicial constitucional que, supuestamente, le habilitaría para tal posición procesal; con abstracción a lo expresamente regulado por la ley, como cauce legítimo de la justicia penal. Por todo ello, no resulta de recibo que los derechos fundamentales invocados por el garantista resultaren violentados en el ámbito de protección que provee la Constitución de la República, procediendo el dictado de resolución denegatoria a la presente acción de amparo.-"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de noviembre del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ALEX JASIRE AGUILAR ARITA, a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra los señores JONNY OSMAN HERNÁNDEZ ARITA, SAMUEL ANTONIO HERNÁNDEZ ARITA, ARNOL JEOVANY HERNÁNDEZ ARITA, ELVIN NOÉ PEÑA ARITA, SILDA DUBANY BARRAZA PAZ, FANNY DAYANARA HENRÍQUEZ PAZ, ERIK LENIN ÁVILA SANTOS, FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFFY LÓPEZ ROSA, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-Quem es violatoria, en perjuicio de sus representados, de lo dispuesto en los artículos 82, 89, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, y; 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el abogado FRANKLYN MORALES, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores JONNY OSMAN HERNÁNDEZ ARITA, SAMUEL ANTONIO HERNÁNDEZ ARITA, ARNOL JEOVANY HERNÁNDEZ ARITA, ELVIN NOÉ PEÑA ARITA, SILDA DUBANY BARRAZA PAZ, FANNY DAYANARA HENRÍQUEZ PAZ, ERIK LENIN ÁVILA SANTOS, FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFFY LÓPEZ ROSA, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–31 del Tomo I de los antecedentes)- 2) Que en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado antes citado, Resolvió: (SIC) “… Decretar Apertura a Juicio Oral y Público contra SAMUEL ANTONIO HERNÁNDEZ ARITA, ARNOL JEOVANY HERNÁNDEZ ARITA, ELVIN NOÉ PEÑA ARITA, SILDA DUBANY BARRAZA PAZ, FANNY DAYANARA HENRÍQUEZ PAZ y ERIK LENIN ÁVILA SANTOS, por suponerlos responsable de la comisión a títulos de autores directos del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Contra SAMUEL ANTONIO HERNÁNDEZ ARITA por suponerle responsable de los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS y ALMACENAMIENTO DE ARMAS COMERCIALES, en perjuicio LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURA. 2.- Se emplaza a las partes para que en el término de cinco días comunes contados a partir de la última notificación se persone al Tribunal de Sentencia, señalando la dirección exacta del lugar en donde se les puede hacer notificaciones.- Que una vez notificada la presente diligencia, la Secretaría del despacho, remita las actuaciones al Tribunal de Sentencia en un término de cuarenta y ocho horas y ponga a su disposición los objetos que sirven como pieza de convicción en el presente caso. Asimismo se pone en conocimiento que los imputados se encuentra recluidos en la en el Penitenciaria Nacional de Tamara Departamento de Francisco Morazán, cumpliendo la medida cautelar de Prisión Preventiva consignada en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal.- 3.- Decretar un Sobreseimiento provisional a los imputados FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFFY LÓPEZ ROSA, por suponerlos responsable de la comisión a títulos de autores directos del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Según lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, ordenar se extienda las cartas de libertad provisionales en virtud de la presente resolución y ordenar su excarcelación, estableciendo un periodo de cinco años al Ministerio Publico para que pueda hacer uso de la prosecución del proceso basados en nuevos elementos probatorios que pueden ser incorporados en un futuro al presente proceso. 4.- Se ordena a la secretaria del Juzgado testimoniar la presente causa en base al imputado JONNY OSMAN HERNANDEZ ARITA el cual se encuentra no habido en el proceso y con orden de captura vigente, y por el sobreseimiento provisional dictado a los imputados FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFFY LÓPEZ ROSA. 5.- Que se notifique a las Partes la presente resolución.” (Folios 3770–3778 del Tomo VII de los antecedentes)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, en su condición de fiscal del Ministerio Público (MP), en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “1.- Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2.- REVOCAR la resolución apelada. - 3. Que se continúe con la audiencia preliminar y se decrete la apertura a Juicio Oral y Público.” (Folios 3871–3879 del Tomo VII de los antecedentes)- 4) Que el abogado ALEX JASIRE AGUILAR ARITA, compareció ante este Tribunal en fecha seis (6) de mayo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA, contra la Resolución de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria, en perjuicio de sus representados, de los derechos dispuestos en los artículos 82, 89, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, y; 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Folios 1–12 del Presente Recurso)- 5) Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 54 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer. Tiene por objeto mantener, o restituir, a la persona en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones, y otros Instrumentos Internacionales establecen.- CONSIDERANDO (2): Que, asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; se podrá promover la garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable; por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha seis de septiembre del año dos mil dieciocho por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, cuyo resolutivo declara HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZUÑIGA, en su calidad de Agente de Tribunales del Ministerio Público y revoca, por ende, los sobreseimientos provisionales dictados en la presente causa, a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA en la causa que se les sigue por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. La sentencia conocida en garantía de amparo, descansa en los siguientes fundamentos y consideraciones jurídicas: a) Que en la audiencia inicial se decretó en contra de los imputados, auto de formal procesamiento por el delito supraindicado, resolución contra la cual no se interpuso recurso alguno. En la audiencia preliminar el Ministerio Público procede a formalizar la acusación contra los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA en la causa que se les sigue por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. La defensa técnica presentó a su favor los medios de prueba que obran en el Tomo VI de este juicio; documentos que fueron presentados después de la Audiencia Inicial con una simple manifestación; con los cuales se pretende acreditar que el señor FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS, al haber residido diez años en Estados Unidos obtuvo ingresos, se justificaría que ahora tiene bienes.- CONSIDERANDO (4): Finalmente, se motiva la resolución de la Alzada, conocida en sede de justicia constitucional, en: b) Que, según la prueba presentada por la defensa de los imputados, a la cual se ha hecho referencia, tales documentos indican que el imputado FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS, tuvo ingresos, pero no se indica si era ingreso bruto, cuales son las utilidades, los gastos. No se presentó una pericia contable que reflejara los mismos en la formación de capital de los imputados, para así poder determinar si tenían capacidad económica para la adquisición de bienes y la procedencia de los fondos. Tal convicción no se puede formar de la simple lectura de los documentos que se admitieron como prueba en la audiencia preliminar; por lo que se estima no se ha desvirtuado la acusación presentada en su contra; por todo lo cual, considera la Corte de Apelaciones concernida, no procede el sobreseimiento provisional que se emitió en la resolución recurrida, el cual debe revocarse y ordenar se continúe la audiencia preliminar para decretar la apertura al juicio oral y público.- ONSIDERANDO (5): Que, en formalización de la presente garantía constitucional, compareció el Abogado ALEX JASIRE AGUILAR ARITA, actuando en su condición de defensor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA, expresando que la resolución anteriormente descrita contraviene las garantías de debido proceso y el derecho de defensa, así como el principio de legalidad y de procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; ya que, vistos los antecedentes del caso, en el cual se acusa a sus representados del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, no se recurrió la medida cautelar de prisión preventiva; en virtud de no contar en ese momento con los elementos probatorios para probar la inocencia de sus representados, dada la inversión probatoria que opera para ese delito, en el cual correspondería a los imputados probar el origen lícito de sus bienes. Sigue refiriendo el amparista, que, ya en el marco de la audiencia preliminar, el Juez valoró la prueba documental presentada con posterioridad por la Defensa, la cual, proveniente del extranjero y debidamente apostillada y traducida por los entes estatales correspondientes, obra agregada al Tomo Seis del expediente judicial respectivo; deduciendo de la valoración de la prueba un sobreseimiento provisional a favor de sus defendidos, resolución que fue objeto de recurso de apelación por parte del Ministerio Público, alegando que dicha prueba no había sido objeto de contradicción, ni del análisis pericial idóneo; a efecto cuantificar si realmente se justificaba la adquisición de tal patrimonio o bienes cuestionados.- CONSIDERANDO (6): Que, en la formalización de la presente garantía constitucional, manifestó el amparista que la argumentación adoptada por la Alzada para conceder el recurso promovido por la fiscalía del Ministerio Público, se fundamentó en que la prueba documental presentada por la defensa se refiere a declaraciones de ingreso en los Estados Unidos, devolución de taxes, documento de propiedad de los inmuebles y bienes adquiridos; pero no acredita si era un ingreso bruto, o cuales eran las utilidades, los gastos; aspectos que requieren una pericia contable que refleje la formación del capital de los imputados, para determinar su real capacidad económica; por lo cual no se desvirtuó, a criterio del Tribunal de Alzada, la acusación presentada en su contra. Manifiesta el amparista que percibe la infracción al derecho de defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso, contenido en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República en la resolución anteriormente descrita; así como su contravención al principio de legalidad, y demás derechos fundamentales invocados, en que el Tribunal de Alzada devenía en la obligación de aplicar en forma analógica el artículo 356 del CPP (Sic.) y tenerlo por personal en legal y debida forma en el recurso de apelación, notificándole efectivamente lo resuelto, a efecto de hacer uso del recurso de reposición; ya que según jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, se ha dejado establecido que, independientemente de lo dispuesto por la norma adjetiva, toda decisión que conlleve afectación de derechos debe ser puesta en conocimiento de que se considere agraviado; lo que no se le permitió, impidiéndole interponer recurso alguno.- CONSIDERANDO (7): Que, continúa manifestado el amparista, que la resolución de Alzada niega el acceso de sus representados la tutela judicial efectiva; pues pretende desconocer que en Audiencia Preliminar se realiza un examen sobre las actuaciones realizadas y los argumentos de parte, lo que permite al órgano jurisdiccional tomar una decisión más apegada a derecho. En esta audiencia, el Juez se vuelve un verdadero contralor de legalidad, garante de los derechos y libertades públicas; debiendo hacer una valoración de los intereses en conflicto que asegure el Fiscal cuente con suficientes elementos de prueba para demostrar la responsabilidad del imputado, a efecto demostrar causa probable. De no ser así, la ley los faculta para no hacer apertura a juicio y decretar sobreseimiento provisional o definitivo. Considera que el Ad Quem se contradijo en su argumentación, al admitir que se acreditaron los ingresos del señor LÓPEZ CÁRDENAS, valorando y aceptando la prueba ofertada por la Defensa, acorde lo establece el artículo 4 del CPP (Sic.); cuestionándola, sin embargo, pues indica que ésta debe ser objeto de una pericia contable que refleje la formación de capital de los imputados. Ello en aplicación errónea del artículo 36 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, que dispone que los imputados deberán probar o justificar el origen lícito de sus bienes. Considera el amparista, a este respecto, que en garantía del debido proceso, siendo escasa y difusa la investigación, procedía el dictado de sobreseimiento provisional, a efecto de asegurar mayor exhaustividad en la investigación, como acertadamente valorara, en su oportunidad procesal, el Juez de Instancia.- CONSIDERANDO (8): Que, finalmente, invoca el garantista la autoridad del precedente constitucional bajo el número SCO-0472=2016, en el cual la decisión del Ad Quem de confirmar el sobreseimiento definitivo dictado por el Juez A Quo en Audiencia Preliminar, se consideró ajustada a las garantías constitucionales. Por todo lo cual, solicita el amparista de la honorable Sala de lo Constitucional, se tenga por formalizada la presente acción de amparo, en virtud existir ultraje a derechos consagrados en la Constitución de la Republica y se otorgue, en definitiva.- CONSIDERANDO (9): Que, vistos los antecedentes del caso y los argumentos esgrimidos en la presente acción constitucional de amparo, aprecia esta Sala de lo Constitucional que existe una disconformidad del amparista a consecuencia de la revocatoria, por parte del Tribunal Ad Quem, de los sobreseimientos provisionales dictados por el Juzgado A Quo a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA en ocasión de la Audiencia Preliminar. Asimismo, cuestiona la no admisión de su personamiento en la Alzada, proceder que rechaza el amparista, sobre la base de jurisprudencia no citada o desarrollada, supuestamente dictada por este Tribunal de Justicia Constitucional; considerando, además de infundada tal resolución, atentatoria al debido proceso y a la inviolabilidad del derecho de defensa; a la procuración y garantía de los derechos fundamentales de sus representados; así como a la vigencia plena del principio de legalidad.- CONSIDERANDO (10): Que al respecto considera la Sala de lo Constitucional, que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, al motivar su fallo estimatorio del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, motiva su resolución en la falta de sustento probatorio en que incurriera el A Quo para lo proceder de tal forma, no en la supuesta inadmisibilidad del material probatorio presentado por la Defensa. Asimismo, al motivar que la decisión de librar los respectivos sobreseimientos no fue adoptada de conformidad al estándar valorativo establecido. Considera la Sala, que se ha se brindado respuesta fundada a la pretensión de la parte apelante contra lo acaecido y resuelto en la Audiencia Preliminar,[1] observando lo establecido en los artículos 294, 295, 296 y 302 último párrafo, siempre del Código Procesal Penal; no quedando claramente establecido, por otra parte, la premisa fáctica que motivara al amparista a denunciar la no admisión de su personamiento, por parte del Tribunal Ad Quem, ante esta Sala de lo Constitucional; ni la valoración judicial constitucional que, supuestamente, le habilitaría para tal posición procesal; con abstracción a lo expresamente regulado por la ley, como cauce legítimo de la justicia penal. Por todo ello, no resulta de recibo que los derechos fundamentales invocados por el garantista resultaren violentados en el ámbito de protección que provee la Constitución de la República, procediendo el dictado de resolución denegatoria a la presente acción de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de sus miembros y haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 80, 82, 89, 90, 92, 93, 183, 303, 304, 305, 313, 316 numeral 1) y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral 3), 41, 45 y 63 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGAR La presente Garantía Constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero del dos mil veintiuno.- VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado ALEX JASIRÉ AGUILAR ARITA, a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020), la cual falla DENEGANDO la garantía constitucional de amparo promovida por el recurrente, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis (06) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), que declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete (2017); con relación al proceso penal que se sigue contra los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA, entre otros, por suponerles responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; lo cual es cumplido en tanto requisito de procedibilidad en el presente caso, según resulta de notificación efectuada por tabla de avisos en fecha catorce (14) de enero de dos mil veintiuno (2021) y de la interposición del recurso de reposición en la subsiguiente fecha hábil, según consta de la pieza principal.- CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición de parte recurrente, ésta funda su recurso de reposición manifestando que se han infringido las garantías y derechos contenidos en los artículos 82, 89, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República, en perjuicio de sus representados; solicitando de la Sala de lo Constitucional admitir y declarar con lugar el recurso de reposición interpuesto contra el referido fallo de amparo, en virtud de existir ultraje a derechos consagrados en la Constitución de la Republica; expresando que la misma le causa agravios, en vista al contenido del Considerando jurídico Número nueve (9), el cual transcribe, el cual resultaría omiso al contenido del artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues el recurso de amparo, si bien no citó jurisprudencia específica, sí desarrolló el precepto constitucional afectado, en este caso, el derecho de defensa. Por otra parte, que tal jurisprudencia es del conocimiento propio de la Sala de lo Constitucional, no obstante, lo cual, procede el recurrente, en el acto de plantear su recurso de reposición, a citar el recurso de reposición que se interpuso contra la resolución que declaró inadmisible el amparo penal 0874-16.- CONSIDERANDO (3): Que, finaliza cuestionando el recurso de reposición, que se ve violentado con el fallo denegatorio a su pretensión garante, el contenido del Considerando jurídico Número diez (10), el cual también transcribe, desvalorando la resolución en la falta de sustento probatorio en que incurriera el A Quo, para proceder de tal forma y no en la supuesta inadmisibilidad del material probatorio presentado por la Defensa. Sin embargo, puede observarse del contenido de dicho Considerando, que la motivación de la Sala incide en un alegato efectivamente planteado por el recurrente, quien ha denunciado la no admisión de su personamiento por parte del Tribunal Ad Quem, lo cual estima como contradictorio al artículo 18 del Código Procesal Penal, que prescribe la forma de proceder en caso de pasajes oscuros o contradictorios de la ley; lo cual no es en absoluto el caso. Asimismo, el fallo constitucional recurrido, ha motivado la desvaloración asumida por la resolución de la cual se viene en amparo, respecto a la falta de sustento probatorio en que incurriera el A Quo; lo cual explicó la Alzada, en su valoración de los elementos de prueba allegados a la Audiencia, como insuficientes para arribar a una conclusión racional por no haber sido objeto de una pericia contable, que refleje la formación del capital de los imputados; con lo cual se considera, que se ha brindado respuesta fundada a la decisión objeto de controversia, por parte del órgano jurisdiccional competente y en el marco del debido proceso.- CONSIDERANDO (4): Que tal planteamiento recursivo del Abogado garantista, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020), fue objeto de detenido estudio y consideración por la Sala, encontrando que la sentencia dictada define con precisión las razones que fundan la desestimación de tal acción de amparo; no siendo de recibo las alegaciones expresadas por el amparista, en disconformidad contra la revocatoria del sobreseimiento provisional, dictado en Audiencia Preliminar a favor de sus representados; sobre la base motivacional expresada por la Alzada, en el sentido que no bastaría la mera presentación de documentales, presentados después de la Audiencia Inicial, con una simple manifestación, para variar el sentido de lo resuelto en dicha oportunidad procesal, resolución contra la cual no se interpuso recurso alguno; resolución que, a juicio de la Sala de lo Constitucional, no resultaba nugatorio a la integridad de los derechos fundamentales invocados por el garantista, en el ámbito de protección que provee la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (5): Que, en tal orden de ideas, se tuvo a la vista por la Sala de lo Constitucional, el precedente esgrimido por la representación procesal de los imputados, en ocasión de la interposición del presente recurso de reposición. Se trata de la acción de amparo registrada bajo el número SCO-0874=16, fallada por esta Sala en fecha 19 de junio de 2018;[2] la cual tiene considerandos relevantes y, hasta coincidentes, en cuanto a su racionalidad procesal, con el contenido de la sentencia definitiva denegatoria de amparo, contra la cual se ha planteado recurso de reposición; los cuales se transcriben a continuación, en su tenor literal: “CONSIDERANDO(10): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de procesamiento contra el imputado; tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana crítica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO(11): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice.”- CONSIDERANDO (6): Que, por lo anteriormente expresado, se estima que la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho, en virtud no asistir razón suficiente para modificar la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, según pretensión recursiva interpuesta por el abogado garantista.- CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho.
POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 Nº 7 y Nº 8, 41, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado ALEX JASIRÉ AGUILAR ARITA, a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que la Secretaría notifique al garantista la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción constitucional y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), y la Resolución de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0413-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de noviembre del dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ALEX JASIRE AGUILAR ARITA, a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra los señores JONNY OSMAN HERNÁNDEZ ARITA, SAMUEL ANTONIO HERNÁNDEZ ARITA, ARNOL JEOVANY HERNÁNDEZ ARITA, ELVIN NOÉ PEÑA ARITA, SILDA DUBANY BARRAZA PAZ, FANNY DAYANARA HENRÍQUEZ PAZ, ERIK LENIN ÁVILA SANTOS, FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFFY LÓPEZ ROSA, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-Quem es violatoria, en perjuicio de sus representados, de lo dispuesto en los artículos 82, 89, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, y; 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el abogado FRANKLYN MORALES, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores JONNY OSMAN HERNÁNDEZ ARITA, SAMUEL ANTONIO HERNÁNDEZ ARITA, ARNOL JEOVANY HERNÁNDEZ ARITA, ELVIN NOÉ PEÑA ARITA, SILDA DUBANY BARRAZA PAZ, FANNY DAYANARA HENRÍQUEZ PAZ, ERIK LENIN ÁVILA SANTOS, FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFFY LÓPEZ ROSA, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–31 del Tomo I de los antecedentes)- 2) Que en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado antes citado, Resolvió: (SIC) “… Decretar Apertura a Juicio Oral y Público contra SAMUEL ANTONIO HERNÁNDEZ ARITA, ARNOL JEOVANY HERNÁNDEZ ARITA, ELVIN NOÉ PEÑA ARITA, SILDA DUBANY BARRAZA PAZ, FANNY DAYANARA HENRÍQUEZ PAZ y ERIK LENIN ÁVILA SANTOS, por suponerlos responsable de la comisión a títulos de autores directos del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Contra SAMUEL ANTONIO HERNÁNDEZ ARITA por suponerle responsable de los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS y ALMACENAMIENTO DE ARMAS COMERCIALES, en perjuicio LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURA. 2.- Se emplaza a las partes para que en el término de cinco días comunes contados a partir de la última notificación se persone al Tribunal de Sentencia, señalando la dirección exacta del lugar en donde se les puede hacer notificaciones.- Que una vez notificada la presente diligencia, la Secretaría del despacho, remita las actuaciones al Tribunal de Sentencia en un término de cuarenta y ocho horas y ponga a su disposición los objetos que sirven como pieza de convicción en el presente caso. Asimismo se pone en conocimiento que los imputados se encuentra recluidos en la en el Penitenciaria Nacional de Tamara Departamento de Francisco Morazán, cumpliendo la medida cautelar de Prisión Preventiva consignada en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal.- 3.- Decretar un Sobreseimiento provisional a los imputados FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFFY LÓPEZ ROSA, por suponerlos responsable de la comisión a títulos de autores directos del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Según lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, ordenar se extienda las cartas de libertad provisionales en virtud de la presente resolución y ordenar su excarcelación, estableciendo un periodo de cinco años al Ministerio Publico para que pueda hacer uso de la prosecución del proceso basados en nuevos elementos probatorios que pueden ser incorporados en un futuro al presente proceso. 4.- Se ordena a la secretaria del Juzgado testimoniar la presente causa en base al imputado JONNY OSMAN HERNANDEZ ARITA el cual se encuentra no habido en el proceso y con orden de captura vigente, y por el sobreseimiento provisional dictado a los imputados FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFFY LÓPEZ ROSA. 5.- Que se notifique a las Partes la presente resolución.” (Folios 3770–3778 del Tomo VII de los antecedentes)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, en su condición de fiscal del Ministerio Público (MP), en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “1.- Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2.- REVOCAR la resolución apelada. - 3. Que se continúe con la audiencia preliminar y se decrete la apertura a Juicio Oral y Público.” (Folios 3871–3879 del Tomo VII de los antecedentes)- 4) Que el abogado ALEX JASIRE AGUILAR ARITA, compareció ante este Tribunal en fecha seis (6) de mayo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA, contra la Resolución de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria, en perjuicio de sus representados, de los derechos dispuestos en los artículos 82, 89, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, y; 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Folios 1–12 del Presente Recurso)- 5) Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 54 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer. Tiene por objeto mantener, o restituir, a la persona en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones, y otros Instrumentos Internacionales establecen.- CONSIDERANDO (2): Que, asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; se podrá promover la garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable; por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha seis de septiembre del año dos mil dieciocho por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, cuyo resolutivo declara HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZUÑIGA, en su calidad de Agente de Tribunales del Ministerio Público y revoca, por ende, los sobreseimientos provisionales dictados en la presente causa, a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA en la causa que se les sigue por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. La sentencia conocida en garantía de amparo, descansa en los siguientes fundamentos y consideraciones jurídicas: a) Que en la audiencia inicial se decretó en contra de los imputados, auto de formal procesamiento por el delito supraindicado, resolución contra la cual no se interpuso recurso alguno. En la audiencia preliminar el Ministerio Público procede a formalizar la acusación contra los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA en la causa que se les sigue por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. La defensa técnica presentó a su favor los medios de prueba que obran en el Tomo VI de este juicio; documentos que fueron presentados después de la Audiencia Inicial con una simple manifestación; con los cuales se pretende acreditar que el señor FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS, al haber residido diez años en Estados Unidos obtuvo ingresos, se justificaría que ahora tiene bienes.- CONSIDERANDO (4): Finalmente, se motiva la resolución de la Alzada, conocida en sede de justicia constitucional, en: b) Que, según la prueba presentada por la defensa de los imputados, a la cual se ha hecho referencia, tales documentos indican que el imputado FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS, tuvo ingresos, pero no se indica si era ingreso bruto, cuales son las utilidades, los gastos. No se presentó una pericia contable que reflejara los mismos en la formación de capital de los imputados, para así poder determinar si tenían capacidad económica para la adquisición de bienes y la procedencia de los fondos. Tal convicción no se puede formar de la simple lectura de los documentos que se admitieron como prueba en la audiencia preliminar; por lo que se estima no se ha desvirtuado la acusación presentada en su contra; por todo lo cual, considera la Corte de Apelaciones concernida, no procede el sobreseimiento provisional que se emitió en la resolución recurrida, el cual debe revocarse y ordenar se continúe la audiencia preliminar para decretar la apertura al juicio oral y público.- ONSIDERANDO (5): Que, en formalización de la presente garantía constitucional, compareció el Abogado ALEX JASIRE AGUILAR ARITA, actuando en su condición de defensor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA, expresando que la resolución anteriormente descrita contraviene las garantías de debido proceso y el derecho de defensa, así como el principio de legalidad y de procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; ya que, vistos los antecedentes del caso, en el cual se acusa a sus representados del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, no se recurrió la medida cautelar de prisión preventiva; en virtud de no contar en ese momento con los elementos probatorios para probar la inocencia de sus representados, dada la inversión probatoria que opera para ese delito, en el cual correspondería a los imputados probar el origen lícito de sus bienes. Sigue refiriendo el amparista, que, ya en el marco de la audiencia preliminar, el Juez valoró la prueba documental presentada con posterioridad por la Defensa, la cual, proveniente del extranjero y debidamente apostillada y traducida por los entes estatales correspondientes, obra agregada al Tomo Seis del expediente judicial respectivo; deduciendo de la valoración de la prueba un sobreseimiento provisional a favor de sus defendidos, resolución que fue objeto de recurso de apelación por parte del Ministerio Público, alegando que dicha prueba no había sido objeto de contradicción, ni del análisis pericial idóneo; a efecto cuantificar si realmente se justificaba la adquisición de tal patrimonio o bienes cuestionados.- CONSIDERANDO (6): Que, en la formalización de la presente garantía constitucional, manifestó el amparista que la argumentación adoptada por la Alzada para conceder el recurso promovido por la fiscalía del Ministerio Público, se fundamentó en que la prueba documental presentada por la defensa se refiere a declaraciones de ingreso en los Estados Unidos, devolución de taxes, documento de propiedad de los inmuebles y bienes adquiridos; pero no acredita si era un ingreso bruto, o cuales eran las utilidades, los gastos; aspectos que requieren una pericia contable que refleje la formación del capital de los imputados, para determinar su real capacidad económica; por lo cual no se desvirtuó, a criterio del Tribunal de Alzada, la acusación presentada en su contra. Manifiesta el amparista que percibe la infracción al derecho de defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso, contenido en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República en la resolución anteriormente descrita; así como su contravención al principio de legalidad, y demás derechos fundamentales invocados, en que el Tribunal de Alzada devenía en la obligación de aplicar en forma analógica el artículo 356 del CPP (Sic.) y tenerlo por personal en legal y debida forma en el recurso de apelación, notificándole efectivamente lo resuelto, a efecto de hacer uso del recurso de reposición; ya que según jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, se ha dejado establecido que, independientemente de lo dispuesto por la norma adjetiva, toda decisión que conlleve afectación de derechos debe ser puesta en conocimiento de que se considere agraviado; lo que no se le permitió, impidiéndole interponer recurso alguno.- CONSIDERANDO (7): Que, continúa manifestado el amparista, que la resolución de Alzada niega el acceso de sus representados la tutela judicial efectiva; pues pretende desconocer que en Audiencia Preliminar se realiza un examen sobre las actuaciones realizadas y los argumentos de parte, lo que permite al órgano jurisdiccional tomar una decisión más apegada a derecho. En esta audiencia, el Juez se vuelve un verdadero contralor de legalidad, garante de los derechos y libertades públicas; debiendo hacer una valoración de los intereses en conflicto que asegure el Fiscal cuente con suficientes elementos de prueba para demostrar la responsabilidad del imputado, a efecto demostrar causa probable. De no ser así, la ley los faculta para no hacer apertura a juicio y decretar sobreseimiento provisional o definitivo. Considera que el Ad Quem se contradijo en su argumentación, al admitir que se acreditaron los ingresos del señor LÓPEZ CÁRDENAS, valorando y aceptando la prueba ofertada por la Defensa, acorde lo establece el artículo 4 del CPP (Sic.); cuestionándola, sin embargo, pues indica que ésta debe ser objeto de una pericia contable que refleje la formación de capital de los imputados. Ello en aplicación errónea del artículo 36 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, que dispone que los imputados deberán probar o justificar el origen lícito de sus bienes. Considera el amparista, a este respecto, que en garantía del debido proceso, siendo escasa y difusa la investigación, procedía el dictado de sobreseimiento provisional, a efecto de asegurar mayor exhaustividad en la investigación, como acertadamente valorara, en su oportunidad procesal, el Juez de Instancia.- CONSIDERANDO (8): Que, finalmente, invoca el garantista la autoridad del precedente constitucional bajo el número SCO-0472=2016, en el cual la decisión del Ad Quem de confirmar el sobreseimiento definitivo dictado por el Juez A Quo en Audiencia Preliminar, se consideró ajustada a las garantías constitucionales. Por todo lo cual, solicita el amparista de la honorable Sala de lo Constitucional, se tenga por formalizada la presente acción de amparo, en virtud existir ultraje a derechos consagrados en la Constitución de la Republica y se otorgue, en definitiva.- CONSIDERANDO (9): Que, vistos los antecedentes del caso y los argumentos esgrimidos en la presente acción constitucional de amparo, aprecia esta Sala de lo Constitucional que existe una disconformidad del amparista a consecuencia de la revocatoria, por parte del Tribunal Ad Quem, de los sobreseimientos provisionales dictados por el Juzgado A Quo a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA en ocasión de la Audiencia Preliminar. Asimismo, cuestiona la no admisión de su personamiento en la Alzada, proceder que rechaza el amparista, sobre la base de jurisprudencia no citada o desarrollada, supuestamente dictada por este Tribunal de Justicia Constitucional; considerando, además de infundada tal resolución, atentatoria al debido proceso y a la inviolabilidad del derecho de defensa; a la procuración y garantía de los derechos fundamentales de sus representados; así como a la vigencia plena del principio de legalidad.- CONSIDERANDO (10): Que al respecto considera la Sala de lo Constitucional, que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, al motivar su fallo estimatorio del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, motiva su resolución en la falta de sustento probatorio en que incurriera el A Quo para lo proceder de tal forma, no en la supuesta inadmisibilidad del material probatorio presentado por la Defensa. Asimismo, al motivar que la decisión de librar los respectivos sobreseimientos no fue adoptada de conformidad al estándar valorativo establecido. Considera la Sala, que se ha se brindado respuesta fundada a la pretensión de la parte apelante contra lo acaecido y resuelto en la Audiencia Preliminar,[3] observando lo establecido en los artículos 294, 295, 296 y 302 último párrafo, siempre del Código Procesal Penal; no quedando claramente establecido, por otra parte, la premisa fáctica que motivara al amparista a denunciar la no admisión de su personamiento, por parte del Tribunal Ad Quem, ante esta Sala de lo Constitucional; ni la valoración judicial constitucional que, supuestamente, le habilitaría para tal posición procesal; con abstracción a lo expresamente regulado por la ley, como cauce legítimo de la justicia penal. Por todo ello, no resulta de recibo que los derechos fundamentales invocados por el garantista resultaren violentados en el ámbito de protección que provee la Constitución de la República, procediendo el dictado de resolución denegatoria a la presente acción de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de sus miembros y haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 80, 82, 89, 90, 92, 93, 183, 303, 304, 305, 313, 316 numeral 1) y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral 3), 41, 45 y 63 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGAR La presente Garantía Constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero del dos mil veintiuno.- VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado ALEX JASIRÉ AGUILAR ARITA, a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020), la cual falla DENEGANDO la garantía constitucional de amparo promovida por el recurrente, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis (06) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), que declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete (2017); con relación al proceso penal que se sigue contra los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA, entre otros, por suponerles responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; lo cual es cumplido en tanto requisito de procedibilidad en el presente caso, según resulta de notificación efectuada por tabla de avisos en fecha catorce (14) de enero de dos mil veintiuno (2021) y de la interposición del recurso de reposición en la subsiguiente fecha hábil, según consta de la pieza principal.- CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición de parte recurrente, ésta funda su recurso de reposición manifestando que se han infringido las garantías y derechos contenidos en los artículos 82, 89, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República, en perjuicio de sus representados; solicitando de la Sala de lo Constitucional admitir y declarar con lugar el recurso de reposición interpuesto contra el referido fallo de amparo, en virtud de existir ultraje a derechos consagrados en la Constitución de la Republica; expresando que la misma le causa agravios, en vista al contenido del Considerando jurídico Número nueve (9), el cual transcribe, el cual resultaría omiso al contenido del artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues el recurso de amparo, si bien no citó jurisprudencia específica, sí desarrolló el precepto constitucional afectado, en este caso, el derecho de defensa. Por otra parte, que tal jurisprudencia es del conocimiento propio de la Sala de lo Constitucional, no obstante, lo cual, procede el recurrente, en el acto de plantear su recurso de reposición, a citar el recurso de reposición que se interpuso contra la resolución que declaró inadmisible el amparo penal 0874-16.- CONSIDERANDO (3): Que, finaliza cuestionando el recurso de reposición, que se ve violentado con el fallo denegatorio a su pretensión garante, el contenido del Considerando jurídico Número diez (10), el cual también transcribe, desvalorando la resolución en la falta de sustento probatorio en que incurriera el A Quo, para proceder de tal forma y no en la supuesta inadmisibilidad del material probatorio presentado por la Defensa. Sin embargo, puede observarse del contenido de dicho Considerando, que la motivación de la Sala incide en un alegato efectivamente planteado por el recurrente, quien ha denunciado la no admisión de su personamiento por parte del Tribunal Ad Quem, lo cual estima como contradictorio al artículo 18 del Código Procesal Penal, que prescribe la forma de proceder en caso de pasajes oscuros o contradictorios de la ley; lo cual no es en absoluto el caso. Asimismo, el fallo constitucional recurrido, ha motivado la desvaloración asumida por la resolución de la cual se viene en amparo, respecto a la falta de sustento probatorio en que incurriera el A Quo; lo cual explicó la Alzada, en su valoración de los elementos de prueba allegados a la Audiencia, como insuficientes para arribar a una conclusión racional por no haber sido objeto de una pericia contable, que refleje la formación del capital de los imputados; con lo cual se considera, que se ha brindado respuesta fundada a la decisión objeto de controversia, por parte del órgano jurisdiccional competente y en el marco del debido proceso.- CONSIDERANDO (4): Que tal planteamiento recursivo del Abogado garantista, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020), fue objeto de detenido estudio y consideración por la Sala, encontrando que la sentencia dictada define con precisión las razones que fundan la desestimación de tal acción de amparo; no siendo de recibo las alegaciones expresadas por el amparista, en disconformidad contra la revocatoria del sobreseimiento provisional, dictado en Audiencia Preliminar a favor de sus representados; sobre la base motivacional expresada por la Alzada, en el sentido que no bastaría la mera presentación de documentales, presentados después de la Audiencia Inicial, con una simple manifestación, para variar el sentido de lo resuelto en dicha oportunidad procesal, resolución contra la cual no se interpuso recurso alguno; resolución que, a juicio de la Sala de lo Constitucional, no resultaba nugatorio a la integridad de los derechos fundamentales invocados por el garantista, en el ámbito de protección que provee la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (5): Que, en tal orden de ideas, se tuvo a la vista por la Sala de lo Constitucional, el precedente esgrimido por la representación procesal de los imputados, en ocasión de la interposición del presente recurso de reposición. Se trata de la acción de amparo registrada bajo el número SCO-0874=16, fallada por esta Sala en fecha 19 de junio de 2018;[4] la cual tiene considerandos relevantes y, hasta coincidentes, en cuanto a su racionalidad procesal, con el contenido de la sentencia definitiva denegatoria de amparo, contra la cual se ha planteado recurso de reposición; los cuales se transcriben a continuación, en su tenor literal: “CONSIDERANDO(10): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de procesamiento contra el imputado; tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana crítica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye. CONSIDERANDO(11): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice.”- CONSIDERANDO (6): Que, por lo anteriormente expresado, se estima que la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho, en virtud no asistir razón suficiente para modificar la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, según pretensión recursiva interpuesta por el abogado garantista.- CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho.
POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 Nº 7 y Nº 8, 41, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado ALEX JASIRÉ AGUILAR ARITA, a favor de los señores FERNANDO LÓPEZ CÁRDENAS Y SHARON STEFY LÓPEZ ROSA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que la Secretaría notifique al garantista la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción constitucional y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), y la Resolución de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0413-2019.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] (…) Los actos que forman la etapa intermedia son la formalización de la acusación, la contestación de la acusación y el auto de apertura del juicio (…) La audiencia preliminar al igual que la audiencia inicial deberá ser una audiencia oral, pero a diferencia de ésta, la actuación de las partes se limitará a formalizar la acusación y contestarla por quien corresponde. AVILA ORTIZ, F. Los nuevos roles del Juez y del Ministerio Público en el Código Procesal Penal. Tegucigalpa, Honduras, LITOCOM S. de R.L. de C.V. 2001. Pág. 106.
[2] Sentencia dictada en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FÉLIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ a favor del señor VÍCTOR MANUEL LICONA RIVERA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar Parcialmente el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio público y Revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor del ciudadano VÍCTOR MANUEL LICONA, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil quince (2015); por imputarle los delitos de VIOLACIÓN ESPECIAL Y PRIVACIÓN INJUSTA DE LIBERTAD AGRAVADA en perjuicio de YESELIA DEL CARMEN ALVARENGA GARCIA.
[3] (…) Los actos que forman la etapa intermedia son la formalización de la acusación, la contestación de la acusación y el auto de apertura del juicio (…) La audiencia preliminar al igual que la audiencia inicial deberá ser una audiencia oral, pero a diferencia de ésta, la actuación de las partes se limitará a formalizar la acusación y contestarla por quien corresponde. AVILA ORTIZ, F. Los nuevos roles del Juez y del Ministerio Público en el Código Procesal Penal. Tegucigalpa, Honduras, LITOCOM S. de R.L. de C.V. 2001. Pág. 106.
[4] Sentencia dictada en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FÉLIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ a favor del señor VÍCTOR MANUEL LICONA RIVERA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar Parcialmente el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio público y Revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor del ciudadano VÍCTOR MANUEL LICONA, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil quince (2015); por imputarle los delitos de VIOLACIÓN ESPECIAL Y PRIVACIÓN INJUSTA DE LIBERTAD AGRAVADA en perjuicio de YESELIA DEL CARMEN ALVARENGA GARCIA.